Juicio a la Kitchen: la operación que espió a Bárcenas

Coincidiendo durante unas semanas con el juicio en el Tribunal Supremo del caso Mascarillas que afecta al PSOE de Pedro Sánchez, se ha venido desarrollando en la Audiencia Nacional el del caso Kitchen que implica al PP de Mariano Rajoy (2011-2018). Dado el complejo calendario de testigos, acusados y pruebas, por el camino se ha ido solapando otros escándalos de presunta corrupción socialista como los relativos a Zapatero (del que hablé recientemente) y a Leire Díez (de la que hablaré muy pronto). También ha tenido lugar la vista oral del hermano del Presidente, David Sánchez, del que igualmente hablé en este blog. Incluso surgió más información comprometedora contra Begoña Gómez (esposa del Presidente) que motivó hacer una actualización del post. Pues bien, al igual que analizo el entramado de corrupción Social-Sanchista que da para mucho que hablar, me interesa igualmente echar una mirada crítica a los últimos coletazos del marianismo. En primer lugar pondré de manifiesto los antecedentes y el contexto de este caso para a continuación examinar los principales testimonios de la vista oral, la prueba pericial y documental y las declaraciones de los principales acusados. 

Qué es la Kitchen: antecedentes de Gürtel y acusados

El llamado caso Kitchen es una pieza separada de la macrocausa policial conocida como Operación Tándem. Se centra en una presunta operación parapolicial ilegal en 2013 que se considera impulsada desde el Ministerio del Interior y con el supuesto objetivo de espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, sustraerle documentación comprometedora y especialmente sobre la caja B del partido, para finalmente evitar que dicho material llegase a los tribunales que enjuiciaban el caso Gürtel. Éste último investigaba la financiación irregular del PP y sobre la cual Bárcenas poseía documentos sensibles. Según las acusaciones Kitchen sería una operación de “guerra sucia” para proteger al partido desde las instituciones y se habría ejecutado sin autorización ni control judicial, financiada presuntamente con fondos reservados del Estado y usando policías y confidentes como el propio chófer de Bárcenas Sergio Ríos. Lo relevante aquí es que no es un supuesto de corrupción clásico, sino de corrupción para tapar corrupción.

La sentencia de la Audiencia Nacional (2018), confirmada por el Supremo, dio por probado dos cosas. Primero, un sistema de adjudicaciones públicas amañadas con percepción de comisiones ilegales a cambio de las mismas siendo el cabecilla Francisco Correa que fue condenado a 50 años. Segundo, que existía una contabilidad paralela (caja B) en el Partido Popular durante años al nutrirse de donaciones ilegales de empresarios. Ese dinero se destinaba a sobresueldos a dirigentes y pagos de obras (como la reforma de la sede de Génova). El ex tesorero Luis Bárcenas fue condenado a 29 años de prisión. Además el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo, dado que se entendió que se benefició económicamente como persona jurídica. En cambio, no se pudo probar del todo la implicación penal directa de la cúpula política, pues si bien la sentencia habló de una estructura de financiación irregular, no condenó a Rajoy ni ninguno de sus ministros. Con todo, se dio más credibilidad al testimonio de Bárcenas que al de Rajoy. Como sabemos, esta sentencia fue la que provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy mediante moción de censura express y expuesta por el diputado José Luis Ábalos, hoy procesado por corrupción y por el que piden 24 años de cárcel.

Antes de que el caso desembocara en juicio en la Audiencia Nacional en 2026, aparte de en la larga fase de instrucción, el asunto ya había sido interrogado en comisión de investigación parlamentaria. Sin embargo, este tipo de sesiones sólo sirven para fijar un relato político y rellenar titulares, sin ofrecer ninguna utilidad práctica. En el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional se sientan altos cargos políticos y policiales: el ex Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex Secretario de Estado Francisco Martínez, el ex DAO Eugenio Pino, el ex comisario José Manuel Villarejo, otros mandos policiales como Marcelino Martín-Blas y Andrés Gómez Gordo y el que fuera chófer de Bárcenas Sergio Ríos. La Fiscalía pide hasta 15 años de prisión para los principales responsables (a Villarejo 19), mientras que la AN debe determinar si hubo malversación de fondos públicos, prevaricación, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia y si se usaron recursos del Estado para fines partidistas. En resumen, el caso Kitchen gira en torno a dos preguntas ¿Se utilizó el Ministerio del Interior para encubrir corrupción política del PP? ¿Quién ordenó espiar a Bárcenas y con qué conocimiento político?

Vista oral: testigos policiales y políticos

Las primeras sesiones fueron técnicas con intentos de anular pruebas y cuestionar la competencia de la Audiencia Nacional. Se rechazó anular el juicio pero se limitó el objeto del proceso, dejando fuera elementos como el papel directo del PP o de ciertos dirigentes no imputados (Cospedal, como pedían las acusaciones). Las defensas intentan desvincular al nivel político, cuestionar pruebas clave y presentar la operación como actuaciones aisladas.

Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF denunció presiones para frenar o desviar la investigación de Gürtel y afirmó que intentaron apartarlo y desacreditar su trabajo. Apuntó a interferencias internas dentro de la Policía y en el contexto de obstaculizar investigaciones que afectaban al PP. Por tanto, conectó la lógica de Kitchen como operación de encubrimiento. Otro mando policial como el comisario Mariano Hervás de la UCAO (ahora UCO) confirmó actuaciones como el seguimiento a Rosalía Iglesias (mujer de Bárcenas) por orden de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) liderada por Eugenio Pino. 

Otros policías de menor rango aportaron detalles como la copia de dispositivos (móviles y tablets), el volcado de información fuera de dependencias oficiales y órdenes de borrar la información después. Instrucciones poco habituales cuando no directamente irregulares pero con detalles técnicos que apuntan a una operación real y atípica. Sin embargo, para otros testimonios esto no era una operación policial estándar, ya que no tenía autorización ni control judicial, se habrían usado fuentes infiltradas y accedido a información privada sin cauces ordinarios. Quedaba pendiente determinar quién ordenó la operación, hasta qué nivel político llegó y si fue una actuación coordinada o fragmentada, es decir, dirigida desde la cúspide política o con vacíos en la cadena de mando.

Bárcenas sostuvo que fue objeto de una operación de espionaje con para sustraerle documentación comprometedora que afectaba al Partido Popular y sugiere que había material sensible más allá de lo ya conocido públicamente. Así por ejemplo afirmó (obviamente sin pruebas) que habría perdido las dos copias de un audio en el que entregaba a Mariano Rajoy las anotaciones de la caja b y el saldo restante y el Presidente optó por introducir los papeles en la destructora. Ante todo mantuvo la tesis de la acusación de que Kitchen no era una investigación policial, sino una operación para proteger intereses políticos e impuesta desde arriba. Confirmó varios elementos clave como que su entorno fue vigilado y que se intentó acceder a información sensible. Vino a decir que una operación así difícilmente podría hacerse sin conocimiento político pero sin aportar pruebas técnicas ni evidencia directa de esa cadena de mando. En la misma línea, su hijo Willy señaló al chófer junto con sospechas de teléfonos pinchados.

Mariano Rajoy negó haber espiado a Bárcenas, destruido pruebas o recibido documentación confidencial, así como conocer la operación Kitchen. Comentó que rompió con Bárcenas cuando descubrió que tenía dinero oculto en Suiza y calificó la actuación objeto de juicio como una operación policial destinada a recuperar dinero oculto del propio Bárcenas, es decir en la línea de lo declarado por los mandos. Su intervención fue muy poco esclarecedora y se limitó a romper el vínculo entre política y operación policial. Y esto contrasta con un audio del número 2 de Interior Francisco Martínez en el que señala expresamente la iniciativa del propio Rajoy. Dolores de Cospedal siguió la misma estrategia, negando haber estado involucrada y respaldando la actuación del Ministerio del interior a pesar de que los audios de Villarejo la relacionan con el mismo. Similar respuesta esgrimió Soraya Sáenz de Santamaría afirmando no haber dado instrucciones ni al Ministerio ni al CNI incluyendo a Villarejo (al que supuestamente sólo interrogaba) y rechazando la existencia de una “policía patriótica” bajo su responsabilidad (estaba a cargo del propio CNI). A este respecto fue coherente Félix Sanz Roldán, ex director del CNI siendo rotundo en su rechazo a que este organismo participara "ni por acción ni por omisión", en el sentido de que ningún Gobierno le solicitó nada y actuaron con arreglo a la Ley.

El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, era director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad cuando se produjeron los hechos investigados. Declaró tanto desconocer la operación como recordar ningún pago de fondos reservados vinculado a la misma. También admitió que no se realizaron auditorías específicas sobre estos fondos, incluso tras aparecer las primeras informaciones en prensa sobre la trama. Aun así, apuntó como responsable al DAO Pino.

El empresario Javier Pérez Dolset acusó indirectamente a Cospedal y a Fernández Díaz al reseñar una conversación mantenida con Francisco Martínez (no soportada en audio grabado) en la que supuestamente éste le comunicaba que recibía instrucciones de los anteriores. Además, señaló la existencia de un chat llamado "la compañía" como fuente de filtraciones. Dolset conformaría un equipo de personas para desencriptar los audios de Villarejo y presuntamente fue presionado para no compartir esa información con los partidos de la oposición. Sin embargo, este testimonio indirecto no es prueba directa y su credibilidad requiere una innegable corroboración. Y por cierto, este señor está implicado en el caso Leire Díez del que hablaremos la próxima semana.

Prueba pericial: reproducción de audios

Esta fase estaba prevista para ser posterior a las declaraciones de los acusados. A consecuencia de una operación quirúrgica de Villarejo se optó por adelantarla y retrasar dichas declaraciones hasta que concluyese aquélla aproximadamente a finales de mes. Esto ocasionó que el juicio oral a los acusados ya no se centraría en relatos sino en pruebas. ¿Maniobra estudiada de Vallejo o casualidad? El caso es que buena parte del material incautado a Villarejo seguía inaccesible o encriptado, limitando las pruebas disponibles pero con la sensación de que aún pudiese existir material comprometedor no conocido.

