En la legislatura actual 2023-2027 la percepción de inseguridad parece haberse mantenido e incluso agravado en determinados sectores vecinales. Los sindicatos CSIF y USO alegaron en el primer verano que en la Policía estaban desbordados para cubrir los servicios mínimos y más en una época de máximo auge por el turismo. Manteniéndose el impago de las horas extras y algunas bajas, el conflicto entre la Policía y el Ayuntamiento se había recrudecido y la nueva Alcaldesa entendía que no podía forzar a que cubriesen más servicios.
En febrero de 2024 tomaron posesión seis nuevos agentes, procedentes del proceso selectivo iniciado en 2022. El Ayuntamiento señaló entonces que la plantilla quedaría formada por 50 efectivos. En junio completaron su formación y en septiembre se incorporaron formalmente a la plantilla activa, si bien por el nuevo Alcalde Pedro Javier Sánchez se mencionaron 48, lo que sugiere que pudieron haber dos jubilaciones o excedencias. Pese a ello, ese mismo año CCOO denunció que seguían incumpliéndose los servicios mínimos de Policía Local, especialmente en turnos nocturnos y fines de semana, es decir, precisamente los momentos de mayor demanda policial. Además, el sindicato afirmaba que los agentes estaban sufriendo intervenciones “cada vez más violentas”. Uno de las más impactantes fue la operación “Bykulu” de la Guardia Civil en dicho año 2024, existiendo disparos contra vecinos y en un entorno vinculado al narcotráfico y con detención ilegal. Los detenidos ingresaron en prisión preventiva acusados de tentativa de homicidio y otros delitos graves.
En 2025 continuaron las noticias de robos violentos en la zona. Por ejemplo, la Guardia Civil detuvo a un hombre relacionado con atracos a punta de pistola cometidos entre Los Alcázares y San Pedro del Pinatar. Además, la explosión mortal del bar de Lo Pagán en 2025 (todavía bajo investigación) generó una importante conmoción en el pueblo. Aunque se apuntó a un escape de gas como causa, testigos aseguran que el lugar era un centro donde presuntamente se ejercía prostitución y con numerosas actas por ruido. Pese a estar cerrado, fallecieron dos mujeres y hubo quince personas heridas. Pese a que no sea estrictamente delincuencia común, sí contribuyó al clima de preocupación social. En mayo de ese año, Agrupación Independiente denunció “inseguridad creciente”, criticando que no se hubieran cubierto vacantes de Guardia Civil y cuestionando que el aumento presupuestario de 300 mil euros anuales en horas extra policiales estuviera teniendo efectos reales sobre la seguridad ciudadana. En octubre de ese mismo año, se aprobó una moción a instancia de Vox para solicitar a Delegación del Gobierno más plazas de Policía Nacional y Guardia Civil y una unidad de élite y reserva de esta última.
En este 2026, no parece haber mejorado la situación. En febrero, la Guardia Civil detuvo a varias personas de una familia por tráfico de drogas, amenazas y agresión sexual. En marzo, se produjo un intento de atraco con rehenes en la oficina de un banco. Pero lo más destacado es que Lo Pagán llegó a ser escenario de refugio del conocido delincuente regional El Gorreta, que protagonizó un tiroteo con una unidad especial antidroga llegada desde Valencia. En ese mismo mes de mayo, el Ayuntamiento anunció un proyecto cuya memoria técnica estima 44 emplazamientos para nuevas cámaras de videovigilancia con los mismos objetivos que hace tres años pero a escala mucho más grande. Esto permitirá realizar futuros contratos de obra, servicios y suministros para aprovechar los avances tecnológicos monitorizando el espacio urbano, realizando un seguimiento del tráfico en tiempo real y mejorar la capacidad de supervisión y respuesta ante incidencias. Sin embargo, lógicamente esto requiere tiempo y por consiguiente no son soluciones a corto plazo.
Las estadísticas de criminalidad en la Región de Murcia, San Pedro y localidades limítrofes
Podemos examinar más en profundidad la situación con arreglo a los datos obrantes en las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior. Debemos de tener en cuenta que esos datos recogen los delitos de los cuales tuvieron conocimiento las fuerzas policiales (Locales, Nacional, Guardia Civil, etc...) ya fuese por denuncia o de oficio y con independencia del esclarecimiento final del caso. Lo que no tendremos en cuenta será el año 2020 por ser el de las restricciones derivadas del Covid-19.
