El dilema entre Sanidad pública y privada forzado por el Gobierno

Desde febrero y hasta junio se ha planeado convocar y ejercer, desde el personal sanitario de muchas regiones, una huelga de cinco días a la semana con motivo del polémico proyecto de Ley de nuevo Estatuto Marco del personal sanitario cuyo borrador puede consultarse aquí. Se trata de la Ley básica estatal que regula las condiciones del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, es decir, personal médico, de enfermería, técnicos y personal de servicios. La propuesta impulsada por el Ministerio de Sanidad, bajo la ministra Mónica García, pretende sustituir un marco vigente desde 2003 y que por lo tanto habría quedado obsoleto. En esta ocasión, como en la huelga se apunta al Gobierno, se están produciendo las graciosas reacciones de los típicos adláteres mediáticos que enfocan a los participantes en la huelga para disculpar a la ministra. Por ejemplo, tenemos a Antonio Maestre a nivel nacional y a Miguel Hernández en la Región de Murcia, que despacha su artículo de "opinión" con un párrafo final absolutamente delirante. Y es que la propia ministra deslegitima la huelga expresando bulos y acusando de desatender pacientes oncológicos y en diálisis, algo absolutamente impresentable pero que retrata lo que es. Por si fuera poco, este mes se aprobó también el anteproyecto de Ley de Gestión pública e integridad del sistema de salud para derogar la Ley 15/1997 que se aprobó en la primera legislatura de Aznar y priorizar la gestión directa de hospitales públicos y restringir y limitar las concesiones. Antes de comentar los principales puntos de crítica, vamos a situar un poco en contexto la situación de la Sanidad pública en España y qué papel juega la Sanidad privada.

Marco constitucional básico

El artículo 43 de la Constitución Española establece como principio rector de la política social y económica el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos su organización y tutela a través tanto de medidas preventivas como de prestaciones y servicios. A tal respecto, se remite a la Ley para establecer derechos y deberes concretos. En la disposición 16ª del artículo 149.1 se establece como competencia exclusiva del estado la legislación sobre bases y coordinación general de la sanidad y de los productos farmacéuticos. 

El Estado no gestiona directamente ni hospitales ni centros de salud, pero sí fija el marco común. Sus funciones principales son importantes y amplias: legislación básica y coordinación (estableciendo bases legislativas del Sistema Nacional de Salud, garantizando un mínimo de derechos sanitarios en toda España y coordinando a las CCAA a través del Consejo Interterritorial del SNS), definir una cartera común básica de servicios en atención primera, especializada, urgencias y salud pública (que las CCAA pueden ampliar, no reducir), ejercer la política farmacéutica (autorizando medicamentos, financiación pública o fijando precios de referencia), garantizar la salud pública (normativa básica en vacunación, alertas sanitarias, coordinación ante pandemias o crisis sanitarias), regular formación y profesiones (títulos universitarios, homologación de títulos extranjeros, formación como el MIR y bases de estatutos profesionales) y la Sanidad exterior (control fronterizo y alertas internacionales).

Por su parte, las CCAA tienen atribuidas a través de sus Estatutos de Autonomía la legislación en materia de desarrollo y la ejecución (potestad reglamentaria) dentro de esas bases de conformidad con el artículo 148.1.21ª. Son las auténticas gestoras del sistema sanitario dentro del marco que les habilita el Estado que no es cuestión baladí. Asumen competencias de organización y gestión de sus servicios sanitarios (planificación y modelos de gestión de hospitales, centros de salud y urgencias), funcionamiento ordinario (gestión de listas de espera), personal sanitario (contratación, retribución y carrera profesional), presupuesto público (incluyendo infraestructuras aunque reciban financiación estatal), ampliación eventual de servicios (incluyendo programas específicos para colectivos) y promoción de la salud pública autonómica. Este modelo descentralizado permite una mayor cercanía a la realidad local de cada territorio, pudiendo gestionar la adaptación y organización. Sin embargo, la propia fragmentación del sistema en 17 es el principal problema estructural. En teoría, el SNS garantiza universalidad, equidad y cohesión territorial, pero en la práctica funciona como 17 sistemas sanitarios distintos con normativa propias, presupuestos diferentes y dispares modelos de gestión precisamente por el enorme margen que se le deja a las autonomías. De esa manera, el derecho reconocido en el artículo 43 de la CE no se ejerce igual según el territorio.

Fallos de coordinación y desigualdades territoriales

El Consejo Interterritorial del SNS tiene el problema de que sus decisiones son sólo recomendaciones no vinculantes y aún así se requieren consensos políticos difíciles, convirtiéndose más en un foro de confrontación partidista que de coordinación. Especialmente en la época de la pandemia del COVID quedó claro que no existían mecanismos eficaces para implementar criterios comunes y que cada región interpretaba y aplicaba a su manera. Es cierto que imponer sus decisiones podría suponer una percepción de centralismo o de imposición de la mayoría, pero la descentralización sin coordinación sólo puede incentivar la desigualdad.

El sistema dual que caracteriza a la Sanidad española favorece el traspaso de culpas permanente y la renuncia a la asunción de responsabilidades. Desde el Gobierno central siempre se apunta a las autonomías - especialmente si son de diferente color político diferente - por ser las encargadas de su gestión ordinaria. Desde aquellas se apunta al Estado tanto por la financiación insuficiente como por la legislación básica limitante. De ahí nos vamos a inevitables comparaciones entre modelos autonómicos y simplificando el debate al sustituirlo por la dialéctica de privatización frente a defensa de lo público sin entrar a valorar gestión y bloqueando reformas estructurales. En esta tesitura y, sobre todo teniendo en cuenta los ciclos políticos en los que se van alternando ejecutivos nacionales y regionales, no existen incentivos claros para planificar a largo plazo.

Pero al ciudadano le afectan de forma más directa muchos aspectos. Por ejemplo, como cada región usa diferente software, los sistemas de información no son plenamente interoperables, causando que las historias clínicas electrónicas no son del todo compartidas. Eso complica el seguimiento de pacientes desplazados y la evaluación real de resultados, así como la movilidad de profesionales. Además, conlleva la duplicidad de pruebas con la ineficiencia y pérdida de tiempo que trae aparejada y a una peor continuidad asistencial.

También existen importantes diferencias en inversión presupuestaria en Sanidad, desigualdades que han de explicarse en atención a otras variables como la capacidad fiscal de las autonomías y la financiación estatal que reciben, que igualmente es dispar y no exenta de polémicas. Pero también afecta esta disparidad financiera a tiempos de espera para operaciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas de especialistas y en cobertura de servicios ampliados. No existen los mismos servicios en las CCAA relativos por salud bucodental y salud mental, más desarrollados, con más recursos y con menores listas de espera en Cataluña, Madrid, País Vasco y Cataluña. Hasta en materia de reproducción asistida se incluyen límites de edad diferentes. 

El papel de la Sanidad privada como válvula de descarga del sistema público

Esta fragmentación y los problemas de coordinación tienen un efecto indirecto que es la contratación de seguros personales y/o familiares privados por parte de los usuarios de la Sanidad pública. Cuando una parte de la población opta por ello, precisamente se reduce la presión sobre la atención primaria, las consultas especializadas y las listas de espera y, por lo tanto, menos pacientes en la pública implica más capacidad para quienes más dependan de la misma. No es ningún absurdo tratándose de un contexto actual en el que el envejecimiento poblacional se acelera unido a la mayor esperanza de vida, la creciente población inmigrante y los repuntes de demanda de profesionales sanitarios coincidiendo con bajas temporales. Quien puede hacerlo, elige tiempos y profesionales y paga su seguro.

Al margen de ello, el SNS ya opera de forma habitual con hospitales concertados y clínicas privadas o bien deriva la realización de pruebas diagnósticas y cirugías, reduciendo tiempos de espera y costes administrativos, acelerando diagnósticos y evitando cuellos de botella. En síntesis, mejorando la eficacia del sistema. Los conciertos sanitarios no son otro instrumento que gestión indirecta de servicios públicos en los que la Administración Pública financia y mantiene el control e inspección mientras que la empresa presta el servicio bajo condiciones contractuales de precio, tiempos, estándares de calidad y auditorías. No se trata de "privatizar" o "vender" la Sanidad pública como la izquierda siempre cacarea, sino de externalizar prestaciones. Los hospitales concertados funcionan como parte de la red asistencial, pues atienden a pacientes usuarios de la Sanidad pública y de hecho resultan imprescindibles para garantizar la cobertura. Sobre todo permiten una mayor flexibilidad en picos de demanda y pudiendo absorber los retrasos acumulados. Otra ventaja es que se optimizan los recursos en los casos en que se usa la infraestructura pública ya existente, evitando costosas inversiones públicas y permite focalizar lo público en urgencias, patologías complejas y atención a crónicos.

