viernes, 3 de julio de 2026

La trama Leire Díez: la red que quiso influir en la Justicia

Una vez más toca hablar de corrupción y es que es la actualidad que impera en España tanto a nivel nacional como territorial en algunos casos. A pesar de que la nueva legislación y códigos de buen gobierno se haya orientado a combatir la corrupción, la realidad es que poco parece haber cambiado. Sin duda, creo que en algún momento elaboraré algún estudio relativo a qué podemos hacer para limitar tanta corrupción, ya que parece que aún no existen los mecanismos apropiados. O tal vez algunos sí, pero se desactivan con facilidad. Hoy, por lo pronto, hablaré una vez más del entramado de presunta corrupción del PSOE de Sánchez, que cada vez está más manchado de miseria. El Sanchismo, de hecho, me parece un estilo político absolutamente abyecto y no creo que a nadie le sorprenda leyendo mis posts. Con todo, para criticar primero hay que rodearse de datos, indicios y pruebas. Y es lo que se está haciendo en la instrucción del caso de Leire Díaz y las cloacas del PSOE, según el cual se habría generado desde Ferraz un equipo para tapar cualquier investigación de corrupción que afectase al partido. Esto, que recuerda justo al anterior post sobre el juicio a la Kitchen del PP de Rajoy, en realidad poco se parece y apunta a algo muchísimo mayor. 

Leire Díez y Santos Cerdán

Leire Díez Castro (Portugalete, 1975) es licenciada en Ciencias de la Información y fue concejala en un municipio de Cantabria entre 2011 y 2015. Desde la entrada de Sánchez al Gobierno de España ocupó cargos en empresas públicas como en ENUSA (empresa pública nuclear) y en Correos (en relaciones institucionales y de comunicación). El apelativo de "fontanera" no es necesariamente peyorativo, sino que se refiere al ejercicio de funciones internas para mantener la cohesión y el funcionamiento del partido especialmente en situaciones de crisis, pero alejada de la esfera pública. Claro que, ese término puede derivar en acciones más discutibles, como ella terminó admitiendo en algunas grabaciones señalando que "yo estoy aquí para limpiar". Es más, también se conoció que ella fue responsable de gestionar el voto por correo en las últimas elecciones, circunstancia que después de conocer a lo que se habría estado dedicando nos hace aupar los manos a la cabeza. En febrero 2024 fue cesada por Pedro Saura, justo cuando estallaron los casos Koldo, Ábalos y Begoña Gómez y había pasado a depender de Santos Cerdán.

Santos Cerdán (Navarra, 1969) es la figura política más comprometida judicialmente. No hay que olvidar que ya fue imputado el pasado año por presunto amaño de contratación de obra pública. Según el juez Cerdán sería el soporte intelectual y financiero. Cerdán habría coordinado la operación, organizado las reuniones, mantenido contacto continuo con Leire Díez, autorizado pagos, y dirigido la estrategia política de protección del partido. Todo con el objetivo de proteger los intereses ya fuesen de ciertos miembros del Gobierno como del Presidente y su entorno. Según la investigación, para ello habría puesto a disposición de la red criminal la propia estructura del partido tanto a nivel logístico gestionando viajes y alquiler de vehículos como de recursos humanos. Cerdán negó la mayor acusando con vehemencia a la UCO de realizar investigaciones prospectivas y aludiendo a una campaña mediática en la que la unidad de la Guardia civil se dedicaría a "destrozar personas" en lugar de investigar delitos. Sin embargo, según informe ampliado tras el registro de Ferraz, la UCO halló en un una agenda suya y dispositivos electrónicos que refuerzan la tesis de su participación en las operaciones para neutralizar las investigaciones de corrupción del PSOE: cuestionar las investigaciones de dicho órgano, cuestionar al Tribunal Supremo, señalar a los fiscales Luis Pastor (que dejó en libertad condicional a Víctor de Aldama) y a José Grinda (del caso Hidrocarburos), atacar al juez Marchena negociando con Villarejo para destruirle o la más interesante, recomendar a Sáenz de Tejada que instase recusar a la jueza del caso del "hermanísimo" ante la Fiscalía. 

El inicio de todo

Según el sumario judicial, Antxón Alonso el dueño de Servinabar, Vicente Fernández el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante 2018-2019 y Leire Díez fundaron el grupo Hirurok en 2021 y que tendría el principal objetivo de percibir comisiones a través de 29 pelotazos en el sector público. Posteriormente, Bartolomé Lora ocuparía el puesto de la SEPI de forma interina desde 2019 hasta marzo de 2021 y actualmente está imputado por prevaricación en el caso de Air Europa. Meses más tarde, en julio de 2021 tuvo lugar el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos por valor de 112 millones de euros. De hecho, esta misma semana se hizo pública la imputación de la presidenta de la SEPI María Belén Gualda y otras 20 personas por el mencionado rescate con presunto cobro de comisiones más amaño de contratos. Dicha empresa terminaría abonando 115.000 euros a la trama según la UCO. A ello se añade que la propia Leire habría mantenido una comunicación muy estrecha con el gobierno vasco y el PNV pero lo más sorprendente no es eso. Es que, aunque parezca increíble, los tres presidentes de la empresa pública SEPI en la era del Sanchismo están imputados por corrupción.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa en abril de 2024 el inicio operativo de la supuesta trama y coincidiendo con la famosa "carta a la ciudadanía" que publicó el Presidente Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa Begoña Gómez y los no menos memorables cinco días de reflexión. Según el auto, es cuando Leire Díez habría empezado a coordinar acciones dirigidas a frenar o desacreditar investigaciones sensibles para el PSOE, si bien la estructura estaría dirigida políticamente por el Secretario de Organización de entonces Santos Cerdán. En un primer momento, la periodista Patricia López que falleció en diciembre de 2025, contactó con Leire Díez para manifestarle que disponía de información del PP, Manos Limpias y la Policía relativa a "cloacas contra el PSOE" y que debía de hablar con Santos Cerdán. La primera reunión fue el 26 de abril con el aludido, Antonio Hernando, Ion Antolín (jefe de comunicación) y el empresario Javier Pérez Dolset, entre otros. Éste último, fue recientemente condenado de forma solidaria por alzamiento de bienes entre otros delitos por su empresa Zed Worldwide.

La clave es la conversación de una reunión posterior entre Díez y Pérez Dolset en la que expresamente mencionan al caso de la imputación de Begoña Gómez y que el Presidente había dicho "que se limpie todo", Leire mencionando "límpiese" y Dolset rematando con "límpiese sin límite". Lo siguiente que nos vendría a la mente es la música de 007 y su intro o, si preferimos, El Padrino. Este audio fue aportado por Ignacio Stampa al Juzgando de Instrucción nº 3 de Madrid para corroborar que fue víctima de un intento de soborno, relativo a una reunión de 3 horas en fecha 30 de abril de 2024. Según testimonios, el tridente formado por Díez, Dolset y Cerdán ofrecería servicios a empresas del Ibex a cambio de suministrarles información ya que afectase a la red o al Gobierno, PSOE, Pedro Sánchez y familia o a rivales. Las primeras reuniones se celebraban en un piso en la calle Diego León de Madrid, si bien entre 2024 y 2025 existirían hasta 22 reuniones de la trama en Ferraz con el supuesto objetivo de establecer contactos con investigados, buscar información contra la UCO, fiscales y jueces e intentar influir en otros.

El estallido del caso (2025-2026)

El Confidencial publicó en mayo de 2025 varios audios en los que Leire Díez aparece pidiendo “trapos sucios” sobre mandos de la Guardia Civil. Se habla de operaciones para “desmontar” investigaciones. Algunos interlocutores vinculan directamente las maniobras al entorno de Pedro Sánchez y Santos Cerdán. A partir de ahí la oposición empieza a hablar de “cloacas del PSOE”. El PSOE intenta desmarcarse de Díez mientras que ella asegura que todo era una “investigación periodística” para un libro. Al mes siguiente, se da de baja  como militante del PSOE. Comparece públicamente. Negó tanto ser fontanera como actuar por órdenes de Santos Cerdán o del partido. Sin embargo: La difusión de más audios incrementa la presión política. Distintos medios empiezan a conectar el caso con el “caso Koldo”.

Un año más tarde, el caso se ha agravado con los registros de la UCO en Ferraz, realizados el pasado 27 de mayo en la sede socialista para requerir información y bajo autorización judicial firmada por Santiago Pedraz. No hay que olvidar que ya entró en Ferraz el 20 de junio de 2025, si bien en esa ocasión fue para un requerimiento de información y clonado de material informático que afectaba exclusivamente a Santos Cerdán por su imputación en el caso Koldo. En la presente investigación el motivo era mucho mayor: debían de investigar pagos impulsados desde la Secretaría y Gerencia del partido a la red de Leire Díez y relacionándose hasta nueve delitos: pertenencia a organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos, inducción a falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil y delito contra las instituciones del estado. Así, junto a la gerente Ana María Fuentes, imputa al diputado por Jaén y mano derecha de Cerdán Juan Francisco Serrano, Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez y ex presidente de Correos y Gaspar Zarrías, senador por Andalucía, entre otros presuntamente implicados. Por otra parte, se cursó requerimiento para obtener acceso a todos los expedientes abiertos a los agentes de la UCO que llevasen a cabo investigaciones en el entorno  del PSOE.

