El juicio por el caso Mascarillas del PSOE: contexto y claves

El juicio celebrado en el Tribunal Supremo por la conocida “trama de las mascarillas” marca un punto de inflexión en las investigaciones de casos de corrupción más relevantes surgidos al calor de la pandemia. De hecho, éste es sólo una parte del caso Koldo que tiene más ramificaciones y que afectan al PSOE como protagonista: la adjudicación de contratos mayores de obras públicas bajo comisiones ilegales, financiación irregular del PSOE con blanqueo de capitales y con el ex Secretario General Santos Cerdán como cabeza visible y, yendo ya para bingo, el rescate de la aerolínea Plus Ultra con hasta el ex presidente Zapatero implicado. De todo esto, con más conversaciones intervenidas y otros indicios de circuito de dinero fuera de control público ya hablaremos más adelante en otros posts de este mismo blog. Pero antes de entrar a valorar lo que ha acontecido en la vista oral y lo que puede suceder en la sentencia, conviene ordenar el contexto y las investigaciones previas que nos han llevado hasta aquí.

Contexto del origen del caso 

En 2020, la irrupción del COVID-19 obligó a las Administraciones Públicas a actuar con rapidez. Para garantizar el suministro de material sanitario, se recurrió de forma masiva al procedimiento de emergencia, que permite adjudicar contratos mayores sin concurso ni controles ordinarios. De esta manera, mientras nos mantuvieron retenidos en nuestros domicilios o restringiendo nuestra libertad de movimiento en aras de la seguridad y salud públicas, las Administraciones flexibilizaron su burocracia. Sin embargo, ese marco excepcional fue el que abrió la puerta a que empresas sin experiencia previa accedieran a contratos públicos millonarios. Así que la pandemia fue el contexto clave que permitió un ancho margen y el escenario donde se sitúa el origen de la trama que ahora se juzga. El Ministerio de Transportes dirigido por José Luís Ábalos adjudicó diversos contratos de suministro por compra de mascarillas que superaron los 30 millones de euros y, entre las empresas, destacaba Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., con práctica inactividad dos años antes y con una facturación récord en 2020.  Pero no acaba todo en este departamento.

Extensión territorial: Baleares y Canarias

En las Islas Baleares, el gobierno de Francina Armengol (actual presidenta del Congreso) habría comprado mascarillas FFP2 por valor de 3,7 millones de euros a la mencionada empresa Soluciones. Según los informes de la UCO la ex presidenta balear habría tenido una participación más activa de la que dejó caer en su declaración por escrito, ya que apuntaría a contactos interesados con los tres acusados. El problema es que aquéllas mascarillas no cumplían los estándares sanitarios para el personal de dicho sector y, siendo defectuosas, la Administración no ejecutó a tiempo mecanismos de control y reclamó tarde (años después). Por tanto, habría cometido como mínimo negligencia y mala gestión aunque aún no se pueda probar corrupción directa.

En las Islas Canarias, bajo Ángel Víctor Torres (actual Ministro de Política Territorial), se adjudicaron contratos de suministro de material sanitario cercanos a los 5 millones de euros mediante procedimiento de emergencia con sobrecostes y comisiones así como demoras. La diferencia con Baleares es que no siempre aparecía la misma empresa.

La conexión con estos dos gobiernos insulares socialistas refuerza la idea de que no sería un caso aislado del Ministerio, puesto que mientras que éste sería el núcleo aquéllos serían la periferia de un mismo sistema. La diferencia es que mientras que en el Ministerio se juzga directamente a altos cargos, en las autonomías los responsables sólo fueron llamados a testificar por escrito. Así que los posibles delitos aún no imputados según avance la UCO serían de tráfico de influencias, malversación y fraude a la Administración.

Acusaciones tras la instrucción

La investigación situó en el centro de la trama a tres figuras: el ministro José Luís Ábalos, Koldo García (asesor y hombre de confianza del anterior) y el empresario Víctor de Aldama, que habría ejercido de comisionista. Según la instrucción realizada desde el año 2023 por la UCO, la Fiscalía y el juez instructor, estas tres personas habrían articulado un sistema en el que empresas intermediarias ofrecían material sanitario a la Administración, se facilitaban adjudicaciones públicas desde posiciones de influencia y a cambio se obtenían comisiones y otro tipo de beneficios personales. El modus operandi sería el siguiente: Aldama contactaba con las empresas, Koldo actuaba como enlace en el Ministerio, Ábalos ordenaba y a cambio se pagaban "mordidas" o beneficios en especie. Las pesquisas, apuntan a que parte del dinero de los contratos se habría desviado en forma de pagos ilícitos como el cobro de comisiones y pagos en especie, en especial al propio ministro Ábalos como el alquiler de pisos de lujo, vehículos de alta gama y viajes con compañías. Además, según los informes de la UCO habrían usado usado lenguaje en clave para dinero en efectivo, como las famosas chistorras y también se alertaría de una contabilidad paralela con una caja "B" vinculada al entorno de Koldo. 

Por si fuera poco, otra de las líneas más mediáticas del caso ha sido el de contrataciones presuntamente irregulares en empresas públicas (enchufes) y en concreto de Jessica Rodríguez (de la que se dice que ejercía la prostitución) y Claudia Montes (ex Miss Asturias 2017) vinculadas personalmente a Ábalos y sin experiencia ni CV apropiado cuando no falseado. La primera fue contratada en empresas vinculadas a Adif como en Ineco durante dos años (2019 a 2021) y seguidamente seis meses en Tragsatec. Indirectamente, se le acusó en fase de instrucción de no haber acudido realmente a trabajar y percibir un salario sin actividad efectiva. Además, según declaró Aldama hace dos años se le pagaba un ático de lujo por valor de 2.500 euros al mes. Por su parte, Claudia Montes estuvo en Logirail y en un puesto de trabajo cuya descripción se encontraba vacía de contenido real sin funciones claras ni medios apropiados. Además, mensajes entre Ábalos y Óscar Puente revelan que amenazaba con denunciar "corruptelas". En resumen, distintos casos pero un patrón común: empleos ficticios e improductivos donde lo público se convierte en moneda de intercambio y la prueba más visible de cómo operaría la red de monetización del poder público.

Según la instrucción, todo esto apuntaría a algo más estructural que un caso puntual. Los tres mencionados están acusados de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho y la más interesante de todas: pertenencia a banda criminal. La escalada del caso se culminó en 2025, con el ingreso en prisión preventiva de Ábalos y Koldo desde el pasado mes de noviembre. Aldama se encuentra en libertad debido a que ha estado colaborando con la investigación y la Justicia. En resumen, la Fiscalía Anticorrupción pide penas de 24 años para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama.

La vista oral

Durante la vista oral han desfilado más de 80 testigos. Las defensas de los acusados han intentado contrarrestar las declaraciones de Aldama en la instrucción (que reconoció en enero haber abonado 350.000 euros en comisiones por adjudicaciones a Koldo y Ábalos) y enfocar lo sucedido al descontrol en pandemia más que a lo que parece, que es a la existencia de una trama organizada desde arriba.

Las primeras jornadas del juicio estuvieron centradas en delimitar el perímetro de la causa. En efecto, comenzaron a aflorar indicios relacionados con los delitos que sostiene la acusación. Por ejemplo, una mujer llamada Arancha Granell ratificó entregas de comisiones en República Dominicana a Joseba, hermano de Koldo, por favorecer contratos durante la etapa Covid. Sin embargo, esa declaración contrasta la de aquél, que admitió que fue en 2020 a la sede del PSOE en Ferraz para recoger dos sobres con dinero en efectivo destinado a su hermano más Ábalos. Del mismo modo, la empresaria de Villafuel Carmen Pano y que está imputada por el caso Hidrocarburos, se ratificó con que se llevaron dos pagos de más de 45.000 euros en efectivo y en bolsas por indicación de Aldama. También se puso el foco en las contrataciones en empresas públicas vinculadas al entorno personal de la causa. Las declaraciones de Jessica Rodríguez y Claudia Montes, así como de varios técnicos y cargos como Ignacio Zaldívar, Angélica Martínez y Oscar Barbero, evidenciaron el acceso a puestos con "circulación informal" de sus candidaturas y siendo empleos sin trabajo acreditado.

A partir de la segunda semana, la vista dio un salto cualitativo y comenzó a centrarse en el funcionamiento de la presunta red. Para ello se tomaron declaraciones a cargos políticos del PSOE que defendieron su gestión y apuntaron a los acusados. Así, el ex Subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez afirmó que de un día para otro vino a su despacho Koldo con la oferta de Soluciones de Gestión y que se disparó de 4 millones a 8 y la recondujo a Puertos, si bien entendió que la orden procedía del Ministro. En cuanto al ex secretario general de Puertos Álvaro Sánchez apuntó a Aldama señalando que el empresario ya tenía listo el pedido antes de que se firmase la Orden. Por su parte, la ex presidenta de Adif Ana Pardo de Vera (pentaimputada por la presunta adjudicación de obras amañadas) declaró que formó parte de un comité que seleccionó la oferta de Soluciones por pronta ejecución y por valor de 12 millones de euros. Se escudó tanto en que la otra empresa remitió un tercio defectuosas como en que quién ordenaba la compra era Ábalos, pero tampoco le faltó desacreditar la auditoría de Oscar Puente. 

