Adelgazamiento y racionalización del Estado: qué elementos son necesarios

Un debate del se rehúye más de lo que se debería es el del adelgazamiento del Estado. En los 40 años de extensión del sistema democrático nacido de la Constitución Española de 1978, la burocracia estatal y autonómica no ha cesado de crecer y, con ello, tanto las regulaciones legales y administrativas como el personal al servicio de las Administraciones Públicas. Yo soy uno de ellos y tengo claro que si viviese cien vidas, en todas ellas seguiría tomando la decisión de opositar. Seguramente la mejor que he materializado. Ahora bien, por el mero hecho de ser funcionario de carrera hay gente que considera que estoy totalmente desacreditado para opinar a este respecto y me etiquetan como socialdemócrata cuando no afín a un régimen estatista o antiliberal. Es más, se atreven a azuzar el hombre de paja señalando que los impuestos que yo pago, tanto los directos como indirectos son en realidad un menor sueldo o, dicho de otra manera, existe un flujo de entrada y salida de fondos del Estado porque cobro del mismo (en mi caso de la CARM, pero en su pedrada de argumento no varía mucho). Para mí esa es la parte más cuñada del anarcocapitalismo, la que cree que los funcionarios no sufrimos igual el expolio del Estado simplemente porque retribuye nuestra nómina y por lo tanto nos desacredita para opinar. Pues NO. Los funcionarios liberales existimos. 

En Argentina se habla de que Milei tiene interés en desactivar el Estado peronista y achicar el elefantiásico entramado burocrático y administrativo que los anteriores gobernantes han tejido allí. De momento, ha suprimido muchas regulaciones, ha revertido el déficit público y tornado en superávit público y ha reducido el personal empleado público pero ojo, no ha expulsado a funcionarios de planta permanente (como se llama a los funcionarios de carrera allí) sino que más bien no ha renovado y ha rescindido contratos laborales que son básicamente el personal empleado público más extendido en dicho aparato administrativo argentino. Personalmente, apruebo sin duda alguna la gestión económica de Javier Milei en el tiempo que lleva y en algún momento le dedicaré un post y me extenderé más. La otra cara de la moneda es Elon Musk, que hace poco abandonó la oficina DOGE por la eficiencia burocrática después de apenas haber cerrado USAID (que supone un porcentaje ínfimo del presupuesto estadounidense) y haber terminado muy mal con Donald Trump por discrepancias. Ahora bien, con independencia de estas experiencias internacionales, ¿qué se puede hacer en España y qué se haría desde la perspectiva de un funcionario liberal?

Para empezar, el Estado no se puede desactivar así sin más. En primer lugar y antes de suprimir puestos de trabajo y personal empleado, la tijera que debe de abrir el camino está en las regulaciones. Como en todo, lo formal ha de ir por delante de lo material. Hay sectores que funcionan mejor sin una excesiva burocracia, como por ejemplo la Vivienda, el suelo o la energía. Y también existe legislación duplicada y poca coordinación entre administraciones de distinto nivel, que empeora cuando el color político es distinto. Es cierto que se ha avanzado mucho gracias a las plataformas de interoperabilidad y la Administración Digital, que igualmente es una gran oportunidad tanto para el autónomo como para el particular empleado. Ahora bien, de poco sirve esa conexión digital si siguen existiendo enormes trabas y controles administrativos que requieren documentación, plazos y procedimientos que tardan en resolverse. Por otra parte, también existen sectores en los que el Estado por motivos ideológicos y políticos se ha querido inmiscuir, como las nuevas regulaciones sobre tenencia de animales para uso doméstico y, a mucha más escala, el famoso Ministerio de Igualdad. Y eso nos lleva al siguiente punto.

En segundo lugar, el Estado y por extensión las Comunidades Autónomas desembolsan importantes cantidades económicas como transferencias o subvenciones donde antes no lo hacían, fundamentándose en un relato apoyado en nueva legislación y políticas públicas asociadas. Así, el Ministerio de Igualdad disfrutó en 2024 de un presupuesto de nada menos que 573 millones de euros mientras que en 2019 era de 181 millones. Es decir, teniendo en cuenta las crisis del Covid y de la inflación derivada de la guerra en Ucrania el gobierno de coalición capitaneado por el PSOE ha multiplicado en más de 3 veces el dinero destinado a mantener un Ministerio que fundamentalmente se dedica a entregar dinero, tanto en el interior de España como fuera por motivos de cooperación internacional. Amparándose en principios loables como la igualdad o la lucha contra la violencia de género, financia enormes gastos corrientes y engrosa nóminas de muy dudoso impacto público y social (que puede verificarse con datos y estadísticas). Pero la cuestión no se encierra en dicho Ministerio, pues existe también una tendencia a la departamentalización excesiva, como ya hemos comprobado en la última legislatura con el Consejo de Ministros más numeroso de la historia democrática de España.