Además, la investigación de la UCO de determinados audios ha permitido conectar la trama Hidrocarburos con el tridente antes mencionado, que presuntamente ofrecería impunidad o beneficios a empresas implicadas en el fraude del IVA a cambio de que aportasen información comprometedora. Pero la causa que instruye Pedraz ya no se limita a audios aislados, sino a documentación escrita y a muchísimas más conversaciones intervenidas que apuntarían a una posible estructura organizada con financiación de recursos vinculados al PSOE y destinada a interferir en causas judiciales sensibles. La red pretendería desacreditar a investigadores, influir en procedimientos judiciales, interferir en investigaciones sensibles (UCO, fiscales anticorrupción), desacreditar mandos policiales y proteger políticamente al entorno del PSOE y del Gobierno. Estos niegan una estructura parapolítica mientras Leire Díez desde el año pasado sostiene que actuaba como periodista investigando las “cloacas del Estado” y no por encargo del partido. Es más, desde su versión la única cloaca sería la del PP.

Remuneraciones y financiación bajo sospecha 

El auto judicial apunta que se habrían realizado pagos del PSOE encubiertos con facturas falsas (consultoría legal y mercantil) por importes de al menos 180.000 euros. Entre otros conceptos, se estarían escondiendo retribuciones de viajes y logística e incluyendo a Pérez Dolset. Así por ejemplo, Leire Díez habría estado camuflando su actividad laboral en el PSOE mediante contratos opacos de asistencia y colaboración para evitar la relación laboral. Los investigadores sostienen que Leire Díez cobraba unos 4.000 euros mensuales, mediante sociedades intermediarias y despachos vinculados a personas próximas al PSOE. Leire se habría dirigido a un ex consejero Andaluz, Gaspar Zarrías, proponiéndole desmontar el caso de los ERE porque presuntamente disponía de información relevante contra Ayala. Sin embargo, el mismo que reconoció haberle pagado no lo habría hecho directamente a ella sino mediante facturas falsas. La información finalmente no la consideró importante.

El auto también señala que los pagos aludidos por Leire Díez el 12 de mayo se habrían efectuado mediante sociedades interpuestas y facturas falsas hasta superar los 40.000 euros procedentes de fondos del PSOE. Una de ellas sería una mercantil de Gaspar Zarrías en verano de 2024. Posteriormente, el PSOE abona 27.000 euros a un despacho jurídico vinculado al abogado Ismael Oliver, siendo transferida desde otra de sus sociedades a la propia Díez. Y precisamente dicho Oliver habría sido "fichado" por Leire para ejercer la defensión de Koldo. Más allá de Leire, según el auto también habrían percibido pagos la fallecida periodista Patricia López y Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán con la cantidad más alta: 125.000 euros. El mismo individuo que aportó al Juzgado dos facturas a nombre del PSOE por montante de 53.000 euros que no tienen respaldo en la contabilidad del partido y que en conversaciones de WhatsApp se jactaba de remitir información filtrada a 61 periodistas para replicar un relato. ¿Habría sido así cómo se reforzó la prensa sincronizada con Moncloa? El jueves 25 de junio declaró ante la  AN y confirmó que cobró la cantidad antes reseñada en 3 facturas y no quiso dar detalles de su trabajo por "secreto profesional".

Intentos de influencia en fiscales y agentes 

También la red habría intentado conseguir información sobre el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón ofreciendo presuntamente elevadas contraprestaciones económicas e incluso un puesto de trabajo en el extranjero al fiscal José Grinda. Esto se basa en un turbio apunte que reza "300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor". Esto se habría tramitado mediante un tercero llamado Pere Rusiñol, trasladando que no habían fructificado las negociaciones en las que también le propusieron el archivo de varias causas de él dependientes. Presuntamente, este fiscal con causas como la de Pérez Dolset y la Operación Cataluña, habría sido chantajeado con un vídeo sexual. Al menos al medio El Español se le ofreció publicarlo. Nadie lo hizo y Grinda denunció.

Carmen Pano, la empresaria imputada en el caso Hidrocarburos declaró como testigo ante la Guardia Civil que le ofrecieron 50.000 euros a través de Leticia de la Hoz (abogado de Koldo) para que negase su versión de aportar 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE. El motivo era para proteger a Ábalos y Koldo. De las conversaciones intervenidas, destacaría un mensaje de Oliver señalando "esta se vende. Debemos saber comprar". Esto ha ocasionado que la mencionada Leticia haya sido imputada.

El comandante al que se referían Leire y Mercedes es Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo y al que la UCO lo sitúa como nexo entre la trama y el Ministerio del Interior. A cambio de proporcionarle defensa judicial y tramitar su rehabilitación en el cuerpo, se le habría solicitado información sensible sobre altos mandos de la GC vinculados a la investigación de la corrupción del PSOE. Además, también intentó negociar que facilitase datos del Teniente Antonio Balas, el capitán Bonilla, los coroneles Corbí y Yuste y hasta el Director Adjunto Operativo (DAO).

La red sí habría terminado pagando a un agente de la UCO para sabotear causas contra el Gobierno, como el juez señala en relación con Juan Sánchez Yepes que aparte de estar imputado en el presente caso lo es a su vez por la trama de los hidrocarburos. Esta persona, que había participado en el grupo antiblanqueo, habría revelado información de su unidad para impulsar las sospechas ante la directora de la Guardia Civil.

Reuniones institucionales: Fiscalía General y D.G. de la Guardia Civil

Basándose en los mensajes transmitidos entre Díez, habría tenido contacto con el hasta hace unos meses Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz (y condenado por filtraciones de los datos del novio de Ayuso). Las referencias habrían tenido lugar en el marco de comunicaciones con empresarios afectados por investigación de la trama de hidrocarburos. Específicamente, la UCO destaca una reunión entre Díez, el empresario Javier Pérez Dolset  y el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, que llevó durante un tiempo el caso Villarejo hasta que fue relevado. Según este último, pretendían que les contase "irregularidades" del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón - que por ejemplo ha llevado el caso Mascarillas -, así como del otro fiscal José Grinda y el instructor Manuel García Castellón. A cambio, prometían rehabilitar al mencionado y que "Álvaro" tendría conocimiento de la reunión así como "el jefe de Álvaro". Al menos habría tenido dos reuniones con un teniente fiscal de la secretaría técnica de García Ortiz. También se descubrió en el móvil de Leire Díez una propuesta de acuerdo con Villarejo para que suministrase datos sensibles sobre el PP (Mariano Rajoy, Cospedal...) e incluso grupos empresariales como Planeta y BBVA a cambio de no volver  a entrar en la cárcel.

También habría mantenido Díez al menos tres reuniones personales con Mercedes González, Directora General de la Guardia Civil e incluso desde antes de ser nombrada, además de diversas conversaciones a través de teléfono móvil en mayo de 2025. Entre ambas se activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp. Además, en otros chats presumía de tener línea directa con la misma y que estuviera al corriente de sus acciones. El propósito sería abrir una investigación interna en la UCO imputando una actividad supuestamente delictiva como filtración de mensajes de Ábalos. Inicialmente, el Ministro Fernando Grande-Marlaska negó que sucedieran dichas reuniones hasta dos veces, en 25 de junio de 2025 ante el Congreso y el 28 de mayo ante la prensa. Fue el pasado 5 de junio cuando terminó admitiendo que eso había sucedido, una vez que quedaba acreditado por la UCO pero asegurando que no tenía nada que ver con la trama. La aludida directora afirmó que cortó comunicación con ella cuando le pidió que recuperase a un comandante suspendido de empleo y sueldo por estar implicado en el caso Koldo así como plantearle una teoría de la conspiración. Sin embargo, las contradicciones no acabaron ahí, pues la Directora abrió expedientes a agentes coincidiendo en las mismas fechas que se habría reunido. Todo esto ha desembocado en la imputación de González más el DAO Manuel Llamas por prevaricación y obstrucción a la Justicia. De verdad que yo no alcanzo a entender qué más tiene que pasar con Marlaska para que dimita.

El entorno Sánchez: P.S. el One y familia

La UCO requisó varios cuadernos y agendas en su vivienda y contienen mucha información sobre reuniones, nombres propios y referencia a diversos asuntos políticos y judiciales. Muchas de las anotaciones carecen de fecha y figuran desordenadas y sin demasiado contexto, pero algunas sumadas a otras proporcionan importantes indicios que son relevantes de profundizar en la investigación. Así en una anotación habla de "reunión con P.S." precedida de una operación con el comandante Rubén Villalba para encontrar trapos sucios de la Guardia Civil. Más adelante escribe "Posible estrategia: ser abogado del hermano de P.S.", "Copia pen, cadena custodia, consultas datos bases Ábalos y P.S". En otra habla de una comida entre P.S. y el Director de la Guardia Civil y escribe literalmente "Pedro no se fia del DAO". Incluso también hay espacio para "Reunión ZP. Nervioso". Algunos han intentado desviar las sospechas aludiendo a que podría referirse a Paco Salazar o a Pedro Saura, pero la insistencia en las iniciales y sobre todo la referencia al hermano intuyen que podría ser el mismísimo Pedro Sánchez. También se ha quitado hierro señalando que el mismo día de la supuesta reunión el Presidente se encontraba en Bruselas. Aparte de que para una reunión no es imperativo verse en persona, lo más probable es que fuese una declaración de intenciones de la propia fontanera.

