Eutanasia, suicidio y salud mental: un análisis necesario más allá del ruido

Cuando hablamos de eutanasia, a muchos nos viene a la mente el caso de Ramón Sampedro, un marinero que acabó tetrapléjico y pasó 30 años de su vida postrado en una cama. Los tribunales, como no existía ninguna Ley al respecto, le negaron el acceso a una muerte digna. Finalmente, la consiguió con ayuda de muchas personas para evitar posibles imputaciones de delito. Pudo beber un vaso con cianuro no sin antes grabar un vídeo de despedida para que quedase claro que era su voluntad. Esta historia motivó una película en el año 2004 (Mar adentro) y de alguna manera creó una conciencia en la gente de que el derecho a una muerte digna, en determinadas condiciones, debía de ser posible. Lo que ha generado cierta controversia es que 28 años después asistiéramos (hace algunas semanas) al caso de Noelia Castillo. Fue una joven de 25 años cuyo caso reabrió el debate sobre hasta qué punto han fallado los entornos familiares, institucionales y sanitarios. Pero no quería hablar hasta pasados unos días sobre este tema y sin personalizar en esta joven, dado que me parecía más apropiado examinar el estado de la cuestión en materia de suicidio, eutanasia y salud mental. Más allá de que nos sobrecoja lo sucedido, que algunos no entiendan que no se puede poner el foco sobre la víctima y que prefieran ver en sus cabezas que lo ponen los que sólo apuntan al fracaso del sistema, conviene analizar estos puntos con calma y objetividad.

La regulación de la eutanasia

La Ley Orgánica 3/2021, de 25 de junio, fue aprobada con los votos en contra de PP, Vox y UPN. Esta norma regula y despenaliza la eutanasia en España permitiendo a mayores de edad con "enfermedad grave e incurable, padecimiento crónico e imposibilitante" el solicitar ayuda a las Administraciones  para morir dignamente y bajo un proceso con consentimiento informado. Su solicitud voluntaria ha de ser emitida por escrito y repetida dos veces con al menos 15 días naturales entre una y otra y se registra sin coste para el solicitante en el Sistema Nacional de Salud. Dos médicos deberán de evaluar el caso y finalmente una comisión de garantía valida el proceso. Al mismo tiempo, se reconoce el derecho de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios a negarse a realizar esta prestación, creando un registro de objetores. En resumen, cumpliendo lo establecido en esta Ley, la muerte del paciente a manos conscientes del personal sanitario no es delito sino considerada legalmente como prestación sanitaria. En dicho contexto, debiera de respetarse la voluntad de la persona. Sin embargo, como ya dije arriba, es lógico que nos echemos las manos a la cabeza cuando pasan sucesos como los de Noelia (que en realidad son residuales) y nos preguntemos si el Estado podría haber hecho algo para evitar que decidiese eso.

Examinando las estadísticas de eutanasia, vemos que desde 2021 que entró en vigor la han recibido más de 1.300 personas, es decir, según datos difundidos por una asociación que defiende este nuevo derecho que implica el suicidio asistido. De esas, 426 se materializaron en 2024. Sin embargo, hasta 308 personas fallecieron durante el proceso a pesar de que se ignora en qué casos las muertes eran ya inminentes e inevitables. 141 fueron denegadas y en 54 se revocó la solicitud por seguramente arrepentimiento de la persona. Un 76% de los solicitantes fueron mayores de 60 años y un 25% mayores de 80 y la media de tiempo de resolución está en torno a los 50 días.

El caso de Noelia y lo que le ha rodeado ha provocado declaraciones como las de la ministra de Sanidad Mónica García que aboga por acortar los plazos, reforma que podríamos considerar lógica teniendo en cuenta las cifras de las estadísticas con gente que fallece antes de terminar el proceso. Pero al mismo tiempo defiende bloquear los recursos judiciales de familias y asociaciones. Esto último sobre todo ha sido lo que ha catalogado como "fuga legal". ¿En qué momento ha llegado a catalogarse así a un régimen garantista? Si reducimos los plazos, no tiene sentido que al tiempo se supriman recursos, así que en ese punto habrá que esperar a conocer por dónde quiere tirar de forma más concreta.