De otro lado, la ex pareja de Koldo Patricia Uriz reconoció haber recogido de Ferraz varios sobres en dinero, si bien se desentendió de unos mensajes capturados por la UCO en los que hablaba en clave de billetes y se sonrojó por su curiosa forma de grabar los móviles de las mujeres vinculadas a Ábalos. Para colmo, un Guardia civil del Ministerio de Transportes afirmaba en su testimonio que Aldama gozaba de privilegios como acceder a la sede y aparcar en el parking de autoridades. 

En la tercera semana se entró en los niveles más técnicos. Pedro Saura, actual presidente de Correos y por aquél entonces Secretario de Estado de Transportes, fue interrogado a cuenta del rescate de Air Europa. Afirmó que fue una decisión política y no existió imposición ni mediación de la trama. El ex-CEO de dicha compañía, Javier Hidalgo, negó que pagase sobornos a cambio del rescate, minimizó el papel de Aldama y excusó a Begoña Gómez a pesar de que la filial Wakalua financiaba el África Center donde aquélla tenía intereses.

Los cargos socialistas (del partido) intentaron blindar la figura de Ábalos separando decisiones políticas de la ejecución técnica pero al mismo tiempo reforzando la idea de una estructura de pagos en efectivo. Mario Moreno, ex gerente del PSOE, admitió que Koldo García repartía sobres con dinero para liquidar gastos de la Secretaría de Organización que dirigía Ábalos. Aseguró que esos pagos eran para "gastos de viaje y logística" y no mordidas con billetes de "chistorras". En esa línea, la empleada Celia Rodríguez confirmó que ella misma entregaba sobres con dinero a Koldo o a la mujer de este. 

Enriqueta Chicano, Presidenta del Tribunal de Cuentas, firmó un informe de fiscalización en 2022 y señaló que ADIF y Puertos del Estado cumplieron con la Ley de emergencia, por lo que a su juicio no existieron irregularidades administrativas o contables. No obstante, admitió que existió falta de rigor en la comprobación de la solvencia de las empresas elegidas, lo que permitió que Soluciones de Gestión entrara en el circuito. A ese respecto, los empresarios Juan Carlos Cueto y José Ángel Escorial, se acogieron a su derecho a no declarar argumentando que ya son investigados en la Audiencia Nacional.

Finalmente, intervinieron los peritos y altos cargos de la Guardia Civil adscritos a la UCO que elaboraron los informes sobre el rastreo del dinero y las comunicaciones. El Teniente Coronel Antonio Balas consideró a Aldama cerebro de la trama por su condición de "pagador", pero al mismo tiempo entiende que nada hubiese sido posible sin la cooperación del ex Ministro. También conectó la compra del piso de Jessica como elemento para comprar la voluntad de aquél y unas vacaciones pagadas como recompensa por la gestión del rescate de Air Europa. Por último, la UCO desmontó la afirmación de Armengol de contacto anecdótico con Koldo al recuperar 65 mensajes y negó ante la defensa la manipulación de los audios, reiterando en que no se había roto la cadena de custodia.

Declaraciones de los acusados

Lejos de limitarse al núcleo del caso, el empresario Víctor de Aldama ofreció un relato expansivo, describiendo una red de relaciones, pagos y gestiones que, según su versión, alcanzaban distintos niveles de la Administración (como Baleares y Canarias) e incluso del ámbito político. Confirmó su rol de intermediario admitiendo los hechos y mantener un muy estrecho contacto con Koldo. Lo más controvertido es que minimizó su protagonismo relegándose a una pieza contactada por los cabecillas de la organización y apuntando como nº 1 a Pedro Sánchez seguido de Ábalos y Koldo. Señaló que le encargaron contactar con empresas para que, a través de adjudicaciones, aportasen comisiones que contribuyesen a la financiación ilegal del partido y con conocimiento del propio Presidente del Gobierno. Sin embargo, esta amplitud de acusaciones adolece de falta de pruebas contundentes, por lo que ese relato aparentemente potente no se sostiene sino que debilita su credibilidad.

Koldo García centró su declaración en negar lo más comprometedor del caso, es decir, que percibiera comisiones, y acotó su papel a labores administrativas y de asesoramiento sin capacidad de influencia ni de decisión real en los contratos. También se desvinculó de Sánchez en el momento en que accedió a Moncloa. Por tanto, trató de limitar su responsabilidad y confrontar el relato de Aldama de afirmar y ampliar con justo lo contrario, negar y paliar desde su posición. Además, insinuó que Aldama escondía negocios turbios internacionales y junto con Jessica les acusó de engañarles. Finalmente, reconoció haber cobrado "chistorras" en efectivo, contradiciendo el testimonio antes referido de Mario Moreno pero al mismo tiempo negó tanto financiación ilegal del PSOE como incremento sustancial no justificado en su patrimonio personal.

José Luis Ábalos fue más allá de Koldo y confirmó una estrategia más ambiciosa. Su línea de defensa fue más política y se apoyó en tres pilares. Primero, negó los hechos, como recibir dinero de Aldama, contraprestaciones cuantiosas, desdeñó elevadas cuantías de gastos sin declarar (la UCO detectó 95.000 euros sin justificar) y ser papel clave en los enchufes. Afirmó que en los contratos no trató con empresas ni intermediarios y aseguró que los famosos 8 millones fue decisión exclusiva suya desde el inicio. Segundo, cuestionó la credibilidad de Aldama y de la base de la acusación, acusó a la UCO de perseguir su incriminación a toda costa e incluso sugirió que el testimonio de Jessica habría sido ejercido con coacción de aquél, no sin aplicar cierto sentimentalismo en su crónica. Tercero, esgrimió la pandemia como marco justificativo al actuar con urgencia y sin precedentes, calificando las anomalías detectadas como decisiones legales derivadas de una crisis extrema. Por último, llamó la atención dos cosas. La primera, que se excusó para no sacar efectivo de su cuenta bancaria entre 2019 y 2023 con que "un ministro no va pagando dinero por ahí" y la segunda que desacreditó la auditoría ordenada por su sucesor Óscar Puente calificándola de interés político para que se apartase de diputado.

Prueba documental

Tras las declaraciones de los acusados, Aldama aportó al Supremo una cinta con una grabación según la cual Koldo y Ábalos se repartirían una comisión de 5 millones de euros. En realidad, ya se conocía desde hace un año por ser grabación del propio Koldo en 2019 y parte de la transcripción se publicó en El País. Llegada la reproducción de los audios y tras rechazar la Fiscalía la oposición de las defensas de las otras partes acusadas, destacó el siguiente extracto de transcripción del audio con motivo del presunto reparto de cupos del petróleo de Venezuela por el apoyo a Juan Guaidó:

Ábalos: "Pero vamos a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Que por qué, como hemos mediado, me va a caer algo, eso es lo que quieres decir? Y ya está".

Koldo: "Sí, exacto, te va a quedar medio al mes durante tres años".

Ábalos: "¿Y cómo? (se ríe) (...) ¿Estamos hablando de 500.000 euros al mes.

Koldo: "Sí, señor. Las empresas petrolíferas funcionan así".

La defensa tampoco aportó novedades, pues se remitió a un podcast público en el que Aldama rechazaba comisiones en contratos de mascarillas, siendo declaraciones matizadas hace tiempo.

Conclusiones

La vista oral ha servido, en primer lugar, para delimitar con mayor claridad el papel de los principales implicados. Los testimonios han contribuido a consolidar una estructura reconocible en la que José Luis Ábalos aparece como referencia política, Koldo García como engranaje operativo y, sobre todo, Víctor de Aldama como intermediario entre las empresas y la Administración, estrechando el foco del juicio en ese núcleo. En segundo lugar, los mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han reforzado la consistencia de los informes elaborados durante la instrucción, así como de la documentación recabada, sin que las pruebas periciales hayan logrado evidenciar fallos relevantes en la cadena de custodia. Esto otorga, al menos provisionalmente, un respaldo técnico significativo al material probatorio sobre el que se sustenta la acusación.