En lo negativo, el abuso del modelo de gestión privada podría cronificar la falta de inversión pública y minimizar el desarrollo de la capacidad interna, es decir, mejora del equipamiento e infraestructuras. La Sanidad privada puede desenvolverse perfectamente en procesos simples y económicamente rentables, pero en casos más complicados (cánceres y pandemias) y que puedan provocar desequilibrios financieros es preciso que el sistema público se haga cargo. Por otra parte, es preciso que en los pliegos contractuales queden claras y bien establecidas las disposiciones relativas a costes reales y evaluación de resultados, así como control público que evite sobrecostes e ineficiencias que perjudiquen al sistema. En definitiva, el concierto debe de ser complemento pero nunca sustituto. 

La Ley anti-privatización de Mónica García

Sin embargo, lo que pretende el Gobierno es apuntalar la narrativa de que la gestión privada de la Sanidad pública desmonta a esta. Para combatirla, optan por lo que más les gusta como socialistas que son que es la burocracia y la hiperregulación. Para empezar, se prohibirá que una empresa que construya un hospital tenga la posibilidad de gestionarlo y se asesorarán a centros para abordar procesos de reversión de gestiones privadas con la intervención de la Alta Inspección del Ministerio. Por otra parte, se fomentarán consorcios sanitarios con entidades públicas en lugar de privadas, lo que implica que seguramente se constituyan nuevos chiringuitos administrativos financiados con dinero público. No olvidemos nunca que es en lo que consiste el socialismo. La gestión indirecta, aparte de limitarse a lo "excepcional", requerirá evaluación previa por "comités técnicos" que habría que ver qué tipo de composición tendrían, aunque refieren a profesionales, expertos y sociedad civil (eufemismos de sindicalistas y personal con afinidad ideológica). En dicho procedimiento se añadirán informes como el emitido por la Oficina nacional de evaluación para medir la sostenibilidad financiera. Esta futura Ley no es más que una ofensiva del Gobierno y especialmente de la ministra Mónica García contra Isabel Ayuso, tal y como se destapó cuando presentó dicho anteproyecto. Sin embargo, podemos comparar las redes de hospitales públicos y privados por autonomías en las que, en contra del relato clásico, Madrid no es precisamente de las que más abusa con un 14% de hospitales de gestión privada mientras que Cataluña tiene el 58%.

El nuevo Estatuto Marco del SNS

El colectivo médico considera que dadas sus características particulares como su formación (6 años de carrera universitaria más el MIR), sus responsabilidades legales y su régimen de guardas, precisan de un estatuto propio diferenciado que el borrador no contempla. Además, afecta más a ellos la fuga al extranjero o al ámbito privado alegando precariedad laboral (si, existe también en el cuerpo médico).

En materia de clasificación y carrera profesional, el Ministerio pretende actualizar categorías, homogeneizar criterios y promover la movilidad voluntaria entre CCAA. Sin embargo, las críticas consideran que se queda en la arquitectura y no entra en materia, puesto que entienden que no se garantiza en especializaciones y la progresión profesional depende más de decisiones políticas y presupuestarias que de mérito. Además, las disposiciones de movilidad dependen de la planificación y los desequilibrios territoriales y la falta de incentivos en zonas de difícil cobertura las complican.

En materia de jornada laboral se establece un límite general a la ordinaria y teóricamente se restringen las guardias de 24 horas estableciendo excepciones amplias por motivos asistenciales o necesidades organizativas. Las guardias no pasan a considerarse horas extraordinarias, manteniendo un régimen retributivo específico y separado de la jornada ordinaria. Por tanto, deja margen para que sigan como están y favoreciendo la percepción de que no existen garantías efectivas para evitar sobrecargas de trabajo. Por otra parte, las críticas también apuntan a que no contribuye a resolver problemas estructurales como falta de profesionales y deterioro de la imagen del sistema público.

Sobre la colaboración público-privada, se somete a la visión ideológica del Gobierno, que es la de minimizar el trabajo de profesionales públicos en la privada. Fundamentalmente altera el marco de incentivos, dado que establece un régimen de incompatibilidades más restrictivo. Así, el personal directivo profesional (gerentes, directores médicos...) limitarán su actividad exclusivamente al sector público mientras que los mandos intermedios como jefes de servicio o de sección podrán hacerlo con arreglo a la Ley 53/84, los facultativos que terminen su formación (MIR) no podrán ejercer en la privada hasta pasados cinco años de su especialización y para el personal facultativo sanitario (no administrativo) que compatibilice deberá de renunciar al complemento específico mientras que el que no lo haga no recibe ninguna compensación, es decir, sin mejorar retribuciones públicas. Es de sobra conocido que médicos especialistas de la pública también lo hacen en la privada, compatibilizando por lo tanto sus trabajos. Pero el SNS camina hacia la exclusividad sin compensación ni resolver problemas de sobrecarga o guardias. Se puede debilitar tanto la Sanidad concertada como la pública, pues puede darse también el hecho de que profesionales reduzcan su vinculación con el sistema público aumentando el déficit de médicos y suprimiendo las ventajas de la gestión privada. Igual lo que cree la ministra es que los servicios públicos se resentirán si sus profesionales dedican parte de su jornada a la privada pero no, es injusto usarlos de chivo expiatorio contra la situación de la Sanidad Pública.

Conclusiones

El Estatuto Marco es una norma eminentemente organizativa - dictada en el ámbito de las competencias del Estado - que trata de regular el trabajo sanitario y homogeneizar derechos, pero que no aporta novedades ni modificaciones sustanciales para ayudar a resolver la crisis del sistema. No soluciona demandas habituales de los profesionales, sino que responde a claros objetivos políticos. Así que se explica en ellos el motivo por el que se ha elaborado sin contar con los anteriores.

Considero que el personal médico tiene las suficientes particularidades como para que gocen de un estatuto propio, ya que no se comparten igual con otros cuerpos como la enfermería, el personal celador, etc... y son sin duda profesionales con una carga de trabajo física y mental difícil de comparar y más teniendo en cuenta las enormes guardias sin que se reemplace personal. En lugar de ello, el Ministerio de Sanidad propone el típico "cambio para que nada cambie" y lo hace por claros motivos ideológicos y políticos, que es evitar que el personal trabaje en la Sanidad privada. De ahí que refuerce las incompatibilidades al mismo tiempo que sólo propone cambios higiénicos en las guardas que seguirían siendo exigentes y duras, cargándoles a las autonomías la responsabilidad de gestionar ese panorama.

Pero la cruzada contra la Sanidad privada se percibe más claramente en la burocracia y el control contra ella y en el mensaje político que se comunica para supuestamente comandar una revolución en favor de la Sanidad pública. El Gobierno de España es claramente un ejecutivo amante del intervencionismo y no le basta con restringir que los profesionales a los que paga puedan compatibilizar su trabajo público en una entidad privada. Tampoco puede permitir que profesionales de entidades privadas aporten su talento y trabajo e incluso instalaciones para descargar responsabilidad, aumentar eficiencia y ahorrar dinero al Estado que se recauda de nuestros impuestos. No. Prefiere ahondar en la creación de órganos y entidades públicas hinchando los presupuestos nacionales y autonómicos sin aumentar la financiación a las regiones y, de paso, tratar de adelantar por la izquierda en el relato de que lo público siempre funciona mejor si es público. Que la gestión privada consiste en privatización y desmonte del Estado es el mantra que trata de reforzarse con estas leyes más enfocadas como ofensiva que como instrumentos al servicio del bienestar ciudadano. Mientras, seguiremos con crecientes listas de espera e igualmente progresivo descontento de la gente con la Sanidad.

Regularizar sin plan: riesgos de una regularización de inmigrantes electoralista

Hace un mes se anunció al acuerdo entre Podemos y el PSOE, propuesto por el primero, para proceder una regularización extraordinaria de inmigrantes que, según sus promotores, alcanzaría la cifra de medio millón de personas. Sin embargo, otras estimaciones apuntan a 800 mil e incluso a 2 millones y medio. Me ha parecido interesante repasar los antecedentes y analizar esta cuestión de forma más reflexiva y sosegada en lugar de dejarnos llevar por titulares y reacciones emocionales y populistas de las típicas. No es la primera vez que hablo de inmigración en este blog y la verdad es que es una cuestión mucho más compleja de lo que parece, pero precisamente porque la mayoría de discursos sean de izquierda o derecha no contemplan todas las variables sino las que le interesan para su discurso. Ni todos los inmigrantes son delincuentes ni tampoco todos nos contribuyen a sufragar nuestras pensiones, pero conviene analizar qué es lo que está sucediendo y por que fracasa la política inmigratoria, así como (por supuesto) cómo encaja el anuncio reciente con la realidad económica y social actual. Hay que tener en cuenta, para poner en un contexto más amplio y no sólo coyuntural este anuncio, que durante estos años de gobierno socialista se ha incrementado el número de inmigrantes en situación irregular en nada menos que más de 700.000 personas, cuando en 2017 se estima que habría alrededor de 107 mil. Además, otro dato muy importante de contexto es que se han alcanzado los 49 millones de residentes en España y 10 de esos millones serían de origen extranjero.

