Antecedentes: las elecciones de julio de 2024
Las elecciones presidenciales de 28 de julio de 2024 en Venezuela pudieron ser el punto de inflexión que definitivamente sepultó la legitimidad internacional de Maduro. Es difícil creer que lo que sucedió no tuviese consecuencias profundas para la estabilidad del país y su futuro.
El principal eje de crítica fue la total y absoluta falta de transparencia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) —controlado por el propio Nicolás Maduro— anunció resultados sin publicar las actas oficiales mesa por mesa, que son los documentos impresos al cierre de cada votación y constituyen el registro físico de la voluntad de cada votante. Esto es fundamental en cualquier sistema electoral serio, dado que permite verificar los resultados y reconstruir el recuento. Organizaciones internacionales, como un panel de expertos de la ONU, señalaron que la falta de este desglose era un incumplimiento sin precedentes de los estándares de transparencia e integridad electoral. La publicación, pese a prometerse, nunca llegó. El CNE canceló auditorías que estaban legalmente previstas, como una que debía comparar el 54 % de las actas con los resultados electrónicos, sin ofrecer una explicación creíble. Esto significó que solo se conocieron números agregados (Maduro 51,9 %, González 43,1 % según el CNE) sin poder rastrear cómo se llegaba a esos totales desde cada mesa de votación.
Mientras tanto, la principal alianza opositora —Plataforma Unitaria Democrática— recolectó, escaneó y publicó en línea más del 80 % de las actas que pudo obtener directamente de las mesas de votación. Estas actas digitales, con firmas y sellos de testigos electorales, sirvieron para levantar un recuento alternativo que indicaba un amplio triunfo de Edmundo González Urrutia (67% frente a 30%), muy diferente de las cifras oficiales. Sin embargo, el gobierno madurista negó la legitimidad de este recuento opositor y llegó a abrir investigaciones penales contra quienes lo publicaron, acusándolos —sin evidencia pública— de fraudes informáticos o conspiración.
En cuanto a reacciones, organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y PROVEA denunciaron que los propios datos internos del CNE mostraban —según copias que les fueron mostradas o a las que tuvieron acceso observadores— una ventaja clara del candidato opositor, lo que profundizaba las sospechas de manipulación. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la elección careció de legitimidad democrática por la opacidad en el proceso y por el hecho de que aún no se habían publicado las actas completas, remarcando que la oposición sí tenía registros alternativos que parecían contradecir los números oficiales. En la ONU, un comité de DDHH abrió una investigacion sobre el fraude electoral y, finalmente, la Unión Europea sancionó a varios altos cargos del TSJ de Venezuela por proclamar a Maduro ganador sin pruebas públicas que sustentaran los resultados oficiales.
El CNE y funcionarios oficiales ofrecieron explicaciones que fueron consideradas insuficientes por la comunidad internacional. Alegaron que se habían producido “ataques informáticos” y problemas en la infraestructura tecnológica para justificar la demora y la falta de publicación detallada.
Este contexto de desconfianza contribuyó a que una mayoría de países y actores no reconocieran a Maduro como presidente legítimo y amplió la brecha entre el Gobierno chavista y la oposición tanto interna como internacional. De alguna manera sentó el caldo de cultivo para que Trump desarrollase su estrategia.
Escalada de tensiones y lucha de Trump contra el “Cartel de los Soles”
Durante 2025, la Administración Trump impulsó una política de fuerte presión política y diplomática contra el régimen de Maduro y en particular vinculándolo con el “Cartel de los Soles”. Dicha organización era entendida como una red informal de altos mandos militares y figuras del poder político venezolano, presuntamente implicados en tráfico de cocaína hacia EEUU y Europa, protección de rutas del narcotráfico, colaboración con grupos armados como las FARC disidentes y el ELN y habilitación de Venezuela como plataforma logística.
Desde 2020, fiscales federales estadounidenses ya habían acusado formalmente a Nicolás Maduro y a otros altos cargos (como Diosdado Cabello) de narcoterrorismo, equiparando el narcotráfico con amenazas terroristas contra EE UU. Pero hasta esta segunda legislatura de Trump no se vinculó explícitamente al Cartel de los Soles con la crisis del fentanilo y la entrada de drogas por el Caribe y Centroamérica. Trump calificó a dicho Cartel como organización terrorista extranjera y declaró al régimen venezolano como un narco Estado que amenazaba directamente la seguridad de Estados Unidos, terminando por declarar a Maduro como terrorista narco.
