En realidad, hablar de “déficit democrático” de la UE es una crítica recurrente desde los años 90 y que sigue vigente. Se refiere a la percepción de que las instituciones europeas adoptan y ejecutan decisiones con un limitado nivel de control democrático directo. La Comisión Europea ostenta la iniciativa normativa, ejecuta el Derecho Comunitario y supervisar su cumplimiento, mientras que el Consejo de la UE, donde se reúnen Jefes de Estado y ministros, elabora las normas en colaboración con el Parlamento Europeo. Ésta última es la única institución europea elegida por sufragio universal directo. Sin embargo, no tiene el mismo poder que por ejemplo ostenta el Congreso de los Diputados. Las negociaciones entre Estados miembros en el Consejo son opacas, técnicas y difíciles de seguir mediáticamente y, sobre todo, programas clave como NextGenerationEU, fondos de recuperación o reformas estructurales se negociaron entre la Comisión y los gobiernos nacionales por vía urgente y con escasa participación del PE. Todo esto alimenta la idea de que la UE opera “entre bastidores” y sin transparencia.
También existen factores sociales y culturales que explican el alejamiento de los ciudadanos respecto al proyecto europeo. La UE carece de una narrativa emocional o identitaria. A diferencia del Estado-nación, la UE no tiene héroes nacionales, ni símbolos emotivos fuertes (más allá de bandera e himno) ni medios de comunicación populares ni tan siquiera debates públicos compartidos. Únicamente se pudo ver en los años 90 y 2000 cuando se caminaba hacia una moneda única como es el Euro desde 2002 y en buena parte de los países miembros. Sin embargo, tras la pandemia, el Brexit y la guerra en Ucrania, la UE ha actuado como máquina regulatoria de la economía. La proliferación de regulaciones (Medio Ambiente, consumo, transformación digital, industria, transportes, alimentos, etc.) ha aumentado la percepción de hiperregulación y pérdida de autonomía nacional. Además, se perciben desigualdades en el sentido de que la integración económica habría beneficiado más a otros países como Alemania y no pueden influir en la toma de decisiones, generando el fenómeno del euroescepticismo. La función consultiva del Consejo Económico y Social y el Comité de las Regiones es básicamente testimonial. En definitiva, la política europea parece lejana, fría y técnica y eso se nota en la participación electoral.
La DSA (Digital Services Act) o Ley de Servicios Digitales, en vigor desde 2023, es un Reglamento comunitario que constituye una de las mayores polémicas regulatorias de la UE. Su objetivo principal es regular plataformas digitales para proteger a los usuarios, pero presenta aspectos positivos y otros no tanto. Por un lado, para proteger contra la desinformación y contenidos ilegales, obliga a grandes plataformas (Meta, X, TikTok…) a gestionar riesgos como el discurso de odio, manipulación electoral, fraude y campañas de desinformación organizadas. También impone mayor transparencia en algoritmos y publicidad segmentada (cookies). Sin embargo, las críticas apuntan a que abre la puerta a una supervisión estatal omnicomprensiva pudiendo justificar eventuales censuras y limitaciones indirectas a la libertad de expresión (tal y como pretende aprovechar el Gobierno socialista), se refuerza poder a las plataformas para decidir qué contenido es peligroso o ilegal y además incorpora un coste burocrático elevado exigiendo auditorías internas, controles de moderación, informes periódicos y supervisión detallada de algoritmos. Incluso la UE tuvo que echarse atrás con la polémica del Chat Control porque percibió que se estaba pasando de frenada.
Política exterior, relaciones con EEUU y conflictos bélicos
La UE dispone formalmente de una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), diseñada para dotar al bloque de una voz y acción unificadas en el mundo. En teoría, eso le permitiría intervenir diplomática, humanitaria o militarmente con peso. En la práctica tropieza recurrentemente con varios límites estructurales. Las decisiones relevantes a menudo requieren unanimidad entre los Estados miembros y las prioridades nacionales y relaciones bilaterales dificultan un consenso a largo plazo. Tampoco hay que perder de vista intereses económicos y geopolíticos en juego. Basta que un solo país miembro con reservas logre frenar decisiones, redundando en inmovilismo cuando no convirtiendo decisiones urgentes en procesos largos y costosos. Y es que la diplomacia sigue siendo en gran parte nacional y por tanto los mecanismos institucionales y estratégicos de la UE están lejos de unificar una voz fuerte y creíble.