En las declaraciones de los acusados, los dos primeros mantuvieron narrativas claramente contrapuestas. Por un lado, Aldama aprovechó su posición como colaborador en la instrucción para desplegar un relato amplio y de alto impacto, con afirmaciones que trascienden el objeto estrictamente procesal del juicio y que introducen presión tanto sobre los demás acusados como sobre terceros. Queda por ver si dicho relato responde a información reservada que pueda aflorar más adelante o si, por el contrario, se trata de una estrategia de ampliación del foco sin respaldo suficiente. Por otro, Koldo adoptó una posición defensiva y limitativa. Su intervención, más contenida y en algunos momentos dubitativa, buscó desactivar los elementos centrales de la acusación, aunque dejó aspectos relevantes abiertos a interpretación. Entre ellos, destaca el reconocimiento de la existencia de movimientos de efectivo de mayor entidad de lo admitido desde el PSOE. Sin constituir por sí mismo prueba concluyente de financiación irregular, supone un elemento que deberá ser valorado. Por último, Ábalos fue directamente hacia la raíz y a desacreditar toda la acusación, eximiéndose de responsabilidad a todos los niveles y no sin dejar perlas para atractivos titulares de prensa. Sin embargo, declarar que todo es una persecución contra él a todos los niveles (UCO, Aldama, Ministerio, etc..) no es precisamente un relato de defensa sino una reiteración de lo ya expresado en aquella rueda de prensa previa a irse al grupo mixto del Congreso. Así que la sensación es que no desmonta nada sino que alarga un relato.

La prueba documental aportada el último día tampoco valida el discurso expansivo de Aldama, que como los otros acusados está en su derecho de mentir al contrario que los testigos. Sin embargo, si se demuestra auténtico ese audio al igual que todas las conversaciones peritadas por la UCO y la Guardia Civil, no viene sino a reforzar la existencia de una presunta trama corrupta.

Mañana miércoles, tras exponer el informe final la Fiscalía anticorrupción (que se prevé con escasas modificaciones), las partes expondrán sus conclusiones y el juicio quedará visto para sentencia. Tanto ésta como sus fundamentos jurídicos la aplicará el Tribunal Supremo en tiempo y forma, pero la impresión que da es que quien logre demostrar que su versión de la ocurrido explica mejor los hechos será quien protagonice el desenlace del caso. Mi impresión personal es que los tres van a ser condenados, pero sin que Aldama logre recibir su pena de 7 a 2 años. Y en cualquier caso será una derrota para Sánchez que su Ministro, mano derecha y secretario de organización sea condenado, aunque desde Moncloa y sus adláteres mediáticos se venderá como un triunfo por haberlo apartado. ¿Y cuando? Sólo cuando el pastel se hizo público más allá del aparato del PSOE.

Contratos públicos judicializados: los casos de San Pedro y San Javier

En los municipios, los Ayuntamientos deben de gestionar una serie de servicios mínimos dentro del marco de sus competencias. Pero, al igual que en otras administraciones, tanto por el volumen de población como por las cada vez mayores exigencias técnicas carecen de personal propio y equipamiento adecuado. Consecuentemente, han de tramitar importantes contratos de cada vez mayor importe económico y sujetos tanto a la Ley de Contratos del Sector Público como a la Ley de Transparencia. Sin embargo, en ocasiones la tramitación y ejecución se topa con complejidades que derivan en recursos con un final inesperado y pueden revelarse importantes errores de la Administración Local. Me resulta interesante analizar, comparar y sacar conclusiones sobre la tramitación de dos contratos, ambos de cantidades muy voluminosas, que han estado en el centro de la polémica en San Pedro del Pinatar y San Javier y con una dura travesía administrativa y judicial. Ambas localidades de la Región de Murcia son gobernadas por el PP. Comenzaré primero por el contrato de recogida de basuras de San Pedro y después por el de abastecimiento de agua de San Javier, cuya historia es más reciente que la del primero. Toda la información la he extraído especialmente del Perfil del contratante de ambos municipios.

El contrato de basuras de San Pedro del Pinatar

El contrato de Servicio de recogida, transporte y gestión de residuos municipales de San Pedro del Pinatar, por valor estimado de más de 25 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 años se empezó a gestar desde el año 2021. Durante su tramitación han pasado nada menos que tres alcaldes. El gobierno municipal, siendo por aquél entonces la Alcaldesa Visitación Martínez, planteó que era necesario licitar un contrato con exigencias y equipamiento más moderno después de un contrato previo de 20 años y con el evidente crecimiento de la población. Esta lógica argumentación, sin embargo, se terminó convirtiendo en la principal baza de presión de los sucesivos ejecutivos municipales del PP ante la tramitación de recursos o ralentización del procedimiento, ya fuese en fase administrativa o judicial. El expediente y el inicio de la licitación fueron aprobados por vez primera el 27 de febrero de 2022 y con número de expediente 2021/1371C.

Recursos administrativos contra los pliegos

La licitadora León y Ferrer presentó en 2022 dos recursos al Tribunal Central de Recursos Contractuales (en adelante TCRC) previa y preceptiva reclamación administrativa al consistorio. El primero fue el 17 de marzo de 2022 impugnando los costes salariales como contrarios al convenio y legislación aplicables, la creación de categorías laborales no existentes, la ausencia de beneficio industrial y una cláusula de imposible cumplimiento, alegando por todo ello nulidad de los pliegos. Todas las alegaciones fueron desestimadas salvo la última, que fue suficiente para anular los pliegos, dado que le exigía a la eventual adjudicataria firmar un convenio con Ecovidrio cuando por Ley, por su naturaleza jurídica, ha de ser el propio Ayuntamiento quien lo haga. Son ilegales los convenios administrativos entre particulares (Ley 40/2015, de 2 de octubre), así que en buena lógica ordenó la retroacción de actuaciones. El 29 de julio se volvió a aprobar la estructura de costes y el expediente 2021/1371Y y en agosto se volvió a presentar otro recurso contra los nuevos pliegos. Esta vez fue alegando desproporcionalidad en cláusulas de sanciones y suspendiéndose el día 25 la tramitación. Sin embargo, el TCRC lo inadmitió en octubre debido a que ya constaban en los pliegos originales y no fueron recurridas. Seguidamente, la relativa cercanía de las elecciones pudo motivar a la corporación municipal que se dejase el contrato en stand-by y más teniendo en cuenta que con seguridad iba a haber cambio de primer edil.

Recurso administrativo contra la adjudicación

Tras las elecciones de mayo de 2023, con Ángela Gaona como nueva Alcaldesa, se constituye en septiembre la mesa de contratación. En el mismo mes se informa de la fecha de valoración de los criterios tanto subjetivos como objetivos (cálculos mediante fórmulas) y las características de unos y otros. Se habían presentado hasta 5 ofertas. En septiembre se abrieron los sobres para evaluar los criterios subjetivos y en diciembre los objetivos. El año terminó adjudicando el contrato a STV Gestión en sesión plenaria del 20 de diciembre.

En febrero de 2024 se hace pública la suspensión de la tramitación del contrato debido a un nuevo recurso administrativo de León y Ferrer contra la adjudicación. La empresa alegaba que se excluyeran licitadores por confundir documentación en los sobres, incumplimiento de requisitos mínimos de la adjudicataria como disponer de nuevos y modernos vehículos y maquinaria, valorar erróneamente la oferta de la reclamante y superar varias empresas el número máximo de páginas de la oferta. Leídas en abril por el TCRC todas las alegaciones de las partes y los pliegos, se desestimaron todas las pretensiones puntualizando que el equipamiento podía ser renovado con posterioridad a la formalización del contrato.

Escalada judicial contenciosa y penal del contrato

Sin embargo, mientras se resolvía ese recurso más la impugnación judicial del anterior, la misma empresa presentó hasta 3 querellas. Primero presentó dos querellas contra dos funcionarios de la mesa de contratación por presuntamente informar a STV de su adjudicación antes de formalizarse. Además, en base al caso Bárcenas, consiguió apartar al Ayuntamiento como acusación particular del procedimiento judicial, evitando que una misma parte pudiese operar como acusadora y defensora de los imputados.

Posteriormente presentó otra querella penal más, esta vez por prevaricación contra el Alcalde y los concejales que votaron a favor por presunta ilegalidad al adjudicarse el contrato la sin mayoría absoluta que exige la LBRL en su artículo 47.2.J, que textualmente dice: "Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias... (J) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto". Circunstancias que, teniendo en cuenta que faltó una concejala y se aprobó por mayoría simple de 9 a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, aparentemente se darían porque el plazo es de 11 años, su precio de 23 millones de euros y todo el Presupuesto local para 2024 eran 29 millones de euros.

Por ello, antes de tomar posesión como nuevo Alcalde tras la dimisión de Ángela Gaona, Pedro Javier Sánchez optó en funciones por mantener en suspenso la formalización del contrato en el mismo mes de abril de 2024 pese a la resolución administrativa del TCRC. El motivo fue esperar a que el TSJ se pronunciase sobre medidas cautelares que finalmente no se dictaron. En septiembre de 2024 se formalizó la firma del contrato con STV Gestión.

