Entre la guerra y la negociación: el pulso geopolítico en Oriente Medio e Irán

El pasado 28 de febrero arrancó un conflicto bélico tras la ofensiva conjunta de EEUU e Israel contra Irán y conocida como Operación Furia Épica. Ya hablamos en este post de cómo estaba la situación política y económica en la república islámica de Irán en enero. Era un momento en el que las revueltas y manifestaciones en las calles estaban siendo sofocadas con la violencia por parte de un régimen totalitario como el de los ayatolás. Pero, desde la mencionada ofensiva, la situación ha evolucionado hacia una guerra híbrida, es decir, no a una intervención propiamente dicha, sino a un conflicto con ataques aéreos (misiles), tecnológicos (drones) y proxies (milicias aliadas y facciones políticas). Además, existe una innegable dimensión económica mundial por el cierre del estrecho de Ormuz sin perjuicio de la regional al implicar a todo Oriente Medio. Un tercer hito ha tenido lugar recientemente con el establecimiento de una tregua temporal desde el 8 de abril, un alto el fuego forzado indirectamente por Donald Trump tras las amenazas de los últimos días y un ultimátum para que Irán reabriese el estrecho de Ormuz. Antes de analizar ese alto el fuego, conviene repasar el contexto de los diferentes actores y las implicaciones que ha tenido hasta el momento. Un conflicto que, pese a todo, aun no está próximo a solventarse.

Estrategias de EEUU e Israel durante los ataques

La versión dada por Donald Trump para la acción conjunta fue que EEUU era conocedor de que, con la escalada previa en la que se responsabilizaba a Irán de ofrecer soporte a Hamas, el ejército de Israel atacaría de forma más sostenida y menos puntual. Con todo eso, existieron más factores que animaron tanto a los de Netanyahu como a la Administración Trump: el programa nuclear iraní y el temor a su desarrollo con especialmente la posibilidad de que se hicieran con la bomba atómica, así como la estrategia de debilitamiento con hipotético cambio de régimen. EEUU entendía que el contexto de las revueltas de enero y la progresiva deslegitimación de los ayatolás era favorable a una acción de ese tipo. Y de hecho han ido en serio porque han eliminado a varios líderes destacando al mismísimo Alí Jomeini.

Realmente, EEUU lidera la operación militar y tiene una visión más global del conflicto, mientras que Israel considera a Irán una amenaza existencial y busca neutralizar no ya su programa nuclear sino su red de aliados buscando hacer insostenible el coste del conflicto. Mientras que EEUU e Israel se han estado dedicando a bombardear infraestructuras militares, energéticas y estratégicas iraníes, éstos han respondido usando sus misiles y drones contra los destinos equivalentes no sólo de aquéllos, sino también de Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes. Igualmente, Hezbolá ha respondido lanzando cohetes desde el frente libanés. Obviamente, todo esto ha tenido un impacto en el resto del mundo.

Reacciones internacionales ante el ataque

Las reacciones internacionales han evidenciado profundas diferencias. En el seno de organizaciones, la ONU emitió a iniciativa de Baréin y través de su Consejo de Seguridad la resolución 2817 por la que condenaba los ataques perpetrados por Irán sin mencionar los de EEUU e Israel. Sin embargo, hasta 135 países e incluyendo España la firmaron. Además, esta misma resolución fue validada por la UE en reunión conjunta de presidentes del Consejo Europeo y la Comisión más los ministros de Exteriores de los Estados miembros. En términos parecidos se pronunció el Comisionado de Derechos Humanos. No obstante, la postura en política exterior de la UE en Oriente Medio de desescalada, moderación, diplomacia y apoyo a los países afectados por Irán no coincide del todo con algunos países europeos que sí han realizado críticas hacia EEUU.

En el bloque del apoyo a la intervención de EEUU, que no es lo mismo que enfocar en la condena del régimen de Irán, destaca la Argentina con Milei, abiertamente alineado con el mandatario estadounidense. Ahora bien, dicho apoyo hay que situarlo en un escenario de "acuerdo de estabilización cambiaria" de 20.000 millones de divisas en dólares para impulsar la confianza en el mercado argentino previo a las elecciones legislativas de 2025. En la misma línea también se situaron Polonia en Europa central y Ucrania en el Este, principalmente por la condición de Irán de aliado de Rusia y enemigo geoestratégico de aquéllos. Ambos han centrado su postura en la seguridad, pero con fuertes diferencias. Polonia ha declinado participar en la guerra y ha ido evolucionando a una posición más crítica con Trump por la amenaza de ruptura con la OTAN, la flexibilización de sanciones a Rusia y la suspensión de ayuda financiera a Ucrania. En cambio, Ucrania ha sido más incondicional por su posición de inferioridad y recuerdos recientes con Zelenski siendo reprendido por el propio Trump como hablamos aquí.

En cuanto a los que focalizan el conflicto en la condena a Irán, existen matices. Reino Unido es quien ha mantenido una postura más cercana con EEUU participando en despliegues navales y ofreciendo sus bases. Francia ocupa una posición de equilibrio apoyando soluciones diplomáticas al tiempo que ha proporcionado presencia militar limitada como la remisión de una fragata y sistemas antidrones a Chipre en el marco de la OTAN, así como el uso temporal de sus bases en los países del Golfo.  Posiciones más orientadas a no inmiscuirse han sido las de Alemania e Italia. Alemania, que en realidad afirma no contar con bases militares allí ha declarado que en todo caso sólo intervendría para defender a sus soldados desplazados allí, pero no para proporcionar asistencia militar directa. En cuanto a Italia ha restringido el uso de sus bases nacionales para estas operaciones y Meloni ha sido muy crítica con Trump, habiendo evolucionado de una condena a Irán a añadir a EEUU y señalando al igual que los alemanes que esta era una guerra en la que no querían participar. Algo similar ha sido la respuesta española del gobierno de Sánchez, aunque focalizando las críticas hacia la Administración Trump.

Finalmente, en el bloque centrado en la condena a EEUU, destaca el caso de España con las críticas más duras en Europa ("guerra ilegal") y el cierre del uso de las bases de Rota y Morón, a pesar de que haya colaborado con la OTAN en Chipre. Pero no tanto el de Bielorrusia, cuyo mandatario es más próximo a Putin y por lo tanto más proclive a posicionarse del lado de un aliado tradicional. También entra dentro de lo esperado que Irak apoye a Irán teniendo en cuenta la influencia de las milicias chiiés. 

Este panorama refleja una Europa dividida y que no es así por casualidad, sino por la presencia de intereses estructurales y coyunturales distintos y para entenderlo mejor hay que analizar el impacto del bloque de Ormuz y la crisis mundial del comercio energético.

Efectos del bloqueo de Ormuz y actitud del Gobierno de España

El impacto más inmediato del conflicto más allá de Oriente Medio se sitúa en el terreno económico. Nos referimos al bloqueo del estrecho de Ormuz, un singular canal marítimo de apenas 50 kilómetros por donde pasa el 20% del crudo a nivel mundial. Un paso sumamente importante para potencias como China (gran rival estratégico de los EEUU de Trump) pero que en realidad ha afectado gravemente al comercio marítimo con miles de barcos retenidos. Los ataques a buques, amenazas militares y posibles minas en la zona disuadieron el tráfico de forma drástica. Ante todo, Irán ha usado Ormuz como arma geopolítica en orden a presionar al suministro de petróleo para encarecer la energía e intentar dividir a Occidente, es decir, desatando la guerra económica e internacionalizando el conflicto más allá de Medio Oriente. Sin embargo, la situación no ha sido en realidad de bloqueo total, sino que Irán lo aplicó de forma parcial y selectiva. Y es que los ayatolás entendieron que un bloque absoluto sería entregar su destino a una intervención militar global. 

Las restricciones más significativas han sido, evidentemente, las aplicadas a EEUU, Israel y aliados directos en Oriente Medio. Fuera de los buques de estos países, ha permitido el paso a países no alineados directamente con la ofensiva. Ahora bien, hay que matizar dos cosas. Primero, que la afirmación que hizo la embajada de Irán en España está muy cogida con pinzas y además en un contexto en el que España importa sólo a Oriente Medio un 5% de su demanda de crudo (sus principales socios son EEUU, México, Nigeria y Brasil), a pesar de que siga expuesta al precio global. Segundo, hay que matizar que no se hizo público ningún listado oficial de "países amigos" sino que la línea roja para Irán era pertenecer a los países anteriores. Por tanto, de forma directa afectó menos a Europa que como España tenía otras alternativas para comprar crudo. Sin embargo, ese bloqueo parcial repercutió indirectamente en un encarecimiento del petróleo porque, lógicamente, la venta de crudo se incrementó considerablemente para otros proveedores que antes no exportaban tanto.

