Elecciones legislativas de Argentina 2025: Avanza la libertad

El pasado domingo, se celebraron en Argentina las elecciones legislativas por las que se renovaban la mitad del Congreso y un tercio del Senado. Estos comicios eran más importantes si cabe que las siguientes presidenciales que tengan lugar en 2027 debido a que la estabilidad y continuidad del gobierno de Javier Milei y de La Libertad Avanza (LLA) dependían mucho de lo que pudiera suceder. La reciente derrota de los comicios regionales en Buenos Aires, que deparó una dura derrota contra la marca peronista Fuerza Patria, junto a los desgastes producidos por una situación económica que a nivel micro no termina de percibir mejora, las sospechas de corrupción en el entorno de la hermana de Milei, ciertas desaveniencias en LLA y la metedura de pata de la promoción de la criptomoneda creada por unos estafadores dibujaban un entorno incierto. Esto fue amplificado por un escenario macroeconómico en que la bolsa argentina se hundía por la expectativa de que los peronistas volviesen al poder. Sin embargo, por fortuna para Argentina los electores han propiciado una victoria incontestable de LLA con un 40,9% de forma que ha pasado de 37 a 101 diputados y de 6 a 20 senadores. 

Antecedentes e inicios de LLA

Durante el gobierno de la izquierda peronista, especialmente en la etapa del procesado por corrupción y por maltrato a su mujer Alberto Fernández de Kirchner (2019-2023), el gasto público aumentó enormemente y ello ocasionó que se disparase el déficit, teniendo que acudir al endeudamiento. Sin embargo, llegó a un punto en que la confianza de los mercados cayó en picado y ante el riesgo de default (incapacidad para pagar la deuda) tomaron la pésima decisión de aumentar la oferta de dinero para financiar ese endeudamiento. Es decir, activaron la máquina de imprimir billetes como si no hubiese un mañana. La consecuencia de esa nefasta política monetaria fue la fuerte devaluación del peso argentino porque ese exceso de oferta no podía ser asumido por una demanda contraída y que, ante la subsiguiente hiperinflación, prefirió deshacerse de sus pesos y comprar dólares. Encima de todo, el gobierno argentino de la condenada por corrupción Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) impuso un cepo cambiario de forma que limitaba la compra de dólares por pesos para no quedarse sin reservas al mismo tiempo que un tipo de cambio oficial por debajo del de mercado. 

Cuando llegó Milei en 2023 prometió varias cosas. Lo primero de todo era revertir la situación económica a un superávit presupuestario que permitiese recuperar la confianza de los mercados, que había sido el peor legado peronista. Para ello, era preciso reducir el gasto público y sus primeros instrumentos fue el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que permitía derogar muchísimas regulaciones que ocasionaban gastos indirectos como la Ley de Alquileres o la Ley de abastecimiento (que establecía control de precios y sanciones a empresas), se modificaron convenios laborales y condiciones de contratación, se privatizaron empresas estatales, se anunció la no renovación de 7.000 contratos laborales de empleados públicos y se autorizó el uso libre de divisas en contratos privados. El Senado, donde era mayoría la oposición, tumbó el Decreto pero el Congreso fue capaz de mantenerlo en buna parte. En cuanto al proyecto de Ley Omnibus permitía avanzar mucho más en términos de desregulaciones del mercado energético, agropecuario y minero, reducía el gasto público eliminando subvenciones y organismos públicos y establecía delegaciones legislativas en favor del Presidente. El modelo original fue rechazado en las cámaras en febrero de 2024 pero en mayo se pudo aprobar una versión recortada. En esta tesitura, estaba claro que Milei necesitaba unas Cortes Legislativas con mayor fuerza de su partido.

Superávit fiscal y licuación de deuda

La mayor obsesión de Milei desde el inicio y que paradójicamente se ha aparcado por el momento es la dolarización de la economía, que permitiría cerrar el BCA y evitar que regresen políticas monetarias inflacionistas. Sin embargo, se trataría de un proceso gradual cuyos pasos en realidad no se han frenado. Serían necesarios un ajuste fiscal y control del déficit, reducir la inflación, limpiar de pasivos el BCA, financiar a largo plazo pesos que se conviertan en dólares y acumular reservas mientras aumenta la confianza de ciudadanos, bancos y empresas de dentro y fuera de Argentina. Los datos arrojan que en menos de dos años las reservas en dólares se han duplicado alcanzando los 8.000 millones a fecha de hoy.

Con esa política, Milei ha conseguido importantes logros en estos casi dos años a nivel macroeconómico. En primer lugar, logró iniciar una senda de superávit fiscal puesto que Argentina cerró 2024 con un superávit primario del 1,8% y un superávit financiero del 0,3%. Es algo que no sucedía desde 2010 y fue posible gracias a un ajuste estructural del 4,7% del PIB, puesto que el déficit fiscal de 2023 fue de 4,4%. Este déficit cero era imprescindible para poder controlar la inflación y además sin emitir moneda, que fue la receta del desastre con el que ahora hay que lidiar. Pero sobre todo ha permitido ir pagando la deuda.

Además, para favorecer la licuación de deuda en un contexto de mayor optimismo (clásica luna de miel de los cambios de gobierno) suprimió las Leliqs, que eran unos pasivos remunerados por el Banco Central Argentino (BCA) pagaderos en 28 días y con unos tipos brutales del 133% y se sustituyeron por los pases financieros, si bien se redujo la tasa de interés del 126% al 100% financiando directamente al Tesoro Público Argentino (TPA) en lugar de al BCA. Al mismo tiempo, los argentinos podían invertir en bonos o letras del TPA a largo plazo inmovilizando pesos entre uno y tres años para al término recibir la cantidad en dólares.

Milei consiguió también nuevos para refinanciar la deuda externa como la prórroga del swap con China para aliviar la presión sobre las reservas. El más importante fue el reciente rescate de más de 17.000 millones de dólares firmado con el presidente de EEUU Donald Trump. No es casualidad el momento, puesto que fue posterior a la derrota electoral de Buenos Aires, coetáneo al fuerte descenso de la bolsa argentina y previo a los cruciales comicios legislativos. Afortunadamente, a ambas partes les ha salido bien la jugada, pues los resultados del 26 de octubre y a los que estaba supeditada la efectividad del rescate han sido inmejorables. A la oposición le sirvió para acusar a Milei de vender Argentina a Donald Trump, pero los ciudadanos parecen haberlo percibido como una oportunidad y mayor confianza en el futuro. Eso entronca con la mayor confianza de los mercados y la inversión extranjera, de manera que se ha reducido el riesgo país de forma considerable. Es decir, la probabilidad percibida de que un Estado no pague sus intereses a los acreedores.

Reducción de la inflación, política cambiaria y crecimiento económico

Estas reformas y acuerdos han permitido reducir la inflación a niveles inferiores de los últimos cinco años. Por desgracia, esa mejora objetiva a nivel agregado de la inflación no termina de percibirse aún en la esfera microeconómica. Aún así, ello no quiere decir que haya aumentado la pobreza en Argentina sino todo lo contrario. Así, en el primer semestre de este 2025 se ubicó en el 31,6% que, si bien aparentemente es una cifra que se antoja muy elevada, representa en realidad la menor desde 2018 según datos del INDEC. De hecho, el descenso interanual ha sido brutal al ser de 21,3%.

En abril de este año fue cuando Milei anunció el levantamiento del cepo cambiario. No llegó hasta un momento en que el mandatario entendía que el proceso citado había llegado al punto adecuado y que existía suficiente confianza en el peso como para no deshacerse de toda la moneda y al mismo tiempo aumentar la circulación de dólares. Sin duda una decisión compleja y que tenía muchos efectos colaterales. Pero no vino sola, puesto que en el mismo mes vinieron otras dos. Primero, se acordó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por valor de 20.000 millones de dólares y segundo se modificó el sistema de bandas cambiarias del BCA y se estableció un rango de 1.000 a 4.000 dólares, de forma que el peso fluctuaría libremente según la oferta y la demanda. En caso de que se acercase al límite inferior, el BCA vendería pesos para mantener sus reservas de dólares y en caso de aproximarse al superior justo lo contrario para absorber el exceso de liquidez de pesos y combatir la inflación. Además, esto permitía estar preparados ante el denominado atraso cambiario que perjudica siempre a empresas exportadoras e importadoras.

Y, a todo esto, ¿qué hay del crecimiento económico, el empleo y los salarios? Los datos del INDEC arrojan un incremento del PIB argentino durante 2024 incluyendo el consumo privado de los hogares, lo que es una buena señal de recuperación aunque queda mucho todavía. A pesar de que la tasa de paro subió al 6,4% superando el 5,7% de 2023, la ocupación ha subido en 78.000 personas siendo el aumento más elevado desde 2016 que es cuando se inician las estadísticas de conteo. Además, los salarios reales interanuales también aumentaron comparando noviembre de 2024 con 2023 en un 3,3%.

El futuro de la legislatura

Frente a estos datos y logros, la oposición argentina ataca la metodología de los datos que es la misma que se aplicaba cuando ellos gobernaban y la prensa sincronizada al servicio del gobierno socialista de España etiqueta con la mayor ignorancia de ultraderecha al gobierno de Milei, cuando no mienten deliberadamente con manipulaciones expresando un periodismo basura. El partido LLA es una formación de corte liberal libertaria con independencia de que Javier Milei optase por seguir una estética de liderazgo populista con fuertes críticas e insultos a la política progresista argentina. También son polémicas ciertas escenas en las que aparece con una motosierra como metáfora del achicamiento del Estado elefantiásico y de la lucha contra el déficit público. Sin embargo, creo que esta estética no es lo verdadera importante más allá de la imagen. Desde el principio yo he visto que hay dos Milei: el economista gobernante y el personaje. El segundo no me gusta, debo de decirlo. Pero le ha servido para ganar unas elecciones, las del 2023. Con todo, el que ha ganado las segundas, las del domingo pasado, ha sido el economista político. Y esa es la primera y mejor noticia personal para Javier Milei. 