En enero de 2025 se hizo pública la sentencia del TSJ de Murcia por la que ratificaba exclusivamente la legalidad de los pliegos impugnados en agosto de 2022. Por tanto, no validaba necesariamente todo el proceso de adjudicación, como afirmó en su nota de prensa el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. No existen más noticias al respecto, pero se entiende que sigue en curso todavía lo relativo judicialmente tanto al acuerdo de adjudicación que se adoptó por mayoría simple en vez de absoluta como la vía penal por las querellas.

Finalmente, en junio saltó la sorpresa de una multa de 60.000 euros a STV por incumplimiento grave de contrato, dado que les faltaban contenedores y no incorporaron ni seguimiento GPS tras un requerimiento de 5 meses. Esto, a posteriori, dio la razón a León y Ferrer y además en un contexto de fuerte subida de la tasa de basuras con arreglo a las exigencias legales impuestas por la normativa estatal. En octubre anunció STV la renovación de toda la flota y en noviembre inauguraron nuevas instalaciones. Sin embargo, como ya he recalcado, la sombra de la duda respecto a la adjudicación sigue todavía en el aire. Al menos en la misma noticia de junio de 2025 se confirma que aún se encontraba el tema judicializado, sin que a día de hoy existan novedades.

El contrato de agua de San Javier

El contrato de Concesión de Servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de San Javier con duración de 20 años se tramitó mediante el expediente 1419/2022 y por valor estimado de más de 224 millones de euros, siendo el más caro de la historia del municipio. En contraposición al de San Pedro, no hubo cambio de Alcalde en todo este tiempo siendo José Miguel Luengo. El anuncio de licitación se publicó el 31 de enero de 2023, una vez que se resolvió durante 2022 tanto el estudio de estructura de costes como el estudio técnico de explotación y viabilidad. Entre febrero y marzo se abrieron los sobres con las ofertas respondiendo a los criterios subjetivos y objetivos de las mismas. Se habían presentado en total 8 licitadores. 

El concejal del PSOE Pedro Gorriz impugnó ante el TCRC en el mes de marzo la aprobación de las tarifas por presunta nulidad de las mismas al no haber aprobado ordenanza previa, así como ciertas cláusulas en las que supuestamente tendría que haber intervenido el Consejo asesor de precios de la CARM. El propio tribunal denegó la aplicación de medidas cautelares y no suspendió la tramitación. Es más, terminó siendo inadmitido el 27 de abril por registrarse fuera de plazo. El 2 de mayo se firmó la propuesta de clasificación y adjudicación en un documento de reunión de la mesa de contratación. Sin embargo, quien firmaba no era precisamente la concejala delegada sino... ¿Ingeagua?

Polémicas de falta de transparencia y presunto conflicto de intereses

Las primeras alarmas empezaron a sonar en ese mes de mayo cuando varias empresas como en el grupo Agbar comenzaban a dudar de un presunto conflicto de intereses en favor de Aqualia, la que obtuvo la mayor puntuación. El motivo es que el Ayuntamiento había contratado a la consultora ingeniera Ingeagua S.L. para que calificara a los licitadores como órgano especializado, dado que como vimos en el post de Begoña Gómez los contratos donde los juicios de valor ocuparan un peso importante en la evaluación de ofertas no pueden ser adjudicados directamente por mesas de contratación. El otro sobre era relativo a documentación administrativa y la presentación de un estudio de viabilidad económica, siendo evaluado por criterios automáticos. De hecho, el sobre B trataba exclusivamente de documentación administrativa. Supuestamente, el contrato de servicios con dicha consultora se extendió por más de dos años y un precio de 15.000 euros más IVA que entienden muy bajo para los trabajos a realizar. Además, al parecer y según la versión del mencionado grupo empresarial, esta consultora habría hecho trabajos para otras empresas como la misma Aqualia, a la que le otorgó 49 de 49 puntos posibles en las valoraciones subjetivas.

El 20 de octubre de 2023 se formalizó la adjudicación en el Pleno de la corporación local. Pero el susto llegaría a final de año, el 14 de diciembre, con la noticia de la suspensión de la adjudicación por parte del TCRC a instancias de la mercantil Aguas de San Javier y La Manga que en noviembre había registrado recurso de nulidad. El motivo fundamental no era ya que fuese una empresa con ciertas vinculaciones con el adjudicatario, sino que ni tan siquiera se le había comunicado a ninguno de los licitadores la participación de esa empresa que firmó desde Málaga el informe final de valoración. Es más, ni tan siquiera se licitó ese contrato. Así que esta ausencia de transparencia fue entendida por el órgano como un vicio de nulidad absolutamente insubsanable, declarando la nulidad de la adjudicación y de todo el proceso. La empresa adjudicataria reaccionó con indignación acusando de una campaña de desprestigio de los medios informativos digitales y del grupo de la oposición Pleamar. Aqualia anunció un recurso ante el TSJ de Murcia desacreditando con vehemencia la resolución publicada y lo que es más, denunció la proliferación de noticias negativas como si fuera delito, aportando informes estadísticos.

El TSJ de Murcia entra a escena y tumba el contrato

En marzo de 2024 se conoció que fue archivada la querella penal presentada por el mencionado grupo Pleamar porque la fiscalía no apreciaba indicio de delito alguno. Sin perjuicio de ello, en julio el TSJ desestimó el recurso del Ayuntamiento de San Javier relativo a levantar la suspensión del contrato, de manera que permitiera como medida cautelar el levantamiento de la suspensión administrativa. Pero no se pronunciaba aún sobre la nulidad de la adjudicación propiamente dicha. No sería hasta el 3 de noviembre de 2025, que es cuando se firmó la Sentencia 400/2025 de la Sala 1ª del TSJ de Murcia. Mediante la misma, se desestima el recurso del Ayuntamiento de San Javier, se estiman las alegaciones de las partes demandadas Aguas de Murcia e Hidrogea y finalmente se confirma la nulidad de todo el proceso de adjudicación. Al margen de la falta de transparencia, precisó que la participación de asesores o expertos debía de ser a solicitud de la mesa de contratación y previa autorización del Pleno, sin que pudieran ser los propios funcionarios los que tomasen la decisión. Así que el despropósito administrativo era peor del que imaginábamos. Lo más reciente fue la cancelación y devolución del aval bancario a Aqualia el pasado mes de febrero de este 2026, por valor de 11 millones de euros. También confirmó el Alcalde José Miguel Luengo que el contrato se volvería a licitar, luego implícitamente descarta recurrir al Tribunal Supremo en casación que alargaría sin necesidad una polémica que ya ha durado 3 años.

Consideraciones

En lo que afecta a la tramitación administrativa del procedimiento de adjudicación, la correspondiente al contrato de San Pedro del Pinatar fue, en principio correcta. El único error insubsanable fue en la primera intentona de licitación del contrato al incluir una cláusula de imposible cumplimiento por ser contrario a la Ley. Sin embargo, el propio acto de aprobación de la adjudicación por el órgano competente que es el Pleno de la corporación adolece de un vicio de forma. La Ley es clara a este respecto y, salvo que exista alguna norma que se nos escape, no permite que se pueda adoptar por mayoría simple. Por tanto, debió de haberse dejado sobre la mesa esa adjudicación definitiva y retrasarla a un momento posterior en que fuese posible el voto favorable de la mayoría absoluta y no simple de los miembros del Pleno, es decir, de 11 personas. Habrá que esperar, por tanto, a la eventual sentencia del TSJ de Murcia que resuelva sobre la adjudicación, dado que la única que se ha hecho pública es la que validaba la legalidad de los pliegos.

Por lo que afecta al contrato de agua de San Javier, la irregularidad administrativa fue de tal calibre que evidenciaba una serie de vicios que necesariamente afectaban a la nulidad del contrato. No ya la falta de transparencia y la omisión tan palmaria en los pliegos de que un organismo externo iba a encargarse de confeccionar la clasificación de ofertas asignando por sí misma un elevado peso de juicios subjetivos. A esto se le sumaba que ni tan siquiera habían seguido el procedimiento legalmente establecido para ello. Por lo tanto, vulnerando la Ley de Contratos, la Ley 39/15 del Procedimiento Administrativo y la Ley de Transparencia era absolutamente anecdótico que Aqualia estuviese en el centro de la sospecha, fuesen o no infundados los rumores.

En materia penal lo tengo más claro. No existió ningún indicio que apuntase a prevaricación o a cualquier otro delito en la tramitación del contrato de San Javier y menos teniendo en cuenta el rápido archivo de la querella. En cuanto al de San Pedro, la presunta comunicación informal de dos funcionarios a la entidad adjudicataria deja también dudas de si pudiera considerarse infracción penal. Lo que sí que sorprende es la validación de la adjudicación, aunque también me resulta complicado que pueda imputarse delito por un acuerdo con vicio de nulidad de forma pero no material. Quiero decir que sería tan fácil como volver a reunirse la corporación y aprobarlo por mayoría absoluta, sin que el contrato se suspendiese por obvias razones de interés público. Las infracciones administrativas son más de "sota, caballo y rey" en el sentido de que no hay término medio, o cumples la Ley o la infringes. En cambio, para acreditar la comisión de un delito se necesitan pruebas contundentes que lo demuestren y no son tan obvias como las anteriores.