En el ámbito de la Región de Murcia, podemos ver que de 2021 hasta 2025 se asiste a un incremento casi generalizado de la delincuencia salvo en algunos casos donde es anecdótico o se reduce. Los delitos de homicidio aumentaron el último año en porcentaje de forma significativa, a pesar de que no parezcan alarmantes en términos absolutos. Sucede al contrario con las agresiones sexuales con penetración que, atravesando un crecimiento sostenido, se han más que duplicado. Otro aumento continuado es el de los robos con violencia e intimidación, mientras que los hurtos se han estabilizado en más de 15.000 al año frente a los 12.000 de 2021. Esos dos últimos delitos contrastan con la disminución de los robos en viviendas, establecimientos y empresas, que podría estar relacionada con la mayor disposición de alarmas. De la cibercriminalidad como las estafas informáticas tenemos datos sólo a partir de 2022, pero se refleja un aumento de más de un tercio hasta la fecha y la expectativa es de que continuará creciendo por el uso de la inteligencia artificial. En resumen y en el valor conjunto, de acuerdo con los datos del Ministerio, los delitos conocidos por las fuerzas policiales en la Región de Murcia han aumentado un 28,20% rozando los 75.000. En el cajón de sastre de "resto de criminalidad convencional" se hallarían por ejemplo delitos de falsificación, contra el tráfico, la Administración Pública o la Administración de Justicia, estafas, etc...
No se incluyen los delitos de allanamiento de morada y usurpación, que en realidad vienen en un informe aparte en la base de datos del Ministerio. No resulta operativo analizarlo, dado que no se separa entre ellos sino que se funden en una sola categoría y, en consecuencia, no poder distinguir los casos de ocupación. Tampoco se tienen en cuenta los denominados "delitos de odio" que en realidad son agravantes de otros delitos que se encuadrarían en la anterior tabla. Como curiosidad, enumero que en 2024 se registraron en la Región de Murcia 28 denuncias penales alegando odio: por antisemitismo (2 por trato degradante), por aporofobia (lesiones), creencias religiosas (amenazas, coacciones y 2 contra los sentimientos religiosos), discriminación por razón de sexo (lesiones, enaltecimiento de odio y dos por incitación al odio), por ideología (lesiones), por islamofobia (trata de inmigración ilegal), por orientación sexual (trato degradante, amenazas, injurias, 2 por lesiones y 2 por incitación al odio) y por racismo (asesinato, injurias, trato degradante, incitación al odio, 2 por lesiones y 2 por amenazas).
Comparando pueblos limítrofes, en San Javier (cuya tabla puede leerse en este enlace) coincide el aumento de lesiones y hurtos pero en porcentajes inferiores y llama la atención la duplicación de las denuncias de sustracciones de vehículos que aumenta un 138% pasando de 18 en 2022 hasta 43 en 2025. Se reducen en San Javier los delitos de robo con fuerza en domicilios, tráfico de drogas y permanecen estables los delitos sexuales y robos con violencia, aunque ni mucho menos son buenas noticias. En el conjunto, las cifras convergen en una estabilidad de los delitos pese a que sean mayores en número que San Pedro teniendo en cuenta su mayor población (36.524 habitantes frente a 29.674 según INE en 2025). En Torre Pacheco (cuya tabla puede leerse en este enlace) coincide el aumento de delitos de lesiones de los anteriores y de sustracción de vehículos de San Javier, pero en porcentajes muy superiores. Se percibe también un aumento importante de los robos con violencia más el tráfico de droga mientras que los hurtos están estabilizados. En el conjunto, los delitos han aumentado en Torre Pacheco en un 19% con una población de 41.479 personas pero en términos absolutos son inferiores a los de San Javier.
Los tres municipios coinciden en aumentos de la criminalidad informática, pero en porcentaje es sustancialmente mayor en San Pedro con un 55% frente al 14% de San Javier y el 39% de Torre Pacheco. Además, San Pedro presenta una evolución más desfavorable en varias categorías de delincuencia convencional, especialmente hurtos, robos con violencia y delitos de lesiones, acercándose en mayor medida a la tendencia observada en el conjunto regional. Pero lo más significativo es que es el único de los tres municipios donde los robos con fuerza en domicilios no sólo no se han visto reducidos de forma sustancial como así encamina la Región, sino que han subido.
Los delitos relativos a hurtos, robos con fuerza, lesiones y delitos contra la libertad sexual afectan de forma importante a la interpretación de inseguridad de la gente porque son los que pueden tener una mayor trascendencia en su vida. Una estafa en Internet es un problema serio, pero los robos en viviendas generan una sensación de vulnerabilidad mucho mayor. Expuesto el marco periodístico y político, así como las estadísticas oficiales, queda precisamente escuchar al pueblo.