Este nuevo rumbo le permitía a Donald Trump poder justificar operaciones especiales y acciones militares limitadas al amparo supuestamente de leyes antiterroristas y antidroga. Es más, se abrió la puerta a una orden de captura internacional contra Maduro y el Gobierno estadounidense llegó a duplicar la recompensa por información para arrestarlo hasta 50 millones de dólares. Las sanciones habían fracasado y la negociación estaba agotada con un Maduro que ofrecía dejar el cargo a su vicepresidenta a cambio de impunidad absoluta.
La estrategia de Donald Trump tenía una doble vertiente. Internamente, conectaba con su discurso conservador de “ley y orden” en tanto que lucha contra las drogas. Pero, externamente, buscaba reducir el margen de maniobra de aliados de Maduro (como Rusia, China o Irán), retratándolos como protectores indirectos de un sistema criminal e indirectamente alentándolos a que lo dejarán caer. Trump actuó no solo contra un presidente cuestionado, sino proyectando la figura de un “jefe de organización criminal” que no gozaría de inmunidad política ni soberanía efectiva. Esto explica por qué Washington asumió un coste diplomático enorme: la operación no se planteó como intervención política, sino como una aplicación extraterritorial de la ley penal estadounidense.
Reacciones: soberanía y el debate sobre el derecho internacional
La captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU ha provocado una onda expansiva diplomática global, no solo por la figura del detenido, sino por lo que la operación implica en términos de soberanía estatal, legalidad internacional y precedentes geopolíticos. Más allá del juicio político (y seguramente penal en el futuro) sobre Maduro, el debate se ha desplazado rápidamente hacia una pregunta central: ¿puede un Estado actuar unilateralmente contra el jefe de otro Estado alegando delitos transnacionales?
América Latina ha mostrado una respuesta fragmentada, reflejo de sus divisiones ideológicas y de sus propias experiencias con intervenciones externas. Así, gobiernos como México, Brasil o Colombia (todos socialistas) han denunciado la operación como una violación del principio de no intervención aún sin defender explícitamente a Maduro. Entienden que ningún Estado puede ejecutar operaciones coercitivas en territorio ajeno sin mandato multilateral, independientemente de la legitimidad del gobierno afectado. Otros gobiernos, como Argentina (bajo Milei) o algunos ejecutivos centroamericanos como El Salvador (Bukele) han mostrado comprensión o apoyo tácito, subrayando el carácter criminal y no democrático del régimen venezolano. También hay que señalar el comunicado del reciente nuevo gobierno de Bolivia que se ha limitado a apoyar en un eventual y esperado proceso de transición democrática, obviando cualquier mención al ataque y detención. En estos casos, el énfasis no está en la soberanía, sino en la idea de que Venezuela habría dejado de cumplir las funciones mínimas de un Estado de derecho.
En Europa, la reacción ha sido también dispar. La Unión Europea ha evitado avalar la operación, subrayando que el uso de la fuerza sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU vulnera el derecho internacional, incluso cuando el objetivo sea un dirigente acusado de graves delitos. Esa misma línea han seguido varios gobiernos como Francia, Noruega, Dinamarca y Reino Unido y que no obstante han recordado que las elecciones de 2024 carecieron de garantías, Maduro no gozaba de plena legitimidad democrática y existían acusaciones penales graves pendientes. Este doble mensaje revela una tensión clara: rechazo del método, sin rehabilitar al régimen. Llama la atención la condena enérgica de la ultraderecha de Le Pen sin calificar al líder depuesto. En España, el PSOE lanzó un tibio comunicando condenando la intervención en Venezuela, llamando a la desescalada y poniéndose al servicio para ayudar. Esto mosqueó a la extrema izquierda con la que comparte ejecutivo (Sumar y Más País). Por último, otros gobiernos como Italia, Portugal y Alemania han apoyado sin fisuras la operación militar.
En el seno de la ONU, la operación ha reactivado un debate clásico pero no resuelto y es el principio de soberanía contra los delitos transnacionales. El derecho internacional protege la soberanía y la inmunidad de los jefes de Estado, pero no contempla escenarios de “narco-Estados” ni redes criminales incrustadas en estructuras estatales. De hecho, la ONU alberga a muchos Estados que son terribles dictaduras como Corea del Norte, Arabia Saudí o Irán.