Por último, no puede obviarse que la demora en la resolución de recursos, a pesar de que el TCRC no suele demorarse demasiado cuando introduce medidas cautelares, alarga en exceso la ejecución de los contratos y, de esa manera, la actualización de los servicios. Por tanto, hasta cierto punto el gobierno de San Pedro tenía razón. Pero la responsabilidad no es de las empresas que recurren, que están en su derecho, sino de la lentitud de las tramitaciones judiciales y eso evidentemente es un problema que trasciende de la dinámica de trabajo administrativo tanto de las entidades locales como de la Administración Central del Estado.

Contradicciones internas de Vox y límites de su proyecto político

Desde hace dos meses, el partido Vox ha entrado en una crisis interna motivada por las discrepancias, expulsiones y casos de transfuguismo. Por ejemplo, de ex líderes destacados como Iván Espinosa de los Monteros y recientemente Javier Ortega Smith, que era portavoz municipal de Madrid y tras ser expulsado del partido permanece en el Grupo Mixto junto con otros dos concejales suyos como Carla Toscano. Otras importantes críticas provienen de ex líderes regionales como Juan García-Gallardo y Javier Antelo, otro expulsado cuyo caso ya vimos en un post anterior. Incluso en municipios como Torre Pacheco, Cartagena y Las Torres de Cotillas se han roto los grupos municipales. Todo esto ha enrarecido el ambiente en un partido en el que hace tiempo que las encuestas le estaban impulsando y de hecho ha conseguido buenos resultados en varias elecciones autonómicas. He dividido el análisis en varios bloques en los que considero que yerra, más allá del ruido político habitual y las etiquetas simplificadoras de "fascismo, ultraderecha y Franco" con la que se minimiza cualquier debate que sea constructivo o que al menos aporte reflexión. Resulta más útil analizar las contradicciones internas que pueden estar detrás de ese disenso interno al tiempo de que se estanque electoralmente. No tanto por el impacto inmediato de la crisis, sino porque las tensiones programáticas permiten entender mejor los límites estructurales del proyecto político de Vox.

Política económica: liberalismo de portada frente a proteccionismo de fondo

Así, en contexto nacional, Vox suele defender posiciones que encajan mal con la etiqueta de "liberal" que algunos le atribuyen. Y no vale lo de promover libertad para vacunarse o no de Covid (pudiendo ser interpretado como una posición cercana al negacionismo). La política económica de Vox presenta una dualidad especialmente significativa: combina un programa fiscal liberal con propuestas de intervención selectiva y protección nacional, configurando un modelo económico híbrido. Se ha podido percibir tanto en su programa electoral como en las líneas del acuerdo programático de Extremadura (ya con la investidura de Guardiola aprobada) y seguramente Aragón, cuyo visto bueno se conoció ayer.

Por una parte, promueve una reducción generalizada de impuestos como eliminación del IVA en productos básicos y en compra de primera vivienda, simplificación y tramos más reducidos de IRPF y supresión de Sucesiones e impuestos energéticos. También propone reducir el gasto público eliminando subvenciones, reduciendo estructuras administrativas (chiringuitos) y estableciendo auditorías de gasto al estilo del Dodge de Elon Musk. En materia de vivienda combinan ese liberalismo fiscal con intervención selectiva, dado que a pesar de que promueven la liberalización del suelo y endurecen la lucha contra la okupación, priorizan el acceso a vivienda para nacionales y restringen la compra para extranjeros.

En sectores clave es cuando más se alejan del liberalismo. Frente a la fiscalidad y las regulaciones europeas, su bandera es la defender sectores estratégicos nacionales y su competitividad frente al exterior, centrándose en el sector agrario y la industria. Ahí sí promueve la capacidad regulatoria del Estado para aplicar políticas de defensa económica. Defiende al producto nacional frente a la competencia exterior, rechaza acuerdos internacionales que según su discurso perjudican a la industria, al campo o a los trabajadores españoles (apoyando manifestaciones de tractores y condenando el Acuerdo de la UE con Mercosur), critica a la globalización económica y apela constantemente a la soberanía entendida como capacidad del Estado para proteger sectores estratégicos. Ese enfoque conecta electoralmente bien con pequeños empresarios, sectores agrarios, trabajadores afectados por la deslocalización y personas que asocian la apertura de mercados con pérdida de empleo y precarización. Pero realmente no repercute en el crecimiento de la economía global, pues los sectores agrario e industrial presentan menores niveles de valor añadido frente a los que sector de servicios proporciona.

Política exterior: soberanía nacional vs. alianzas

La política exterior de Vox se articula discursivamente en torno a una idea central: la defensa de la soberanía nacional frente a organismos supranacionales, élites globales y consensos internacionales, simbolizado en la Agenda 2030. Sin embargo, cuando se analizan sus alianzas y referentes exteriores, surgen contradicciones significativas entre ese discurso y las consecuencias reales de dichas relaciones para los intereses de España. 

Así, Vox ha mostrado reiteradamente su simpatía y apoyo a Donald Trump, al que presenta como ejemplo de liderazgo fuerte, defensa del Estado-nación, rechazo al globalismo y oposición al progresismo internacional. Sin embargo, trasladado al terreno económico choca con la dinámica de guerra comercial de Trump en la que, priorizando el interés de EEUU, se perjudican a exportadores europeos y entre ellos a los intereses de España, por imponerse aranceles a sectores estratégicos como el aceite de oliva, el vino y productos agroalimentarios.

Otro referente es el que hasta hace poco ha sido presidente de Hungría y el gran topo de Putin en Europa: Viktor Orbán. Vox ha aplaudido igualmente su defensa de la identidad nacional, oposición a las políticas migratorias europeas, rechazo del multiculturalismo y políticas LGTBi y su crítica al modelo federal de la UE. Sin embargo, esto contrasta con su silencio ante las acusaciones de corrupción y reformas antidemocráticas, motivos por los cuales buena parte de los fondos europeos se mantuvieron bloqueados. En represalia, Orban usó la confrontación con Bruselas y bloqueó decisiones comunitarias (créditos para Ucrania y sanciones contra Rusia) y exigiendo solidaridad cuando le convenía. Por tanto, es discutible denunciar la excesiva burocratización de Bruselas al tiempo que se apoya a gobiernos que viven de sus recursos y explotan la confrontación. Por si fuera poco, Orban fue acusado por la UE de filtrar negociaciones diplomáticas al oligarca ruso Putin. Así que bienvenida sea la victoria en Hungría del líder de la oposición, el europeísta de centro derecha Péter Magyar.

Finalmente, está el mandatario argentino Javier Milei, invitado varias veces al acto anual de Viva en el que Vox siempre había mostrado su fuerza de convocatoria. Sin embargo, el liberalismo libertario de Milei que aboga por un Estado mínimo, el cierre de toda institución que controle la economía como por ejemplo el Banco Central Argentino (responsable de las políticas monetarias y cambiaria) y especialmente por una economía abierta al exterior tampoco casa con el proteccionismo nacionalista mencionado. Además, Vox no promete aplicar "motosierra" a las pensiones como hizo el argentino y ni tan siquiera congelando las más elevadas.

Al margen de sus filias, Vox no termina de aclarar ni qué tipo de relaciones internacionales propone, ni dónde están los límites entre cooperación y subordinación. Ha dado muchos bandazos como con el tema de Rusia y Ucrania, como culpar a la UE de la guerra y de su dependencia energética con Putin y en Madrid se evolucionó a una postura más crítica con Israel contrastando con la visión inamovible de la dirección nacional. Al igual que en la economía, la política exterior de Vox parece responder más a una lógica cultural. Los aliados internacionales se eligen por afinidad ideológica y posicionamiento en la “guerra cultural”.

Inmigración: discurso estratégico y fractura interna

La inmigración constituye uno de los ejes centrales del discurso de Vox y, al mismo tiempo, uno de los ámbitos donde se perciben con mayor claridad las tensiones internas entre la dirección del partido, su estrategia comunicativa y una parte significativa de su base social. Vox ha intentado construir un relato diferenciado que no rechaza toda inmigración por igual, sino que establece una jerarquía basada en criterios culturales. En este marco, se muestra una mayor tolerancia hacia la inmigración procedente de países latinoamericanos apelando a la lengua común, la herencia cultural compartida y la tradición cristiana, presentando a esta inmigración como más fácilmente integrable y menos conflictiva. Es decir, una inmigración "culturalmente compatible". Este enfoque permite a Vox contrarrestar acusaciones de racismo, ampliar su base electoral y mantener relaciones con el mundo hispanoamericano. Incluso también en algunas regiones ha sido más laxo con el tema de las "paguitas" exigiendo a cambio un periodo medio de residencia previa.

