Los centros de protección de menores: un diagnóstico político erróneo

Desde hace un año y tres meses, Vox rompió con todos los gobiernos autonómicos en los que estaba cogobernando con el PP. A saber, los siguientes: Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. En Andalucía, Galicia y Madrid, como sabemos, gobiernan los populares por mayoría absoluta y en Cantabria no llegaron a haber consejeros de Vox. El motivo que aludieron los de Abascal fue el relativo a la aceptación del reparto de los menores extranjeros no acompañados (MENAS). Desde entonces, este tema no ha dejado de estar en la agenda de la derecha populista, puesto que ha exigido "el cierre de los centros de menas" y el de Santa Cruz en Murcia fue una de las exigencias para dar el visto bueno a los Presupuestos Generales de la CARM para 2025. Dicho cierre, que se formalizará la semana que viene, fue celebrado hace varias semanas en una rueda de prensa no exenta de polémica tanto por su inoportunidad a juicio del PP como por cuatro podemitas que se acercaron allí a protestar. Me ha parecido interesante preparar un post relativo a este tema que ofrezca una visión algo más objetiva y no atascada en ninguno de los extremos al respecto que representan Vox por una parte y una izquierda (en conjunto) cada vez más escorada. Este post, además, complementa y desarrolla algunas de las reflexiones del dedicado al asunto de Torre Pacheco, que sucedió este verano.

Por contextualizar, la Unión Europea se guía por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en 2010 la Comisión Europea estableció un plan de acción sobre Menas basado en tres pilares: prevención en origen (ayudas en materia de formación y empleo, cooperación local, etc), protección en terreno europeo (coordinación entre Estados miembros, mecanismos de acogida digna, designación de tutores, etc.) y retorno asistido cuando proceda respetando el interés del menor. Dicho plan no imponía obligaciones jurídicas como las directivas o reglamentos, sino que en todo caso inspiraría las normativas de los Estados miembros como las recomendaciones del Consejo de Europa relativas a las tutelas, la evaluación adaptada de la edad y el principio de interés superior del menor. Sí establece obligaciones, por ejemplo, la Directiva comunitaria 213/33 que establece estándares mínimos de acogida para solicitantes de protección internacional.

En España, el artículo 39 de la Constitución Española reconoce la obligación de los poderes públicos de proteger a los menores. A dicho respecto, los artículos 172 y siguientes del Código Civil regulan la tutela y la guarda de menores en situación de desamparo (competencia de las CCAA), la Ley Orgánica 1/1996 de Protección jurídica del Menor establece principios, derechos y deberes y la Ley Orgánica 4/2000 regula la situación de los Mena y se reformó en 2021 para reducir plazos de expedición de autorizaciones de residencia y trabajo. Pero la más relevante es una norma de menor rango jerárquico.

Tras la terrible crisis migratoria que se generó en Canarias y con importantes problemas de inseguridad que durante tiempo fueron ignorados, el Gobierno aprobó este verano el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados de las CCAA y amparado en la disposición adicional 11ª de la Ley Orgánica 4/2000. Este nuevo Real Decreto establece un esquema de reparto para afrontar situaciones de contingencia. Concretamente, adopta una ratio estándar de 32,6 menores migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes como “capacidad ordinaria de acogida”. Y el número asignado para cada región es el resultante de dividir la población total de cada comunidad ó ciudad autónoma a 31 de diciembre del año 2024, por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año 2024 entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español. Andalucía, Cataluña y Madrid son las regiones con mayor número de Menas asignados y se prevé que aquellas que lleguen a multiplicar por tres su capacidad ordinaria puedan activar un protocolo de traslados. Por su parte, el Gobierno se compromete a destinar 100 millones de euros para sufragar gastos de acogida y compensar sobreocupación. Las quejas de las CCAA han estado relacionadas con la imposición por Decreto de este sistema sin consulta previa y sin estudiar otras variables como el número y capacidad de los centros, la logística de traslado, disponibilidad de personal cualificado, masificación etc... 

