Cuba 2026: entre el colapso económico y la presión geopolítica

Este año comenzó con la sorpresa de la captura del dictador Maduro de Venezuela por parte de EEUU amparándose en la aplicación extraterritorial de la Ley por presunta implicación en narcoterrorismo. Fue un movimiento que no era del todo impensable, pero llegó en un momento en que nadie lo auguraba. Seguidamente - sin perjuicio del conflicto con Irán - Donald Trump ha fijado el punto de mira en el último reducto del comunismo en el continente americano: Cuba. Es más, precisamente la sensación es que esta isla es una pieza del dominó que, para tumbarla, era necesario derribar antes la ficha de Venezuela. Y, si bien es cierto que a Cuba le rodean otras naciones en su ecosistema aliado, el análisis que hoy presento dibuja un escenario de acorralamiento absoluto. Expondré en primer lugar los distintos factores y variables que han estado influyendo en la situación económica, energética y social actual de Cuba, para después comentar y analizar las negociaciones abiertas y la escalada de tensión que ha ido creciendo durante este mes de mayo. 

Factores estructurales internos: la gestión de la dictadura

En este punto hay que referirse a la gestión política y económica que opera a largo plazo y condiciona todo lo demás. Ante todo, la rigidez institucional propia de una dictadura de más de 65 años impide poder realizar reformas profundas. El modelo económico cubano es el comunista de toda la vida, el de planificación centralizada por el Estado. Controla sectores clave a través de su nacionalización desde 1960. Sin embargo, lo hace a costa de una baja productividad y escasos incentivos a la eficiencia, aparte de controles de precios y salarios que distorsionan la economía. La sensación generalizada en Cuba es la de escasez y con un peso cubano tan devaluado que se halla en mínimos históricos. Se asiste a falta de alimentos, medicinas y productos básicos con desabastecimiento en tiendas, de acceso a agua potable por su dependencia de la electricidad, transporte público limitado e incluso basura acumulada por falta de combustible. Además, sus prioridades de inversión están desequilibradas, pues se han centrado en el turismo dirigido a través de GAESA por las Fuerzas armadas revolucionarias de Cuba mientras que sus infraestructuras básicas (petroleras, red eléctrica, etc.) están muy descuidadas. Además, existieron limitadas aperturas al sector privado contribuyendo a una economía muy poco resiliente a la eficiencia. Por si fuera poco, no sólo la economía es intervenida por el Estado, sino que también aplica controles a la libertad de expresión vigilando a creadores de contenido. Y es que no estamos hablando de un sistema populista sin más, sino de un Estado totalitario.

Factores coyunturales recientes

También existen variables recientes que han acelerado drásticamente la crisis. En primer lugar, está la emigración masiva de personas que, en este escenario de frustración y desesperanza, han huido de la dictadura con expectativas de desarrollar tanto su carrera profesional como su vida personal en países democráticos. Esto por lo tanto ha generado una fuga de talento importante, como por ejemplo en sus médicos y en general de población activa. Segundo, la crisis energética ya se generó tiempo atrás por motivo de una infraestructura obsoleta que no produce ni la mitad de lo que el país necesita y una lamentable gestión política de las mismas, sucediendo apagones generalizados con demasiada frecuencia. Tercero, la pandemia de Covid-19 provocó en lógica incontestable una caída del turismo del que dependía tanto la isla, generando un descenso brusco de divisas y redundando en un descenso acumulado del PIB del 15% desde 2020. Este año, la crisis de Venezuela y el arresto de Maduro les ha reducido aún más el suministro de petróleo y han perdido otro apoyo económico incondicional. Además, recientemente el México de Sheinbaum ha cortado también el chorro argumentando que para petróleo ya está Rusia y sólo aportará ayuda social humanitaria.

Factores externos: dependencia histórica de la URSS

La dependencia externa es un factor crítico y clave para entender por qué Cuba ha sido tan vulnerable. Hasta 1991, disponía de un apoyo masivo de la Unión Soviética como ancla económica con comercio preferencial en pilares como el azúcar y el petróleo e incluso subsidios indirectos. La URSS compraba azúcar cubano a precios superiores al mercado mundial y suministraba petróleo a precios inferiores, reexportando incluso Cuba a países occidentales. Además, concedía préstamos con bajos tipos de interés que en muchas ocasiones eran refinanciados o condonados y suministró gran cantidad de equipos militares y aviones. La localización estratégica de Cuba y su cercanía con el gran enemigo EEUU era absoluta prioridad y sobre todo durante la Guerra Fría y los años ochenta. Sin embargo, tras la caída del principal socio comunista de Cuba se marca un punto de inflexión. La Rusia actual no tiene nada que ver con la anterior URSS, pues su apoyo es más limitado y puntual con líneas de crédito pero sin subsidios estructurales. En marzo y abril Rusia ha estado enviando petroleros tras reuniones con gerifaltes cubanos y con el silencio de Donald Trump. Probablemente éste lo viera lógico y deseable porque tampoco le interesaría al mandatario estadounidense que Cuba terminase de colapsar y hundir del todo. Pero eso sí, en mayo parece ser que el suministro empezó a escasear provocando problemas y la postura rusa habría pasado a ser la misma que la mexicana.

Factores externos: bloqueo comercial de EEUU

Desde la izquierda se ha machacado mucho con el "bloqueo comercial" de EEUU para reducir todo lo que está pasando en Cuba al "malvado enemigo yankee". Lo que se impone desde allí no es por sí un bloqueo, sino un embargo comercial que, no obstante, recibió un nuevo rechazo abrumador en 2024 por parte de la Asamblea General Naciones Unidas. Este polémico embargo comenzó a aplicarse desde 1962 con J.F. Keneddy y sólo se asistió durante unos meses a un efectivo bloque naval con motivo de la crisis de los misiles cubanos. Por una parte, se trata de que el comercio con el país del Tío Sam está restringido, dado que sólo se exportan desde allí medicinas y algunos alimentos. EEUU no ha enviado buques ni ha intervenido para evitar que lleguen alimentos. Por otra parte, los norteamericanos establecen sanciones con efectos extraterritoriales, es decir, a terceros países por comerciar con Cuba como arma disuasoria. Estas acciones traen como efectos la dificultad de acceso a financiación internacional, costes más altos de importación más allá de sus socios preferentes y consecuentemente menor inversión extranjera. Por consiguiente, toda relación comercial con Cuba ha sido más cara que con otros países. ¿El motivo para esto? Ya lo hemos dicho en el anterior párrafo: puramente geopolítico, por la estrecha amistad histórica con los rusos que habían sido siempre el principal rival y su situación geográfica estratégica, representando desde la Guerra Fría una hipotética amenaza tanto económica como militar a EEUU. Por lo tanto, el impacto del bloqueo es comercial, financiero y reputacional. No obstante, esto no aísla completamente a Cuba pese a que constituya un factor agravante limite de forma significativa su integración económica. Se flexibilizó parcialmente durante los años de gobierno de Barack Obama y se endureció con los de Bill Clinton y sobre todo Donald Trump.

Apertura de negociaciones entre EEUU y Cuba

Las conversaciones no se abrieron en un escenario de distensión, sino más bien lo contrario. Se insertan en una estrategia de máxima presión impulsada por Donald Trump, con endurecimiento de sanciones e importante limitación de suministro de petróleo. Por tanto, las negociaciones partieron de un claro desequilibrio en una situación de urgencia y de asfixia económica de la isla con apagones masivos y paralización económica. Realmente no sabemos casi nada de estas negociaciones, caracterizadas por un alto nivel de opacidad por llevarse en canales diplomáticos discretos y la falta de publicidad de ambas partes. De hecho, a día de hoy son básicamente contactos exploratorios. 

EEUU, por su parte, con Marco Rubio como intermediario, planteó en un primer momento un alivio de sanciones, apertura económica parcial con exportación de combustible y apoyo al sector privado cubano. La contrapartida era cambios políticos significativos con respecto a derechos civiles y un posible relevo del liderazgo actual, con vistas a un eventual cambio de régimen con elecciones libres y pluralismo político como objetivo final. Pero el gobierno de Díaz-Canel, con un nieto de los Castro como interlocutor, ha mantenido como líneas rojas precisamente el sistema político y su propia continuidad, limitando la negociación a aspectos económicos. Por tanto, los obstáculos son tanto las posiciones contradictorias como la desconfianza histórica por largas décadas de conflicto. Al menos, sí se hizo público que en acuerdo con El Vaticano se había liberado a más de una veintena de presos y se esperaba llegar a cincuenta próximas semanas. Tal vez se tratase de un gesto para ganar cierto margen diplomático, pero no se preveía que pudiera existir ningún tipo de amnistía general.

Según el historiador cubano Rafael Rojas, las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos no apuntan necesariamente a una transición política, sino más bien a la posibilidad de un “capitalismo sin cambio de régimen”, es decir, una apertura económica limitada manteniendo intacto el sistema político. En este contexto, las concesiones previsibles (reformas parciales, liberaciones graduales de presos...) responderían más a una estrategia de adaptación del régimen ante la presión externa y la crisis interna que a un proceso de democratización. Esto sugiere que el embargo y las sanciones, aunque influyen en la dinámica negociadora, no están provocando por sí solos un cambio estructural del sistema cubano.