Otra referencia por la que la UCO apunta al conocimiento de las cloacas por Pedro Sánchez es la alusión a "El One del partido" en conversaciones intervenidas con el ex presidente de la SEPI. Incluso en otras con el empresario Oliver, usan la referencia "jefe" para probablemente aludir a Santos Cerdán, mientras que "presi" sería el propio Presidente del Gobierno. Incluso ha sido citada como testigo Cristina Narbona por una conversación con Leire en la que ésta le habría mencionado de "reconducir los ataques al Presidente del Gobierno". Por su parte, Pedro Sánchez rechazó categóricamente ser consciente de los hechos imputados a Leire Díez y asegurando que de saberlo "no lo permitiría", declaraciones que a estas alturas carecen de credibilidad para los no feligreses.

En cuanto al proceso judicial que afectó a David Sánchez, en la versión de un testimonio Leire Díez habría recomendado a Luis Sáenz de Tejada como abogado defensor de David Sánchez y con el objetivo de recusar a la jueza instructora Biedma. De hecho, la persecución contra esta mujer sería un auténtico escándalo, llegando según El Mundo a seguir hasta el colegio de sus hijas e interrogar a personas de su entorno para destruir su credibilidad. La misma tuvo conocimiento de unos audios en junio de 2025 protagonizados entre Díez y el citado Sáenz de Tejada. Por su parte, Leonardo Marcos - director de la Guardia Civil anterior a Mercedes González (2023-2024) - habría llegado a ordenar a la UCO, a través de orden firmada por el DAO, que "no fuesen proactivos" en el citado caso de investigación y que optasen por "actuar de perfil" de manera que el juez tuviese la única iniciativa. Esto, según testimonios, generó importantes tensiones entre la UCO y la cúpula de la Guardia Civil y fue ratificado en sede judicial por el ex jefe Rafael Yuste. Pero tampoco hay que olvidar al teniente coronel Antonio Balas, que dirigió las operaciones de la UCO en Badajoz. Existen audios francamente siniestros, como en una conversación entre Díez y Pérez Dolset en el que buscando información comprometedora de Antonio Balas ella señalaba que "si está muerto, mejor".

Otro indicio más de la cercanía de la figura de Leire al entorno del Presidente se halla en otra anotación según la cual recomienda la contratación de un abogado para ejercer la defensa de Begoña Gómez por su supuesta cercanía al Juez Peinado. Esto viene reforzado por una conversación de WhatsApp con Tijuelo en la que comentan la necesidad de sustituir por inadecuada dicha defensa de la esposa del Presidente. Junto a todo lo anterior, este último indicio ha resultado ser determinante para que la UCO considere en su informe que las siglas P.S. son referidas al propio Pedro Sánchez. ¿Estaríamos cerca de que el vigente Presidente del Gobierno sea llamado a declarar como testigo o incluso como algo más?

Más recientemente y a raíz de la última sentencia del TS sobre el caso Mascarillas que premió la colaboración con la Justicia de Aldama, Leire Díez ha avanzado a un nuevo nivel. Señala a Antonio Hernando, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, como receptor de todas las actividades de investigaciones a jueces, fiscales y agentes que gestionaban tanto Cerdán como ella misma.

Campañas electorales bajo la lupa

Uno de los hallazgos más destacables que constan en el sumario de la investigación es que el PSOE habría desviado 18.000 euros de los fondos de la campaña de las Europeas de 2024 para financiar al medio Crónica Libre de Patricia López. La contrapartida no sería exclusivamente publicidad en Internet, sino la entrega de audios referidos a las polémicas saunas de Sabiñano Gómez, suegro de Sánchez y también fallecido en la actualidad. Con dichos audios (provenientes de Villarejo), el PSOE se garantizaría no ya que no se publicasen, sino la posibilidad de extorsionar a quien considerase conveniente. Esto es lo más sórdido del entramado de presunta corrupción del Sanchismo.

Ese hecho ha provocado que el juez Pedraz solicitase documentación de la campaña del PSC en Cataluña (2024). Se investiga si parte de los fondos o servicios asociados a la campaña pudieron igualmente pasar por agencias de medios o emplearse para abonar estructuras o servicios vinculados a intermediarios del caso Leire. Se examinará especialmente lo relativo a publicidad digital como “banners” o inserciones publicitarias y contratos de comunicación política. De esa manera, se intentará aclarar si pudo existir algún flujo sospechoso con personas investigadas en el entorno del presente caso y si se pudo recurrir al uso de la campaña electoral como vía de financiación indirecta. Y es que en este tipo de contrataciones el dinero no siempre circula como “transferencia directa”, sino como servicios intermediados.

Consideraciones

En esta compleja investigación se está recopilando un amplio conjunto de indicios sobre el funcionamiento de una red basada en intermediación política y empresarial, circulación de información sensible, contactos con investigados, movimientos financieros opacos, intentos de influencia y contrapresión y tensiones internas en cuerpos policiales. Además, todo ello se habría producido falseando documentación para disimular. Debe probarse si se trata de una clásica estructura cerrada de organización criminal, pero por las conversaciones intervenidas, testimonios contradictorios, anotaciones y operaciones dinerarias, se apunta a material suficientemente relevante como sugerir su existencia y avanzar en la investigación. Estaríamos hablando de una red creada dentro del partido para proteger los intereses no ya del mismo sino de las principales personalidades afectadas por los procesos de investigación de corrupción. Y esa condición afectaría tanto a las directamente imputadas como a las que les repercutiría en su imagen, tal y como sería el caso de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Se antoja muy complicado entender que existiese desconocimiento político del funcionamiento de esta red y, de hecho, resulta hasta ridículo compararlo con el caso Kitchen del PP de Rajoy. Estamos hablando de una trama orquestada para controlar y/o denostar a fiscales, agentes y jueces y de  hasta 9 delitos imputados por su actividad, pero también de numerosos indicios que convergen en una presunta relación bastante cercana con el poder político. En algunos puntos de mensajes, audios o anotaciones da la sensación de que Leire actuaba a veces con cierta iniciativa, pero nunca de manera autónoma sino sujeta a un plan. Y en ese plan estaría al mando su jefe Santos Cerdán. Sin embargo, por lo investigado hasta el momento, resulta obvio que todas estas acciones ilegales que supuestamente desconocían los cargos políticos de mayor responsabilidad redundaban en beneficio de las mismas y por extensión del partido. El mismo que, a través de su gerente, habría estado retribuyendo a los integrantes de la red mediante facturas presuntamente confeccionadas ad hoc para disimular. Es más, este modus operandi de la red encaja a la perfección con el neolenguaje esbozado por Pedro Sánchez y desarrollado por el aparato mediático constituido por RTVE como brazo público y La Sexta como brazo privado. Difundir un impacto de relato y aludir a la "máquina del fango" como responsable de "los bulos" y apuntar a una conspiración de la ultraderecha "turbofascista". 

Por lo que sea, el aparato socialista no se atreve a estas alturas a presentar una querella contra Leire Díez si es que es cierto que operó a escondidas. ¿Por qué será? Afirman que no lo han hecho porque están esperando a que avance la investigación, cuando no es complicado estimar que necesitarían negociar con ella para que no hable de más. De lo contrario, esta persona que ha estado siempre en tercera fila, que se ha hecho fotografías con tantos políticos y periodistas, que se aprovechó de ese anonimato externo para poder hacer y deshacer y felicitarse por ello, no debería ser ningún impedimento para exigirle responsabilidades penales. Otros analistas entienden que, en el más incómodo de los casos, probablemente se limiten tanto Moncloa como la opinión sincronizada a encorsetar la trama en Santos Cerdán como chivo expiatorio. 

En estas semanas, el goteo de imputados por corrupción sigue agrandando el lodazal de indignidad amplificado por la irresponsabilidad de negarse a dimitir. De cualquier forma, teniendo en cuenta los antecedentes que tiene el PSOE Sanchista y el continuo destape de escándalos que arrancaron desde el mismo momento de poner los pies en Moncloa, sólo el hecho de percibir una nómina o sobresueldo a cargo de aquél justificaría mirar para otro lado.

lunes, 29 de junio de 2026

Seguridad ciudadana en San Pedro del Pinatar: contexto, estadísticas y respuesta vecinal

Hoy 29 de junio es el día de San Pedro y Pablo y el día grande de las fiestas en mi pueblo natal San Pedro del Pinatar, por lo que aprovecho la coincidencia para publicar y dedicarle este artículo. La percepción de inseguridad ciudadana en mi pueblo parece haberse convertido en un tema político recurrente desde la pasada legislatura y continúa siendo motivo de debate en la actual 2023-2027. No es casualidad, dadas las noticias publicadas y reportadas en medios de comunicación, la evolución de las cifras de estadísticas de delitos y la preocupación social percibida en algunas barrios, habiendo motivado incluso el surgimiento de una iniciativa en redes sociales. Por lo tanto, hay varios elementos que permiten construir un relato bastante sólido de que existe un problema de inseguridad en el pueblo. Más en concreto, se percibe el aumento de ciertos delitos y falta de efectivos en la Policía Local con un contexto previo de de conflictos internos y, además, sucesos violentos de alto impacto mediático y social.