Enrique García Castaño fue uno de los pocos implicados que reconoció parcialmente la existencia del operativo en 2019 apuntando al Ministro del Interior como origen del operativo. Sin embargo, fue excluido de esta causa por un ictus en 2022. Lo reproducido en sala no apuntó mas allá del Secretario de Estado, al revelar seguir instrucciones tanto del DAO como de Francisco Martínez para presuntamente sustraer documentos a Bárcenas y ocultárselos al juez Ruz, instructor del caso. Dicho audio contrasta con declaraciones emitidas en la instrucción en las que, modificando su versión pasó a asegurar que Martínez sí le había efectuado órdenes expresas y García Castaño facilitado documentación en formato de disco duro extraíble.

Los siguientes días se reprodujeron varios audios de Villarejo. En uno de ellos se le escucha al comisario manifestando que Bárcenas abonaba 10.000 euros mensuales a Rajoy. Esa afirmación conectaría el móvil político de la operación Kitchen con la caja B, pero no acredita pagos reales ni implica al aludido sólo por esa expresión. Su único valor sería mantener la coherencia de las declaraciones que emite. Pero sin más soporte esto refuerza más a las defensas en el relato de que Villarejo grababa compulsivamente mezclando información real con exageraciones y tenía intereses propios, por lo podrían catalogarlos de rumores o incluso fanfarronería operativa. Es decir, lo mismo de lo que el PSOE ha acusado a Víctor de Aldama. En otro audio más relevante se escucha a Cospedal hablando con el comisario y pidiéndole "parar con lo de la libretita", lo que automáticamente recuerda a la libreta de Bárcenas. Aquí ya no son interpretaciones del comisario, sino una conversación directa entre una dirigente política de primer nivel y el principal operador policial del caso. Esto no prueba por sí solo que Cospedal ordenara Kitchen o dirigiese espionajes, pero sí refuerza la relación existente con Villarejo, el interés político en controlar información de Bárcenas y la preocupación por documentación sensible. 

A estas alturas, la duda no era tanto si existió la operación sino qué nivel político conocía o impulsaba actuaciones relacionadas con Bárcenas, pues seguía faltando la pieza decisiva de una orden explícita clara y jurídicamente incontestable. No obstante, esta fase de prueba estaba erosionando la idea de que el entorno político del PP era completamente ajeno a Villarejo y a las preocupaciones que motivaban Kitchen, sin perjuicio de que cada audio aislado tenga límites probatorios.

Declaraciones de los principales acusados

Francisco Martínez matizó y contextualizó reconociendo parcialmente la operación. Aseguró que Villarejo le comunicó que se reunió con el CNI y a dicho centro le informó de Kitchen aportándole información y fuentes. Esto contradice la tajante versión de Félix Sánz Roldán antes mencionada. Por lo demás, evitó asumir la autoría operativa rechazando ordenar espionajes o pagos a colaboradores policiales. Por su parte, Jorge Fernández Díaz pasó directamente a rechazarlo todo diferenciándose de Martínez en que aseguró no conocer la operación ilegal, que sólo se habría enterado por la prensa y cuestionó abiertamente la credibilidad de Villarejo por presuntas declaraciones exageradas. De esa manera, Fernández Díaz trató de dibujar un contexto de actuaciones policiales opacas y de ausencia de responsabilidad penal ministerial manteniendo el choque de narrativas de operación política para controlar a Bárcenas vs. actuaciones policiales aisladas sin control ministerial. Con todo y tras lo acumulado, no sonaba demasiado creíble que no tuviese conocimiento de todo esto e igualmente que el anterior no participase de alguna manera. Sin embargo, pese al contraste de versiones no existió ninguna acusación cruzada.

Eugenio Pino afirmó que existiera Kitchen, pero no la calificó como un servicio político para proteger al PP sino una operación de inteligencia policial para localizar el dinero oculto de Bárcenas, seguir el rastreo del dinero en Suiza y obtener información patrimonial para las investigaciones en curso. Por tanto, trató de asentar una finalidad legítima acorde con lo expresado con los testigos policiales y el propio Rajoy. También comentó que fue Villarejo y no Martín-Blas quien se hizo cargo de captar al chófer Sergio Ríos como colaborador, admitiendo el uso de fondos reservados porque "le teníamos que pagar algo". Por otra parte, exculpó a los dos anteriores señalando que no les informó de nada. En cualquier caso, no aclaró por qué se actuó al margen de autorizaciones judiciales y con dispositivos personales. En cuanto a Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, negó que conociera la operación contra Bárcenas ni a través del DAO hasta el momento de su imputación. Al tiempo, afirmó que las actividades de seguimiento no aparecían registradas en bases de datos y por lo tanto no siguieron los procedimientos ordinarios de control y trazabilidad. Por tanto, no entró en la finalidad ni en la dirección de la operación, sino en la legalidad del procedimiento y se exculpó. Andrés Gómez Gordo, comisario y asesor con Cospedal, fue coherente con las declaraciones anteriores y se limitó a defender la legalidad de la operación y su seguimiento de órdenes jerárquicas, desplazando cualquier incidencia a la responsabilidad individual de sus superiores.

El ex comisario Villarejo apuntó directamente a arriba y acusó a Rajoy de beneficiarse políticamente y de utilizar al Ministro y al Secretario de Estado. Matizó que si bien la operación nació con el fin legítimo que el anterior alude, se transformó en una operación para proteger al PP. También confirmó que no informó a Fernández Díaz pero sí a Francisco Martínez, admitiéndole que Bárcenas disponía de documentación sensible y que había "fichado" a Sergio Ríos. Apuntó también al ex Director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aludiendo a su especial interés en sustraer esa documentación a Bárcenas y a Cospedal como preocupada por la "libretita" a que aludía en los audios. Lo más significativo fue que deslizó que dicha libreta podría haber sido confeccionada expresamente para filtrarla a los medios. En definitiva, encuadró las actuaciones policiales en el marco de intereses superiores ajenos a la Ley. 

Finalmente, Sergio Ríos centró su declaración en que desconocía que los 48.000 euros que percibió provenían de fondos reservados de forma ilícita, alegando que creía estar colaborando en una investigación oficial de la Policía Nacional para localizar bienes ocultos de la familia Bárcenas. De esta manera, desplazó la responsabilidad eventual a la cúpula de la Policía.

Consideraciones y perspectivas de condena

Una vez más, como siempre recalco en los posts en los que se trata de corrupción y muy especialmente de procesos judiciales, habrá que aguardar a la sentencia que aclare la naturaleza de la operación y quiénes resultan condenados. Escuchados los testigos, la prueba documental y buena parte de los acusados, parece acreditada la existencia de una operación extrajudicial dirigida al entorno de Bárcenas. Lo que deberá determinar la sentencia es si nació con una finalidad legítima de inteligencia policial y posteriormente derivó en actuaciones ilícitas o si esa finalidad irregular estuvo presente desde el principio.

Hasta la fecha no ha aparecido una prueba concluyente que vincule directamente a Rajoy y tampoco una orden explícita atribuible a Fernández Díaz. Varios de los acusados han defendido que la iniciativa nació en ámbitos policiales y posteriormente fue conocida por instancias superiores, es decir, que no habría sido impuesta desde arriba sino que nació abajo y habría escalado. La cuestión que deberá resolver la sentencia es hasta dónde llegó ese conocimiento y si existió algún tipo de autorización, consentimiento o tolerancia por parte de responsables políticos. Porque eso determinará el grado de condena. Partiendo de esta consideración, puedo estimar que todos los acusados relacionados con la Policía serán condenados. Sin perjuicio de ello, resulta complicado pensar que estas actuaciones se hagan sin ningún tipo de conocimiento ya sea constante o parcial de niveles políticos. La dificultad jurídica reside precisamente en distinguir entre sospechas, inferencias lógicas e indicios suficientes para fundamentar una condena, porque esa es la frontera que va a tener que cruzar la Audiencia Nacional.

Villarejo es considerado un personaje por opinadores de un lado y de otro, pero mientras que parece dársele credibilidad en casos favorables al propio sesgo político, se le niega en otros como en el famoso careo con Javier Ruiz en directo en TVE. Su situación procesal y las penas a las que se enfrenta hacen difícil determinar hasta qué punto sus declaraciones responden a una estrategia de defensa, a un intento de ajustar cuentas con antiguos colaboradores o simplemente a su propia interpretación de los hechos Sus detractores le achacan que aparte de modificar versiones mezcla a menudo hechos acreditados con interpretaciones propias. Por ejemplo, las polémicas declaraciones por las que vinculó a Francia y Marruecos detrás del 11-M. Entres sus antecedentes y su estilo habitual complica que sus testimonios se revistan de la coherencia, continuidad y verosimilitud. Y es por eso por lo que comentarios como que disponía de audios contra Rajoy no añaden nada sino que alimentan su propia leyenda.

En definitiva, conforme avanzó el juicio, la discusión dejó de centrarse en si Kitchen existió y pasó a centrarse en quién la ideó, quién la autorizó y quién conocía realmente su naturaleza. La existencia de Kitchen ha quedado como un elemento incuestionable. Lo relevante para la resolución del juicio es quién la impulsó, quién la conocía y con qué finalidad se desarrolló.

¿Corrupción en el SMS? La trama de las prótesis

En este año ha saltado a la esfera pública la investigación de un presunto fraude sistemático dentro del Servicio Murciano de Salud (en adelante SMS) relacionado con la compra de prótesis y stents vasculares, material fungible sanitario y operaciones derivadas a hospital concertado. Se apunta a la participación de funcionarios, personal sanitario y empresas proveedoras, entre ellas la valenciana Logimed. Los delitos investigados incluyen malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, alcanzándose un fraude estimado en torno a los 7 millones de euros.

