sábado, 25 de febrero de 2017

El castigo de la corrupción y la Ley española

Esta semana ha sido muy movida debido a varias noticias relacionadas con la corrupción. En primer lugar, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha llamado a declarar al Presidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez por motivo del caso Auditorio por delitos de prevaricación. De esta manera, se ha cumplido el requisito sine quanon establecido en el pacto de investidura con Ciudadanos para la eventual dimisión del Presidente. Sin embargo, Pedro Antonio no parece estar por la labor de la dimitir y, atención, entiende este caso como un "error administrativo". Debería recordar sus palabras. Con un par. Además, ha recibido el apoyo expreso de Mariano Rajoy y evidentemente de todos los palmeros regionales que recurrieron a un hashtag en las redes sociales: "YoConPedroAntonio". Francamente lamentable. Aunque Alberto Garre le ha soltado una buena colleja. Interesante de leerla.

El próximo viernes día 3 de marzo habrá una reunión entre Pedro Antonio y el diputado portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez. La intención de nuestro partido no es la de presentar una moción de censura, responsabilidad que recaería más bien en Tovar (PSOE) y a pesar de que Podemos haya querido su brote de protagonismo con una propuesta. CS Región de Murcia va a pedir que se aparte y el PP presente otro candidato. La fecha de la declaración es el 6 de marzo y es cierto que pocos se atreven a contestar qué hará el partido si, como todo parece indicar, Sánchez se niega a levantar su trasero del sillón. El periodista Ángel Montiel habla de un callejón sin salida. En el que el PSOE tiene un candidato que tiene poco liderazgo incluso en el propio partido. Y un Podemos con un Urralburu errejonista que se arriesga a que los pablistas le quiten de enmedio como se repitieran elecciones. Porque, por el contrario, un tripartito y llegar incluso a ser Consejero de Educación sería un golpe de efecto tremendo contra sus rivales internos. Pero de momento Cs prefiere no hablar de moción de censura. Habrá que esperar, pero será mejor que de no irse Pedro Antonio tengamos algún as.

Pero por otra parte, sorprende que el partido a nivel nacional haya presentado una proposición de Ley contra la corrupción estableciendo que sólo se exigirá la dimisión de los imputados cuando se abra el juicio oral. Es decir, no cuando te llame el tribunal competente para declarar, sino en una fase posterior. No queda claro se regiría de forma retroactiva o si se tendría que respetar el pacto, pero evidentemente aún falta para constituir una Ley que es muy importante para la regeneración democrática. Para evitar que los corruptos sigan beneficiándose. De la que PSOE y Podemos se han quejado de forma incomprensible. Especialmente estos últimos que hablaron de "chupar cámara", pero valga el repaso que les dio Toni Cantó a los que se sirven del espectáculo para llamar la atención de la manera más demagógica.

En otro orden de cosas, ha salido la esperada sentencia del caso Nóos contra la Infanta Cristina de Borbón y su marido Iñaki Urdangarín por la Audiencia Provincial de Baleares. La primera ha resultado absuelta debiendo de pagar una multa, mientras que su marido condenado a 6 años de cárcel. Pero de momento no entrará y tampoco tiene que pagar fianza. Pero esta sentencia es recurrible y se pedirán más años contra el ex jugador de balonmano del Barça. Será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra y verificará si se ha producido malversación de caudales públicos y falsedad de documento mercantil. En ese caso, no se librará. 

Pues bien, el caso es que se han leído multitud de comentarios indignados y echándole la culpa a la Justicia. Cuando realmente los jueces no tienen culpa para nada. ¿Los eligen los políticos? No. Al menos en el caso de la Audiencia Provincial. Sólo aplican la Ley y el problema está precisamente en el Código Penal. Lo demás, son cuñadismos sin argumentación. 

Es como igualmente el caso Bankia, por el que Rato es condenado a 4 años y Blesa a 6, siendo los más castigados de un elenco bastante amplio con PP, PSOE, IU y los sindicatos CCOO y UGT representados. Todos los que han chupado de las cajas de ahorro y lo que en su día denunció UPyD, cuando era un partido decente y antes de que lo destruyeran sus propios líderes. La Audiencia Nacional también ha condenado por ejemplo al padre de Ramón Espinar a un año. Sí, ese mismo senador de Podemos que en Twitt se quejaba de que su hermana no podía hacer el Erasmus. ¿Y su padre robando? ¿Y se autodenomina hijo de obrero? ¿Pero con qué cara se denuncian estas cosas?

El caso es que precisamente de 4 a 6 años son la media que puede caer por corrupción y los únicos casos que superan estas cifras suelen ser de terrorismo o asesinatos. Como uno de los responsables del 11-M que ha salido después de pasar "sólo" 12 años. Expulsadito de España, claro. Pero amparado por una Ley que seguro que es mucho menos dura que la de Marruecos que ahora repetirá en él.

Esperemos, después de todos estos acontecimientos, que la Ley propuesta por Ciudadanos se tramite con el mayor de los éxitos y participen todos los grupos para mejorarla. Es decir, que con el mayor consenso posible se pongan medios de una vez por todas para cortarles las alas a los corruptos y eliminar los incentivos para delinquir y los indultos a los condenados.

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