Las estadísticas del suicidio

Comprobando las estadísticas de 2024, vamos que de cerca de 3.700 los hombres representan el TRIPLE de cifras que las mujeres (2.700 frente a 900) y buena parte de las personas que voluntariamente ponen fin a su vida por sí mismos se concentran en la mediana edad. Más de 1.000 personas entre los 45 y 59 años. Por el contrario, son muy pocos casos los menores de edad, pero con mucha probabilidad representan otra desgracia de la sociedad como el bullying. En cuanto a los jóvenes de edad algo mayor (entre 15 y 29 años) la brecha de género de la que nadie habla es todavía mayor, pues la cifra de suicidios cometidos por los hombres cuadruplica a la de las mujeres (235 frente a 74). Si consultamos el mapa interactivo se pueden comprobar estas cifras de forma más resumida, de manera que un 75% de las personas son mayores de 40 años y el 50% entre 40 y 64 años. Curiosamente, donde más personas hay que, en proporción, cometen esta trágica decisión se concentran en el oeste de España mientras que hay menos en el Este. Donde más hay es en Cantabria y donde menos en Madrid y Navarra. Desde 2018 a 2022 hubo un fuerte repunte alcanzando la peor cifra de hombres de los últimos 25 años. Habría que analizar y estudiar por qué estas cifras y qué factores pueden influir en la salud mental de las personas y especialmente en los hombres. Pues bien, frente a este componente de género y de edad, algunas interpretaciones sesgadas pretenden minusvalorar el problema aludiendo a una supuesta "masculinidad tóxica" silenciando la incidencia multifactorial. Así, influirían variables múltiples de aislamiento, ruina económica, problemas con alcohol o drogas (comunes en mujeres), desahucios, divorcios, hijos apartados y, por qué no decirlo, víctimas de presuntas denuncias falsas en el ámbito viogen. Sólo un estudio valiente y bien construido metodológicamente nos permitiría conocerlo.

Sean cuales sean las razones y la lectura que hagamos, estaremos todos de acuerdo con que no son casos de muerte digna. No es digno para nadie terminar tirándose de un puente, ponerse una soga o hincharse a pastillas. Ahora bien, entiendo que es imposible y no podríamos establecer ninguna relación fiable entre aquéllos que pusieron fin a su vida por sí mismos que, de haber podido, hubiesen recurrido a la eutanasia. De hecho, estos números estadísticos y el contraste con los anteriores sobre la eutanasia me hace pensar que el suicidio podría tener un componente más repentino. Me refiero a que a pesar de que de alguna manera el sufrimiento de la persona experimente una escalada, el de la eutanasia parece un proceso más reflexionado. Otra diferencia es que en la eutanasia no se percibe componente de género sino más bien de edad, dado que quienes más la solicitan son los mayores de 80 años y la media de edad está en 69. Así que el caso de Noelia es una total excepción a la regla.

La Salud Mental y la prevención del suicidio

El actual Plan nacional de Salud Mental es, como el anterior, de carácter trianual y engloba los años 2025-2027. Sin embargo, ya no aborda la prevención del suicidio ni incluye acciones al respecto, entendiendo que la relevancia e importancia de este tema motivaban la aprobación de uno separado. Así, el 14 de febrero de 2025 se aprobó el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio. Los objetivos son desarrollar actuaciones preventivas y de promoción de la salud mental en personas mayores, así como actividades formativas específicas para los mismos. En segundo lugar, se impulsan actuaciones, acciones y actividades preventivas de problemas de salud mental y de promoción de la salud, incluyendo estrategias para el fortalecimiento de redes de apoyo social y comunitario que fomenten la participación. Estas acciones están dirigidas especialmente a las personas mayores de 65 años al considerarse un grupo en situación de especial vulnerabilidad a problemas de salud mental y el suicidio. En tercer lugar, se promueven actividades formativas dirigidas a profesionales sanitarios, sociales y personas cuidadoras para mejorar la detección de problemas de salud mental en este colectivo. Por último, existen también algunos programas y actividades destinadas a jóvenes adolescentes, personas LGTBi, personas con discapacidad y otras con riesgo de discriminación. Se destina una cantidad económica de 18 millones de euros.