Antecedentes. Los contratos mayores de prótesis (2016-2023)

Las prótesis que centran la investigación son unos tapones de embolización que se usan para reducir el flujo sanguíneo en arterias pequeñas. De esa manera, se tratan problemas agudos y crónicos como aneurismas, hemorragias o tumores vasculares en contexto de cirugías complejas. Por tanto, su importancia es capital a efectos de evitar la rotura de vasos sanguíneos.

En 2016, el SMS ya gestionaba contratos centralizados de prótesis vasculares mediante acuerdo marco y compras especializadas. Por tanto, la central ya concentraba una importante capacidad de decisión y especialmente en productos de alto coste, pero por aquél entonces no se detectaron indicios de irregularidad. El valor estimado del expediente contractual fue mucho menor que el posterior, de 457.760 € y de ocho lotes formalizándose los contratos en febrero de 2018. Dos de esos lotes fueron adjudicados a una de las empresas bajo la lupa actualmente, Logimed, por 24 meses ampliables a otro dos más.

Fue en febrero de 2022 cuando se volvió a convocar mediante procedimiento abierto el nuevo contrato de prótesis óseas con destino a los hospitales regionales por 3,2 millones de euros y dividido en once lotes. Cada contrato de lote era prorrogable a otro dos años más y se incluían injertos óseos, biomateriales y productos quirúrgicos especializados. Mediante Resolución de la presidenta de la Junta de Contratación del SMS, se adjudicaron los lotes el 21 de diciembre de dicho año, formalizándose los contratos en 30 de enero de 2023. En este enlace del perfil del contratante se localiza la documentación del expediente del contrato mayor de Suministro de prótesis valvulares con destino a los centros sanitarios dependientes del SMS.

En los últimos años, el SMS ha impulsado numerosas licitaciones millonarias en materia de logística, material de laboratorio, medicamentos, material oncológico, cirugía robótica... incrementándose sustancialmente el volumen económico gestionado vía contratos mayores de suministros. Consecuentemente, se ha concentrado un relevante poder administrativo en la central de compras. Hay que señalar dos cosas, primero la gran fragmentación en lotes dada la existencia de categorías técnicas complejas y suministros altamente especializados. Es algo completamente normal en Sanidad, dada la necesidad, por ejemplo, de adaptar productos a especialidades médicas concretas. Pero los lotes pueden diseñarse bien de forma abierta o muy específica. En el peor de los casos, los contratos por lotes técnicos especializados permiten potencialmente diseñar requisitos muy concretos, limitando la competencia real y favoreciendo productos específicos ya sea por compatibilidad con instrumental, composiciones químicas, métodos de implantación, etc.... Esto nos conduce a la segunda nota, que es la aparente dependencia de proveedores concretos, dado que existen pocos licitadores o en ocasiones sólo uno, redundando en una baja competencia efectiva en algo tan sensible como la tecnología sanitaria. Esta es una circunstancia que no tiene por qué ser achacable a los pliegos, pero da una idea de la situación del mercado.

De la investigación interna a la UDEF (2024-2025)

En noviembre de 2024, se dió a conocer que el SMS abrió una investigación interna a consecuencia de una auditoría encargada en verano de aquél año a los propios servicios de inspección de la Consejería de Salud y que detectó significativas irregularidades. Con motivo de la adquisición de suministros de prótesis valvulares, se habría disparado el coste en más de 700 mil euros en sólo el año 2023, es decir, de 400.000 euros a un millón cien mil que constituye el triple. Un entramado protagonizado por un facultativo (médico cirujano en el hospital público de La Arrixaca), un funcionario A-1 de la Unidad de Aprovisionamiento (contratación) y el representante de una empresa, estarían detrás del presunto fraude. El segundo, junto con un jefe de sección y un radiólogo estarían desde entonces suspendidos de empleo y sueldo mediante expediente disciplinario como medida cautelar. El cirujano, por su parte, se acogió a una excedencia. En cuanto a la empresa, se inició un procedimiento administrativo para exigirles el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. Desde entonces, la Consejería colaboró con la Policía Nacional a través de la Jefatura Superior de Murcia del mismo modo que aportó documentación a la Fiscalía y varios centros de titularidad privada y concertados con el SMS estarían también bajo sospecha.

En enero de 2025, el caso llegó a la UDEF y, examinando los sistemas contables, detectaron una actividad administrativa presuntamente fraudulenta. Personal funcionario con responsabilidad en la central de compras y facturación del SMS habría sido cómplice de introducir datos falsos aprovechando los puntos débiles del sistema informático y bajo las instrucciones del entramado al que ellos mismos pertenecerían. El objetivo habría sido blanquear productos sanitarios no autorizados - al no existir en el catálogo - usando códigos que pertenecían los que sí estaban aprobados. Aprovechaban entonces para establecer unos elevados precios de compra desplazando los homologados que tenían un coste muy inferior, afectando no sólo a las mencionadas prótesis sino a material sanitario fungible. Además, la ausencia de licitaciones públicas habría favorecido todo tipo de negociaciones secretas entre la empresa y los empleados públicos, constituyendo por tanto el caldo de cultivo para todo tipo de actos absolutamente contrarios a la Ley de Contratos del Sector Público y a la ética que debe de presidir la actuación del funcionario.

Concretamente, desde la UDEF se advirtió que, en las operaciones médicas que fueron derivadas desde el SMS a centros privados concertados, se habrían abonado sobrecostes de hasta un 1.287%. Lo peor es que se habrían facturado por servicios que realmente debían de ser gratuitos, por material sanitario no utilizado e incluso productos sanitarios caducados. De esa manera no sólo se estaría hablando de falsedad documental, de malversación de fondos públicos y la existencia de una organización criminal, sino de un delito contra la salud pública de los murcianos. 

Fase de instrucción judicial e investigación de la trama (2026)

El 27 de febrero de 2026 es cuando se hace público en la prensa regional, aludiéndose a un desfalco en sobrecostes cercano a 5 millones de euros. Pero no es hasta mayo cuando sucede la detención, autorizada por el Tribunal nº 7 de Instrucción de Murcia, de 11 personas incluyendo funcionarios, médicos y comerciales y elevando el fraude a 6,8 millones. Además, también se menciona expresamente a la mercantil Logimed, radicada en Valencia como la empresa suministradora que estaría detrás del fraude, a Sergio D. como el comercial que operó en su nombre y a un médico cirujano del hospital público de La Arrixaca que habría participado en el entramado. El facultativo, de nombre Rubén T. ha sido puesto en libertad condicional, se le ha retirado su pasaporte y, al igual que a los restantes investigados, se le han bloqueado sus cuentas, propiedades y vehículos.

El fraude podría haberse gestado desde la misma tramitación del contrato. La UDEF sospecha en su atestado que se podrían haber manipulado los pliegos del concurso. Se acusaría de arbitrariedad al referirse a unos e-mails de 2022 que un funcionario de contratación, Vicente F. le enviaría a Sergio, el comercial de manera que le facilitaría adjunto el borrador de los pliegos del concurso de endoprótesis de orta para su revisión. En las respuestas, va realizando modificaciones e incluso alterando lotes para después remitirse al Jefe de Sección. Por otra parte, también entiende que existió un procedimiento de "homologación" acelerado para que se adjudicasen códigos SAP de facturación a los productos, puesto que para ello deben de materializarse unos trámites y autorizaciones que jamás se abordaron ni solicitaron.

También se sospecha que los investigados habrían desviado dinero de sus cuentas, para lo cual se valora solicitar informe a la Agencia Tributaria e incluso abrir una pieza separada. Sin embargo, aparte del destino, tampoco estaría mal investigar cuál sería el origen. Por ejemplo, el cirujano ingresó entre 2019 y 2025 de más de 500.000 euros para al final del año disponer de poco más de 5.000. Además, en dos años compró hasta 3 vehículos. El jefe de sección de la Arrixaca abonó al banco con carta de pago 300.000 mil euros. El jefe de servicio de la UAI adquirió un inmueble abonando 150.000 euros "a tocateja" y el resto financiado. El jefe de sección y su esposa multiplicaron por 7 sus saldos bancarios. Finalmente, el comercial y su esposa, aparte de su propia empresa, vieron reducidas en más de un 70% sus cuentas en el último año sin que se halle explicación alguna. O sí, que podría estar detrás de todos estos casos lo que cualquiera que no se haga el loco... Pensaría.

Investigación interna y policial de las prótesis caducadas

Se descubrió que Logimed operaba con un intermediario denominado Dycom Risk, S.L. y que el hospital concertado al que la Arrixaca habría derivado los pacientes durante estos cinco años post-Covid se habría embolsado más de 8 millones de euros de las arcas del SMS y en concepto de procedimientos quirúrgicos de las listas de espera, de acuerdo con la información obrante en el Portal de Transparencia que el propio SMS comunicó en cumplimiento de la Ley. Hasta la fecha no existen indicios de ilegalidades en dicho centro. Que por cierto, se ha difundido el rumor de qué hospital concreto es, pero como ningún medio lo menciona expresamente, no lo indicaré.

Sin embargo, existe cierto choque de versiones que ha motivado activar una investigación paralela. Por un lado, la Policía sostiene, como se ha mencionado, que pudieron utilizarse productos caducados y material no homologado. Así lo considera tras detectar en atención a correos electrónicos que los implicados reconocerían ser conscientes de la facturación de productos caducados. A final de mayo, habiendo analizado un 8% de las intervenciones realizadas por el cirujano, aseguraron haber constatado la implantación de un stent caducado de un mes respecto de la fecha de la operación. Esto contradice la versión de la Consejería de Salud que aseguró que no constaba evidencia de implantes caducados en pacientes y que el fraude habría sido exclusivamente económico. Para curarse en salud (y nunca mejor dicho), ya anunció en febrero la revisión urgente individualizada de 378 pacientes intervenidos para terminarla antes de septiembre. Todos ellos fueron atendidos por Rubén T. entre mayo de 2018 y noviembre de 2025 previa derivación de La Arrixaca a un hospital concertado. En una primera muestra de cinco casos catalogados como sospechosos al haber sufrido infecciones posteriores se descartó que se hubiesen utilizado prótesis caducadas. 

