Un Gobierno al servicio de los independentistas: todas sus concesiones

Hace algunas semanas compartí un vídeo de Visual Economik sobre el impacto del federalismo asimétrico en España debido a los privilegios fiscales y económicos de Cataluña, País Vasco y Navarra. Sin embargo, era y es necesario ahondar en la política que desde hace algunos años está aplicando el Gobierno de Sánchez realizando todo tipo de concesiones y regalos a los independentistas con tal de que no les derriben ni fuercen elecciones anticipadas que, según las encuestas, estarían abocados a perderlas. En realidad, ya lo hicieron en 2023, pero en esta ocasión sería de forma abrumadora y alcanzando el PP a sumar con VOX sin necesidad de hipotecarse con separatistas. Y es que para la estabilidad política de España, que no de un gobierno infame que vive de medias verdades como aquí por ejemplo desmonta Juan Rallo, es imperativo que ningún partido independentista adquiera tanta influencia como ostentas ahora y en una España a la que odian pero viven de ella. Por tanto, aún no compartiendo buena parte de la actitud y posiciones de PP y VOX, es vital para España que reemplacen lo que hay actualmente, no existiendo por desgracia ningún partido auténtico de centro liberal hoy día. Pese a ello, estoy plenamente convencido de que con PP y VOX es imposible que vaya a peor la situación actual, por lo que ineludiblemente debe de ir a mejor. Repasemos a continuación hasta qué punto Pedro Sánchez se ha rendido a las soflamas egoístas y antiespañolas de los independentistas, tanto los radicales como supuestamente moderados.

Todo comienza con la famosa Mesa de negociación que se creó en 2020 como exigencia tras la investidura de 2019, cuyo objetivo último  era establecer un acuerdo para un referéndum consultivo en Cataluña y con participación exclusiva del Gobierno de España y del de la Generalitat. En el seno de estas reuniones se aprobaron TODAS las medidas que vienen a continuación, algunas en vigor y otras en proceso. La única que se quedó aparcada fue el famoso referéndum, lo cual teniendo en cuenta todo lo que le van concediendo, ¿por qué debería de entenderse descartada?

Indulto a los políticos y líderes condenados en el marco del proceso soberanista. En octubre de 2019, a un mes de la repetición de las elecciones generales de abril, el Tribunal Supremo (TS) condenó por sedición y malversación y con varios años de cárcel a nueve líderes independentistas catalanes por el referéndum ilegal de dos años antes y la siguiente declaración de independencia. En menos de dos años, en junio de 2021, se concedió mediante Real Decreto del Consejo de Ministros el indulto parcial manteniendo la inhabilitación de cargo público y salieron en libertad tras tres años en prisión. El Gobierno de Sánchez recurrió como excusa al principio de "utilidad pública" y basándose en reducir la tensión política y social y fomentar el reencuentro entre Cataluña y el resto de España a través del diálogo y "desjudicializar el conflicto". Sin embargo, ninguno ha mostrado arrepentimiento y sobre todo los que no eran políticos como Jordi Cuixart. Personalmente y a toro muy pasado, pienso que el mayor error fue regalarles el victimismo en 2017 por parte de Rajoy, pues lo más aconsejable hubiese sido simplemente anular el resultado al día siguiente de su pantomima de consulta popular que no fue votada ni por todos los electores independentistas. Sin embargo, para esta gente y me refiero a los políticos, esta medida de gracia absolutamente ad hoc se quedaría corta, como era de esperar.

Reforma del Código Penal. En diciembre de 2022, se suprimió el delito de sedición y se sustituyó por el impreciso "desórdenes públicos agravados" pasando las penas máximas de 15 años hasta 5 aplicándose sólo si existiese violencia o intimidación grave. Al año siguiente se reformó el de malversación distinguiendo si existió o no ánimo de lucro. Es decir, separa los posibles beneficios políticos de los personales y económicos. El Gobierno se excusó en que trataba de modernizar la legislación penal y adaptarla a los estándares de los países de la UE, dado que como tal no existía. Sin embargo, esta peregrina argumentación escondía que fueron las exigencias de ERC para poder aprobar los Presupuestos Generales de 2023, los únicos que han salido adelante en estos siete años. Individualmente, esto benefició a Romeva y a Junqueras e indirectamente a Carles Puigdmont, dado que no sólo le proporcionó más margen de maniobra sino que reventó la Euroorden y con ello las posibilidades de extradición. De nada sirvieron las críticas del Tribunal Supremo ni de algunas asociaciones judiciales ni de la sociedad civil que advertían de la peligrosidad de convertir el Código Penal en un arma al servicio de los pactos políticos. Y, con todo, la mayor humillación aún estaba por llegar.

Ley de Amnistía. Tras las elecciones de 2023 y con el objetivo de sumar todos los apoyos parlamentarios en el Congreso necesarios para su investidura, Pedro Sánchez dió un paso más hacia delante en su rendición al independentismo. Después de los indultos y la reforma del Código Penal, no era aún suficiente y los separatistas exigían la supresión de toda responsabilidad penal, civil y administrativa y anular las condenas. Es decir, demandaban que se borrasen todos los delitos como si no hubiesen existido. Pero aún había más, Junts ponía sobre la mesa como condición una amnistía general para todos los encausados en el marco del procés e incluso una negociación internacional. 

En mayo de 2024 entró en vigor, pero con un ámbito temporal sorprendente: nada menos que desde 2012 (poco después de que tomara posesión Mariano Rajoy y hasta el 13 de noviembre de 2023. Esto benefició no sólo a políticos de ERC y Junts, sino también líderes activistas como los Jordis, mossos d'Escuadra, ciudadanos implicados en protestas y altercados y finalmente funcionarios, agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Se optó por un criterio restrictivo de exclusiones, estableciendo entre ellas actos terroristas con intención de causar violaciones graves de derechos humanos y que al mismo tiempo serían interpretados protegiendo los destrozos perpetrados por la CUP y sus cachorros. Pese a argumentar el Gobierno que existían otras amnistías europeas en reconciliación política, el Tribunal Supremo y muchos juristas entienden que la amnistía viola el principio de igualdad ante la Ley y la separación de poderes, pues el Ejecutivo aprovecha una mayoría parlamentaria con todos los independentistas para deslegitimar al Poder Judicial. En junio, el Tribunal Constitucional mediante la "mayoría progresista" que básicamente consiste en los vocales puestos por el PSOE y sus socios, validó la Amnistía con la base insulsa de que "lo que no se prohíbe expresamente es constitucional". Actualmente, como hay que plantear caso por caso, algunos jueces han recurrido al TJUE como cuestión prejudicial. Y es que recientemente Europa ha echado una colleja al respecto.

Condonación de deuda de Cataluña. En noviembre de 2023, en el mismo marco para la investidura de Pedro Sánchez junto con la Amnistía, se acordó la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) más 1.300 millones en intereses. Precisamente fue Cataluña la comunidad autónoma que más dinero solicitó y por tanto se endeudó a través de este mecanismo de financiación regional que creó Rajoy (de aquéllos barros, estos lodos) sobre todo a raíz del avance del Procés y del descenso de calificación crediticia. Y aún así, lo sigue haciendo. En términos globales, esta condonación supone un 20% para Cataluña y supuestamente se extiende la posibilidad de acogerse a la condonación a otras CCAA, pero no es más una tapadera de un procedimiento que beneficia a Cataluña al no aplicarse los mismos criterios y basarse más en la negociación política que en parámetros objetivos sin ni tan siquiera haber consultado al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Transferencias de competencias. La más polémica y que todavía no ha entrado en vigor pero sí se ha anunciado es la de inmigración. Supuestamente es una competencia exclusiva del Estado según la CE de 1978, pero el Gobierno Sánchez les ha prometido que gestione la Generalitat las expulsiones de extranjeros, asuma la gestión integral de los CIE, los mossos se encarguen de la seguridad en puertos y aeropuertos e incluso expida los NIE. Esto se une a que en el último reparto de Menas se haya excluido a Cataluña junto con el País Vasco por supuestamente estar masificados los centros de internamiento de inmigrantes, mientras que unas pocas comunidades del PP se llevan a más de la mitad. Esto sin duda repercutiría en una cesión de fronteras y que Cataluña decida qué inmigrantes y cuántos deben de entrar o salir. Algo que se le antoja inconstitucional a los expertos, pero en el Gobierno ya cuentan con el Alto Tribunal a su servicio para declarar la conformidad cuando en el futuro entre en vigor ese traspaso de titularidad de competencia disfrazado de cesión de ejercicio. 

Por otra parte, el Estado ha prometido ceder a la Generalitat la titularidad y gestión integral del servicio ferroviario de cercanías (Rodalíes), afectando a personal, infraestructuras y planificación, aparte de destinar 6.000 millones de euros en inversiones ferroviarias. Esto también entró en el marco de investidura de 2023 y en 2024 se publicó el acuerdo técnico de traspaso progresivo de manera que la red de trenes de cercanías y regionales pasará de ser gestionada por RENFE y ADIF a la Generalitat rompiendo la unidad del sistema ferroviario. Con todo y pese a la millonaria inversión, los independentistas exigen la propiedad de las infraestructuras. De momento, en 2026 asumirían la planificación mientras que actualmente son competencias administrativas.

En cuanto al País Vasco, destaca la gestión del ingreso mínimo vital privilegiando frente a otras regiones que lo demandaron, la tutela de menores inmigrantes, la gestión de prisiones en el marco de acercamiento de presos y el transporte ferroviario al mismo estilo de Cataluña, mientras que queda pendiente para el futuro la gestión de la Seguridad Social en su totalidad incluyendo la económica.