En esta tesitura, llama especialmente la atención que España declinara la invitación a una reunión de videollamada con más de 30 países aludiendo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a que no acudiría a donde se hablase sobre intervención militar. En realidad, el objetivo del debate era la reapertura del estrecho y recuperar el comercio sin guerras. Pero el Gobierno de España se ha mantenido en la estrategia de reeditar con Sánchez el famoso "no a la guerra" de Zapatero con Irak en 2003. Así, aprovecharía la cortina exterior para fomentar una imagen de oposición a Trump que desvíe del foco mediático los juicios de corrupción con implicados del PSOE. En aquella reunión, los países acordaron trabajar con la Organización Marítima Internacional para liberar 2.000 buques que permanecían varados en el estrecho, así como comprometerse a adoptar todas las medidas económicas y diplomáticas posibles para reestablecer el tránsito dentro del marco de la ONU. Por consiguiente, podría interpretarse que la ausencia de España en una reunión tan multitudinaria habría sido más la reticencia a adoptar decisiones que pudieran imponer sanciones contra el régimen de Irán que a intervenciones militares que, claramente, no son ni han sido en ningún momento ni la prioridad ni la baza guardada de Europa. Por tanto, la política exterior del Gobierno de Sánchez no sólo se aparta de EEUU sino que incluso se sitúa en una posición alejada de los socios europeos.

Europa y EEUU, dualidad frente a la crisis petrolera

La subida del petróleo ha sido especialmente reseñable, pero también afectada por una alta volatilidad derivada de las expectativas de desescalada que ha ido comunicando Donald Trump sin respaldo en datos o eventos verificables. Sin embargo, el coste económico ha sido mayor en Europa que en los propios EEUU y los motivos son tres: impuestos, regulaciones y dependencia del exterior. En algunos países de Europa los impuestos representan más del 50% del precio final mientras que en EEUU son mucho más bajos. Además, las normativas medioambientales de la UE son más estrictas y repercuten en costes de refinamiento y distribución más elevados y ello encarece el precio final. No es ninguna sorpresa que EEUU tenga un mercado más competitivo y flexible en contraposición con la mayor regulación de la UE que limita los márgenes de ajuste. También se da el caso de que EEUU es uno de los mayores productores de fracking y gracias a ese método puede abastecer gran parte de su demanda y reduciendo costes. Europa, por su parte, depende en gran medida de importaciones y eso lo sabe muy bien la Comisión Europea y por lo tanto es más vulnerable a crisis externas como la del estrecho de Ormuz. Por consiguiente, todo esto también explica por qué Europa es más prudente y busca desescalar. Ahora bien, pese a esta comparativa no significa que la economía estadounidense no experimente crisis. El diésel, clave para transporte y distribución, ha subido mucho más que la gasolina y la inflación energética a fin de cuentas afecta a toda la economía por la importancia relativa que tiene en todos los sectores.

La tregua: primeras posiciones y conflictos

Tras esa retórica de máxima presión de "una civilización morirá esta noche", Trump decidió suspender el ataque inminente prorrogando el ultimátum durante dos semanas y aceptando un alto el fuego temporal bajo la mediación de Pakistán. Las condiciones eran que EEUU detuviera los ataques masivos e Irán permitiera el tráfico en el estrecho de Ormuz mientras se negociaba en dicho periodos. Evidentemente, esto no es más que una pausa táctica, no el final del conflicto. La estrategia de Trump ha cambiado pasando de una lógica de presión militar a otra negociadora en la que pretende convertir su ventaja en concesiones políticas. El objetivo real siempre fue cerrar el conflicto sin una guerra prolongada, pero como la situación se estaba yendo de las manos al ir alargándose, prefirió aprovechar su baza de la amenaza total para generar pánico y forzar un escenario de negociación en aparente posición de superioridad. Quiero decir con esto que dicho patrón de actuación encaja con su peculiar estilo político como para comprender sus movimientos. Sólo es ahora cuando esos mensajes de "el final está cerca" (que repetía sin eventos ni hechos que le respaldasen) cobran algún tipo de sentido.

Irán declaró que permitiría el paso por el estrecho con la condición de que los países afectados por el bloqueo temporal controlen sus fuerzas armadas y, lo más importante, abonen un peaje. También exige para un eventual acuerdo estable varios puntos, aparte del consabido fin total de los ataques. Destacan la aceptación del programa de enriquecimiento de uranio, el levantamiento de todas las sanciones incluyendo la liberación de activos congelados, la retirada de tropas estadounidenses y todo ello plasmado en una resolución vinculante de la ONU. Todas ellas condiciones muy difícilmente aceptables por la Administración Trump.

El problema añadido es que Israel no está ni mucho menos en la misma fase ni sintonía. Aceptó la tregua formalmente y no sigue atacando a Irán, pero continúa operando en el Líbano contra Hezbolá y mantiene su objetivo de seguir presionando y degradar amenazas regionales. A este respecto, el vicepresidente J.D. Vance y designado por Trump en este asunto declaró que jamás prometieron que incluyera el Líbano sino que era exclusivo de Irán. Hay que tener en cuenta que tanto EEUU como su socio Israel consideran a Líbano como un importante proxy de Irán, por lo que los de Trump se enrocan en no ceder. Así que llegada la reunión el pasado domingo, las negociaciones se rompieron especialmente por esa línea roja junto con la carrera nuclear y la reapertura inmediata del estrecho. A esto reaccionó Trump anunciando el bloqueo naval de todo buque que pretenda pasar por Ormuz y amenazó con represalias si fuesen atacadas las fuerzas marinas de EEUU. Tal vez lo que esté detrás sea sugerir indirectamente a China que actúe de intermediaria. Lo último es que ayer martes 14 se iniciaron negociaciones entre Israel y el Líbano contra Hezbolá, pero al contrario que EEUU e Irán sin detener ataques, lo que ralentiza los acuerdos y por supuesto el fin de todo este conflicto.

Consideraciones 

El estrecho de Ormuz se ha convertido en una herramienta de presión económica global y la mayor arma de Irán en este conflicto. La mera ocurrencia de interrupciones, ataques o restricciones selectivas ha sido suficiente para alterar rutas comerciales, encarecer costes logísticos y generar volatilidad en los mercados energéticos. Además, al margen de los obstáculos en la negociación, la crisis económica está lejos de remitir porque, al haberse paralizado muchas producciones de los países afectados, regresar al nivel que se encontraban antes del conflicto se retrasará varios meses.

Sobre EEUU, algunos expertos y políticos republicanos entendieron que el primer movimiento, el del alto el fuego, respondió más a una elegante forma de rendirse con el objetivo de lograr una meta menor: la desarticulación del programa nuclear iraní. Es decir, un nuevo TACO (Trump always chickens out, que acuñó el Financial Times). En Venezuela todo salió limpiamente con la captura de Maduro y el acuerdo de comercio de petróleo con Del y Rodríguez. Además, se están liberando presos políticos. En cambio, Irán ahora tiene la sartén por el mango y podría consolidar su régimen manteniendo aún más controlado el estrecho de Ormuz al cobrar por ello. La presión militar era (y es) para Trump una operación muy arriesgada como para creer que el régimen de los ayatolás caería rápido. Difícilmente este segundo movimiento, el bloqueo naval, pueda conducir a una ruptura de la tregua salvo que el propio Irán suelte el primer bombazo. Sin perjuicio de ello, los efectos de cerrar Ormuz por la fuerza causan ya el efecto inmediato de alargar una situación difícil de sostener.