En declaraciones a RTVE, una persona dio su testimonio de que su padre fallecido en 2022 habría sufrido una infección derivada de una presunta prótesis caducada. En información al medio Eldiario.es, esa misma persona matizó sus palabras en el sentido de que su padre no fue operado por el detenido, sino por su equipo y además en La Arrixaca y no en un centro concertado. Por ello y no habiéndose demostrado la caducidad de aquélla prótesis prefiero ser prudente. Pero con este caso tampoco habría que dejar de estar alerta.

Reacciones ante el escándalo: CARM, oposición, entidades sociales, acusado y defensa

La CARM se ha personado como parte perjudicada y por lo tanto podría solicitar diligencias de investigación y participar en el juicio a efectos de reclamar indemnizaciones. Al mismo tiempo, sigue trabajando para recuperar el dinero presuntamente defraudado y el ex Consejero de Sanidad Juan José Pedreño aseguró que los procedimientos de reintegro antes citados les habían reportado hasta la fecha la devolución de 300.000 euros de dinero público por la actividad fraudulenta reportada entre 2018 y 2024. Y digo ex Consejero porque antes de que acabase el mes lo destituyó López Miras en una remodelación a un año vista de las elecciones de 2027, siendo reemplazado por Isabel Ayala que hasta entonces era la gerente del propio SMS.

La oposición del PSOE y Podemos han aprovechado para desenfocar la naturaleza administrativa del caso y proyectarla al nivel político. En el caso de los socialistas han anunciado que se personarán como acusación particular en el juicio y, al mismo tiempo, solicitarán la comparecencia de la Consejera en una comisión de investigación en curso sobre presuntas derivaciones irregulares a la Sanidad concertada. También acusan a López Miras de no haber dado explicaciones. Vayamos por partes. Primero, no existe a día de hoy ningún indicio ni tan siquiera insinuado por la UDEF de que cargos por encima del Jefe de Servicio estén implicados o hayan tenido conocimiento del caso hasta la auditoría mencionada. Segundo, las acusaciones de que la política de concierto sanitario tenga que ver con la derivación quirúrgica de operaciones con prótesis son igualmente infundadas. El foco de lo investigado está en los sobrecostes de suministros, mientras que la propia CARM rastrea si pudo haber algún perjuicio para pacientes. Pero el problema de fondo no es que existan conciertos sanitarios con hospitales, sino que un agujero de gusano en la contratación pública por culpa de la corrupción administrativa.

En el ámbito de entidades sociales, la Unión de Consumidores de España (UCE) se ha personado también como acusación popular después de que, según han informado, 300 personas a las que se les intervino con prótesis se hayan dirigido a ellos. Desde su posición, exigen también la intervención del Consejo Asesor de Salud.

El medio El Español entrevistó a Sergio, el ex comercial cuyo contrato se rescindió a raíz del estallido del caso. Negó ser el cabecilla de la operación señalada por la UDEF alegando su incompetencia para decidir lo que se contrata en la Administración. Se definió como "cabeza de turco" y se justificó en que, por razones de urgencia y dada la lentitud burocrática, se utilizaron códigos de productos "similares" ya homologados para adquirir los suministros. Por tanto, la versión de Sergio es que se recurrió a una irregularidad administrativa cometida por funcionarios por necesidad asistencial y adaptación práctica. En cuanto a los sobreprecios, sus respuestas sugirieron nuevas contradicciones. Se basó en que no existía contrato marco y que tenía que someterse al "libre mercado", así como que los plazos de pago del SMS eran a dos años vista y que afectaría al precio final. Una explicación que resulta muy difícil de conciliar con los sobreprecios detectados por la investigación, que en algunos casos habrían alcanzado el 1.287%. Y sobre las prótesis caducadas, descargó cualquier responsabilidad señalando que existen múltiples controles para ello (almacén, servicios hospitalarios, quirófano, trazabilidad posterior...). Sin embargo, esta explicación choca con algunos de los correos electrónicos incorporados a la investigación, en los que se hace referencia expresa a material próximo a caducar o ya caducado, circunstancia que la UDEF interpreta como un indicio relevante de la trama. Por último, respecto de la evolución súbita de su patrimonio se limitó a asegurar que las compras inmobiliarias eran "inversiones normales" y que todo lo que había ganado de autónomo estaba declarado.

En cuanto al abogado del acusado de la empresa, Alí Martínez, ante los 112 folios de la UDEF, negó rotundamente las irregularidades y comunicó que solicitará una auditoría para demostrar que no ha existido desfalco. Justificó las variaciones del catálogo porque los médicos solicitaban "productos novedosos" que no estaban incorporados a la base de datos de la Región de Murcia y que fueron facturados correctamente. También rechazó que fuese cierto que se implantasen prótesis caducadas en la misma línea que su defendido. Finalizó sus declaraciones aludiendo a una supuesta "mano negra" con interés y afirmando que solicitará el archivo de la causa.

Consideraciones

Como funcionario y empleado público que soy, no puedo sentir más vergüenza ni indignación de pensar que otros iguales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la que pertenezco, pudieran haber participado en semejante fraude y delitos. Respeto las posiciones del abogado de la parte acusada, que evidentemente parten de su rol de defender a su clientes. Sin embargo, con la información que disponemos, me inclino a darle más credibilidad a un informe tan extenso de la Policía Nacional a través de la UDEF. Aún no puede demostrarse que hayan percibido comisiones, pero si se confirmasen judicialmente los indicios recogidos por la investigación, estaríamos hablando de una malversación de fondos públicos de ingente valor. No es justificable que se esconda el valor antieconómico de unos suministros en el carácter "novedoso" de esos productos y el único interés privado que habría menoscabado el interés público protegido por las Leyes sería precisamente el de la empresa y el de los funcionarios implicados. Por lo tanto, en base a la información recogida y en lo que se espera del funcionariado, no puedo sino manifestar mi completa desaprobación ante estos presuntos comportamientos.

También debo señalar que me resulta especialmente llamativo que nadie detectara antes anomalías en la tramitación de estas compras, particularmente en lo relativo al coste de los suministros. Según la información conocida hasta ahora, fue una auditoría interna realizada en 2024 la que permitió aflorar las irregularidades que posteriormente dieron lugar a la intervención de la Fiscalía y de la UDEF. Sin embargo, la propia investigación sitúa el origen de la presunta trama varios años atrás, al menos desde 2018 y, en cualquier caso, durante un largo periodo que incluye la pandemia.

Precisamente por ello, una de las cuestiones que más me inquietan no es solo qué ocurrió, sino por qué tardó tanto tiempo en detectarse. Resulta difícil comprender cómo unos sobrecostes de semejante magnitud, una supuesta utilización irregular de códigos de catálogo y una operativa que habría afectado a cientos de procedimientos pudieron mantenerse durante años sin que ningún mecanismo interno de control activara antes las alarmas. No afirmo con ello que existan más responsables ni mucho menos que deban señalarse cargos políticos sin pruebas, algo que rechazo de forma expresa. Pero sí considero que una investigación rigurosa debe llegar hasta donde sea necesario para aclarar no solo quiénes participaron presuntamente en los hechos, sino también por qué los sistemas de supervisión no lograron detectarlos antes.

Porque, al margen de las eventuales responsabilidades penales que puedan determinar los tribunales, sigue existiendo una pregunta que merece respuesta: si las irregularidades eran tan graves como sostiene la investigación, ¿por qué hubo que esperar hasta 2024 para descubrirlas?

Región de Murcia: retos, transformación y futuro

En este 9 de junio se celebra el día de la Región de Murcia, conmemorando la aprobación de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía en 1982. Más de 40 años después existen una serie de cuestiones que forman parte de los desafíos y problemas de esta pequeña comunidad autónoma. Por ello y sintiéndome parte de la misma como murciano nacido en el entorno del Mar Menor, me ha parecido interesante elaborar un artículo. No pretendo establecer soluciones categóricas ni milagrosas y tampoco puedo dar respuestas a todo de lo que voy a exponer. No soy ingeniero ni tengo conocimientos especialmente técnicos. Pero si me considero apto para analizar la situación y establecer una reflexión sobre por dónde debería de ir la dirección y apoyándonos en nuestros pilares fuertes para superar (o contrarrestar) los débiles.

Sostenibilidad hídrica y agrícola

Murcia se ha constituido en una potencia agroexportadora y con cierto renombre internacional, pero con tensiones claras. Por un lado, se le considera una alta productividad y tecnificación del regadío, con empresas líderes en exportación hortofrutícola. Sin embargo, la dependencia extrema del Trasvase, las sobreexplotación de acuíferos en el campo de Cartagena y Mazarrón y la presión medioambiental son los factores limitantes, de manera que el sector se mueve en un frágil equilibrio entre innovación y sobreexplotación. Además, una amenaza futura es la demográfica al reducirse considerablemente la participación de jóvenes, lo que ha motivado al Gobierno regional a tratar de fomentar el acceso con ayudas e incluyendo a mujeres. Sin embargo, una cosa es incentivar y otra que realmente las personas jóvenes sientan esa vocación.

Ante todo, la Región de Murcia parte de una desventaja de base y es que la cuenca del Segura sufre de un déficit estructural de recursos hídricos a consecuencia de su clima semiárido. Por tanto, no se trata de un problema coyuntural de sequía, sino de un modelo permanentemente tensionado por la falta de agua. Este déficit ha conducido históricamente a trasvases y desaladoras como soluciones. En este escenario, el trasvase Tajo-Segura es una infraestructura clave desde 1979 para abastecimiento y regadío y sustenta una parte esencial del sector agroalimentario regional con un innegable impacto en el PIB y en las cifras de empleo. 