Antecedentes de regularizaciones extraordinarias

Con Felipe González hubo dos procedimientos, en 1985 y 1991. El primero tuvo lugar en el marco de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros y se regularizó la situación administrativa de cerca de 40.000 inmigrantes. El segundo fue con motivo de luchar contra la marginación social debido a una importante afluencia de flujos migratorios y se concedieron papeles a más de 100.000 personas extranjeras.

Durante la etapa de gobierno de José María Aznar se llevaron a cabo varios procesos de regularización extraordinaria de inmigrantes en 1996 y 2001 y bajo las disposiciones vigentes de entonces  sobre extranjería, aprobándose una nueva entre medio, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero antes de la mayoría absoluta. Como requisitos, había que demostrar que la persona se encontraba en España desde el 1 de enero de 1996 en el primer proceso y 1 de junio de 1999 en los dos siguientes. También era necesario haber sido titular de algún permiso de residencia o de trabajo en el primer caso y haberlos solicitado al menos en los últimos. también hubo un proceso específico para ciudadanos ecuatorianos tras un accidente laboral para poder regresar a Ecuador. Alrededor de 220.000 personas se beneficiaron de estos tres procedimientos mientras que el mecanismo estrella fue el arraigo que introdujo la nueva Ley de Extranjería del que hablaré más adelante y que regularizó a 240.000 extranjeros. Para acreditar la no existencia de antecedentes penales, formalmente se exigía un certificado del país de origen y declaración responsable de no tenerlos en España. Sin embargo, en la práctica se admitían certificados consulares simples o incluso comprobaciones policiales posteriores, pudiendo incluso solicitarlo después del permiso o resolver por silencio administrativo positivo.

En 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero se impulsó otro proceso extraordinario alcanzando la mayor regularización hasta la fecha, pues se beneficiaron 576.000 inmigrantes. Los criterios para acogerse fue residir en España desde antes de agosto de 2004, tener un contrato de trabajo de al menos seis meses y jornada completa y carecer de antecedentes penales. Por tanto, lo que diferencia respecto de las anteriores fue que el procedimiento burocrático fue mucho más exigente. Sin embargo, el contexto era el de una economía en expansión con mejores perspectivas de empleo incluso que en las anteriores legislaturas. Sobre la inexistencia de antecedentes penales, sí se exigía expresamente que el certificado extranjero estuviese legalizado o apostillado y traducido en su caso al español, mientras que en España lo comprobaba directamente la Administración a través del Ministerio del interior.

Lo que han pactado Podemos y PSOE en el presente 2026 es una regularización extraordinaria que pretende legalizar hasta 500.000 inmigrantes. Los requisitos son acreditar estar en España un mínimo de 6 meses y no tener antecedentes penales. Aparentemente, nada raro respecto de los anteriores procesos, pero la polémica está en el cómo se acreditan. Para la residencia, son suficientes documentos como el empadronamiento o contratos de alquiler que en principio son lógicos de solicitar, pero también facturas de servicios o billetes de transporte que dejan muchas dudas en su equiparación a los anteriores. Y eso sin mencionar que frente a los anteriores no se exige ni tan siquiera no haber solicitado permiso de trabajo o de residencia previamente. En cuanto a los antecedentes penales, obviamente los de España se obtienen automáticamente en conexión informática a los servicios policiales. Sin embargo, informes advierten de que aquéllos con antecedentes están dando por perdidos sus pasaportes para "resetear el juego" y partir desde cero. Además, para los cometidos en su país en caso de que no contesten en 30 días (algo previsible si hubiese avalancha de solicitudes) les bastaría una declaración responsable. Por otra parte, admitida a trámite la solicitud, se suspenden todos los procedimientos eventuales en curso tanto de expulsión como de retorno, algo que tampoco se termina de entender sin entrar a valorar en el fondo del asunto por el que se tramitan. Finalmente, la persona recibiría un permiso de residencia y de trabajo provisional por un año que se renovaría con arreglo a la Ley vigente.

Diferencia con el arraigo

El arraigo es, por el contrario, el mecanismo ordinario por el que una persona extranjera en situación administrativa irregular puede obtener residencia legal en España (caso por caso) y demostrando que ya está integrada en el país. Por tanto, frente a la regularización colectiva es un procedimiento individual que se regula en el Reglamento de Extranjería, siendo el actual el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre. Tras la reforma establecida en 2022 mediante el Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, existen cuatro modalidades. El social, que necesita 3 años de permanencia continuada en España, contrato de trabajo de mínimo 30 horas, informe de inserción laboral y sin antecedentes penales; el laboral, que precisa de 2 años de permanencia, haber trabajado al menos 6 meses acreditado con actas de inspección y sin antecedentes; el familiar, destinado a familiares directos de ciudadanos españoles sin más requisitos que el vínculo y que otorga permisos de residencia de 5 años y el más reciente de formación, destinado a conceder residencia a extranjeros con compromiso de matricularse en formación profesional. Este último es sin duda un gran acierto, puesto que une integración con formación para el empleo. Sin embargo, los otros procedimientos son mucho más lentos y durante esos años de requisitos obviamente el extranjero vive en situación irregular, no puede trabajar legalmente y de forma eventual puede ser sancionado o deportado. Por lo tanto, se hace lógico que en circunstancias motivadas y excepcionales se lance un procedimiento extraordinario. Y sobre ello, ¿qué dice Europa?

Contexto comunitario

Desde el punto de vista de la Unión Europea, ésta no tiene realmente una política común de regularización de inmigrantes. El Derecho de la UE sólo regula entradas, fronteras, asilo y retornos, pero no tiene competencia ninguna sobre regularizaciones internas, ya que corresponde a la soberanía nacional de los Estados miembros. Así lo expresa el artículo 79.5 del TFUE, que reconoce el derecho de admisión por parte de aquéllos de nacionales de terceros países, esto es, extracomunitarios. Ahora bien, sí existe un marco de referencia que es la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular. En su artículo 6.4 deja claro que los Estados miembros podrán conceder un permiso de residencia por causas humanitarias u otras. En ese término de "otras" entraría la regularización administrativa excepcional. En resumen, cada Estado decidiría qué requisitos solicita siempre que se respeten los derechos fundamentales y no exista discriminación, pudiendo incluso no solicitar ningún contrato de trabajo ni experiencia laboral ni tan siquiera las modalidades de regularización. Esa dispensa comunitaria chocaría con la ilegalidad material del Real Decreto que señaló el juez Jaime Lozano, lo que da para un debate jurídico complejo y difícil de resolver en un post. En cualquier caso, una irregularidad forzada o mantenida indefinidamente sería contraria al Derecho comunitario, de igual manera que si infringiera el principio de cooperación leal establecido en el artículo 4.3 del TUE que establece que los Estados no deben de poner en riesgo objetivos de la Unión, sus obligaciones o políticas comunes (espacio Schengen, fronteras, etc...). Sin embargo, eso tampoco quiere decir que la UE no tenga nada que decir.

Ante la noticia, se convocó, a instancia del PP europeo y para el pasado martes 10, un punto en la sesión entre eurodiputados y la Comisión a efectos de analizar los posibles efectos en el espacio Schengen y en las políticas de inmigración y seguridad. Esto es así porque la regularización permite que se puedan mover con libertad por todos los Estados miembros y de esta manera impacte legalizar a medio millón de personas. Intervino el comisario competente Magnus Brunner y recordó que son los Estados miembros los que deben de velar porque sus decisiones internas no tengan consecuencias en el resto, aseverando que España no puede convertir un permiso de residencia o de trabajo en un cheque en blanco para moverse por toda la UE y la normativa comunitaria ha de respetase. Además, advirtió que para que este procedimiento extraordinario de regularización fuese creíble debía de acompañarse con una expulsión de los irregulares, teniendo en cuenta que sólo uno de cada 5 irregulares en la UE es deportado. Pero el gobierno del PSOE está ejerciendo una mano aún más blanda con las deportaciones en comparación con legislaturas de tiempo idéntico como Rajoy o Zapatero como puede leerse en este enlace. También se recordó que el Eurobarómetro refleja que un tercio de los encuestados está preocupado por la inmigración ilegal y casi un 90% pide una mayor unión de Europa contra ella. En ese sentido, la nueva reforma migratoria que pretende implantarse a partir de julio apunta hacia controles más estrictos en lo que se refiere a entradas de personas irregulares en el espacio europeo. Y es en realidad el camino hacia el que va Europa como podemos revisar en los siguientes países.

Gestión y contención de la inmigración irregular en Europa

Italia marca el camino impulsando la contratación en origen con las visas de trabajo y aprobando medio millón de permisos de trabajo a través del decreto Flussi para el trienio 2026-2028. Por la vía de la restricción, el decreto Piantedosi regula y limita la actividad de los barcos de ONGs que deben solicitar puertos para cada rescate (desincentivando la inmigración masiva o descontrolada), elimina la protección especial para solicitantes de asilo blindando por ley una lista de países seguros para agilizar devoluciones, siendo esta última planteada por la Comisión Europea (que entra en junio). También alcanzó acuerdos bilaterales con países y regiones como Túnez y Libia para reducir el flujo de inmigrantes, si bien lo más discutible es la externalización de la gestión de la inmigración albanesa en centros de los Balcanes.