La relación entre la UE y EEUU ha sido tradicionalmente un pilar de la política exterior europea en materia económica y de defensa y seguridad en el marco de la OTAN. Además, la mayoría de armas que se compran por los países de la UE se hace a EEUU y viceversa. Sin embargo, ese vínculo también genera controversias. La UE se percibe por muchos como un aliado subordinado a EEUU. Casos como su debilidad durante el episodio de Groenlandia y el poco margen de maniobra frente a la amenaza arancelaria desdibujan su identidad como actor independiente. De ese modo, se plantea un dilema existencial para la UE: o se fortalece como actor propio que opte por el multilateralismo pero debilita las relaciones con el principal aliado en la OTAN ó fortalece la relación estratégica con EEUU pero al mismo tiempo sigue bajo la sombra de Washington validando por ejemplo el levantamiento de sanciones al régimen del oligarca ruso Putin.
Tenemos varios ejemplos de conflictos bélicos recientes. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, la UE impuso varios paquetes de sanciones económicas y financieras contra Rusia tanto a entidades como sectores estratégicos (energía, finanzas, defensa). También ha proporcionado ayuda a Ucrania, incluyendo apoyo económico, militar, y admisión de refugiados, reafirmando su compromiso con la soberanía territorial y el orden internacional basado en reglas. Sin embargo, no todos los Estados miembros comparten el mismo ritmo ni la misma intensidad de sanciones a Rusia o apoyo a Ucrania, lo que debilita la cohesión interna. Además, se reabrió el debate sobre la dependencia energética, militar o estratégica de la UE y se planteó la necesidad de reforzar su autonomía.
Con respecto al conflicto entre Israel y Palestina que estalló en 2023, los Estados miembros decidieron no aplicar sanciones contra Israel y a pesar de ciertas presiones políticas y mediáticas. Sin embargo, sí suspendieron acuerdos comerciales el pasado año, así como la cooperación internacional y aprobaron sanciones más específicas contra terroristas y Hamas, condenando la barbarie de ambos lados. Aún así, no ha resultado suficiente para los críticos (ONGs y activistas) que han tachado la gestión aludiendo a un supuesto doble rasero y, por consiguiente, esos altavoces habrían contribuido a debilitar en cierto modo la posición de la UE como actor geopolítico intermediario. Lo ultimo es que se ha activado es una iniciativa popular para suspender todo el acuerdo de asociación con Israel. Este conflicto fue analizado en un post anterior de este mismo blog y me sigo manteniendo en mi postura, al tiempo que considerando correctas las decisiones tomadas por la UE en este asunto.
Más recientemente, estalló un nuevo conflicto con ataques militares de EEUU e Israel contra Irán desde el 28 de febrero de 2026. Ya se estaba preparando un paquete de sanciones contra Irán por la represión criminal a manifestantes. Las posturas ante este conflicto no pueden ser más heterogéneas. Alemania reconoce que había motivos, Hungría lo apoya sin fisuras y critica el cierre de algunas bases, Francia y España criticaron duramente el ataque y descartaron participar en la guerra pero al mismo tiempo remitieron un portaviones y una fragata a Chipre para defenderla de Irán (aún en el marco de la OTAN) e Italia moderó las críticas pero envió también un buque allí. Para colmo, la presidenta de la Comisión Úrsula Von der Leyen emitió unas declaraciones polémicas afirmando que Europa no debía de ser garante de un "viejo orden mundial" que jamás regresaría. En mi valoración patinó al no matizar que de lo que se trataría sería de adaptar un sistema normativo hecho en posguerra y tiempos de paz a eventuales conflictos armados en regiones externas.
La inmigración
La inmigración es un problema estructural en Europa: migraciones originadas por crisis internacionales, desplazamientos forzados o causas económicas y una UE con mecanismos de gestión complejos y sin consenso. En 2024 se registraron unas 239.000 entradas irregulares detectadas en fronteras de la UE, el mismo año en que se aprobó el Pacto sobre Migración y Asilo. Se lanzó como un marco común con el objetivo de crear normativa uniforme para asilo y gestión de fronteras y proporcionar un reparto más equitativo de responsabilidades entre Estados miembros. Sin embargo, en la práctica ese marco es difícil de aplicar. La presión migratoria recae desproporcionadamente sobre algunos Estados, al tiempo que otros rechazan asumir parte de esa carga como por ejemplo la Hungría de Orban (que se niega a contribuir al fondo común de solidaridad), se perpetúa la carga desigual y se restringen soluciones coordinadas. Esa sobrecarga genera saturación en puertos, centros de recepción, recursos de asilo, presión social y conflictos locales en países con presión migratoria como España, Francia o Italia. Además, en algunas regiones de dichos países se ha incrementado la percepción de inseguridad ciudadana y justo en zonas tensionadas por inmigración procedente de entornos culturales alejados de valores occidentales. Ni que decir tiene que esto genera el caldo de cultivo para la polarización social como ya vimos en Torre Pacheco.