La guerra política entre el PSOE y el PP (que lleva gobernando Murcia desde hace más de 30 años) es más que evidente, sin que exista un plan hídrico nacional claro y definido. A esta alta politización que se observa tanto a nivel nacional como territorial (Murcia y Valencia frente a Castilla la Mancha), se unen recortes previstos por el aumento de caudales ecológicos. De hecho se apunta a una posible reducción de hasta el 50% del agua trasvasada tal y como comunica el Ministerio de Transición Ecológica a través de la Comisión Central del Tajo-Segura. Además, a esto se le unen dos cosas. Primero, que el agua desalada implica aumento sustancial de costes por el mayor precio de la electricidad. Segundo, que el proceso de osmosis inversa requiere bombear agua a muy alta presión, lo que incrementa el consumo de agua y puede repercutir en un mayor coste para el consumidor final.

Con todas esas limitaciones, Murcia precisa un "mix hídrico", es decir, no puede depender del Trasvase, ni las desaladoras y menos de los acuíferos, que cubriendo el 50% de las necesidades hídricas están siendo restringidos por el Ministerio. En un adecuado balanceo de alternativas se une la reutilización de aguas. En este punto, se dispone de cien depuradoras gestionadas por la entidad pública ESAMUR, constituyendo un elemento de economía circular al producir energía a través de biogás y aplicando filtros y rayos ultravioleta para asegurar la calidad del agua. Dichas aguas van destinadas principalmente a uso agrícola, pero también se reservan usos urbanos como riego de jardines o limpieza de calles. Queda claro que ante la falta de gobernanza y de planificación estatal, la Región no tiene otra que actuar por propia iniciativa.

Medio Ambiente

Ya dediqué un post a primeros de año sobre el Mar Menor y su personalidad jurídica, por lo que no me reiteraré en ello al menos en lo contado por allí y emplazo a leer, si se desea, este otro artículo. 

El Mar Menor es un claro espejo de las contradicciones entre el modelo económico y el medioambiental, tratándose de esta una tierra que vive tanto del turismo. Dentro de las señales de mejora, en la versión del Gobierno regional se afirma en base a sus informes que se invirtieron 82 millones de euros en impulsar la Ley del Mar Menor con la rehabilitación de colectores en Islas Menores, Los Nietos y La Unión, 15 nuevos sistemas de gestión de aguas pluviales y de drenaje sostenible en San Javier. Otros avances fueron la regularización de 4.000 hectáreas que han pasado de regadío (sin derecho legal) a secano, la depuración de agua y la retirada de biomasa. Sin embargo, aquí está la verdad a medias. En estos meses de 2026, se han retirado 4.000 toneladas de biomasa, lo que representa casi el 50% de la retirada a finales del pasado ejercicio. Esto da una idea de la situación actual con la persistencia de aportes de agua cargada de nutrientes (eutrofización) y especialmente de la rambla del Albujón. Hay que tener bien claro que el Mar Menor no se puede salvar sin replantear el modelo productivo agrícola del Campo de Cartagena. Y por eso también defendí que la eventual comarca incorpore el nombre de la laguna en este otro post.

Pero al Mar Menor se le une el cambio climático como elemento multiplicador del problema. El aumento de temperaturas y la escasez de agua agravan la aridez y aceleran la pérdida de biodiversidad marina por anoxia. Pero no puede olvidarse la mayor irregularidad de las lluvias y episodios extremos de DANAs, de los que he hablando en otros posts y que han supuesto importantes daños y amenazas futuras, no ya a la propia laguna sino también a la agricultura y a infraestructuras.

Hablando de biodiversidad, no puedo evitar referirme a que la extensión de núcleos urbanos, infraestructuras y canteras han limitado nuestro hábitat natural y apenas nos queda el Noroeste con amplios espacios naturales, Sierra Espuña en Alhama o Calblanque en Cartagena. Además, la falta de actualización del catálogo de especies protegidas durante casi tres décadas dificulta la protección de la fauna amenazada mientras que el Gobierno regional sigue alargando burocracia.

Finalmente, tenemos un problema recurrente con la calidad del aire. El tráfico, las intrusiones de polvo sahariano derivadas de la particular hostilidad del clima y la actividad industrial y agrícola son elementos que contribuyen a ello. No se trata de un inconveniente que suframos todos los días, pero presenta algunas fases en que se alcanzan picos importantes. Podemos consultar este mapa web mantenido por la Consejería de Medio Ambiente.

Infraestructuras de transporte, logística y conectividad

La Región de Murcia arrastra un déficit histórico en infraestructuras de transporte, tanto internas como externas. Las conexiones ferroviarias limitadas y la dependencia excesiva del transporte de carretera son factores logísticos limitantes que no contribuyen a compensar su localización en la periferia de España a pesar de su ubicación en la costa.

El tren de Alta Velocidad (AVE) cuenta con una larga historia de promesas y retrasos. La llegada a Murcia desde Madrid en el año 2021 ya supuso un avance, pero incompleto porque la extensión a Cartagena sigue aún pendiente y como poco se espera para 2032 o más allá a pesar de que se hayan adjudicado tramos clave en las obras. Es una vergüenza que el corredor del Mediterráneo desde la frontera francesa esté conectado al litoral del Mediterráneo y no llegue aún a Cartagena, por lo que entiendo perfectamente las quejas desde la ciudad milenaria. Cartagena y su entorno tiene un entramado industrial y económico que se beneficiaría de una conexión directa con el AVE desde Murcia, por lo que no se ha resuelto la cohesión regional.

Ligada al anterior está la cuestión de la ZAL (Zona de Actividades Logísticas). Es una plataforma logística intermodal cuyo fin es potenciar exportaciones agroalimentarias e industriales con mejor conexión del transporte ferroviario, de carretera y portuario. Precisamente, donde es menos competitiva la Región es en transporte de mercancías por carretera. La ZAL de Murcia se sitúa en el área oeste y se vincula a transporte agroalimentario conectándose con el Corredor Mediterráneo. Comenzaron las obras con un gran aparcamiento para camiones de más de 20.000 metros cuadrados y 261 plazas, si bien va todo lento porque el primer contrato quedó desierto en 2024 y hubo que rehacer pliegos y reestimar costes. Con todo, la situación de la ZAL en Los Camachos de Cartagena es peor, aún siendo en una zona más estratégica por su conexión con el puerto y el enorme potencial que representa. Existe más de una década de bloqueo por conflictos y acusaciones cruzadas entre Gobierno regional y Estado, burocracia de compra de suelo (no existe convenio) y sobre todo, la inexistencia de conexión con el AVE. Sin ramal ferroviario al puerto, la ZAL de Cartagena pierde su sentido.

Por otra parte, el Arco Noroeste es un proyecto estratégico para descongestionar el área metropolitana de Murcia - sobre todo el nudo de Espinardo y la Ronda Oeste- y mejorar las conexiones con Andalucía, Valencia y el interior regional como Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Ceutí, etc... Con algo más de 22 kilómetros e inaugurada el pasado mes de marzo, conecta Archena con Alcantarilla y ha costado 264 millones de euros de las arcas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y por lo pronto mejora la accesibilidad a núcleos industriales situados en las localidades mencionadas. Esto sin duda es un importante avance y hay que darle tiempo, pero al fin y al cabo la efectividad se queda fundamentalmente el vehículo privado.

Respecto al transporte metropolitano de Murcia ciudad, desde 2011 el tranvía de Murcia ha conectado fundamentalmente la parte norte, conectando la Plaza Circular con Juan Carlos I, la Flota, Nueva Condomina, la  UCAM y la Universidad de Murcia en Espinardo como principales paradas. En octubre, a menos de un año para Elecciones, se prevé tener listo el proyecto (encargado a Urbamusa como medio propio) para ampliar hacia el sur conectando la Circular con la Estación de tren de El Carmen (2 km) atravesando la Gran Vía Escultor Salzillo. En el futuro, la siguiente idea será el Hospital de la Arrixaca en El Palmar. Hay que tener en cuenta que la ampliación del tranvía fue ralentizada debido a que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible llenó la ciudad de carriles bici y de bus que, aunque hayan descongestionado el tráfico, lamentablemente no ha logrado reducir las quejas de los vecinos y para colmo el contrato se tuvo que rehacer por errores en los pliegos. En cuanto a autobuses, se promete una inversión de más de 700 millones de euros adquiriendo más vehículos y con más líneas y expediciones, incluyendo turnos nocturnos.

Lo último contrasta con los autobuses interurbanos más allá de Murcia y Cartagena. La Consejería de Fomento de la CARM es responsable de la licitación de concesiones de Alcantarilla-Murcia, Beniel a Mula, Molina de segura-Murcia, Mar Menor-Cartagena y de Valle de Ricote a Fuente Álamo. Sin embargo, hay quejas de usuarios relativas al retraso de los vehículos respecto a su horario y el estado antiguo de varios de ellos, lo que perjudica tanto al reemplazo de los coches como al confort. No existe ningún plan de inversión o de mejora al menos hasta el momento más allá del área cercana a Murcia. En Alicante, por el contrario, es posible viajar en tranvía desde Alicante hasta Benidorm (45 kilómetros).

Economía: crecimiento, desigualdad y financiación

La Región de Murcia mantiene una brecha estructural en renta y PIB per cápita respecto de la media española. Según datos de CaixaBank (2024), el PIB per cápita es el cuarto más bajo de las CCAA de España y un 18,6% por debajo de la media. Señala al factor de la inmigración conectada al crecimiento demográfico como una variable que habría desplazado a la baja estas cifras. No es un problema coyuntural, sino una divergencia sostenida en el tiempo. Murcia crece, sí, pero no converge.

El armazón económico de Murcia se caracteriza por el fuerte peso del sector primario, que en realidad es el esqueleto de su propia historia. En lo positivo, podemos afirmar con arreglo al informe antes citado que es una región muy exportadora gracias al sector agroalimentario. Su otro pilar es el turismo, lo que nos lleva a un sector servicios absolutamente conectado con el mismo y sobre todo teniendo en cuenta la conexión con las playas. Estos dos pilares son vulnerables a los problemas ya mencionados en los bloques anteriores como la escasez hídrica y crisis ambientales como la del Mar Menor. En tercer lugar, dentro de la industria tiene un importante peso el sector manufacturero, como por ejemplo los plásticos. Sin embargo, los efectos acumulados de la crisis de inflación derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania han reducido considerablemente la exportación de mercancías. Además, pese a que el modelo murciano sea competitivo en costes internos no lo es tanto en valor añadido.