En otro plano están varios países que han atravesado serios problemas con la gestión de la inmigración y de la inseguridad ciudadana. Francia ha endurecido las reglas para regularizar ligadas a la integración. Por el contrario, la extrema izquierda de Francia insumisa aboga por liberalizar y promover la inmigración masiva (y no es de extrañar que los nacionalizados los voten). Reino Unido también ha hecho lo propio con la residencia permanente, aumentando de cinco a diez años el mínimo requerido y debiendo de demostrar los inmigrantes que se han integrado y contribuido sosteniendo a la Seguridad Social, conocen y usan eficazmente el idioma inglés, carecen de antecedentes penales. El Gobierno de Dinamarca ha establecido cambios legales para facilitar la expulsión de extranjeros condenados por delitos graves (penas superiores a un año), reduciendo el margen para que los tribunales bloqueen por motivos tasados. Incluyen cooperación internacional para facilitar trámites de retorno y embajadas. Finalmente, Suecia se ha propuesto aumentar ayudas económicas para los que opten por marcharse de vuelta a su país hasta 32.000 € mientras que la agencia sueca de migración se dedica a detectar y frenar abusos en solicitudes de residencia, empleo irregular y fraudes administrativos.

Por supuesto, también existen en España medidas contradictorias como las que aprobó Ayuso en Madrid prohibiendo a los condenados por okupación (entre los que puede haber inmigrantes) el poder ser beneficiario de una vivienda protegida durante 5 años. No se me ocurre limitación mejor para alentar al delincuente a que siga haciéndolo aunque haya pagado por ello. Bueno, la de exigirle un mínimo de diez años de residencia nada menos. Y qué decir del realojo de Menas en un chalet de lujo en La Rioja por el gobierno del PP. Como puede verse, el PP también yerra lamentablemente. 

El problema de la integración social

No puede perderse de vista la dificultad de la integración social, el principal caballo de batalla de la inmigración tanto ilegal como legal, pero sobre todo de la primera. Y es el motivo de que se contenga la inmigración. Lo hemos hablado en varios posts, incluyendo referencias sutiles a lo políticamente incorrecto. Pero si los datos son "fachas" no es culpa nuestra, sino señales claras de que algo está fallando. 

Regularizar no es integrar. Sólo cambia el estatus jurídico, pero no crea ni empleo, ni competencias lingüísticas, ni comprensión cultural, ni redes sociales ni acceso a vivienda. Muchos extranjeros ni conocen el idioma, ni el mercado laboral y ni tan siquiera cuentan con sólidas redes familiares. Además, predomina una alta heterogeneidad cultural y formativa, dado que muchos proceden de culturas donde otras religiones o leyes les interiorizan un estilo de vida muy distinto, con roles de género incompatibles con una democracia avanzada (¿ya saben por dónde voy, no?), no disponen de las habilidades o formación necesarias y por si fuera poco constituyen guetos en barrios donde la conexión se reduce a sus pares. Barrios con vivienda barata contribuyendo sin querer a la segregación residencial y reportándose conflictos con personas de otras nacionalidades y culturas (no sólo las españolas). Todo esto no sólo encarece sino multiplica la complejidad de cualquier política de inserción, entre otras cosas tensionando servicios sociales y sanitarios, oficinas de empleo, vivienda, etc para los que las administraciones dan la sensación de no estar preparadas y ni tan siquiera las saturadas ONGs. ¿Por qué? porque falta tanto financiación como recursos humanos generando cuellos de botella severos, pero sobre todo por la inexistencia de un plan de integración que sea capaz de absorber con éxito regularizaciones masivas de inmigrantes y que minimice la necesidad de deportar. Aspectos tan básicos como indicadores, enfocar la formación al empleo como se pretende con la última fórmula del arraigo, un reparto territorial inteligente incentivamente el asentamiento en zonas despobladas y que evite concentración extrema urbana y por supuesto colaboración de todas las administraciones. De lo contrario, podríamos estar hablando de un "efecto abandono" en el que el inmigrante legalizado se encontraría decepcionado y ya no hablemos del no regularizado.

Por lo tanto, sin una planificación previa cualquier regulación extraordinaria y máxime cuando el contexto actual precisamente no es de bonanza económica como en todas las experiencias previas sino de lo contrario (inflación, acceso a la vivienda más caro, etc...) puede estar abocada a crear más problemas que a solucionar. Si las administraciones no son capaces de coordinar un plan de inserción laboral, disponer de financiación finalista, reforzar los servicios públicos ni tan siquiera establecer unos indicadores de seguimiento, es más que obvio que hay que cerrar el grifo tanto de entrada como de permanencia. Puede sonar duro o fascista según la extrema izquierda, pero es lo que dicta la lógica y de hecho como vemos la dinámica en Europa está siendo de contención de la inmigración irregular. 

Conclusiones

La propuesta que ha colado Podemos a PSOE peca a mi juicio de dos defectos. El primero está en la propia propuesta, que minimiza los requisitos como nunca ha hecho ningún procedimiento previo. Como mucho se podría comparar con los de Felipe González, pero el contexto no es nada comparable no ya porque eran tiempos de crecimiento económico sino porque los beneficiados fueron muchísimos menos. En esta ocasión, ni tan siquiera se les pide que hayan tramitado algún permiso de residencia o de trabajo aunque no lo tengan concedido y valen hasta simples facturas sin ni tan siquiera acreditar que no está de okupa o que no viva bajo un puente. Es regularizar por regularizar, aunque a Irene Montero, que cada vez que habla se duplica el precio del pan, se le "escapó" que el plan es que ese medio millón de inmigrantes pueda votar e incluso nacionalizarse para "reemplazar a los fachas". El segundo defecto, es la ausencia de un plan estudiado de integración que lidie con una enorme cifra de legalizados y la inexistencia de requisitos previos orientados a evaluar su propia integración inicial. Además, relacionado con este punto se añadiría un tercer elemento que es el mayor gasto en Sanidad y Servicios sociales destacando las ayudas económicas a los que la inmensa mayoría tendrían derecho, máxime si ni siquiera tienen medios para subsistir. Todo eso mientras nuestras pensiones presionan cada vez más al tiempo que impuestos y cotizaciones.

En definitiva, no se puede regularizar a expensas de que el mercado laboral absorba todo, los municipios gestionen el impacto y las ONGs amortigüen lo que puedan. El mantra de que van a pagarnos las pensiones es falso en el momento en que la balanza fácilmente se desequilibra en favor del coste de abonarle ayudas y pensiones, dado que la inmensa mayoría parte de una situación de precariedad en la que ni tan siquiera se le pide que busque trabajo. No, un enfoque improvisado no es progresista ni liberal sino insensato. Porque sin políticas activas y suficientes, el resultado no es la integración sino la segmentación laboral (cerrándose las vías de trabajo en unos pocos oficios manuales), la concentración territorial (tensionando algunos barrios o autonomías) y la perpetuación de economía sumergida. Por lo tanto, el caso actual se convierte más en una propuesta para generar impacto a corto plazo, desviar la atención de noticias menos propicias para la imagen del Gobierno y sus socios y la expectativa a largo plazo de instrumentalizar a los propios inmigrantes.

Elecciones en Aragón 2026: la visible consolidación de una tendencia

Ayer domingo, al igual que sucedió el pasado diciembre en Extremadura, se celebraron elecciones anticipadas en Aragón tras sólo media legislatura. Parece una dinámica a la que nos estamos acostumbrando últimamente por motivos más de política nacional que autonómica, recordando también lo que sucedió en 2021 en Madrid y en 2002 Castilla y León. Pues bien, en las pasadas elecciones de mayo de 2023, el PP de Jorge Azcón obtuvo un enorme resultado con 28 diputados habiendo subido en 12 escaños que fueron justo los que tenía Ciudadanos (de 110 mil votos a 8.600) mientras que el PSOE del recientemente fallecido Javier Lambán perdió uno y se quedó con 23 en segunda posición. Otras subidas importantes fueron Vox que pasó de 4 a 7 y la gran novedad de Teruel Existe que irrumpió con 3 y meses más tarde colaría un diputado en el Congreso. Este incremento probablemente fue a costa de Podemos, que pasó de 4 a 1. Completaron una asamblea muy fragmentada Chunta que mantuvo a sus 3, IU que continuó con su escaño y Partido aragonesista que perdió uno y se quedó con otro. Pues bien, en un escenario aún más fragmentado que el preexistente, de escándalos de corrupción del PSOE a nivel nacional y de polémicas medidas del Gobierno central, aparentemente Javier Azcón jugaba con buenas bazas para conseguir una cómoda victoria y aspirar a la mayoría absoluta.