Ningún actor puede imponerse rápidamente ni resolver el conflicto exclusivamente por la vía militar. Por ello, la tregua actual debe interpretarse como lo que realmente es: una pausa táctica. Estamos hablando de una tregua limitada a dos semanas que tan sólo constituye una ventana de oportunidad y no un acuerdo firme. Un trámite que no resuelve el conflicto por sí mismo, pero sí confirma su verdadera naturaleza. Y es que no se trata de una guerra para ganar, sino de un pulso en el que resistir más que el adversario. Irán parece haber tomado una dirección más favorable, manejando el factor incertidumbre como parte estructural del conflicto y amplificando su capacidad de influencia más allá del plano militar. Mientras, EEUU sólo rentabilizará esta arriesgadísima operación si al menos logra estabilizar la paz en toda la región y si Irán renunciase a la carrera de uranio mejor que mejor. Pero para ello, necesariamente, tendrá que negociar primero con su socio israelí y Líbano. Porque la solución de Oriente Medio no acaba con Gaza ni tan siquiera con Ormuz y es imperativo resolverlo todo en conjunto y de forma coordinada dada su enorme complejidad geopolítica.

Eutanasia, suicidio y salud mental: un análisis necesario más allá del ruido

Cuando hablamos de eutanasia, a muchos nos viene a la mente el caso de Ramón Sampedro, un marinero que acabó tetrapléjico y pasó 30 años de su vida postrado en una cama. Los tribunales, como no existía ninguna Ley al respecto, le negaron el acceso a una muerte digna. Finalmente, la consiguió con ayuda de muchas personas para evitar posibles imputaciones de delito. Pudo beber un vaso con cianuro no sin antes grabar un vídeo de despedida para que quedase claro que era su voluntad. Esta historia motivó una película en el año 2004 (Mar adentro) y de alguna manera creó una conciencia en la gente de que el derecho a una muerte digna, en determinadas condiciones, debía de ser posible. Lo que ha generado cierta controversia es que 28 años después asistiéramos (hace algunas semanas) al caso de Noelia Castillo. Fue una joven de 25 años cuyo caso reabrió el debate sobre hasta qué punto han fallado los entornos familiares, institucionales y sanitarios. Pero no quería hablar hasta pasados unos días sobre este tema y sin personalizar en esta joven, dado que me parecía más apropiado examinar el estado de la cuestión en materia de suicidio, eutanasia y salud mental. Más allá de que nos sobrecoja lo sucedido, que algunos no entiendan que no se puede poner el foco sobre la víctima y que prefieran ver en sus cabezas que lo ponen los que sólo apuntan al fracaso del sistema, conviene analizar estos puntos con calma y objetividad.

La regulación de la eutanasia

La Ley Orgánica 3/2021, de 25 de junio, fue aprobada con los votos en contra de PP, Vox y UPN. Esta norma regula y despenaliza la eutanasia en España permitiendo a mayores de edad con "enfermedad grave e incurable, padecimiento crónico e imposibilitante" el solicitar ayuda a las Administraciones  para morir dignamente y bajo un proceso con consentimiento informado. Su solicitud voluntaria ha de ser emitida por escrito y repetida dos veces con al menos 15 días naturales entre una y otra y se registra sin coste para el solicitante en el Sistema Nacional de Salud. Dos médicos deberán de evaluar el caso y finalmente una comisión de garantía valida el proceso. Al mismo tiempo, se reconoce el derecho de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios a negarse a realizar esta prestación, creando un registro de objetores. En resumen, cumpliendo lo establecido en esta Ley, la muerte del paciente a manos conscientes del personal sanitario no es delito sino considerada legalmente como prestación sanitaria. En dicho contexto, debiera de respetarse la voluntad de la persona. Sin embargo, como ya dije arriba, es lógico que nos echemos las manos a la cabeza cuando pasan sucesos como los de Noelia (que en realidad son residuales) y nos preguntemos si el Estado podría haber hecho algo para evitar que decidiese eso.

Examinando las estadísticas de eutanasia, vemos que desde 2021 que entró en vigor la han recibido más de 1.300 personas, es decir, según datos difundidos por una asociación que defiende este nuevo derecho que implica el suicidio asistido. De esas, 426 se materializaron en 2024. Sin embargo, hasta 308 personas fallecieron durante el proceso a pesar de que se ignora en qué casos las muertes eran ya inminentes e inevitables. 141 fueron denegadas y en 54 se revocó la solicitud por seguramente arrepentimiento de la persona. Un 76% de los solicitantes fueron mayores de 60 años y un 25% mayores de 80 y la media de tiempo de resolución está en torno a los 50 días.

El caso de Noelia y lo que le ha rodeado ha provocado declaraciones como las de la ministra de Sanidad Mónica García que aboga por acortar los plazos, reforma que podríamos considerar lógica teniendo en cuenta las cifras de las estadísticas con gente que fallece antes de terminar el proceso. Pero al mismo tiempo defiende bloquear los recursos judiciales de familias y asociaciones. Esto último sobre todo ha sido lo que ha catalogado como "fuga legal". ¿En qué momento ha llegado a catalogarse así a un régimen garantista? Si reducimos los plazos, no tiene sentido que al tiempo se supriman recursos, así que en ese punto habrá que esperar a conocer por dónde quiere tirar de forma más concreta.

Las estadísticas del suicidio

Comprobando las estadísticas de 2024, vamos que de cerca de 3.700 los hombres representan el TRIPLE de cifras que las mujeres (2.700 frente a 900) y buena parte de las personas que voluntariamente ponen fin a su vida por sí mismos se concentran en la mediana edad. Más de 1.000 personas entre los 45 y 59 años. Por el contrario, son muy pocos casos los menores de edad, pero con mucha probabilidad representan otra desgracia de la sociedad como el bullying. En cuanto a los jóvenes de edad algo mayor (entre 15 y 29 años) la brecha de género de la que nadie habla es todavía mayor, pues la cifra de suicidios cometidos por los hombres cuadruplica a la de las mujeres (235 frente a 74). Si consultamos el mapa interactivo se pueden comprobar estas cifras de forma más resumida, de manera que un 75% de las personas son mayores de 40 años y el 50% entre 40 y 64 años. Curiosamente, donde más personas hay que, en proporción, cometen esta trágica decisión se concentran en el oeste de España mientras que hay menos en el Este. Donde más hay es en Cantabria y donde menos en Madrid y Navarra. Desde 2018 a 2022 hubo un fuerte repunte alcanzando la peor cifra de hombres de los últimos 25 años. Habría que analizar y estudiar por qué estas cifras y qué factores pueden influir en la salud mental de las personas y especialmente en los hombres. Pues bien, frente a este componente de género y de edad, algunas interpretaciones sesgadas pretenden minusvalorar el problema aludiendo a una supuesta "masculinidad tóxica" silenciando la incidencia multifactorial. Así, influirían variables múltiples de aislamiento, ruina económica, problemas con alcohol o drogas (comunes en mujeres), desahucios, divorcios, hijos apartados y, por qué no decirlo, víctimas de presuntas denuncias falsas en el ámbito viogen. Sólo un estudio valiente y bien construido metodológicamente nos permitiría conocerlo.

Sean cuales sean las razones y la lectura que hagamos, estaremos todos de acuerdo con que no son casos de muerte digna. No es digno para nadie terminar tirándose de un puente, ponerse una soga o hincharse a pastillas. Ahora bien, entiendo que es imposible y no podríamos establecer ninguna relación fiable entre aquéllos que pusieron fin a su vida por sí mismos que, de haber podido, hubiesen recurrido a la eutanasia. De hecho, estos números estadísticos y el contraste con los anteriores sobre la eutanasia me hace pensar que el suicidio podría tener un componente más repentino. Me refiero a que a pesar de que de alguna manera el sufrimiento de la persona experimente una escalada, el de la eutanasia parece un proceso más reflexionado. Otra diferencia es que en la eutanasia no se percibe componente de género sino más bien de edad, dado que quienes más la solicitan son los mayores de 80 años y la media de edad está en 69. Así que el caso de Noelia es una total excepción a la regla.