Recientemente se hizo oficial que la empresa Quantix establecerá un centro de microchips y semiconductores en el término municipal de Murcia. Prevé invertir 40 millones de euros y está participada la entidad por el Gobierno de España a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. Quantix eligió Murcia por logística, infraestructuras y la disponibilidad, sobre todo, de suelo urbanizado lo suficientemente importante como para albergar una infraestructura industrial de ese calibre.  Proyectos como este muestran que la Región de Murcia intenta abrirse paso en sectores tecnológicos estratégicos y de valor añadido. Ahora bien, esto no quiere decir que se vaya a convertir en la Silicon Valley del sureste español, dado que iniciativas como esta conviven con una estructura económica muy dependiente de la agricultura, el turismo y los servicios tradicionales. El mayor factor limitante es el motivo principal por el que ha elegido la capital de la Región: el suelo industrial disponible. Y no es tanto porque se haya primado el sector manufacturero como la regulación del propio suelo. Si la Región de Murcia quisiera avanzar en la microelectrónica, ciberseguridad y inteligencia artificial, ha de empezar por cambiar la regulación del suelo.

En cuanto al mercado laboral, se asisten a tasas de desempleo tradicionalmente superiores a la media nacional. Ello es debido a la alta temporalidad de los empleos, asociada a la dependencia de campañas agrícolas y a la estacionalidad turística. El empleo refleja la estructura productiva siendo más intensivo en mano de obra y como decimos menos estable. Así que el problema no es cuánto empleo se crea sino la precariedad del mismo incentivada por una menor productividad de la economía en sentido agregado.

En cuanto a la financiación autonómica, Murcia es una de las comunidades que denuncia infrafinanciación crónica. Según la propuesta del Gobierno de España, a Murcia le correspondería para 2027 (año electoral) un 20% de lo que actualmente tiene, es decir, 1.188 millones de euros más. Las variables son envejecimiento, necesidades educativas, población, superficie, dispersión, insularidad, servicios sociales, población protegida y costes fijos. Sin embargo, este es un tema con el que las autonomías hacen más política entre ellas y el Gobierno central, pues en algunas se percibe desigualdad respecto de las más ricas como Cataluña con un eventual sistema propio. Al margen de eso, es conocido que se perciben desigualdades internas entre Murcia metropolitana, Cartagena, interior y zonas rurales. Así que la brecha no es sólo respecto a España sino dentro de la propia región. Y por eso es tan importante en dónde y en qué ámbito orienta sus proyectos.

Conclusiones y propuestas generales

La Región de Murcia ha logrado construir una economía dinámica y exportadora en agricultura. Sin embargo, su especialización dificulta la transición hacia actividades de mayor valor añadido como los centros de datos y la inteligencia artificial. Dada la extrema dependencia del agua, se hace imposible ni tan siquiera llegar a estimar a largo plazo que se pudiera optar a una diversificación en ese camino. Pero no quiere decir que Murcia no pueda ser una potencia tecnológica. Claro que puede serlo, pero en su punto fuerte: la agricultura. Existen importantes proyectos agrícolas fomentados por el organismo público autonómico IMIDA y con experiencia compartidas de otras regiones como sistemas de fertirrigación de alta precisión, IA aplicada al riego o drones aéreos y robótica terrestre como sensores. Pero también cuenta con entidades privadas relevantes como Agritech Murcia y Microgaia Biotech. La primera es una plataforma empresarial y tecnológica que aporta conocimiento de telecontrol de riego, tratamiento de agua, invernaderos inteligentes, automatización de sistemas, monitorización de plagas, etc... Por su parte, Microgaia Biotech es una entidad surgida del ente público estatal CEBAS-CSIC y se especializa en microbiología y biotecnología, biofertilizantes y reducción de químicos agrícolas. Si la escasez de agua se convierte en incentivo tecnológico, Murcia puede sacar partido de esa situación y de su propio modelo económico como motor de innovación, liderar el conocimiento agrícola especializado y posicionarse como referencia mundial no sólo para el sur de Europa sino también para el norte de África, Oriente medio y Latinoamérica.

En Medio Ambiente, la sostenibilidad de la agricultura murciana probablemente no dependa de reducir su importancia económica, sino como decimos de aumentar su contenido tecnológico. Primero, por un uso más eficiente del agua que permita aplicarla exactamente donde y cuando se necesita evitando derroche. Segundo, la agricultura de precisión permite reducir el uso de fertilizantes y fitosanitarios detectando las plagas y ajustando las dosis. Tercero, la optimización de riegos proporciona menor consumo energético y reducción de emisiones, combinándose con energía solar y electricidad. Y en cuarto lugar las empresas y universidades aportan datos y conocimiento. Con todo, la tecnología también puede emplearse para aumentar la producción y superficies e intensificar aún más los cultivos, diluyéndose el beneficio ambiental con un eventual efecto rebote. El caso del Mar Menor es un buen ejemplo en el que la eficiencia por sí sola no basta sino que también importa la ordenación agrícola y el control de vertidos.

La tecnología fotovoltaica es la energía renovable más extendida por razones obvias de climatología y disponibilidad de irradiación. La energía eólica podría ayudar a ahorrar y abaratar el agua debido a que la desalación consume mucha electricidad. Además, se reduciría la presión ambiental sobre los acuíferos. Sin embargo, el potencial eólico en Murcia se concentra en el Altiplano, Noroeste, áreas montañosas y litorales existiendo condiciones de viento menos competitivas. Además, tiene un impacto paisajístico y de biodiversidad (afectando por ejemplo a aves rapaces y migratorias) y choca con la agricultura (cultivos y explotaciones) y ganadería (pastoreo). En Murcia está el proyecto europeo Biowind que pretende una planificación eólica sostenible, respetuosa con la biodiversidad y con participación ciudadana. Entre otras cosas, se ha decidido encargar un manual técnico ambiental para parques eólicos a la Universidad Miguel Hernández. Dentro de las limitaciones, apostar por la eólica en la Región de Murcia puede tener sentido se se hace como complemento. Aparte de resiliencia climática y reducción de costes energéticos del agua, la energía eólica puede aportar estabilidad del sistema porque aporta más inercia al mismo ante cambios bruscos de producción y demanda de electricidad.

La ZAL es, como dijo López Miras, "el verdadero cuello de botella" del crecimiento industrial regional. Representa una de las grandes aspiraciones económicas de la Región: explotar su posición estratégica en el Mediterráneo para convertirse en nodo logístico e industrial del sureste peninsular. Sin embargo, años de retrasos, conflictos políticos y carencias ferroviarias reflejan las sempiternas dificultades históricas de la Región de Murcia para ejecutar grandes proyectos transformadores. Especialmente destacable es el caso de Cartagena, que con un potencial industrial innegable se ve doblemente frenada por la falta de conexión ferroviaria del AVE y el bloqueo de la ZAL. Hasta que el primero no se solvente, el segunda no se desencallará, lo que puede representar más oportunidades perdidas.

Por último, como habitante de fuera de la capital pero que trabaja en ella mi sensación es que el transporte público es muy mejorable. En épocas estivales se hace más patente la fuerte dependencia del coche aún para simplemente pasar un día fuera. La Región de Murcia ha crecido durante décadas alrededor de la carretera y el vehículo privado. Uno de los grandes interrogantes para las próximas es si será capaz de desarrollar una red de transporte público regional que vertebre eficazmente el territorio sin tensionar la presión ambiental sobre espacios especialmente sensibles como el Mar Menor.

Zapatero imputado en el caso Plus Ultra: orígenes, investigaciones y acusaciones

La imagen del PSOE y el Sanchismo ha llegado a un punto tal de implosión por las investigaciones de presunta corrupción que es difícil llegar a tiempo de toda la actualidad. Del caso de las cloacas y la fontanería hablaré en otro momento que este más avanzado y analice todo lo pendiente. Hoy hablaré de lo referente a su santo y seña. El pasado 19 de mayo saltó la noticia de la imputación del ex Presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional investiga desde hace unos meses el caso Plus Ultra, una aerolínea sobre la que pivotan todos los casos de corrupción abiertos que afectan al PSOE. Coincidiendo con el levantamiento del secreto de sumario, tomó la decisión de imputar a Zapatero por presunta responsabilidad como comisionista en una trama criminal internacional de blanqueo de capitales. En la misma comunicación por la que facilitó un auto de 88 páginas por el que se justifican una serie de indicios y registros, la Audiencia le citaba a declarar para el 2 de junio. Incluso trascendió que para el mismo martes que le imputaron tenía previsto un viaje a Venezuela con "tres familiares" que presuntamente sería su propia familia, su mujer e hijas. Sin embargo, tras petición de su abogado para poder preparar con más tiempo la defensa y exponer su respuesta ante una investigación tan compleja solicitó un aplazamiento y se le concedió hasta el 17-18 de junio. 

El rescate de Plus Ultra y la primera investigación (2021-2023)

El origen se sitúa en el rescate público de 53 millones de euros concedido en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 a Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Esta última es una empresa pública adscrita al Ministerio de Hacienda y cuyo sentido, en teoría, es velar por la viabilidad de empresas que afecten al interés general de España. El primer papel conocido del ex Presidente en este tema sería su intento de mediación con el Ministerio de Transporte de Ábalos, para después actuar a espaldas del mismo. Es más, en declaraciones desde prisión a RTVE confirmó que Zapatero "le puentea y habla con el Secretario de Estado Pedro Saura", dado que él no estaba de acuerdo con el rescate. Por lo tanto, Zapatero tenía un interés muy especial. Pero la iniciativa partió de su amigo personal Julio Martínez, que sería quien quiso aprovechar la influencia del ex político. Este, del que hablaremos más adelante, sería el testaferro de Zapatero con un millón de euros sin declarar depositados en Miami.