En tercer lugar, lo del personal es sin duda lo más complicado. A la gente no se le puede echar así como así, lo primero es que los funcionarios gozan de estabilidad e inamovilidad precisamente porque es garantía para el sistema administrativo que no dependa su continuidad del poder político. De lo contrario, el Gobierno de turno sea nacional o regional podría despedir a todos los que no sean de su cuerda y contratar a los suyos para que sigan una línea. Y eso favorecería tremendamente la corrupción. Los antifuncionarios tampoco son capaces de entender esto en sus odas envidiosas. En lugar de barrer y hacer reemplazo, los gobiernos sólo pueden suprimir los puestos de trabajo y mover a esos funcionarios a otros puestos en los que sean más necesarios. Sería una de las primeras medidas en lo que a recursos humanos se refiere, que en ocasiones podría tener aparejada tanto el cierre de alguna empresa pública o sociedad mercantil o el cambio de la normativa. Con los laborales el procedimiento puede ser menos costoso si se efectúa con los temporales a los que no se les renueva el contrato, del mismo modo que el programa del interino. Los laborales fijos es otro cantar pues ahí es imperativo abonar una indemnización como a todo trabajador despedido y no es nada recomendable al incrementar los costes para la Administración. En consecuencia, la reducción del personal ha de ser más bien largoplacista y supeditada a los puntos anteriores, de tal forma que sólo afectaría a algunos sectores de la esfera pública que por su naturaleza serían viables y acompañándose de una ralentización del crecimiento de las ofertas de empleo público. También queda aún pendiente una adecuada implantación de la evaluación del rendimiento que después de casi 20 años que consta en el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) todavía no se ha puesto en práctica, tal vez por dudas respecto de la objetividad del sistema, pero es algo que hay que seguir abordando y con garantías.

Sí, es cierto que recortar personal es lo más impopular. Pero no hay que olvidar que hemos entrado en una época en la que la generación baby boomer se está jubilando y van a quedar muchas plazas disponibles. Esas plazas pueden ser cubiertas tanto por gente ya dentro del entramado burocrático como por personal nuevo. Una alternativa podría traer aparejada la supresión del puesto bien del liberado por la persona jubilada o de la persona que le sustituya. Sin embargo, para ello es necesario hacer un estudio concienzudo. No se pueden hacer las cosas a la ligera. También se choca con la mentalidad de la gente, dado que el relato contrario a esto (y difundido de forma muy eficaz por el socialismo) es acusar que te estás cargando el Estado del bienester y las oportunidades de la gente para obtener un empleo público. Ese relato de la izquierda moderna que en realidad sólo esconde que quiere seguir convirtiendo a la Administración Pública en su juguete para desarrollar redes clientelares al igual que pretende hacer la derecha estatista. Es por eso por lo que reducir el personal es algo muy impopular y que insisto que necesita realizarse por fases. Lo populista es anunciarlo a los cuatro vientos para ganar elecciones, pero otra cosa es ponerlo a prueba. Y el achicamiento del Estado no puede hacerse en cuestión de meses ni de un año o dos, sino más.

Por tanto, los primeros pasos a seguir son los que son: modificar el marco legislativo y reglamentario, cerrar los centros físicos (ahorrándose además arrendamientos) y oficinas imaginarias donde pululan los chiringuitos, retirar asignaciones presupuestarias a destinos improductivos o más relacionados con redes clientelares que con finalidades de interés público y ordenada reducción del personal sin caer en una merma de los servicios públicos e internos indispensables.

Con todo, es posible que incluso con estas operaciones el Estado siga presente en muchas de las esferas de nuestra actividad privada. Ahora bien, el Estado debería estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio del mismo, puesto que ya contribuimos sobradamente con nuestros impuestos tanto trabajadores como autónomos. Esos impuestos han sido incrementados para poder hacer frente al ingente disparo del gasto público en los últimos años. Así que la reducción de aquéllos sólo será viable si somos capaces de frenar dicho gasto público y por extensión la cifra de los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma. Y es que quien prometa reducir los impuestos, si no baja el gasto público, directamente miente. Y en eso el PP tiene harta experiencia. Sólo bajando el gasto será posible ejecutar los créditos presupuestarios sin necesidad de acudir en exceso a la Deuda pública y generar déficit público cada año que, como siempre, termina pagándolo el ciudadano trabajador. Y es que esto nos lleva a un cuarto punto que en realidad estaría dentro del primero: el sistema de pensiones.