Antecedentes y contexto político y social

A mediados de la legislatura 2019-2023 ya empezaron a articularse discursos políticos centrados en el incremento de la criminalidad. En diciembre de 2021 VOX comunicaba en nota de prensa un aumento del 42,1 % de la criminalidad según estadísticas oficiales, mencionando especialmente robos con fuerza, hurtos, lesiones y tráfico de drogas. En vista de esta situación, reclamaba más patrullas nocturnas y reorganización policial. Aunque haya que tomar con cautela los mensajes partidistas, sí reflejaban que el asunto estaba instalado en el debate público.

Las quejas relativas a la falta de plantilla en la Policía Local fueron expresadas por los propios agentes. En 2022, denunciaban públicamente que había franjas nocturnas (entre las 22:00 y las 06:00 horas) sin servicio municipal activo en las oficinas debido a bajas y carencia de personal. Los sindicatos advertían de que eso generaba “más inseguridad” para los vecinos. La situación terminaría derivando en un importe conflicto laboral. En enero de 2023 varios agentes llevaron al Ayuntamiento a los tribunales por impagos de horas extra por servicios prestados durante el confinamiento. Además, denunciaron que “en 16 años no se había cubierto ninguna plaza” y ni siquiera por jubilaciones. Esto es importante porque ayuda a entender por qué el problema no parecía coyuntural, sino acumulativo. A ello se unió una pérdida importante de popularidad de la concejala con competencia en Policía y Seguridad Ángela Gaona que al tiempo había sido designada candidata a la Alcaldía.

En paralelo, el Ayuntamiento intentó reforzar medios humanos y tecnológicos, si bien la incorporación de los primeros iba a ser más lenta. En marzo de 2023, a dos meses de las elecciones municipales, anunció nuevas cámaras de videovigilancia y el uso de drones para seguridad y control del tráfico. De esa manera, el propio consistorio asumía la necesidad de reforzar capacidades de vigilancia. Pero desde la oposición, no sólo desde la derecha, se reclamaba un incremento de efectivos mucho mayor que el proyectado como aseguraba el PSOE. Llegados los comicios, los resultados arrojaron la pérdida de la mayoría absoluta del PP al reducir su representación en dos concejales.

En la legislatura actual 2023-2027 la percepción de inseguridad parece haberse mantenido e incluso agravado en determinados sectores vecinales. Los sindicatos CSIF y USO alegaron en el primer verano que en la Policía estaban desbordados para cubrir los servicios mínimos y más en una época de máximo auge por el turismo. Manteniéndose el impago de las horas extras y algunas bajas, el conflicto entre la Policía y el Ayuntamiento se había recrudecido y la nueva Alcaldesa entendía que no podía forzar a que cubriesen más servicios.

En febrero de 2024 tomaron posesión seis nuevos agentes, procedentes del proceso selectivo iniciado en 2022. El Ayuntamiento señaló entonces que la plantilla quedaría formada por 50 efectivos. En junio completaron su formación y en septiembre se incorporaron formalmente a la plantilla activa, si bien por el nuevo Alcalde Pedro Javier Sánchez se mencionaron 48, lo que sugiere que pudieron haber dos jubilaciones o excedencias. Pese a ello, ese mismo año CCOO denunció que seguían incumpliéndose los servicios mínimos de Policía Local, especialmente en turnos nocturnos y fines de semana, es decir, precisamente los momentos de mayor demanda policial. Además, el sindicato afirmaba que los agentes estaban sufriendo intervenciones “cada vez más violentas”. Uno de las más impactantes fue la operación “Bykulu” de la Guardia Civil en dicho año 2024, existiendo disparos contra vecinos y en un entorno vinculado al narcotráfico y con detención ilegal. Los detenidos ingresaron en prisión preventiva acusados de tentativa de homicidio y otros delitos graves.

En 2025 continuaron las noticias de robos violentos en la zona. Por ejemplo, la Guardia Civil detuvo a un hombre relacionado con atracos a punta de pistola cometidos entre Los Alcázares y San Pedro del Pinatar. Además, la explosión mortal del bar de Lo Pagán en 2025 (todavía bajo investigación) generó una importante conmoción en el pueblo. Aunque se apuntó a un escape de gas como causa, testigos aseguran que el lugar era un centro donde presuntamente se ejercía prostitución y con numerosas actas por ruido. Pese a estar cerrado, fallecieron dos mujeres y hubo quince personas heridas. Pese a que no sea estrictamente delincuencia común, sí contribuyó al clima de preocupación social. En mayo de ese año, Agrupación Independiente denunció “inseguridad creciente”, criticando que no se hubieran cubierto vacantes de Guardia Civil y cuestionando que el aumento presupuestario de 300 mil euros anuales en horas extra policiales estuviera teniendo efectos reales sobre la seguridad ciudadana. En octubre de ese mismo año, se aprobó una moción a instancia de Vox para solicitar a Delegación del Gobierno más plazas de Policía Nacional y Guardia Civil y una unidad de élite y reserva de esta última.

En este 2026, no parece haber mejorado la situación. En febrero, la Guardia Civil detuvo a varias personas de una familia por tráfico de drogas, amenazas y agresión sexual. En marzo, se produjo un intento de atraco con rehenes en la oficina de un banco. Pero lo más destacado es que Lo Pagán llegó a ser escenario de refugio del conocido delincuente regional El Gorreta, que protagonizó un tiroteo con una unidad especial antidroga llegada desde Valencia. En ese mismo mes de mayo, el Ayuntamiento anunció un proyecto cuya memoria técnica estima 44 emplazamientos para nuevas cámaras de videovigilancia con los mismos objetivos que hace tres años pero a escala mucho más grande. Esto permitirá realizar futuros contratos de obra, servicios y suministros para aprovechar los avances tecnológicos monitorizando el espacio urbano, realizando un seguimiento del tráfico en tiempo real y mejorar la capacidad de supervisión y respuesta ante incidencias. Sin embargo, lógicamente esto requiere tiempo y por consiguiente no son soluciones a corto plazo.

Las estadísticas de criminalidad en la Región de Murcia, San Pedro y localidades limítrofes

Podemos examinar más en profundidad la situación con arreglo a los datos obrantes en las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior. Debemos de tener en cuenta que esos datos recogen los delitos de los cuales tuvieron conocimiento las fuerzas policiales (Locales, Nacional, Guardia Civil, etc...) ya fuese por denuncia o de oficio y con independencia del esclarecimiento final del caso. Lo que no tendremos en cuenta será el año 2020 por ser el de las restricciones derivadas del Covid-19.

En el ámbito de la Región de Murcia, podemos ver que de 2021 hasta 2025 se asiste a un incremento casi generalizado de la delincuencia salvo en algunos casos donde es anecdótico o se reduce. Los delitos de homicidio aumentaron el último año en porcentaje de forma significativa, a pesar de que no parezcan alarmantes en términos absolutos. Sucede al contrario con las agresiones sexuales con penetración que, atravesando un crecimiento sostenido, se han más que duplicado. Otro aumento continuado es el de los robos con violencia e intimidación, mientras que los hurtos se han estabilizado en más de 15.000 al año frente a los 12.000 de 2021. Esos dos últimos delitos contrastan con la disminución de los robos en viviendas, establecimientos y empresas, que podría estar relacionada con la mayor disposición de alarmas. De la cibercriminalidad como las estafas informáticas tenemos datos sólo a partir de 2022, pero se refleja un aumento de más de un tercio hasta la fecha y la expectativa es de que continuará creciendo por el uso de la inteligencia artificial. En resumen y en el valor conjunto, de acuerdo con los datos del Ministerio, los delitos conocidos por las fuerzas policiales en la Región de Murcia han aumentado un 28,20% rozando los 75.000. En el cajón de sastre de "resto de criminalidad convencional" se hallarían por ejemplo delitos de falsificación, contra el tráfico, la Administración Pública o la Administración de Justicia, estafas, etc...

No se incluyen los delitos de allanamiento de morada y usurpación, que en realidad vienen en un informe aparte en la base de datos del Ministerio. No resulta operativo analizarlo, dado que no se separa entre ellos sino que se funden en una sola categoría y, en consecuencia, no poder distinguir los casos de ocupación. Tampoco se tienen en cuenta los denominados "delitos de odio" que en realidad son agravantes de otros delitos que se encuadrarían en la anterior tabla. Como curiosidad, enumero que en 2024 se registraron en la Región de Murcia 28 denuncias penales alegando odio: por antisemitismo (2 por trato degradante), por aporofobia (lesiones), creencias religiosas (amenazas, coacciones y 2 contra los sentimientos religiosos), discriminación por razón de sexo (lesiones, enaltecimiento de odio y dos por incitación al odio), por ideología (lesiones), por islamofobia (trata de inmigración ilegal), por orientación sexual (trato degradante, amenazas, injurias, 2 por lesiones y 2 por incitación al odio) y por racismo (asesinato, injurias, trato degradante, incitación al odio, 2 por lesiones y 2 por amenazas). 

Desagregados por localidades, para los años estudiados no existen datos específicos de Los Alcázares al ser municipio menor de 20.000 habitantes durante casi todo el periodo. Según censo de 2025 ya alcanzó esa población pero sólo desde 2026 constan datos en el Ministerio del Interior. En consecuencia, no lo incluyo. En términos comparados con los datos agregados de la Región de Murcia, en San Pedro del Pinatar se han incrementado los delitos de lesiones, agresiones sexuales, robo con violencia e intimidación, hurtos y cibercriminalidad en porcentajes superiores. Incluso en algunas categorías donde la Comunidad Autónoma ha retrocedido se percibe un aumento como es el caso de los robos con fuerza en domicilios y empresas. Sumado todo se arroja un aumento del 24,12% de la criminalidad en San Pedro. 