A pesar de que la migración regular y la integración son fundamentales, la UE no ha logrado implementar políticas comunes que faciliten inmigración legal, integración sostenible y mecanismos eficaces de reasentamiento. Además, los países miembros muestran disparidades en sus capacidades de acogida, integración y respeto a derechos sociales, lo que genera un mosaico fragmentado. En ese panorama, la estrategia de la UE se ha ido orientando algo más hacia la disuasión, externalización de asilo y cooperación con terceros países para contener la migración antes de que llegue a Europa. Esto que parece de lógica y se hace necesario para contener la inmigración irregular masivas ha generado denuncias por parte de muchas ONGS de expulsiones ilegales, detenciones arbitrarias y riesgo para la vida de migrantes/refugiados. Consideran que la externalización a países con débiles garantías de derechos humanos erosiona los valores declarados de la UE como defensora de los mismos. Sin embargo, como decimos, el ciudadano de las zonas con elevada inmigración percibe que no se está conteniendo lo suficiente la entrada de inmigración ilegal y que genera inestabilidad social con presión sobre servicios públicos, vivienda, empleo, máxime aún con los riesgos de marginación y de aislamiento cultural en la constitución de guetos. Por lo tanto, la UE es presionada por todos lados.
Como ya vimos en un anterior post, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, propuso a la UE un plan similar al que aplica en su ejecutivo. Esta mandataria ha demostrado en varias ocasiones tener un plan más valiente para Europa del que está ofreciendo Von der Leyen y una oposición más inteligente a Trump. El plan se aprobó el lunes 8 de diciembre estableciendo la facultad de los gobiernos nacionales de expulsar a personas que no tienen derecho ni de residencia ni de trabajo, establecer centros de tramitación de asilo en el extranjero y crear centros de expulsión también fuera de su fronteras. Permitirá repatriar inmigrantes que se consideren riesgo para la seguridad por antecedentes penales aunque siempre que exista convenio de reciprocidad. Por último, se reducen las compensaciones económicas por no acoger inmigrantes. Por su parte, el gobierno socialista de Dinamarca, con fuertes tensiones migratorias procedentes de Suecia, en materia de asilos ha conseguido que se establezca una lista de países seguros para rechazar las que procedan de los mismos. El único gobierno que manifestó oposición expresa, para sorpresa de nadie, fue el español del PSOE con Marlaska como representante. Así que, en definitiva, en inmigración se constata la inexistencia de una línea uniforme y coordinada.
Seguridad, terrorismo y ciberdelincuencia
En materia de seguridad y terrorismo, la UE cuenta con la estrategia EU Counter‑Terrorism Agenda. Renovada en 2020, coordina medidas para prevenir la radicalización, reducir el acceso de terroristas a armas y explosivos, proteger espacios e infraestructuras críticas y perseguir la financiación del terrorismo. También trabaja en la lucha contra la difusión de propaganda terrorista yihadista con normativas para obligar a eliminar contenidos de ese tipo en línea y coopera con otros países y actores internacionales (como la ONU) a través de la diplomacia, intercambio de información y coordinación multilateral. En 2025 la UE aprobó unas conclusiones por las que reforzó su prioridad contra el terrorismo y el extremismo violento, destacando la necesidad de abordar conjuntamente amenazas exteriores e interiores y de coordinar justicia, seguridad, fronteras y diplomacia. Sin embargo, el contexto europeo también evidencia varias debilidades que limitan mucho lo que la UE puede conseguir como bloque y especialmente frente a amenazas modernas. La amenaza no es ya diversa, sino fragmentada y difusa. La UE tiene que adaptarse a contextos mucho más volátiles y difíciles de controlar y coordinar.
