Acuerdo entre Sánchez y Rivera y mosqueo de Iglesias

En el día de ayer, se dio a conocer el resultado positivo de las negociaciones entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, candidatos respectivos de PSOE y Ciudadanos en las pasadas Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015. Sobre la mesa, siete ejes establecidos como mínimo para poder obtener un acuerdo. Existen otros más que han sido rechazados por el PSOE, pero con todo la estrategia de Albert de adelantarse a su "rival" Pablo Iglesias considero que ha sido muy acertada. Ya había marcado este último un punto de atención a su favor con el órdago de exigir formar parte del nuevo gobierno y participado de forma proporcional por varias fuerzas. Pero en el seno de los socialistas no se ven con buenos ojos estas actitudes de Iglesias, como tampoco 6 puntos del documento de Podemos, cuyo análisis puede consultarse aquí. Pero, antes de hablar de esos puntos, ¿cuáles son aquéllos en los que Cs y PSOE han establecido un acuerdo favorable a la investidura de Sánchez?

1. Reforma de la Constitución: supresión de la figura de aforamientos, facilitar las iniciativas legislativas populares reduciéndolas de 500.000 a 250.000, despolitización de la Justicia (reduciendo además la composición del CGPJ), supresión de las Diputaciones, limitación a 8 años para los mandatos de los Presidentes del Gobierno, revisar el sistema electoral, suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona y modificar el artículo 135 para garantizar la protección de derechos sociales como la Educación y la protección de la Salud. La más discutible para el resto de partidos puede ser la de las Diputaciones. Pero se justifica por una sencilla razón de racionalización administrativa. No podemos establecer más recortes contra las personas, pero sí en las instituciones. Y se propone la creación de Consejos provinciales de Alcaldes para que aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes estén atendidos en sus servicios. Además, esta medida ya la llevaba Rubalcaba en programa en 2011.

2. Reforma fiscal: No subir el IRPF, bajar el IVA cultural del 21% a un tipo por determinar, reformar el impuesto de Sucesiones con una horquilla de máximos y mínimos, ampliar la base  y suprimir ciertas deducciones y bonificaciones del Impuesto de Sociedades para incrementar la recaudación hasta 25.000 millones de euros anuales, exigir que los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy paguen en 2016 el 7% de los bienes declarados (recaudando 2.800 millones de euros), solicitar una flexibilización del déficit público en pro de la estabilidad presupuestaria,  introducir un complemento salarial para las rentas más bajas y lucha contra el fraude

3. Reforma laboral: reducir a tres los tipos de contrato, creando un nuevo temporal "progresivo" con indemnización creciente que iría de 12 a 20 días por año trabajado en caso de despido procedente y de 20 a 33 en caso de improcedente, impulsar nuevas bonificaciones para la conversión de contratos temporales en indefinidos, crear un fondo para financiar hasta ocho días por año de antigüedad en las indemnizaciones (siguiendo el modelo austriaco), clarificar las causas de despido en los contratos indefinidos, negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, poner en marcha un Plan de Inspección de Trabajo contra la explotación y precariedad laboral, revisar el Régimen Especial de Autónomos con exención de cuota para los empresarios que cobren por debajo del salario mínimo, cuota variable según beneficios, flexibilización de trámites para los autónomos y duplicar la dotación presupuestaria en políticas activas de empleo.

4. Lucha contra el paro: Plan de recolocación externa de trabajadores despedidos (prioridad para los mayores de 45 años afectados por el ERE), Plan de Choque contra el paro de larga duración con subvenciones para las empresas, Plan de reintegración laboral, Programa de recualificación profesional y Plan de Adquisición de Competencias Básicas para el Empleo para aquéllos con menor formación educativa.

5 Reto independentista y política territorial: Defensa de la unidad de España e igualdad de los españoles, rechazo al referéndum soberanista y reducir la composición del Senado en 80 senadores. Lo más importante es la revisión del Título VIII de la Constitución para desarrollar el concepto de Estado Federal.