Comparando pueblos limítrofes, en San Javier (cuya tabla puede leerse en este enlace) coincide el aumento de lesiones y hurtos pero en porcentajes inferiores y llama la atención la duplicación de las denuncias de sustracciones de vehículos que aumenta un 138% pasando de 18 en 2022 hasta 43 en 2025. Se reducen en San Javier los delitos de robo con fuerza en domicilios, tráfico de drogas y permanecen estables los delitos sexuales y robos con violencia, aunque ni mucho menos son buenas noticias. En el conjunto, las cifras convergen en una estabilidad de los delitos pese a que sean mayores en número que San Pedro teniendo en cuenta su mayor población (36.524 habitantes frente a 29.674 según INE en 2025). En Torre Pacheco (cuya tabla puede leerse en este enlace) coincide el aumento de delitos de lesiones de los anteriores y de sustracción de vehículos de San Javier, pero en porcentajes muy superiores. Se percibe también un aumento importante de los robos con violencia más el tráfico de droga mientras que los hurtos están estabilizados. En el conjunto, los delitos han aumentado en Torre Pacheco en un 19% con una población de 41.479 personas pero en términos absolutos son inferiores a los de San Javier.

Los tres municipios coinciden en aumentos de la criminalidad informática, pero en porcentaje es sustancialmente mayor en San Pedro con un 55% frente al 14% de San Javier y el 39% de Torre Pacheco. Además, San Pedro presenta una evolución más desfavorable en varias categorías de delincuencia convencional, especialmente hurtos, robos con violencia y delitos de lesiones, acercándose en mayor medida a la tendencia observada en el conjunto regional. Pero lo más significativo es que es el único de los tres municipios donde los robos con fuerza en domicilios no sólo no se han visto reducidos de forma sustancial como así encamina la Región, sino que han subido.

Los delitos relativos a hurtos, robos con fuerza, lesiones y delitos contra la libertad sexual afectan de forma importante a la interpretación de inseguridad de la gente porque son los que pueden tener una mayor trascendencia en su vida. Una estafa en Internet es un problema serio, pero los robos en viviendas generan una sensación de vulnerabilidad mucho mayor. Expuesto el marco periodístico y político, así como las estadísticas oficiales, queda precisamente escuchar al pueblo.

La patrulla vecinal San Pedro

Existen algunos antecedentes de patrullas vecinales no sólo en la Región de Murcia sino fuera de ella. Ante todo, los integrantes de estas patrullas ciudadanas actúan estrictamente como civiles, es decir, no retienen físicamente ni confiscar pertenencias limitándose su función proactiva únicamente al derecho de cualquier ciudadano a denunciar un delito. Sin embargo, también existen análisis periodísticos para desprestigiar la labor de estos movimientos, como este desafortunado artículo que me voy a permitir de tildarlo de desinformador y rozando lo difamatorio. No, el objetivo de las patrullas NO es tomarse la Justicia por su mano ni reemplazar a las instituciones.

La primera que localizamos en prensa es en 2022 en La Aljorra (Cartagena). Ese movimiento vecinal sigue vigente en la actualidad y que pasó a la acción años después de constituirse la plataforma No más robos ante el incremento de los mismos en la pedanía. Un grupo de diez personas comenzó a patrullar las calles y avisar a la Policía Local ante cualquier actividad flagrante o sospechosa de delito. En alguna ocasión la prensa se ha hecho eco de alguna operación exitosa de esta patrulla. Desgraciadamente, los problemas de inseguridad no parecen haberse solucionado aún. Fuera de la Región existe por ejemplo la Patrulla vecinal Madrid que se creó en 2023 y mantiene una cuenta en Facebook, protegiendo la privacidad de sus integrantes. Su especialidad son los carteristas. El mismo año surgió otra en la Cañada del Fenollar en Alicante y, al igual que los anteriores, patrullan de noche ante la oleada de robos y la escasa presencia policial. Más recientemente, se conoce la creación de patrullas en el municipio de Córdoba y también en el de Sevilla, motivando más redadas de la Policía contra la delincuencia.

La Patrulla Vecinal San Pedro es otro movimiento en dicha línea creado hace un año en redes sociales (mayo de 2025). Su fin es proporcionar una respuesta de apoyo al ciudadano y vecino pinatarense en materia de seguridad, al tiempo que visibilizar el problema para que los políticos tomen decisiones. Mientras tanto, ejercen un apoyo voluntario a las fuerzas policiales. Desde Facebook han ido sumando contactos no ya virtuales sino presenciales y en sus inicios crearon un canal en Telegram para organizar y coordinar salidas de voluntarios. El modus operandi consiste en patrullar las calles del pueblo y avisar en los momentos precisos tanto a la Policía o Guardia Civil como a los vecinos. Pero no se limitan a caminar por las calles, sino que también emiten directos nocturnos de sus operaciones, suben vídeos grabados de sucesos ocurridos (como vandalismo o cámaras de seguridad de vecinos) y en general comparten información y noticias relacionadas con la seguridad en el pueblo.

Dado que Lo Pagán es una de las áreas del pueblo más azotada por la delincuencia, ha sido más transitada por los voluntarios de la patrulla. Estas operaciones no están exentas de riesgo, por lo que algunos salen con chalecos antibalas y así lo afirman en sus directos. Gracias a sus patrulleos, en algunas ocasiones han sido testigos de situaciones de reyerta o de tentativa de delito, como una persona tratando de forzar la puerta de una vivienda. Así que aprovecharon para ponerse en contacto con la Policía y manejar el problema por cauces legales. En otras ocasiones realizaron operaciones de disuasión en el sentido de sorprender a gente que pensaba actuar sin testigos bajo el manto de la noche. Como armas únicamente portan spray pimienta, instrumento que es totalmente legal.

Sin embargo, pese a su legítimo propósito bien definido también se han enfrentado a críticas que les acusan de ser un grupo parapolicial o incluso de pretender generar alarmismo. Esto último ha protagonizado alguna polémica en plenas fiestas, pero la patrulla se ha defendido afirmando que disponía de testigos que aseguraban que se había producido un ataque con arma blanca en el recinto ferial. A ese respecto, es preciso tener en cuenta que el hecho de que a las fuerzas policiales "no les conste" una situación delictiva no quiere decir que no haya sucedido. Por lo tanto, aunque haya que tomar con cautela cualquier información, el hecho de contrastarse con testigos no es baladí. Es más, pocos días después sí salió en prensa otro apuñalamiento en las fiestas y del que la Guardia Civil extendió atestado. El suceso ocurrió en el exterior del recinto. 

En términos generales, la percepción en redes sociales es de apoyo a La Patrulla con comentarios que aplauden sus informaciones que advierten de problemas así como sus operaciones con colaboración con las fuerzas competentes.

Conclusiones

Examinados los apartados político, periodístico, estadístico y social, no puede negarse que en San Pedro del Pinatar existe un problema de inseguridad, contextualizable pero que no puede ignorarse. El gobierno municipal, obviamente, está en su derecho de hacer llamamientos a la calma o tratar de minimizar los sucesos más alarmantes. Y en buena parte se entiende, pero al mismo tiempo se debe proveer soluciones con arreglo al presupuesto local. Es cierto que ya lo está haciendo, pero no sólo hay que reforzarse con medios materiales y tecnológicos sino también humanos. Y la incorporación de 6 agentes se puede estimar insuficiente a la luz de lo percibido en los datos y en las expectativas ciudadanas. Hay que tener en cuenta que si los vecinos se han llegado a movilizar no es ya porque perciban que hay más riesgo de delitos, sino también porque consideran que tal vez no se patrulle lo suficiente o más bien no se disponga de suficientes fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, las soluciones a largo plazo no permitirán atajar el problema. Además, incluso los procesos selectivos llevan varios años para su ejecución y recabar más presencia de Policía Nacional y Guardia Civil no es fácil, ya que depende de compromisos políticos con administraciones de distinto color. Con todo, dada la cercanía de las próximas elecciones debería de motivar un acuerdo.

Las estadísticas reflejan un comportamiento de los datos de criminalidad en San Pedro, en términos agregados, muy parecido a lo que se recoge en el ámbito de la Región de Murcia. Ambos territorios coinciden con un incremento significativo, si bien el porcentaje en San Pedro es mayor. Además, en términos más específicos y comparados, existen algunos delitos de entre los que más preocupan a los ciudadanos que han experimentado un aumento relativo mayor. Por ejemplo, los robos con fuerza (en la calle y en viviendas), lesiones, hurtos y agresiones por razón de sexo. Si nos centramos en los valores absolutos, podemos entender que la situación "tampoco es tan grave", pero no es mendaz que conforme pasan los años hay categorías que siguen en aumento o se han estabilizado en valores más altos que en el primer año de la serie (2021) que es donde se comenzó a reportar que algo no iba bien. Y negar la existencia de un problema no es menos pernicioso que exagerarla, sino más bien al contrario. Porque presupone que se está trabajando sin dificultades cuando el vecino no percibe eso.