Comparando con otros países de Europa, Reino Unido destaca en medición y rendición de cuentas a pesar de que no haya logrado reducir las tasas y los países nórdicos como Finlandia impulsan su Estado del bienestar con más recursos humanos, fuerte inversión en salud mental y políticas de vivienda y empleo, mientras que España estaría más cerca de las naciones del sur con una naturaleza más estratégica que práctica, baja financiación y especialización en los sistemas sanitarios.

Entre las fortalezas del plan español, destaca que trata con factores sociales, sanitarios y educativos e integra a los tres sistemas públicos responsables, refuerza la atención inmediata a través del teléfono 024, se participa en campañas públicas y mediáticas de sensibilización, se proporciona formación a los profesionales como docentes, sanitarios y trabajadores sociales y se provee apoyo psicológico a las familias cuando el drama se ha consumado.

Sin embargo, las debilidades nos hacen reflexionar y mucho. Para empezar, el presupuesto se asemeja muy limitado para un problema de esta magnitud. Para ponerlo en contexto, esos 18 millones son repartidos entre todas las CCAA y múltiples líneas de acciones con el riesgo real de que muchas de esas medidas queden sin impacto operativo. En segundo lugar, como plan que es tan sólo define qué hacer, que objetivos y bajo qué indicadores genéricos en sentido agregado. Pero no entra en la ejecución ni en aspectos como plazos concretos e indicadores más claros, cuantificables y específicos de cumplimiento. Por el contrario, la evaluación prevista termina siendo más política que técnica. En tercer lugar, deriva responsabilidad a las CCAA. Y ya sabemos cómo funciona en estas cosas el Estado de las autonomías, con una desigual aplicación entre regiones y mayor dificultad para evaluar resultados. En cuarto lugar, no aborda de forma contundente problemas como la falta de psicólogos en la Sanidad pública, la saturación en atención primaria y las listas de espera en salud mental. A pesar de que se mejoren los protocolos, si no se incrementan los recursos humanos es más difícil de aplicar. En quinto lugar, en materia de prevención social y aunque valora factores de pobreza, precariedad y soledad, se queda más en términos de coordinación y sensibilización que en políticas concretas. Y finalmente y el que creo que es el más grave de todos, es que parte de un énfasis prioritario en las personas mayores cuando las cifras de estadísticas apuntan una incidencia muy significativa en los hombres de mediana edad y tanto en términos absolutos como proporcionales. Esto sugiere un desequilibrio en la priorización de colectivos, al no existir previsión específica relativa a los mencionados hombres.

Conclusiones

En definitiva, este plan peca de escasa financiación, ejecución difusa, dependencia territorial y mal enfocado por su discutible lectura de las estadísticas, pues el colectivo en el que más se centra es en realidad el que es mayoritario en las solicitudes de eutanasia. Al mismo tiempo, oculta totalmente la singularidad de los hombres de mediana edad y por lo tanto lo silencia como grupo mayoritario. A pesar de que dicho plan pueda parecer moderno y se alinee con estándares internacionales, es más un brindis al sol y un documento con mayor impacto político y reputacional que transformador. En la práctica se encuentra con numerosas barreras y muchas culpa de su  propia definición. Principalmente porque su planificación es insuficiente, de manera que luego las carencias en su ejecución puedan ser achacadas a las propias autonomías relegando al Estado y al Gobierno de turno a la promoción de la imagen y no a la responsabilidad pública de logros efectivos. Así que mi pregunta final con dardo es la siguiente: ¿van a esforzarse el Gobierno y las CCAA en reforzar el diagnóstico y prevención de las condiciones que conducen al suicidio o por el contrario les interesa más flexibilizar la burocracia para proveer la muerte digna?

*Recuerda que si necesitas ayuda en España, puedes llamar al 024 (Línea 024 de atención a la conducta suicida).