Sucesivos intentos de oficialidad de lenguas regionales en la UE. Ya introdujeron desde la presente legislatura que se pueda intervenir íntegramente en cualquier lengua autonómica en el estrado del Congreso o del Senado, contratando traductores que por el pinganillo traducirían a cualquier persona lo que está diciendo. Y a pesar de ello no les es suficiente, sino que quieren imponer lo mismo en la Unión Europea. Concretamente, el acuerdo establece que los textos legales se traducirían, se podrían usar las lenguas en intervenciones oficiales en cualquier institución, los ciudadanos podrían remitir comunicaciones y recibir respuestas en dichas lenguas y, lo que es más, sería una de las lenguas de trabajo y publicación de documentos oficiales al nivel del español, francés o alemán. Sin embargo, la modificación del Reglamento 1/1958 por el que establece las lenguas oficiales precisa de unanimidad de los Estados Miembros. Ni tan siquiera rogando el ministro de Asuntos Exteriores que cubriría España todos los gastos económicos (sufragados con nuestros impuestos, una vez más), ha conseguido el apoyo de todos y se ha rechazado someterse a votación tres veces. Destaca en especial Alemania en la oposición, junto con Francia, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Irlanda, Bélgica y Dinamarca. Tienen dudas pero con un semáforo amarillo Croacia, Chequia, Austria y Polonia y sólo la apoyan con firmeza Luxemburgo, Malta y Chipre. Las críticas no ya por no abrir el melón de otras lenguas regionales en Europa como el bretón, el corso, el flamenco o el sardo, sino porque la lengua se use como arma política en otros procesos. 

Revisión del cupo vasco y condonación de la deuda. En 2021, en el marco de la negociación de los PGE para 2021 y 2022 se acordó entre el Gobierno y el PNV tanto incrementos en la capacidad normativa tributaria como una nueva metodología de cálculo del Concierto Económico Vasco y fijaron su cuantía hasta 2026, de manera que el gobierno vasco abonaría al Estado unos 1.472 millones de euros anuales de media. Esto le permite crear nuevos tributos y aplicar deducciones a impuestos estatales con más libertad que otras CCAA, lo que puede repercutir en un dumping fiscal interno. Sin embargo, no es lo más preocupante sino la opacidad y falta de transparencia del modo de cálculo del cupo y se entiende subestimado, entre otras cosas por los ajustes que se realizan condonándose más de 200 millones de euros de deuda. Este cupo se calcula aplicando un coeficiente de imputación de aproximadamente el 6,24% al gasto del Estado no transferido a Euskadi y se basa en criterios de PIB, población, consumo y recaudación pero sin actualizarse periódicamente, de manera que favorece la acumulación de desajustes. La Ley 10/2023 aprobó la nueva metodología en apenas unos pocos artículos. Sin duda, el cupo vasco fue el gran coladero de la Constitución de 1978 para contentar a un separatismo vasco que no ha dejado de estirar el chicle.

Nuevo régimen de financiación singular de Cataluña. La insaciable voracidad del régimen nacionalista que sigue gobernando Cataluña en la sombra a través del títere Salvador Illa no tiene fin. Y lo más reciente que exigen es un régimen de financiación propio que la Constitución de 1978 no reconoce, exactamente lo mismo que pidió Carles Puigdemont a Mariano Rajoy poco antes de estallar el procés en 2012. Lo que proponen es que todos los impuestos que recaude Cataluña se queden en Cataluña, de manera que su contribución sería al estilo del cupo vasco con una estimación (muy probablemente a la baja) sobre los servicios que el Estado presta allí. Esto impactaría con un descenso formidable del PIB de España, mientras que Cataluña avanzaría en una independencia de facto sin renunciar a los servicios y beneficios centrales.

Normalización de Bildu. Se ha normalizado a Bildu y al que fuera líder del brazo político de ETA Arnaldo Otegi como interlocutor habitual de Gobierno de España, habiendo dado apoyo a los Presupuestos y a normativas clave como la intervención del mercado del alquiler mientras que agrega condenados a sus listas electorales.

Consecuencias políticas. A cambio de asegurar la continuidad del PSOE al mando del ejecutivo, la enorme dependencia del Gobierno de España y su estabilidad respecto de los independentistas ha complicado enormemente alcanzar acuerdos de Estado ni consenso en puntos clave como la financiación autonómica, el modelo territorial, la política Exterior, la política de Defensa y no digamos la reforma de la Constitución. La percepción generalizada es que imperan privilegios fiscales y políticos en favor de los comunidades dominadas por los nacionalismos periféricos frente al resto de España, desplazando el centro de gravedad del poder institucional del Parlamento nacional a la negociación con unos actores muy concretos. Es más, esa sensación de discriminación puede repercutir en un efecto contagio de otras regiones ya tengan actores políticos singulares o no. Sin duda, han sido los partidos independentistas los que han visto reforzadas sus posiciones en sus respectivas regiones y, lejos de retroceder, se han visto legitimados en sus aspiraciones, por lo que se han sentido respaldados para seguir y seguir exigiendo a un Gobierno débil y atado de manos y pies a ellos. Además, institucionalmente también está afectando a tensiones entre muchos órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el TS, el TC y la Fiscalía General del Estado y qué decir al principio de igualdad ante la Ley y la Seguridad jurídica.

Por supuesto, esto no le está resultando gratis al PSOE, que si bien le ha servido para alcanzar el poder en Cataluña le ha propiciado un desgaste importante en varias autonomías como Castilla La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Murcia, Madrid (todavía más) e incluso Comunidad Valenciana, a pesar del balón de oxígeno por la pésima gestión de la DANA por parte de Carlos Mazón.

En definitiva, por todas estas sucesivas rendiciones, es urgente derrotar a la banda de Sánchez y que el nuevo Gobierno se constituya sobre la base de partidos con intereses estatales y no autonómicos ni independentistas, pues que la estabilidad política, económica y social dependa de estos no es más que un regalo a sus intereses que ni tan siquiera repercute en sus ciudadanos regionales.

Las fechorías de Cristóbal Montoro que el Gobierno Sánchez validó

Mientras siguen cada día apareciendo nuevas noticias y desarrollándose la investigación de las distintas tramas corruptas que asolan al PSOE de Sánchez desde los inicios de su mandato y muy especialmente en tiempos de la crisis del Covid-19, recientemente ha estallado un caso que afecta al PP de tiempos de Rajoy. Es decir, una investigación que afecta al Gobierno anterior al presente y cuya cúspide es Cristóbal Montoro, aquél nefasto Ministro de Hacienda de 2011 a 2018. Al parecer, este personaje habría tejido una red en su departamento para cobrar una serie de mordidas a empresas sobre todo del sector del gas a cambio de ventajas fiscales. Es sin duda un escándalo que no debe quedar impune para nadie. Sin embargo, hay que recordar que ya hubo medios de comunicación y no precisamente afines a ideas socialistas que destaparon en su momento este escándalo en el año 2017, constando tanto amenazas a Carlos Alsina de Onda Cero como a Javier Chicote de ABC. Si esto da una idea de la maldad de este político, se sorprenderán cómo, si bien no así de que se utilice políticamente por la prensa sincronizada como escudo ante la creciente información sobre la corrupción socialista, las medidas más vergonzosas y perniciosas que fueron perpetradas por este ministro NO han sido revertidas hasta la fecha. Es decir, tanto que se proclama como progresista este Gobierno no ha hecho sino validar y mantener muchas de las polémicas reformas de impuestos, lo que nos da una idea de que no debió de parecerle una labor reprochable. Vamos con las 5 más relevantes:

Supresión de la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual. Desde el 1 de enero de 2013, nadie que compre en propiedad una vivienda puede deducirse el préstamo hipotecario. Hasta entonces, era posible deducirse hasta un 15%. El argumento fue que contribuyó a generar la burbuja inmobiliaria, una excusa absolutamente delirante cuando en realidad el problema fue la irresponsable concesión de créditos y un crecimiento de la oferta demasiado enorme en el corto plazo. Las familias que pagan hipoteca cada vez ahorran menos y sobre todo las familias y los más jóvenes, por lo que esta deducción debería de volver. Sin embargo, el gobierno socialista prefiere quedarse con el dinero. Es imposible de cuantificar cuánto ahorro les ha robado a los españoles tanto el PP de Montoro como el PSOE de Montero en todos estos años.

Supresión de la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual. Se eliminó el 1 de enero de 2015 y permitía deducirse hasta un 10% de la renta pagada al año, lo que beneficiaba a los inquilinos con salarios más modestos. Por el contrario, se mantenía una reducción del 60% sobre el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual, lo que repercutía positivamente a los arrendadores y fomentaba ese alquiler. Sólo algunas autonomías como las más tensionadas que son Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía han introducido algunas deducciones en favor de los inquilinos. Diez años más tarde, el PSOE ha entendido que traía más a cuenta aprobar el vergonzoso Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que indirectamente instaura la categoría de los "inquiokupas" al favorecer que puedan constituirse como grupos vulnerables. Básicamente prefieren darle esos privilegios a los impagadores que incentivar el alquiler, de manera que mantener la reducción antes mencionada es irrelevante con los peligros que han validado. 

Subida del IVA al 21%. En septiembre de 2012, entró en vigor la fuerte subida de un impuesto que afecta a absolutamente todos los españoles con independencia de sus ingresos y patrimonio, el Impuesto sobre el Valor Añadido. Se subió el general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10% en plena crisis económica que afectó tanto a empresas como a ciudadanos con la excusa de combatir el déficit público y responder a exigencias de la Comisión Europea en lugar de recortar el gasto como haría un Gobierno supuestamente liberal. Esto afectó especialmente a la hostelería, a los transportes y a la alimentación y por ende al consumo interno, agudizando la crisis al generar una inflación que seguramente era lo que buscaba Montoro. Y es que la inflación precisamente reduce el valor de la deuda pública y permite financiar el déficit público mediante la emisión de moneda, como ha explicado el profesor Rallo en muchas ocasiones. Desde entonces, NO se ha revertido ese 21% que se ha consolidado ya como estándar

Fondo de liquidez autonómico (FLA). Tras la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el Real Decreto Ley 21/2012, de 13 de julio, se aprobó  por el gobierno Rajoy se convalidó en el Congreso por mayoría absoluta para reforzar el control del gasto público emitido por las autonomías limitando su acceso al endeudamiento en los mercados financieros. El Estado era ahora el prestamista estableciendo planes de ajuste fiscal y préstamos a bajo interés, pero a cuenta de recentralizar y castigar o premiar según intereses políticos, enganchar y convertir en dependientes a algunas regiones como el caso de Murcia y sin que el sistema de financiación se adapte desde 2009, de manera que el ejecutivo del PSOE ni se ha planteado modificar nada más que para beneficiar a sus socios. Muy especialmente Cataluña con su financiación singular. Por lo tanto, al PSOE le interesa seguir controlando autonomías según se alineen o no con sus objetivos políticos, por lo que ha preferido no dejar pasar la oportunidad.

Modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero. Mediante Real Decreto 1558/2012, obligó a los residentes fiscales en España a declarar bienes en el extranjero de coste superior a 50.000 € referidos a dinero en cuentas bancarias, inmuebles ó activos financieros. En principio, su carácter era sólo informativo, pero su omisión acarreaba sanciones que violaban nada menos que el principio de proporcionalidad, el de prescripción (eran imprescriptibles) y hasta el de presunción de inocencia. En enero de 2022, tras no haber hecho nada el PSOE por revertir esto ni anularla, España fue condenada por el TJUE por considerar ilegales esas sanciones por los motivos anteriores aparte de contrarias a la libre circulación de capitales, por lo que finalmente tuvo que suavizar la regulación. Es decir, al socialismo no le parecía mal ni disponer de esa información que pudiera ser usada con fines interesados ni tampoco el saqueo a sanciones hasta que Europa terminó condenando, a pesar de que desde años atrás ya existían informes que lo advertían.

En definitiva, si el gobierno Sánchez se avergüenza de Cristóbal Montoro, mejor que se miren a ellos mismos y rompa con lo que todavía no ha suprimido de su legado. O mejor dicho, que recupere derechos para los ciudadanos y empresas y autonomía para las Comunidades Autónomas, no castigos para los primeros y privilegios y represalias para estas últimas.

(Fuente de la foto: El País)

Lo de Torre Pacheco: el peligro de la generalización y el reduccionismo

En los últimos días, la localidad de Torre Pacheco de la Región de Murcia a la pertenezco ha estado en el foco de las noticias desde que saltó el suceso de que un grupo de magrebís asaltaron a un hombre de 68 años que paseaba. Sucedió el pasado jueves 10 de julio a plena luz del día y el jubilado fue víctima de una paliza propiciada, al parecer, por sólo una persona. Sin embargo, el resto de personas de número indeterminado habrían colaborado en encubrir la agresión y destruir pruebas tras haber grabado el espectáculo, tal vez en el marco de algún posible reto viral. En declaraciones a la prensa, la víctima de nombre Domingo dio estos datos que por el momento, junto con las investigaciones policiales han dado con la detención de dos de las personas del grupo y el agresor estaría muy probablemente identificado. Ahora bien, la historia no acaba aquí, puesto que estos hechos han puesto también en la agenda pública dos circunstancias: una, la inseguridad ciudadana que los vecinos de Torre Pacheco vienen sufriendo desde hace mucho tiempo y ligada (por mucho que se esconda) a la inmigración ilegal y dos, el efecto gasolina que están aportando grupos ultras que ni siquiera son del pueblo y han iniciado una cacería que retroalimenta violencia.

Por consiguiente, mi objetivo del presente post es establecer una reflexión sobre lo que está pasando, puede estar pasando y qué puede hacerse para evitar que siga escalando. En primer lugar, como ya he mencionado en varios de mis posts, tenemos un problema muy serio con una parte de la inmigración. Repito, con UNA PARTE. La izquierda tiende a pensar y difundir, en su atalaya moral, que la inmigración masiva es buena, que sirve para pagarnos las pensiones, que ningún ser humano es ilegal y que no deberían de haber fronteras. Sin embargo, ese relato emocional y sentimental se les cae ante cualquier examen racional de la situación. Una explicación sencilla, por ejemplo, es que toda África no cabe en España. Del mismo modo, no hay trabajo para todo el mundo incluso para esos puestos de trabajo de escasa cualificación que repiten como arma arrojadiza cuando en realidad están incurriendo en un clasismo vergonzoso. Además, no existe ningún problema con aquellos inmigrantes que vienen arriesgándose la vida, consiguen un trabajo, aportan a la sociedad y traen a sus familias para tener la vida próspera que el monarca absolutista de Marruecos o de otros países antidemocráticos no les permite. No, el problema no existe con el inmigrante que se integra en la cultura y sociedad española y sigue practicando la suya en el marco del Derecho español y los principios y valores democráticos. El problema está en el que pretende imponer su cultura y sobre todo aquello que es incompatible: los delincuentes y agresores sexuales.

La existencia de un porcentaje de inmigración delincuente o, dicho de otra forma, la delincuencia importada, es una amenaza que nos afecta a todos: españoles de origen, extranjeros nacionalizados y extranjeros integrados. Y es que los datos estadísticos, teniendo en cuenta la proporción que ocupan en el censo, son demoledores, como sucede por ejemplo en Barcelona con los hurtos y robos con violencia, e incluso con las agresiones sexuales a nivel nacional con particularidad en las acciones en manada. Por otra parte, algunos de los centros de Menas gestionados por las autonomías reportan problemas de seguridad ciudadana, como por ejemplo en Navarra o en Alcalá de Henares. Esto, sin duda, es lo políticamente incorrecto. Por supuesto, sería necesario un análisis más preparado para determinar el por qué de esta relación en la que probablemente influyan variables que en realidad no cumplen la mayoría de extranjeros inmigrantes que residen en España pero que sin duda producen perjuicios considerables. Me refiero a condiciones de profunda desintegración con la comunidad democrática y social de España, vinculación a culturas o subculturas nocivas despreciativas hacia la mujer (no menos importante) y carencia total de recursos para subsistir. Y en estas tres variables, la entidad responsable es la misma: el Gobierno de la Nación y su falta de responsabilidad por no aplicar un modelo inmigratorio más regulado y controlado, a pesar de que le encanta intervenir en absolutamente todas las esferas de la vida económica, social y cultural. La cuestión, a priori, es clara: se debería deportar a todo aquél que cometiese delitos penales y no dejar  ni entrar a aquellos que ya traigan su "mochila". Pero lamentablemente, una izquierda que tarda poco en sacar la carta de la solidaridad, la del "fascismo de ultraderecha" y el mantra de que "huyen de la guerra" ha contaminado buena parte del discurso del PP incurriendo en el buenismo. No hay que olvidar, por cierto, el atentado yihadista cometido en 2021 en una pedanía del municipio, en Roldán.

Sin embargo, el que no se gestione la inmigración como una política pública compleja no sólo tiene como efecto que se tenga manga ancha tanto con la inmigración ilegal como con la inseguridad vinculada a la misma, sino también el problema de que grupos de ultras aprovechen para encender la mecha e incitar al odio no contra los delincuentes sino directamente contra el inmigrante. ¿Les suena esto a algo? ¿No les suena al señalamiento contra todos los hombres por parte del feminismo institucional que tanto daño está haciendo enfrentando a hombres y mujeres y entre los mismos sexos? ¿O a la estigmatización de todo el personal de la Iglesia Católica por los casos de abusos sexuales? Pues la misma injusticia es, le pese a quién le pese. Y nadie me va a bajar de ahí. La generalización injusta e interesada para pretender imponer un relato no es sino una narrativa falaz, peligrosa y antidemocrática. Igual que creer que todos los que voten a Vox o sean cercanos a él como Revuelta son fascistas o nazis o deban ser aislados sin distinción alguna según Cristina Fallarás. Además, esta reducción al absurdo contribuye a intentar desacreditar las manifestaciones y movilizaciones pacíficas de protesta de los vecinos afectados durante tantos años. Y más absurdo es incurrir en el viejo mantra clasista de "¿quién desempeñaría los trabajos manuales menos pagados?" cuando en realidad trabajan inmigrantes legales que no dañan la convivencia y, si es que existe explotación de sin papeles, ¿a qué esperan esos hipócritas "progresistas" para denunciarlo?

No puede obviarse que se han difundido muchos bulos, cuyo resumen puede leerse aquí. Se compartieron vídeos que no eran de la agresión, entre otras razones porque la víctima ni llevaba la camiseta que se veía. Se compartieron fotos de los cinco presuntos agresores, cuando ni tan siquiera se sabe cuántos eran. Incluso se inventaron una agresión similar en El Algar (Cartagena) que fue desmentida. Al margen de ello, durante este fin de semana se ha podido ver como, tras una manifestación celebrada el sábado por la mañana contra la violencia y por la seguridad, se ha degenerado en cacerías en las que españoles se han enfrentado a inmigrantes. Verdaderamente me ha causado mucha tristeza escuchar a algunas personas de mi edad o más jóvenes profiriendo a gritos unos mensajes de odio incalificables. También digo que no se sabe a ciencia cierta si existió algún tipo de provocación y falta contexto, pero sí se conoce que vino mucha gente de fuera y se han producido importantes altercados. En uno de ellos, se golpea el vehículo de unos inmigrantes machacándole la luna delantera y abollándole las puertas, echándole en cara que "se había equivocado de calle". Otro de los incidentes fue incluso reportado en directo por el comunicador David Santos y propietario del medio web La Bandera. Al parecer, un grupo de ultras había entrado en un establecimiento Kebab y produjo daños y destrozos materiales con una barra de hierro que mostraron. Lamentablemente, muchos de los comentarios del chat acusaban de simulación de ataque, cuando verdaderamente en ninguna cabeza cabría que hubiesen reventado su propio establecimiento negocio. Puede verse a partir del minuto 37 de ese vídeo en directo. Hasta el día de hoy lunes han sido detenidas 8 personas. Dos implicadas en la agresión, cinco españoles por disturbios y agresiones y un marroquí por el mismo motivo.