Escalada de presión y tensión sin romperse el diálogo

Las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos en mayo representaron un endurecimiento significativo del embargo, al extenderse a cualquier empresa o individuo e incluso actores extranjeros que operasen en sectores clave de la economía cubana y dispusieran de activos en EEUU. Estas medidas buscaban cortar las principales fuentes de divisas del país mediante el bloqueo de activos, restricciones financieras y sanciones extraterritoriales. La consecuencia es que aumenta el coste y el riesgo de cualquier relación económica externa con la isla. Pero no se quedaron en entidades, sino que se ampliaron a personas físicas como varios funcionarios del régimen con nombre y apellidos.

La tensión aumentó más añadiéndose varios eventos. Primero, que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían realizado al menos 25 vuelos de inteligencia y vigilancia cerca de la isla desde febrero. Aunque Washington no ha planteado públicamente una intervención militar y estas operaciones pueden responder a tareas rutinarias de reconocimiento estratégico, algunos analistas señalan que el patrón recuerda a despliegues previos sobre Venezuela o Irán. Segundo, existen sospechas de que Cuba habría adquirido drones militares con apoyo de Irán y Rusia con intención de atacar objetivos como Guantánamo ó la isla de Key West en Florida. Y tercero lo más relevante: EEUU a través del departamento de Justicia confirmó ayer 20 de mayo la imputación por homicidio del nonagenario Raúl Castro por un caso de derribo mortal de dos avionetas de exiliados en 1996, del que constan audios. Más allá de sus posibles efectos judiciales prácticos, difíciles de materializar, esta imputación tiene un enorme valor político y simbólico, al apuntar directamente al núcleo fundador del castrismo.

Pese a la situación de presión extrema el canal diplomático sigue abierto. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó oficialmente a la Habana hace una semana y se reunió con responsables de la inteligencia cubana y del castrismo. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio hizo una comparecencia pública. Más allá de las sanciones económicas, Rubio planteó abiertamente una “nueva vía” basada en elecciones libres, apertura económica y, especialmente, en el desmantelamiento del poder económico de las Fuerzas Armadas y del conglomerado GAESA, que controla buena parte de la economía cubana. 

Conclusiones

La situación que atraviesa Cuba en 2026 ha superado ya el marco de una simple crisis económica coyuntural. Diversos estudios académicos independientes han cuestionado además la idea de que el embargo estadounidense explique por sí solo el deterioro económico de la isla, señalando que buena parte de los problemas responden también a factores internos como la planificación centralizada, la falta de incentivos productivos, la opacidad institucional y la excesiva concentración militar de sectores estratégicos de la economía.

El conglomerado GAESA controlado por las Fuerzas Armadas ha acumulado durante años buena parte del control sobre el turismo, las divisas y las principales inversiones estratégicas del país. Sin embargo, el hundimiento del turismo internacional tras la pandemia, agravado por los apagones, la precariedad de infraestructuras y la creciente percepción de deterioro general, ha golpeado precisamente uno de los pilares financieros fundamentales del régimen.

A esta crisis interna se suma además un entorno internacional cada vez más hostil, no ya por el alejamiento de sus aliados tradicionales. La llegada de la nueva Administración Trump ha supuesto un endurecimiento progresivo de las sanciones financieras y energéticas, así como un incremento muy notable de la presión diplomática y estratégica sobre La Habana. Las recientes acusaciones relacionadas con cooperación militar con Irán y Rusia, los vuelos de inteligencia estadounidenses, las nuevas restricciones económicas y la imputación judicial de Raúl Castro muestran que la relación bilateral ha entrado en una fase de confrontación mucho más profunda que en años anteriores.

Sin embargo, la situación también presenta una aparente paradoja. Mientras Washington incrementa la presión, continúan existiendo canales de negociación y comunicación de alto nivel, como demuestra la reciente visita del director de la CIA a La Habana. Todo ello sugiere que Estados Unidos no estaría buscando únicamente aislar económicamente al régimen cubano, sino forzar una reconfiguración gradual de sus estructuras políticas, económicas y militares desde una posición de máxima presión.

En definitiva, la crisis cubana de 2026 parece el resultado de la convergencia de múltiples factores: debilidades estructurales acumuladas durante décadas, dependencia extrema del turismo y de las divisas externas, deterioro energético y productivo, éxodo migratorio masivo, desaparición del apoyo soviético primero y de la ayuda venezolana después, sanciones estadounidenses y creciente tensión geopolítica internacional. La gran incógnita ahora es si el sistema cubano será capaz de claudicar, adaptarse y reformarse antes de que el deterioro económico y social alcance niveles irreversibles. Porque, a diferencia de otras etapas anteriores, la actual crisis ya no afecta únicamente a la economía: afecta también a la legitimidad, la estabilidad y la propia capacidad de supervivencia del modelo político surgido de la Revolución Cubana.

Elecciones en Andalucía 2026: más participación, más proporcionalidad

Ayer se celebraron las elecciones andaluzas de 2026, que en diferencia con las anteriores autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla León no se vio afectada en su calendario habitual que siempre ha sido separado de las regiones del artículo 143 de la CE (de régimen común). En las últimas que se celebraron en 2022, Juan Manuel Moreno Bonilla obtuvo una arrolladora mayoría absoluta duplicando los votos y acaparando 58 diputados de 109. Había conseguido simple y llanamente los mejores resultados de la historia del PP en Andalucía. La subida de 32 diputados nuevos absorbió mucho más votos que los que dejó Ciudadanos que pasó de 21 a cero mientras que el PSOE bajó de 33 a 30. Vox, con Macarena Olona, subió de 12 a 14 y las escisiones de la marca de Podemos salieron perdiendo con 5 diputados para Por Andalucía y 2 para la marca Adelante de Teresa Rodríguez, desapareciendo 10 escaños por el camino. En definitiva, los andaluces validaron en las urnas una gestión de gobierno mientras que los socialistas amortiguaron la fuga de votos al PP gracias a que capturó a buena parte del electorado de Podemos.

Contexto preelectoral y encuestas

En los presentes comicios de 2026, Juanma Moreno aspiraba a mantener la mayoría absoluta y no depender de Vox. Los de Abascal presentaron a Manuel Gavira, portavoz del grupo parlamentario y secretario de la mesa del parlamento andaluz y su propósito era justo lo que no quería el PP: romper la mayoría para que tuviese que pactar y, según el resultado, poder exigir al menos la participación en una Consejería. La media de las encuestas publicadas apuntaba a que la continuidad de la mayoría absoluta era posible, al situarse justo en los 55 diputados. Sin embargo, al mismo tiempo muy ajustada como para confiarse. A ese respecto, Vox hizo unas declaraciones en campaña que considero desafortunadas al deslizar que votaría NO en una investidura de Moreno Bonilla. Las perspectivas en las encuestas eran que podía aumentar un escaño más, pero la comunicación de sus mensajes podía ser clave. En esta guerra, Juanma Moreno únicamente comentó que la decisión de gobernar o no en coalición dependía del electorado andaluz, trasladándole esa decisión poco cómoda para él pero de forma inteligente.

En la oposición, el PSOE volvió a jugar la arriesgada carta de recurrir a una ministra como en Aragón, si bien en este caso se trató de una figura con una popularidad mucho más baja que la de Pilar Alegría. Esta última, en Aragón, ya se enfrentó al recuerdo de haber sido portavoz de un Gobierno que causa más rechazo que nunca a la derecha de su posición, que cada vez es más amplia. Sin embargo, María Jesús Montero estaba un plano muy superior de crítica al haber sido Ministra de Hacienda. Fue protagonista de que no se hayan aprobado Presupuestos Generales del Estado, así como de subidas de impuestos y cotizaciones en un escenario de inflación y pérdida de poder adquisitivo para trabajadores y autónomos. Con el incremento percibido de descontento en esas clases sociales, podría valorarse que la mochila de su gestión ahondaría en la herida de un PSOE andaluz hecho trizas. Y es que todavía había sitio para más, pues se hizo público que el Tribunal de Cuentas detectó que se habían desviado 10.000 millones de euros de fondos europeos a pagar pensiones públicas. El postre de despropósitos en plena campaña fue calificar la muerte dos guardias civiles en Huelva una operación contra los narcos de "accidente laboral". Con todo esto, los socialistas perderían "sólo" 2 diputados más.

En cuanto a la izquierda alternativa, la coalición en la que se unieron Podemos, IU y Sumar volvió a probar suerte (PA) con Antonio Maíllo y con el objetivo de como mínimo de sobrevivir en un escenario en el que este espectro está en claro retroceso. Por una parte, podía ser un termómetro de qué perspectivas tendría la plataforma impulsada por Gabriel Rufián. En otro plano estaba Adelante, que renovó la cara principal retirándose Teresa Rodríguez y colocando a José Ignacio García, funcionario y psicólogo gaditano que formó parte de Podemos desde sus inicios en esta comunidad autónoma. Las encuestas apuntaban a que la segunda candidatura tendría más opciones de recoger el voto socialista más a la izquierda y logrando empatar con sus competidores más cercanos, tal vez por la crisis de credibilidad de Sumar y Podemos a nivel nacional.

En cuanto a SALF se presentó Adrián Yacar, policía nacional en excedencia. El sevillano Alvise exigió para no presentarse que PP y Vox le hicieran caso en 5 condiciones: reforma electoral, cierre de chiringuitos, fin sobresueldos a diputados, medida para solucionar la crisis de la vivienda y fin de las guerras, dando a entender que no se le diese ni un euro más a Ucrania ni se colaborase con la OTAN para defender a los países árabes de la teocracia criminal de Irán. Nada más empezar la campaña se hicieron públicas en cascada varias noticias negativas y polémicas de Alvise como la mala relación con su padre que desearía que metieran en la cárcel a su hijo, una denuncia por amenazas del Alcalde de Algeciras y la más importante, la retirada de su inmunidad parlamentaria por motivo de investigaciones por presunta financiación ilegal. Pese a todos estos líos, ¿conseguiría colarse por fin?