Sin embargo, este planteamiento no es compartido de forma homogénea por sus votantes, especialmente entre sectores jóvenes, que son simpatizantes más activos en redes sociales y entornos con una fuerte carga identitaria. En estos espacios se observa un rechazo creciente a toda forma de inmigración, incluida la latina. El discurso predominante en ellos es de saturación, pérdida de identidad y de competencia por recursos y ayudas, desvinculando el factor de origen, cultural y religioso y asociando el problema a lo estructural. De esta forma, la brecha y la tensión entre la dirección y su base es clara. La dirección necesita un discurso matizado, respeto institucional y no cerrarse puertas electorales, mientras que la base demanda posiciones más radicales, rechaza excepciones culturales y considera cualquier matiz una concesión. 

Esa incoherencia interna simplifica un fenómeno complejo y dificulta una posición estable, priorizando una vez más el impacto emocional sobre la propuesta técnica. Tenemos los ejemplos del cierre de centros de Menas sin ninguna alternativa y más recientemente la polémica de la "prioridad nacional" que es imposible de aplicar en sentido literal por ser contraria al artículo 14 de la Constitución Española. Por consiguiente, se refuerza su imagen como partido más reactivo que proactivo y se reconduce el debate de gestión de la integración de inmigrantes hacia exclusivamente la seguridad y la identidad. En dicha tesitura, se complica la elaboración de políticas públicas realistas, alimentando expectativas imposibles de satisfacer (como deportar a centenares de miles de inmigrantes ilegales) que terminarán amplificando la frustración de su propio base.

Monarquía: defensa institucional y erosión del símbolo

La relación de Vox con la monarquía constituye otra de sus contradicciones más delicadas, no tanto por su formulación oficial, sino por la disonancia creciente entre el discurso del partido y la percepción de una parte significativa de sus votantes.

Vox se presenta como un partido abiertamente monárquico y defensor de la Corona como pilar del orden constitucional, en tanto que garantía de la unidad de España, elemento de estabilidad institucional y contrapeso frente al republicanismo izquierdista y los nacionalismos periféricos. Sin embargo, esto contrasta con una creciente desconfianza hacia la figura de Felipe VI entre sus votantes y simpatizantes, que puede percibirse en redes sociales y determinados canales de YouTube que difunden los mensajes del partido. Cuestionan su neutralidad política y le acusan de estar alineado con la Agenda 2030, así como seguir el discurso de Moncloa en intervenciones públicas y foros internacionales con un lenguaje institucional considerado ambiguo. Sin embargo, tampoco hace nada proactivo Vox, por lo que da la impresión de que protege la institución en el plano retórico al tiempo que valida su debilidad en la práctica. Es más, declaraciones individuales contribuyen a ello, como las de Hermann Tertscht difundiendo el bulo de que Felipe VI había perdido perdón por los abusos de la Corona en México en el siglo XVII.

De esa manera, se asiste a otra tensión no resuelta en Vox. Por un lado pretende erigirse como partido de orden, pero bebe de un electorado crecientemente antisistema que desconfía de absolutamente todas las instituciones. La monarquía, en realidad, siempre ha respetado el discurso de Moncloa con Rajoy, Zapatero, Aznar, González, Suárez y Calvo Sotelo. Pero para una parte importante del electorado sólo se le da el visto bueno si confirma sus expectativas ideológicas, rompiendo con la tradición de asumir la monarquía como un pilar incuestionable. Ante ese panorama, ¿Cómo se va a pretender cualquier defensa sólida de la monarquía frente a ataques de los adversarios más acérrimos como los independentistas o la extrema izquierda? Si ahora se suma una extrema derecha antisistema, se refuerza una lógica de confrontación permanente propia de la polarización y se estrecha considerablemente el margen para una crítica institucional responsable.

Comunicación institucional: cuando los argumentos se pierden en el ruido

Más allá de sus contradicciones ideológicas, Vox presenta un problema estructural relativo a una profunda ineficacia comunicativa. No tanto por falta de argumentos, sino por su incapacidad para articularlos de manera comprensible, persuasiva y políticamente productiva. En ámbitos como la descentralización territorial, la gestión de la inmigración, las políticas feministas, la legislación de igualdad y el enfoque identitario impulsado por las instituciones existen contradicciones, efectos no deseados y debates legítimos que podrían ser objeto de una crítica sólida y transversal. El problema es que cuando esas críticas proceden de Vox el mensaje se diluye o se rechaza de plano y no por su contenido, sino por la forma en que se presenta. En comunicación externa, Vox cuenta con los creadores de contenido como David Santos o Infovlogger que crean comunidad apoyando al partido de forma incondicional. Han favorecido parte de esa subida de Vox, pero todo tiene un límite y ya sólo puede aspirar a mantenerse en lo que está.

Un ejemplo que contrasta es el de Juan Soto Ivars, quien ha abordado estas mismas cuestiones a través de su libro, su canal de YouTube y columnas de prensa en El Confidencial y ahora en ABC. Su enfoque se caracteriza por señalar contradicciones políticas sin negar problemas reales, evitar la descalificación global, no plantear la supresión inmediata de leyes sino su revisión crítica y utilizar un lenguaje que invita a pensar, no a alinearse emocionalmente. Esto le permite llegar a públicos diversos, ser leído incluso por personas ideológicamente alejadas y contrarrestar el marco de “derecha reaccionaria” que suele activarse automáticamente. Vox, en cambio, carece de figuras que cumplan esa función de mediación intelectual. No dispone de perfiles que expliquen con matices ni traduce la crítica política en términos comprensibles para mayorías sociales y tampoco construye un relato alternativo que dispute la hegemonía cultural. En lugar de esto, opta por consignas simples, prioriza la confrontación aprovechándose de la misma polarización y que le ha impulsado y contribuye a reducir el debate a términos binarios, tal y como hace el socialismo. De esta manera, los argumentos se tornan en ruido ante la falta de estructuras formales e informales capaces de traducirlos políticamente.

Además, desde el punto de vista estratégico, Vox comete un error recurrente al aceptar el marco comunicativo de sus adversarios. Como plantea su crítica señalando el adoctrinamiento ideológico y la supresión o derogación como solución sin transición ni alternativa clara, favorece que la izquierda contraataque con más populismo, interpretaciones sesgadas y bulos. Eso refuerza el miedo al cambio al retratando una opción regresiva y radical. Con actitudes así, lo único que se consigue es movilizar a la base en su identitarismo y generar titulares, pero no a construir mayorías ni convencer a indecisos más allá de los fuertemente polarizados. Es la consecuencia de gastar más energías en criticar el dominio cultural de la izquierda que en articular un discurso elaborado capaz de disputarlo.

Conclusiones

Las consecuencias de una economía y política exterior subordinada al relato identitario es que se dificulta la credibilidad del partido como alternativa de gobierno, generando confusión entre votantes con intereses económicos distintos e impidiendo articular un proyecto estable. Vox no explica ni cómo compatibiliza la defensa del campo español con la apertura de mercados ni cómo protege la industria sin intervención estatal. Esta ambigüedad sugiere que la política económica de Vox no responde a un cuerpo doctrinal sólido y que se adapta más bien al marco emocional y simbólico, es decir, al malestar social. 

Programáticamente, es un partido más definido por lo que rechaza que por lo que propone dado que mientras que ha logrado consolidar una identidad política clara contra el progresismo, el feminismo institucional, el modelo territorial y políticas migratorias expansivas, no existen estrategias sostenibles a largo plazo sino adaptadas al momento. Se apunta a una lógica en la que lo identitario prima sobre la coherencia programática y funciona mejor como herramienta de movilización que proyecto de gobierno.

A esa falta de coherencia se le suma el problema clave de su incapacidad para comunicar eficazmente y convencer a indecisos rompiendo marcos ideológicos adversos y construir mayorías sociales en las que tenga protagonismo proactivo. El coste de no saber disputar el terreno cultural le aboga a concentrar voto en las sensaciones negativas y confrontación, que es lo típico de los partidos populistas extremistas. Esto sólo refuerza la imagen que sus adversarios proyectan de él (ultraderecha para la izquierda y populismo para el PP), limita su crecimiento y reduce su capacidad de influencia real.

En este contexto, Vox se enfrenta a una encrucijada estratégica. O mantiene un perfil centrado en la movilización identitaria (que le dió subidón desde 2019) y con alta fidelidad de su base pero con dificultades para ampliar apoyos ó bien evoluciona hacia un proyecto más coherente y estructurado con mayor capacidad de gobierno pero a costa de otras tensiones internas. El recorrido futuro del partido dependerá en gran medida de cómo resuelva estas contradicciones. Puede que Vox haya conseguido construir un relato potente, pero no ha demostrado ser capaz de convertirlo en un proyecto político coherente, estable y mayoritario. Y en política, tarde o temprano, la coherencia deja de ser una cuestión teórica para convertirse en una condición sine qua non de viabilidad. Y si existen dudas, que pregunten a Ciudadanos y a Podemos.