¿Y qué reacciones políticas existen ante todo esto? Pues desde el pasado fin de semana el Alcalde de Torre Pacheco pide sensatez y que el Gobierno les dote de más Guardias Civiles. En la misma línea se ha declarado López Miras, si bien los partidos de la izquierda han aprovechado para señalar al PP y Vox, destacando al Ministro Marlaska e incluso mintiendo los regionales al señalar que el Gobierno regional no condenaba las acciones. Más le valdría a la izquierda mirarse un poco en el espejo y sobre todo a la más radical por un suceso concreto que recuerda a ellos. Resulta que un altercado específico que sucedió fue la "agresión" a un periodista de la Sexta que, en realidad, se refiere a que le cogieron el micrófono y se lo estamparon en el suelo. Exactamente lo mismo que han animado a hacer contra Vito Quiles personajes como el periodista Antonio Maestre o el ex-político, empresario y charlatán Pablo Iglesias que lo llevaron a la práctica o Lucía Muñoz (Podemos) que animó públicamente. También lo hizo en su día Ana Pardo de Vera con Bertrand Ndongo. Por lo que sea, a la Sexta sí le parece una agresión antidemocrática hacerlo contra ellos y denuncian por un micro que costó más de 600 euros. Sin embargo, cuando es a un calificado "pseudomedio" ya no le interesa recriminar la acción. En verdad, poco se habla del terrorismo informativo que retuerce una situación problemática para esconder una situación de la que la política tiene mucha culpa y la reduce a "vecinos xenófobos". Otro ejemplo lo representa El Diario.es, que apunta directamente al PP acusando al Alcalde de no tener datos cuando obviamente las circunstancias de la inseguridad en Torre Pacheco las conoce de buena mano la Policía Local y los vecinos desde hace años. El problema existe, mucho antes de la agresión del 10 de julio.

Como puede verse, interesa más la lucha política y el relato que la solución del problema. Tan absurdo y estéril es recurrir al mantra de la ultraderecha para tapar la inseguridad que causa parte de la inmigración y que no desparece porque acudan radicales a liarla como a disculpar a estos porque supuestamente vienen a salvar al pueblo. No. Esa gente no viene aquí a resolver nada sino lo único que hace es prender la mecha. Ahora bien, ¿quién los dirige? no tengo tan claro como los socialistas y sus socios de que sea Vox, si bien como ya mencioné recientemente la política de comunicación de este partido está muy poco trabajada y además choca con las manipulaciones y bulos de la izquierda. Esos bulos que al parecer son los permitidos y que pocas agencias de verificación se atreven a contrastar. Ahora bien, si tengo que hacer referencia a alguien externo que hace tiempo que está siendo una sombra de lo que fue y que no demuestra ser el lápiz más afilado del estuche, ese es Dani Esteve. Mensajes como este son peligrosísimos y no ayudan a nada. En cambio, David Santos, Rescue You y mañana Vito Quiles han venido o vendrán a comprobar la situación y a hacer periodismo alternativo sin agitar a los vecinos. Por otra parte, sospecho que como "grupos ultras" se está intentado añadir sibilinamente otra vez a Revuelta, asociación simpatizante de Vox a la que la izquierda no le perdona haber ayudado sin ningún tipo de distinción durante la DANA de Valencia, equiparándola injustamente con Hogar Social Madrid que claramente sí responde a ser una entidad ultra y discriminatoria.

En definitiva, ¿qué hay que hacer para parar esto? hay mucho trabajo por delante y lo primero pasa por replantearse el modelo inmigratorio. Como ya dije, echen por lo menos un vistazo a Meloni en Italia. Ha de ser consensuado por los partidos mayoritarios, pero es muy difícil cuando están sujetos a las influencias de los populismos. Pero no vale con cerrar el grifo como reducir incentivos que inducen a un efecto llamada y saber cuándo y cómo hacerlo, sino tratar de asegurar la integración de los inmigrantes que vengan. No favorecer ni promocionar guetos. No extender la nacionalidad así como así. Saber aplicar la mano dura cuando toca y expulsar a los que delincan, muy especialmente a los que infrinjan el Código Penal. Porque aquí en España, en Murcia, en Torre Pacheco y en cualquier otra localidad queremos gente que aporte, sume en la convivencia y se esfuerce por integrarse sin necesidad de renunciar a su cultura en lo compatible con los valores occidentales democráticos. Tampoco queremos que la gente desinformada incite al odio al extranjero, porque eso ya no es racismo sino directamente xenofobia. No puede generalizarse gratuitamente contra el inmigrante al igual que el feminismo institucional contra el hombre. Sin embargo, parece muy difícil y más que nunca poner de acuerdo a los partidos mayoritarios. Y es que lo peor y por encima incluso de los ultras y los inmigrantes delincuentes son los políticos que usan a un bando para exhibir su relato político. Y no es ya que el problema público se hace bola de papel y no se ataja, sino que además se usa para desviar la atención de las noticias estrella del momento: la corrupción de mordidas del PSOE y los negocios de la prostitución de los que se habría beneficiado el Presidente del Gobierno.

(fuente de la foto: La Opinión de Murcia)

La Oposición en España: puntos débiles y qué mejorar para una alternativa eficaz

Respecto a política nacional, suelo hablar más del Gobierno de España por razones obvias, que son básicamente el hecho de que ostente el poder (y cada vez más por razones formales y fácticas) y su entorno de corrupción generalizada que se está extendiendo y que parte desde el propio PSOE. Sin embargo, es preciso echar un vistazo a la situación de la oposición que es la única que puede desalojar a uno de los ejecutivos más infames que se recuerda en la historia democrática de España que va a cumplir 50 años en 2026. Actualmente son el PP y Vox. No cuento al partido populista SALF, aunque muy probablemente colará al menos un diputado, por su tufillo pro Putin y sobre todo por su ausencia total y absoluta de un programa político. Con todo, echo mucho de menos al último partido al que pertenecí, Ciudadanos. Es más, estoy convencido de que este lamentable escenario de corrupción y polarización máxima sería el más propicio para que Albert Rivera y su equipo alcanzase la presidencia del Gobierno. Es muy triste que la gran oportunidad haya venido desacompasada y hoy día el partido naranja no sea ni una sombra de lo que fue en su día. Dan ganas de llorar sólo de pensar lo que tenemos para expulsar al autócrata de Sánchez, pero... ye lo que hay. En fin, entremos en materia.

El PP tiene a un líder que en Galicia obtuvo varias mayorías absolutas, pero que trasladado al contexto nacional no parece capaz de exportar ese carisma. Es cierto que no le ha costado mucho superar a un Pablo Casado absolutamente desubicado en su momento, que llegó a hundir al partido en los 66 escaños y enterró su carrera política por un pulso perdido con Isabel Díaz Ayuso y una polémica con su hermano que se desmontó en segundos. Fue en 2022 cuando Casado y Egea se tiraron a la piscina sin agua y Alberto Núñez Feijoo cogió el testigo. Personalmente, no me parece un líder inteligente para nada, sino que tira del argumentario de siempre del PP y va a remolque del hundimiento de la credibilidad del gobierno Sánchez. En cambio, Ayuso sí que encarna al antiSanchismo, lideró una gestión alternativa del COVID que se refrendó en dos mayorías absolutas y es un verso suelto en el PP con muchos adeptos incluso fuera de habituales votantes. Algo similar es la excelente oradora Cayetana Álvarez de Toledo, pero en un plano de popularidad más secundario. No es menos cierto que Ayuso es detestada en mucha mayor proporción por la izquierda en comparación con Feijoo y eso normalmente suele ser algo más positivo que negativo, más allá de las mentiras que se han dicho sobre ella asumiéndole la responsabilidad de un número de muertes en las residencias de Madrid que controlan tanto como ignoran las del resto de 49 provincias de España. Por el contrario, Feijoo no se atreve a cuestionar muchas de las políticas socialistas (como las del feminismo impostado y el modelo inmigratorio) como tampoco el creciente gasto público, definiéndose falsamente liberales cuando ni tan siquiera lo cumplen reduciendo impuestos y ya no digamos desde la perspectiva social. Y lo que es más, que tampoco están para dar muchas lecciones contra la acaparación del poder y la corrupción a pesar de que los socialistas tienen más experiencia y les superan en ese sentido.

VOX por su parte sigue teniendo la misma cabeza que le dirige desde 2019 que fue su momento de eclosión, cuando la llegada del "Frankenstein" de Pedro Sánchez y su banda tras la moción de censura exitosa de 2018. Seis años parece mucho tiempo para alguien como Santiago Abascal que todavía no ha llegado a ocupar puestos de gobierno. Si bien Aznar y Rajoy tardaron 7 cada uno, en el caso de este partido estamos hablando de una formación estrechamente (y tal vez demasiado) ligada a su líder siendo el más valorado entre los votantes propios. Al margen de ello, en el desarrollo del relato supieron ganarle el pulso a Ciudadanos como partido alternativo por su marca ideológica mucho más definida y robusta, que además fue impulsada y favorecida por la creciente polarización política. 

Además, han contado con la labor de portavocía mediática o comunicación externa de muchos influencers en plataformas de YouTube y Twitch que simpatizan y difunden el mensaje de VOX y sus cargos. Sin embargo, pese a la ayuda de los creadores de contenido, los dirigentes del partido no han sabido modular una mejor estrategia de comunicación interna para desacreditar las acusaciones de "extrema derecha" y ni tan siquiera se han esforzado en dar motivos para desmontarlas, puesto que han sacrificado la vertiente liberal (ejemplo Iván Espinosa de los Monteros) para centrarse en la nacional-conservadora (por ejemplo Jorge Buixade), que consiste en aplaudir todo lo que haga Donald Trump y demonizar a la Unión Europea cuando el problema son los burócratas de Bruselas. Es decir, al igual que en España el problema no es la propia España sino su Gobierno nacional. En varias ocasiones han invitado al presidente de Argentina Javier Milei, pero su política liberal libertaria y su brillante gestión económica no tienen nada que ver con VOX y flaco favor, de hecho, le hace a éste el relacionarse con los conservadores españoles. Sólo se parecen en que se oponen al socialismo, que no al intervencionismo que siguen defendiendo los de Abascal.

