Para empezar, hay que dejar claro el reparto de las competencias en materia de Montes y Prevención y extinción de incendios. El Estado se reserva la legislación básica en materia de Protección civil y Montes, proporciona medios adicionales de apoyo como las BRIF (brigadas de refuerzo en incendio forestales) y la UME y coordina la estadística de incendios. Las CCAA, por su parte, son competentes directas de prevención y extinción de incendios por cuando aprueban sus planes, dictan regulación de quemas agrícolas y forestales con arreglo a la Ley nacional, dirigen y mantienen los operativos de extinción de incendios y se coordinan con las entidades locales. Estas últimas, mantienen limpias las zonas urbano-forestales, redactan y aprueban planes locales y también velan por el cumplimiento de sus ordenanzas en las materias específicas.
Pues bien, este reparto competencial ha sido recurrido por buena parte del Sanchismo mediático para apuntar a las CCAA y específicamente a las gobernadas por el PP con la excepción de Asturias, la única afectada donde está el PSOE. Entre otras cosas, se ha acusado de mantener convenios salariales anticuados, haber recortado presupuesto en materia de prevención y extinción (falso) y disponer de planes poco preparados. Dicha estrategia responde a una dinámica iniciada desde los tiempos del COVID-19, en que después de restarle importancia por parte del Gobierno central en el mes de febrero y primeros días de marzo, pasaría semanas después a descargar puntos de decisión en las CCAA para evitar en la medida de lo posible la acumulación de rendición de cuentas. Lo importante era que la Oposición se comiera la responsabilidad de cualquier desastre. Tanto ha sido así que en los sucesos de la DANA de 2024 el Gobierno se lavó las manos y gracias a su Contreras System los cañones apuntaron esencialmente a Mazón y en algunos casos de forma exclusiva. En esta ocasión, además, no puede dejarse de lado que han detenido a cerca de 50 personas implicadas en haber provocado los incendios.
Sin embargo, pese a la retórica no puede venderse una competencia exclusiva de las CCAA en estas materias porque no existe. Como he indicado antes, el Estado es quien dicta la legislación básica que es desarrollada por las autonomías respetando aquella. Y es precisamente la Ley de Montes de 2003 la normativa que mantiene a día de hoy prescripciones y regulaciones muy nocivas para la protección del Medio ambiente por cuanto ponen en bandeja a los incendios (y a sus pirómanos) el escenario propicio.
La ley de Montes tiene la intención de evitar quemas incontroladas y talas abusivas, proteger hábitats y establecer medidas técnicas en las quemas (horarios, cortafuegos, vigilancia). Sin embargo, prohíbe con carácter general la quema de rastrojos y vegetación en terrenos forestales y en zonas cercanas, salvo autorización administrativa y fuera de épocas de alto riesgo, que marcan las comunidades autónomas). Por tanto, la burocracia y sus regulaciones ponen el primer palo en la rueda y no es el único.
Por otra parte, la Ley fomenta el uso de la biomasa como recurso energético, pero en la práctica los trámites, limitaciones ambientales y costes de extracción hacen que gran parte de los restos vegetales se queden en el monte. Además, para agricultores y pequeños propietarios, solicitar autorización requiere trámites burocráticos y hace que se acumulen restos secos que son, en sí mismos, combustible en verano.
En tercer lugar, la Ley de Montes prohíbe y en el mejor caso limita el pastoreo en montes incendiados durante al menos 5 años, salvo autorización expresa. Aunque el ganadero no haya causado el fuego, pierde el uso de esos pastos, lo que reduce su papel en la regeneración y limpieza de la zona. A esto se le une que la Política Agraria Común impone cargas ganaderas máximas por hectárea y las regulaciones autonómicas y locales dificultan el acceso a subvenciones
El ganado consume matorral, hierbas altas y brotes leñosos que son combustible en verano. Especialmente las cabras y ovejas mantienen limpios linderos, márgenes de caminos y zonas de difícil acceso para máquinas y reducen costes de limpieza forestal para la administración. Es más, el pastoreo en tanto que cortafuegos natural mantiene caminos y sendas abiertas, lo que facilita el acceso de brigadas de extinción. En definitiva, la actividad ganadera evita que grandes extensiones se conviertan en masas continuas de combustible vegetal y un paisaje diverso (pastos, cultivos, monte bajo) es mucho más resistente a la propagación de incendios.
Con estos puntos queda claro que el Gobierno a través de un proyecto de Ley presentado a las Cortes Generales podría ganarse un tanto y apostar por un amplio consenso que corrija los errores y externalidades negativas de la Ley, en lugar de recurrir a la demagogia de plantear un pacto de Estado contra el cambio climático para apuntar a uno de los partidos de la Oposición (Vox). No cabe duda de que el cambio climático contribuye a la formación de biomasa y matojos que arden más que el infierno en verano pero, ¿Por qué no usar la Ley? ¿Qué puede aportar un supuesto plan nacional contra el cambio climático para evitar que se generen incendios que en no pocas ocasiones han recibido una "ayudita" consciente humana? ¿Qué podemos hacer como personas conscientes a parte de no ir como locos a prender fuego? ¿Qué esfuerzos más allá de consumir menos (que ya hacemos con la inflación) y adquirir un carísimo vehículo eléctrico?
Estas preguntas se conocen perfectamente que no tienen respuesta cuando recordamos que lo que le interesa a Pedro Sánchez y al PSOE es difundir una narrativa de exclusión de responsabilidad y derivación en el PP y Vox para no acumularse más desgaste al actual por la corrupción. Cómo convertir una crisis que ni el ministro Marlaska crítica a las autonomías (sí la prensa afín y los "expertos" seleccionados cuidadosamente) en un balón de oxígeno para el Gobierno más corrupto del siglo XXI.
Fuente de la foto: National Geographic
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