Finalmente, Ciudadanos no se presentó. En realidad, para sorpresa de nadie.

Resultados electorales y claves de la noche

El PP de Moreno Bonilla, tal y como era esperado, resultó ser la candidatura más votada. Sin embargo, no alcanzó la mayoría absoluta y perdió hasta 5 diputados a pesar de que aumentó sus votos en cerca de 150.000. ¿El motivo? el incremento de la participación electoral, que subió más de un 7,5% pasando de un 44,51% a un 52,16% y que en mayor medida se destinó a otras candidaturas. De esa manera, por mero efecto de la fórmula electoral, la proporción de los otros partidos y especialmente de Adelante Andalucía le hizo perder al PP la mayoría absoluta quedando en 53 diputados, es decir, a dos de la misma. Con estos datos, la pérdida no puede asumirla el PP como decepción sino más bien enfocarla como un punto de superioridad respecto a su principal socio, aparte de una continuidad electoral que deja a los socialistas casi un 50%. Y realmente esa es la foto que a nivel nacional le importa a los populares.

El PSOE de María Jesús Montero, sorprendentemente, también subió en votos conquistando 50.000 más pero perdió los dos diputados que le estimaban las encuestas por el mismo motivo antes señalado. En tal escenario, haber horadado aún más en el suelo electoral histórico del socialismo, no es del todo un fracaso rotundo. Por una parte, no cabe duda de que ha puesto de manifiesto su debilidad para concentrar el voto de la izquierda al no haber sido capaz de arañar voto de las otras dos candidaturas y, además, perder la batalla de la movilización. Por tanto, es un mal resultado pero, en un momento en que los socialistas están más preocupados de mantener Moncloa que de recuperar autonomías que tienen más que perdidas, que aumente algo el bloque de la izquierda les consuela en su estancamiento propio. Es más, pese a todas las barrabasadas que están cometiendo a nivel nacional, por más que sigan revelándose corruptelas, los socialistas siguen manteniendo un bloque incondicional que los va a seguir apoyando y eso es así en Andalucía, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en toda España.

Vox ha experimentado un resultado con sabor entre dulce y amargo. Por una parte, se ha roto la mayoría absoluta del PP en Andalucía, lo que obliga a éste a tener que buscar sus apoyos. Por otra parte, los propios de Abascal tan sólo han sido capaces de incrementar sus votos en unos 80.000 logrando un diputado más (15) necesitando Moreno tan sólo dos apoyos más para ser investido. Es un escenario que, realmente, no dibuja un poder importante de Vox que con arreglo a las declaraciones de campaña no merecería ejercer ningún poder en ninguna Consejería. Así que si Vox cumpliera con su amenaza de votar "no" a la investidura de Moreno, esa pataleta tan sólo le conduciría a nuevas crisis internas que, a día de hoy, aún no habrían ejercido influencia en su electorado actual. Personalmente, si fuese simpatizante de Vox no estaría muy contento e invitaría a una autocrítica. Es lo que sugiere, por ejemplo, el creador de contenido David Santos.

A la izquierda del PSOE, el gran ganador ha sido Adelante. Estamos hablando de una lista que ha pasado de un 4,58% a un 9,62% de los votos, subiendo más de 230.000 votos (tenía 169.000 en 2022) y pasando de sólo dos escaños a ocho. Personalmente intuyo que esa subida se explica en haber capitalizado la movilización electoral y haber pescado buena parte de ese voto en la abstención y nuevos votantes. Como hemos visto, PP, PSOE y Vox han subido, pero el incremento de Adelante ha sido espectacular. ¿Los motivos concretos? Era la primera vez que se renovaba el liderazgo tras dejarlo Teresa Rodríguez (que reveló ayer que padece un cáncer y pasa quimioterapia) y los mensajes transmitidos podrían tener un cariz más transversal y renovador para una cierta parte de los andaluces más descontentos. Entre ellos, los más cercanos al andalucismo que en otra época era más de centro derecha. Además, la crisis de imagen y liderazgo a nivel nacional de los partidos Sumar y Podemos que integraron la coalición de Por Andalucía (y que perdieron 20.000 votos) les ha favorecido vencer en ese duelo de la izquierda alternativa. Así que en términos comparativos este efecto se parece más a Aragón con la Chunta que Extremadura o Castilla León. Ahora bien, no es ni mucho menos mal resultado continuar con 5 diputados pese a la fuga de votos, seguramente en dirección a PSOE y Adelante.

Por último, SALF consiguió más de 105.000 votos que no han servido prácticamente para nada. O sí, para evitar que Vox o el PP capturase algún diputado más. Ni siendo de Sevilla ha conseguido Alvise obtener representación, demostrando que es perfectamente compatible conquistar 800.000 votos en unas Europeas con circunscripción única y no comerse un "torrao" (por no emplear otra palabra) con elecciones en provincias. ¿Se acabó ya la fiesta o todavía seguirá bailando con las luces encendidas?

El futuro político de Andalucía y sus retos

En atención al programa electoral del PP, la legislatura 2026-2030 se centraría en Economía en una vía liberal con bajada de impuestos, simplificación administrativa y captación de inversiones. El objetivo de Moreno Bonilla es convertir a Andalucía, una región tradicionalmente agrícola (ocupa un 40% del VAB), en líder en sectores estratégicos como el turismo, la industria e incluso las energías renovables. Pese a ello, choca con Vox en que este último propone rebajas fiscales mucho más fuertes no ya en el IRPF sino también suprimiendo impuestos autonómicos. También se promete un enfoque liberal en Vivienda sin intervenir de forma significativa el mercado inmobiliario sino facilitándole el camino: liberalizar suelo, agilizar licencias y fomentar la colaboración entre sector público y empresas para incrementar la oferta de vivienda pública asequible. Igualmente, es importante agilizar la burocracia y atender especialmente a colectivos como jóvenes y familias. Vox coincide en todo salvo en su lema propio de "prioridad nacional" para acceder a ayudas y vivienda protegida. Sin embargo, sólo puede equipararse al "arraigo" en el que caben españoles de origen, nacionalizados y extranjeros con residencia establecida de varios años. Por tanto, quedaría fuera un murciano que lleve poco tiempo.

En Sanidad, lo que todo el mundo espera es (valga la redundancia) reducir las listas de espera de operaciones quirúrgicas con más profesionales, reforzando plantillas y reorganizando el Servicio de Salud. También prometió ampliar horarios en atención primaria, invertir en tecnología sanitaria y mejorar las infraestructuras. Vox coincide en muy buena parte, añadiendo la necesidad de aumentar las camas en los hospitales. En la otra gran política pública, en Educación, el PP apuesta por el refuerzo de la Formación Profesional y educación especial así como de la digitalización, limitándose por lo demás a respetar la libertad de elección de centro y apoyo a la enseñanza concertada. Vox es más ideológico a este respecto, señalando particularmente su rechazo al "adoctrinamiento ideológico" en las aulas.

En Medio Ambiente, el programa del PP cree importante para combatir la escasez de agua el modernizar regadíos, reforzar infraestructuras hidráulicas y avanzar en energías renovables. A este respecto, la más eficiente y que podría ahorrar más es la eólica. Por su parte, Vox es partidario de la soberanía energética frente a la Agenda 2030 y de mantener un mix energético en el que la energía nuclear sea protegida y las renovables no choquen con la agricultura y ganadería.

Finalmente, sólo queda que Vox sea consecuente con su posición y no pretenda jugar al ajedrez contra Moreno Bonilla pues, como valoro, tendría todas las opciones para salir perdiendo si lo hace.

UCAM sin CEMOP: el apagón demoscópico en la Región de Murcia

Hacía mucho tiempo que no dedicaba un post al análisis de encuestas, pero llegado el momento han sucedido varios imprevistos. En primer lugar, antes de entrar en materia, quería transmitir mi pésame por el fallecimiento el pasado domingo 10 de mayo del Alcalde de Murcia D. José Ballesta Germán y que  previamente fue rector de la Universidad de Murcia entre 1998-2006. Este suceso ha conmocionado la vida pública no ya en la ciudad sino en la Región al tratarse de un mandatario que se encontraba aún en el ejercicio de su cargo, pero lamentablemente no pudo superar el cáncer que sufría. Descanse en paz. 

En segundo lugar, tenía pensado publicar un (a mi juicio) interesante artículo comparando los resultados de los barómetros de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública, CEMOP (UMU) sobre diversas variables de actitudes políticas y sociales de los ciudadanos de la Región de Murcia. Sin embargo, cuando tenía preparado el de la UCAM y estaba a la espera del realizado por el Departamento de Ciencia Política de la UMU, se hizo pública hace varios días una sorprendente noticia. Los resultados de dicha encuesta en la que yo mismo participé no se iban a publicar.

Qué ha sucedido con el CEMOP

El CEMOP ha venido elaborando desde el año 2000 un completo barómetro y algo más complejo metodológicamente (como veremos más adelante) que el de la UCAM. Aparte de las mismas variables de intención de voto y líderes, consultaba y analizaba las valoraciones de la situación económica y política nacional y regional, así como de la gestión de los ejecutivos central y regional. También acompañaba un extenso pero no cargado texto comentando los resultados más llamativos y comparando la evolución con los anteriores estudios. Pero no confeccionaba barómetros trimestrales uniformes, sino que completaba con estudios de naturaleza especial como del estado de la Sanidad pública.