Entre la guerra y la negociación: el pulso geopolítico en Oriente Medio e Irán

El pasado 28 de febrero arrancó un conflicto bélico tras la ofensiva conjunta de EEUU e Israel contra Irán y conocida como Operación Furia Épica. Ya hablamos en este post de cómo estaba la situación política y económica en la república islámica de Irán en enero. Era un momento en el que las revueltas y manifestaciones en las calles estaban siendo sofocadas con la violencia por parte de un régimen totalitario como el de los ayatolás. Pero, desde la mencionada ofensiva, la situación ha evolucionado hacia una guerra híbrida, es decir, no a una intervención propiamente dicha, sino a un conflicto con ataques aéreos (misiles), tecnológicos (drones) y proxies (milicias aliadas y facciones políticas). Además, existe una innegable dimensión económica mundial por el cierre del estrecho de Ormuz sin perjuicio de la regional al implicar a todo Oriente Medio. Un tercer hito ha tenido lugar recientemente con el establecimiento de una tregua temporal desde el 8 de abril, un alto el fuego forzado indirectamente por Donald Trump tras las amenazas de los últimos días y un ultimátum para que Irán reabriese el estrecho de Ormuz. Antes de analizar ese alto el fuego, conviene repasar el contexto de los diferentes actores y las implicaciones que ha tenido hasta el momento. Un conflicto que, pese a todo, aun no está próximo a solventarse.

Estrategias de EEUU e Israel durante los ataques

La versión dada por Donald Trump para la acción conjunta fue que EEUU era conocedor de que, con la escalada previa en la que se responsabilizaba a Irán de ofrecer soporte a Hamas, el ejército de Israel atacaría de forma más sostenida y menos puntual. Con todo eso, existieron más factores que animaron tanto a los de Netanyahu como a la Administración Trump: el programa nuclear iraní y el temor a su desarrollo con especialmente la posibilidad de que se hicieran con la bomba atómica, así como la estrategia de debilitamiento con hipotético cambio de régimen. EEUU entendía que el contexto de las revueltas de enero y la progresiva deslegitimación de los ayatolás era favorable a una acción de ese tipo. Y de hecho han ido en serio porque han eliminado a varios líderes destacando al mismísimo Alí Jomeini.

Realmente, EEUU lidera la operación militar y tiene una visión más global del conflicto, mientras que Israel considera a Irán una amenaza existencial y busca neutralizar no ya su programa nuclear sino su red de aliados buscando hacer insostenible el coste del conflicto. Mientras que EEUU e Israel se han estado dedicando a bombardear infraestructuras militares, energéticas y estratégicas iraníes, éstos han respondido usando sus misiles y drones contra los destinos equivalentes no sólo de aquéllos, sino también de Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes. Igualmente, Hezbolá ha respondido lanzando cohetes desde el frente libanés. Obviamente, todo esto ha tenido un impacto en el resto del mundo.

Reacciones internacionales ante el ataque

Las reacciones internacionales han evidenciado profundas diferencias. En el seno de organizaciones, la ONU emitió a iniciativa de Baréin y través de su Consejo de Seguridad la resolución 2817 por la que condenaba los ataques perpetrados por Irán sin mencionar los de EEUU e Israel. Sin embargo, hasta 135 países e incluyendo España la firmaron. Además, esta misma resolución fue validada por la UE en reunión conjunta de presidentes del Consejo Europeo y la Comisión más los ministros de Exteriores de los Estados miembros. En términos parecidos se pronunció el Comisionado de Derechos Humanos. No obstante, la postura en política exterior de la UE en Oriente Medio de desescalada, moderación, diplomacia y apoyo a los países afectados por Irán no coincide del todo con algunos países europeos que sí han realizado críticas hacia EEUU.

En el bloque del apoyo a la intervención de EEUU, que no es lo mismo que enfocar en la condena del régimen de Irán, destaca la Argentina con Milei, abiertamente alineado con el mandatario estadounidense. Ahora bien, dicho apoyo hay que situarlo en un escenario de "acuerdo de estabilización cambiaria" de 20.000 millones de divisas en dólares para impulsar la confianza en el mercado argentino previo a las elecciones legislativas de 2025. En la misma línea también se situaron Polonia en Europa central y Ucrania en el Este, principalmente por la condición de Irán de aliado de Rusia y enemigo geoestratégico de aquéllos. Ambos han centrado su postura en la seguridad, pero con fuertes diferencias. Polonia ha declinado participar en la guerra y ha ido evolucionando a una posición más crítica con Trump por la amenaza de ruptura con la OTAN, la flexibilización de sanciones a Rusia y la suspensión de ayuda financiera a Ucrania. En cambio, Ucrania ha sido más incondicional por su posición de inferioridad y recuerdos recientes con Zelenski siendo reprendido por el propio Trump como hablamos aquí.

En cuanto a los que focalizan el conflicto en la condena a Irán, existen matices. Reino Unido es quien ha mantenido una postura más cercana con EEUU participando en despliegues navales y ofreciendo sus bases. Francia ocupa una posición de equilibrio apoyando soluciones diplomáticas al tiempo que ha proporcionado presencia militar limitada como la remisión de una fragata y sistemas antidrones a Chipre en el marco de la OTAN, así como el uso temporal de sus bases en los países del Golfo.  Posiciones más orientadas a no inmiscuirse han sido las de Alemania e Italia. Alemania, que en realidad afirma no contar con bases militares allí ha declarado que en todo caso sólo intervendría para defender a sus soldados desplazados allí, pero no para proporcionar asistencia militar directa. En cuanto a Italia ha restringido el uso de sus bases nacionales para estas operaciones y Meloni ha sido muy crítica con Trump, habiendo evolucionado de una condena a Irán a añadir a EEUU y señalando al igual que los alemanes que esta era una guerra en la que no querían participar. Algo similar ha sido la respuesta española del gobierno de Sánchez, aunque focalizando las críticas hacia la Administración Trump.

Finalmente, en el bloque centrado en la condena a EEUU, destaca el caso de España con las críticas más duras en Europa ("guerra ilegal") y el cierre del uso de las bases de Rota y Morón, a pesar de que haya colaborado con la OTAN en Chipre. Pero no tanto el de Bielorrusia, cuyo mandatario es más próximo a Putin y por lo tanto más proclive a posicionarse del lado de un aliado tradicional. También entra dentro de lo esperado que Irak apoye a Irán teniendo en cuenta la influencia de las milicias chiiés. 

Este panorama refleja una Europa dividida y que no es así por casualidad, sino por la presencia de intereses estructurales y coyunturales distintos y para entenderlo mejor hay que analizar el impacto del bloque de Ormuz y la crisis mundial del comercio energético.

Efectos del bloqueo de Ormuz y actitud del Gobierno de España

El impacto más inmediato del conflicto más allá de Oriente Medio se sitúa en el terreno económico. Nos referimos al bloqueo del estrecho de Ormuz, un singular canal marítimo de apenas 50 kilómetros por donde pasa el 20% del crudo a nivel mundial. Un paso sumamente importante para potencias como China (gran rival estratégico de los EEUU de Trump) pero que en realidad ha afectado gravemente al comercio marítimo con miles de barcos retenidos. Los ataques a buques, amenazas militares y posibles minas en la zona disuadieron el tráfico de forma drástica. Ante todo, Irán ha usado Ormuz como arma geopolítica en orden a presionar al suministro de petróleo para encarecer la energía e intentar dividir a Occidente, es decir, desatando la guerra económica e internacionalizando el conflicto más allá de Medio Oriente. Sin embargo, la situación no ha sido en realidad de bloqueo total, sino que Irán lo aplicó de forma parcial y selectiva. Y es que los ayatolás entendieron que un bloque absoluto sería entregar su destino a una intervención militar global. 

Las restricciones más significativas han sido, evidentemente, las aplicadas a EEUU, Israel y aliados directos en Oriente Medio. Fuera de los buques de estos países, ha permitido el paso a países no alineados directamente con la ofensiva. Ahora bien, hay que matizar dos cosas. Primero, que la afirmación que hizo la embajada de Irán en España está muy cogida con pinzas y además en un contexto en el que España importa sólo a Oriente Medio un 5% de su demanda de crudo (sus principales socios son EEUU, México, Nigeria y Brasil), a pesar de que siga expuesta al precio global. Segundo, hay que matizar que no se hizo público ningún listado oficial de "países amigos" sino que la línea roja para Irán era pertenecer a los países anteriores. Por tanto, de forma directa afectó menos a Europa que como España tenía otras alternativas para comprar crudo. Sin embargo, ese bloqueo parcial repercutió indirectamente en un encarecimiento del petróleo porque, lógicamente, la venta de crudo se incrementó considerablemente para otros proveedores que antes no exportaban tanto.

