Pedro Antonio Sánchez, al borde de la imputación

Esta semana nos tomábamos el almuerzo los murcianos con la noticia de que el juez que lleva el caso Púnica en la Audiencia Nacional acusaba al Presidente regional Pedro Antonio Sánchez de hasta tres delitos: fraude, cohecho y revelación de secretos en materia de contratos durante su etapa como consejero de Educación hace algunos años. Esto le deja en una situación complicada, dado que tras certificado de aforamiento emitido por la Asamblea Regional va a pedir su enjuiciamiento al Tribunal Superior de Justicia, lo que significaría su imputación definitiva.

La primera respuesta del máximo mandatario regional ha sido, como era de esperar, negar las acusaciones. Asegura que jamás existieron esos contratos y que, al parecer, se produjeron unos "ofrecimientos muy agresivos". Y que jamás existió ningún expediente ni tramitación del pago.

Pero lo peor del caso es la respuesta de la fiscalía anticorrupción, que entiende que no hay perjuicio para el erario público y aunque mantiene la imputación de Pilar Barreiro y José Antonio Alonso (los dos últimos Alcaldes de Cartagena), entiende que sobra la de Sánchez. Definitivamente era lo que faltaba. Y a esto añadimos que, curiosamente, el domicilio del fiscal anticorrupción de Murcia fue asaltado por segunda vez el pasado fin de semana. Esta vez no se llevaron nada, pero sí pescaron la ocasión anterior en julio de 2016.

Por su parte, para Ciudadanos Región de Murcia su posición sigue siendo clara. Cuando se formalice la imputación, pedirá su dimisión al Presidente. Eso implica que el momento clave es cuando el TSJ de Murcia acepte encausarlo y curse orden de comparecencia. Eso parece tenerlo claro también Sánchez, aunque no así PSOE y Podemos que como es de esperar van a lo suyo. Pasó exactamente lo mismo con Chaves y Griñán, que se marcharon justo en el momento en que fueron citados.

Ahora bien, esto no hay que confundirlo ni descartarlo con el caso Auditorio de Puerto Lumbreras que todavía sigue abierto. En este caso son 4 delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Es decir, mucho más grave. Y además el TSJ ya se ha declarado competente para encausarlo. Así que habrá que ver qué pude suceder en las próximas semanas.