El pasado jueves 10 de marzo se aprobó una trascendental moción conjunta de la oposición en la Asamblea Regional de Murcia. Gracias a ella y después de varios años de lucha, se reabrirá el Hospital de Santa María del Rosell de Cartagena con cirugía general, ginecología y traumatología, lo cual sin duda reducirá la enorme lista de espera que existe en el área de esta ciudad y los municipios colindantes como La Unión, Mazarrón, Fuente-Álamo y Torre Pacheco. Hasta entonces sólo estaba abierto el servicio de urgencias. En 2007 se inauguró el Santa Lucía, que es un hospital público de enormes dimensiones y con importantes profesionales. Pero un sólo hospital no es suficiente. Ahora bien, el PP no ha perdido el tiempo para acusar gravemente a los partidos PSOE, Podemos y Ciudadanos de poner en riesgo la estabilidad presupuestaria e incluso de cometer una ilegalidad. Es más, anuncia un recurso jurisdiccional contra esta aprobación.
La actitud del PP contra la Sanidad pública a este respecto es vergonzosa. Quizás esta medida se podría haber presentado antes de la aprobación de los Presupuestos de 2016 en febrero. Pero ha sido una jugada muy acertada. Ya protestaron contra la devolución de la paga extraordinaria a los funcionarios de 2012, quejándose en el sentido de que no había dinero para ello. Los partidos de la oposición, se han esperado un mes para hacer posible un importante logro exigido por las personas, los sindicatos y otros grupos preocupados por la Sanidad y contrarios a los recortes. Ahora es momento para que el PP reconozca que ya no tiene mayoría absoluta, que no existe ningún tripartito y que realmente son ellos los que gobiernan. Pero ya no con la mayoría y tienen que ceder a la voluntad de los ciudadanos de haberles reducido el poder de que disfrutaban. Y no cuela ese intento de la prensa de salvarles el pellejo con titulares tendenciosos.
Se puede aprobar perfectamente una modificación presupuestaria que incluso podría consistir en la concesión de un crédito extraordinario, siendo esta competencia de la propia Asamblea Regional. Más le valdría al PP haber tenido más mano dura contra la corrupción de sus cargos autonómicos y municipales. Ese es el mayor mal que ha provocado una importante malversación de fondos públicos y derroche de dinero en tiempos de vacas gordas. Como es el caso de Miguel Ángel Cámara, que podría ser condenado por prevaricación en el caso Nueva Condomina. Lo más curioso es que se dió de baja justo el día en que le abrieron un expediente de suspensión provisional. Y encima dice que para no perjudicar al partido... ya.
Felicidades a los cartageneros por la inminente reapertura del hospital. Porque tratándose de hospitales públicos, siempre se quedarán escasos.
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