La patrulla vecinal San Pedro
Existen algunos antecedentes de patrullas vecinales no sólo en la Región de Murcia sino fuera de ella. Ante todo, los integrantes de estas patrullas ciudadanas actúan estrictamente como civiles, es decir, no retienen físicamente ni confiscar pertenencias limitándose su función proactiva únicamente al derecho de cualquier ciudadano a denunciar un delito. Sin embargo, también existen análisis periodísticos para desprestigiar la labor de estos movimientos, como este desafortunado artículo que me voy a permitir de tildarlo de desinformador y rozando lo difamatorio. No, el objetivo de las patrullas NO es tomarse la Justicia por su mano ni reemplazar a las instituciones.
La primera que localizamos en prensa es en 2022 en La Aljorra (Cartagena). Ese movimiento vecinal sigue vigente en la actualidad y que pasó a la acción años después de constituirse la plataforma No más robos ante el incremento de los mismos en la pedanía. Un grupo de diez personas comenzó a patrullar las calles y avisar a la Policía Local ante cualquier actividad flagrante o sospechosa de delito. En alguna ocasión la prensa se ha hecho eco de alguna operación exitosa de esta patrulla. Desgraciadamente, los problemas de inseguridad no parecen haberse solucionado aún. Fuera de la Región existe por ejemplo la Patrulla vecinal Madrid que se creó en 2023 y mantiene una cuenta en Facebook, protegiendo la privacidad de sus integrantes. Su especialidad son los carteristas. El mismo año surgió otra en la Cañada del Fenollar en Alicante y, al igual que los anteriores, patrullan de noche ante la oleada de robos y la escasa presencia policial. Más recientemente, se conoce la creación de patrullas en el municipio de Córdoba y también en el de Sevilla, motivando más redadas de la Policía contra la delincuencia.
La Patrulla Vecinal San Pedro es otro movimiento en dicha línea creado hace un año en redes sociales (mayo de 2025). Su fin es proporcionar una respuesta de apoyo al ciudadano y vecino pinatarense en materia de seguridad, al tiempo que visibilizar el problema para que los políticos tomen decisiones. Mientras tanto, ejercen un apoyo voluntario a las fuerzas policiales. Desde Facebook han ido sumando contactos no ya virtuales sino presenciales y en sus inicios crearon un canal en Telegram para organizar y coordinar salidas de voluntarios. El modus operandi consiste en patrullar las calles del pueblo y avisar en los momentos precisos tanto a la Policía o Guardia Civil como a los vecinos. Pero no se limitan a caminar por las calles, sino que también emiten directos nocturnos de sus operaciones, suben vídeos grabados de sucesos ocurridos (como vandalismo o cámaras de seguridad de vecinos) y en general comparten información y noticias relacionadas con la seguridad en el pueblo.
Dado que Lo Pagán es una de las áreas del pueblo más azotada por la delincuencia, ha sido más transitada por los voluntarios de la patrulla. Estas operaciones no están exentas de riesgo, por lo que algunos salen con chalecos antibalas y así lo afirman en sus directos. Gracias a sus patrulleos, en algunas ocasiones han sido testigos de situaciones de reyerta o de tentativa de delito, como una persona tratando de forzar la puerta de una vivienda. Así que aprovecharon para ponerse en contacto con la Policía y manejar el problema por cauces legales. En otras ocasiones realizaron operaciones de disuasión en el sentido de sorprender a gente que pensaba actuar sin testigos bajo el manto de la noche. Como armas únicamente portan spray pimienta, instrumento que es totalmente legal.
Sin embargo, pese a su legítimo propósito bien definido también se han enfrentado a críticas que les acusan de ser un grupo parapolicial o incluso de pretender generar alarmismo. Esto último ha protagonizado alguna polémica en plenas fiestas, pero la patrulla se ha defendido afirmando que disponía de testigos que aseguraban que se había producido un ataque con arma blanca en el recinto ferial. A ese respecto, es preciso tener en cuenta que el hecho de que a las fuerzas policiales "no les conste" una situación delictiva no quiere decir que no haya sucedido. Por lo tanto, aunque haya que tomar con cautela cualquier información, el hecho de contrastarse con testigos no es baladí. Es más, pocos días después sí salió en prensa otro apuñalamiento en las fiestas y del que la Guardia Civil extendió atestado. El suceso ocurrió en el exterior del recinto.
En términos generales, la percepción en redes sociales es de apoyo a La Patrulla con comentarios que aplauden sus informaciones que advierten de problemas así como sus operaciones con colaboración con las fuerzas competentes.