Hace un año se adoptó una decisión de la Asamblea Regional por la que, a iniciativa de Vox, se consideró que era conveniente suprimir la subvención directa y que los trabajos se adjudicaran mediante concurso público. Detrás de esa iniciativa se escondería el recelo de - por aquél entonces - los de Antelo hacia la confección de estos barómetros, acusando al CEMOP de ser un chiringuito. Y eso que en el barómetro de invierno figuraron empatados a 12 escaños con el PSOE. En la mencionada votación no existió controversia política porque la toma en consideración fue apoyada por la oposición del PSOE con abstención de Podemos. Aparentemente, exigir una mayor transparencia, concurrencia y competitividad no estaría en absoluto reñida con la salud democrática. Ahora bien, si se entendió que se materializaría en tiempo y forma, la Asamblea Regional no ha formalizado convocatoria alguna al respecto desde hace más de un año de dicha decisión. Ni tan siquiera existen bases ni pliegos ni criterios técnicos estudiados. Por consiguiente, no existe ningún tipo de financiación para sostener el trabajo.

Según declaró a Cadena SER Juan José García Escribano, codirector junto a Ismael Crespo, los 18 investigadores que constituyen el organismo no cobran por estos estudios. El dinero iba destinado a retribuir el trabajo de campo a aquellos colaboradores encuestadores que realizaban las entrevistas, aparte de asegurarlos. Llamó a la concienciación de que es positivo que los ciudadanos conozcan qué opina el conjunto de los mismos, así como las tendencias y que los partidos políticos se impliquen en ello. Consideró que este apagón sólo podrá beneficiar a quienes les interesa difundir una "posverdad".

Consecuencias del bloqueo

Las consecuencias van más allá del ámbito político. La interrupción de la serie de datos afecta tanto al termómetro de la opinión pública regional como al funcionamiento de la comunidad académica. Muchos estudiantes, para realizar sus trabajos y estudios de fin de titulación, podían recurrir a usar los microdatos para realizar investigaciones más profundas. También, obviamente, cualquier interesado podía solicitar el acceso o bien descargarse las encuestas para realizar una investigación por su cuenta.

Sin embargo, la política más despreocupada se habría aprovechado de lo peor de la burocracia administrativa, cuyos vicios parece asumir para evitarse responsabilidades. Es lo que sugieren desde el CEMOP. Es difícil creer que detrás de una supuesta apuesta por la transparencia no se halle un compromiso por ejecutarla sino una demora sine die. Y desde dicho departamento creen que el problema no debe ser convocar el concurso con sus estudios y documentación previa, sino que no deben de existir incentivos desde la política regional de Murcia para ello. ¿Por qué? Por la probable incomodidad de vérsele las costuras a cualquiera de los actores, tanto los de izquierdas como derechas. Vox habría sido el más desacomplejado, pero no se salvarían ni el PP ni el PSOE con su silencio.

Metodología de la UCAM vs. la del CEMOP

En consecuencia, sólo voy a poder hablar del barómetro de Primavera 2026 realizado por la UCAM a través del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos. El estudio fue publicado el pasado 5 de mayo y se basa en entrevistas realizadas entre el 12 y el 18 de abril mediante llamadas telefónicas asistidas por ordenador. Por su parte, el barómetro del CEMOP combina este mismo sistema con encuestas online dirigidas a panelistas previamente inscritos (como es mi caso), ampliando así las vías de recogida de información. El trabajo de campo, que no sabemos ni tan siquiera si se va a publicar, tuvo lugar entre días 24 de marzo y 5 de abril. En ambos estudios, la muestra ronda las 800 personas, aunque presentan diferencias metodológicas relevantes. Mientras que el estudio de la UCAM utiliza cuotas cerradas por sexo y edad, el CEMOP aplica procesos de depuración y ponderación (incluyendo regresión logística) para garantizar la representatividad por territorio y grupos demográficos. Es por eso por lo que considero que el segundo es más sofisticado científicamente y creo que tiene parámetros de relevante confianza. Por si fuera poco, coincidió con lo sucedido el anuncio de una plataforma con buscador de encuestas y sistema interactivo de base de datos de series históricas. Dicho esto, analizaremos a continuación el estudio de primavera de la UCAM, pues no tendría sentido establecer comparaciones con el barómetro de invierno del CEMOP.

Intención de voto

El barómetro de la UCAM de primavera de 2026 dibuja un escenario regional de intención de voto acorde con lo que se está viendo en otras comunidades tanto en encuestas como en resultados electorales. Así, el PP representaría un 41%, PSOE un 28% y Vox un 24%, mientras que Podemos con poco más de un 3% se jugaría perder el diputado. Sumar se hunde con un 1,7%. De esta manera se apunta a un leve retroceso del PSOE que parecería amortiguado con captación del voto a su izquierda de parte de Podemos, que podría incluso quedar fuera de la Asamblea. El PP, por su parte, parecería resistir pero al mismo tiempo congelar su posición manteniéndose su dependencia de Vox. Este último lograría aumentar en 2 diputados su fuerza electoral pasando de 9 a 11 diputados. 

Hay que tener en cuenta que esta encuesta se recopiló semanas después de la crisis de Vox Murcia en marzo por el caso Antelo, que comenté hace unas semanas en este blog. Vistos estos resultados, se apuntaría a un error de cálculo por mi parte en el sentido de que no habría afectado lo más mínimo al electorado y, en cambio, lo que reflejaría más bien es que la credibilidad del partido y sus posiciones a nivel nacional serían para los votantes un activo de más valor que las disputas internas. 

En el voto por edad, el PP domina con claridad en el tramo de las personas jubiladas, pues nada menos que un tercio de los mayores de 65 respondieron tener intención de votarle. En cambio, el resto de formaciones tiene perfiles de distribución más equitativa, si bien lo que más destaca es el alto porcentaje de abstención en los jóvenes. Ello puede reflejar la decepción y frustración por la política derivada de problemas como la vivienda.

Conocimiento y valoración de líderes

El Presidente de la CARM Fernando López Miras es el único que aprueba con un 5,3 y el más conocido (97,5%). Por el contrario, los del PSOE Francisco Lucas (65,1%) y el nuevo de Vox Martínez Alpáñez (59,4%) son escasamente reconocidas y menos todavía María Marín de Podemos (38,8%), circunstancia que evidencia el escaso interés de los murcianos por las caras políticas regionales más allá de la presidencia. Esta baja notoriedad de los líderes regionales de la oposición revela hasta qué punto la política murciana sigue muy presidencializada alrededor de López Miras.

En cuanto al ámbito nacional se nota mucho más la polarización con un fuerte suspenso para todos y especialmente de los más escorados a la izquierda, aunque sean menos conocidos: Gabriel Rufián, Ione Belarra y la peor valorada Yolanda Díaz. Por el contrario, el mejor valorado entre sus votantes es Abascal con más de un 7, lo que es otro indicador de la fidelidad de voto del electorado de Vox.

Problemas públicos y temas de actualidad

A nivel nacional, se destacan casi al mismo nivel la vivienda y la situación económica (que realmente podría referirse a la inflación) con un 38%. Después viene la inmigración (25,8%) y la inseguridad (21,8%) seguidas de la Sanidad (19,5%) y el desempleo (13%). No obstante, la estructura a nivel regional es distinta y pasa a ser la inseguridad ciudadana el problema más percibido con un 31% seguido de la vivienda (23%), Sanidad (17,8%), infraestructuras (17,5%), inmigración (17%) y desempleo (12,8%). Este contraste sugiere que el ciudadano murciano imputaría más responsabilidad por la dificultad del acceso a la vivienda y los movimientos migratorios al Estado, del mismo modo que en su percepción de inseguridad consideraría que es más una cuestión de su entorno territorial que algo extendido y generalizado. Por el contrario, el desempleo y el funcionamiento de Sanidad son problemas que se entienden similares en su atribución a la situación nacional y regional.

En temas específicos, existe una pregunta sobre el abandono escolar y la pobreza infantil y las principales causas. La respuesta es libre, pero más de la mitad consideran que influye la economía familiar, mientras que un tercio apuntan al entorno (familias desestructuradas, características del barrio, etc.), a fallos del sistema educativo e incluso a falta de ayudas. Respecto a esta última, llama la atención que es la más respondida precisamente por los menores de 30 años con un 45,7%. Sería otro indicador de la percepción de trato injusto por parte de los jóvenes.

También se pregunta sobre el controvertido tema del burka y el niqab entendidos por tales las prendas que cubren todo el rostro de la mujer. Un 15% exige respetarlo, un 16% cree que no necesariamente debe de ser opresivo, mientras que un 60% lo condena y de ahí un 38,3% apoya prohibirlo. Hasta un 8,5% no lo tiene claro. Pero si comparamos qué limitaciones aplicarían el rechazo se hace más visible con un 75% que aplicaría restricciones. Un 26,3% considera restringirlo en centros oficiales cerrados mientras que un 48% apoya la prohibición en todo espacio público y sólo un 16% defiende la libre utilización. Tanto por edades como recuerdo de voto, la opción mayoritaria en ambas preguntas es la de que no debería permitirse.

Respecto a la postura del gobierno de España ante el conflicto de Irán se refleja un respaldo de la misma. Casi un 37% manifiesta satisfacción y un 33% satisfacción, lo que implica aprobación del rechazo al uso de las bases aéreas de Rota y Morón y la no implicación en la guerra. Tiene un importante componente de partidismo, pues más de la mitad de los de Vox señalan que están "muy insatisfechos" hallándose la de Podemos en el otro extremo de "muy satisfechos", mientras que los del PSOE moderan su aprobación y un tercio del PP no manifiesta ni apoyo ni rechazo.