Tampoco se debe de perder de vista y con ello por tanto también hay que matizar estos datos y percepción, que existen delitos que no son por así decirlo "ostensibles". Quiero decir con ello que suceden en la intimidad de los domicilios, no es tan fácil percibir su comisión o no existen estadísticas fiables por motivos políticos. No podemos conocer a ciencia cierta cuántas agresiones, maltrato, delitos de narcotráfico y ocupación de casas. Sólo los que llegan a conocimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad por denuncias o circunstancias flagrantes. Del mismo modo, una situación de riesgo en la calle puede no materializarse en un daño o delito, pero sí generar un ambiente de inseguridad. Igualmente, no hay que olvidar que la percepción de inseguridad no suele ser similar en todos los barrios. Por ello, tal y como hemos contado, Lo Pagán es una de las zonas donde se ha reportado mayor número de incidentes.

El surgimiento de movimientos vecinales surgen como respuesta ciudadana a esa percepción de mayor inseguridad y la sensación de que la presencia policial no es suficiente. Esto supone reconocer implícitamente un fallo del sistema, pero tampoco equivale a retratar a nuestro pueblo como si fuera el Bronx. Menos aún a insinuar eso como reacción defensiva extrema a cualquier crítica. Los vecinos tienen suficientes intereses y aspiraciones en su vida habitual como para no dedicar sin motivo justificable tiempo de su descanso personal a patrullar las calles. Es por eso por lo que desacreditar movimientos que no actúan en contra de la Ley no contribuye sino a manejar el problema con la única estrategia de la negación y evitación. Exactamente del mismo modo que se cargaba contra las denuncias del estado del Mar Menor amparándose en no perjudicar al turismo ni a la hostelería, es decir, anteponer intereses legítimos como escudo de inmovilismo ante otros problemas.

En definitiva, resolver la inseguridad ciudadana no es cuestión de un día para otro ni existen soluciones mágicas. Sin embargo, a corto plazo sí se puede hacer algo que es tratar de asegurar más disponibilidad policial no sólo de patrulleos sino de servicio en las horas nocturnas. Mientras tanto, la colaboración ciudadana seguirá siendo un elemento que no debe desdeñarse para proteger la percepción del servicio público. A medio plazo, es imperativo incrementar la plantilla de Policía Local y solicitar a Delegación del Gobierno la de la Guardia Civil. Más a largo plazo (Plan Impulsa Lo Pagán, 2026-2028) se espera que los avances tecnológicos proporcionen medios más sofisticados como cámaras inteligentes, pero el ciudadano necesita respuestas más cercanas en tiempo.

lunes, 22 de junio de 2026

Líderes europeos en declive: el desgaste del poder en Europa

El presente artículo estaba previsto para ser publicado el 9 de julio. Sin embargo, los acontecimientos me han obligado a adelantarlo más de quince días. Ya veía venir que algo podía pasar y no quería tardar mucho, pero de forma repentina se filtró que el primer ministro británico Keir Starmer iba a dimitir. Y así ha sido este lunes 22 de junio. De esta manera, publico ya un artículo no ya sobre él sino también de otros dos líderes europeos cuya popularidad ha ido en progresivo declive hasta, junto con el anterior, ser los peores valorados en toda Europa: Emmanuel Macron y Friedrich Merz. Expondré primero la caída de popularidad, los factores económicos, la gestión, la inmigración, la oposición del populismo de derecha en auge y las derrotas electorales. Seguidamente añadiré una comparación con Sánchez y Meloni y finalmente estableceré unas conclusiones.

Macron: desgaste acumulado y sensación de desconexión

En Francia existe una tradición histórica de presidentes muy impopulares al final de mandato tras dos legislaturas. Sin embargo, según datos recientes de YouGov citados por Euronews, Emmanuel Macron figura entre los líderes peor valorados de Europa y con apenas un 18% de opiniones favorables. En dicha percepción probablemente influye que gobierna sin mandato claro tras perder la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. No hay que olvidar que Michel Barnier, primer ministro fue cesado por moción de censura. Anteriormente, Gabriel Attal había dimitido pero Macron rechazó la operación. Pero el caos no acabó ahí porque luego caería otro más en moción de censura, François Bayrou, y su sustituto Sebastien Lecornu dimitió meses después de tomar posesión para nuevamente ser otra vez designado por Macron. Todo esto evidencia no sólo una alta fragmentación parlamentaria sino una incapacidad extrema de mantener estabilidad gubernamental.

Una parte creciente de la sociedad francesa lo percibe como tecnocrático, distante, elitista y excesivamente vinculado a las clases urbanas acomodadas. Eso tiene un reflejo en las tensiones entre núcleos urbanos como París, Lyon, Toulouse o Nantes y la periferia donde los problemas de menor competitividad industrial, exceso de regulaciones, costes laborales altos y vivienda son más acusados. Además, Macron sufre una paradoja: durante años se presentó como el gran dique de contención contra los extremos (como en su momento fue Merkel en Alemania), pero el debilitamiento del centro político ha acabado fortaleciendo tanto a la derecha identitaria de Le Pen como a la izquierda populista y pro islamista de Mèlenchon. Para la erosión del centro, la Francia de Macron ha atravesado varias crisis muy polarizantes y son las siguientes.

El movimiento de los chalecos amarillos fue una oleada de protestas populares entre 2018 y 2020 debido al incremento de los impuestos al combustible, bajo el argumento de la transición ecológica. La estructura de aquél movimiento era horizontal, es decir, tipo 15-M en España, aunque centrado en la periferia. Con el tiempo y pese que el gobierno se echó atrás, evolucionó hacia un clamor más generalizado de descontento por la pérdida de poder adquisitivo y la gestión política y más ideologizado. Las protestas se escoraron más a la izquierda al reclamar recuperar el impuesto de fortunas para los ricos y democracia directa. Igualmente protagonizaron fuertes disturbios en París y denunciaron actuaciones policiales. Forzaron el incremento del salario mínimo y con la pandemia se desactivaron.

La reforma de las pensiones se aprobó inicialmente en 2023, pero se suspendió hasta 2028, es decir, hasta después de las próximas presidenciales de 2027. Pretende retrasar la edad de jubilación de 62 a 64, subir la cotización de 42 a 43 años para percibir el máximo, restringir la jubilación anticipada y otros beneficios en algunos sectores específicos y establecer una pensión mínima. Estas medidas que en España no serían gran cosa, armaron "la mundial" en Francia con fuerte rechazo de la oposición y sindicatos, huelgas masivas y más disturbios, pero la primera polémica ya vino por su imposición por Decreto en 2023. La suspensión fue acordada en el proyecto de presupuestos como concesión al Partido Socialista y para cortar más mociones de censura. Sin embargo, esa suspensión no permitió aliviar la crisis económica, dado que el motivo de la reforma era cumplir con las exigencias de Bruselas y atajar la enorme deuda pública francesa.

Respecto a la inmigración en Francia diversas estadísticas sobre delincuencia argumentan que los extranjeros aparecen sobrerrepresentados en determinados delitos en relación con su peso demográfico. También destacan la presencia de extranjeros en la población penitenciaria y en ciertas formas de criminalidad organizada. No obstante, hay que tener en cuenta que Francia limita la recopilación y difusión de estadísticas desglosadas por origen étnico o racial, lo que dificulta un análisis más completo. Con todo, detrás de esas cifras podrían estar fallando las políticas de integración y de vivienda, la asimilación cultural, ayudas públicas y, sobre todo, la concentración de población vulnerable en determinados barrios. Muchos inmigrantes y descendientes de inmigrantes viven concentrados en grandes conjuntos de vivienda pública, relativamente aislados del resto de la sociedad francesa. El canal VisualPolitik equipara esa situación con las experiencias observadas en Dinamarca y Suecia, donde sociedades paralelas terminan siendo focos de redes de narcotráfico y crimen organizado. Además, tal vez influya como atenuante que la inmigración esté estrechamente conectada a religiones de origen extranjero y con sentimientos identitarios mientras que el espíritu de la República francesa es esencialmente laico.

En ese contexto, muchos franceses perciben que el Estado ha perdido el control en ciertos barrios, aumentando la inseguridad. Ante esto, Macron ha intentado mantener una posición intermedia endureciendo parcialmente controles pero sin asumir discursos identitarios. Sin embargo, esa respuesta de "centro centrado" le ha provocado perder apoyo por los dos lados. La derecha considera sus políticas insuficientes mientras que parte de la izquierda le acusa de endurecerse demasiado. La vertiente radical de esta última estuvo implicada en disturbios urbanos tras el homicidio del adolescente Nahel en 2023. Sucesos como éste marcaron también la percepción pública y reforzaron la idea de fractura territorial y cultural.

En ese marco, la oposición de Marine Le Pen y Rassemblent National ha conseguido convertir inmigración y seguridad en temas centrales, pasando de ser importantes a dominantes. Pero también han logrado que muchos votantes conservadores o liberales ya no etiqueten a dicha fuerza como "amenaza antisistema", sino que la vean como alternativa legítima de gobierno. Ello se ha traducido en triunfos electorales como en las Europeas de 2024, que motivaron la disolución de la Asamblea Nacional. En esos últimos comicios, el macronismo recomendó votar en segunda vuelta a la candidatura "progresista" donde estaban metidos Mélenchon, Los verdes y los comunistas. Hay que tener en cuenta que aquí rige el sistema mayoritario con "ballotage" entre los dos más votados en la primera vuelta. En términos absolutos fue la candidatura de Bardella la que obtuvo más votos en toda Francia.