Por ello, le recomendaría centrarse en estos dos años en el economista político y dejar a un lado ese personaje que ya no le reportará más victorias. A ese respecto, tiene que tener más cuidado con ciertas alianzas que sólo tienen en común el enemigo socialista. Y es que Donald Trump ó Abascal son conservadores nacionalistas y proteccionistas que muy poco o nada tienen que ver con lo liberal tanto económico como social. En el liberalismo todo es posible mientras que no afecte ni a la vida ni a la propiedad ni a la libertad de terceros. E igualmente debe de tener más cuidado con promocionar proyectos sin un conocimiento previo como la famosa polémica de la criptomoneda de Libra que estalló en febrero de este año. Debe entender que siendo Presidente de la Nación sus mensajes tienen una proyección muy alta y pudo haber perjudicado a muchas personas. A fecha de hoy se desconoce si tendrá algún tipo de responsabilidad, pero el impacto electoral habría sido únicamente en las regionales de Buenos Aires. Sólo se sabe que un bufete de abogados de Nueva York le señaló, pero por lo demás parece que sólo El País se acuerda de esto. Mi opinión es que no podría probarse dolo ninguno, pero la negligencia fue evidente.

A partir de ahora, el proyecto de LLA tendrá un mayor poder legislativo para poder aplicar sus reformas. No existe mayoría absoluta, pero si suficiente margen como para evitar que se produzcan bloqueos de proyectos legislativos o se tumben decretos e incluso haya mociones de censura destructivas (que no funcionan como España). También será muy complicado que se aprueben proyectos para incrementar el gasto público y destruir el superávit presupuestario que tanto trabajo está costando. No hay que olvidar que lo único que quiere el Kirchnerismo es hundir a la Nación para que en ese caos que ya generaron ellos en su momento se justifique su regreso. Sin duda, estos dos años que quedan por delante serán los más importantes para poder realizar las reformas que demuestren que una política económica liberal es la de mayor progreso no sólo a nivel agregado sino también para los ciudadanos. Así que suerte a Argentina y a Milei y... ¡¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!

(fuente de la foto: Diario La Provincia de San Juan)

Suspensión del agua potable en el Mar Menor: cronología y gestión de la DANA

Tenía pensando publicar otro post diferente y en que hablo sin tapujos de otro tema que merece una reflexión, pero la actualidad manda y más tratándose de mi tierra y mi entorno. Mi querido Mar Menor, los pueblos en los que he residido y sigo viviendo y disfrutando de ello. Voy a analizar los sucesos ocurridos tras la última DANA (Depresión aislada en niveles altos) acaecida recientemente, no ya por el impacto que nos ha generado aquí, sino también porque los medios nacionales apenas se han interesado por el problema. Es lo que tiene que no seamos ni Murcia ni Cartagena, que pasamos a un segundo orden. El objetivo, por tanto, de este post, no es el de simplemente relatar todo lo sucedido en cuando a acciones y reacciones, sino de estudiar y recalcar qué ha funcionado y qué no, qué se había podido hacer mejor y finalmente qué habría que hacer para evitar que se repitan los problemas.

Cronología del desastre y reacciones.

El pasado miércoles 8 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) comunicó un aviso de alerta naranja por lluvias para las provincias de Murcia y Alicante. Al día siguiente, modificó el mismo elevando la alerta a roja para todo el entorno del campo de Cartagena y muy especialmente el Mar Menor. El día clave era el viernes 10, para lo cual los distintos Ayuntamientos de la zona se prepararon cancelando actividades y recomendando prudencia a los vecinos y máxime teniendo en cuenta los antecedentes de pasadas DANAS.  Todos ellos, pero muy especialmente los de Los Alcázares y San Javier comunicaron continuamente y a través de la aplicación de mensajería Telegram, que permite recibir información tanto de interés como de emergencia y ha sido sin duda el canal más viral para la actualización de la situación. San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, en cambio, optaron por Meta (WhatsApp, Facebook e Instagram) y Twitter que son aplicaciones muy utilizadas pero que no remiten notificaciones en tiempo real a no ser que se activen expresamente. La alerta roja para la comarca se mantuvo hasta las siete de la tarde de ese viernes de manera que se redujo a naranja. Sin embargo, lo peor vendría precisamente después y es que durante esa noche la intensidad de las lluvias fue muchísimo mayor en el entorno del Mar Menor y no tanto de Cartagena.

Tanto fue así que, a las 23:06 horas de la noche del viernes, el Ayuntamiento de San Javier avisó que el canal del trasvase Tajo-Segura a su paso por El Mirador se encontraba en su cota máxima y se estaba desbordando en la zona. Los primeros reportes que avisaron al 112 de lo sucedido fueron a partir de las 22:30 y se tuvo que ayudar a vecinos de varias zonas inundadas para ser alojados en el polideportivo municipal. Casi una hora más tarde del comunicado del Ayuntamiento, a las doce de la noche es cuando la CARM remitió una alerta a los teléfonos móviles informando de dicha situación. Durante esa noche, el Alcalde de San Javier José Miguel Luengo informó mediante comunicados remitidos tanto a las redes sociales como a la mencionada aplicación de Telegram reiterando los consejos de permanecer en sus viviendas y no desplazarse e informando de los avances de la situación. Pero los problemas todavía no habían acabado aquí. 

A las 23:40 del siguiente día sábado 11 y cuando todo parecía más o menos tranquilo al escampar la lluvia, la Mancomunidad de los Canales del Tabilla (MCT) emite un comunicado por el que declara el agua como NO APTA para higiene y consumo humano en los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, las pedanías de Torre Pacheco como Balsicas, Roldán, Jimenado, Dolores o San Cayetano y las pedanías de Murcia pertenecientes a la zona de campo de Cartagena (Baños y Mendigo, Lobosillo y Avileses). Esta determinación la tomaron con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2023, de diez de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua y que transpone varias directivas comunitarias. Esto implicaba que bajo ningún concepto se debía de usar agua del grifo no ya para beber o preparar alimentos, sino tampoco para higiene personal (lavarse las manos, duchas o lavadoras) ni lavavajillas y sólo con la excepción de regar jardines y limpieza de superficies. El primer Ayuntamiento de la zona que informó de esta noticia inesperada fue el de Los Alcázares a las 23:55 a través de Telegram, el segundo fue el de San Javier a las 06:07 en la misma aplicación y por último el de San Pedro del Pinatar a las 07:03 en Meta. Por lo tanto, durante todo el sábado y buena parte del domingo los vecinos continuaron consumiendo el agua.

Dada la situación inesperada y la necesidad de reaccionar, los distintos Ayuntamientos hicieron acopio de camiones cisterna con agua potable para ser distribuida gratuitamente entre los vecinos con objeto de evitar cualquier riesgo de desabastecimiento. Realmente no ha existido ningún peligro, dado que los supermercados solicitaron importantes cantidades de garrafas de agua y en los distintos que he visitado he comprobado una buena dotación. En cada municipio se han designado varias zonas de reparto, aunque con los días han ido cambiando. En el caso de San Pedro prepararon cubas móviles que se desplazaban de zona durante el día y desde protección civil han atendido llamadas de personas vulnerables para ir a su vivienda a llevar el agua. Como era de esperar, se ha tenido que apelar a la conciencia de la gente para que no abusase de este servicio, ya que debía de haber agua para todos. Por otra parte, los servicios contratados por los municipios también se dedicaron a realizar limpieza de calles avisando los perfiles oficiales de RRSS de que no dejasen los vehículos en las zonas indicadas, a efectos de no entorpecer el trabajo. Por último, algunas ayudas extraordinarias para la higiene personal han sido duchas establecidas por el Ayuntamiento de Los Alcázares y con agua potable en varios centros públicos y la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada para que pinatarenses se duchasen en el polideportivo.

Por su parte, la MCT no comenzó a limpiar el canal hasta el lunes 13 de octubre (que afortunadamente no recuperó el festivo de la Hispanidad del día anterior) a través de empresas externas, si bien durante el domingo realizó los primeros trabajos técnicos para evaluar la situación. Sin embargo, un nuevo e inesperado susto llegó al día siguiente martes 14 cuando sin comunicación previa cortó el agua para todos los municipios y zonas implicadas.  El primero en informar fue el Alcalde de Los Alcázares a la 09:25 de la mañana señalando que se le había avisado de ello diez minutos antes del corte y denunciando que había causado perjuicios tanto a vecinos como (seguramente de forma especial) a negocios. El Ayuntamiento de San Pedro informó en Meta a las 10:20 y el de San Javier lo hizo a las 10:45. A las 14:12 el Alcalde de San Javier publicó un vídeo en el que denunciaba que de casualidad se había enterado en una reunión en Cartagena y con la MCT de lo sucedido. También lo hizo el de San Pedro a mediodía pero sólo en Facebook denunciando igualmente a la MCT por no informar ni con la suficiente previsión ni claridad a los vecinos. Ambos alcaldes coincidieron en exigir la intervención del Ministerio de Transición Ecológica (Medio Ambiente). Los tres mandatarios tienen razón, pues el defecto de comunicación y transparencia fue importante y teniendo en cuenta el tiempo que ya había transcurrido y realizado el aviso más importante - que era el de no consumir el agua-, no existía ninguna justificación para acelerar una ejecución que afectase a cien mil vecinos. Finalmente, también se quejó Pedro Ángel Roca (el de Torre Pacheco) pese a que no publicó comunicado personal en Facebook. Todos coincidieron en denunciar la responsabilidad de la MCT y en exigir una compensación por los gastos ocasionados. En otro orden de cosas, también se hizo público que en los análisis químicos se descartaba que el agua hubiese sido contaminada por restos fecales, pues no se localizó ninguna bacteria asociada a los mismos.

La MCT publicó un nuevo comunicado ese martes señalando que el agua volvería a partir de la noche. Sin embargo, pudo comprobarse en muchas zonas que no fue así y tan sólo en San Pedro. De hecho, en San Javier estuvo cortado durante todo el miércoles 15 y no volvió hasta el jueves 16 desde las 8 de la mañana. Una vez más, el organismo de la Administración General del Estado erraba en su comunicación en esta ocasión por imprecisa y es que si es necesario informar en tiempo oportuno, no lo es menos que lo que se transmita no peque de inexactitud. Al mismo tiempo publicaba un enlace web para ir actualizando el estado del agua en las pedanías de Torre Pacheco. Esa misma tarde volvió a lanzar otro comunicado informando que se estaba finalizando la limpieza del canal del Mirador y que se estaba distribuyendo agua limpia a los municipios. Sin embargo, dicha afirmación contundente se topaba con la inmediata advertencia de que aún no era potable el agua suministrada. Lo que sí que pudo percibirse durante la noche del jueves es que el agua que empezó a llegar sucia (por primera vez desde las inundaciones) pasaba a ser algo más limpia. Por otra parte, ese mismo jueves el Gobierno de la CARM decidió autorizar a la Desaladora de Escombreras para que facilitase agua a la pedanía de El Jimenado, permitiendo su uso por la MACT y disfrutando así los vecinos de esa zona de agua potable mientras se limpiaba el canal.