Frente a esto, EE. UU. sostiene que Maduro no actuaba como jefe de Estado legítimo, sino como líder de una organización criminal transnacional, por lo que no le serían aplicables plenamente las protecciones tradicionales. Las sanciones y la diplomacia habrían fracasado ante la impunidad de los líderes como Maduro. Sin embargo, muchos juristas y Estados discrepan, alertando de que aceptar ese argumento abriría la puerta a que cualquier potencia etiquete a un adversario como “criminal” para justificar acciones unilaterales. En el peor caso conllevaría que se normalizase la justicia extraterritorial armada y dicho precedente podría ser usado por otras potencias como Rusia con Ucrania o China con Taiwan en conflictos futuros.
El futuro de Venezuela y el reto de la reconstrucción
La captura de Nicolás Maduro abre un escenario inédito para Venezuela al tiempo que una ventana de oportunidad como apunta Rallo, pero no implica automáticamente ni una transición ordenada ni una recuperación inmediata. Al contrario, el país entra en una fase de total incertidumbre sobre cómo se abordará la reconstrucción política y económica.
El chavismo no desaparece con la detención de su líder, dado que persisten estructuras civiles, militares y económicas, redes clientelares y mandos intermedios con capacidad de bloqueo. Por ejemplo, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino o Delcy Rodríguez. Por su parte, la oposición, aunque fortalecida moralmente, no llega unida ni plenamente institucionalizada tras años de represión, exilio y fragmentación. Además, más allá de votar Venezuela enfrenta una crisis institucional profunda. Un sistema judicial politizado, organos electorales desacreditados, una administración pública colapsada y desconfianza generalizada de la ciudadanía. La reconstrucción política implica restaurar la separación de poderes y garantizar libertades civiles y de prensa. Sin este proceso, cualquier gobierno futuro corre el riesgo de ser percibido como ilegítimo o impuesto.
El escenario apunta a una transición tutelada por EEUU y con el secretario de Estado Marco Rubio al frente y con un gobierno provisional de Delcy Rodríguez. La primera duda es si se pretenderá una reconfiguración interna del chavismo sin Maduro, buscando sobrevivir políticamente. La clave estará en restablecer reglas claras de juego democrático, garantizar elecciones creíbles y evitar una revancha política que alimente nuevos ciclos de conflicto. A ese respecto, llama la atención que Trump no cuente con la opositora y reciente Nobel de la Paz María Corina Machado. Ahora bien, EEUU nunca hace nada gratis y es de esperar que la dirección que tome no sea sólo geopolítica sino de rentabilidad económica.
En lo económico, Venezuela parte de una situación crítica, pero con potencial significativo. Sufre de hiperinflación, destrucción del tejido productivo, colapso de servicios básicos y una emigración masiva que ha vaciado de talento al país. Como oportunidades tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, posible levantamiento gradual de sanciones y retorno de inversiones internacionales. Sin embargo, la recuperación no será rápida y requerirá reformas profundas. Quizá el mayor desafío sea social y humano, ya que millones de venezolanos viven en pobreza extrema y existe un profundo desgaste psicológico colectivo. En ese sentido, la estabilidad futura también dependerá de políticas sociales urgentes y reconstrucción de servicios públicos.
Conclusión
El discurso estadounidense ha evitado el término “intervención”. Washington insiste en que no se trata de un cambio de régimen clásico, ni una ocupación prolongada, sino de una operación de cumplimiento de la ley contra un individuo acusado. Este encuadre no es casual: buscaba minimizar el impacto legal y presentar la acción como una extensión del combate global contra el crimen organizado.
A mi modo de ver y coincidiendo con el profesor Rallo, es perfectamente compatible reconocer que ni estaba tan claro que no hubiese más intereses de EEUU en deponer a Maduro y que tampoco se daban las condiciones ni internas (autorización del Congreso) ni externas (legítima defensa) con que sea motivo de celebración el fin de la tiranía de Maduro. Así que sólo pudiendo escoger una de dos cartas, teniendo en cuenta lo que sucedió en 2024, me temo que únicamente una operación militar podía echar a semejante personaje dictatorial del poder. Así que no seré yo el que llore o rabie como los penosos integrantes de la infame formación de Podemos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y demás individuos de extrema izquierda mientras los venezolanos exiliados en España lo celebran como si no hubiese un mañana. Esos venezolanos que en el mundo y lejos de su nación se cuentan por millones.
En la Venezuela post Maduro conviene evitar triunfalismos. Los riesgos incluyen ingobernabilidad prolongada, conflictos internos entre facciones, tutela externa excesiva que erosione la soberanía y frustración ciudadana si las mejoras no llegan. La historia reciente de otros países como Irak muestra que el final de un régimen no garantiza automáticamente el inicio de una democracia funcional. Esperemos por el bien de todos los venezolanos que sí sea posible.
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