6. Corrupción: no incorporar en listas a personas investigadas (imputadas) y cesar a los que pasen a esa situación judicial y la Fiscalía lo mantenga. También suspender a concejales y parlamentarios a los que se abra juicio oral.

7. Medioambientales y otros: aprobar una Ley de cambio climático, impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno, cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir 40 años de vida útil, paralizar la LOMCE y revitalizar la Ley de la Memoria Histórica con nuevas dotaciones presupuestarias.

Casi todos estos puntos podrían ser coincidentes con el PP cuando no simplemente admisibles. Pero el único problema que podría plantear es el punto 4 debido precisamente al poder que este partido tiene a nivel territorial provincial. 

Pero Pablo Iglesias y Errejón se han mosqueado y, en palabras de Pedro J. Ramírez, les ha dado un ataque de cuernos. Lo más gracioso de todo es que muy posiblemente estén de acuerdo en los cinco puntos anteriores. Pero claro, eso les cerraría las puertas a chupar del bote con la mitad de los ministerios y aplicar un programa tan populista como irreal. Al estilo Syriza. Vayamos a continuación con los puntos del documento de Podemos no aceptados por el PSOE, si bien acepta otros.

1. Política económica y Unión Europea. Retrasar hasta el final de la legislatura la reducción del déficit por debajo del 3% que exige el PEC, eliminar la modificación del artículo 135 de la Constitución Española sin aportar nada, derogar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (en vez de modificarla) y negociar reestructuración de la deuda. Desde luego, Iglesias se cree que la Comisión Europea le va a hacer caso a él porque sí.

2. Política económica nacional. Incrementar gasto público en 24.000 millones anuales acumulativos (lo que supone un aumento de 96.000 millones respecto al Programa de Estabilidad) y una subida brutal de impuestos en 40.000 millones de euros que ahogaría a las clases medias. El PSOE lo considera como "irreal e inviable". Y si no, consultar este artículo de Rallo.

3. Democracia ciudadana y social. Imposible no soltar una carcajada irónica con lo que han metido aquí. Politización máxima en la elección de cargos públicos de instituciones constitucionales  y del Director de RTVE, con la exigencia de que sean elegidos de entre los comprometidos con "el cambio". ¿Y nos quejamos de la falta de imparcialidad en TVE?. Lo mejor de todo y la frase estrella del documento completo de respuesta es la siguiente: "Esta propuesta denota una obsesión por el control político de instituciones incompatible con las exigencias de regeneración democrática que reclaman los ciudadanos". Por último, se añade la subordinación de los jueces y fiscales a la Secretaría de Estado de lucha contra la corrupción, lo que no es sino la primera nota de menoscabo de la independencia judicial.

4. Justicia y derechos humanos. Auditoría pública del sistema judicial y recentralizar la oficina judicial, que equivalen una vez más a saltarse el principio de separación y poderes y restar competencias a las CCAA. Con esto último yo sí puedo estar de acuerdo, pero es una incongruencia cuando defiendes precisamente lo contrario: descentralización máxima (como partido de izquierda radical que se es) y Ministerio de la Plurinacionalidad.

5. Plurinacionalidad y modelo territorial. El referéndum en Cataluña es inadmisible, pero además es que no sirve absolutamente para nada. Si se convoca y se vota y resulta que hay porcentajes de 55% y 45% y gana quedarse en España, ¿se acabó el problema?. Pues NO. Lo que hay que hacer es estudiar un nuevo encaje para Cataluña y las Comunidades históricas, pero tampoco tender la mano al separatismo que es quien realmente ha avivado las ansias soberanistas. No sin quitarle parte de la culpa al PP de Rajoy.

6. Política exterior y defensa. Proponen someter a referéndum la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones internacionales. Este politólogo también ignora que el Congreso de los Diputados tiene que votarlo por mayoría absoluta, al margen de nuestras obligaciones en el seno de la OTAN y la UE.