Conclusiones

El silencio demoscópico del CEMOP es sin duda el protagonista, no por voluntad propia sino por la inacción o despreocupación de la Asamblea Regional sin distinguir colores políticos. No son sólo los datos y la información, sino el apagón institucional de una entidad que había adquirido más relevancia mediática desde la pandemia.

El PP sigue fuerte en la Región de Murcia, pero sigue dependiendo de Vox. Es en realidad lo que se está percibiendo en otras comunidades, que se apunta más a un liderazgo que a un crecimiento electoral. La franquicia murciana de Abascal demuestra una capacidad de resiliencia formidable pese a la crisis reciente. A nivel nacional, se confirma un importante rechazo a las políticas de Moncloa. Y eso también repercute en el resultado de la oposición regional, con un PSRM que aspiraría a absorber el voto a su izquierda por su mayor experiencia de movilización electoral y aprovechando la crisis de liderazgo a todos los niveles de la izquierda alternativa.

En la agenda pública regional persisten problemas estructurales como el acceso a la vivienda, la inseguridad ciudadana y la desafección juvenil. Estas tres cuestiones deberían de estar sobre la mesa de cualquiera candidatura que quiera maximizar los resultados de los próximos comicios en 2027. Es más, si miramos fuera de las fronteras murcianas no parecen ajenos estos retos a otras comunidades.

En definitiva, una democracia regional madura no debería renunciar a herramientas estables de análisis demoscópico por cálculos políticos o bloqueos administrativos. Porque todo esto que hemos podido analizar y extraer con un barómetro de confección algo más breve, puede multiplicarse tanto en beneficio de la sociedad regional como de sus investigadores con una apuesta decidida.

El juicio por el caso Mascarillas del PSOE: contexto y claves

El juicio celebrado en el Tribunal Supremo por la conocida “trama de las mascarillas” marca un punto de inflexión en las investigaciones de casos de corrupción más relevantes surgidos al calor de la pandemia. De hecho, éste es sólo una parte del caso Koldo que tiene más ramificaciones investigadas actualmente y que afectan al PSOE como protagonista: la adjudicación de contratos mayores de obras públicas bajo presuntas comisiones ilegales, presunta financiación irregular del PSOE con blanqueo de capitales y con el ex Secretario General Santos Cerdán como cabeza visible y, yendo ya para bingo, el rescate de la aerolínea Plus Ultra con hasta el ex presidente Zapatero implicado. De todo esto, con más conversaciones intervenidas y otros indicios de circuito de dinero fuera de control público ya hablaremos más adelante en otros posts de este mismo blog. Pero antes de entrar a valorar lo que ha acontecido en la vista oral y lo que puede suceder en la sentencia, conviene ordenar el contexto y las investigaciones previas que nos han llevado hasta aquí.

Contexto del origen del caso 

En 2020, la irrupción del COVID-19 obligó a las Administraciones Públicas a actuar con rapidez. Para garantizar el suministro de material sanitario, se recurrió de forma masiva al procedimiento de emergencia, que permite adjudicar contratos mayores sin concurso ni controles ordinarios. De esta manera, mientras nos mantuvieron retenidos en nuestros domicilios o restringiendo nuestra libertad de movimiento en aras de la seguridad y salud públicas, las Administraciones flexibilizaron su burocracia. Sin embargo, ese marco excepcional fue el que abrió la puerta a que empresas sin experiencia previa accedieran a contratos públicos millonarios. Así que la pandemia fue el contexto clave que permitió un ancho margen y el escenario donde se sitúa el origen de la trama que ahora se juzga. El Ministerio de Transportes dirigido por José Luís Ábalos adjudicó diversos contratos de suministro por compra de mascarillas que superaron los 30 millones de euros y, entre las empresas, destacaba Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., con práctica inactividad dos años antes y con una facturación récord en 2020.  Pero no acaba todo en este departamento.

Extensión territorial: Baleares y Canarias

En las Islas Baleares, el gobierno de Francina Armengol (actual presidenta del Congreso) habría comprado mascarillas FFP2 por valor de 3,7 millones de euros a la mencionada empresa Soluciones. Según los informes de la UCO la ex presidenta balear habría tenido una participación más activa de la que dejó caer en su declaración por escrito, ya que apuntaría a contactos interesados con los tres acusados. El problema es que aquéllas mascarillas no cumplían los estándares sanitarios para el personal de dicho sector y, siendo defectuosas, la Administración no ejecutó a tiempo mecanismos de control y reclamó tarde (años después). Por tanto, habría cometido como mínimo negligencia y mala gestión aunque aún no se pueda probar corrupción directa.

En las Islas Canarias, bajo Ángel Víctor Torres (actual Ministro de Política Territorial), se adjudicaron contratos de suministro de material sanitario cercanos a los 5 millones de euros mediante procedimiento de emergencia con sobrecostes y comisiones así como demoras. La diferencia con Baleares es que no siempre aparecía la misma empresa.

La conexión con estos dos gobiernos insulares socialistas refuerza la idea de que no sería un caso aislado del Ministerio, puesto que mientras que éste sería el núcleo aquéllos serían la periferia de un mismo sistema. La diferencia es que mientras que en el Ministerio se juzga directamente a altos cargos, en las autonomías los responsables sólo fueron llamados a testificar por escrito. Así que los posibles delitos aún no imputados según avance la UCO serían de tráfico de influencias, malversación y fraude a la Administración.

Acusaciones tras la instrucción

La investigación situó en el centro de la trama a tres figuras: el ministro José Luís Ábalos, Koldo García (asesor y hombre de confianza del anterior) y el empresario Víctor de Aldama, que habría ejercido de comisionista. Según la instrucción realizada desde el año 2023 por la UCO, la Fiscalía y el juez instructor, estas tres personas habrían articulado un sistema en el que empresas intermediarias ofrecían material sanitario a la Administración, se facilitaban adjudicaciones públicas desde posiciones de influencia y a cambio se obtenían comisiones y otro tipo de beneficios personales. El modus operandi sería el siguiente: Aldama contactaba con las empresas, Koldo actuaba como enlace en el Ministerio, Ábalos ordenaba y a cambio se pagaban "mordidas" o beneficios en especie. Las pesquisas, apuntan a que parte del dinero de los contratos se habría desviado en forma de pagos ilícitos como el cobro de comisiones y pagos en especie, en especial al propio ministro Ábalos como el alquiler de pisos de lujo, vehículos de alta gama y viajes con compañías. Además, según los informes de la UCO habrían usado usado lenguaje en clave para dinero en efectivo, como las famosas chistorras y también se alertaría de una contabilidad paralela con una caja "B" vinculada al entorno de Koldo. 

Por si fuera poco, otra de las líneas más mediáticas del caso ha sido el de contrataciones presuntamente irregulares en empresas públicas (enchufes) y en concreto de Jessica Rodríguez (de la que se dice que ejercía la prostitución) y Claudia Montes (ex Miss Asturias 2017) vinculadas personalmente a Ábalos y sin experiencia ni CV apropiado cuando no falseado. La primera fue contratada en empresas públicas como en Ineco durante dos años (2019 a 2021) y seguidamente seis meses en Tragsatec. Indirectamente, se le acusó en fase de instrucción de no haber acudido realmente a trabajar y percibir un salario sin actividad efectiva. Además, según declaró Aldama hace dos años se le pagaba un ático de lujo por valor de 2.500 euros al mes. Por su parte, Claudia Montes estuvo en Logirail y en un puesto de trabajo cuya descripción se encontraba vacía de contenido real sin funciones claras ni medios apropiados. Además, mensajes entre Ábalos y Óscar Puente revelan que amenazaba con denunciar "corruptelas". En resumen, distintos casos pero un patrón común: empleos ficticios e improductivos donde lo público se convierte en moneda de intercambio y la prueba más visible de cómo operaría la red de monetización del poder público.

Según la instrucción, todo esto apuntaría a algo más estructural que un caso puntual. Los tres mencionados están acusados de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho y la más interesante de todas: pertenencia a banda criminal. La escalada del caso se culminó en 2025, con el ingreso en prisión preventiva de Ábalos y Koldo desde el pasado mes de noviembre. Aldama se encuentra en libertad debido a que ha estado colaborando con la investigación y la Justicia. En resumen, la Fiscalía Anticorrupción pide penas de 24 años para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama.

La vista oral

Durante la vista oral han desfilado más de 80 testigos. Las defensas de los acusados han intentado contrarrestar las declaraciones de Aldama en la instrucción (que reconoció en enero haber abonado 350.000 euros en comisiones por adjudicaciones a Koldo y Ábalos) y enfocar lo sucedido al descontrol en pandemia. Sin embargo, la acusación apunta a la existencia de una trama organizada desde arriba.

Las primeras jornadas del juicio estuvieron centradas en delimitar el perímetro de la causa. En efecto, comenzaron a aflorar indicios relacionados con los delitos que sostiene la acusación. Por ejemplo, una mujer llamada Arancha Granell ratificó entregas de comisiones en República Dominicana a Joseba, hermano de Koldo, por favorecer contratos durante la etapa Covid. Sin embargo, esa declaración contrasta la de aquél, que admitió que fue en 2020 a la sede del PSOE en Ferraz para recoger dos sobres con dinero en efectivo destinado a su hermano más Ábalos. Del mismo modo, la empresaria de Villafuel Carmen Pano y que está imputada por el caso Hidrocarburos, se ratificó con que entregó en Ferraz dos pagos de más de 45.000 euros en efectivo y en bolsas por indicación de Aldama. También se puso el foco en las contrataciones en empresas públicas vinculadas al entorno personal de la causa. Las declaraciones de Jessica Rodríguez y Claudia Montes, así como de varios técnicos y cargos como Ignacio Zaldívar, Angélica Martínez y Oscar Barbero, evidenciaron el acceso a puestos con "circulación informal" de sus candidaturas y siendo empleos sin trabajo acreditado.