La Salud Mental y la prevención del suicidio

El actual Plan nacional de Salud Mental es, como el anterior, de carácter trianual y engloba los años 2025-2027. Sin embargo, ya no aborda la prevención del suicidio ni incluye acciones al respecto, entendiendo que la relevancia e importancia de este tema motivaban la aprobación de uno separado. Así, el 14 de febrero de 2025 se aprobó el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio. Los objetivos son desarrollar actuaciones preventivas y de promoción de la salud mental en personas mayores, así como actividades formativas específicas para los mismos. En segundo lugar, se impulsan actuaciones, acciones y actividades preventivas de problemas de salud mental y de promoción de la salud, incluyendo estrategias para el fortalecimiento de redes de apoyo social y comunitario que fomenten la participación. Estas acciones están dirigidas especialmente a las personas mayores de 65 años al considerarse un grupo en situación de especial vulnerabilidad a problemas de salud mental y el suicidio. En tercer lugar, se promueven actividades formativas dirigidas a profesionales sanitarios, sociales y personas cuidadoras para mejorar la detección de problemas de salud mental en este colectivo. Por último, existen también algunos programas y actividades destinadas a jóvenes adolescentes, personas LGTBi, personas con discapacidad y otras con riesgo de discriminación. Se destina una cantidad económica de 18 millones de euros.

Comparando con otros países de Europa, Reino Unido destaca en medición y rendición de cuentas a pesar de que no haya logrado reducir las tasas y los países nórdicos como Finlandia impulsan su Estado del bienestar con más recursos humanos, fuerte inversión en salud mental y políticas de vivienda y empleo, mientras que España estaría más cerca de las naciones del sur con una naturaleza más estratégica que práctica, baja financiación y especialización en los sistemas sanitarios.

Entre las fortalezas del plan español, destaca que trata con factores sociales, sanitarios y educativos e integra a los tres sistemas públicos responsables, refuerza la atención inmediata a través del teléfono 024, se participa en campañas públicas y mediáticas de sensibilización, se proporciona formación a los profesionales como docentes, sanitarios y trabajadores sociales y se provee apoyo psicológico a las familias cuando el drama se ha consumado.

Sin embargo, las debilidades nos hacen reflexionar y mucho. Para empezar, el presupuesto se asemeja muy limitado para un problema de esta magnitud. Para ponerlo en contexto, esos 18 millones son repartidos entre todas las CCAA y múltiples líneas de acciones con el riesgo real de que muchas de esas medidas queden sin impacto operativo. En segundo lugar, como plan que es tan sólo define qué hacer, que objetivos y bajo qué indicadores genéricos en sentido agregado. Pero no entra en la ejecución ni en aspectos como plazos concretos e indicadores más claros, cuantificables y específicos de cumplimiento. Por el contrario, la evaluación prevista termina siendo más política que técnica. En tercer lugar, deriva responsabilidad a las CCAA. Y ya sabemos cómo funciona en estas cosas el Estado de las autonomías, con una desigual aplicación entre regiones y mayor dificultad para evaluar resultados. En cuarto lugar, no aborda de forma contundente problemas como la falta de psicólogos en la Sanidad pública, la saturación en atención primaria y las listas de espera en salud mental. A pesar de que se mejoren los protocolos, si no se incrementan los recursos humanos es más difícil de aplicar. En quinto lugar, en materia de prevención social y aunque valora factores de pobreza, precariedad y soledad, se queda más en términos de coordinación y sensibilización que en políticas concretas. Y finalmente y el que creo que es el más grave de todos, es que parte de un énfasis prioritario en las personas mayores cuando las cifras de estadísticas apuntan una incidencia muy significativa en los hombres de mediana edad y tanto en términos absolutos como proporcionales. Esto sugiere un desequilibrio en la priorización de colectivos, al no existir previsión específica relativa a los mencionados hombres.

Conclusiones

En definitiva, este plan peca de escasa financiación, ejecución difusa, dependencia territorial y mal enfocado por su discutible lectura de las estadísticas, pues el colectivo en el que más se centra es en realidad el que es mayoritario en las solicitudes de eutanasia. Al mismo tiempo, oculta totalmente la singularidad de los hombres de mediana edad y por lo tanto lo silencia como grupo mayoritario. A pesar de que dicho plan pueda parecer moderno y se alinee con estándares internacionales, es más un brindis al sol y un documento con mayor impacto político y reputacional que transformador. En la práctica se encuentra con numerosas barreras y muchas culpa de su  propia definición. Principalmente porque su planificación es insuficiente, de manera que luego las carencias en su ejecución puedan ser achacadas a las propias autonomías relegando al Estado y al Gobierno de turno a la promoción de la imagen y no a la responsabilidad pública de logros efectivos. Así que mi pregunta final con dardo es la siguiente: ¿van a esforzarse el Gobierno y las CCAA en reforzar el diagnóstico y prevención de las condiciones que conducen al suicidio o por el contrario les interesa más flexibilizar la burocracia para proveer la muerte digna?

*Recuerda que si necesitas ayuda en España, puedes llamar al 024 (Línea 024 de atención a la conducta suicida).

El caso Begoña Gómez: instrucción, imputaciones y perspectivas

Tras la condena del Fiscal general García Ortiz, la instrucción sobre Begoña Gómez muestra un entramado complejo de indicios y posibles delitos que, junto con el de David Sánchez Azagra, podrían afectar al círculo más cercano de Pedro Sánchez. Hoy me centraré en hablar sobre el caso de corrupción que afecta a la esposa del Presidente del Gobierno. Precisamente para el día de hoy 1 de abril (miércoles santo) ha sido citada a declarar previa a remitirla a un jurado popular junto con Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, no parece estar tan claro aquí la perspectiva de condena como en los casos de García Ortiz y su cuñado David (al que dedicaré un post en otro momento). Me interesa sobre todo analizarlo de forma más objetiva que parcial, como siempre debe ser tratándose de cuestiones de Justicia. Primeramente recordaremos la reciente condena del Fiscal y los aspectos que habrían motivado su condena para seguidamente explorar las vicisitudes acaecidas en al instrucción del caso Begoña Gómez y las distintas imputaciones.

Antecedentes con el caso García Ortiz

El pasado 9 de diciembre, el Tribunal Supremo condenó al Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial, multa económica de 7.200 € e indemnización de 10.000 € por daños morales por un delito de revelación de secretos. El objeto fue la filtración en la noche del 13 de marzo de 2024 de un correo electrónico de 2 de febrero  con datos personales de Alberto González, conocido por ser la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La sentencia estableció que, a pesar de que no se había podido demostrar de forma expresa que la filtración fuese materializada por García Ortiz sino como mínimo una persona de su entorno, se habían validado varias pruebas indiciarias: el borrado de todo el contenido de su teléfono móvil y su cuenta personal de correo electrónico, las llamadas telefónicas efectuadas (como a un periodista de la SER) y validadas a deshoras, la urgencia transmitida, los recelos de subordinadas como la fiscal superior de Madrid Adriana Lastra, la famosa nota de prensa y, sobre todo, su condición de cargo público que debe velar porque no se filtre información de terceros. Más aún tratándose la institución del Ministerio Fiscal. Incluso la lamentable declaración de Pilar Sánchez Acera que afirmaba "no acordarse" de quién le filtró el correo con los datos del novio de Ayuso (antes de pasárselo a Lobato) resultó ser una evidencia de la sensación de impunidad procedimental con la que obró el PSOE. Todo por "controlar el relato" y desmentir un supuesto bulo que más bien fue una sacada de contexto (con vacile incorporado) de Miguel Ángel Rodríguez. 

Una instrucción compleja con Peinado

No se nos debe de escapar (a los que no somos titulados en Derecho) que en materia penal la fase de instrucción está separada del juicio, de forma que son personas diferentes las responsables (jueces, magistrados, etc.) y precisamente constituye una garantía para la persona acusada. Esto implica que los juzgados deban de recopilar en esa primera fase toda una serie de INDICIOS que vengan a justificar que sea necesario establecer un juicio. Esos indicios habría que determinarlos sobre la base de la documentación oral y escrita que está investigando y aportando al juez la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Será en el mismo juicio cuando deban de aportarse PRUEBAS en cantidad y calidad suficiente como para enervar la presunción de inocencia que ha de imperar en todo proceso. Sin perjuicio de ello, esta división no opera en los denominados juicios rápidos. En cualquier caso, esta instrucción ha sido iniciada y desarrollada a través de la iniciativa de acusación popular por parte de varias organizaciones como Manos Limpias (que también denunció el caso Bárcenas) y Hazte Oír y un Colegio Oficial de informáticos. Esto es lo que ha motivado que el PSOE pretenda restringir la acusación particular en el proyecto de la denominada Ley Bolaños para terminar de controlar el Poder Judicial y cortar cualquier investigación de su corrupción.