El viernes 17 se reiteró que estaba llegando agua limpia pero aún no potable a San Javier, San Pedro y Los Alcázares y el sábado 18 que a las pedanías de Torre Pacheco. Igualmente, se avisó tanto el sábado como ayer domingo con que se cortaría el agua (sin hora cierta) en los términos de El Mirador y La Grajuela por tareas de limpieza y desinfección. Por la noche del sábado fue cuando el ayuntamiento de San Pedro anunció vía Facebook a las 23:00 horas que se le había comunicado que el agua ya era apta para higiene personal. Después, el Alcalde de San Javier en su perfil personal para las zonas del pueblo, La Ribera y Roda, si bien llamó la atención que lo hiciese un cuarto de hora antes que los canales oficiales del municipio tratándose de una cuestión de interés general. Por último, se avisó en el Telegram de Los Alcázares con video de su Alcalde poco antes de las 23:20. Siguen pendientes todavía El Mirador y La Grajuela de San Javier y varias pedanías de Torre Pacheco en el momento de publicación de este post, del mismo modo que aún no se han levantado las restricciones para el consumo y preparación de alimentos en ninguno de los municipios y pedanías.

Gestión y responsabilidades.

Por parte de la CARM y la Dirección General de Emergencias, sorprende que no comunicase la ES-Alert a los móviles antes del viernes como sí que lo hizo la Generalitat Valenciana a pesar de que la zona era el sur de Alicante, dado que pudo llegar a los que residimos en los pueblos murcianos próximos a dicha provincia valenciana. Dicha alerta se recibió el día jueves 9 de octubre en las primeras horas de la tarde. En contraste, la CARM tan sólo la emitió a las doce de la noche del viernes con motivo del desborde del canal del trasvase y con una hora de retraso de que el Alcalde de San Javier lo comunicase mediante vídeo. Parece que Mazón ha aprendido del lamentable pasado reciente, mientras que en Murcia por desgracia vamos a remolque y no nos lo terminamos de tomar en serio. 

En lo que afecta a la AEMT, no hay nada que reprochar en que avisase con varios días de antelación de la llegada de una DANA para que los Ayuntamientos, ciudadanos y empresarios se preparasen y tomasen medidas. Sin embargo, no se entiende cómo la declaración de alerta roja para la comarca del Mar Menor y Cartagena se encontrase en vigor cuando la lluvia no había provocado aún inundaciones importantes (más allá de algunas avenidas y calles) y fuese disminuida a naranja horas antes de que estallase lo peor por la noche. Con todo, bien es cierto que el mayor riesgo no se produjo tanto por la mayor intensidad de las lluvias como por el desborde del trasvase, pero en San Pedro del Pinatar también aseguran algunas personas que sufrieron inundaciones en sus inmediaciones durante la noche y madrugada. Igualmente, tampoco es menos cierto que un aviso naranja sigue indicando riesgo y peligro, pero no tiene el mismo impacto que un aviso rojo que no sólo sugiere que no te desplaces en la medida de lo posible, sino que estés alerta por posible inundación en tu propia vivienda.

Considero que la gestión de los Ayuntamientos del Mar Menor ha sido buena y han destinado todos los recursos posibles. Especialmente debo felicitar a Mario Cervera (Los Alcázares) por su impecable dedicación y preocupación por el tema comunicando y actualizando la situación a través de una aplicación como Telegram que permite asegurar una mayor inmediatez de recepción de la información. Esa misma app fue recurrida por José Miguel Luengo (San Javier). Personalmente recomendaría a los otros alcaldes aprovechar esa aplicación. Paradójicamente, el consistorio pachequero sí tiene una cuenta de Telegram para exclusivamente su departamento de Cultura, pero no a nivel general. Sin embargo, por lo que afecta al consistorio de San Javier no ofreció soluciones relativas a las duchas personales. En cuando a San Pedro del Pinatar, se agradece a Pedro Javier Sánchez la iniciativa de las cubas móviles y el servicio de reparto a personas vulnerables. Sin embargo, tengo dudas de si con El Mirador y La Grajuela que más han sufrido el impacto de estas restricciones y que aún no han remitido se podría haber hecho algo más que colocar un camión cisterna sin más.

En cuanto a la MCT, las quejas que en buena lógica se han dirigido hacia el órgano dirigido por el ingeniero Juan Cascales no son relativas a cuestiones técnicas o analíticas ni a la determinación del agua como no potable y ni mucho menos a los trabajos de limpieza que llevan varios días. El problema, como he mencionado varias veces en el post ha sido de comunicación, transparencia y coordinación. Si precisamente situaciones urgentes requieren la toma de decisiones, no es menos cierto que defectos en la información o en el tiempo de canalizarlas pueden provocar importantes perjuicios. Por una parte, podríamos pensar que el análisis de agua debió de haberse realizado con mucha más urgencia, dado que a la hora que se emitió no permitió que muchísima población se percatase hasta bien entrada la mañana del domingo. Sin embargo, por otra parte podríamos entender que por cuestiones técnicas no fuese tan fácil hacerlo rápido aparte de que la medición se establece por un laboratorio de Salud pública. Ahora bien, por otra parte el aviso tardío del corte de agua y teniendo en cuenta que ya habían pasado varios días, no hubiese costado haberlo efectuado en adecuado tiempo y forma y retrasado el corte algunas horas. Esto ha provocado que a los vecinos les pillase con el pie cambiado y en un momento de ausencia de previsión sin poder ni tan siquiera tirar de la cisterna del aseo ni usar agua para limpieza no durante una o dos horas sino durante muchas más. Además, tampoco acertaron con el tiempo de regreso del agua, por lo que debieron de ser más cautos y precisos.

Sin embargo, otra versión y que con la que en parte coincide el discurso de Mario Cervera, es la que pone la causa de origen en la alteración del terreno. Desde la MCT entienden que las modificaciones del terreno que rodea a la almenara de El Mirador, por donde entró el barro al canal, han favorecido el problema y que por ello debe de trasladarse aquélla a otro sitio. Desde los ecologistas son más específicos y críticos y apuntan directamente a la agricultura señalando los regadíos intensivos, cultivos de invernadero y huertos solares en un contexto de ausencia de plan de ordenación territorial de Cuenca (competencia de la CARM) que compatibilice el uso del suelo con la sostenibilidad ambiental y la seguridad para persona y bienes. En síntesis, en opinión de este colectivo la agricultura habría generado inclinaciones de suelo con pendientes hacia el Mar Menor. Resulta llamativo que nueve años después de la primera DANA (2016) aún no se haya planteado ningún cambio.

Posibles soluciones y mejoras.

A mi juicio, veo muy complicado que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se están canalizando desde los Ayuntamientos del Mar Menor, que habrían sido los primeros en recibir denuncias de los vecinos, sean estimadas por el Ministerio. No ya porque en este procedimiento administrativo la inmensa mayoría se desestiman, sino porque es harto difícil demostrar el nexo causal entre el daño producido (efectivo y evaluable económicamente) y la acción u omisión de la Administración Pública y en este caso la MCT. Supongo que la mayoría irán por el lado del corte del agua sin previo aviso, pues las que sean relativas al retraso de la comunicación del agua no potable o los costes asumidos por los Ayuntamientos para proveer camiones cisterna me temo que son más complicados. Así que lo más normal es que se desestimen todas en vía administrativa y si alguien estuviese dispuesto que se fuese al contencioso-administrativo. Tal vez lo más apropiado sería aprobar una subvención o ayuda a los Ayuntamientos que pudiesen redistribuir entre los vecinos que hayan sufrido daños demostrables.

De cara al futuro, será mejor no sólo que se refuercen las vías de coordinación entre municipios, mancomunidad y Dirección General de Emergencias de la CARM, sino también los cauces de comunicación y transparencia, aprobándose los protocolos necesarios que permitan acelerar las reacciones. Y no desde el momento en que se percibe la materialización del riesgo, sino desde la fase preventiva con arreglo a la información de la AEMET e incluyendo las alertas masivas a los móviles sin demora. Esto no puede volver a ocurrir de nuevo y, precisamente por ello, al mismo tiempo sería imperativo que la Comunidad Autónoma se implicara analizando la situación del terreno desde sus propias competencias, con independencia de que los ecologistas tengan o no razón. Un plan de ordenación no creo que sea una solución definitiva pero sí sería importante dotar de las infraestructuras precisas para que generen un importante contrapeso a las inundaciones. Una de ellas tendrá que ser relativa al traslado de la almenara, puesto que se ha demostrado con creces que los tanques de tormenta son insuficientes. Hay que explorar más soluciones y quienes deben de aplicarlas son los gobernantes en conversaciones con el personal técnico y especializado competente. Y, por supuesto, se va a necesitar mucho dinero. Otra cosa es que las Administraciones estén dispuestas a ponerlo sobre la mesa, pero habrá que ejercer la presión necesaria.

No podía cerrar este post sin transmitir mi agradecimiento a todas las personas que han trabajado en las tareas de limpieza, desinfección y regeneración del canal durante tantas horas y día y noche, al mismo tiempo que el personal contratado por los Ayuntamientos para que las calles vuelvan a su estado normal tras una ardua limpieza.

Los centros de protección de menores: un diagnóstico político erróneo

Desde hace un año y tres meses, Vox rompió con todos los gobiernos autonómicos en los que estaba cogobernando con el PP. A saber, los siguientes: Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. En Andalucía, Galicia y Madrid, como sabemos, gobiernan los populares por mayoría absoluta y en Cantabria no llegaron a haber consejeros de Vox. El motivo que aludieron los de Abascal fue el relativo a la aceptación del reparto de los menores extranjeros no acompañados (MENAS). Desde entonces, este tema no ha dejado de estar en la agenda de la derecha populista, puesto que ha exigido "el cierre de los centros de menas" y el de Santa Cruz en Murcia fue una de las exigencias para dar el visto bueno a los Presupuestos Generales de la CARM para 2025. Dicho cierre, que se formalizará la semana que viene, fue celebrado hace varias semanas en una rueda de prensa no exenta de polémica tanto por su inoportunidad a juicio del PP como por cuatro podemitas que se acercaron allí a protestar. Me ha parecido interesante preparar un post relativo a este tema que ofrezca una visión algo más objetiva y no atascada en ninguno de los extremos al respecto que representan Vox por una parte y una izquierda (en conjunto) cada vez más escorada. Este post, además, complementa y desarrolla algunas de las reflexiones del dedicado al asunto de Torre Pacheco, que sucedió este verano.