El terrorismo ya no es sólo organizaciones grandes con estructura jerárquica. Según recientes informes (2025), la radicalización digital, el uso de internet, jóvenes vulnerables o minorías marginalizadas, convierten el fenómeno en más imprevisible. No en vano se dificulta enormemente la prevención: no basta vigilar fronteras o redes conocidas, sino que hay que actuar en un entorno más complejo como ámbitos sociales y digitales. Internet permite que perfiles muy jóvenes, aislados o vulnerables entren en redes de adoctrinamiento o violencia y complica muchísimo la prevención. Aunque existe coordinación, cada Estado miembro tiene su propia legislación, capacidades de inteligencia, recursos policiales, enfoque sobre radicalización, inmigración, integración, etc. Por consiguiente, la capacidad de detectar, prevenir o desarticular redes depende en gran medida del país. Además, la inseguridad adquiere una dimensión trasnacional con conflictos regionales, guerras (Rusia y Ucrania), tensiones político-religiosas (Israel y Palestina) y crisis humanitarias que desbordan las limitaciones diplomáticas y de cooperación exterior de la UE.
Sobre atentados terroristas, según el informe TE-SAT 2024, en 2023 se registraron 120 atentados terroristas en la UE: 98 consumados, 9 intentos fallidos y 13 complots frustrados. En esos datos, 426 personas fueron detenidas en 22 países miembros. De ese conjunto de detenciones: 334 estaban vinculadas al terrorismo yihadista, aunque también se actuó contra otras formas de extremismo. Esto contrasta con los 28 atentados de 2022, los 15 de 2021 y los 57 de 2020. En 2024 (TE-SAT 2025) disminuyeron, siendo 58 con 34 consumados y 19 fallidos. En total se arrestaron a 449 personas. Ahora bien, este contención de atentados hay que matizarla dado que en 2023 y 2024 se constata un incremento de la radicalización digital, con jóvenes y menores implicados en procesos de adoctrinamiento, reclutamiento y planificación de atentados en entornos extremistas y supremacistas. Es decir, no sólo islamistas sino también de ultraderecha y extrema izquierda.
En esta última década (y especialmente tras la guerra en Ucrania), la UE enfrenta crecientes amenazas cibernéticas que apuntan a infraestructuras críticas, instituciones y procesos democráticos. En 2025 las autoridades de la UE sancionaron a personas vinculadas a ataques cibernéticos contra Estados miembros y Ucrania en materia de espionaje, sabotaje y campañas de desinformación. Uno de los grupos más notorios, el pro ruso NoName057(16) fue desarticulado por una operación conjunta de 12 países junto a Eurojust y Europol. El grupo habría llevado a cabo múltiples ataques DDoS contra infraestructuras críticas como electricidad, transportes, servicios públicos en varios países europeos. Sin embargo, este caso de éxito cooperativo es más excepción que norma. Según un reciente informe, la ciberamenaza en Europa se está intensificando y figura como una de las regiones del mundo más afectadas por ataques DDoS, gracias al uso de nuevas tecnologías (incluida la inteligencia artificial) por parte de hackers y actores hostiles. Y qué decir de la inteligencia artificial.
El Pacto Verde Europeo y las fisuras de la política comercial
El Pacto Verde Europeo (European Green Deal) se planteó como una estrategia ambiciosa de la UE para transformar su economía hacia un modelo moderno, sostenible, climáticamente neutro y con mayor protección ambiental. El sector económico en el que más se enfatiza es el agrícola, dado que se establece una transición hacia un modelo basado en la reducción de emisiones, menos insumos químicos, conservación de la biodiversidad, bienestar animal, reducción de la huella hídrica, etc.