El proceso instructor en el caso Begoña Gómez está siendo largo y complejo más que nada porque las defensas han ido recurriendo diversas resoluciones del juez (ampliando delitos, impulsando juicio, etc.) de manera que la Audiencia provincial ha ido corrigiendo o limitando y forzando a aquél a que reformule. Es decir, la Audiencia ha estrechado las líneas de investigación, reduciendo el campo inicial del caso y frenado lo que consideró "investigaciones prospectivas", en el sentido de que eran necesarios más indicios que estableciesen un nexo causal en un momento en que la instrucción se estaba ampliando hacia múltiples líneas (Universidad Complutense, contratos, software, asesora...). Así, lo más destacable fue la exclusión de su relación con el caso del rescate de Air Europa que se investigará en otras instancias sobre otros sospechosos, anuló algunas decisiones procesales como la derivación al jurado popular y corrigió autos por falta de motivación o insuficiencia de indicios (como las relaciones con contratos públicos y conexiones empresariales indirectas), así como ordenar la revisión de la base jurídica de algunos delitos y mayor concreción en los indicios. Esto provocó que el juez tuviera que rehacer autos, detallase con más profundidad los indicios y justificase cada delito por separado. 

En esta tesitura, se ha mantenido una sensación de tensión entre instancias en la que mientras que el juez habría mantenido una línea expansiva de investigación, la Audiencia habría actuado como órgano de contención y corrección. Como era de esperar, la prensa afín al PSOE ha enfocado la culpabilidad en Peinado, habiéndose filtrado mucha información de este proceso de instrucción. Todas estas idas y venidas no han logrado archivar el caso y ni mucho menos frenar la investigación, sino que el procedimiento ha transcurrido más acotado y revistado pero al mismo tiempo jurídicamente más exigente. Con todo, la defensa de Gómez ha empleado argumentos más bien pueriles para desmontar la recopilación de indicios aludiendo a falsedades no demostradas y a una supuesta persecución sólo por ser esposa del Presidente. Al mismo tiempo, en declaraciones de José Luís Ábalos, la empresa pública Red.es habría pagado a una empresa privada para que borrase la huella digital de la imputada. Llama la atención cuando se supone que si se considera inocente no tendría nada que esconder. Examinemos a continuación de forma muy resumida el estado de cada una de las imputaciones vigentes.

Malversación de recursos públicos

Se investiga el papel de una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que habría realizado gestiones vinculadas a actividades referentes a proyectos personales o académicos de Begoña Gómez como los relativos a la cátedra. Entre los indicios recogidos se dispone de correos electrónicos, comunicaciones internas y testimonios sobre funciones efectivamente realizadas. También llamó la atención que se cerrase una planta de RNE para que grabase un podcast publicitando la cátedra. Sin embargo, la frontera entre dedicación institucional y apoyo personal es difusa a este respecto en el sentido de que se mezcla lo público con lo académico y profesional. Además, es imperativo probar la intencionalidad (dolo) con desvío de fondos públicos, un beneficio a costa de lo público y un perjuicio para el mismo, siendo tanto uno como otro evaluables económicamente, así como si se considerase que se contribuyó al tráfico de influencias. De lo contrario, sería una simple irregularidad administrativa. La acusada alegó en su recurso que las tareas eran de apoyo institucional a proyectos vinculado a la cátedra con interés público o social y no estaría acreditado que obtuviera dinero directamente. Pese a ello, la Audiencia provincial de Madrid ratificó la imputación en diciembre de 2025. La imputación se mantiene porque existen hechos verificables por los que podría demostrarse que se realizaron tareas ajenas a lo público.

Tráfico de influencias y corrupción en los negocios

Se investigan cartas de recomendación firmadas por Gómez apoyando proyectos empresariales del entorno de Juan Carlos Barrabés (reforzando su solvencia técnica y reputacional) y que se incorporaron a contratos públicos como puntos cualitativos. Además, esta persona habría ayudado a la acusada en la Cátedra como asesor, diseñador del plan de estudios, colaborador con el desarrollo del software y docente cerrando el círculo. En este punto se investiga hasta qué punto Begoña Gómez, por su cercanía al poder, habría favorecido que esas empresas obtuviesen contratos millonarios adjudicados por la entidad pública empresarial Red.es. De esta forma, el foco no está por sí solo en presuntas adjudicaciones irregulares (que se investigan en el caso Koldo y Ábalos), sino más bien en la relación directa y acreditada entre estas partes y el eventual ecosistema de influencia. Lo complicado es establecer un nexo causal claro como para probar la influencia directa a cambio de beneficio. 

Las cartas existen, están documentadas, se acreditaron que eran habituales en su emisión y se mantienen como indicio. Sin embargo, tienen un peso probatorio limitado, dado que aún no se ha demostrado si fueron decisivas en adjudicaciones y tampoco si implicaron contraprestación en un esquema corrupto, que son los dos delitos de este bloque. Por consiguiente, a día de hoy no está claro que dichas cartas fuesen determinantes pese a constar firmadas por Begoña Gómez y se aportasen en procesos de licitación pública. La mayor parte de la puntuación dependía de ser la oferta económicamente más ventajosa y de otros criterios técnicos evaluables. Lo que sí que sabemos es que existe un informe de la IGAE que apunta a la irregularidad administrativa de que intervino la mesa de contratación cuando procedía hacerlo un organismo técnico especializado. Es uno de los documentos que estudia la Fiscalía Europea porque son contratos con fondos europeos, pero no enjuicia lo penal.

En definitiva, para que exista delito no es suficiente con que se recomiende a una empresa, sino que se demuestre la relación de causalidad de que existiendo intencionalidad de favorecer se pudo influir de forma relevante alterando el resultado. No existen evidencias a día de hoy de presiones ejercidas sobre las mesas de contratación.

Intrusismo profesional

Es el primero de los delitos vinculados a la cátedra codirigida en la Universidad Complutense de Madrid y que fue denunciado por un colegio de ingenieros técnicos de Informática. Se dispone de documentación universitaria, convenios y declaraciones de responsables académicos. El Código Penal castiga a quien ejerce actos propios de una profesión regulada sin disponer de la titulación, habilitación o permiso correspondiente. Por tanto no basta sólo con asesorar, sino que es taxativo que se hayan realizado actos propios de una profesión sin disponer de la autorización reglada, que se ejercieran con carácter profesional y no sólo voluntario o académico y que se pruebe que existió perjuicio a terceros, competencia desleal o riesgo para el beneficiario del servicio. La instrucción detectó en la investigación que Gómez habría estado implicada al redactar y firmar los pliegos de prescripciones técnicas para contratar un servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma web de gestión de PYMES. Esta labor no formaría parte de las funciones atribuidas como codirectora de la cátedra. La investigación ha de discernir hasta qué punto llegó su intervención en la redacción del pliego y sobre todo si se encuadraría en labores de gestión o coordinación y no necesariamente en actos profesionales reglados. Así que habrá que estar al tanto de documentos técnicos o certificaciones de dichos pliegos que pudieran contener su firma y de evidencias tanto de que su intervención fuese decisiva en dichos actos reglados como de que hubiese ocultado su falta de habilitación formal. Tanto la asociación de abogados del Estado como la propia UCM estiman y aseguran de que no era necesario tener una titulación formal.

Apropiación indebida 

Se investiga en relación a la propiedad intelectual del software vinculado a la cátedra si Begoña Gómez la registró, controló o explotó fuera de ella y a su nombre de forma fraudulenta al no poder ser la titular. Ha sido una de las más cuestionadas, dado que no está claro el registro a su nombre y existen versiones contradictorias sobre la titularidad. Por una parte, una empresa confirmó al juez que la plataforma web, que fue suprimida en septiembre de 2024, se había registrado a nombre de Begoña. Por otra parte, la UCM informó que el desarrollo del software costó 113.509 €, de los cuales 4.700 € correspondieron a personal y el resto a contratación para el desarrollo del software. En contraste con la imputación anterior, se ha personado en la causa como parte perjudicada (que no acusación), aportando dichas cifras económicas como responsabilidad civil provisional en caso de condena a Gómez. Ésta última entiende que se actuó siguiendo indicaciones de la propia universidad y que aquélla debía de firmar y registrar el proyecto. Lo que complica el tema es que el software, aparte de no haberse registrado por parte de la Universidad, se habría usado en entornos vinculados a Gómez y participaron varias empresas como Indra sin disponer de toda la información. Con lo cual, el problema es dilucidar de quién es realmente el software si no está bien formalizado y, por consiguiente, para determinar que haya delito de apropiación indebida es clave probar que pertenecía sin ningún género de dudas a la UCM y que Gómez lo habría utilizado indebidamente con intención de apropiarse o beneficiar a terceros. Por lo tanto, sólo el juicio aclarará esa zona gris de a quién pertenece realmente la cátedra. 