El PP no ha podido hacer con VOX lo que logró años antes con Ciudadanos, porque ni tan siquiera se ha esbozado mínimamente el escenario propicio para ello: se aprovecharon de un partido próximo en términos programáticos pero en barrena, con descenso súbito de confianza en el electorado, débil de ideología por ausencia de banderas claras y fuertes, una calamidad en términos de comunicación, con una pésima estructura organizativa interna, dotado de un reducido equipo de palmeros frente a una enorme cantidad de militantes desafectos y para colmo sin populares creadores de contenido que los apoyasen. Los azules tan sólo fueron ordenadamente contactando con naranjas de toda España gracias a peones contratados como Fran Hervías y Emilio Argüeso, recuperando en buena parte a antiguos militantes o simpatizantes del PP. Frente a un partido en evidente descomposición y decadencia, el PP les ofrecía la seguridad de una continuidad o lo que es más, un puesto público que no habían podido alcanzar en Ciudadanos. Y de ahí, tirar de argumentario de "se transfugó el partido", y "me voy para no sacrificar mis principios". Esta humillante operación se efectuó por fases para dar la impresión al millón y medio que quedaba de votantes que CS era un partido muerto y que "la casa común del centro derecha" era el PP. Pues bien, todo eso con VOX no les vale.

Así que el PP no tiene más remedio que entenderse con VOX si quiere tener alguna oportunidad de gobernar, a pesar de que los de Abascal no cesan de disparar al PP por motivos electoralistas. La vía moción de censura ya sabemos muy bien que es un instrumento más parecido a garbillar agua que otra cosa. Ya se intentó en dos ocasiones por parte, precisamente, de los conservadores con sendos fracasos: en 2020 tras el confinamiento con Abascal como candidato y en marzo de 2023 con el independiente Ramón Tamames, a 4 meses de las urnas. En los dos casos, los únicos votos favorables fueron los de VOX y en realidad los números no daban ni votando el PP ni los que quedaban de CS (9 más un tránsfuga). A día de hoy es imposible una moción exitosa porque los partidos independentistas PNV y JUNTS se cierran a cualquier posibilidad de investir a Feijoo al entrar VOX en la ecuación.

En términos electorales, los de Abascal siguen siendo una opción más que visible para un electorado que posiblemente sea el más fiel de los actuales partidos en liza. Y es porque han tenido éxito en vender sus banderas ideológicas: lucha contra el feminismo institucional, la inmigración ilegal, la inseguridad en términos generales, la agenda 2030 de la ONU y el sector agrícola y primario como pilar económico frente a las regulaciones de la UE. Además, dentro de los jóvenes está teniendo más capacidad de simpatización que el PP, entre otras cosas porque ya no se creen el cuento del feminismo institucional que a día de hoy no busca ningún tipo de igualdad sino que a los hombres los señala y a las mujeres les sustituye el "dueño", pasando de ser hombres a ser otras mujeres. Ahora bien, existiendo importantes aspectos de debate en cada una de las áreas mencionadas, el PP hace tiempo que tiró la toalla con la batalla cultural y es sin duda lo que ha favorecido que su adversario más cercano sea más rival que socio. Entre eso y las experiencias pasadas con Ciudadanos, el PP entiende que en la medida de lo posible le es más rentable forzar a un gobierno autonómico o nacional de carácter monocolor, sin coaliciones de ningún tipo. Es decir, el mismo discurso que tuvo López Miras en Murcia. Pero, obviamente, para ello el PP debe de estar mucho más fuerte electoralmente que hace dos años. Pues aún con el importante crecimiento al absorber CS, todavía se quedó a cuatro escaños de Moncloa al no lograr sumar sólo con VOX. Por tanto, algún movimiento que otro tendrá que hacer el PP para que su credibilidad de pedir votos sin sillas tenga el sustento de que la aportación aritmética de VOX sea proporcionalmente mucho más pequeña.

A mí modo de ver, tanto PP como VOX deberían renovar sus estrategias comunicativas y  replantearse tanto sus liderazgos como si merece la pena encerrarse en sus nichos. Sobre lo primero, esta semana se han manipulado las declaraciones de uno y otro. Respecto al PP, se extendió el bulo de que estaban dispuestos a repetir elecciones si VOX exigía puestos de gobierno, cuando en realidad sólo dijeron que negociarían y sumarían con estos sin ofrecerles carteras ministeriales. Una vez más, tuvo que salir Ayuso a poner orden ante el enésimo fallo comunicativo del PP. Sobre VOX, se manipularon unas declaraciones sobre expulsión de inmigrantes ilegales que cometiesen delitos extendiendo a ocho millones de personas. Sin embargo, fue favorecida esa distorsión por una desafortunada comunicación de Rocío De Meer. Teniendo mucho razón en el fondo que señalan sobre el problema de UNA PARTE de la inmigración, su comunicación resulta ser pésima. Sobre todo, lo que menos ayuda es usar el término "invasión" que suena enormemente racista si no se contextualiza adecuadamente y se da pábulo en las RRSS. Y ya no digamos de lo de "religiones raras" que introdujeron como uno de los parámetros para expulsar a inmigrantes legales con nacionalidad o no.

Tengámoslo claro: dar batalla cultural no es responder a un radicalismo de extrema izquierda con otro radicalismo aún en términos lingüísticos, si bien tampoco la tibieza es la solución. Es el caso del PP, que se limita a señalar que no está a favor ni de la inmigración masiva ni de las deportaciones masivas, todo para quedar bien con todo el mundo sin aportar qué haría. Al mismo tiempo, mira para otro lado (como Moreno Bonilla) ante la inseguridad que crean los centros de Menas, que no puede extenderse a todos pero sí a ciertos donde se sabe (cuando no oculta) que se han atacado a mujeres. El camino lo señala Giorgia Meloni presidenta italiana cuya política de inmigración ha sido aplaudida por varios países de distinto color gubernamental y lo que es más llamativo, incluyendo a la Comisión Europea. Incluso el escritor Arturo Pérez-Reverte se rindió ante un discurso suyo que ha ofendido a la izquierda pro inmigración masiva, así que más motivos para aplaudir a la italiana.

Respecto a los nichos, el PP cuenta con una ingente cifra de fieles que son mayores de 65 años al igual que el PSOE y que seguirán votando pase lo que pase. Que sólo quieren que se les pague y suba su pensión, aunque no tengan ni la mitad de gastos que tiene un trabajador o un autónomo a los que se les fríe a impuestos tanto directos como indirectos. Y estos últimos no están muy contentos con el PSOE pero tampoco con el PP, contribuyendo el bipartidismo al desequilibrio y conflicto intergeneracional y rematando con una juventud que encuentra imposible acceder a una vivienda. Más le valdría al PP escuchar más a los jóvenes y preguntarse por qué VOX les quita terreno. Sobre si Ayuso sería mejor candidata que Feijoo, no me cabe ninguna duda, si bien no es menos cierto que como reacción colateral podría reactivar el voto de la izquierda como ya lo hizo con la derecha Pablo Iglesias. Además, sigue "pecando" de defender buena parte de la tibieza clásica del PP. Y es que una cosa es ser de centro y otra caer en el denominado "buenismo", que no es rehuir deliberadamente de las matizaciones y grises en políticas en las que tienes miedo de ofender. Justo lo que pasa con el sistema de pensiones.

En cuanto a VOX, aparte de que considero que debería de aprender a caminar sin Abascal o como mínimo renovar sus caras si quiere continuar creciendo, máxime cuando ya han desaparecido muchas relevantes como Macarena Olona e Iván Espinosa, sigo pensando que ha descuidado el libre mercado fomentado por la UE en pro del proteccionismo nacionalista que disfraza de "patriotismo". En ese concepto introduce a todas sus banderas cuando la realidad es más compleja que eso. Todos somos españoles, pero no por ello hay que comprar y consumir todo lo que se produzca en nuestra tierra que nos interesa otro tipo de prestaciones, más calidad o más barato. Y los aranceles de Trump, sólo con sus continuos anuncios, lo que hacen es distorsionar el mercado. Otras referencias internacionales del partido son Viktor Orban y Mateo Salvini, dos pájaros que coquetean ambos con Putin y el último con los independentistas catalanes.

En definitiva, PP y VOX parecen cómodos a remolque de todo lo que está sucediendo de noticias continuas de corrupción y escándalos del PSOE y todo el entorno de Sánchez: su hermano David Sánchez imputado por tráfico de influencias y prevaricación, su esposa Begoña Gómez por tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional, el ministro Bolaños acusado de falso testimonio y malversación, su Fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, sus dos últimos secretarios de organización (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) por pertenencia a banda criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, el adjunto Francisco Salazar acusado de acoso sexual, etc... y no parecen más que confiarse con las encuestas de medios de comunicación más afines a sus programas que, como es lógico, están infladas de participación de lectores que sin duda son opositores al Gobierno actual (como es mi caso) pero que no reflejan una realidad segura. Y lo sucedido en 2023 se puede volver a repetir cuando haya comicios sea este 2025, el año que viene o en 2027 como está previsto en teoría. 

A mí no me generan confianza ni Feijoo ni Abascal, ni PP ni VOX y no tengo ninguna ilusión por votarles. Pero ante la desaparición de Ciudadanos y la existencia de un Gobierno, como digo, infame, sólo me queda elegir una papeleta entre ellos y votar con la nariz tapada. Otros muchos no lo harían, así que mejor dejen de ejercer una actitud pasiva disfrazada de trabajo que no es tal y céntrense en mejorar por el bien real de España. Que sí, que lo importante es echar a Sánchez y a su banda para siempre y no queda más remedio que votar a estos, pero eso no quita que todo lo que necesita España y su democracia tampoco lo encarnan ni el PP ni VOX a día de hoy.

Fuente de la foto: RTVE Noticias.