A partir de la segunda semana, la vista dio un salto cualitativo y comenzó a centrarse en el funcionamiento de la presunta red. Para ello se tomaron declaraciones a cargos políticos del PSOE que defendieron su gestión y apuntaron a los acusados. Así, el ex Subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez afirmó que de un día para otro vino a su despacho Koldo con la oferta de Soluciones de Gestión y que se disparó de 4 millones a 8 y la recondujo a Puertos, si bien entendió que la orden procedía del Ministro. En cuanto al ex secretario general de Puertos Álvaro Sánchez apuntó a Aldama señalando que el empresario ya tenía listo el pedido antes de que se firmase la Orden. Por su parte, la ex presidenta de Adif Ana Pardo de Vera (pentaimputada por la presunta adjudicación de obras amañadas) declaró que formó parte de un comité que seleccionó la oferta de Soluciones por pronta ejecución y por valor de 12 millones de euros. Se escudó tanto en que la otra empresa remitió un tercio defectuosas como en que quién ordenaba la compra era Ábalos, pero tampoco le faltó desacreditar la auditoría de Oscar Puente. 

De otro lado, la ex pareja de Koldo Patricia Uriz reconoció haber recogido de Ferraz varios sobres en dinero, si bien se desentendió de unos mensajes capturados por la UCO en los que hablaba en clave de billetes y se sonrojó por su curiosa forma de grabar los móviles de las mujeres vinculadas a Ábalos. Para colmo, un Guardia civil del Ministerio de Transportes afirmaba en su testimonio que Aldama gozaba de privilegios como acceder a la sede y aparcar en el parking de autoridades. 

En la tercera semana se entró en los niveles más técnicos. Pedro Saura, actual presidente de Correos y por aquél entonces Secretario de Estado de Transportes, fue interrogado a cuenta del rescate de Air Europa. Afirmó que fue una decisión política y no existió imposición ni mediación de la trama. El ex-CEO de dicha compañía, Javier Hidalgo, negó que pagase sobornos a cambio del rescate, minimizó el papel de Aldama y excusó a Begoña Gómez a pesar de que la filial Wakalua financiaba el África Center donde aquélla tenía intereses.

Los cargos socialistas (del partido) intentaron blindar la figura de Ábalos separando decisiones políticas de la ejecución técnica pero al mismo tiempo reforzando la idea de una estructura de pagos en efectivo. Mario Moreno, ex gerente del PSOE, admitió que Koldo García repartía sobres con dinero para liquidar gastos de la Secretaría de Organización que dirigía Ábalos. Aseguró que esos pagos eran para "gastos de viaje y logística" y no mordidas con billetes de "chistorras". En esa línea, la empleada Celia Rodríguez confirmó que ella misma entregaba sobres con dinero a Koldo o a la mujer de este. 

Enriqueta Chicano, Presidenta del Tribunal de Cuentas, firmó un informe de fiscalización en 2022 y señaló que ADIF y Puertos del Estado cumplieron con la Ley de emergencia, por lo que a su juicio no existieron irregularidades administrativas o contables. No obstante, admitió que existió falta de rigor en la comprobación de la solvencia de las empresas elegidas, lo que permitió que Soluciones de Gestión entrara en el circuito. A ese respecto, los empresarios Juan Carlos Cueto y José Ángel Escorial, se acogieron a su derecho a no declarar argumentando que ya son investigados en la Audiencia Nacional.

Finalmente, intervinieron los peritos y altos cargos de la Guardia Civil adscritos a la UCO que elaboraron los informes sobre el rastreo del dinero y las comunicaciones. El Teniente Coronel Antonio Balas consideró a Aldama cerebro de la trama por su condición de "pagador", pero al mismo tiempo entiende que nada hubiese sido posible sin la cooperación del ex Ministro. También conectó la compra del piso de Jessica como elemento para comprar la voluntad de aquél y unas vacaciones pagadas como recompensa por la gestión del rescate de Air Europa. Por último, la UCO desmontó la afirmación de Armengol de contacto anecdótico con Koldo al recuperar 65 mensajes y negó ante la defensa la manipulación de los audios, reiterando en que no se había roto la cadena de custodia.

Declaraciones de los acusados

Lejos de limitarse al núcleo del caso, el empresario Víctor de Aldama ofreció un relato expansivo, describiendo una red de relaciones, pagos y gestiones que, según su versión, alcanzaban distintos niveles de la Administración (como Baleares y Canarias) e incluso del ámbito político. Confirmó su rol de intermediario admitiendo los hechos y mantener un muy estrecho contacto con Koldo. Lo más controvertido es que minimizó su protagonismo relegándose a una pieza contactada por los cabecillas de la organización y apuntando como nº 1 a Pedro Sánchez seguido de Ábalos y Koldo. Señaló que le encargaron contactar con empresas para que, a través de adjudicaciones, aportasen comisiones que contribuyesen a la financiación ilegal del partido y con conocimiento del propio Presidente del Gobierno. Sin embargo, esta amplitud de acusaciones adolece de falta de pruebas contundentes, por lo que ese relato aparentemente potente no se sostiene sino que debilita su credibilidad.

Koldo García centró su declaración en negar lo más comprometedor del caso, es decir, que percibiera comisiones, y acotó su papel a labores administrativas y de asesoramiento sin capacidad de influencia ni de decisión real en los contratos. También se desvinculó de Sánchez en el momento en que accedió a Moncloa. Por tanto, trató de limitar su responsabilidad y confrontar el relato de Aldama de afirmar y ampliar con justo lo contrario, negar y paliar desde su posición. Además, insinuó que Aldama escondía negocios turbios internacionales y junto con Jessica les acusó de engañarles. Finalmente, reconoció haber cobrado "chistorras" en efectivo, contradiciendo el testimonio antes referido de Mario Moreno pero al mismo tiempo negó tanto financiación ilegal del PSOE como incremento sustancial no justificado en su patrimonio personal.

José Luis Ábalos fue más allá de Koldo y confirmó una estrategia más ambiciosa. Su línea de defensa fue más política y se apoyó en tres pilares. Primero, negó los hechos, como recibir dinero de Aldama, contraprestaciones cuantiosas, desdeñó elevadas cuantías de gastos sin declarar (la UCO detectó 95.000 euros sin justificar) y ser papel clave en los enchufes. Afirmó que en los contratos no trató con empresas ni intermediarios y aseguró que los famosos 8 millones fue decisión exclusiva suya desde el inicio. Segundo, cuestionó la credibilidad de Aldama y de la base de la acusación, acusó a la UCO de perseguir su incriminación a toda costa e incluso sugirió que el testimonio de Jessica habría sido ejercido con coacción de aquél, no sin aplicar cierto sentimentalismo en su crónica. Tercero, esgrimió la pandemia como marco justificativo al actuar con urgencia y sin precedentes, calificando las anomalías detectadas como decisiones legales derivadas de una crisis extrema. Por último, llamó la atención dos cosas. La primera, que se excusó para no sacar efectivo de su cuenta bancaria entre 2019 y 2023 con que "un ministro no va pagando dinero por ahí" y la segunda que desacreditó la auditoría ordenada por su sucesor Óscar Puente calificándola de interés político para que se apartase de diputado.

Prueba documental

Tras las declaraciones de los acusados, Aldama aportó al Supremo una cinta con una grabación según la cual Koldo y Ábalos se repartirían una comisión de 5 millones de euros. En realidad, ya se conocía desde hace un año por ser grabación del propio Koldo en 2019 y parte de la transcripción se publicó en El País. Llegada la reproducción de los audios y tras rechazar la Fiscalía la oposición de las defensas de las otras partes acusadas, destacó el siguiente extracto de transcripción del audio con motivo del presunto reparto de cupos del petróleo de Venezuela por el apoyo a Juan Guaidó:

Ábalos: "Pero vamos a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Que por qué, como hemos mediado, me va a caer algo, eso es lo que quieres decir? Y ya está".

Koldo: "Sí, exacto, te va a quedar medio al mes durante tres años".

Ábalos: "¿Y cómo? (se ríe) (...) ¿Estamos hablando de 500.000 euros al mes.

Koldo: "Sí, señor. Las empresas petrolíferas funcionan así".

La defensa tampoco aportó novedades, pues se remitió a un podcast público en el que Aldama rechazaba comisiones en contratos de mascarillas, siendo declaraciones matizadas hace tiempo.

Conclusiones

La vista oral ha servido, en primer lugar, para delimitar con mayor claridad el papel de los principales implicados. Los testimonios han contribuido a consolidar una estructura reconocible en la que José Luis Ábalos aparece como referencia política, Koldo García como engranaje operativo y, sobre todo, Víctor de Aldama como intermediario entre las empresas y la Administración, estrechando el foco del juicio en ese núcleo. En segundo lugar, los mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han reforzado la consistencia de los informes elaborados durante la instrucción, así como de la documentación recabada, sin que las pruebas periciales hayan logrado evidenciar fallos relevantes en la cadena de custodia. Esto otorga, al menos provisionalmente, un respaldo técnico significativo al material probatorio sobre el que se sustenta la acusación.