Contexto y normativa

Por contextualizar, la Unión Europea se guía por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en 2010 la Comisión Europea estableció un plan de acción sobre Menas basado en tres pilares: prevención en origen (ayudas en materia de formación y empleo, cooperación local, etc), protección en terreno europeo (coordinación entre Estados miembros, mecanismos de acogida digna, designación de tutores, etc.) y retorno asistido cuando proceda respetando el interés del menor. Dicho plan no imponía obligaciones jurídicas como las directivas o reglamentos, sino que en todo caso inspiraría las normativas de los Estados miembros como las recomendaciones del Consejo de Europa relativas a las tutelas, la evaluación adaptada de la edad y el principio de interés superior del menor. Sí establece obligaciones, por ejemplo, la Directiva comunitaria 213/33 que establece estándares mínimos de acogida para solicitantes de protección internacional.

En España, el artículo 39 de la Constitución Española reconoce la obligación de los poderes públicos de proteger a los menores. A dicho respecto, los artículos 172 y siguientes del Código Civil regulan la tutela y la guarda de menores en situación de desamparo (competencia de las CCAA), la Ley Orgánica 1/1996 de Protección jurídica del Menor establece principios, derechos y deberes y la Ley Orgánica 4/2000 regula la situación de los Mena y se reformó en 2021 para reducir plazos de expedición de autorizaciones de residencia y trabajo. Pero la más relevante es una norma de menor rango jerárquico.

Tras la terrible crisis migratoria que se generó en Canarias y con importantes problemas de inseguridad que durante tiempo fueron ignorados, el Gobierno aprobó este verano el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados de las CCAA y amparado en la disposición adicional 11ª de la Ley Orgánica 4/2000. Este nuevo Real Decreto establece un esquema de reparto para afrontar situaciones de contingencia. Concretamente, adopta una ratio estándar de 32,6 menores migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes como “capacidad ordinaria de acogida”. Y el número asignado para cada región es el resultante de dividir la población total de cada comunidad ó ciudad autónoma a 31 de diciembre del año 2024, por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año 2024 entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español. Andalucía, Cataluña y Madrid son las regiones con mayor número de Menas asignados y se prevé que aquellas que lleguen a multiplicar por tres su capacidad ordinaria puedan activar un protocolo de traslados. Por su parte, el Gobierno se compromete a destinar 100 millones de euros para sufragar gastos de acogida y compensar sobreocupación. Las quejas de las CCAA han estado relacionadas con la imposición por Decreto de este sistema sin consulta previa y sin estudiar otras variables como el número y capacidad de los centros, la logística de traslado, disponibilidad de personal cualificado, masificación etc... 

Tipología de centros, problemas y dificultades

Ahora bien, la primera pregunta que surge es, ¿existen como tales centros de Menas como dice Vox que quiere cerrarlos todos? pues la respuesta es NO. Otra cosa es que en algunos de ellos los extranjeros sean amplia mayoría dados los continuos movimientos inmigratorios, pero no están específicamente destinados a ellos. En términos generales, los centros de protección y acogida de menores pueden tener una o varias de estas modalidades. Están los de primera acogida (de corta estancia), los de protección residencial (menores tutelados de distintas nacionalidades), los especializados (por discapacidad, problemas de conducta o sanitarias), los de emergencia o contingencia (con alta presencia de Menas) y los de emancipación o transición a la vida adulta (con muy alta presencia de Menas al ser mayoritariamente adolescentes). Los recursos con los que cuentan estos centros son de escolarización y alfabetización, formación e inserción laboral con convenios con empresas, pisos tutelados, asistencia social, sanitaria y psicológica, programas culturales de integración sociocomunitaria y apoyo jurídico y administrativo para regularizar su situación.

Sin embargo, los problemas que se han reportado en estos centros, aparte de los indicados anteriormente, son de conflictos internos e inseguridad ciudadana vinculados a algunos de esos centros. Las noticias apuntan especialmente a Madrid como en Hortaleza con una violación a una menor de madrugada, en Fuenlabrada con internos amenazando a una cuidadora o en Batán por robo de un móvil y fuga. Luego existen otros sucesos como en Ceuta por abusos sexuales, en Piera (Barcelona) con una reyerta o en Marcilla (Navarra) con más enfrentamientos vecinales. Estos sucesos son disculpados por algunos como "aislados", mientras que en términos generales ya asusta ver cómo se han incrementado las estadísticas de delitos más graves e incluso de los delitos sexuales en grupo. Por si esto todavía no hace saltar alarmas, aplicar una regla de tres nos ofrece unas proporciones estadísticas que merecen una reflexión y si aún así, no lo vemos, todavía tenemos más. Informar y advertir de esto es lo políticamente incorrecto, pero quienes tienen poder ni hacen un diagnóstico de la situación ni, lo más importante, toman decisiones ni las ejecutan.

Si bien esos sucesos acaecidos no pueden ignorarse, tampoco puede afirmarse con rotundidad que suceda en todos los centros de menores y se puede caer en el error de estigmatizarlos a todos. Al menos sí se conoce lo que ha llegado a trascender a los medios de comunicación y el resto únicamente lo sabrán los vecinos que conviven cerca de estos centros. Vecinos que en algunos casos se han llegado a manifestar incluso de forma preventiva. Seamos honestos ¿quién permanecería indiferente si un día se enterase de que abriesen un centro de este tipo cerca de su domicilio? Y es que el problema de base que hace arrancar tanto manifestaciones pacíficas despreciadas y tildadas de ultraderecha por los medios afines a las políticas de inmigración masiva como expresiones y actos (que los hay) de auténtica violencia y xenofobia generalizada es una gestión inmigratoria absolutamente exenta de autocrítica. Es decir, en el momento en que se agarran e introducen en el mismo saco todas las reacciones negativas contra la política de inmigración, es cuando se construye un hombre de paja al que se le azuza con el mazo del racismo y la porra de la islamofobia. La cuestión no es que la inmigración en general sea una amenaza, sino que lo es la gestión negligente y despreocupada (cuando no "buenista") de la misma que ejecuta siempre la izquierda y la derecha la copia en buena parte por el qué dirán. Y es que la realidad nos hace más que insinuar que tenemos un problema con una PARTE de la inmigración cuyo sistema cultural choca de bruces con el democrático de Occidente.

Reacciones políticas

Ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Se pueden cerrar todos los centros de menores así sin más como pide Vox y por ejemplo Antelo en Murcia? Pues no, tampoco. Las Leyes y normativas europeas obligan a acoger y proteger a los menores sin padres con independencia de su nacionalidad. Por tanto, el cierre del centro de Santa Cruz en Murcia es en realidad una antesala del traslado de los menores a otro distinto, no sabemos si con más recursos. Porque ahí es donde nos hacemos la siguiente pregunta, ¿contamos realmente con recursos humanos, sociales y económicos que permitan una adecuada integración social y cultural del menor y sobre todo del extranjero? Según reportan las autonomías, aunque la mayoría sean del PP y se pueda sospechar que lucha política, los centros están completamente desbordados. Pero la siguiente pregunta que nos debemos hacer es qué opciones hay ante la existencia de menores (o presuntos menores en algunos casos) que comete delitos dentro o fuera del centro y no se integra, más allá de llevarlo a un internado donde permanezca más vigilado por gente extraña y cuya empatía con él le importa poco. Porque la deportación no se me antoja una solución adecuada, aparte de insuficiente. No. La solución ha de venir más del lado de la prevención, desde la raíz. Y es un mayor control migratorio que evite que aquí se nos cuele todo el mundo, como es instigado por los gobiernos de algunos países de procedencia y además haciéndose pasar por menores para obtener ventajas. Con una política mucho más restrictiva no habrá tanta sensación de escasez de personal cualificado que, por otra parte, igualmente habría que replantear si su formación y experiencia son las correctas.

Dentro de la problemática asociada a la inmigración descontrolada, los partidos políticos no ofrecen un compromiso más que de boquilla (como el PP) cuando no la blanquean y reducen al absurdo cualquier crítica (PSOE, Podemos, Sumar y toda la izquierda en bloque) ó bien a través de una comunicación pésima fracasan tanto en la construcción del mensaje como la búsqueda de refuerzo del mismo (Vox). En los siguientes párrafos comento por qué.

Por su parte, la izquierda mira para otro lado y pretende convencer que todo lo que entre de inmigración es bueno porque pagarán nuestras pensiones, cuando la realidad económica les da de bruces por varios motivos: primero, no todos trabajan y muchos reciben ayudas; segundo, los que trabajan perciben un salario modesto y ello se traduce tanto en menores impuestos como menor consumo interno; tercero, ocupan mayoritariamente puestos no cualificados en sectores de baja productividad y cuarto, precisamente por esto último y si la economía de esas empresas no crece, difícilmente habrá puestos de trabajo para todos. También cree en un ideal de multiculturalismo como un puzzle sencillo de unir, pero lo cierto es que el choque de culturas es innegable, ya lo dijo Arturo Pérez-Reverte en El Hormiguero. Lo más lamentable a ese respecto es que la izquierda parece haber encontrado un curioso aliado frente al capitalismo de Occidente y al catolicismo, habiendo dado pasos más avanzados en Francia y Reino Unido pero abogándolo en España. De ese despropósito de base parte tanto el blanqueo de los problemas relacionados con la inmigración como su interpretación torticera y manipulada de los datos estadísticos como el comisario político Javier Ruiz en RTVE y atreviéndose a decir que la inseguridad ha disminuido cuando sólo alcanza esa bajada a los más leves y los peores no dejan de incrementarse en los últimos años.