Ahora bien, la primera pregunta que surge es, ¿existen como tales centros de Menas como dice Vox que quiere cerrarlos todos? pues la respuesta es NO. Otra cosa es que en algunos de ellos los extranjeros sean amplia mayoría dados los continuos movimientos inmigratorios, pero no están específicamente destinados a ellos. En términos generales, los centros de protección y acogida de menores pueden tener una o varias de estas modalidades. Están los de primera acogida (de corta estancia), los de protección residencial (menores tutelados de distintas nacionalidades), los especializados (por discapacidad, problemas de conducta o sanitarias), los de emergencia o contingencia (con alta presencia de Menas) y los de emancipación o transición a la vida adulta (con muy alta presencia de Menas al ser mayoritariamente adolescentes). Los recursos con los que cuentan estos centros son de escolarización y alfabetización, formación e inserción laboral con convenios con empresas, pisos tutelados, asistencia social, sanitaria y psicológica, programas culturales de integración sociocomunitaria y apoyo jurídico y administrativo para regularizar su situación.

Sin embargo, los problemas que se han reportado en estos centros, aparte de los indicados anteriormente, son de conflictos internos e inseguridad ciudadana vinculados a algunos de esos centros. Las noticias apuntan especialmente a Madrid como en Hortaleza con una violación a una menor de madrugada, en Fuenlabrada con internos amenazando a una cuidadora o en Batán por robo de un móvil y fuga. Luego existen otros sucesos como en Ceuta por abusos sexuales, en Piera (Barcelona) con una reyerta o en Marcilla (Navarra) con más enfrentamientos vecinales. Estos sucesos son disculpados por algunos como "aislados", mientras que en términos generales ya asusta ver cómo se han incrementado las estadísticas de delitos más graves e incluso de los delitos sexuales en grupo. Por si esto todavía no hace saltar alarmas, aplicar una regla de tres nos ofrece unas proporciones estadísticas que merecen una reflexión y si aún así, no lo vemos, todavía tenemos más. Informar y advertir de esto es lo políticamente incorrecto, pero quienes tienen poder ni hacen un diagnóstico de la situación ni, lo más importante, toman decisiones ni las ejecutan.

Si bien esos sucesos acaecidos no pueden ignorarse, tampoco puede afirmarse con rotundidad que suceda en todos los centros de menores y se puede caer en el error de estigmatizarlos a todos. Al menos sí se conoce lo que ha llegado a trascender a los medios de comunicación y el resto únicamente lo sabrán los vecinos que conviven cerca de estos centros. Vecinos que en algunos casos se han llegado a manifestar incluso de forma preventiva. Seamos honestos ¿quién permanecería indiferente si un día se enterase de que abriesen un centro de este tipo cerca de su domicilio? Y es que el problema de base que hace arrancar tanto manifestaciones pacíficas despreciadas y tildadas de ultraderecha por los medios afines a las políticas de inmigración masiva como expresiones y actos (que los hay) de auténtica violencia y xenofobia generalizada es una gestión inmigratoria absolutamente exenta de autocrítica. Es decir, en el momento en que se agarran e introducen en el mismo saco todas las reacciones negativas contra la política de inmigración, es cuando se construye un hombre de paja al que se le azuza con el mazo del racismo y la porra de la islamofobia. La cuestión no es que la inmigración en general sea una amenaza, sino que lo es la gestión negligente y despreocupada (cuando no "buenista") de la misma que ejecuta siempre la izquierda y la derecha la copia en buena parte por el qué dirán. Y es que la realidad nos hace más que insinuar que tenemos un problema con una PARTE de la inmigración cuyo sistema cultural choca de bruces con el democrático de Occidente.

Ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Se pueden cerrar todos los centros de menores así sin más como pide Vox y por ejemplo Antelo en Murcia? Pues no, tampoco. Las Leyes y normativas europeas obligan a acoger y proteger a los menores sin padres con independencia de su nacionalidad. Por tanto, el cierre del centro de Santa Cruz en Murcia es en realidad una antesala del traslado de los menores a otro distinto, no sabemos si con más recursos. Porque ahí es donde nos hacemos la siguiente pregunta, ¿contamos realmente con recursos humanos, sociales y económicos que permitan una adecuada integración social y cultural del menor y sobre todo del extranjero? Según reportan las autonomías, aunque la mayoría sean del PP y se pueda sospechar que lucha política, los centros están completamente desbordados. Pero la siguiente pregunta que nos debemos hacer es qué opciones hay ante la existencia de menores (o presuntos menores en algunos casos) que comete delitos dentro o fuera del centro y no se integra, más allá de llevarlo a un internado donde permanezca más vigilado por gente extraña y cuya empatía con él le importa poco. Porque la deportación no se me antoja una solución adecuada, aparte de insuficiente. No. La solución ha de venir más del lado de la prevención, desde la raíz. Y es un mayor control migratorio que evite que aquí se nos cuele todo el mundo, como es instigado por los gobiernos de algunos países de procedencia y además haciéndose pasar por menores para obtener ventajas. Con una política mucho más restrictiva no habrá tanta sensación de escasez de personal cualificado que, por otra parte, igualmente habría que replantear si su formación y experiencia son las correctas.