Contexto preelectoral

Como candidata del PSOE para la autonomía aragonesa, el Gobierno encargó el marrón a la ministra de Educación y portavoz Pilar Alegría, pero no se esperaba que la convocatoria fuese tan anticipada y tuviese que renunciar a su cargo para preparar la campaña. Esta señora recientemente estuvo en el centro de la polémica por su presunta implicación o cuando menos conocimiento y encubrimiento relativos a un incidente en el Parador de Teruel en la noche del 15 septiembre de 2020 cuando era Delegada del Gobierno en Aragón. El pasado año 2025 se desveló, según algunos medios y en base a declaraciones de trabajadores (a los que se les abrió un expediente en represalia), un escándalo producido aquél día. Nada menos que una fiesta con prostitutas y destrozos de mobiliario señalando como responsable a su compañero de Consejo de Ministros José Luis Ábalos, que era ministro de Fomento. La ministra optó por negar la mayor, pero sus declaraciones no estuvieron desprovistas de contradicciones mientras que el Parador, dirigido por un cargo socialista tardó varias semanas en emitir un comunicado de desmentido. Sin duda, el Parador de Teruel fue símbolo del PSOE más chusco y barriobajero dentro de un año de revelación de desfases.

Como competidores por la izquierda más escorada se asiste a una importante división con Chunta aragonesista con Jorge Pueyo (actual diputado por Sumar en el Congreso), IU-Sumar con Marta Abengonchea y Podemos con María Goicoechea, elegida esta última con una fuerte polémica y división interna por acusaciones de fraude en el sistema. La clásica atomización de la izquierda alternativa que es cada vez más minoritaria y al mismo tiempo más alejada de la sociedad, sólo que esta vez matizada por la lucha interna en la que Podemos pretende erigirse como la alternativa en el espacio populista frente a un PSOE que lleva casi dos años desmoronándose y en barrena. El momento más significativo de la campaña de estos últimos fue la intervención de Irene Montero e Ione Belarra en la que la primera llamaba a reemplazar España de "fachas" y sustituirlos por inmigrantes mientras que la segunda aseguraba guardar en un bote "lágrimas de facha". ¿A qué podría contribuir esta polarización a lo adolescente hormonado en término de activación del voto?

En la derecha alternativa, como candidato de Vox repitió Alejandro Nolasco, pamplonica afincado en Teruel desde 2018 que ha sido portavoz del grupo parlamentario, vicepresidente y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia antes de que Abascal ordenase romper los gobiernos por el ya comentado asuntillo de los centros de Menas. En su programa, ha ofrecido las promesas típicas o más mediáticas de derogar las leyes regionales de memoria histórica y de género, prioridad de nacionales frente a extranjeros en ayudas sociales, suprimir de currículums escolares lo relativo a la ideología de género (sin mencionarla expresamente), pin parental, supresión de todo vestigio islamista en las aulas, bajadas de impuestos, reindustrialización frente a los macroparques de renovables, apuesta por el sector primario, auditoría independiente del sistema sanitario aragonés, cubrir temporalmente el coste de la enfermedad ELA y en total 489 propuestas. En los últimos días de campaña se filtraron unas polémicas declaraciones de Nolasco en las que criticaba fuertemente la estrategia de salir de los gobiernos autonómicos e insultaba a Abascal, que quitó hierro a este asunto.

Sin embargo, la sorpresa vino por la presentación el último día de las candidaturas de SALF (Se acabó la fiesta). Un partido que se creó en Telegram en 2024 por parte del hoy Eurodiputado Alvise Pérez, conocido por ser afiliado de UPyD, después de Ciudadanos donde trabajó de asesor de Toni Cantó y finalmente independiente anti-sistema. María Cristina Falcón, directora de un colegio público en Utebo (Zaragoza) encabezó la lista de su provincia y se presentó como candidata junto con el resto de integrantes en el famoso Parador de Teruel, no sin disfrazar el evento como un acto de nutrición. Su lema de campaña, Ellos o nosotros y entre su programa defienden medidas populistas imposibles por incompetencia manifiesta como cero impuestos en adquisición de vivienda, desalojo de okupas en 24 horas, rebaja de IRPF al 0% para rentas inferiores a 35.000 euros, deportación de ilegales, promoción de las nucleares y burocracia cero para agricultores y otras sí de competencia regional como recuperar el cheque bebé socialista con 2.500 €, guarderías gratuitas, cero subvenciones a sindicatos y partidos (como Vox), Administración Pública digital 100% e incrementar médicos en pueblos rurales.

Finalmente, Ciudadanos se retiró del escenario sin presentar lista al contrario que en Extremadura, demostrando que junto con los últimos resultados está sumido en una total irrelevancia en la que, para mi tristeza, sólo le queda echar el cierre y retirarse. Además, un ex concejal que dimitió por una presunta agresión sexual encabezará la lista de SALF por Teruel. 

Resultados electorales

Tal y como se preveía, el PP se ha alzado con la victoria en las elecciones como fuerza partidista más votada. Sin embargo, con arreglo a las encuestas se estimaba que al menos se mantendría y no ha sido así. Ha perdido 13.000 votos y se ha visto perjudicado por el fuerte ascenso de Vox, de manera que Azón ha perdido 2 diputados pasando de 28 a 26. Por lo tanto, lejos de aproximarse a la mayoría absoluta o al menos de resistir al empuje de su competidor por la derecha, el PP ha retrocedido y demuestra no ser capaz de absorber el voto que pierde el partido socialista o, al menos, de recabar lo suficiente como para amortiguar lo que Vox le ha podido quitar.

El PSOE ha recibido una importante derrota perdiendo 5 diputados e igualando su suelo electoral en la autonomía aragonesa que son 18. Ha perdido aproximadamente 40.000 votos, que se habrían repartido fundamentalmente en Chunta Aragonesista, abstención, PP y probablemente incluso VOX. Una vez más ha afectado la situación del partido a nivel nacional con escándalos de corrupción, la situación de la economía con el mercado de la vivienda y la inflación y seguramente medidas políticas polémicas como la regularización de inmigrantes o la limitación de redes sociales. Además, Pilar Alegría ha sido una candidata que a más de uno le habrá recordado el episodio de decadencia del PSOE con Ábalos y la juerga del Parador, esa que los socialistas han tratado de tapar por todos los medios.

VOX ha subido en casi tantos votos como ha perdido el PSOE, duplicando su fuerza parlamentaria al alcanzar hasta 14 escaños. Un ascenso muy fuerte que pocas encuesta preveían, pues apuntaban a un techo de 12-13. Los de Abascal han ganado mucho terreno al PP en el relato, pues mientras que los primeros parecen haberse contentado con la erosión de su competidor por la izquierda, no han trabajado igual una comunicación más constructiva y prospectiva, de forma que su discurso se basaba más en seguir como estaban que en avanzar con independencia de que se hundieran otros. VOX ha representado para todos esos votantes que provenían del PP, de la abstención, de nuevos votantes e incluso del PSOE una opción para combatir los vicios del bipartidismo. Básicamente a lo que aspiraba Ciudadanos sólo que con banderas ideológicas más remarcadas y un discurso populista pero más efectivo.

En la izquierda más minoritaria, los grandes beneficiarios han sido sin duda los de CHA, otros que han duplicado su fuerza con una subida de casi 30.000 votos que les permitieron pasar de 3 a 6 diputados. Sin duda han pescado mucho voto del PSOE y de Podemos, decepcionados con el primero por las razones antes indicadas y con el segundo por un discurso absolutamente demencial y desnortado. Por parte, Teruel Existe que pasó a reconvertirse como Aragón Existe perdió 10.000 votos y pasó de 3 a 2 diputados. Es probable que una parte haya sido absorbida por CHA, pero también pudo existir algo de abstención. No podemos ignorar el probable desgaste de la formación de Teruel Existe a nivel nacional que para lo único que ha servido para la autonomía es para prorrogar la continuidad de Pedro Sánchez. Finalmente, cierra el arco parlamentario Izquierda Unida-Sumar, que ha conseguido salvar los muebles conservando el diputado que tenía con cerca de 20.000 votos y ganando el pulso por poco margen a SALF. Esta supervivencia le permite un pequeño respiro a Yolanda Díaz, pues su candidatura ha logrado resistir la debacle de la izquierda nacional.

Al contrario que sucedió en Extremadura, el retroceso del PSOE no supuso un incremento de Podemos. El motivo, a mi juicio, pudo ser el que no existió una alternativa regionalista con empaque, puesto que de lo contrario ese trasvase de la izquierdo no hubiese recaído en la formación morada como alternativa. Podemos está en un proceso evidente de "ciudadanización". Es decir, va camino de la desaparición atravesando primero una dolorosa época de irrelevancia absoluta. Y, en verdad, es lo que se merecen estos lacayos de Maduro, defensores del feminismo más rancio y contrario a la igualdad y blanqueadores de los crímenes del régimen iraní. Que hayan perdido 20.000 votos, se hayan quedado con poco más de 5.000 y que hasta Alvise les triplique, es el karma que esta infame extrema izquierda merecía. De verdad que no puedo sino alegrarme que estas personas con ideas guerracivilistas sean reemplazadas y sean desalojadas de otro parlamento autonómico. Otros que desaparecen son el partido aragonesista (antiguo PAR) que perdió el único que le quedaba ya cayendo a 8.000 votos.