En cuanto al centro derecha y la derecha, no puede ocultarse que hay problemas con Menas pero no con LOS Menas. No son todos ellos los que delinquen, pero sí una parte de ellos. Y soluciones de bombero apresurado como las que propone Antelo sólo sirve para encender más fuegos, tanto avivando a los cuatro desnortados de extrema izquierda como extendiendo la xenofobia entre los vecinos. Curiosamente, al mismo tiempo parece poner en valor la inmigración latina por ser su cultura más cercana a la nuestra, principalmente por el idioma, en segundo lugar por la religión y además existiendo en algunos países gobiernos conservadores. Esto choca de forma paradójica con su electorado joven que rechaza cualquier tipo de inmigración. De cualquier manera, cuando la política degenera en populismo se convierte en otra parte del problema. Y sólo ahora que todas las encuestas impulsan a Vox y frenan el crecimiento del PP es cuando Feijoo plantea en Murcia recurrir (si gobierna) al visado por puntos que existe en Canadá o Australia, pero sin aclarar a qué criterios se recurriría para primar la entrada de quienes "conozcan mejor nuestra cultura" o tengan mayor "capacidad de integración". La idea es interesante, pero para diferenciarse hay que dar más explicaciones o esta escasa definición sólo generará más desconfianza como ya ha dado alas al discurso alarmista que usan los socialistas mejor que nadie.

Conclusiones

En definitiva, es una verdadera lástima que - por interés y  mero cálculo electoralista - nadie se atreva no sólo a comunicar un diagnóstico sin prejuicios ni blanqueos ni generalizaciones, sino especialmente a aplicar un efectivo mayor control migratorio, dentro de lo que Europa nos permite. Si hay algo que se pueda hacer pasa por ahí, por actuar en prevención pero no por descentralizar las competencias de inmigración en las autonomías como se ha abierto peligrosamente la puerta con el régimen nacionalista catalán. Y, por supuesto, hay que tener más voluntad para dotar a esos centros de los recursos humanos y materiales necesarios tanto en número como en calidad que permitan cumplir con su verdadero propósito de integración y detección a tiempo de problemas. No es sólo una cuestión exclusiva de Menas porque detrás de todos estos despropósitos programáticos es la polarización, tanto la latente en la sociedad como la que acentúan los partidos políticos en la competición diaria.

La Ley española ante la okupación: un marco propicio

Al problema de la vivienda en España, cuyo acceso y precios se han encarecido, se une el de la okupación. Uno de esos males que son ninguneados por la izquierda en España y sus adláteres mediáticos, tanto de la prensa formal como de redes sociales y plataformas de streaming y vídeo. Sí, incluyendo a esos "influencers" como Marina Rivers  que aseveran con ignorancia supina que el problema de la okupación es minoritario. Un desdén que por la misma regla podría aplicarse a las mujeres asesinadas por violencia de género. Pues bien, al margen de estos voceros que da vergüenza escucharlos y sobre todo mucha indignación, existe un marco normativo que por desgracia establece unas condiciones favorables a los okupas, ya sea de inicio sin título legal o en base al mismo pero incumpliendo sus obligaciones. No se trata de que el sistema directamente les abra la puerta para que entren, sino que facilita condiciones para que se apropien indebidamente de un bien inmueble. Y en ello tiene una responsabilidad especial el actual Gobierno.

La Constitución Española de 1978 tiene dos artículos muy importantes al respecto. Por una parte, en su artículo 47 establece como principio rector de la política económica y social que los Poderes Públicos promuevan las condiciones necesarias para hacer efectivo del derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada garanticen el acceso a una vivienda digna. Sin embargo, no es ningún derecho fundamental directamente reclamable a particulares. Por otra parte, sí prescribe como Derecho Fundamental en su artículo 18.2 la inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, añade que nadie puede acceder ni registrar el mismo sin consentimiento del titular con dos excepciones: una resolución judicial o el flagrante delito. Es decir, la policía no tiene ningún permiso salvo si un tribunal o juzgado se lo ha autorizado ó bien se estuviese cometido un delito de forma flagrante. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus artículos 545 y siguientes reitera y desarrolla lo dispuesto en la Constitución a estos últimos respectos y señala en el 795.1.1ª que delito flagrante es aquél que se está cometiendo o se acaba de cometer y el delincuente es sorprendido en el acto. No existe ninguna prescripción normativa que aclare qué margen de tiempo tiene la Policía para actuar, pero según jurisprudencias y protocolos policiales no lo extienden más allá de 24-48 horas . El delito flagrante es el concepto más polémico en este tema y de hecho se interpretó mal a raíz de la famosa Ley Corcuera (también llamada Ley de la patada en la puerta) que fue declarada en su momento inconstitucional por no ser suficiente la expresión de "serios indicios". No, tiene que ser algo claramente demostrable y acreditable. Y, sin embargo, aquí parte el primer problema a favor de la okupación. ¿Cómo demostrar después de haberte pasado 3 o más días de vacaciones que te han okupado la casa y deben ser desalojados de inmediato en vez de irte a la jurisdicción civil o penal? como mínimo con videocámaras y alarma homologada, ya sea de Securitas o de cualquier otra empresa. Ni tan siquiera podemos aprovechar el momento en que salgan los okupas y cambiemos la cerradura para evitar que vuelvan a entrar. Nos denunciarán por coacciones y la Policía nos obligará a salir de nuestra propia vivienda. Absolutamente de locos.

El Código Penal, por su parte, tipifica los siguientes delitos. En el artículo 245.2 se contiene el delito de usurpación de bien inmueble, referido a inmuebles que no constituyan vivienda habitual. En tal caso se prevé multa de tres a seis meses y no prisión, lo que le convierte en un delito leve, de escasa prioridad en las tramitaciones judiciales penales (pudiendo durar años) y muchos okupas se agarran precisamente a eso. En el artículo 202 es donde menciona el delito de allanamiento de morada que permite la actuación de la policía sin resolución judicial en caso de flagrante delito y establece  penas de hasta seis meses hasta dos años de prisión ó de uno a cuatro años más multa si se acreditase violencia o intimidación, pero el proceso es mucho más largo. No podemos decir que el CP no condene la okupación, pero la falta de contundencia en las penas y la paradoja de las garantías constitucionales de inviolabilidad y presunción de inocencia matizadas por el delito flagrante favorecen que el proceso judicial sea lento e ineficaz en muchos casos.

La Jurisdicción Civil, al contrario que la penal, no permite la actuación de la Policía y afecta únicamente al derecho de propiedad y posesión del inmueble. Tú sí tienes que acreditar que tienes la titularidad en el momento de presentación de la demanda y su tramitación es mucho más lenta aún que el orden penal. para intentar corregir esto, la Ley de Enjuiciamiento Civil se modificó por Ley 5/2018 de 11 de junio, a pesar de que el PSOE votó en contra antes de presentar la moción de censura. Concretamente se introdujo el juicio verbal especial (desahucio express) para la recuperación de vivienda ocupada ilegalmente. Sólo podían recurrirlo personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas con viviendas sociales, sin que pudieran bancos, inmobiliarias o fondos de inversión. A pesar de que esta reforma permitía solicitar el desalojo en 5 días, en la práctica los juicios no se han tramitado de forma tan ágil como preveía la norma y se han ralentizado y alargado por dos motivos. Primero, una Circular de la Fiscalía General del Estado de 2020 ordena los fiscales que, en los casos de ocupación sin violencia y no flagrancia, no procedan a desalojos inmediatos y se garantice el procedimiento ordinario, es decir, el civil. Segundo, porque los okupas se han sofisticado tanto que han aportado contratos falsos de alquiler o pagos. 

La Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local establece en su artículo 15.1 la obligatoriedad de toda persona que resida en suelo español a inscribirse en el municipio que resida de forma habitual. Sin embargo, ni ella ni las instrucciones del Instituto Nacional de Estadística que es quien gestiona el Padrón impide que eventuales okupas puedan empadronarse. Esto es así dado que no se requiere acreditar ni la propiedad ni el derecho de uso de la vivienda. Simplemente aportando un recibo o factura y no es obligatorio ni aportar escritura, nota simple registral ni contrato de alquiler aparte obviamente del DNI, pasaporte ó tarjeta de residencia. Lo único que se verifica es que realmente el individuo y/o su familia residan allí. En el momento en que el okupa está empadronado es un factor más que lo ralentiza todo y no sólo es utilizado para desmontar el eventual delito de allanamiento de morada y rebajarlo a usurpación, sino que también para alegar arraigo o vulnerabilidad. Otros derechos que adquiere es el acceso a ayudas sociales como el IMV ó asistencia sanitaria en el centro de salud correspondiente. Por supuesto, los propietarios aunque tengan el poder para ello no pueden cortar los suministros porque se arriesgan a ser denunciados por lo penal por coacciones. En resumidas cuentas, esta configuración de los requisitos para empadronarse favorecen una legitimación indirecta del okupa.

Y a continuación vamos con la reforma legal estrella y que ha terminado por hacer estallar todo. Gobernando el PP, la Ley 1/2013, de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios ya impedía desahuciar a los mismos en ciertas condiciones en el contexto de la crisis financiera de 2008. La vulnerabilidad económica aplicaba a desahucios por impago hipotecario, no por okupación y se trataba en exclusiva de los propietarios, añadiéndose informe de servicios sociales del Ayuntamiento. Sin embargo, desde 2020 se amplia el concepto de vulnerabilidad económica y sin necesidad de tener ningún derecho formal de uso de la vivienda a raíz del famoso Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. Esta norma se aprobó en el contexto de la pandemia Covid-19 y en el marco del cacareado "Escudo Social" del Gobierno de coalición de PSOE-Podemos. Suspendió desahucios si el ocupante demostraba dicha vulnerabilidad incluso si carecería de título legal alguno. Sin embargo, a día de hoy cinco años después sigue permitiéndolo porque se ha ido prorrogando pese a que las suspensiones automáticas hayan expirado. 

Con arreglo al RDL 11/2020, se catalogan como "vulnerables" familias con hijos a cargo, personas mayores de 65, víctimas de violencia de género (suficiente con haber denunciado aunque sea falso o instrumental), desempleados o con rentas bajas, inmigrantes en situación irregular y el cajón de sastre de "personas sin alternativa habitacional". Basta con que los servicios municipales elaboren un informe que acredite el cumplimiento de alguna de esas categorías y que efectivamente resida allí para que el eventual proceso de desalojo se pueda suspender durante años. Y lo que es más, esta reforma ha favorecido el surgimiento de los denominados "inquiokupas". Personas que con un contrato formal en un momento dado dejan de pagar voluntariamente sus recibos y se acogen a este recurso. De esta manera, esta norma es la que de forma más directa y rastrera ha perjudicado a los propietarios generándoles una terrible inseguridad jurídica y legitimado a los okupas, con la aquiescencia de ciertos servicios municipales que habrían podido aplicar criterios económicos y sociales de forma subjetiva. Y es una problemática absolutamente actual, como por ejemplo en Murcia, en la provincia de Málaga en Estepona, en la provincia de Tarragona en Reus o en Fuenlabrada de Madrid. 