Desde el primer momento existió una importante polémica política con el rescate porque la aerolínea tenía una cuota de mercado muy reducida y sufría insolvencia económica previamente a la pandemia. Concretamente, Plus Ultra operaba sólo con el 0,03% de los vuelos a España y arrastraba números rojos, con 17 años de antigüedad y tan sólo un vuelo a Venezuela (Caracas-Madrid). También arrastraba una deuda con la Seguridad Social de casi medio millón de euros, si bien tenía concedido un aplazamiento. En 21 abril, un mes y medio más tarde de la concesión, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid admitió una denuncia de Manos Limpias y se abrieron diligencias contra el presidente de la SEPI. Se alegaba que no quedaba acreditada la motivación de interés general para el millonario rescate, sino que apuntaba a una exclusiva motivación política y, sumado a eso, a una presunta malversación de fondos públicos. Meses después, el 22 de julio y cuando ya se habían aportado 19 millones de euros, el Juzgado ordenó a la SEPI no entregar los restantes 34 a la aerolínea tras una primera denuncia de PP y Vox por presuntas irregularidades en la justificación. Sin embargo, en agosto fue desbloqueada la cantidad al alegar peligro de quiebra la aerolínea, lo que no implicaba que el caso no se siguiese investigando. En otro orden, el Tribunal de Cuentas archivó una denuncia de Ciudadanos al no percibir desvío contable en el expediente.

En junio de 2022 rechazó el recurso de la parte acusada confirmando que la investigación seguía su curso. Sin embargo, la causa terminó siendo archivada en enero de 2023 por la jueza instructora entendiendo que no existían indicios de delito porque el procedimiento habría sido conforme al Real Decreto Ley 5/2020, de 3 de julio y a la Resolución de 1 de octubre de 2021 de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, así como que la entidad cumplía con los requisitos de elegibilidad y que no habría ocultado información ni intención de defraudar. A día de hoy, Plus Ultra no ha devuelto ni un euro del capital y planea una reestructuración del calendario de pagos. Sólo ha abonado los intereses.

Giro en el caso y remisión a la Audiencia Nacional (2024-2026)

En octubre de 2024 es la Fiscalía Anticorrupción quien presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional tras recibir solicitudes de cooperación internacional judicial de Francia y Suiza para investigar un posible entramado de blanqueo y cobro de comisiones. Específicamente fue en el marco de una propuesta de traslado de ocho toneladas de oro de Venezuela a Dubai y con el accionista mayoritario de Plus Ultra Rodolfo Reyes implicado. Pese a ello, la Audiencia Nacional decidió abstenerse porque se entendía falta de competencia y la derivó de regreso al mismo Juzgado nº 15 de Madrid. A esto se le sumó en otras instancias el caso Koldo y el de Mascarillas que aportaron más conexiones, surgiendo indicios relacionados con el dinero del rescate. 

Así que es el 12 de diciembre de 2025 cuando la Policía Nacional a través de la UDEF, detuvo a Julio Martínez Martínez, empresario y que se dedicó al negocio de las aerolíneas poco después del rescate y sin medios. Ojo, no confundir con Julio Martínez Sola que casualmente era el presidente de Plus Ultra pero no son la misma persona. Sus vínculos con Zapatero llegan hasta una reunión clandestina en un camino sin cobertura del monte de El Pardo en Madrid. Una exclusiva de Alejandro Entrambasaguas sobre un evento en el que además se trataba de un paso restringido por Patrimonio Nacional, que transcurrió protegido por dispositivos de seguridad y escoltas y que fue tan sólo 72 horas antes de la detención de Martínez. La sospecha fue un posible chivatazo de Marlaska. Otro detenido fue el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli. Al día siguiente ambos fueron puestos en libertad retirándoseles el pasaporte después de interrogarles y registrar la sede de Plus Ultra.

En febrero de este año 2026 fue la misma persona, Esperanza Collazos, que tres años antes había archivado el caso, quien decidió que por competencia, complejidad y nuevas ramificaciones debía de remitirse de nuevo el caso a la Audiencia Nacional. Ya era la intención de la Fiscalía Anticorrupción, dada la posible existencia de operaciones transnacionales y movimientos financieros en varios países. Concretamente se apunta a grandes cantidades de dinero procedente de actos de malversación cometidos por altos funcionarios de Venezuela. Dichos empleados del régimen de Maduro habrían estado desviando fondos públicos para alimentos básicos y de la petrolera venezolana PDVSA, formalizando ventas de oro e incluso exportando petróleo sorteando sanciones y bloqueos. Plus Ultra figuraría como beneficiaria de contratos de préstamo con varias sociedades de la organización criminal receptoras de ese dinero ilícito. Así que percibida la ayuda pública del rescate, en días consecutivos ingresaría la misma en cuentas del extranjero de sociedades de la trama. Además, Anticorrupción también habla de conexiones de una red clientelar con sociedades mercantiles que percibirían fondos para adquirir inmuebles, venta de oro por valor de 30 millones de euros a una empresa de Emiratos Árabes, transferencias a otras entidades en Panamá, Francia y Suiza e incluso el recurso a relojes de lujo para blanquear dinero. Todo esto informado a través de las citadas fiscalías suiza y francesa.

Es entonces cuando entra en escena el juez José Luis Calama, especializado en delitos económicos que aceptó la misma. Bajo secreto de sumario dictado por el mismo, la UDEF empezó a seguir transferencias, sociedades mercantiles y pagos de consultoría presuntamente conectados con el entorno de Zapatero y de hecho se fue prorrogando dicho secreto.

La implicación de Zapatero y familia

La primera alerta la suministró la Administración Biden cuando en 2021 retuvieron a Rodolfo Reyes en Miami, le intervinieron el teléfono y desveló conversaciones con Julio Martínez y referencias expresas a pedir ayuda a "nuestro pana Zapatero". Las fiscalías de Francia y Suiza hicieron el resto.

La investigación actual contra Zapatero se basa en pagos recibidos de Julio Martínez por supuestos servicios de consultoría (reuniones, viajes, informes de geopolítica, etc.) y que superarían los 490.000 euros en razón de 75.000 anuales a través de la sociedad Análisis Relevante, S.L. En marzo, en comisión de investigación del Senado, declaró que había cobrado 70.000 euros de Julio Martínez por servicios de consultoría.

Además, la agencia de publicidad Whathefav de las hijas del ex presidente percibió 239.000 euros de dicha entidad en concepto de servicios de diseño y comunicación online y otros 560.000 euros a dicha agencia por la firma venezolana Inteligencia prospectiva, la cual no consta que ejerciese actividad alguna. Pero lo peor de todo es que la implicación de esta agencia consistiría en realizar maquetación de informes ya elaborados (un PDF) para luego distribuir a una lista de clientes validada por su padre. Por lo tanto, el valor técnico añadido sería manifiestamente incoherente con el volumen de facturación declarado. La madre tampoco está al margen, pues una de las cuentas que recibió dinero de la trama y a nombre de la esposa Sónsoles Espinosa habría servido para cancelar una hipoteca por valor de 490.000 euros, que Zapatero quiso disfrazar con la venta de un inmueble en Aravaca. 

Estas cifras son más escandalizadoras si se sitúan en el contexto de que el ex Presidente habría cobrado el 45% de los ingresos totales de la sociedad y, mientras que de 2020 a 2023 había percibido la entidad más de 650.000 euros, en 2024 se hallaba en cierre registral al no haber depositado las cuentas. Sin embargo, no dejen de leer porque la cosa no acaba ahí. El detalle que explica la opacidad es que Zapatero habría percibido sus cantidades a través de una off-shore en Dubai denominada Landside y participada al 100% por una nueva sociedad de Julio Martínez. El modus operandi habría sido el siguiente:

La empresa Análisis Relevante S.L. se crea en febrero de 2020. Al año siguiente lo hace Idella Consulenza Strategica, administrada por el mismo Julio Martínez. A nombre de esta última, suscribió el 19 de enero de 2021 con Plus Ultra un contrato para percibir una comisión del 1% del rescate, es decir, 530.000 euros. Una semana después de la firma del contrato ya se inician gestiones para crear Landside. La inexistencia de cobros en España es un indicio para poner en alerta la instrumentalidad de dicha off-shore. Más aún porque esa cifra es muy similar a la acumulada que cobró Zapatero vía Análisis Relevante S.L. durante varios años. Todo esto fue descubierto gracias a la intervención de la UDEF. Además, el juez ordenó bloquear las cuentas bancarias de la familia como medida provisional ordinaria para garantizar la eventual responsabilidad.

También se reveló que Zapatero habría usado un piso propiedad del PSOE y situado en la propia calle Ferraz. La UDEF lo sitúa como el centro de coordinación, de instrucciones y operaciones financieras, societarias y documentales. Cualquier entidad que quisiera comprar petróleo, gas o minerales en Venezuela tendría que pasar por el trámite de este centro. Dicho despacho fue investigado bajo autorización de la Audiencia Nacional, del mismo modo que la oficina de la empresa de sus hijas incautándose ordenadores, carpetas y otros documentos. Como secretaria operaba Gertrudis Alcázar, que se considera pieza operativa esencial al llevar la gestión del correo electrónico mediante el que se realizaban las comunicaciones con el leit motiv de dar soporte documental ficticio. La misma se negó inicialmente a abrir una caja fuerte en la que se encontraron joyas de presumible alto valor y que se investiga si podrían ser objeto de un regalo en especie. Pero no menos significativo ha sido descubrir dos ordenadores con acceso a la red local del PSOE vía VPN. Sí, Zapatero y secretaria tenían línea directa con la base de datos del partido principal del Gobierno de España y sin ser ni cargo orgánico. Esto da una idea del poder que el ex presidente ostentaría.