Finalmente, SALF logró 17.983 votos, una cifra que no está nada mal duplicando a PAR y triplicando a Podemos, pero no fue suficiente para entrar. Sin embargo, el fracaso probablemente contraiga el ascenso del partido en otras autonomías a pesar de que, como recordamos, en las Europeas de 2024 recabó hasta 800.000 votos en toda España. Queda claro que a Alvise le falta un discurso más prospectivo que centrado en lo antisistema, a pesar de que en esta campaña trató de dotarle de más contenido pero al final se quedó muy en lo superficial.

Conclusiones

Parece evidente que empieza a vislumbrarse una tendencia o al menos da esa impresión a expensas de lo que suceda en Castilla y León el mes que viene (15 de marzo) y en Andalucía en junio. El PP no sólo no aumenta a pesar de la caída del PSOE, sino que retrocede a costa de VOX que es quien capitaliza mejor los trasvases de votos. El problema para el PP es que tras la absorción de Ciudadanos, una operación que no me cansaré nunca de condenar en la que fichó a miles de tránsfugas y compró voluntades, creyó que había acaparado todo el centro derecha. Dio por hecho que el trabajo de captación de votos ya estaba concluido y sólo debía esperar la caída de Sánchez. La realidad es que no es así e incluso hay bastante gente que como votante está abandonando el PP porque falla en ciertos pilares donde los de Feijoo son indistinguibles del PSOE: gestión de la inmigración, vivienda, Agenda 2030, feminismo hembrista, altos impuestos, gasto público improductivo, servicios públicos deficitarios... la clave nacional siempre tiene una incidencia innegable y a esto se le une una pésima estrategia comunicativa donde parece que lo importante es más que los socialistas están en la miseria moral más absoluta (que es verdad) que las propuestas para ofrecer a los ciudadanos una perspectiva de cambio. Ojo, esto no quiere decir que deban de asumir en bloque el programa de VOX porque tiene errores clamorosos que les encasillan en una derecha conservadora y antiliberal, pero es que ni tan siquiera eso es capaz de combatirlo el PP. Si a los socialistas ya no les funciona el mohoso discurso de "que viene la ultraderecha", al PP tampoco el de "somos la casa común del centroderecha". Así que o trata de liberarse de los complejos, apostar por una vertiente más liberal y no tan estatalista y renovar sus líderes por otros más creativos y valientes o lo que se viene en los próximos comicios es una debilidad cada vez mayor frente a un electorado más harto y escéptico que nunca del bipartidismo.

Redes sociales en alerta: el control disfrazado de censura sin complejos

Esta semana una vez que Óscar Puente ha quedado absolutamente retratado con sus declaraciones manipuladoras sobre la "renovación integral" de las vías del Ave de Andalucía y rematando con la carga de la culpabilidad al cambio climático y al PP que no gobierna desde 2018, el PSOE de Sánchez ha rescatado de la chistera otra cortina de humo: la moderación de redes sociales. No sólo las estrictamente etiquetadas como tales como Facebook, Instagram, Threads o X sino también los chats como Whatsapp o Telegram y plataformas de streaming como Twitch o YouTube. Pero esta vez, para resultar más convincente, ha recurrido como escudo a los menores de 16 años. En realidad, esta iniciativa es copiada de la que aprobó el Parlamento Europeo a propuesta de la Comisión Europea en noviembre del pasado año. Sin embargo, los puntos de aquélla se plantearon en el marco del Reglamento de Servicios Digitales, que es de aplicabilidad directa en todos sus términos y en todos los Estados Miembros. Por lo tanto, el Gobierno no puede crear ni innovar ningún procedimiento porque de lo contrario estaría vulnerando el Derecho comunitario y de esa forma no puede aprobarse ninguna Ley que no sea simplemente ejecutoria. De hecho, ya se emitió una advertencia en ese sentido.

Al margen de esa no menos importante cuestión formal, un discurso no necesariamente paternalista ni conservador podría entender como acertada la medida y compatible los fines de proteger a los menores. Sin embargo, ese anuncio esconde la preocupación del Gobierno por la sonora derrota del relato cultural en los más jóvenes, que al alcanzar la mayoría de edad parecen estar consolidando actitudes políticas contrarias a la izquierda que representa este gobierno de coalición y sus socios. Y lo que es más, resulta ser la tapadera de un auténtico plan para controlar el relato y las críticas en RRSS, chats y plataformas de streaming y vídeo. Siguiendo el comunicado que realizó Pavel Durov, CEO de Telegram en la misma aplicación de mensajería (que se englobaría dentro del concepto de redes sociales como también Whatsapp) vamos a desgranar los puntos más polémicos. Pavel comienza acusando al gobierno de Sánchez de pretender convertir a España en un "Estado de vigilancia" bajo la excusa de la protección de menores mientras que lo que encierran sus medidas son un atentado tanto a la libertad de expresión como a la privacidad de sus datos.

Prohibición de redes sociales para menores de 16 años con verificación de edad obligatoria 

Un mecanismo a disposición de padres y madres es el control parental, tanto el de Google como el de Youtube y hasta Android o iPhone. Se puede tanto restringir por edad como monitorizar los accesos de los hijos menores de edad, introducir contraseñas, suprimir recomendaciones de contenido, restringirse a unas cuentas determinadas, compartir el uso de una misma cuenta... Obviamente todo esto ya entra en la responsabilidad de cada adulto pero igualmente en su deber y en su derecho. Empero, el Gobierno de España prefiere erigirse en tutor de los menores de 16 años. Sin embargo, ya recuerda esto a una anterior cortina de humo que ha sido reciclada, la del famoso pajaporte.

Se les ordena a las plataformas de redes sociales, mensajería y streaming que usen controles para verificar la edad de los usuarios, no sólo a lo menores de edad. Pero con ello tendrán que almacenar datos e información como los DNI e incluso datos biométricos como las huellas dactilares o la cara, tal y como usamos en nuestros móviles. Esto permitiría que el anonimato en las redes, que en realidad no es invulnerable por motivo de la IP de conexión y otros sistemas de rastreo, fuese cuestionable de proteger al ser capaz el Estado de capturar la identidad de cada usuario. De esta manera, la recopilación masiva de datos supondría un tesoro muy apetitoso para saltarse la privacidad y aprovecharlo por parte de políticos y no tan políticos para atacar a personas con discursos contrarios. Y es que no sería de extrañar recordando el lamentable doxeo (exposición pública y revelación de datos privados) y acoso personal y digital contra cuentas liberales o conservadoras que hicieron perros de presa como Isidoro Romane o el Canal Red de Pablo Iglesias e incluso jaleado por el consabido impresentable ministro Puente.

Responsabilidad personal y penal para los ejecutivos de plataformas

Si no se elimina rápidamente contenido “ilegal, odioso o perjudicial”, sus responsables podrían ser acusados penalmente. La probable consecuencia según Durov es que forzaría una autocensura excesiva, dado que las plataformas podrían llegar a suprimir cualquier mensaje mínimamente controvertida para ahorrarse riesgos. Lo que al Gobierno socialista le interesa es silenciar la disidencia política y no sólo las opiniones cotidianas sino también el periodismo no afín (los tachados de pseudomedios) y cualquier elemento que ose desafiar la narrativa "oficialista" aún con datos, argumentos, testimonios y pruebas. 

Además, esto entronca con las recientes declaraciones de la ministra de Juventud Sira Rego afirmando que otra de las medidas que se podrían plantear sería incluso prohibir el acceso a X (antes Twitter). El contexto de referencia es el encontronazo en dicha red social entre Pedro Sánchez y Elon Musk, CEO de la misma, que criticó ferozmente a Pedro Sánchez por estas medidas a su juicio autoritarias (y del de muchos). Incluso se plantea si cuentas institucionales del Gobierno podrían abandonar X del mismo modo que cuentas de periodistas y activistas de medio pelo de la izquierda huyeron haciendo puñitos a Bluesky. La misma red donde pululan los pedófilos y la extrema izquierda se reporta hasta entre ella misma. X, en cambio, ha sido un espacio de libertad de expresión "un poco" más decente que antes y con gente de izquierdas y derechas sin que se suspendieran siempre cuentas del mismo lado. La novedad más importante, junto con la inteligencia artificial de Grok que aclara posts y crea imágenes, ha sido con el interesante mecanismo de las notas de la comunidad. Permiten por parte de los usuarios el poder desmentir bulos o poner en contexto ciertos posts, tal y como lo puede hacer Grok. Eso sí que ha sido innovar contra la desinformación. En cambio, sí se le puede achacar la mano blanda contra los bots de publicidad engañosa tipo "no sabía que la cámara seguía grabando" y que Grok se pasase de políticamente incorrecto fabricando imágenes.