La insaciable hambre económica nacionalista (vídeo @VisualEconomik)

Existen algunos temas de los que no hablo en mi blog, bien porque no me sienta preparado ni informado (alguno delicado de carácter internacional), bien porque existen creadores de contenido que son capaces de comunicarlo mucho mejor que yo y en formato vídeo. Sin embargo, no por ello dejo de publicar algunos posts tras reflotar este blog. En esta ocasión, de hecho, lo que voy a hacer es compartir un vídeo de una de mis cuentas favoritas, como puede verse en el listado de abajo a la derecha. VisualEconomik subió hace escasos días un interesante vídeo sobre el federalismo asimétrico de facto que caracteriza al Estado de las Autonomías. Como sabemos, en supuesto pro de la gobernabilidad y estabilidad de España, el PSOE pactó con todos los partidos independentistas para poder ocupar el poder y eso le ha hecho ceder en innumerables ocasiones y no sólo con los indultos y la amnistía, sino en materia fiscal y de deuda.

En este vídeo se explica - de forma mucho más completa de lo que podría hacer en un post - el enorme impacto que han tenido los privilegios fiscales de Cataluña, País Vasco y Navarra. Cómo las comunidades más ricas, en realidad, no han dejado de recibir financiación de otras regiones más pobres y de hecho en mayor proporción que aquéllas incrementándose la brecha. Ofrece datos y estadísticas que apoyan sus afirmaciones y nos da una idea del peligro que supone que los nacionalismos constituyan una importante pata del Gobierno de España. La desigualdad por autonomías es mayor que nunca gracias a ellos y por ese motivo han de ser también desalojados lo antes posible en las próximas elecciones, para que no vuelvan a condicionar ni imponer su agenda a todos los españoles y que la paguemos los españoles. Porque este tipo de partidos ya hace tiempo que se conoce su estrategia: si le ofreces tu mano, te agarrarán del brazo.

Polarización y autocracia, el santo y seña del Socialsanchismo

En este mes de junio, las investigaciones de presunta corrupción que rodean al PSOE y a cargos políticos e internos importantes han activado una nueva marcha en la furgoneta sin control que ha acelerado la sombra de la desfachatez de este partido político y por extensión al Gobierno de España. El presidente Pedro Sánchez ha vuelto a manifestar su voluntad de aguantar la legislatura hasta 2027 pero con una importante novedad insertada en un contexto de sincericidio: no quiere convocar elecciones por miedo a que gobiernen PP y VOX. Es decir, que asume y reconoce públicamente que NO tiene la confianza de la mayoría de los españoles en este momento. Es más, ni tan siquiera se atreve a convocar una cuestión de confianza que podría ser la puntilla definitiva a su popularidad y a la legislatura. En lugar de verificarlo, prefiere aferrarse a la silla y a pesar del descrédito que viene arrastrando en algunos de los socios de investidura como muy particularmente Podemos y algunos independentistas como Junts o ERC. Pues bien, esa actitud es el simple reflejo de un presidente elegido democráticamente pero que lleva tiempo virando a un autoritarismo gracias a presionar repetidamente resortes legales, institucionales y sociales y que medra de la polarización, fomentándola en beneficio propio. Y es que llevamos un tiempo asistiendo a la "podemización" del Gobierno de España, a pesar de que el partido fundado por Pablo Iglesias Turrión no está en la coalición. Y ello responde al manejo de las siguientes herramientas:

El relato. Para enfrentarse a su corrupción, emplea términos como "Lawfare" para desacreditar al poder judicial. Pero antes de aleccionar a su entramado mediático, el Gobierno del PSOE es conocedor de que en los mecanismos no institucionales, es decir, en las redes sociales incluyendo a las plataformas de vídeo como YouTube o Twitch ha perdido completamente el relato. Y a este respecto su rearme es recurrir a términos simples, de contenido puramente ideológico pero muy sencillos de difundir como "Fachosfera" o "Manosfera", etiquetar de "bulos" a cualquier mensaje que critique sus políticas salvo los que ellos mismos se inventen, acusar de "fango" a los medios de comunicación no alineados con su discurso y atacar a los youtubers. Y ponen en la diana en especial a los que han decidido libremente situar su residencia física y no sólo fiscal en Andorra para evitar el pago de ingentes impuestos tanto como autónomo como persona jurídica.

No son pocas las ocasiones en las que se ha demonizado a los creadores de contenido insertando extractos breves, se les ha ridiculizado y jamás se les ha dado voz para defenderse. El llamado Real Decreto (normativa del Gobierno) de los influencers servirá ante todo para controlarlos y conocer a quién señalar, denunciar y sancionar sin más preámbulos, ya que se crea un registro para que todos aquéllos creadores de contenido que superen el millón de seguidores, si difunden EN España pese a que no no residan aquí. Esto contrasta con la intención de subvencionar a creadores feministas (fundamentalmente mujeres como Carla Galeote o Julia Salander) y dotarles de un servicio jurídico gratuito (seguramente para denunciar a gente de la "manosfera"). Esta nueva intervención se justifica en el contexto de "despatriarcalizar las redes", cuando en realidad están azuzando un hombre de paja.

En cuanto a las redes sociales, se ha optado por señalar a X (antes Twitter) por ser propiedad del empresario Elon Musk relacionado con Donald Trump y de ideas pro liberales económicas y anti wokistas. Desde los socios del Gobierno se impulsó y aprobó en el Congreso la idea de una "red social pública" que compita con las privadas y que obviamente tendría todo el control posible. Nada mejor para impulsar una propaganda usando dinero público desde fuentes no tradicionales y, por supuesto, controlar los mensajes que se difundan, restringir la libertad de expresión y promocionar mediante bots la información que sí interese difundir. Todo un sueño cumplido para Pablo Iglesias.

Para contrarrestar relatos contrarios en medios alternativos, han ejercido también una batalla contra los calificados "pseudomedios", que básicamente son los periodistas que emiten preguntas incómodas en el Congreso o en la calle como Vito Quiles y Rescue You de EDATV ó Betrand Ndongo de Perodista Digital. Mienten los socialistas cuando aseguran que los periodistas "irreverentes" se saltan los turnos y no los respetan, puesto que lo que realidad ocurre es que no se les deja intervenir, precisamente porque no les gustan las cuestiones que les hacen. Ante esas preguntas oportunas por muy incómodas que sea, sólo les queda lo de siempre, regulación y control tanto por Ley como a través del Reglamento del Congreso y retirar acreditaciones. Hace un año ya se anunció eliminar financiaciones, lo que contrasta con las subvenciones que paga el Gobierno a sus afines.

Las cortinas de humo. Muy vinculado al anterior y en connivencia con el siguiente punto, son los "moñecos" como dice el bueno de Pedro Herrero. La cortina de humo número uno indiscutible es todo lo relacionado con el Franquismo, como el centenar de actos programado para ¿conmemorar? el 50 aniversario de la muerte del dictador, para conectar con el último párrafo de este mismo punto. La segunda, si bien es más usada por sus socios de extrema izquierda, es el conflicto de Palestina e Israel.

No hay que olvidarse del famoso "pajaporte", que supuestamente se iba a instaurar en septiembre del pasado 2024 para obligar a suministrar el DNI a todo aquél que quisiese conectarse a páginas con contenido pornográfico. Todo esto en el marco de reducir las causas de que se hayan incrementado las violaciones y agresiones sexuales a consumir contenido porno. En cambio, no les interesa analizar en más profundidad qué factores culturales, sociales e individuales pueden estar detrás. Esos estudios pondrían en tela de juicio tanto sus políticas feministas como de inmigración, integración y reinserción.

Más recientemente se ha vuelto a aludir al intento de ilegalizar la prostitución, precisamente algo que no está legalizado y que contrasta una vez más con los escándalos de puteros andaluces con dinero público de los ERE y ahora con los trapicheos de Ábalos y Koldo. Esta vez será en septiembre cuando se plantee al Congreso con tal de desviar la atención.

Ya hablamos por aquí de los rentistas como chivos expiatorios del problema de la vivienda y de los "operadores privados" en relación con el apagón eléctrico, pero ahora uno nuevo son los "corruptores". A esa nueva construcción ha ayudado Gabriel Rufián tras una reunión con Sánchez habiendo sido comunicada en primera instancia por la vicepresidenta Pilar Alegría. Ponen el foco en las constructoras como si los políticos corruptos fuesen víctimas, como si los culpables fuesen otros por provocar y como si otras empresas de otros sectores no pudieran participar en ello, como las que suministraron las mascarillas en tiempo de pandemia e iniciaron toda esta investigación de corrupción que se retrotrae al momento en que volvieron los socialistas al poder tras una moción de censura (2018). La única que ha triunfado en la historia de la democracia estatal. Y era contra la corrupción del PP... 

Pero para el PSOE la corrupción no parece existir en la izquierda, tal y como defendió el presidente del Gobierno esta semana en el Congreso, aseverando con un notorio enfado que la izquierda no roba. Rescatando la vergonzosa afirmación de Ábalos sobre la condena de los ERE que la reducía a un caso de "personas que gestionaban la junta de Andalucía". Como si con el PSOE no fuera la cosa... Pues esta es otra importante pata de las cortinas de humo.

Finalmente, azuzar el miedo a que gobierne la ultraderecha es una suma de relato + cortina de humo. Primero, impone la visión del PSOE y sus socios como lo único bueno y preferible de forma incondicional a cualquier cosa, contribuyendo a fortalecer una visión de polarización. Y es que son ellos y no otros los que más han contribuido a la polarización de la sociedad española. Seguidamente, reducen todas las noticias de corrupción a una campaña orquestada por "la derecha mediática, judicial y policial" cuando no hablan directamente de "policía patriótica" dirigida por el PP, motivando e impulsando el descrédito a las instituciones que no controlan del todo (por ahora). Además, difunden la mentira de que sus corruptos han sido apartados y están plenamente identificados cuando tanto los políticos como su entramado mediático se han encargado de defenderlos ante la extenuación. Y no, no son cuatro gatos. Son personas importantes que hasta hace poco eran ministros, secretarios de organización, consejeros de CCAA e incluso están en la picota de las investigaciones varios ministros actuales. Incluso los más apestados fueron muy cercanos al Presidente.