Por último, se están destapando posibles actividades ilegales que no guardarían relación con las aerolíneas pero sí con el país más beneficiado por la compra ilegal de petróleo a Venezuela. Según El Confidencial, Zapatero creó en 2022 un gabinete prochino, Gate Center, con la ayuda económica del empresario Fangyon Du que fuera investigado por el CNI por presunto espionaje. De hecho, ese lobby habría ingresado más de un millón de euros a Zapatero y a sus hijas. Pero es que, además, la constructora Aldesa representada por el mencionado chino recibió contratos públicos por importe de 95 millones de euros destacando uno de 47 con ADIF y que conecta directamente con el caso Koldo y Ana Pardo de Vera. También se localizaron dos contratos de Whathefav con Huawei, con el misterioso nombre de uno de ellos como "oro azul", que hace referencia al coltán. Y lo que no es menos importante, Zapatero liquidó dos empresas pocos días antes de la investigación a Plus Ultra situadas en el mismo edificio donde había registrado su lobby.

Imputaciones de Zapatero

Los informes de la UDEF que constan en el sumario contienen múltiples indicios en comunicaciones de la trama que apuntan al protagonismo de Zapatero como parte activa y decisiva en aquélla, no como un simple engranaje, por lo que el Juez Calama le investiga por los siguientes delitos. Recapitulemos:

Tráfico de influencias. Se investiga si Zapatero habría mediado o presionado, directa o indirectamente, para facilitar el rescate público de Plus Ultra aprovechando su peso político, sus relaciones institucionales y su influencia sobre altos cargos o entornos gubernamentales. La sospecha no es sólo “aconsejar”, sino haber intervenido para obtener un trato favorable a cambio de beneficios económicos posteriores. En este punto llaman especialmente la atención las conversaciones entre Julio Martínez Sola y Rodolfo Reyes, que constan en el auto del juez al igual que una carta de Plus Ultra sobre la mediación para un préstamo con el Banco Santander. Tanto unas como otra mencionan a Zapatero y sugieren una colaboración más que estrecha con la aerolínea. Es más, habría conseguido seis vuelos Madrid-Caracas autorizados por Delcy Rodríguez antes del rescate y así crear apariencia de actividad. Por lo que afecta a Reyes, actual presidente de Plus Ultra, se emitió el 25 de mayo orden internacional de arresto.

Blanqueo de capitales. Zapatero habría estado estado moviendo fondos por varios países con la ayuda de diversas sociedades pantalla y testaferros, que según los informes de la ONIF del Ministerio de Hacienda (oficina nacional de investigación del fraude) podrían haber cometido fraude fiscal por un descuadre entre lo percibido en las cuentas y el volumen neto de negocios a cuenta del Impuesto de Sociedades. Ese dinero atribuido tendría su origen en presuntas comisiones ilegales por labores de "intermediación" y "consultoría". Posteriormente, esos ingresos irregulares serían trasvasados a mercantiles instrumentales mediante operaciones comerciales simuladas para reintroducir dichos fondos en el circuito monetario. Además, según el sumario, la UDEF encontró bolsas escondidas con más de 286.000 euros en efectivo en casa de Julio Martínez Martínez e igualmente entiende que la trama conectaría con la explotación de minas de oro y níquel de Venezuela, por unas conversaciones del anterior con unos empresarios. Este delito estaría estrechamente relacionado con los dos siguientes.

Falsedad documental. Aquí la sospecha es que existirían facturas, contratos de consultoría o documentos mercantiles utilizados para justificar pagos que no reflejarían servicios reales o se habrían elaborado para dar apariencia legal a los movimientos de dinero. Es más, sociedades de la trama habrían emitido documentación ficticia o inflada para encubrir comisiones. La UDEF entiende que, aparte del despacho, su propia residencia pudo ser base de las operaciones más sensibles y que la empresa de las hijas de Zapatero habría confeccionado facturación falsa destinada a dar apariencia legal a los movimientos financieros.

Pertenencia a organización criminal. Este es probablemente el delito más grave desde el punto de vista político. La Audiencia Nacional investiga una presunta estructura estable y coordinada (formada por empresarios, intermediarios y personas con influencia política), jerarquizada, con varias ramificaciones internacionales (Venezuela, China, EEUU, Emiratos Árabes Unidos) y dedicada a obtener beneficios ilícitos. No sólo entraban en juego contratos públicos y ayudas, sino también acceso a información privilegiada y compra de petróleo venezolano disfrazado con etiquetas de otros países como Malasia y refinado en República Dominicana. Y todo ello mediante movimientos financieros opacos. El rastreo del dinero permite a la UDEF detectar en España un esquema utilizado por el empresario Carlos Parra Delgado que replica y conecta con los canales de triangulación comercial internacional que originalmente diseñó la red de Alex Saab, testaferro de Maduro. Sin embargo, lo que aprecia el auto judicial es que sería Zapatero quién habría liderado (página 59) el funcionamiento de esa red consciente de lavado de dinero y no simplemente haber realizado actos aislados.

Consideraciones

La trascendencia institucional es enorme porque es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno español resulta formalmente investigado en una causa de corrupción de esta magnitud. Además, este caso conecta indirectamente con otras investigaciones que han erosionado al entorno del Gobierno y del PSOE en los últimos años, como son las derivadas del llamado Caso Koldo y el Caso Mascarillas, de cuya instrucción y juicio oral hablamos en este mismo blog.

No sólo es importante recoger indicios y pruebas de qué hacía la red y especialmente la persona de Zapatero para que aquella funcionase, sino también en relación a qué hacía para que no se supiera lo que estaba operando (borrado de mensajes, lenguaje en clave, alterar contratos, reuniones secretas...) y no sólo documentación falsa.

Venezuela ha sufrido años de corrupción sistemática y especialmente en los años del Madurismo. No le bastó a los gerifaltes con desviar dinero público sino que empeñaron su oro en busca de financiación y poder sortear sanciones de EEUU y la UE. Y Zapatero podría haber ejercido un papel clave que explicaría su actitud de blanquear hasta el más que evidente fraude electoral de 2024. Además, reforzaría las declaraciones del pollo Carvajal sobre su mina de oro o las de Koldo García a Eduardo Inda. Si todo esto se probase, más allá de lo relativo a Plus Ultra, la figura del ex presidente de la ceja sería mucho más siniestra y alargada de lo que jamás se ha creído.

Será imperiosa una investigación adicional (no sólo con su próxima declaración del 17 y 18 de junio) que profundice aún más un entramado terriblemente complejo. Y eso puede llevar años, dado el atasco de la Audiencia Nacional que ahora está con la vista oral de la Kitchen. Con todo, lo recopilado y publicado hasta ahora es tan extenso, documentado y justificado como sospechosos los movimientos que habría ejercido la red. Y muy especialmente los de Zapatero y las comunicaciones que, sin que él ejerza expresamente un "esta boca es mía", parece confluir todo en él. El aplazamiento evita el momento más esperado pero prolonga durante quince días más un goteo informativo que mantiene el caso en el centro del debate político.

Mientras tanto, asistimos a cómo los voceros de la opinión sincronizada se dedican a minimizar la envergadura de este caso. Tal vez no ya por Sánchez, sino porque afecte a su referencia nostálgica de oposición a Aznar. Sin embargo, no todos se mantienen en el negacionismo o los bulos como la propagandística línea editorial de TVE, el brazo mediático más poderoso de Moncloa. Otros ya empiezan a desmarcarse, como en el otro brazo no tan desacomplejado que es la Sexta. Y es que llega a un punto tal que hay situaciones que si no consideran indefendibles del todo, al menos procedería darse el beneficio de la duda. Tener un poco de autocrítica y razonar algo.

Seguiremos hablando más aún de corrupción este mes y el siguiente. Y no sólo Sanchista.

** Actualizaciones**

En términos prácticos, la principal novedad producida tras la publicación inicial del artículo no ha sido la comparecencia de Zapatero, sino la ampliación objetiva de la investigación. El peritaje judicial de las joyas realizado por la prestigiosa joyería Ansorena y que ha estimado un valor total de 1.300.000 euros, así como la posterior apertura de una pieza separada por presunto contrabando y fraude fiscal introducen una nueva dimensión patrimonial y tributaria en la causa. 

Al ser bienes de alto valor, por una parte Zapatero necesitaría aclarar si entraron en España sin la correspondiente declaración aduanera o incumpliendo obligaciones legales de importación. Inicialmente, antes de que se conociera el peritaje, se limitó a aludir públicamente que correspondían a una herencia familiar. El problema no sería poseer joyas caras, sino su posible introducción irregular y la ocultación de su procedencia. Además, Hacienda necesitaría conocer si las adquisiciones son compatibles con los ingresos y el patrimonio oficialmente conocidos. Así que sería preciso acreditar no ya el origen sino también el momento de su percepción, con el objetivo de determinar si esas joyas pudieran estar relacionadas o no con los movimientos financieros investigados por la Audiencia Nacional. Según publica The Objective, Zapatero estaría contactando con países árabes para tratar de imputar la adquisición de las joyas como regalos efectuados en su época de Presidente, en época en que ya habría prescrito los dos presuntos delitos y además cortaría la trazabilidad con el caso Plus Ultra.

Por el contrario, la declaración del expresidente no ha arrojado importantes novedades. Negó categóricamente cualquier intervención en el rescate de Plus Ultra, así como la existencia de estructuras societarias destinadas a canalizar pagos o comisiones. También anunció una autorización para que se le investigue todo su patrimonio asegurando que no dispone de nada fuera de España. Por lo que afecta a las joyas, se acogió a su derecho a no declarar. En resumen, su intervención no aportó elementos que cuestionasen ni las hipótesis de investigación manejadas por la UDEF y la Fiscalía ni los delitos por los que está imputado. Y es algo que precisamente el Juez Calama ha confirmado, en el sentido de que no ha desvirtuado los indicios racionales de criminalidad. Pese a ello, no dictó medidas cautelares aduciendo dos motivos: que la notoriedad pública del ex Presidente limita el riesgo de fuga y que no existe riesgo de destrucción de pruebas al conservar lo más relevante.

Por último, la secuencia de acontecimientos con el aplazamiento inicialmente solicitado y concedido, el posterior intento de retrasar nuevamente la comparecencia, los supuestos contactos con países árabes y una declaración centrada en negar las acusaciones sin aportar explicaciones sugiere que Zapatero necesita todavía desarrollar su estrategia ante la compleja situación penal que le cerca.