Finalmente, la Ley Orgánica 1/2025 que se publicó en enero de este año modificó la la Ley Orgánica del Poder Judicial y entre otras cosas introdujo juicios rápidos contra la okupación debiéndose de resolverse en 15 días y aportando los "inquilinos" en los primeros 5 días un título legal habilitante. Sin embargo, tanto los consabidos informes municipales para contraatacar con arreglo a una supuesta vulnerabilidad económica y social como el hecho de que muchas okupaciones se denuncien sin la etiqueta salvadora de flagrancia, ha vuelto a ocasionar que los juicios civiles y penales se alarguen sin resolverse. Esto contrasta con otros países donde el desalojo es más ágil y existen penas de prisión de un año por ocupación ilegal como Francia, Alemania y sobre todo Reino Unido que desde 2012 estableció un sistema de desalojo express en 48 horas.

En resumen, pese a que el sistema normativo no ampara directamente la okupación, sí que presenta numerosos agujeros que complican la lucha contra la misma e incluso favorecen indirectamente que personas pasen a convertirse en okupas. Frente a estos costosos procesos judiciales y el concepto estricto de delito flagrante, los Poderes Públicos se arrogan la potestad de recuperar por sí mismos los bienes inmuebles de su propiedad sin necesidad de ningún juicio previo, en razón del interés público protegido por la Ley. Sin embargo, el ciudadano propietario es visto como un ser privilegiado que, especialmente en tertulias de medios de comunicación sesgados, se reduciría a un perfil de especulador que hace negocio con el drama de la vivienda. Ese discurso injusto no sólo manipula sobre las herencias y las condiciones sociales de las personas que ponen su vivienda no habitual en alquiler, sino que genera un debate y un escenario altamente hostil empleando el término "rentista" como culpable necesario de la situación en el mercado de la vivienda. En base a ese chivo expiatorio, debates como por ejemplo en la Sexta han pretendido enfocar el problema en los caseros.

El sistema es altamente pernicioso no ya para la protección de los derechos de los propietarios, sino también para fomentar la oferta de vivienda en alquiler. Pero no ya por estas normativas reseñadas, sino por el alto intervencionismo regulatorio en el mercado. Así por ejemplo, la Ley de Arrendamientos Urbanos fue modificada por Real Decreto Ley 7/2019 permitiendo que los inquilinos permanezcan en la vivienda incluso si el propietario no desea renovar el contrato, de manera que para personas físicas se prorroga hasta 5 años. Durante todo ese plazo mínimo, el propietario no puede rescindir el contrato ni recuperar su inmueble salvo en casos muy especiales. De esta manera, y por si ya fuera poco todo lo que se había comentado, regulaciones de este tipo reducen el incentivo a sacar una vivienda al mercado de alquiler. Y parece que no existe ninguna orientación alternativa en el seno del actual Gobierno más que de seguir interviniendo el mercado y reforzando los derechos de los inquilinos incluyendo los que no pagan sus recibos. Al contrario y además su maquinaria apoyada en el presupuesto público (que incluye a RTVE), equipo privado de opinión sincronizada y "expertos" siguen difundiendo la narrativa de que todo es un invento de la "extrema derecha". Es más, en lugar de promover medidas para desincentivar la okupación, lo que hacen es señalar a las empresas como Desokupa u otras muchas, amenazando con ilegalización como hace especialmente la extrema izquierda de Podemos. No se enteran de que si el Estado impidiera la okupación, estas empresas que hacen una innegable labor social no serían imprescindibles.

Y es que, una vez más, el PSOE no se enfrenta al problema que sabe que no puede solucionar, sino que como si fuese una suerte de Doraemon siniestro se saca de su bolsillo "mágico" un relato para desenfocar y orientar la atención mediática a un mantra para activar a sus público. Pero nada como un susto que haga efecto para que a algunos les de por reflexionar, como le sucedió al actor Dani Guzmán. En definitiva, el fenómeno okupa no es sólo jurídico, dado que se mezcla con el problema de la vivienda, la presión social y la polarización ideológica.

El caso Charlie Kirk y la escalada de violencia política

El pasado miércoles 10 de septiembre se cometió un terrible atentado en EEUU (Orem, estado de Utah) que acabó con la vida del influencer conservador y simpatizante republicano Charlie Kirk. El joven de 31 años, casado y con dos hijos, se encontraba participando en un debate con universitarios al aire libre cuando un radical le disparó al cuello y acabó con su vida. Ahí, delante de toda la gente mientras respondía a una pregunta. El asesinato en sí es horrible y vaya desde aquí mi más enérgica condena, pero no ha sido menos terrible la reacción que ha causado en ciertas personas. Me ha causado tanta indignación y estupor que me ha parecido imprescindible reflexionar sobre ello y de sus conexiones con España. Un tema del que han hablado casi todos los youtubers que sigo: UTBH, Una Alienada, Begoña Gerpe, VisualPolitik, Juan Soto Ivars, Pedro Herrero, Ramsey Ferrero, Valentina Ortiz, Juan Ramón Rallo, Aiiny, Shuuy, etc...

En dicho acto público, tras el disparo y caído el orador mientras sostenía el micrófono, hubo varios impresentables que se levantaron jaleando y celebrando lo sucedido como si su equipo hubiese marcado un gol. Absolutamente asqueroso y demencial y que refleja la podredumbre moral e inhumana. Pero las celebraciones no se quedaron ahí, sino que Tik Tok fue testigo de numerosos personajes que mostrando su jeta a EEUU y al mundo se reivindicaron como defensores del asesinato de Kirk acusándolo de lo que realmente son ellos. Incluso la red social Bluesky, a donde huyeron millones de usuarios de extrema izquierda tras la victoria de Trump y al entrar Elon Musk en el Gobierno, tuvo que elaborar un comunicado de aviso por la cantidad de usuarios exhibiendo su patética euforia por el crimen cometido. Toda esa gente se alegra tanto del mismo simplemente porque él pensaba diferente mientras ellos pretenden proyectar su propia miseria y oscura alma. Algunos incluso han llegado a rugir contra celebridades como Chris Pratt, que pedían una oración por Kirk y su familia. Otros se han topado con una bonita rescisión de contrato descubriendo que sí, señoras y señores, existe la cultura de la cancelación.

Se han difundido muchos bulos para justificar estas actitudes reprochables. Charlie Kirk era conservador y pro Trump y entre otras cosas defendía posiciones controvertidas como la derogación del aborto y el derecho a portar armas. Estas son posturas en las que tengo mis reservas, pero respecto a la segunda y la que más le echan en cara, hay que recordar que en EEUU es legal desde hace muchos años y ningún gobierno ni demócrata ni republicano ha hecho nada por regular ni poner coto. Además, el propio Kirk se refería a usar las armas para defenderse, no para atacar gratuitamente ni mucho menos para asesinar. Otro bulo fue que supuestamente defendía lapidar a los homosexuales. Esta acusación parte de un comentario sacado de contexto en un debate en el que Kirk matizaba que no se debía de tomar la Biblia en sentido estricto dado que contenía frases terribles como esa. Igualmente defendía ante un auténtico homófobo que el movimiento conservador integrase a las personas homosexuales. También se le acusó de racista por presuntamente decir que los esclavos de raza negra cometían menos delitos que actualmente, cuando el contexto es que no entendía como con más derechos y progreso seguían siendo pobres. También se le ha acusado de tránsfobo cuando en sus debates no ha tenido problemas en conversar con personas trans desde el respeto y aplicando siempre la asertividad y escucha activa. Así por ejemplo, a uno de ellos le cuestionaba su concepto de qué es mujer al tiempo que enfatizaba la importancia de la salud mental para que su disforia de género no le perjudicase. Finalmente, se le ha acusado de exigir que todas las niñas que se quedasen embarazadas fuesen obligadas a tener el bebé y no abortar, cuando en realidad estaba respondiendo al caso extremo y particular de qué preferiría si a su hija de mayor le pasase.

Al parecer, Kirk siempre estuvo interesado en debatir aunque fuese con gente de ideología contraria precisamente porque consideraba que la violencia se ataja cuando se habla. Y precisamente llegó un día en que de la forma más violenta posible, causándole la muerte, interrumpieron para siempre un debate mientras hablaba y portaba un micrófono. Un auténtico atentado no sólo contra una persona sino también contra la libertad de expresión y por extensión la de pensamiento. El joven con el que habló por última vez fue el universitario Hunter Kozak, un chico izquierdista y simpatizante demócrata que quería retarlo, que lamentó lo sucedido y condenó tanto el atentado como las reacciones de celebración. "¿Estamos locos?" Afirmó a la prensa al tiempo que enfatizaba que había muerto un ser humano y padre de familia como él también lo es. 

En España no se han hecho esperar las reacciones de la prensa y ciertos voceros. Entre ellas, están los que han empleado titulares y adjetivos para tachar a Kirk de ultraderecha, trumpista, tránsfobo, machista, racista y supremacista blanco, etc... y difundiendo todos los bulos anteriores y mentiras añadidas con tal de deshumanizar al asesinado y reducir la noticia a un hombre de paja. También recalcaron que el asesino Taylor Robinson de 22 años procedía de una familia republicana omitiendo que él era antifascista y activista radicalizado según ha revelado su entorno más cercano y que además convivía con un compañero transgénero según las investigaciones del FBI que está colaborando con las autoridades. Y aún así, lo relevante no es que sea facha de izquierda o de derecha (groyper), sino que asesinó a Kirk por ideas y no soportaba su libertad de expresión. Aunque no lo parezca, son unas formas sutiles de desdeñar la relevancia de un asesinato enfatizando en las características de la víctima y en menor medida en una supuesta falsa bandera del agresor. Pero en algunos casos se esconde algo más siniestro y es emplear esas etiquetas para - de forma sibilina - expresar alegría y satisfacción por lo sucedido. Puede verse sobre todo en esas personas y medios que terminan metiendo la pulla ideológica justificando que sus ideas eran criminales y había recibido una respuesta a la altura de las mismas. Estas actitudes no son mejores que los que abiertamente escriben y hablan encantados. Todos ellos colaboran a normalizar y circular una escalada de violencia política. Y eso es lo altamente preocupante, más allá del lobo solitario del criminal.