Consideraciones

El caso de Begoña no puede resolverse en base a pruebas indiciarias porque no ocupa cargo público sobre el que recaigan responsabilidades (no existe primera dama como en EEUU). Creo que la clave de qué sucederá con estas acusaciones en el juicio es puramente administrativa. Sobre el delito de malversación, considero muy difícil probar que la asesora haya descuidado sus labores propias de Moncloa para dedicarse en cuerpo y alma a Begoña Gómez, pues no es suficiente con que una persona que cobre un sueldo público ayude a otra para tareas privadas. Más claro aún lo tengo respecto a los de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios de los que muy seguramente sea absuelta si no pudieran probarse presiones o "sobresueldos" a los miembros de los tribunales. En cuanto a los relativos a la Cátedra, no me atrevo a establecer un diagnóstico similar, pues depende de cómo case la legislación con el convenio y documentación obrante de la Cátedra y las acciones que realmente realizó Begoña Gómez. Me da la sensación de que si fuese condenada por uno de esos delitos, probablemente acabaría siéndolo en el otro, del mismo modo que la absolución en uno conllevaría la del otro. Entiendo esto así porque en realidad son dos imputaciones que están relacionadas con lo mismo: la presunta incapacidad de Begoña Gómez para dirigir una Cátedra. Así que esa será la clave para que en el juicio bien acontezca la condena de la esposa del Presidente y que enmarcaría una nueva derrota judicial de corrupción o bien una victoria que sería muy sonada. Indudablemente, en cualquiera de los escenarios Pedro Sánchez aprovechará lo que suceda para reforzar su mensaje. Y es que puede parecer un político poco honesto ó que cambia de opinión según sople el viento pero de necio no tiene nada. Está todo bien estudiado.

Retos y controversias clave en la Unión Europea

En este 2026 se cumplieron 40 años de la entrada de España en la Unión Europea (antes CEE), que tuvo lugar el 1 de enero de 1986 tras firmar el año anterior (12 de junio) el tratado de adhesión. Desde entonces, se asistió a la firma de otros tratados como el de Maastricht de 1992 y al proceso de liberalización de movimientos de capitales y transición hacia una política monetaria única europea simbolizada en el Euro como moneda única y compartida. Aparentemente, la UE se habría constituido para generar un frente común y de sinergias económicas y sociales entre países europeos que antaño estuvieron implicados en guerras terribles y durante siglos y pasarían a comerciar entre ellos en una Europa sin fronteras de ningún tipo y sin aranceles, potenciando el empleo, la productividad, la formación, etc... Al mismo tiempo, tener una voz importante en el mundo que le diferenciara de otras potencias clásicas como EEUU, Japón o China. Sin embargo, en los últimos años y tras la pandemia del Covid-19 parece asistirse a un punto de inflexión en el que la UE como institución se está desinflando. Esa es mi percepción y en base a los siguientes apartados. 

Déficit democrático, distanciamiento ciudadano y amenazas a la privacidad

En realidad, hablar de “déficit democrático” de la UE es una crítica recurrente desde los años 90 y que sigue vigente. Se refiere a la percepción de que las instituciones europeas adoptan y ejecutan decisiones con un limitado nivel de control democrático directo. La Comisión Europea ostenta la iniciativa normativa, ejecuta el Derecho Comunitario y supervisar su cumplimiento, mientras que el Consejo de la UE, donde se reúnen Jefes de Estado y ministros, elabora las normas en colaboración con el Parlamento Europeo. Ésta última es la única institución europea elegida por sufragio universal directo. Sin embargo, no tiene el mismo poder que por ejemplo ostenta el Congreso de los Diputados. Las negociaciones entre Estados miembros en el Consejo son opacas, técnicas y difíciles de seguir mediáticamente y, sobre todo, programas clave como NextGenerationEU, fondos de recuperación o reformas estructurales se negociaron entre la Comisión y los gobiernos nacionales por vía urgente y con escasa participación del PE. Todo esto alimenta la idea de que la UE opera “entre bastidores” y sin transparencia.

También existen factores sociales y culturales que explican el alejamiento de los ciudadanos respecto al proyecto europeo. La UE carece de una narrativa emocional o identitaria. A diferencia del Estado-nación, la UE no tiene héroes nacionales, ni símbolos emotivos fuertes (más allá de bandera e himno) ni medios de comunicación populares ni tan siquiera debates públicos compartidos. Únicamente se pudo ver en los años 90 y 2000 cuando se caminaba hacia una moneda única como es el Euro desde 2002 y en buena parte de los países miembros. Sin embargo, tras la pandemia, el Brexit y la guerra en Ucrania, la UE ha actuado como máquina regulatoria de la economía. La proliferación de regulaciones (Medio Ambiente, consumo, transformación digital, industria, transportes, alimentos, etc.) ha aumentado la percepción de hiperregulación y pérdida de autonomía nacional. Además, se perciben desigualdades en el sentido de que la integración económica habría beneficiado más a otros países como Alemania y no pueden influir en la toma de decisiones, generando el fenómeno del euroescepticismo. La función consultiva del Consejo Económico y Social y el Comité de las Regiones es básicamente testimonial. En definitiva, la política europea parece lejana, fría y técnica y eso se nota en la participación electoral.

La DSA (Digital Services Act) o Ley de Servicios Digitales, en vigor desde 2023, es un Reglamento comunitario que constituye una de las mayores polémicas regulatorias de la UE. Su objetivo principal es regular plataformas digitales para proteger a los usuarios, pero presenta aspectos positivos y otros no tanto. Por un lado, para proteger contra la desinformación y contenidos ilegales, obliga a grandes plataformas (Meta, X, TikTok…) a gestionar riesgos como el discurso de odio, manipulación electoral, fraude y campañas de desinformación organizadas. También impone mayor transparencia en algoritmos y publicidad segmentada (cookies). Sin embargo, las críticas apuntan a que abre la puerta a una supervisión estatal omnicomprensiva pudiendo justificar eventuales censuras y limitaciones indirectas a la libertad de expresión (tal y como pretende aprovechar el Gobierno socialista), se refuerza poder a las plataformas para decidir qué contenido es peligroso o ilegal y además incorpora un coste burocrático elevado exigiendo auditorías internas, controles de moderación, informes periódicos y supervisión detallada de algoritmos. Incluso la UE tuvo que echarse atrás con la polémica del Chat Control porque percibió que se estaba pasando de frenada.

Política exterior, relaciones con EEUU y conflictos bélicos

La UE dispone formalmente de una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), diseñada para dotar al bloque de una voz y acción unificadas en el mundo. En teoría, eso le permitiría intervenir diplomática, humanitaria o militarmente con peso. En la práctica tropieza recurrentemente con varios límites estructurales. Las decisiones relevantes a menudo requieren unanimidad entre los Estados miembros y las prioridades nacionales y relaciones bilaterales dificultan un consenso a largo plazo. Tampoco hay que perder de vista intereses económicos y geopolíticos en juego. Basta que un solo país miembro con reservas logre frenar decisiones (como la Hungría de Orban contra Ucrania y en pro de Rusia), redundando en inmovilismo cuando no convirtiendo decisiones urgentes en procesos largos y costosos. Y es que la diplomacia sigue siendo en gran parte nacional y por tanto los mecanismos institucionales y estratégicos de la UE están lejos de unificar una voz fuerte y creíble. 

La relación entre la UE y EEUU ha sido tradicionalmente un pilar de la política exterior europea en materia económica y de defensa y seguridad en el marco de la OTAN. Además, la mayoría de armas que se compran por los países de la UE se hace a EEUU y viceversa. Sin embargo, ese vínculo también genera controversias. La UE se percibe por muchos como un aliado subordinado a EEUU. Casos como su debilidad durante el episodio de Groenlandia y el poco margen de maniobra frente a la amenaza arancelaria desdibujan su identidad como actor independiente. De ese modo, se plantea un dilema existencial para la UE: o se fortalece como actor propio que opte por el multilateralismo pero debilita las relaciones con el principal aliado en la OTAN ó fortalece la relación estratégica con EEUU pero al mismo tiempo sigue bajo la sombra de Washington validando por ejemplo el levantamiento de sanciones al régimen del oligarca ruso Putin.