En las declaraciones de los acusados, los dos primeros mantuvieron narrativas claramente contrapuestas. Por un lado, Aldama aprovechó su posición como colaborador en la instrucción para desplegar un relato amplio y de alto impacto, con afirmaciones que trascienden el objeto estrictamente procesal del juicio y que introducen presión tanto sobre los demás acusados como sobre terceros. Queda por ver si dicho relato responde a información reservada que pueda aflorar más adelante o si, por el contrario, se trata de una estrategia de ampliación del foco sin respaldo suficiente. Por otro, Koldo adoptó una posición defensiva y limitativa. Su intervención, más contenida y en algunos momentos dubitativa, buscó desactivar los elementos centrales de la acusación, aunque dejó aspectos relevantes abiertos a interpretación. Entre ellos, destaca el reconocimiento de la existencia de movimientos de efectivo de mayor entidad de lo admitido desde el PSOE. Sin constituir por sí mismo prueba concluyente de financiación irregular, supone un elemento que deberá ser valorado. Por último, Ábalos fue directamente hacia la raíz y a desacreditar toda la acusación, eximiéndose de responsabilidad a todos los niveles y no sin dejar perlas para atractivos titulares de prensa. Sin embargo, declarar que todo es una persecución contra él (UCO, Aldama, Ministerio, etc..) no es precisamente un alegato de defensa sino una reiteración de lo ya expresado en aquella rueda de prensa previa a irse al grupo mixto del Congreso. Así que la sensación es que no desmonta de forma concluyente sino que alarga un relato.

La prueba documental aportada el último día tampoco valida el discurso expansivo de Aldama, que como los otros acusados está en su derecho de mentir al contrario que los testigos. Sin embargo, si se demuestra auténtico ese audio al igual que todas las conversaciones peritadas por la UCO y la Guardia Civil, no viene sino a reforzar la existencia de una presunta trama corrupta.

Mañana miércoles, tras leer el informe final la Fiscalía anticorrupción (que se prevé con escasas modificaciones), las partes expondrán sus conclusiones y el juicio quedará visto para sentencia. Tanto ésta como sus fundamentos jurídicos la aplicará el Tribunal Supremo en tiempo y forma, pero la impresión que da es que quien logre demostrar que su versión de lo ocurrido explica mejor los hechos será quien protagonice el desenlace del caso. Mi impresión personal es que los tres van a ser condenados, pero sin que Aldama logre reducir su pena de 7 a 2 años. Y, en cualquier caso, será una derrota para Sánchez que su Ministro, mano derecha y secretario de organización sea condenado, aunque desde Moncloa y sus adláteres mediáticos se venderá como un triunfo por haberlo apartado. ¿Y cuándo? Sólo cuando el pastel se hizo público más allá del aparato del PSOE.

Contratos públicos judicializados: los casos de San Pedro y San Javier

En los municipios, los Ayuntamientos deben de gestionar una serie de servicios mínimos dentro del marco de sus competencias. Pero, al igual que en otras administraciones, tanto por el volumen de población como por las cada vez mayores exigencias técnicas carecen de personal propio y equipamiento adecuado. Consecuentemente, han de tramitar importantes contratos de cada vez mayor importe económico y sujetos tanto a la Ley de Contratos del Sector Público como a la Ley de Transparencia. Sin embargo, en ocasiones la tramitación y ejecución se topa con complejidades que derivan en recursos con un final inesperado y pueden revelarse importantes errores de la Administración Local. Me resulta interesante analizar, comparar y sacar conclusiones sobre la tramitación de dos contratos, ambos de cantidades muy voluminosas, que han estado en el centro de la polémica en San Pedro del Pinatar y San Javier y con una dura travesía administrativa y judicial. Ambas localidades de la Región de Murcia son gobernadas por el PP. Comenzaré primero por el contrato de recogida de basuras de San Pedro y después por el de abastecimiento de agua de San Javier, cuya historia es más reciente que la del primero. Toda la información la he extraído especialmente del Perfil del contratante de ambos municipios.

El contrato de basuras de San Pedro del Pinatar

El contrato de Servicio de recogida, transporte y gestión de residuos municipales de San Pedro del Pinatar, por valor estimado de más de 25 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 años se empezó a gestar desde el año 2021. Durante su tramitación han pasado nada menos que tres alcaldes. El gobierno municipal, siendo por aquél entonces la Alcaldesa Visitación Martínez, planteó que era necesario licitar un contrato con exigencias y equipamiento más moderno después de un contrato previo de 20 años y con el evidente crecimiento de la población. Esta lógica argumentación, sin embargo, se terminó convirtiendo en la principal baza de presión de los sucesivos ejecutivos municipales del PP ante la tramitación de recursos o ralentización del procedimiento, ya fuese en fase administrativa o judicial. El expediente y el inicio de la licitación fueron aprobados por vez primera el 27 de febrero de 2022 y con número de expediente 2021/1371C.

Recursos administrativos contra los pliegos

La licitadora León y Ferrer presentó en 2022 dos recursos al Tribunal Central de Recursos Contractuales (en adelante TCRC) previa y preceptiva reclamación administrativa al consistorio. El primero fue el 17 de marzo de 2022 impugnando los costes salariales como contrarios al convenio y legislación aplicables, la creación de categorías laborales no existentes, la ausencia de beneficio industrial y una cláusula de imposible cumplimiento, alegando por todo ello nulidad de los pliegos. Todas las alegaciones fueron desestimadas salvo la última, que fue suficiente para anular los pliegos, dado que le exigía a la eventual adjudicataria firmar un convenio con Ecovidrio cuando por Ley, por su naturaleza jurídica, ha de ser el propio Ayuntamiento quien lo haga. Son ilegales los convenios administrativos entre particulares (Ley 40/2015, de 2 de octubre), así que en buena lógica ordenó la retroacción de actuaciones. El 29 de julio se volvió a aprobar la estructura de costes y el expediente 2021/1371Y y en agosto se volvió a presentar otro recurso contra los nuevos pliegos. Esta vez fue alegando desproporcionalidad en cláusulas de sanciones y suspendiéndose el día 25 la tramitación. Sin embargo, el TCRC lo inadmitió en octubre debido a que ya constaban en los pliegos originales y no fueron recurridas. Seguidamente, la relativa cercanía de las elecciones pudo motivar a la corporación municipal que se dejase el contrato en stand-by y más teniendo en cuenta que con seguridad iba a haber cambio de primer edil.

Recurso administrativo contra la adjudicación

Tras las elecciones de mayo de 2023, con Ángela Gaona como nueva Alcaldesa, se constituye en septiembre la mesa de contratación. En el mismo mes se informa de la fecha de valoración de los criterios tanto subjetivos como objetivos (cálculos mediante fórmulas) y las características de unos y otros. Se habían presentado hasta 5 ofertas. En septiembre se abrieron los sobres para evaluar los criterios subjetivos y en diciembre los objetivos. El año terminó adjudicando el contrato a STV Gestión en sesión plenaria del 20 de diciembre.

En febrero de 2024 se hace pública la suspensión de la tramitación del contrato debido a un nuevo recurso administrativo de León y Ferrer contra la adjudicación. La empresa alegaba que se excluyeran licitadores por confundir documentación en los sobres, incumplimiento de requisitos mínimos de la adjudicataria como disponer de nuevos y modernos vehículos y maquinaria, valorar erróneamente la oferta de la reclamante y superar varias empresas el número máximo de páginas de la oferta. Leídas en abril por el TCRC todas las alegaciones de las partes y los pliegos, se desestimaron todas las pretensiones puntualizando que el equipamiento podía ser renovado con posterioridad a la formalización del contrato.

Escalada judicial contenciosa y penal del contrato

Sin embargo, mientras se resolvía ese recurso más la impugnación judicial del anterior, la misma empresa presentó hasta 3 querellas. Primero presentó dos querellas contra dos funcionarios de la mesa de contratación por presuntamente informar a STV de su adjudicación antes de formalizarse. Además, en base al caso Bárcenas, consiguió apartar al Ayuntamiento como acusación particular del procedimiento judicial, evitando que una misma parte pudiese operar como acusadora y defensora de los imputados.

Posteriormente presentó otra querella penal más, esta vez por prevaricación contra el Alcalde y los concejales que votaron a favor por presunta ilegalidad al adjudicarse el contrato la sin mayoría absoluta que exige la LBRL en su artículo 47.2.J, que textualmente dice: "Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias... (J) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto". Circunstancias que, teniendo en cuenta que faltó una concejala y se aprobó por mayoría simple de 9 a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, aparentemente se darían porque el plazo es de 11 años, su precio de 23 millones de euros y todo el Presupuesto local para 2024 eran 29 millones de euros.

Por ello, antes de tomar posesión como nuevo Alcalde tras la dimisión de Ángela Gaona, Pedro Javier Sánchez optó en funciones por mantener en suspenso la formalización del contrato en el mismo mes de abril de 2024 pese a la resolución administrativa del TCRC. El motivo fue esperar a que el TSJ se pronunciase sobre medidas cautelares que finalmente no se dictaron. En septiembre de 2024 se formalizó la firma del contrato con STV Gestión.

En enero de 2025 se hizo pública la sentencia del TSJ de Murcia por la que ratificaba exclusivamente la legalidad de los pliegos impugnados en agosto de 2022. Por tanto, no validaba necesariamente todo el proceso de adjudicación, como afirmó en su nota de prensa el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. No existen más noticias al respecto, pero se entiende que sigue en curso todavía lo relativo judicialmente tanto al acuerdo de adjudicación que se adoptó por mayoría simple en vez de absoluta como la vía penal por las querellas.