El entramado mediático. El Gobierno Sanchista sabe perfectamente qué botones pulsar para intentar controlar el relato, difundir las cortinas de humo y potenciar la polarización, algo muy peligroso en cualquier sociedad pero que siempre beneficia a los gobernantes. El entramado mediático son tres patas: Primera, presupuesto público mediante la inversión en campañas de propaganda y la construcción de redes clientelares cuyo sentido de existencia depende absolutamente de financiación pública. Segunda, prensa sincronizada pública y privada que difunde los mensajes de Moncloa y en ocasiones de forma anticipada. Tercera, un equipo de "expertos" totalmente ideologizados, cuidadosamente seleccionados y vendidos como "independientes" que validan y proporcionan autoridad a las dos patas anteriores. A eso se le llama el System Contreras, del que hablan con frecuencia Pedro Herrero y Rubén Arranz, comunicador y periodista. 

En este sistema tiene un peso fundamental RTVE, ya que en realidad es la cabeza de este monstruo de tres patas cuyo cerebro es el Gobierno. Es de sobra conocido que el ente público (ahora sociedad mercantil estatal de capital absolutamente público) siempre ha sido un instrumento al servicio del Gobierno de turno, pero en los últimos años el masaje informativo ha llegado a un punto de película clasificada X. Estamos hablando no ya de que los contenedores informativos parecen más un equipo de abogados defensores del PSOE cuando no blanqueadores de sus tropelías, es que se asiste a una programación en la que cualquier supuesto entretenimiento es una pedrada ideológica y política "full PSOE state of mind": La hora de la 1, Mañaneros, Malas lenguas, La familia de la tele (que EPD tras su pésima audiencia), La noche en 24 horas, el show de Marc Giró, Al cielo con ella (infame late night) y hasta La Revuelta con David Broncano. Es una parrilla televisiva absolutamente al servicio del relato y las cortinas de humo de Moncloa.

Control de las instituciones. El primero y más importante sin duda es el del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido. Gracias a ello ha sido posible no ya la amnistía a los políticos independentistas golpistas, sino también la anulación de las condenas por corrupción de los ERE a los socialistas andaluces como Chaves y Griñán. Es lógico pensar que ante cualquier inconveniente y condena incómoda, siempre va a estar este órgano para salvar al PSOE porque son mayoría los vocales al servicio directo del Gobierno actual. También se desbloqueó la renovación del Consejo General del Poder Judicial no sin antes extorsionar al PP con modificar las reglas para elegir los vocales sin ellos. Obviamente, con la mayoría del CGPJ cuenta también con la presidencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, ni todo esto ni tan siquiera contar con la Fiscalía General del Estado a su servicio es suficiente. Y eso nos llevará al siguiente apartado, pero antes hay más.

El asalto definitivo a RTVE ya tuvo lugar el pasado 30 de octubre de 2024. Mediante Decreto Ley, se aumentaban de 6 a 11 los consejeros nombrados por el Congreso (donde hay mayoría de la coalición presuntamente progresista) y se mantenían los 4 en el Senado (donde hay mayoría del PP y VOX). Otras entidades en las que tienen "personal de confianza" (es decir, socialistas con el carnet en la boca) son Correos con Pedro Saura en la presidencia, Redeia con Beatriz Corredor, el CIS con Félix Tezanos y otras muchas más. Y por cierto, en Correos no hay que olvidar que existe la sombra de la duda de la gestión del voto por correo por la gestión anterior de Leire "la fontanera" por presunto amaño. Puede que no hubiese sucedido en las Generales, pero existiría una duda razonable tras constatarse en varios municipios. 

Reformas legales institucionales. La polémica más reciente es la llamada Ley Bolaños, que conecta con el relato de "fascistas con toga" y pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la instrucción de las causas penales las lleven a cabo las fiscalías en lugar de los jueces. Y, ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que aquéllas dependen directamente del Fiscal General del Estado que es nombrado a dedo por el Gobierno entre acólitos preparados para defender su causa. Y lo que es más vergonzoso aún, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que está investigando todos los casos de corrupción relacionados con Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez, David Sánchez, Álvaro García Ortiz y otros cargos públicos que percibieron comisiones o "mordidas" en contratos públicos de mascarillas y de otra índole, pase a depender igualmente de la Fiscalía General. 

Por otra parte, está la modificación del sistema de Concurso-Oposición de la carrera fiscal y judicial que ha causado muchas quejas de asociaciones de jueces y fiscales, todas ellas menos la más afín al Gobierno (Jueces y Juezas para la democracia). En el turno libre se suprime un examen oral y se sustituye por un caso práctico de razonamiento (más subjetivo para valorar). Lo mismo sucede en los del cuarto turno (juristas con más de diez años de experiencia) donde además añade cargos de notario y registrador, publicaciones en revistas científicas según su calidad jurídica y regala 5 años de antigüedad en la carrera judicial en el momento de aprobar como si fuese un extra por contratar Movistar Plus. Por último, en la estabilización extraordinaria de jueces y fiscales interinos en los que les bastaría cinco años de "actividad profesional" pudiendo computar hasta trabajos de abogados y un dictamen como único ejercicio. Casualmente, este anuncio de reforma ha venido simultáneo a la convocatoria de más de mil puestos para las carreras fiscal y judicial.

Estas tres reformas son legales si se aprueban por mayoría pero las dos primeras son un auténtico disparate antidemocrático porque tendría como consecuencia que todas las presuntas corruptelas socialistas quedarían impunes por la vía rápida. La tercera es más sutil y más a largo plazo, pero no por ello deja de ser siniestra y las tres podrían culminar con la destrucción definitiva de la separación de poderes.

En conclusión, aunque en España vivimos en una democracia instaurada desde 1976 y ratificada en los dos años siguientes, el texto constitucional de 1978 ha permitido que un Gobierno pulse los botones necesarios para convertir el sistema en una oligarquía autocrática. Por una parte, el PSOE ha difundido un relato y unas cortinas de humo gracias a un entramado mediático público y privado que le ha permitido crear redes clientelares y exponer a rivales como excesivamente radicales y totalitarios. Por otra, se ha dedicado a mover todas las palancas posibles para reforzar su posición de poder, aún pese a su debilidad manifiesta con sus socios que están perdiendo la confianza, así como a iniciar las reformas que puedan reforzar dicha posición en aquellos aspectos donde la "soberanía popular" es más difusa. Y estas acciones vergonzosas no hubiesen sido posible sin fortalecer las primeras, retratándose así el verdadero manual de resistencia de Pedro Sánchez: permanecer en el poder a toda costa.

(Fuente de la foto: The Objective).

Adelgazamiento y racionalización del Estado: qué elementos son necesarios

Un debate del se rehúye más de lo que se debería es el del adelgazamiento del Estado. En los 40 años de extensión del sistema democrático nacido de la Constitución Española de 1978, la burocracia estatal y autonómica no ha cesado de crecer y, con ello, tanto las regulaciones legales y administrativas como el personal al servicio de las Administraciones Públicas. Yo soy uno de ellos y tengo claro que si viviese cien vidas, en todas ellas seguiría tomando la decisión de opositar. Seguramente la mejor que he materializado. Ahora bien, por el mero hecho de ser funcionario de carrera hay gente que considera que estoy totalmente desacreditado para opinar a este respecto y me etiquetan como socialdemócrata cuando no afín a un régimen estatista o antiliberal. Es más, se atreven a azuzar el hombre de paja señalando que los impuestos que yo pago, tanto los directos como indirectos son en realidad un menor sueldo o, dicho de otra manera, existe un flujo de entrada y salida de fondos del Estado porque cobro del mismo (en mi caso de la CARM, pero en su pedrada de argumento no varía mucho). Para mí esa es la parte más cuñada del anarcocapitalismo, la que cree que los funcionarios no sufrimos igual el expolio del Estado simplemente porque retribuye nuestra nómina y por lo tanto nos desacredita para opinar. Pues NO. Los funcionarios liberales existimos. 

En Argentina se habla de que Milei tiene interés en desactivar el Estado peronista y achicar el elefantiásico entramado burocrático y administrativo que los anteriores gobernantes han tejido allí. De momento, ha suprimido muchas regulaciones, ha revertido el déficit público y tornado en superávit público y ha reducido el personal empleado público pero ojo, no ha expulsado a funcionarios de planta permanente (como se llama a los funcionarios de carrera allí) sino que más bien no ha renovado y ha rescindido contratos laborales que son básicamente el personal empleado público más extendido en dicho aparato administrativo argentino. Personalmente, apruebo sin duda alguna la gestión económica de Javier Milei en el tiempo que lleva y en algún momento le dedicaré un post y me extenderé más. La otra cara de la moneda es Elon Musk, que hace poco abandonó la oficina DOGE por la eficiencia burocrática después de apenas haber cerrado USAID (que supone un porcentaje ínfimo del presupuesto estadounidense) y haber terminado muy mal con Donald Trump por discrepancias. Ahora bien, con independencia de estas experiencias internacionales, ¿qué se puede hacer en España y qué se haría desde la perspectiva de un funcionario liberal?

Para empezar, el Estado no se puede desactivar así sin más. En primer lugar y antes de suprimir puestos de trabajo y personal empleado, la tijera que debe de abrir el camino está en las regulaciones. Como en todo, lo formal ha de ir por delante de lo material. Hay sectores que funcionan mejor sin una excesiva burocracia, como por ejemplo la Vivienda, el suelo o la energía. Y también existe legislación duplicada y poca coordinación entre administraciones de distinto nivel, que empeora cuando el color político es distinto. Es cierto que se ha avanzado mucho gracias a las plataformas de interoperabilidad y la Administración Digital, que igualmente es una gran oportunidad tanto para el autónomo como para el particular empleado. Ahora bien, de poco sirve esa conexión digital si siguen existiendo enormes trabas y controles administrativos que requieren documentación, plazos y procedimientos que tardan en resolverse. Por otra parte, también existen sectores en los que el Estado por motivos ideológicos y políticos se ha querido inmiscuir, como las nuevas regulaciones sobre tenencia de animales para uso doméstico y, a mucha más escala, el famoso Ministerio de Igualdad. Y eso nos lleva al siguiente punto.