En esta tesitura, llama especialmente la atención que España declinara la invitación a una reunión de videollamada con más de 30 países aludiendo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a que no acudiría a donde se hablase sobre intervención militar. En realidad, el objetivo del debate era la reapertura del estrecho y recuperar el comercio sin guerras. Pero el Gobierno de España se ha mantenido en la estrategia de reeditar con Sánchez el famoso "no a la guerra" de Zapatero con Irak en 2003. Así, aprovecharía la cortina exterior para fomentar una imagen de oposición a Trump que desvíe del foco mediático los juicios de corrupción con implicados del PSOE. En aquella reunión, los países acordaron trabajar con la Organización Marítima Internacional para liberar 2.000 buques que permanecían varados en el estrecho, así como comprometerse a adoptar todas las medidas económicas y diplomáticas posibles para reestablecer el tránsito dentro del marco de la ONU. Por consiguiente, podría interpretarse que la ausencia de España en una reunión tan multitudinaria habría sido más la reticencia a adoptar decisiones que pudieran imponer sanciones contra el régimen de Irán que a intervenciones militares que, claramente, no son ni han sido en ningún momento ni la prioridad ni la baza guardada de Europa. Por tanto, la política exterior del Gobierno de Sánchez no sólo se aparta de EEUU sino que incluso se sitúa en una posición alejada de los socios europeos.

Europa y EEUU, dualidad frente a la crisis petrolera

La subida del petróleo ha sido especialmente reseñable, pero también afectada por una alta volatilidad derivada de las expectativas de desescalada que ha ido comunicando Donald Trump sin respaldo en datos o eventos verificables. Sin embargo, el coste económico ha sido mayor en Europa que en los propios EEUU y los motivos son tres: impuestos, regulaciones y dependencia del exterior. En algunos países de Europa los impuestos representan más del 50% del precio final mientras que en EEUU son mucho más bajos. Además, las normativas medioambientales de la UE son más estrictas y repercuten en costes de refinamiento y distribución más elevados y ello encarece el precio final. No es ninguna sorpresa que EEUU tenga un mercado más competitivo y flexible en contraposición con la mayor regulación de la UE que limita los márgenes de ajuste. También se da el caso de que EEUU es uno de los mayores productores de fracking y gracias a ese método puede abastecer gran parte de su demanda y reduciendo costes. Europa, por su parte, depende en gran medida de importaciones y eso lo sabe muy bien la Comisión Europea y por lo tanto es más vulnerable a crisis externas como la del estrecho de Ormuz. Por consiguiente, todo esto también explica por qué Europa es más prudente y busca desescalar. Ahora bien, pese a esta comparativa no significa que la economía estadounidense no experimente crisis. El diésel, clave para transporte y distribución, ha subido mucho más que la gasolina y la inflación energética a fin de cuentas afecta a toda la economía por la importancia relativa que tiene en todos los sectores.

La tregua: primeras posiciones y conflictos

Tras esa retórica de máxima presión de "una civilización morirá esta noche", Trump decidió suspender el ataque inminente prorrogando el ultimátum durante dos semanas y aceptando un alto el fuego temporal bajo la mediación de Pakistán. Las condiciones eran que EEUU detuviera los ataques masivos e Irán permitiera el tráfico en el estrecho de Ormuz mientras se negociaba en dicho periodos. Evidentemente, esto no es más que una pausa táctica, no el final del conflicto. La estrategia de Trump ha cambiado pasando de una lógica de presión militar a otra negociadora en la que pretende convertir su ventaja en concesiones políticas. El objetivo real siempre fue cerrar el conflicto sin una guerra prolongada, pero como la situación se estaba yendo de las manos al ir alargándose, prefirió aprovechar su baza de la amenaza total para generar pánico y forzar un escenario de negociación en aparente posición de superioridad. Quiero decir con esto que dicho patrón de actuación encaja con su peculiar estilo político como para comprender sus movimientos. Sólo es ahora cuando esos mensajes de "el final está cerca" (que repetía sin eventos ni hechos que le respaldasen) cobran algún tipo de sentido.

Irán declaró que permitiría el paso por el estrecho con la condición de que los países afectados por el bloqueo temporal controlen sus fuerzas armadas y, lo más importante, abonen un peaje. También exige para un eventual acuerdo estable varios puntos, aparte del consabido fin total de los ataques. Destacan la aceptación del programa de enriquecimiento de uranio, el levantamiento de todas las sanciones incluyendo la liberación de activos congelados, la retirada de tropas estadounidenses y todo ello plasmado en una resolución vinculante de la ONU. Todas ellas condiciones muy difícilmente aceptables por la Administración Trump.

El problema añadido es que Israel no está ni mucho menos en la misma fase ni sintonía. Aceptó la tregua formalmente y no sigue atacando a Irán, pero continúa operando en el Líbano contra Hezbolá y mantiene su objetivo de seguir presionando y degradar amenazas regionales. A este respecto, el vicepresidente J.D. Vance y designado por Trump en este asunto declaró que jamás prometieron que incluyera el Líbano sino que era exclusivo de Irán. Hay que tener en cuenta que tanto EEUU como su socio Israel consideran a Líbano como un importante proxy de Irán, por lo que los de Trump se enrocan en no ceder. Así que llegada la reunión el pasado domingo, las negociaciones se rompieron especialmente por esa línea roja junto con la carrera nuclear y la reapertura inmediata del estrecho. A esto reaccionó Trump anunciando el bloqueo naval de todo buque que pretenda pasar por Ormuz y amenazó con represalias si fuesen atacadas las fuerzas marinas de EEUU. Tal vez lo que esté detrás sea sugerir indirectamente a China que actúe de intermediaria. Lo último es que ayer martes 14 se iniciaron negociaciones entre Israel y el Líbano contra Hezbolá, pero al contrario que EEUU e Irán sin detener ataques, lo que ralentiza los acuerdos y por supuesto el fin de todo este conflicto.

Consideraciones 

El estrecho de Ormuz se ha convertido en una herramienta de presión económica global y la mayor arma de Irán en este conflicto. La mera ocurrencia de interrupciones, ataques o restricciones selectivas ha sido suficiente para alterar rutas comerciales, encarecer costes logísticos y generar volatilidad en los mercados energéticos. Además, al margen de los obstáculos en la negociación, la crisis económica está lejos de remitir porque, al haberse paralizado muchas producciones de los países afectados, regresar al nivel que se encontraban antes del conflicto se retrasará varios meses.

Sobre EEUU, algunos expertos y políticos republicanos entendieron que el primer movimiento, el del alto el fuego, respondió más a una elegante forma de rendirse con el objetivo de lograr una meta menor: la desarticulación del programa nuclear iraní. Es decir, un nuevo TACO (Trump always chickens out, que acuñó el Financial Times). En Venezuela todo salió limpiamente con la captura de Maduro y el acuerdo de comercio de petróleo con Del y Rodríguez. Además, se están liberando presos políticos. En cambio, Irán ahora tiene la sartén por el mango y podría consolidar su régimen manteniendo aún más controlado el estrecho de Ormuz al cobrar por ello. La presión militar era (y es) para Trump una operación muy arriesgada como para creer que el régimen de los ayatolás caería rápido. Difícilmente este segundo movimiento, el bloqueo naval, pueda conducir a una ruptura de la tregua salvo que el propio Irán suelte el primer bombazo. Sin perjuicio de ello, los efectos de cerrar Ormuz por la fuerza causan ya el efecto inmediato de alargar una situación difícil de sostener.

Ningún actor puede imponerse rápidamente ni resolver el conflicto exclusivamente por la vía militar. Por ello, la tregua actual debe interpretarse como lo que realmente es: una pausa táctica. Estamos hablando de una tregua limitada a dos semanas que tan sólo constituye una ventana de oportunidad y no un acuerdo firme. Un trámite que no resuelve el conflicto por sí mismo, pero sí confirma su verdadera naturaleza. Y es que no se trata de una guerra para ganar, sino de un pulso en el que resistir más que el adversario. Irán parece haber tomado una dirección más favorable, manejando el factor incertidumbre como parte estructural del conflicto y amplificando su capacidad de influencia más allá del plano militar. Mientras, EEUU sólo rentabilizará esta arriesgadísima operación si al menos logra estabilizar la paz en toda la región y si Irán renunciase a la carrera de uranio mejor que mejor. Pero para ello, necesariamente, tendrá que negociar primero con su socio israelí y Líbano. Porque la solución de Oriente Medio no acaba con Gaza ni tan siquiera con Ormuz y es imperativo resolverlo todo en conjunto y de forma coordinada dada su enorme complejidad geopolítica.