Criminalización de la amplificación algorítmica

Amplificar contenido “perjudicial” a través de algoritmos se convierte también en delito y eso significa que aquellos contenidos que se acuerdo con el punto anterior se califiquen de perjudicial serán vetados y objeto de sanciones. El Gobierno, excusándose en combatir la "manipulación algorítmica" no puede permitir no ya la expresión de opiniones consideradas peligrosas para su discurso, sino tampoco la propia difusión de las mismas a través de la rueda algorítmica. Esa rueda informática que nos expone cada vez más frecuencia los vídeos, imágenes y cuentas relacionadas con lo que consumimos (likes, comentarios, compartidos, etc...) y que igualmente transmiten mensajes similares. Esto es control del relato en toda regla para remontar la derrota en la guerra cultural de las redes sociales. Disfrazan ese propósito en la capa de la lucha contra la desinformación, cuando en realidad lo que les preocupa es que se difundan mensajes que desmonten el fracaso de sus políticas públicas y su corrupción imperante. Únicamente la propaganda difundida por influencers como Carla Galeote, Julia Salanders y miembros del equipo de opinión sincronizada estará protegida a pesar de que sigan difundiendo bulos y acusaciones gravísimas o sin pruebas. Por ejemplo contra Ayuso o Julio Iglesias, con el que El Diario y Nacho Escolar se han metido en un buen lío. En definitiva, el control del algoritmo y la amenaza de la denuncia se usarían como nuevas herramientas para mantener a la gente bien adoctrinada y alejada de mensajes nocivos para, por supuesto, el relato gubernamental.

Seguimiento de la “huella de odio y polarización”

No bastaría con intervenir los algoritmos y ni tan siquiera que los usuarios reporten en masa. No basta con que los mensajes sean rastreados, sino que las propias plataformas serán monitorizadas y expuestas por el Gobierno sobre cómo “alimentan la división y el odio”. Se pretende perseguir y castigar a los que encajen en definiciones discutibles de odio o polarizantes que pudieran ser en realidad críticas a las políticas del gobierno y no discriminaciones a colectivos "protegidos". Incluso cabe en el particular concepto del PSOE como incitar al odio y al magnicidio jalear que se golpee a una piñata de muñeco "parecido" a Sánchez o escribir "Pedro Sánchez, HDP" como ha sido el meme en eventos multitudinarios. Es preciso recordar como el propio Gobierno de España echa en cara a la oposición como responsable exclusiva de la polarización. Los mismos que, aparte de inventar "palabros" infantiles para escorar más a la gente como "fachosfera" o reinventar la definición de lo que significa bulo o desinformación, cuentan con mercenarios mediáticos tanto en la televisión pública como en medios privados para, sin las cortapisas que tiene ser cargos públicos, difundan mensajes de odio o de supuesto humor contra personas por opinar diferente, ridiculizando sus puntos de vista y señalando a la mitad de la población. Sí, eso es lo que hace Televisión Española y personajes como Javier Ruiz y su pareja Sara Pérez, uno ejerciendo de abogado defensor del PSOE y fiscal contra la oposición y la otra chillando como una verdulera en cada espacio de debate y realizando acusaciones gravísimas. ¿Cómo no va a contribuir esta gente a la polarización política? Si son los mayores creadores de votantes de VOX e incluso Alianza Catalana.

Con la monitorización de la denominada "huella de odio" se podrían restringir o suspender cuentas de redes sociales tanto de la oposición como de medios de comunicación o ciudadanos particulares, dado que de no hacerlo siempre tendría el Gobierno la opción de optar por la prohibición del acceso a la red concreta o funcionamiento de la misma en España. Un nuevo desafío a la libertad de expresión promoviendo la censura en supuesto pro de la seguridad de los menores. Por si fuera poco, pudiendo sentar un precedente que convertiría en viables resoluciones tan polémicas como la del juez Pedraz, que ordenó suspender todo el acceso a Telegram en España para investigar - a raíz de una demanda interpuesta por las televisiones - la difusión de contenido pirata de retransmisiones deportivas.

Conclusiones

La obsesión por intervenir, regular y prohibir es consustancial a un gobierno socialista (que no socialdemócrata) como es el caso paradigmático del Sanchismo, que necesita recurrir a ello como forma de tapar sus vicios, errores, incompetencia y corrupción. La agenda pública y poder manejarla a su antojo es un recurso lo suficientemente apetitoso como para no hacer remilgos en activar el botón y más gracias a esa prensa domesticada cuando no directamente a sueldo como RTVE. Más aún tratándose de espacios en los que sus brazos mediáticos no llegan y sus creadores de contenido apenas lo hacen pese a estar subvencionados con dinero público por el Ministerio de Igualdad y el de Política Territorial y "memoria democrática". Y lo que es peor, se apoyan en la polarización a la que ellos mismos han contribuido más que nadie y hasta con el apoyo de la izquierda a su izquierda tanto política (Podemos) como mediática (Canal Red) aún a pesar de que están más en modo oposición. Para que tanta gente de izquierdas haya interiorizado este neolenguaje agresivo que poco tiene que envidiar a la auténtica ultraderecha (y que no somos todos los que nos oponemos a este insensato Gobierno), ha sido necesario un trabajo continuo. Porque, lamentablemente, cuando sólo interesa mantener el poder y seguir cobrando dinero público, no existe moral ni reflexión. Sólo blanquear cualquier investigación de corrupción y revertir las responsabilidades de sus negligencias en los demás, proyectando en ellos la perfidia que despiden por todos sus poros. Y es que el Sanchismo consiste en todo esto.

La trampa del Decreto Ley como modus operandi del Gobierno Sanchista

Según el artículo 86 de la Constitución Española,  la figura del Real Decreto-Ley está pensada para que el Gobierno pueda dictar disposiciones legislativas provisionales sólo en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”, pero en modo alguno como vía ordinaria de legislación. Son normas con fuerza de Ley que no se supeditan a la potestad reglamentarias y son aprobadas por el Gobierno en Consejo de Ministros. Los Decretos Leyes han de ser convalidados o derogados por el Congreso en menos de 30 días, sin perjuicio de que eventualmente se transformen en un proyecto de Ley (spoiler, nunca pasa). Sus límites materiales son el ordenamiento básico de las instituciones del Estado, los derechos y libertades de los ciudadano que se recogen en el Título I, el régimen de las CCAA y el Derecho electoral general. Sin embargo, en las dos últimas legislaturas del PSOE y bajo Pedro Sánchez dicho recurso ha sido usado de forma mucho más frecuente que en gobiernos anteriores, generando críticas que apuntan a que muchos de esos decretos terminan siendo “cajones de sastre”. En realidad, se aprovecha para introducir normas y medidas de todo tipo y con dudoso nexo entre sí, ya que difícilmente justifican la urgencia alegada. ¿El motivo de este abuso? La incapacidad de poder aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y la oportunidad para presentar un paquete de medidas presionando a la oposición de forma demagógica y sin que exista debate parlamentario alguno, dado que el Congreso única y exclusivamente puede votar todo o nada. Vayamos a continuación a repasar algunos de los más significativos entre los últimos.

RDL 5/2023 de 28 de junio

Los motivos que se declararon para aprobar el Real Decreto Ley 5/2023 se centraron en la adopción y prórroga de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis energética y social por la Guerra de Ucrania y el apoyo a la reconstrucción de La Palma por el desastre tras la erupción del volcán de 2021, así como situaciones de vulnerabilidad social. Hasta ahí bien, ¿no?.

Sin embargo, se incluyeron normas laborales, fiscales y societarias que podían exceder perfectamente de lo "urgente" del conflicto entre Rusia y Ucrania, como fue la transposición de directivas europeas que modificaban la regulación de sociedades mercantiles y de conciliación de la vida familiar y personal (nuevo permiso parental de 8 semanas hasta que el hijo cumpla 8 años y diversas mejoras de permisos retribuidos), deducciones fiscales por compra de vehículos eléctricos y ayudas a la instalación de recargas en vivienda, modificaciones de la Ley Concursal en materia de derechos de acreedores en fusiones y transmisiones intracomunitarias y prorrogar el no cómputo de pérdidas en ejercicios anteriores para evitar disolución de sociedades (existente desde la pandemia). De esta manera, estas normas carecían del carácter de provisional sino estructural y permanente y se aprovechó una tramitación de sí o no sin posibilidad de presentar enmienda alguna y para cerrar debates pendientes del fin de legislatura. Había elecciones generales en julio, luego se usó como trampa electoralista en toda regla. De hecho, fue convalidado por la diputación permanente al haberse disuelto ya el Congreso.