En segundo lugar, el Estado y por extensión las Comunidades Autónomas desembolsan importantes cantidades económicas como transferencias o subvenciones donde antes no lo hacían, fundamentándose en un relato apoyado en nueva legislación y políticas públicas asociadas. Así, el Ministerio de Igualdad disfrutó en 2024 de un presupuesto de nada menos que 573 millones de euros mientras que en 2019 era de 181 millones. Es decir, teniendo en cuenta las crisis del Covid y de la inflación derivada de la guerra en Ucrania el gobierno de coalición capitaneado por el PSOE ha multiplicado en más de 3 veces el dinero destinado a mantener un Ministerio que fundamentalmente se dedica a entregar dinero, tanto en el interior de España como fuera por motivos de cooperación internacional. Amparándose en principios loables como la igualdad o la lucha contra la violencia de género, financia enormes gastos corrientes y engrosa nóminas de muy dudoso impacto público y social (que puede verificarse con datos y estadísticas). Pero la cuestión no se encierra en dicho Ministerio, pues existe también una tendencia a la departamentalización excesiva, como ya hemos comprobado en la última legislatura con el Consejo de Ministros más numeroso de la historia democrática de España.

En tercer lugar, lo del personal es sin duda lo más complicado. A la gente no se le puede echar así como así, lo primero es que los funcionarios gozan de estabilidad e inamovilidad precisamente porque es garantía para el sistema administrativo que no dependa su continuidad del poder político. De lo contrario, el Gobierno de turno sea nacional o regional podría despedir a todos los que no sean de su cuerda y contratar a los suyos para que sigan una línea. Y eso favorecería tremendamente la corrupción. Los antifuncionarios tampoco son capaces de entender esto en sus odas envidiosas. En lugar de barrer y hacer reemplazo, los gobiernos sólo pueden suprimir los puestos de trabajo y mover a esos funcionarios a otros puestos en los que sean más necesarios. Sería una de las primeras medidas en lo que a recursos humanos se refiere, que en ocasiones podría tener aparejada tanto el cierre de alguna empresa pública o sociedad mercantil o el cambio de la normativa. Con los laborales el procedimiento puede ser menos costoso si se efectúa con los temporales a los que no se les renueva el contrato, del mismo modo que el programa del interino. Los laborales fijos es otro cantar pues ahí es imperativo abonar una indemnización como a todo trabajador despedido y no es nada recomendable al incrementar los costes para la Administración. En consecuencia, la reducción del personal ha de ser más bien largoplacista y supeditada a los puntos anteriores, de tal forma que sólo afectaría a algunos sectores de la esfera pública que por su naturaleza serían viables y acompañándose de una ralentización del crecimiento de las ofertas de empleo público. También queda aún pendiente una adecuada implantación de la evaluación del rendimiento que después de casi 20 años que consta en el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) todavía no se ha puesto en práctica, tal vez por dudas respecto de la objetividad del sistema, pero es algo que hay que seguir abordando y con garantías.

Sí, es cierto que recortar personal es lo más impopular. Pero no hay que olvidar que hemos entrado en una época en la que la generación baby boomer se está jubilando y van a quedar muchas plazas disponibles. Esas plazas pueden ser cubiertas tanto por gente ya dentro del entramado burocrático como por personal nuevo. Una alternativa podría traer aparejada la supresión del puesto bien del liberado por la persona jubilada o de la persona que le sustituya. Sin embargo, para ello es necesario hacer un estudio concienzudo. No se pueden hacer las cosas a la ligera. También se choca con la mentalidad de la gente, dado que el relato contrario a esto (y difundido de forma muy eficaz por el socialismo) es acusar que te estás cargando el Estado del bienester y las oportunidades de la gente para obtener un empleo público. Ese relato de la izquierda moderna que en realidad sólo esconde que quiere seguir convirtiendo a la Administración Pública en su juguete para desarrollar redes clientelares al igual que pretende hacer la derecha estatista. Es por eso por lo que reducir el personal es algo muy impopular y que insisto que necesita realizarse por fases. Lo populista es anunciarlo a los cuatro vientos para ganar elecciones, pero otra cosa es ponerlo a prueba. Y el achicamiento del Estado no puede hacerse en cuestión de meses ni de un año o dos, sino más.

Por tanto, los primeros pasos a seguir son los que son: modificar el marco legislativo y reglamentario, cerrar los centros físicos (ahorrándose además arrendamientos) y oficinas imaginarias donde pululan los chiringuitos, retirar asignaciones presupuestarias a destinos improductivos o más relacionados con redes clientelares que con finalidades de interés público y ordenada reducción del personal sin caer en una merma de los servicios públicos e internos indispensables.

Con todo, es posible que incluso con estas operaciones el Estado siga presente en muchas de las esferas de nuestra actividad privada. Ahora bien, el Estado debería estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio del mismo, puesto que ya contribuimos sobradamente con nuestros impuestos tanto trabajadores como autónomos. Esos impuestos han sido incrementados para poder hacer frente al ingente disparo del gasto público en los últimos años. Así que la reducción de aquéllos sólo será viable si somos capaces de frenar dicho gasto público y por extensión la cifra de los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma. Y es que quien prometa reducir los impuestos, si no baja el gasto público, directamente miente. Y en eso el PP tiene harta experiencia. Sólo bajando el gasto será posible ejecutar los créditos presupuestarios sin necesidad de acudir en exceso a la Deuda pública y generar déficit público cada año que, como siempre, termina pagándolo el ciudadano trabajador. Y es que esto nos lleva a un cuarto punto que en realidad estaría dentro del primero: el sistema de pensiones.

Como ya hablé en un post anterior sobre una entrevista a Albert Rivera, el sistema público de pensiones se está convirtiendo en insostenible por cuanto es 100% de capital público o, mejor dicho, financiado tanto con las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales como por la mencionada emisión de deuda pública. El sistema, necesariamente, debería de promoverse a un nuevo mixto público-privado en el que cada uno tenga opcionalmente un plan de pensiones privado que no sea penalizado y que por el contrario desgrave un porcentaje en el IRPF. No podemos hipotecar al Estado que debería ser un complemento y no el actor principal de las pensiones, que son el gasto público de mayor volumen de todo lo que se sufraga año tras año. Y los visos futuros, de menos gente trabajando y más gente sostenida por el Estado (aunque sea así con todo el merecimiento del mundo) no es un futuro muy halagüeño dada la situación actual y futura de la pirámide de población.

Y es que la realidad es que ningún partido político que apoye reducir las pensiones o incluso congelarlas en su programa electoral será capaz de llegar lejos en las urnas. Los pensionistas son amplísima mayoría y por tanto los que conforman las mayorías parlamentarias que terminan gobernando. Y como todos votamos según nuestros propios intereses personales, jamás darán su voto a alguien que proponga reducir o bloquear lo que se consideran derechos inmutables. Máxime cuando otros partidos tanto de izquierda como derecha santifican las pensiones y especialmente de los jubilados. Personalmente, no creo que efectivamente lo mejor sea reducir las pensiones pero sí al menos NO subirlas más de forma transitoria al mismo tiempo que se evolucione a un nuevo sistema mixto que descargue gran parte de esa responsabilidad al Estado. Lamentablemente, la izquierda española es más estatista que nunca e igualmente cataloga de acción demoníaca el descargar en el sector privado tanto la Educación como la Sanidad, que está demostrando que es muy eficaz frente a las interminables listas de espera. Y es que nadie piensa cómo con los mayores presupuestos en Sanidad de la historia todavía la Sanidad Pública sigue con los mismos problemas de siempre. Igual no es un tema económico sino de GESTIÓN. Pero el socialismo no lo va a reconocer nunca.

Por lo tanto sí, sí estoy a favor de privatizaciones eficientes que en realidad no suponen ninguna venta de la soberanía popular ni erosión del Estado. Aclaro que no me refiero ni a suprimir potestades públicas que han de seguir vigentes ni a destruir el Estado como aboga el anarcocapitalismo, sino que el sector privado coopere donde es más eficaz, más técnico, más experto y en ocasiones más responsable. En definitiva, aplicar un complemento y una competencia eficaz frente al Estado que, sobre todo, está absolutamente desbordado en las políticas sociales. ¿Por qué la gente se hace seguros privados? ¿Por qué contratan planes de pensiones privados? ¿No se han parado a pensar por qué y sin ser precisamente de economía particular boyante? Pero no, los obsesionados con el control político denuncian incluso los contratos de concesiones que son realizados por agentes privados con más conocimientos y técnicas experimentadas. Del mismo modo, la educación concertada ahorra dinero al Estado y CCAA y cuenta con profesionales preparados para impartir docencia de todos los niveles, de infantil hasta la universidad. Basta ya de demonizar al sector privado y a su iniciativa. 

En conclusión, no podemos destruir el Estado de un plumazo y ni tan siquiera sería lo mejor, porque es necesario e imperativo en no pocas áreas de nuestra vida. Pero sí es posible detener y retroceder en toda esta vorágine socialista que ha contaminado las administraciones públicas y con la aquiescencia del Partido Popular que no ha hecho nada por frenarlo por simple cálculo electoralista. Sí es posible pero de forma gradual y al mismo tiempo seguir trabajando en difundir un relato cultural que abras las mentes y combata la demonización del sector privado. Y es que del mismo modo que me toca los innombrables que a los funcionarios nos generalicen y nos etiqueten como parte del problema, también sucede cuando se desprecia tanto a las personas y empresas que generan empleo y levantan a este país. Creo que todos podemos vivir sin ser enemigos si se racionaliza el Estado y se frena en esa brutal lucha de clases que la política más rastrera ha usado y usa como arma para mantenerse en el poder. Mintiendo de forma deliberada, retorciendo el lenguaje y apoyándose en una prensa que ya no fiscaliza al poder sino que sirve los intereses de su amo como RTVE. El Estado es un actor imprescindible y necesario, pero no puede ser la autoridad absoluta que ahogue la iniciativa privada y sólo le interese comprar su docilidad con dinero y corruptelas. Así que fíjense si somos importantes y necesarios los funcionarios liberales en un sector donde, desde un punto de vista ideológico, se nos ningunea hasta por los que se supone que comparten algunos principios con nosotros.