Tenemos varios ejemplos de conflictos bélicos recientes. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, la UE impuso varios paquetes de sanciones económicas y financieras contra Rusia tanto a entidades como sectores estratégicos (energía, finanzas, defensa). También ha proporcionado ayuda a Ucrania, incluyendo apoyo económico, militar, y admisión de refugiados, reafirmando su compromiso con la soberanía territorial y el orden internacional basado en reglas. Sin embargo, no todos los Estados miembros comparten el mismo ritmo ni la misma intensidad de sanciones a Rusia o apoyo a Ucrania, lo que debilita la cohesión interna. Además, se reabrió el debate sobre la dependencia energética, militar o estratégica de la UE y se planteó la necesidad de reforzar su autonomía. 

Con respecto al conflicto entre Israel y Palestina que estalló en 2023, los Estados miembros decidieron no aplicar sanciones contra Israel y a pesar de ciertas presiones políticas y mediáticas. Sin embargo, sí suspendieron acuerdos comerciales el pasado año, así como la cooperación internacional y aprobaron sanciones más específicas contra terroristas y Hamas, condenando la barbarie de ambos lados. Aún así, no ha resultado suficiente para los críticos (ONGs y activistas) que han tachado la gestión aludiendo a un supuesto doble rasero y, por consiguiente, esos altavoces habrían contribuido a debilitar en cierto modo la posición de la UE como actor geopolítico intermediario. Lo ultimo es que se ha activado es una iniciativa popular para suspender todo el acuerdo de asociación con Israel. Este conflicto fue analizado en un post anterior de este mismo blog y me sigo manteniendo en mi postura, al tiempo que considerando correctas las decisiones tomadas por la UE en este asunto.

Más recientemente, estalló un nuevo conflicto con ataques militares de EEUU e Israel contra Irán desde el 28 de febrero de 2026. Ya se estaba preparando un paquete de sanciones contra Irán por la represión criminal a manifestantes. Las posturas ante este conflicto no pueden ser más heterogéneas. Alemania reconoce que había motivos, Hungría lo apoya sin fisuras y critica el cierre de algunas bases, Francia y España criticaron duramente el ataque y descartaron participar en la guerra pero al mismo tiempo remitieron un portaviones y una fragata a Chipre para defenderla de Irán (aún en el marco de la OTAN) e Italia moderó las críticas pero envió también un buque allí. Para colmo, la presidenta de la Comisión Úrsula Von der Leyen emitió unas declaraciones polémicas afirmando que Europa no debía de ser garante de un "viejo orden mundial" que jamás regresaría. En mi valoración patinó al no matizar que de lo que se trataría sería de adaptar un sistema normativo hecho en posguerra y tiempos de paz a eventuales conflictos armados en regiones externas.

La inmigración

La inmigración es un problema estructural en Europa: migraciones originadas por crisis internacionales, desplazamientos forzados o causas económicas y una UE con mecanismos de gestión complejos y sin consenso. En 2024 se registraron unas 239.000 entradas irregulares detectadas en fronteras de la UE, el mismo año en que se aprobó el Pacto sobre Migración y Asilo. Se lanzó como un marco común con el objetivo de crear normativa uniforme para asilo y gestión de fronteras y proporcionar un reparto más equitativo de responsabilidades entre Estados miembros. Sin embargo, en la práctica ese marco es difícil de aplicar. La presión migratoria recae desproporcionadamente sobre algunos Estados, al tiempo que otros rechazan asumir parte de esa carga como por ejemplo la Hungría de Orban (que se niega a contribuir al fondo común de solidaridad), se perpetúa la carga desigual y se restringen soluciones coordinadas. Esa sobrecarga genera saturación en puertos, centros de recepción, recursos de asilo, presión social y conflictos locales en países con presión migratoria como España, Francia o Italia. Además, en algunas regiones de dichos países se ha incrementado la percepción de inseguridad ciudadana y justo en zonas tensionadas por inmigración procedente de entornos culturales alejados de valores occidentales. Ni que decir tiene que esto genera el caldo de cultivo para la polarización social como ya vimos en Torre Pacheco.

A pesar de que la migración regular y la integración son fundamentales, la UE no ha logrado implementar políticas comunes que faciliten inmigración legal, integración sostenible y mecanismos eficaces de reasentamiento. Además, los países miembros muestran disparidades en sus capacidades de acogida, integración y respeto a derechos sociales, lo que genera un mosaico fragmentado. En ese panorama, la estrategia de la UE se ha ido orientando algo más hacia la disuasión, externalización de asilo y cooperación con terceros países para contener la migración antes de que llegue a Europa. Esto que parece de lógica y se hace necesario para contener la inmigración irregular masivas ha generado denuncias por parte de muchas ONGS de expulsiones ilegales, detenciones arbitrarias y riesgo para la vida de migrantes/refugiados. Consideran que la externalización a países con débiles garantías de derechos humanos erosiona los valores declarados de la UE como defensora de los mismos. Sin embargo, como decimos, el ciudadano de las zonas con elevada inmigración percibe que no se está conteniendo lo suficiente la entrada de inmigración ilegal y que genera inestabilidad social con presión sobre servicios públicos, vivienda, empleo, máxime aún con los riesgos de marginación y de aislamiento cultural en la constitución de guetos. Por lo tanto, la UE es presionada por todos lados.

Como ya vimos en un anterior post, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, propuso a la UE un plan similar al que aplica en su ejecutivo. Esta mandataria ha demostrado en varias ocasiones tener un plan más valiente para Europa del que está ofreciendo Von der Leyen y una oposición más inteligente a Trump. El plan se aprobó el lunes 8 de diciembre estableciendo la facultad de los gobiernos nacionales de expulsar a personas que no tienen derecho ni de residencia ni de trabajo, establecer centros de tramitación de asilo en el extranjero y crear centros de expulsión también fuera de su fronteras. Permitirá repatriar inmigrantes que se consideren riesgo para la seguridad por antecedentes penales aunque siempre que exista convenio de reciprocidad. Por último, se reducen las compensaciones económicas por no acoger inmigrantes. Por su parte, el gobierno socialista de Dinamarca, con fuertes tensiones migratorias procedentes de Suecia, en materia de asilos ha conseguido que se establezca una lista de países seguros para rechazar las que procedan de los mismos. El único gobierno que manifestó oposición expresa, para sorpresa de nadie, fue el español del PSOE con Marlaska como representante. Así que, en definitiva, en inmigración se constata la inexistencia de una línea uniforme y coordinada.

Seguridad, terrorismo y ciberdelincuencia

En materia de seguridad y terrorismo, la UE cuenta con la estrategia EU Counter‑Terrorism Agenda. Renovada en 2020, coordina medidas para prevenir la radicalización, reducir el acceso de terroristas a armas y explosivos, proteger espacios e infraestructuras críticas y perseguir la financiación del terrorismo. También trabaja en la lucha contra la difusión de propaganda terrorista yihadista con normativas para obligar a eliminar contenidos de ese tipo en línea y coopera con otros países y actores internacionales (como la ONU) a través de la diplomacia, intercambio de información y coordinación multilateral. En 2025 la UE aprobó unas conclusiones por las que reforzó su prioridad contra el terrorismo y el extremismo violento, destacando la necesidad de abordar conjuntamente amenazas exteriores e interiores y de coordinar justicia, seguridad, fronteras y diplomacia. Sin embargo, el contexto europeo también evidencia varias debilidades que limitan mucho lo que la UE puede conseguir como bloque y especialmente frente a amenazas modernas. La amenaza no es ya diversa, sino fragmentada y difusa. La UE tiene que adaptarse a contextos mucho más volátiles y difíciles de controlar y coordinar.