RDL 8/2023 de 27 de diciembre

A la crisis de Ucrania se sumó la de Oriente Próximo con el conflicto entre Israel y Palestina desatado el pasado 7 de octubre tras los terribles ataques terroristas de Hamas para motivar la aprobación del Real Decreto Ley 8/2023, aunque añadiendo los efectos de la sequía. Sin embargo, se convirtió en un batiburrillo que mezclaba políticas energéticas, regulación de alquileres, medidas procesales en vivienda y fiscalidad general disfrazando políticas estructurales y de largo plazo como complejas modificaciones del sistema tributario o del sistema energético en supuestas medidas urgentes coyunturales. En materia fiscal, se prorrogaron rebajas como la del IVA al 0% de alimentos básicos y un 10% al gas, electricidad y biocombustibles. Hasta ahí bien, pero añadido a esto se aprovechó para imponer la obligación de declaración electrónica del IRPF y patrimonio y se prorrogaron los límites de estimación objetiva del primero. En materia de vivienda, se prorrogaron las suspensiones de desahucios de vulnerables, se aprobaron avales del ICO para proyectos de vivienda social y se estableció límite a la subida de alquileres en 2024 (máximo del 3%). En materia energética, se modificó la Ley de Hidrocarburos para prohibir el suministro entre distribuidores al por menor, entre otros cambios regulatorios. Circunstancias que poco o nada tienen que ver, una vez más, con una situación extraordinaria y urgente. Este Decreto salió adelante por la abstención de Junts, en el marco de una negociación para suprimir una disposición legal que podría afectar a la Ley de Amnistía y sin tener nada que ver con el contenido de dicho Decreto Ley. Esto ya daba a entender la inexistente mayoría con la que el PSOE contaba en el Congreso.

RDL 4/2024 de 26 de junio

Tras las elecciones europeas, el eje central del Real Decreto Ley 4/2024 fue la prórroga de medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de (una vez más) las guerras en Ucrania y Oriente Próximo. Así que en esta ocasión se recurrió a dos guerras para repetir el uso del artículo 86 de la CE como instrumento legislativo estándar. Se introdujeron disposiciones en materia fiscal, social y laboral desligadas de un concepto objetivo de urgencia, dado que se aprovechó básicamente para aplicar una política fiscal ordinaria y no extraordinaria. Así, se elevó el mínimo exento de tributación, se prorrogaron beneficios fiscales en el IAE e IVA reducido para determinados alimentos (como el aceite de oliva) y se introdujeron deducciones en el Impuesto de Sociedades. En política social y laboral, se introdujeron incentivos fiscales y se ajustaron bases de cotización de la Seguridad Social. Por último, se incrementó un 2% el sueldo del personal del sector público y se liberalizó la amortización de los vehículos eléctricos. Con la excepción de Sumar (que participa en el Gobierno de coalición), el resto de socios del Gobierno externos al mismo coincidieron en criticar que no se había negociado artículo por artículo sino únicamente un titular y que se estaba abusando de esta figura. Pero Sánchez desconocía que había recibido un aviso.

RDL 9/2024 de 23 de diciembre

En un año en que las investigaciones de corrupción empezaban a asolar al partido socialista, le llegó su primera derrota importante. El Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 9/2024 con el motivo de introducir medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y Seguridad Social y para prorrogar otras en situaciones de "vulnerabilidad social". Creyó Sánchez que no se pasaría de frenada y le seguirían validando su demagogia, pero no tuvo la misma suerte.

El Decreto fue rechazado y derogado por el Congreso en enero de 2025 debido a que incluía demasiadas medidas sin una urgencia clara y bien articulada, pero sobre todo porque a Junts (que votó en contra junto con PP y VOX) le colaron disposiciones que no conoció hasta el último momento. Así, en materia fiscal se introducía deducciones en el IRPF (materia energética y vehículos eléctricos), imputación de rentas inmobiliarias y límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF y régimen simplificado y especial del IVA, se modificaban los coeficientes del impuesto de plusvalía que cobran los Ayuntamientos, se modificaba la Ley 7/2004 del impuesto a las multinacionales que fue traspuesta de la normativa comunitaria y hasta el régimen fiscal de las finales de las competiciones de fútbol femenino. En materia de financiación territorial, liquidación definitiva de participación en tributos del Estado del año 2023, entregas a cuenta de 2025 a las CCAA en situación de prórroga presupuestaria (Fondo de Suficiencia Global) y régimen excepcional de endeudamiento para 2025. Por último, se introdujeron ayudas al transporte, imposición de reducción de precios a los concesionarios y sistema de préstamo de bicicletas, que en realidad sólo encajaban en su agenda de reducir el uso de los vehículos. En fin, este caso es especialmente ilustrativo de cómo la acumulación de pequeñas normas fiscales, sociales y económicas sin relación directa con la emergencia declarada pueden deslegitimar la figura del Real Decreto Ley y acabar con la paciencia de los propios socios del Gobierno. Y no sólo eso, sino también generar incertidumbre para empresas en el cumplimiento de sus obligaciones,

RDL 1/2025 de 28 de enero

Tras el fracaso del anterior, se presentó al Real Decreto Ley 1/2025 como un paquete de medidas urgentes para reforzar la protección social como la revalorización de las pensiones al IPC y ayudas a los afectados por el volcán de La Palma y añadiéndose la DANA de octubre de 2024, a pesar de que el RDL 8/2024 ya tuvo ese objetivo central. En esta ocasión, básicamente aprovecharon el ancla moral que representaban las pensiones y las víctimas de las inundaciones de Valencia para tramitar medidas de vivienda al estilo socialista como prorrogar la suspensión de desahucios y prohibición de cortes de suministros básicos para "personas vulnerables" que ya criticamos en este post del año pasado por legitimar a los inquiokupas, pero también para introducir un sistema público de avales para alquiler en caso de impago de aquéllos. Sin embargo, sometido a un laberinto burocrático encerraba una nueva trampa para justificar la peligrosa aplicación de la "vulnerabilidad social" y en todo caso haciéndose cargo el Estado con nuestros impuestos de las letras de alquiler que miles de caraduras se negaban a abonar. También volvieron a introducir bonificaciones y gratuidad al transporte. En definitiva, se mezclaron emergencias no homogéneas ni simultáneas y se fusionaron varios posibles decretos en uno solo como reconocieron explícitamente los socios independentistas tanto vascos como catalanes.

RDL 16/2025 de 23 de diciembre

Una segunda derrota y más dolorosa para el Gobierno, en un contexto de descrédito por la penosa gestión del transporte ferroviario, fue la del más reciente Real Decreto Ley 16/2025. Pretendía prorrogar medidas urgentes en materia social, tributaria, laboral y de Seguridad Social. Como doble chantaje para prorrogar la protección de los inquiokupas y legitimación de los okupas en inmuebles de empresas, el Gobierno metió en el mismo cajón la revalorización de las pensiones con un 2,7%. Y es que no hay que olvidar que el colectivo pensionista es el más protegido por el PSOE porque por número son el mayor caladero de votos. En el mismo paquete metía también, como siempre, la prórroga de los límites de regímenes especial y simplificado del IVA para agricultura, ganadería y pesca, la de libertad de amortización para inversiones en energías renovables, de deducciones energéticas y del SMI mientras se negocia la actualización. La sonora derrota del 27 de enero de este 2026 dejaba sin efecto desde entonces todas esas medidas heterogéneas que pretendían ser validadas con el escudo de las pensiones, instrumentalizando a todas las personas jubiladas y discapacitadas de España para que de la manera más rastrera el Gobierno pudiera seguir aprobando lo que es incapaz de hacer ni con proyectos de Ley ni con Presupuestos Generales porque hace años que carece de apoyos. No ya sociales sino parlamentarios a los que tiene que chantajear una y otra vez. Porque esto, en eso, señoras y señores, consiste el Sanchismo. Así que ha tenido que optar por separar en dos Decretos y negociar con el PNV que los propietarios de una sola vivienda en alquiler no tengan la carga de ofrecer una "solución habitacional".

Conclusiones

La sensación es que Sánchez prosigue en su huida hacia delante y en el uso de cortinas de humo cuando no la instrumentalización de personas para proteger su política socialista entendida no como progresista, sino intervencionista de la espera pública y privada con tal de mantenerse en el poder. Pese a las derrotas, sigue esgrimiendo los mismos argumentos y le importa poco que no consiga implementar de una tacada esas medidas ya que en un debate parlamentario harían salir a flote sus debilidades de una forma más clara que a través de la carta única que implica el Decreto Ley. Es lo mismo por lo que asume la regularización extraordinaria de inmigrantes propuesta por Podemos, aún con laxos requisitos y obligaciones para los solicitantes, como ventana de oportunidad para desenfocar las críticas ante las deficiencias de la red ferroviaria o la corrupción. Así que el continuo recurso de esta figura ha normalizado un estilo de política propio de un líder cada vez más cuestionado por cualquier grupo político, medio de comunicación, asociación o ciudadano que no dependa ni su subsistencia ni su financiación por las mismas arcas públicas de las que el Gobierno se nutre y retroalimenta con los impuestos de todos los españoles. Pues, obviamente, ni el aparato palmero que es RTVE ni el socio pelele del ejecutivo que es Sumar van a osar denunciar al régimen pseudo cesarista.