Finalmente, en junio saltó la sorpresa de una multa de 60.000 euros a STV por incumplimiento grave de contrato, dado que les faltaban contenedores y no incorporaron ni seguimiento GPS tras un requerimiento de 5 meses. Esto, a posteriori, dio la razón a León y Ferrer y además en un contexto de fuerte subida de la tasa de basuras con arreglo a las exigencias legales impuestas por la normativa estatal. En octubre anunció STV la renovación de toda la flota y en noviembre inauguraron nuevas instalaciones. Sin embargo, como ya he recalcado, la sombra de la duda respecto a la adjudicación sigue todavía en el aire. Al menos en la misma noticia de junio de 2025 se confirma que aún se encontraba el tema judicializado, sin que a día de hoy existan novedades.

El contrato de agua de San Javier

El contrato de Concesión de Servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de San Javier con duración de 20 años se tramitó mediante el expediente 1419/2022 y por valor estimado de más de 224 millones de euros, siendo el más caro de la historia del municipio. En contraposición al de San Pedro, no hubo cambio de Alcalde en todo este tiempo siendo José Miguel Luengo. El anuncio de licitación se publicó el 31 de enero de 2023, una vez que se resolvió durante 2022 tanto el estudio de estructura de costes como el estudio técnico de explotación y viabilidad. Entre febrero y marzo se abrieron los sobres con las ofertas respondiendo a los criterios subjetivos y objetivos de las mismas. Se habían presentado en total 8 licitadores. 

El concejal del PSOE Pedro Gorriz impugnó ante el TCRC en el mes de marzo la aprobación de las tarifas por presunta nulidad de las mismas al no haber aprobado ordenanza previa, así como ciertas cláusulas en las que supuestamente tendría que haber intervenido el Consejo asesor de precios de la CARM. El propio tribunal denegó la aplicación de medidas cautelares y no suspendió la tramitación. Es más, terminó siendo inadmitido el 27 de abril por registrarse fuera de plazo. El 2 de mayo se firmó la propuesta de clasificación y adjudicación en un documento de reunión de la mesa de contratación. Sin embargo, quien firmaba no era precisamente la concejala delegada sino... ¿Ingeagua?

Polémicas de falta de transparencia y presunto conflicto de intereses

Las primeras alarmas empezaron a sonar en ese mes de mayo cuando varias empresas como en el grupo Agbar comenzaban a dudar de un presunto conflicto de intereses en favor de Aqualia, la que obtuvo la mayor puntuación. El motivo es que el Ayuntamiento había contratado a la consultora ingeniera Ingeagua S.L. para que calificara a los licitadores como órgano especializado, dado que como vimos en el post de Begoña Gómez los contratos donde los juicios de valor ocuparan un peso importante en la evaluación de ofertas no pueden ser adjudicados directamente por mesas de contratación. El otro sobre era relativo a documentación administrativa y la presentación de un estudio de viabilidad económica, siendo evaluado por criterios automáticos. De hecho, el sobre B trataba exclusivamente de documentación administrativa. Supuestamente, el contrato de servicios con dicha consultora se extendió por más de dos años y un precio de 15.000 euros más IVA que entienden muy bajo para los trabajos a realizar. Además, al parecer y según la versión del mencionado grupo empresarial, esta consultora habría hecho trabajos para otras empresas como la misma Aqualia, a la que le otorgó 49 de 49 puntos posibles en las valoraciones subjetivas.

El 20 de octubre de 2023 se formalizó la adjudicación en el Pleno de la corporación local. Pero el susto llegaría a final de año, el 14 de diciembre, con la noticia de la suspensión de la adjudicación por parte del TCRC a instancias de la mercantil Aguas de San Javier y La Manga que en noviembre había registrado recurso de nulidad. El motivo fundamental no era ya que fuese una empresa con ciertas vinculaciones con el adjudicatario, sino que ni tan siquiera se le había comunicado a ninguno de los licitadores la participación de esa empresa que firmó desde Málaga el informe final de valoración. Es más, ni tan siquiera se licitó ese contrato. Así que esta ausencia de transparencia fue entendida por el órgano como un vicio de nulidad absolutamente insubsanable, declarando la nulidad de la adjudicación y de todo el proceso. La empresa adjudicataria reaccionó con indignación acusando de una campaña de desprestigio de los medios informativos digitales y del grupo de la oposición Pleamar. Aqualia anunció un recurso ante el TSJ de Murcia desacreditando con vehemencia la resolución publicada y lo que es más, denunció la proliferación de noticias negativas como si fuera delito, aportando informes estadísticos.

El TSJ de Murcia entra a escena y tumba el contrato

En marzo de 2024 se conoció que fue archivada la querella penal presentada por el mencionado grupo Pleamar porque la fiscalía no apreciaba indicio de delito alguno. Sin perjuicio de ello, en julio el TSJ desestimó el recurso del Ayuntamiento de San Javier relativo a levantar la suspensión del contrato, de manera que permitiera como medida cautelar el levantamiento de la suspensión administrativa. Pero no se pronunciaba aún sobre la nulidad de la adjudicación propiamente dicha. No sería hasta el 3 de noviembre de 2025, que es cuando se firmó la Sentencia 400/2025 de la Sala 1ª del TSJ de Murcia. Mediante la misma, se desestima el recurso del Ayuntamiento de San Javier, se estiman las alegaciones de las partes demandadas Aguas de Murcia e Hidrogea y finalmente se confirma la nulidad de todo el proceso de adjudicación. Al margen de la falta de transparencia, precisó que la participación de asesores o expertos debía de ser a solicitud de la mesa de contratación y previa autorización del Pleno, sin que pudieran ser los propios funcionarios los que tomasen la decisión. Así que el despropósito administrativo era peor del que imaginábamos. Lo más reciente fue la cancelación y devolución del aval bancario a Aqualia el pasado mes de febrero de este 2026, por valor de 11 millones de euros. También confirmó el Alcalde José Miguel Luengo que el contrato se volvería a licitar, luego implícitamente descarta recurrir al Tribunal Supremo en casación que alargaría sin necesidad una polémica que ya ha durado 3 años.

Consideraciones

En lo que afecta a la tramitación administrativa del procedimiento de adjudicación, la correspondiente al contrato de San Pedro del Pinatar fue, en principio correcta. El único error insubsanable fue en la primera intentona de licitación del contrato al incluir una cláusula de imposible cumplimiento por ser contrario a la Ley. Sin embargo, el propio acto de aprobación de la adjudicación por el órgano competente que es el Pleno de la corporación adolece de un vicio de forma. La Ley es clara a este respecto y, salvo que exista alguna norma que se nos escape, no permite que se pueda adoptar por mayoría simple. Por tanto, debió de haberse dejado sobre la mesa esa adjudicación definitiva y retrasarla a un momento posterior en que fuese posible el voto favorable de la mayoría absoluta y no simple de los miembros del Pleno, es decir, de 11 personas. Habrá que esperar, por tanto, a la eventual sentencia del TSJ de Murcia que resuelva sobre la adjudicación, dado que la única que se ha hecho pública es la que validaba la legalidad de los pliegos.

Por lo que afecta al contrato de agua de San Javier, la irregularidad administrativa fue de tal calibre que evidenciaba una serie de vicios que necesariamente afectaban a la nulidad del contrato. No ya la falta de transparencia y la omisión tan palmaria en los pliegos de que un organismo externo iba a encargarse de confeccionar la clasificación de ofertas asignando por sí misma un elevado peso de juicios subjetivos. A esto se le sumaba que ni tan siquiera habían seguido el procedimiento legalmente establecido para ello. Por lo tanto, vulnerando la Ley de Contratos, la Ley 39/15 del Procedimiento Administrativo y la Ley de Transparencia era absolutamente anecdótico que Aqualia estuviese en el centro de la sospecha, fuesen o no infundados los rumores.

En materia penal lo tengo más claro. No existió ningún indicio que apuntase a prevaricación o a cualquier otro delito en la tramitación del contrato de San Javier y menos teniendo en cuenta el rápido archivo de la querella. En cuanto al de San Pedro, la presunta comunicación informal de dos funcionarios a la entidad adjudicataria deja también dudas de si pudiera considerarse infracción penal. Lo que sí que sorprende es la validación de la adjudicación, aunque también me resulta complicado que pueda imputarse delito por un acuerdo con vicio de nulidad de forma pero no material. Quiero decir que sería tan fácil como volver a reunirse la corporación y aprobarlo por mayoría absoluta, sin que el contrato se suspendiese por obvias razones de interés público. Las infracciones administrativas son más de "sota, caballo y rey" en el sentido de que no hay término medio, o cumples la Ley o la infringes. En cambio, para acreditar la comisión de un delito se necesitan pruebas contundentes que lo demuestren y no son tan obvias como las anteriores.

Por último, no puede obviarse que la demora en la resolución de recursos, a pesar de que el TCRC no suele demorarse demasiado cuando introduce medidas cautelares, alarga en exceso la ejecución de los contratos y, de esa manera, la actualización de los servicios. Por tanto, hasta cierto punto el gobierno de San Pedro tenía razón. Pero la responsabilidad no es de las empresas que recurren, que están en su derecho, sino de la lentitud de las tramitaciones judiciales y eso evidentemente es un problema que trasciende de la dinámica de trabajo administrativo tanto de las entidades locales como de la Administración Central del Estado.