Friedrich Merz: expectativas incumplidas y crisis industrial alemana

Euronews señala también que Friedrich Merz ha sufrido la caída de popularidad más acelerada entre varios líderes europeos analizados, pasando de un saldo neto relativamente moderado a cifras extremadamente negativas en pocos meses. No es ya que sea el peor valorado en términos absolutos, sino que además es el que más rápido se ha deteriorado en su imagen pública. Así, YouGov calculó una caída de 34 puntos de saldo neto en menos de un año, es decir, de -14 a -48 lo que resulta una extraordinaria caída en picado para estándares alemanes. Y el dato de mayo de 2026 lo sitúa en -60. En el pasado Alemanía gozaba de liderazgos más estables, con menos polarización y con cancilleres con desgaste más lento como por ejemplo Merkel. El político demócrata cristiano fue líder del partido desde 2021. En septiembre de 2024 fue seleccionado como candidato de la CDU para las Elecciones federales de Alemania del 23 de febrero de 2025. Fue la lista más votada, pero tuvo que pactar con los socialistas que habían quedado en tercer lugar tras AFD. El país se enfrentaba a retos económicos como la debilidad del sector automovilístico (que había perdido terreno con Tesla), altos costes energéticos derivas de la guerra en Ucrania, desindustrialización parcial, fuerte dependencia exportadora agravada primero con la inflación y después con la crisis arancelaria y el envejecimiento demográfico. 

Desde décadas, Alemania es el motor económico de Europa. El modelo alemán se apoyó en una energía relativamente barata, industria exportadora de alto valor añadido, automóviles de gama media y alta y un mercado chino como gran comprador. Esto le funcionó hasta la llegada de la pandemia. Desde entonces, Alemania ha perdido gran parte de su acceso al gas ruso barato, disparándose sus costes energéticos en materia química, metalúrgica, acero, etc... De esa manera, muchas empresas redujeron su producción o trasladaron sus inversiones moviéndose a EEUU o a Asia. En cuanto a China, que compraba muchos vehículos, ahora dispone de tecnología industrial, baterías y coches eléctricos que son fabricados por ellos y cada vez más competitivos. También les ha perjudicado la transición verde y las regulaciones europeas, encorsetando aún más el mercado. Ante esa situación, muchos votantes alemanes esperaban resultados rápidos y no los han percibido. A ello han contribuido también las tiranteces entre la coalición de centro derecha y centro izquierda en materias como pensiones, Sanidad, impuestos, transición energética y gasto social. Esas dificultades para ponerse de acuerdo pusieron en tela de juicio la gran coalición y sólo proyectaron una imagen de debilidad gubernamental en un escenario económico altamente preocupante para Alemania.

Alemania es uno de los países europeos que envejece más rápidamente, redundando en menor número de trabajadores, aumentándose el gasto en pensiones y disminuyendo su crecimiento potencial. Durante años, el modelo alemán asumía que la inmigración era necesaria para compensar el envejecimiento demográfico, sostener el sistema productivo y cubrir falta de mano de obra. Fue así especialmente tras la política de refugiados y puertas abiertas de Angela Merkel en 2015. La inmigración pasó de ser sólo económica a ser cultural y política. En grandes ciudades como Berlín, Hamburgo o Frankfurt la integración ha sido relativamente exitosa. Sin embargo, surgen tensiones en barrios con alta concentración migrante y la percepción pública se ha deteriorado por varios factores, como la presión sobre los servicios públicos (saturación escolar y falta de vivienda), dificultades de integración, sensación de pérdida de control por el aumento de asilos y entradas irregulares, aumento de inseguridad por delincuencia y radicalización por varios atentados islamistas que han tenido importante impacto psicológico. Entre 2024 y 2025 se han asistido a ataques ejecutados por refugiados afganos o sirios con órdenes de expulsión o bajo radicalización yihadista, como un atentado en Mannheim (un fallecido, cinco heridos), otro en Solingen (3 fallecidos y 8 heridos), otro en Aschaffenburg (dos muertos) y un apuñalamiento en Berlín. A esto se le une que según estadísticas de la policía alemana, más del 35% de los sospechosos de delitos comunes carecen de nacionalidad alemana y las agresiones con cuchillos superó los 29.000 casos anualesAnte esto, Merz llegó articulando un tono más firme reestableciendo controles fronterizos fijos (pausando Schengen), endureciendo las leyes de asilo para acelerar las expulsiones y prohibiendo portar cuchillos en espacios públicos. Al igual que Macron no contentó ni a izquierdas ni a derechas.

Alice Weidel y Alternative für Deutschland han convertido la inmigración en el eje central de su narrativa. Su crecimiento ha erosionado especialmente a Merz porque parte del electorado conservador de éste último considera que no ha endurecido suficientemente la política migratoria ni ha revertido el rumbo económico. AFD ha conseguido romper un tabú histórico, dado que tras la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín Alemania tenía una cultura política muy distinta. Durante décadas el nacionalismo se ha visto estigmatizado y existía un importante consenso nacional centrista, predominando una política moderada. Sin embargo, la crisis económica e industrial y la inmigratoria han alimentado discursos de euroescepticismo (por el intervencionismo económico) y un nacionalismo basado en la defensa industrial y en el rechazo a la inmigración masiva y a élites verdes. Su discurso combina exigencias de control fronterizo, rechazo a políticas de asilo y protección de la identidad cultural alemana puesta en riesgo por la expansión del multiculturalismo migratorio. Llama la atención que su líder está casada con una mujer, por lo que rompe con la típica etiqueta de hombre heterosexual "macho alfa" o mujer contraria a familias alternativas, descolocando de esa manera a la izquierda en su narrativa.

Para Friedrich Merz, las elecciones regionales son especialmente sensibles porque Alemania tiene un sistema federal fuerte. Los Länder tienen mucho peso político y simbólico y AFD ha sido especialmente fuerte en regiones de la antigua Alemania oriental (la ex comunista), donde predomina una mayor desconfianza institucional y sensación de abandono. Por ejemplo en Sajonia (segundo lugar) y Turingia (primera fuerza con 30%). Otros importantes resultados entre 2024 y 2026 fueron en Renania del Norte (triplicando votos) y Brandenburgo (tercero duplicando votos). Los avances de AFD en las elecciones regionales han amplificado la cobertura mediática y aumentando la percepción de cambio histórico desgastando al gobierno federal. De hecho, la sensación sería que el Estado federal alemán no controla bien la distribución del fenómeno migratorio.

Keir Starmer. Decepción temprana y falta de relato

El caso de Keir Starmer es especialmente interesante porque su desgaste ha llegado muy rápido tras una victoria electoral enorme, lo que le diferencia en este último aspecto del anterior. El 4 de julio de 2024, los laboristas casi duplicaron su fuerza electoral con 411 escaños obtenidos y un 33,70% de los votos. Gran parte de ese subidón no se explica en un entusiasmo por Starmer, sino más bien por rechazo al partido conservador motivado por el desgaste de Boris Johnson, Liz Truss (45 días en el poder) y Rishi Sunak. Los escándalos del primero, la pésima gestión económica general y la sensación de inestabilidad movieron en masa al electorado a castigar a la derecha británica. Por tanto, los expertos británicos consideran que la mayoría parlamentaria no se asoció a una conexión popular fuerte más allá de su legitimidad electoral. Las encuestas reflejaron niveles de rechazo muy altos, comparables a algunos de los peores momentos de gobiernos anteriores británicos. Es más, comparando valoraciones del partido laborista y el Primer Ministro, éste ha resultado siempre peor valorado y el 50% opinaba que debe dimitir. Todo esto, en menos de dos años. YouGov le asigna un ratio de -50 puntos de aprobación.

En materia económica, se percibe una continuidad en estancamiento del crecimiento y en altos impuestos con subida de la inflación, alimentando una sensación de frustración generalizada con los servicios públicos. Ahora bien, a diferencia de Alemania, Reino Unido no afronta una crisis industrial tan marcada. Su problema es de productividad y arranca desde la crisis financiera de 2008, habiendo apenas avanzado los salarios reales y con una inversión empresarial irregular. Además, el mercado de la vivienda ha empeorado especialmente en Londres, sureste de Inglaterra y en grandes ciudades universitarias, restringiendo no ya la independencia de los jóvenes, sino formar familias y en general la movilidad social. Por tanto, la percepción de que se vive peor que hace quince años es políticamente devastadora. La sanidad pública tampoco se libra con problemas de listas de espera, falta de personal e inversiones, redundando en una mayor crítica al Gobierno de UK, quien tiene la competencia en Inglaterra y en Escocia (no así en Gales ni en Irlanda del Norte).