Como ya hablé en un post anterior sobre una entrevista a Albert Rivera, el sistema público de pensiones se está convirtiendo en insostenible por cuanto es 100% de capital público o, mejor dicho, financiado tanto con las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales como por la mencionada emisión de deuda pública. El sistema, necesariamente, debería de promoverse a un nuevo mixto público-privado en el que cada uno tenga opcionalmente un plan de pensiones privado que no sea penalizado y que por el contrario desgrave un porcentaje en el IRPF. No podemos hipotecar al Estado que debería ser un complemento y no el actor principal de las pensiones, que son el gasto público de mayor volumen de todo lo que se sufraga año tras año. Y los visos futuros, de menos gente trabajando y más gente sostenida por el Estado (aunque sea así con todo el merecimiento del mundo) no es un futuro muy halagüeño dada la situación actual y futura de la pirámide de población.

Y es que la realidad es que ningún partido político que apoye reducir las pensiones o incluso congelarlas en su programa electoral será capaz de llegar lejos en las urnas. Los pensionistas son amplísima mayoría y por tanto los que conforman las mayorías parlamentarias que terminan gobernando. Y como todos votamos según nuestros propios intereses personales, jamás darán su voto a alguien que proponga reducir o bloquear lo que se consideran derechos inmutables. Máxime cuando otros partidos tanto de izquierda como derecha santifican las pensiones y especialmente de los jubilados. Personalmente, no creo que efectivamente lo mejor sea reducir las pensiones pero sí al menos NO subirlas más de forma transitoria al mismo tiempo que se evolucione a un nuevo sistema mixto que descargue gran parte de esa responsabilidad al Estado. Lamentablemente, la izquierda española es más estatista que nunca e igualmente cataloga de acción demoníaca el descargar en el sector privado tanto la Educación como la Sanidad, que está demostrando que es muy eficaz frente a las interminables listas de espera. Y es que nadie piensa cómo con los mayores presupuestos en Sanidad de la historia todavía la Sanidad Pública sigue con los mismos problemas de siempre. Igual no es un tema económico sino de GESTIÓN. Pero el socialismo no lo va a reconocer nunca.

Por lo tanto sí, sí estoy a favor de privatizaciones eficientes que en realidad no suponen ninguna venta de la soberanía popular ni erosión del Estado. Aclaro que no me refiero ni a suprimir potestades públicas que han de seguir vigentes ni a destruir el Estado como aboga el anarcocapitalismo, sino que el sector privado coopere donde es más eficaz, más técnico, más experto y en ocasiones más responsable. En definitiva, aplicar un complemento y una competencia eficaz frente al Estado que, sobre todo, está absolutamente desbordado en las políticas sociales. ¿Por qué la gente se hace seguros privados? ¿Por qué contratan planes de pensiones privados? ¿No se han parado a pensar por qué y sin ser precisamente de economía particular boyante? Pero no, los obsesionados con el control político denuncian incluso los contratos de concesiones que son realizados por agentes privados con más conocimientos y técnicas experimentadas. Del mismo modo, la educación concertada ahorra dinero al Estado y CCAA y cuenta con profesionales preparados para impartir docencia de todos los niveles, de infantil hasta la universidad. Basta ya de demonizar al sector privado y a su iniciativa. 

En conclusión, no podemos destruir el Estado de un plumazo y ni tan siquiera sería lo mejor, porque es necesario e imperativo en no pocas áreas de nuestra vida. Pero sí es posible detener y retroceder en toda esta vorágine socialista que ha contaminado las administraciones públicas y con la aquiescencia del Partido Popular que no ha hecho nada por frenarlo por simple cálculo electoralista. Sí es posible pero de forma gradual y al mismo tiempo seguir trabajando en difundir un relato cultural que abras las mentes y combata la demonización del sector privado. Y es que del mismo modo que me toca los innombrables que a los funcionarios nos generalicen y nos etiqueten como parte del problema, también sucede cuando se desprecia tanto a las personas y empresas que generan empleo y levantan a este país. Creo que todos podemos vivir sin ser enemigos si se racionaliza el Estado y se frena en esa brutal lucha de clases que la política más rastrera ha usado y usa como arma para mantenerse en el poder. Mintiendo de forma deliberada, retorciendo el lenguaje y apoyándose en una prensa que ya no fiscaliza al poder sino que sirve los intereses de su amo como RTVE. El Estado es un actor imprescindible y necesario, pero no puede ser la autoridad absoluta que ahogue la iniciativa privada y sólo le interese comprar su docilidad con dinero y corruptelas. Así que fíjense si somos importantes y necesarios los funcionarios liberales en un sector donde, desde un punto de vista ideológico, se nos ningunea hasta por los que se supone que comparten algunos principios con nosotros.