Sin embargo, aumenta costes para agricultores y ganaderos europeos. Con horizonte en 2030, transforma el mercado de fitosanitarios reduciendo el catálogo permitido y obliga a importantes reducciones de uso de fertilizantes y pesticidas químicos en agricultura y al incremento de superficie ecológica reduciendo la cultivable. Además, en ganadería establece mayor vigilancia de las macrogranjas, reducción de antimicrobianos, límites al metano entérico de vacas y ovejas, reducción del uso de piensos con soja importada y otras obligaciones en materia de bienestar animal relativas a espacios y transporte. En materia burocrática se les exigen certificaciones de cumplimiento de todas estas obligaciones. De esta manera, los eventuales impactos apuntarían a caídas de ingresos en explotaciones pequeñas, menor productividad agrícola, mayor vulnerabilidad ante plagas, costes de certificación ecológica y nueva maquinaria, menor competitividad con carnes de países con estándares bajos, necesidad de nuevas competencias digitales, dependencia de nuevos asesores y gestores y en definitiva más costos administrativos. Frente a esto, los agricultores europeos deben cumplir burocracia y normas muy estrictas mientras compiten con importaciones que no siguen los mismos estándares como Marruecos, Ucrania o Mercosur, con el que la UE alcanzó un preacuerdo de libre comercio por mayoría cualificada del Consejo no sin algunas cláusulas de salvaguarda gracias, una vez más, a Meloni. Sin embargo, los Estados de Mercosur no las vieron con buenos ojos mientras que los extremos de izquierda y derecha forzaron al Parlamento a denunciar el preacuerdo ante el TJUE. Esto evidencia un nuevo punto de cuestionamiento de la política comercial de la UE.
Conclusiones
El mayor problema de la Unión Europea es que ha sido incapaz de promover una unidad de acción entre los países miembros. Políticas como la gestión de la inmigración, la seguridad y el terrorismo son mejor ejecutadas por países de forma individual o bilateral que bajo el prisma de la UE donde conviven gobiernos de ideología muy diversa y que van renovándose con el paso de los años, sin que desarrollen una cultura pro europea muchos de ellos sino más bien al contrario (nacionalista). Además, la propia estructura económica, social y cultural de los Estados miembros ya perfila un mapa fragmentado más allá de la ideología del gobierno de turno. Todo esto hace hace que la política exterior común sea un oxímoron, puesto que realmente a la mínima objeción se hace difícil establecer una voz única que incluso se percibe muchas veces como débil y supeditada a intereses externos como EEUU.
Por tanto, más allá de posiciones concretas, los últimos conflictos bélicos ha puesto de manifiesto la profundidad del problema, que es la limitada capacidad de influencia geopolítica de la UE. A diferencia de Estados Unidos o de potencias regionales como Rusia, Irán o Israel, la Unión Europea carece de una política militar común consolidada, una estrategia de defensa plenamente integrada y mecanismos rápidos de decisión en política exterior. Todo esto tiene como consecuencia que, ante crisis internacionales graves, la UE actúe principalmente como actor diplomático o económico, pero tenga menos peso en decisiones estratégicas o militares. Incluso ha ido a remolque topándose con un mundo cambiante con un crimen organizado complejo. Por lo tanto, la UE no está en condiciones actuales de significarse como un actor prominente.
Desde la perspectiva del ciudadano trabajador o autónomo, políticas como la climática chocan contra sectores económicos con poder y relevancia en dichos países que se sienten poco escuchados en el contexto general de unas instituciones con escasa legitimidad social. A pesar de que preacuerdos como el de Mercosur sean eficientes desde el punto de vista de la economía liberal y en pro de la competitividad y beneficio mutuo, desde la perspectiva micro esa rentabilidad no llega sino que cala el proteccionismo nacionalista. Además, es alimentado por una hiperregulación que ya crea desigualdades al no imponerse esa excesiva burocracia en los productos y servicios importados. Las instituciones, lejos de hacer esfuerzos por acercarse a la gente, tratan de justificarse con dichas regulaciones cada vez más extensas e incluso poniendo en tela de juicio derechos y libertades como la privacidad, amparándose en la protección de la seguridad pero degenerando en la desproporcionalidad. Y el resultado no es sino incrementar la desafección y a la cual también colabora la pésima estrategia comunicativa, contaminada por las ideologías de los gobiernos nacionales.
En definitiva, la UE ha fracasado intentando establecer un marco político y social uniforme porque lo que predomina es la heterogeneidad tanto estructural como coyuntural de sus Estados miembros. Padece muchas fisuras que promueven el descontento social, por lo que su rumbo debe de orientarse a ser una organización internacional más democrática, más participativa, más consciente de la diversidad de sus Estados miembros y no obsesionarse con ejercer un liderazgo internacional ni imponer una voz común interna. Lo más importante es promover la unidad de acción en un conjunto de mínimos, respetando el derecho de cada país a ser diferente (promoviendo más la elaboración de Directivas que Reglamentos). En resumidas cuentas, entendiendo que para constituirse en un actor políticamente relevante y que sea capaz de manejarse sin la mano de EEUU es imperativo fortalecer una unidad y no erosionarla.
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