Tras el Brexit, la inmigración en Reino Unido tiene una dimensión específica y es que una parte fundamental del voto a la salida de la UE se vinculaba a demandas de control fronterizo, soberanía y restricción migratoria en el Canal de la Mancha. Sin embargo, el efecto ha sido justo el contrario. Los movimientos migratorios desde Europa han disminuido paralelamente al aumento de los extracomunitarios, alcanzando niveles récords en algunos periodos. Aunque Starmer evita discursos agresivos y prefiere mantener una imagen moderada de centro izquierda y, como Merz, tratar de compatibilizar necesidades económicas con control migratorio, de nuevo se asiste a un choque de clases. Por un lado quiere conservar a votantes urbanos, profesionales, jóvenes y progresistas, pero por otro falla en los pro-Brexit, antiguos bastiones obreros y clases medias preocupadas por su seguridad, vivienda y servicios públicos que suelen reclamar mayor control migratorio. Además, existe cierto elemento de inseguridad. Por ejemplo, la surrealista detención en Southampton de un hombre acuchillado y tirado en el suelo porque su agresor hindú le aseguró a los agentes que le había proferido insultos racistas. Otro ejemplo no menos polémico fue el de otro hombre acuchillado por un refugiado sudanés en Belfast. Este último hecho sólo llamó la atención mediática cuando se desataron reacciones xenófobas. Fueron mucho peores que lo de Torre Pacheco, pero nuevamente se silenció el problema de base que activa el botón del resto. Y se llama integración cultural y social.

El crecimiento de Nigel Farage y Reform UK explota la idea de que ni conservadores ni laboristas han recuperado el control y apunta como problemas el deterioro de la Sanidad pública, el aumento del coste de la vida, desconexión política de Londres con el resto del país y en general una sensación de decadencia nacional. Es por eso por lo que la súbita pérdida de credibilidad de Starmer no se traduce en un retorno en la confianza en los tories. Es preciso recordar que Farage ya fue un líder político con una importante influencia en el apoyo al Brexit (2018), a pesar de que su materialización haya traído consecuencias indeseables. Proponen un programa híbrido entre la "prioridad nacional" de VOX en España y el MAGA de Donald Trump con control fronterizo, un impuesto a empresas que contraten mano de obra extranjera barata, restricción del uso de viviendas sociales a residentes locales, rebaja del mínimo exento de renta y supresión de la Agenda 2030 eliminando impuestos verdes y políticas identitarios y de género en escuelas y espacios públicos, es decir, la ideología Woke.

Las elecciones locales y regionales celebradas en mayo de 2026 han supuesto fuertes pérdidas para el Partido Laborista, desplome en varios bastiones históricos y un avance muy importante de Reform UK siendo la fuerza más votada. Éstos consiguieron 1.453 concejales de un total de 5.000 y fueron primera fuerza en 15 municipios cuando 4 años antes sólo se hicieron con 2 concejalías. Estos resultados se han interpretado como el primer gran referéndum político sobre el gobierno de Keir Starmer y, en consecuencia, su balance ha sido muy negativo. Reform UK ha avanzado en ciudades industriales, zonas obreras y territorios históricamente laboristas como Sunderland, Barnsely y otros del norte de Inglaterra. Por tanto, se asiste a un importante cambio sociológico. Por el contrario, los laboristas no lograron conquistar a ningún bloque de forma clara al perder por todos lados. De la derecha, pierde por la situación económica, la gestión de la inmigración y los partidarios del Brexit. Por la izquierda, también se observa un crecimiento de los Verdes en las áreas urbanas.

Comparativa con España (Sánchez) e Italia (Meloni)

En el caso de Pedro Sánchez, con un ratio de -22 de popularidad, el contexto clave no está ligado exclusivamente a la economía y a la inmigración. Además, en el caso de la segunda no ha alcanzado los niveles de preocupación social de los anteriores países. El escenario clave es el de una percepción de corrupción generalizada por la acumulación de investigaciones y procesos judiciales que cercan a importantes cargos públicos socialistas, salpicando al propio Presidente. En España existe un bipartidismo funcional estable, el sistema obliga a coaliciones y apoyos externos desde hace más de diez años y, sobre todo, la oposición está muy dividida. Además, aunque crece Vox no tiene ni mucho menos las perspectivas que sus homólogos de derecha populista en Francia, Alemania o Reino Unido. Pero, sobre todo, Sánchez compensa el desgaste en encuestas y las derrotas regionales con unos niveles altos de polarización y rechazos en ciertos bloques ideológicos que le permiten mantener el poder. También dispone de la "colaboración" de entidades mediáticas en el desarrollo de una narrativa proteccionista de su Gobierno. De hecho, le ha permitido amortiguar picos de descenso de popularidad. Dicho en otras palabras, tanto el sistema como la cultura política bloquea alternativas claras de mayoría estable, redundando en una especie de resiliencia institucional por fragmentación y no por popularidad. 

Con Giorgia Meloni, en Italia se asiste a una estabilidad por hegemonía del bloque ganador. Ha logrado una coalición relativamente estable y cohesionada en la derecha y controla la narrativa cultural incluso con más éxito que Sánchez, centrándose en identidad, soberanía e inmigración. Además, no tienen ninguna amenaza electoral de populismo de derecha precisamente porque Fratelli d'Italia es quien ocupa ese espectro que está en claro ascenso no simétrico pero observable en Europa. Por lo tanto, esa tendencia precisamente reforzaría su posición. Sin embargo, ello no implica que esté reñido con la percepción de una buena gestión. Además, no existen escándalos de corrupción ni en su gobierno ni en el partido y la oposición de izquierda está fragmentada. Por tanto, aunque sufra el desgaste normal de cualquier gobierno (-17 de ratio de aprobación) no existe una alternativa unificada creíble y en consecuencia su bloque mantiene la hegemonía electoral tras los comicios regionales de 2025 con 12 conquistadas de 20. 

Conclusiones 

Los tres líderes coinciden en un descenso muy importante de su popularidad, pero con velocidades distintas. El ritmo francés ha sido más lento, percibiéndose de forma más clara tras la pandemia hasta llegar a una situación de descontrol de gobernabilidad. En cambio el alemán y el británico fue mucho más acelerado y en menos de dos años. La diferencia es que el segundo partió de un pico más elevado, pero sustentado en un espejismo: el rechazo generalizado al partido conservador por la crisis de credibilidad y liderazgo.

En materia económica también coinciden en crisis derivadas de la inflación y los efectos de la Guerra de Ucrania. Pero cada uno asiste a particularidades. En el caso alemán parece haber golpeado de forma más dura el corazón de sus ciudadanos con su importante pérdida de hegemonía, especialmente notable en la industria. En el ejemplo de Reino Unido, el talón de Aquiles habría sido la caída de productividad ya en niveles poco competitivos antes del Brexit, pero intensificados tras el mismo. En cambio, en Francia se alude más a su gestión política manifestada en un intervencionismo regulatorio que ha multiplicado las protestas.

En inmigración, los tres sufren importantes problemas de gestión de la misma y que pueden percibirse en el reporte de sucesos de criminalidad y en la percepción de inseguridad ciudadana. Los líderes, según la gente, estarían completamente alejados de los barrios y esas políticas públicas pro inmigración serían ahora vistas como caballos de Troya de conflictos multiculturales y presión sobre servicios como vivienda y Sanidad. Hasta cierto punto, esto se puede ocultar e ignorar política y mediáticamente, pero no socialmente.

Esa sensación de inseguridad y perdida de identidad serían el caldo de cultivo para el auge de fuerzas populistas de derecha, coincidiendo en los tres países un crecimiento exponencial de la popularidad de esas fuerzas. Opciones políticas que, además, para la gente no encajan de forma simple en "extrema derecha". En todo caso articulan un discurso antisistema apuntando al esquema actual que, para esos desencantados, promueve una respuesta radical y sin complejos. Así que esos tres líderes serían percibidos como el inmovilismo y se acelera su ya avanzado desgaste.

En encuestas y resultados electorales, parece que la periferia es la que manda. Existe una fuerte polarización y percepción de desconexión cultural con amplias capas sociales. Macron ha perdido mucho terreno más allá de Paris, las grandes ciudades y votantes con alto nivel de educación. Parece haber tocado suelo político, dado que conserva un núcleo centrista relativamente fiel. Pero lejos del mismo genera un rechazo masivo del 70% y eso es índice de algo más profundo que el simple desgaste. Merz, por su parte está perdiendo apoyo sobre todo en la Alemania del Este, manifestándose que la pérdida progresiva del poder regional es una importante antesala de derrotas más generales. Por su parte, Starmer sufrió un batacazo en elecciones locales incluyendo zonas obreras y tradicionalmente laboristas que ha podido acelerar su meditada decisión de dimitir.

Las comparaciones con Sánchez y Meloni ofrecen escenarios muy dispares a los anteriores. En el primero le asola la investigación de corrupción y no tanto la gestión económica y de inmigración. Sin embargo, ha sabido manejar el discurso mediático para amortiguar su caída sin llegar a los niveles de inframundo de los tres estudiados. Además, Vox no tiene un impulso suficientemente amenazador pero es usado como muñeco para movilizar a la izquierda. En cuanto a Meloni, le sostiene la percepción de buena gestión entre sus votantes y que la derecha anti inmigración masiva son ellos mismos, pero al mismo tiempo una oposición dividida y sin programa alternativo compacto.

En definitiva, lo que comenzó como un problema de popularidad en tres grandes países europeos terminó derivando en fenómenos distintos. En Francia, Macron ha visto erosionada su capacidad para construir mayorías estables. En Alemania, Merz gobierna bajo la presión de un modelo económico en crisis y transformación y el auge del populismo de derecha. En Reino Unido, el desgaste político ha llegado hasta el propio liderazgo desembocando en una dimisión. Quizá el problema europeo ya no sea únicamente ganar elecciones, sino que cada vez parece más difícil conservar la capacidad de gobernar después de ganarlas.