El terrorismo ya no es sólo organizaciones grandes con estructura jerárquica. Según recientes informes (2025), la radicalización digital, el uso de internet, jóvenes vulnerables o minorías marginalizadas, convierten el fenómeno en más imprevisible. No en vano se dificulta enormemente la prevención: no basta vigilar fronteras o redes conocidas, sino que hay que actuar en un entorno más complejo como ámbitos sociales y digitales. Internet permite que perfiles muy jóvenes, aislados o vulnerables entren en redes de adoctrinamiento o violencia y complica muchísimo la prevención. Aunque existe coordinación, cada Estado miembro tiene su propia legislación, capacidades de inteligencia, recursos policiales, enfoque sobre radicalización, inmigración, integración, etc. Por consiguiente, la capacidad de detectar, prevenir o desarticular redes depende en gran medida del país. Además, la inseguridad adquiere una dimensión trasnacional con conflictos regionales, guerras (Rusia y Ucrania), tensiones político-religiosas (Israel y Palestina) y crisis humanitarias que desbordan las limitaciones diplomáticas y de cooperación exterior de la UE.

Sobre atentados terroristas, según el informe TE-SAT 2024, en 2023 se registraron 120 atentados terroristas en la UE: 98 consumados, 9 intentos fallidos y 13 complots frustrados. En esos datos, 426 personas fueron detenidas en 22 países miembros. De ese conjunto de detenciones: 334 estaban vinculadas al terrorismo yihadista, aunque también se actuó contra otras formas de extremismo. Esto contrasta con los 28 atentados de 2022, los 15 de 2021 y los 57 de 2020. En 2024 (TE-SAT 2025) disminuyeron, siendo 58 con 34 consumados y 19 fallidos. En total se arrestaron a 449 personas. Ahora bien, este contención de atentados hay que matizarla dado que en 2023 y 2024 se constata un incremento de la radicalización digital, con jóvenes y menores implicados en procesos de adoctrinamiento, reclutamiento y planificación de atentados en entornos extremistas y supremacistas. Es decir, no sólo islamistas sino también de ultraderecha y extrema izquierda.

En esta última década (y especialmente tras la guerra en Ucrania), la UE enfrenta crecientes amenazas cibernéticas que apuntan a infraestructuras críticas, instituciones y procesos democráticos. En 2025 las autoridades de la UE sancionaron a personas vinculadas a ataques cibernéticos contra Estados miembros y Ucrania en materia de espionaje, sabotaje y campañas de desinformación. Uno de los grupos más notorios, el pro ruso NoName057(16) fue desarticulado por una operación conjunta de 12 países junto a Eurojust y Europol. El grupo habría llevado a cabo múltiples ataques DDoS contra infraestructuras críticas como electricidad, transportes, servicios públicos en varios países europeos. Sin embargo, este caso de éxito cooperativo es más excepción que norma. Según un reciente informe, la ciberamenaza en Europa se está intensificando y figura como una de las regiones del mundo más afectadas por ataques DDoS, gracias al uso de nuevas tecnologías (incluida la inteligencia artificial) por parte de hackers y actores hostiles. Y qué decir de la inteligencia artificial.

El Pacto Verde Europeo y las fisuras de la política comercial

El Pacto Verde Europeo (European Green Deal) se planteó como una estrategia ambiciosa de la UE para transformar su economía hacia un modelo moderno, sostenible, climáticamente neutro y con mayor protección ambiental. El sector económico en el que más se enfatiza es el agrícola, dado que se establece una transición hacia un modelo basado en la reducción de emisiones, menos insumos químicos, conservación de la biodiversidad, bienestar animal, reducción de la huella hídrica, etc. 

Sin embargo, aumenta costes para agricultores y ganaderos europeos. Con horizonte en 2030, transforma el mercado de fitosanitarios reduciendo el catálogo permitido y obliga a importantes reducciones de uso de fertilizantes y pesticidas químicos en agricultura y al incremento de superficie ecológica reduciendo la cultivable. Además, en ganadería establece mayor vigilancia de las macrogranjas, reducción de antimicrobianos, límites al metano entérico de vacas y ovejas, reducción del uso de piensos con soja importada y otras obligaciones en materia de bienestar animal relativas a espacios y transporte. En materia burocrática se les exigen certificaciones de cumplimiento de todas estas obligaciones. De esta manera, los eventuales impactos apuntarían a caídas de ingresos en explotaciones pequeñas, menor productividad agrícola, mayor vulnerabilidad ante plagas, costes de certificación ecológica y nueva maquinaria, menor competitividad con carnes de países con estándares bajos, necesidad de nuevas competencias digitales, dependencia de nuevos asesores y gestores y en definitiva más costos administrativos. Frente a esto, los agricultores europeos deben cumplir burocracia y normas muy estrictas mientras compiten con importaciones que no siguen los mismos estándares como Marruecos, Ucrania o Mercosur, con el que la UE alcanzó un preacuerdo de libre comercio por mayoría cualificada del Consejo no sin algunas cláusulas de salvaguarda gracias, una vez más, a Meloni. Sin embargo, los Estados de Mercosur no las vieron con buenos ojos mientras que los extremos de izquierda y derecha forzaron al Parlamento a denunciar el preacuerdo ante el TJUE. Esto evidencia un nuevo punto de cuestionamiento de la política comercial de la UE.

Conclusiones

El mayor problema de la Unión Europea es que ha sido incapaz de promover una unidad de acción entre los países miembros. Políticas como la gestión de la inmigración, la seguridad y el terrorismo son mejor ejecutadas por países de forma individual o bilateral que bajo el prisma de la UE donde conviven gobiernos de ideología muy diversa y que van renovándose con el paso de los años, sin que desarrollen una cultura pro europea muchos de ellos sino más bien al contrario (nacionalista). Además, la propia estructura económica, social y cultural de los Estados miembros ya perfila un mapa fragmentado más allá de la ideología del gobierno de turno. Todo esto hace hace que la política exterior común sea un oxímoron, puesto que realmente a la mínima objeción se hace difícil establecer una voz única que incluso se percibe muchas veces como débil y supeditada a intereses externos como EEUU. 

Por tanto, más allá de posiciones concretas, los últimos conflictos bélicos ha puesto de manifiesto la profundidad del problema, que es la limitada capacidad de influencia geopolítica de la UE. A diferencia de Estados Unidos o de potencias regionales como Rusia, Irán o Israel, la Unión Europea carece de una política militar común consolidada, una estrategia de defensa plenamente integrada y mecanismos rápidos de decisión en política exterior. Todo esto tiene como consecuencia que, ante crisis internacionales graves, la UE actúe principalmente como actor diplomático o económico, pero tenga menos peso en decisiones estratégicas o militares. Incluso ha ido a remolque topándose con un mundo cambiante con un crimen organizado complejo. Por lo tanto, la UE no está en condiciones actuales de significarse como un actor prominente.

Desde la perspectiva del ciudadano trabajador o autónomo, políticas como la climática chocan contra sectores económicos con poder y relevancia en dichos países que se sienten poco escuchados en el contexto general de unas instituciones con escasa legitimidad social. A pesar de que preacuerdos como el de Mercosur sean eficientes desde el punto de vista de la economía liberal y en pro de la competitividad y beneficio mutuo, desde la perspectiva micro esa rentabilidad no llega sino que cala el proteccionismo nacionalista. Además, es alimentado por una hiperregulación que ya crea desigualdades al no imponerse esa excesiva burocracia en los productos y servicios importados. Las instituciones, lejos de hacer esfuerzos por acercarse a la gente, tratan de justificarse con dichas regulaciones cada vez más extensas e incluso poniendo en tela de juicio derechos y libertades como la privacidad, amparándose en la protección de la seguridad pero degenerando en la desproporcionalidad. Y el resultado no es sino incrementar la desafección y a la cual también colabora la pésima estrategia comunicativa, contaminada por las ideologías de los gobiernos nacionales.

En definitiva, la UE ha fracasado intentando establecer un marco político y social uniforme porque lo que predomina es la heterogeneidad tanto estructural como coyuntural de sus Estados miembros. Padece muchas fisuras que promueven el descontento social, por lo que su rumbo debe de orientarse a ser una organización internacional más democrática, más participativa, más consciente de la diversidad de sus Estados miembros y no obsesionarse con ejercer un liderazgo internacional ni imponer una voz común interna. Lo más importante es promover la unidad de acción en un conjunto de mínimos, respetando el derecho de cada país a ser diferente (promoviendo más la elaboración de Directivas que Reglamentos). En resumidas cuentas, entendiendo que para constituirse en un actor políticamente relevante y que sea capaz de manejarse sin la mano de EEUU es imperativo fortalecer una unidad y no erosionarla.