Conclusiones
Examinados los apartados político, periodístico, estadístico y social, no puede negarse que en San Pedro del Pinatar existe un problema de inseguridad, contextualizable pero que no puede ignorarse. El gobierno municipal, obviamente, está en su derecho de hacer llamamientos a la calma o tratar de minimizar los sucesos más alarmantes. Y en buena parte se entiende, pero al mismo tiempo se debe proveer soluciones con arreglo al presupuesto local. Es cierto que ya lo está haciendo, pero no sólo hay que reforzarse con medios materiales y tecnológicos sino también humanos. Y la incorporación de 6 agentes se puede estimar insuficiente a la luz de lo percibido en los datos y en las expectativas ciudadanas. Hay que tener en cuenta que si los vecinos se han llegado a movilizar no es ya porque perciban que hay más riesgo de delitos, sino también porque consideran que tal vez no se patrulle lo suficiente o más bien no se disponga de suficientes fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, las soluciones a largo plazo no permitirán atajar el problema. Además, incluso los procesos selectivos llevan varios años para su ejecución y recabar más presencia de Policía Nacional y Guardia Civil no es fácil, ya que depende de compromisos políticos con administraciones de distinto color. Con todo, dada la cercanía de las próximas elecciones debería de motivar un acuerdo.
Las estadísticas reflejan un comportamiento de los datos de criminalidad en San Pedro, en términos agregados, muy parecido a lo que se recoge en el ámbito de la Región de Murcia. Ambos territorios coinciden con un incremento significativo, si bien el porcentaje en San Pedro es mayor. Además, en términos más específicos y comparados, existen algunos delitos de entre los que más preocupan a los ciudadanos que han experimentado un aumento relativo mayor. Por ejemplo, los robos con fuerza (en la calle y en viviendas), lesiones, hurtos y agresiones por razón de sexo. Si nos centramos en los valores absolutos, podemos entender que la situación "tampoco es tan grave", pero no es mendaz que conforme pasan los años hay categorías que siguen en aumento o se han estabilizado en valores más altos que en el primer año de la serie (2021) que es donde se comenzó a reportar que algo no iba bien. Y negar la existencia de un problema no es menos pernicioso que exagerarla, sino más bien al contrario. Porque presupone que se está trabajando sin dificultades cuando el vecino no percibe eso.
Tampoco se debe de perder de vista y con ello por tanto también hay que matizar estos datos y percepción, que existen delitos que no son por así decirlo "ostensibles". Quiero decir con ello que suceden en la intimidad de los domicilios, no es tan fácil percibir su comisión o no existen estadísticas fiables por motivos políticos. No podemos conocer a ciencia cierta cuántas agresiones, maltrato, delitos de narcotráfico y ocupación de casas. Sólo los que llegan a conocimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad por denuncias o circunstancias flagrantes. Del mismo modo, una situación de riesgo en la calle puede no materializarse en un daño o delito, pero sí generar un ambiente de inseguridad. Igualmente, no hay que olvidar que la percepción de inseguridad no suele ser similar en todos los barrios. Por ello, tal y como hemos contado, Lo Pagán es una de las zonas donde se ha reportado mayor número de incidentes.
El surgimiento de movimientos vecinales surgen como respuesta ciudadana a esa percepción de mayor inseguridad y la sensación de que la presencia policial no es suficiente. Esto supone reconocer implícitamente un fallo del sistema, pero tampoco equivale a retratar a nuestro pueblo como si fuera el Bronx. Menos aún a insinuar eso como reacción defensiva extrema a cualquier crítica. Los vecinos tienen suficientes intereses y aspiraciones en su vida habitual como para no dedicar sin motivo justificable tiempo de su descanso personal a patrullar las calles. Es por eso por lo que desacreditar movimientos que no actúan en contra de la Ley no contribuye sino a manejar el problema con la única estrategia de la negación y evitación. Exactamente del mismo modo que se cargaba contra las denuncias del estado del Mar Menor amparándose en no perjudicar al turismo ni a la hostelería, es decir, anteponer intereses legítimos como escudo de inmovilismo ante otros problemas.
En definitiva, resolver la inseguridad ciudadana no es cuestión de un día para otro ni existen soluciones mágicas. Sin embargo, a corto plazo sí se puede hacer algo que es tratar de asegurar más disponibilidad policial no sólo de patrulleos sino de servicio en las horas nocturnas. Mientras tanto, la colaboración ciudadana seguirá siendo un elemento que no debe desdeñarse para proteger la percepción del servicio público. A medio plazo, es imperativo incrementar la plantilla de Policía Local y solicitar a Delegación del Gobierno la de la Guardia Civil. Más a largo plazo (Plan Impulsa Lo Pagán, 2026-2028) se espera que los avances tecnológicos proporcionen medios más sofisticados como cámaras inteligentes, pero el ciudadano necesita respuestas más cercanas en tiempo.
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