Desde el Contreras System, el Gobierno, su tele del régimen, la prensa sincronizada y sus colaboradores están difundiendo la narrativa de que exclusivamente la derecha o aquellos que se sitúan fuera del círculo de adoración Sanchista están contribuyendo a la polarización catalogándola como asimétrica. Pero sus acciones les delatan. Por un lado, de forma incomprensible retuercen unas declaraciones del diputado Miguel Tellado que mencionó metafóricamente la palabra "fosa" para acusarlo de apología de los crímenes del Franquismo, ponen el grito en el cielo cuando Mago de Oz osa hacer una broma política en un concierto, denuncian a Feijoo por un vídeo en TikTok donde baila Mi limón mi limonero y añade me gusta la fruta en tono jocoso... Por no recordar cuando se inventaron una conspiración en la UCO para atentar contra el Presidente del gobierno. Por otro lado, callan cuando el ministro Óscar Puente llama saco de mierxx a Vito Quiles, Pablo Iglesias y Maestre agarran y estrellan en el suelo un micrófono de Vito alentando a seguir haciéndolo, llaman asesina a Isabel Ayuso, un concejal socialista propina una patada voladora a unos vecinos por insultar a Pedro Sánchez, Sarah Santaolalla llama idiotas a los votantes del PP y Vox mientras ella posa con una camiseta negra con la cifra de muertos en Madrid por Covid, etc... Sí, este es el nivel. 

Lo peor de la polarización política es que llega un punto en que la violencia pasa de estar condenada a banalizarse para seguidamente ser justificada. Porque de hecho ya estamos en esa fase. Recuerdo los episodios de escraches inaugurados por el mencionado Pablo Iglesias, pero es que actualmente la situación es peor. Hemos llegado a un punto en el que de la dispensa y justificación a la promoción queda un paso cada vez más fino. Y en España, lamentablemente, las redes sociales reflejan el nivel de cochambre política tanto en sectores extremistas de la izquierda como la derecha. Y ambos se retroalimentan entre ellos, a pesar de que de la impresión de que los primeros ya adelantaron de largo por el asunto Israel y Palestina. La extrema derecha, que no es tan inmensa pero existe, está impregnada de xenofobia en redes sociales gracias a una pésima comunicación de la relación entre inmigración e inseguridad (no molestan los inmigrantes, molestan los quinquis con machete y los agresores sexuales que no se integran en la sociedad). Ya lo comprobé un día que me atreví a comentar que no estaba bien apedrear en la cabeza a un inmigrante que acosaba a un menor y que con esa edad  hubiese echado a correr. Tuve que borrar el tweet porque sentí miedo. Resumidamente, el panorama es tan desolador, que da la sensación de que si ETA aún cometiera crímenes iba a tener más apoyo social que el que tenía entonces.

Sí, existe gente dentro y fuera de nuestras fronteras que piensa que eliminar al disidente sería un planazo aunque no se plantee ejercerlo. Es una forma indirecta de legitimar y promover la violencia y que tenga la etiqueta de política es lo de menos. El fanatismo y el odio movidos por la escalada de violencia política ha llegado a tales extremos que, sin lugar a dudas, existen monstruos que si no tuviese consecuencias penales, si se legalizase un Día de la purga como las películas, no dudarían en aprovecharlo y liquidar físicamente a sus considerados oponentes. Y se vendería como un acto de justicia social. Son personas muchas de ellas con una vida que no les falta de nada económicamente ni social ni personal. Gente aparentemente normal y que proyecta su propio odio confundido por los mensajes que recibe y una realidad interpretada por una ideología cada vez menos empática y abierta. Y Charlie Kirk NO era como son ellos, por controvertidas que fuesen algunas de sus opiniones conservadoras que no imponía y tampoco se reía de las de los demás cuando las confrontaba cara a cara.

No podemos tomarnos a broma esta escalada que se percibe de forma clara en las redes sociales a nivel global, no sólo aquí. Y esto sucede porque hay gente que promueve esto y son los que usan un altavoz formal o no formal para difundir no sus ideas sin más sino el enfrentamiento y lo alientan. En el momento en que sustituimos el debate asertivo por un conflicto perpetuo basado en suprimir al contrario, la bola de nieve se agiganta hasta poder aplastarnos a todos. Y resulta estremecedor pensar que aún así no se razona en establecer cordura en la crítica argumentada sino se recurre a la testosterona del guerracivilismo permanente con el que algunos disfrutan en España. Porque ese es el escenario que especialmente promueve el PSOE de Sánchez con la ayuda de su entramado mediático público y privado. Porque eso les reporta tanto más incondicionales como más gasolina a su narrativa. Y las emociones de los radicalmente ideologizados carecen cada vez más de frenos racionales por culpa del deterioro político que la polarización causa. Es más, asistimos a una clase mediática que da asco, sobre todo la que sirve a los dictados de Moncloa, que da vergüenza y que en los debates ni deja hablar y sólo se centra en acaparar titulares y reels retorciendo los mensajes, manipulando y radicalizando a todo el mundo. Y no es casualidad que ayer Pedro Sánchez felicitase a los que reventaron el final de la Vuelta ciclista a España. Sí, un Presidente del Gobierno aplaudiendo, promoviendo y blanqueando los boicots producidos. Pero ojito con acercarse a Ferraz, ¿eh? Y aquello no ha sido sino un aviso a navegantes de lo que puede pasar si pierden las elecciones.

Ahora, la viuda de Kirk seguirá su legado y continuará los debates en las universidades llenas de ideas de izquierda y sin complejos. Porque no existe nada mejor en política que saber debatir y no necesariamente llegar a puntos en común, sino aplicar más habilidades humanas y que la confrontación de puntos de vista invite más a la reflexión. Porque los partidarios de la violencia política sin límites no van a vencer mientras se les siga respondiendo con valentía, dándoles guerra cultural. La única guerra sin armas y que merece la pena luchar por ella.

El conflicto Israel-Palestina: contextos, controversias y la deriva activista

De los temas de los que no me atrevía a hablar en el blog éste es seguramente el que más "tabú" que tenía, dada la gran cantidad de manipulación, medias verdades y desinformación que circulan y la complejidad del mismo, más allá de que muchos pretenden reducir el problema de forma muy simplista. Por eso, me he abstenido de incluir fuentes que pudieran ser especialmente parciales (o más de la cuenta). El conflicto entre Israel y Palestina data de casi 80 años atrás, pero se ha recrudecido especialmente desde hace dos años. En medio de todo esto, el activismo pro Palestina parece haber entrado en una espiral que personalmente no comparto para nada, a pesar de que resulte necesario denunciar la gestión de guerra del gobierno de Israel. Porque las guerras, todas, traen cosas malas y en España lo sabemos muy bien. Porque para mí no existen buenos aquí al menos entre los políticos y terroristas, eso que quede claro a cualquiera antes de seguir leyendo. Vayamos primero con un poco de contexto antes de centrarme en la deriva de ese activismo que entiendo que no aporta nada positivo ni constructivo.

Antecedentes históricos y evolución del conflicto

Desde 1947 se ha hablado varias veces de crear un Estado palestino mediante varias intentonas de acuerdos que jamás han sido firmados. En dicho año, la ONU propuso dividir Palestina en un Estado judío y otro árabe mientras que Jerusalén y Belén se hallarían bajo un régimen internacional especial administradas por la propia ONU. Sin embargo, la parte árabe no lo aceptó porque entendía que asignaba la mayor parte del territorio (58%) a una minoría y estalló la guerra en 1948. En 2000, en la cumbre de Camp David, fue Israel quien ofreció un Estado palestino albergando gran parte de Cisjordania y Gaza. El célebre Yasser Arafat lo rechazó porque consideraba que dejaban a la primera muy fragmentada en sus asentamientos, no incluía Jerusalén y no ofrecía soluciones para los refugiados. Años después hubo una etapa complicada con Ariel Sharon y Bush en EEUU que complicó cualquier acercamiento. En 2008, el israelí Ehud Olmert ofreció a Mahmud Abbas un Estado con retirada de Israel de las regiones mencionadas, intercambio de tierras y Jerusalén Este como capital compartida. Sin embargo, Abbas no firmó alegando falta de garantías contra acciones ofensivas en Gaza. De esta manera, el eterno conflicto tiene su punto de partida en el fracaso de las negociaciones derivada de la escasa voluntad de establecer acuerdos satisfactorios. Sin embargo, hubo algo mucho peor que terminó alejando aún más las posibilidades de acuerdo de paz: el ascenso al poder de los terroristas de Hamas.

En 2006, Hamas ganó por mayoría absoluta en Gaza frente a Fatah, el partido de Yasser Arafat y de Abbas. Un año después estallarían enfrentamientos armados y Hamas se terminaría imponiendo a la oposición  y estableciendo una auténtica dictadura ejerciendo represión interna y censura sin que desde entonces se hayan celebrado más elecciones legislativas ni presidenciales. Palestina terminó dividida en dos gobiernos de facto que serían Cisjordania (ANP) y Gaza (Hamas). Hamas habría sido quién más ha alejado la paz en 75 años por dos razones, que se vinculan a su condición de régimen dictatorial. En primer lugar, mantiene la resistencia armada y terrorista contra Israel atacando indiscriminadamente a civiles que al mismo tiempo activan terribles represalias israelíes. En segundo lugar, oprime a su propia sociedad civil usándola como escudo al establecer infraestructuras militares en áreas donde existen hospitales y centros educativos y a minorías como los LGTBi, aplicando la Ley Sharia y la moral conservadora islámica y penalizando con cárcel la homosexualidad en Gaza con el antiguo código penal británico de 1936. Por el contrario, en Cisjordania es legal desde 1951. Por otra parte, es preciso añadir que aunque existieron acusaciones de desvío de fondos de ayuda a fines terroristas militares no se encontraron evidencias de ello.

El punto de inflexión

El trágico 7 de octubre de 2023 más de mil personas murieron en Israel tras terribles ataques de cohetes disparados por Hamas (incluyendo un festival de música) y cerca de 200 personas fueron secuestradas. Esta fecha se convirtió en un punto de no retorno y la reacción ha sido escalofriante. Para Hamás fue una demostración de fuerza destinada a romper el bloqueo y colocar la causa palestina en el centro del debate mundial, pero para gran parte de la comunidad internacional no fue sino un acto de terrorismo masivo contra civiles que desencadenó una guerra aún abierta. La reacción del gobierno de Israel con Netanyahu al mando, según la misma comunidad, habría tratado de ponerse a la altura de tamaña acción criminal ejerciendo represalias para destruir a Hamas pero generando al mismo tiempo múltiples víctimas colaterales. No es menos cierto que precisamente los terroristas lo han favorecido. Como tampoco es es casualidad que la fuente principal que apunta a más de 60.000 víctimas en Gaza en dos años es... La propia Hamas a través de su ministerio de Sanidad. Y obviamente las ONGs replican esa información y contratan a expertos que la ratifican.