Dentro de la problemática asociada a la inmigración descontrolada, los partidos políticos no ofrecen un compromiso más que de boquilla (como el PP) cuando no la blanquean y reducen al absurdo cualquier crítica (PSOE, Podemos, Sumar y toda la izquierda en bloque) ó bien a través de una comunicación pésima fracasan tanto en la construcción del mensaje como la búsqueda de refuerzo del mismo (Vox). En los siguientes párrafos comento por qué.

Por su parte, la izquierda mira para otro lado y pretende convencer que todo lo que entre de inmigración es bueno porque pagarán nuestras pensiones, cuando la realidad económica les da de bruces por varios motivos: primero, no todos trabajan y muchos reciben ayudas; segundo, los que trabajan perciben un salario modesto y ello se traduce tanto en menores impuestos como menor consumo interno; tercero, ocupan mayoritariamente puestos no cualificados en sectores de baja productividad y cuarto, precisamente por esto último y si la economía de esas empresas no crece, difícilmente habrá puestos de trabajo para todos. También cree en un ideal de multiculturalismo como un puzzle sencillo de unir, pero lo cierto es que el choque de culturas es innegable, ya lo dijo Arturo Pérez-Reverte en El Hormiguero. Lo más lamentable a ese respecto es que la izquierda parece haber encontrado un curioso aliado frente al capitalismo de Occidente y al catolicismo, habiendo dado pasos más avanzados en Francia y Reino Unido pero abogándolo en España. De ese despropósito de base parte tanto el blanqueo de los problemas relacionados con la inmigración como su interpretación torticera y manipulada de los datos estadísticos como el comisario político Javier Ruiz en RTVE y atreviéndose a decir que la inseguridad ha disminuido cuando sólo alcanza esa bajada a los más leves y los peores no dejan de incrementarse en los últimos años.

En cuanto al centro derecha y la derecha, no puede ocultarse que hay problemas con Menas pero no con LOS Menas. No son todos ellos los que delinquen, pero sí una parte de ellos. Y soluciones de bombero apresurado como las que propone Antelo sólo sirve para encender más fuegos, tanto avivando a los cuatro desnortados de extrema izquierda como extendiendo la xenofobia entre los vecinos. Curiosamente, al mismo tiempo parece poner en valor la inmigración latina por ser su cultura más cercana a la nuestra, principalmente por el idioma, en segundo lugar por la religión y además existiendo en algunos países gobiernos conservadores. Esto choca de forma paradójica con su electorado joven que rechaza cualquier tipo de inmigración. De cualquier manera, cuando la política degenera en populismo se convierte en otra parte del problema. Y sólo ahora que todas las encuestas impulsan a Vox y frenan el crecimiento del PP es cuando Feijoo plantea en Murcia recurrir (si gobierna) al visado por puntos que existe en Canadá o Australia, pero sin aclarar a qué criterios se recurriría para primar la entrada de quienes "conozcan mejor nuestra cultura" o tengan mayor "capacidad de integración". La idea es interesante, pero para diferenciarse hay que dar más explicaciones o esta escasa definición sólo generará más desconfianza como ya ha dado alas al discurso alarmista que usan los socialistas mejor que nadie.

En definitiva, es una verdadera lástima que - por interés y  mero cálculo electoralista - nadie se atreva no sólo a comunicar un diagnóstico sin prejuicios ni blanqueos ni generalizaciones, sino especialmente a aplicar un efectivo mayor control migratorio, dentro de lo que Europa nos permite. Si hay algo que se pueda hacer pasa por ahí, pero por descentralizar las competencias de inmigración en las autonomías cuando se ha abierto peligrosamente la puerta con el régimen nacionalista catalán. No es sólo una cuestión exclusiva de Menas y detrás de todos estos despropósitos programáticos es la polarización, tanto la latente en la sociedad como la que acentúan los partidos políticos en la competición diaria.