Los genocidios y el rigor en el uso del término

Llega el momento de responder a la primera polémica, ¿es un genocidio lo que está sucediendo en la franja de Gaza? La Convención de Naciones Unidas para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948 exige probar la intención específica de destruir de forma total o parcial a un grupo protegido. La mera existencia de muertes masivas, hambruna o migración, pese a ser desgarradoras, no bastan por sí sola para una condena legal por genocidio Incluso la comisión de violaciones de Derechos Humanos. Y es que la calificación corresponde a tribunales con competencia penal, como los de los Estados miembros o la Corte Penal Internacional de Justicia, a pesar de que la Fiscalía esté investigando. Por el contrario, sólo ha sido insinuada por órganos particulares de la ONU como la Oficina del del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (advirtiendo de acciones que estarían impregnadas de características de genocidio) y expresada por algunos gobiernos nacionales como el socialista español, ONGs como Amnistía Internacional, medios de comunicación y periodistas y asociaciones de expertos como la IAGS. ¿Les suena a algo las coincidencias? Sin embargo, como señalo, no existe ninguna sentencia que así lo confirme como sí sucedió en el caso de la ex Yugoslavia de Radovan Karadzic.

Existen otros casos de investigaciones en curso de genocidios, pero apenas alguno se ha confirmado judicialmente. Está el caso de Sudán en Darfur, por el que la CPI emitió en 2009 orden de arresto contra Omar Al-Bashir por crímenes de lesa humanidad. El dictador fue depuesto por golpe de Estado en 2019 y juzgado y condenado, pero sólo por corrupción y las investigaciones determinaron que no había genocidio. A pesar de ello, la violencia étnica sigue activa en Darfur con denuncias de masacres perpetradas por milicias árabes. En Myanmar, la minoría musulmana rohinyá fue objeto de limpieza étnica y desplazamientos hacia Bangladesh y la CPI admitió varias demandas de declaración de genocidio, que siguen investigándose. En Irak y Siria, la persecución de ISIS contra los yazidíes ha sido reconocida como genocidio por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Parlamento Europeo y en Alemania (Frankfurt) se condenó en 2021 a un yihadista expresamente por genocidio. Finalmente, en Azerbaiyán, se expulsó en 2023 a casi toda la población armenia (más de cien mil personas) si bien no existe aún proceso penal que lo sentencie y a pesar de que tras la primera Guerra Mundial más de un millón de armenios ya sufrieron un exterminio por obra de los otomanos. Luego están otros casos como Nigeria y El Congo con miles de muertos y desplazados de religión cristiana en el primer caso y millones de muertos de minorías étnicas durante el presente siglo en el segundo que, sin embargo, nunca han sido reputados como presuntos genocidios sino como crímenes de guerra o lesa humanidad.

Un activismo desnortado

Sin embargo, los activistas de izquierda y entre ellos en España no consideran significativos esos "genocidios" que se están investigando (otros no) y con todo no son declarados como tales, pero sí el de Gaza que tienen clarísimo que lo es. Así que, ¿qué hay detrás de ello? Pues es muy sencillo. Por una parte, Israel encarna al poderoso, un Goliat con uno de los ejércitos más impresionantes del mundo. Es un país capitalista, muy occidentalizado y con EEUU como tradicional aliado, que a su vez es el monstruo tradicional del socialismo. También es visto como un Estado colonialista. Por la otra banda, Palestina es un "país sin Estado" que reclama independencia, su religión oficial es la musulmana y además su población es racializada, pobre y con escasos recursos. Por si fuera poco, cuenta con un brazo terrorista que para cierto espectro de la izquierda nunca fue un problema para luchar por objetivos políticos. Incluso, ciertos activistas miserables como el siniestro R. Solís los defiende y justifica empatizando de la misma manera en que lo hizo Batasuna de Otegi con los de la serpiente vasca. Pues bien, todo esto es el punto de partida para un activismo que, aún teniendo razón de base en abogar por el fin de la masacre en Gaza que ejerce Israel, peca de la mayor hipocresía y penosa actitud.

Son diversas las acciones en las que los activistas han exhibido más antisionismo que defensa de los Derechos Humanos, más que nada por el furibundo odio que continuamente expresan a la nacionalidad israelí. Demuestran que su guerra de moralidad no va contra el gobierno de Israel por crímenes de guerra sino contra TODA la nación. De hecho, los consideran nacionalsocialistas, equiparándolos con vergonzosos memes al movimiento del famoso ex pintor austríaco. Así por ejemplo, tenemos los intentos de boicot y amenazas a las dos últimas representantes de Israel en Eurovisión (la última sobrevivió al terrible ataque del 7 de octubre), acoso en redes sociales a la actriz de cine Gal Gadot (alguno de ellos instigado indirectamente por la incontinente verbal Rachel Zegler) y qué decir de las presiones de activistas de extrema izquierda en Euskadi, Galicia y Asturias para que ciclistas israelíes abandonasen la Vuelta. Y es que ha llegado a tal punto la imperiosa validación social que llegaron a criticar duramente a la cantante Rosalía por no pronunciarse, en el sentido de que la ausencia de ello equivalía a apoyar a Israel. Es que no se puede ser más sectario. Desde entonces, la artista no ha tenido más remedio que expresar condena para no volver a sufrir una funa. Otras acciones recientes han consistido en performances de dudosa efectividad como la famosa Global Sumud Flotilla con comida y ropa para Gaza que parece más un viaje fin de curso (inventándose ataques con drones para generar victimismo) y "baños solidarios" en el mar con banderitas palestinas en Baleares y Cantabria. En todo esto ha derivado el uso interesado de una tragedia humanitaria y, en síntesis, estos activistas no son sino otra parte más del problema.

Juan Soto Ivars y Arturo Pérez-Reverte, cada uno por su parte, son dos intelectuales que consideran que Netanyahu debe de ser juzgado y preferiblemente por su propio país. A día de hoy, la mayoría de israelíes lo que quieren es la paz y que sus familiares secuestrados regresen a casa sanos y salvos. Por eso muchos no entienden por qué no se establece una paz y ni tan siquiera un alto el fuego. La desconfianza es máxima, pero el gobierno israelí no contribuye tampoco al fin de la guerra. Por otra banda, ambos autores coinciden en que el activismo que dice defender la causa de Palestina hace justo lo contrario y blanquea tanto al terrorismo islámico como el totalitarismo que hay detrás de la religión. Por ello, pese a los ataques cruentos de Israel es muy difícil ocupar un asiento junto a los antisionistas disfrazados de amantes de los derechos humanos. Además, cuando el propio Netanyahu reconoce haber permitido financiación a Hamas para desestabilizar a Palestina mediante fondos provenientes de Irán y Qatar y lo que es peor de la Unión Europea, ¿en qué cabeza cabe posicionarse a favor de su gobierno? Pero no nos confundamos y caigamos en la trampa de la extrema izquierda de odiar a los países y a sus ciudadanos. Son los gobernantes y los terroristas los culpables, no los ciudadanos y menos aún las víctimas.

Y es que, en definitiva, este activismo desnortado de extrema izquierda y que ha contagiado también a la izquierda en España, ha convertido la causa de Palestina y la paz en una dualidad entre el bien y el mal para esconder otros temas y problemas que o bien no le reportan votos (como la inseguridad ciudadana vinculada a la inmigración ilegal y los Menas) o sólo erosionan a su socio para gobernar (la corrupción socialista). Además, también ha impregnado a la tragedia de Gaza de una etiqueta de calidad de forma que toda persona que ose considerarse humana y con corazón debe de posicionarse en el mismo sentido, a pesar de que sus fuentes sean los terroristas de Hamas. Y lo que es más, creerse que los valores de democracia, derechos humanos y respeto a la igualdad LGTBi y hasta lo Queer es compatible con un régimen dictatorial e incluso con la deshumanización de toda una población por el mero hecho de tener la nacionalidad israelí. Ese activismo que se cree salvador de las causas más justas y articula acciones tan constructivas como reventar etapas de la Vuelta ciclista, irse de crucero, hostigar a artistas, romantizar terroristas islámicos e influir en Gobiernos como el de España que ha asumido todos sus postulados. Simple y llanamente porque son su público electoral y porque le ayuda como cortina de humo contra el escenario político nacional. De hecho abrió el curso 2025/2026 con un anuncio de embargo de armas a Israel y ayudas de 150 millones de euros a Gaza mientras las víctimas de la DANA y en La Palma esperan aún.

El futuro y soluciones

La solución al conflicto pasa necesariamente por el reconocimiento oficial del Estado de Palestina pero empleando los cauces formales para ello, esforzándose más en el diseño del acuerdo, más flexibilidad en la negociación y con la firma de la paz definitiva entre Israel y sobre todo la región de Gaza, porque el problema no es Cisjordania. Pero siempre ha de ser irrenunciable la desarticulación y desaparición de Hamas como elemento terrorista. También es necesario que se proceda a la reconstrucción de Gaza con inversión tanto americana como europea. Finalmente, convocar elecciones de manera que exista un gobierno democrático que gobierne ambas regiones. Sin embargo, lo más simple es afirmarlo así tan llanamente, porque el paraíso que supondría eso no parece ni remotamente imaginable a largo plazo, la guerra no parece sino recrudecerse y las partes no parecen ni interesadas en sentarse a negociar. En las mejores épocas, ni tan siquiera en ellas se pudo alcanzar un acuerdo de confianza, seguridad y estabilidad. Además, ni tan siquiera veo factible una amnistía por semejantes crímenes, por lo que necesariamente han de existir condenas ejemplares. Todo esto, sin duda, convierte al conflicto Israel-Palestina en el rompecabezas geopolítico más complejo que existe en el Mundo a día de hoy, peor aún que el de Rusia-Ucrania y sólo nos queda desear que la vida nos de lo suficiente como para algún día ver con nuestros ojos (o escuchar con nuestros oídos) que por fin la Paz sea la triunfadora.