Contratos públicos judicializados: los casos de San Pedro y San Javier

En los municipios, los Ayuntamientos deben de gestionar una serie de servicios mínimos dentro del marco de sus competencias. Pero, al igual que en otras administraciones, tanto por el volumen de población como por las cada vez mayores exigencias técnicas carecen de personal propio y equipamiento adecuado. Consecuentemente, han de tramitar importantes contratos de cada vez mayor importe económico y sujetos tanto a la Ley de Contratos del Sector Público como a la Ley de Transparencia. Sin embargo, en ocasiones la tramitación y ejecución se topa con complejidades que derivan en recursos con un final inesperado y pueden revelarse importantes errores de la Administración Local. Me resulta interesante analizar, comparar y sacar conclusiones sobre la tramitación de dos contratos, ambos de cantidades muy voluminosas, que han estado en el centro de la polémica en San Pedro del Pinatar y San Javier y con una dura travesía administrativa y judicial. Ambas localidades de la Región de Murcia son gobernadas por el PP. Comenzaré primero por el contrato de recogida de basuras de San Pedro y después por el de abastecimiento de agua de San Javier, cuya historia es más reciente que la del primero. Toda la información la he extraído especialmente del Perfil del contratante de ambos municipios.

El contrato de basuras de San Pedro del Pinatar

El contrato de Servicio de recogida, transporte y gestión de residuos municipales de San Pedro del Pinatar, por valor estimado de más de 25 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 años se empezó a gestar desde el año 2021. Durante su tramitación han pasado nada menos que tres alcaldes. El gobierno municipal, siendo por aquél entonces la Alcaldesa Visitación Martínez, planteó que era necesario licitar un contrato con exigencias y equipamiento más moderno después de un contrato previo de 20 años y con el evidente crecimiento de la población. Esta lógica argumentación, sin embargo, se terminó convirtiendo en la principal baza de presión de los sucesivos ejecutivos municipales del PP ante la tramitación de recursos o ralentización del procedimiento, ya fuese en fase administrativa o judicial. El expediente y el inicio de la licitación fueron aprobados por vez primera el 27 de febrero de 2022 y con número de expediente 2021/1371C.

Recursos administrativos contra los pliegos

La licitadora León y Ferrer presentó en 2022 dos recursos al Tribunal Central de Recursos Contractuales (en adelante TCRC) previa y preceptiva reclamación administrativa al consistorio. El primero fue el 17 de marzo de 2022 impugnando los costes salariales como contrarios al convenio y legislación aplicables, la creación de categorías laborales no existentes, la ausencia de beneficio industrial y una cláusula de imposible cumplimiento, alegando por todo ello nulidad de los pliegos. Todas las alegaciones fueron desestimadas salvo la última, que fue suficiente para anular los pliegos, dado que le exigía a la eventual adjudicataria firmar un convenio con Ecovidrio cuando por Ley, por su naturaleza jurídica, ha de ser el propio Ayuntamiento quien lo haga. Son ilegales los convenios administrativos entre particulares (Ley 40/2015, de 2 de octubre), así que en buena lógica ordenó la retroacción de actuaciones. El 29 de julio se volvió a aprobar la estructura de costes y el expediente 2021/1371Y y en agosto se volvió a presentar otro recurso contra los nuevos pliegos. Esta vez fue alegando desproporcionalidad en cláusulas de sanciones y suspendiéndose el día 25 la tramitación. Sin embargo, el TCRC lo inadmitió en octubre debido a que ya constaban en los pliegos originales y no fueron recurridas. Seguidamente, la relativa cercanía de las elecciones pudo motivar a la corporación municipal que se dejase el contrato en stand-by y más teniendo en cuenta que con seguridad iba a haber cambio de primer edil.

Recurso administrativo contra la adjudicación

Tras las elecciones de mayo de 2023, con Ángela Gaona como nueva Alcaldesa, se constituye en septiembre la mesa de contratación. En el mismo mes se informa de la fecha de valoración de los criterios tanto subjetivos como objetivos (cálculos mediante fórmulas) y las características de unos y otros. Se habían presentado hasta 5 ofertas. En septiembre se abrieron los sobres para evaluar los criterios subjetivos y en diciembre los objetivos. El año terminó adjudicando el contrato a STV Gestión en sesión plenaria del 20 de diciembre.

En febrero de 2024 se hace pública la suspensión de la tramitación del contrato debido a un nuevo recurso administrativo de León y Ferrer contra la adjudicación. La empresa alegaba que se excluyeran licitadores por confundir documentación en los sobres, incumplimiento de requisitos mínimos de la adjudicataria como disponer de nuevos y modernos vehículos y maquinaria, valorar erróneamente la oferta de la reclamante y superar varias empresas el número máximo de páginas de la oferta. Leídas en abril por el TCRC todas las alegaciones de las partes y los pliegos, se desestimaron todas las pretensiones puntualizando que el equipamiento podía ser renovado con posterioridad a la formalización del contrato.

Escalada judicial contenciosa y penal del contrato

Sin embargo, mientras se resolvía ese recurso más la impugnación judicial del anterior, la misma empresa presentó hasta 3 querellas. Primero presentó dos querellas contra dos funcionarios de la mesa de contratación por presuntamente informar a STV de su adjudicación antes de formalizarse. Además, en base al caso Bárcenas, consiguió apartar al Ayuntamiento como acusación particular del procedimiento judicial, evitando que una misma parte pudiese operar como acusadora y defensora de los imputados.

Posteriormente presentó otra querella penal más, esta vez por prevaricación contra el Alcalde y los concejales que votaron a favor por presunta ilegalidad al adjudicarse el contrato la sin mayoría absoluta que exige la LBRL en su artículo 47.2.J, que textualmente dice: "Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias... (J) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto". Circunstancias que, teniendo en cuenta que faltó una concejala y se aprobó por mayoría simple de 9 a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, aparentemente se darían porque el plazo es de 11 años, su precio de 23 millones de euros y todo el Presupuesto local para 2024 eran 29 millones de euros.

Por ello, antes de tomar posesión como nuevo Alcalde tras la dimisión de Ángela Gaona, Pedro Javier Sánchez optó en funciones por mantener en suspenso la formalización del contrato en el mismo mes de abril de 2024 pese a la resolución administrativa del TCRC. El motivo fue esperar a que el TSJ se pronunciase sobre medidas cautelares que finalmente no se dictaron. En septiembre de 2024 se formalizó la firma del contrato con STV Gestión.

En enero de 2025 se hizo pública la sentencia del TSJ de Murcia por la que ratificaba exclusivamente la legalidad de los pliegos impugnados en agosto de 2022. Por tanto, no validaba necesariamente todo el proceso de adjudicación, como afirmó en su nota de prensa el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. No existen más noticias al respecto, pero se entiende que sigue en curso todavía lo relativo judicialmente tanto al acuerdo de adjudicación que se adoptó por mayoría simple en vez de absoluta como la vía penal por las querellas.

Finalmente, en junio saltó la sorpresa de una multa de 60.000 euros a STV por incumplimiento grave de contrato, dado que les faltaban contenedores y no incorporaron ni seguimiento GPS tras un requerimiento de 5 meses. Esto, a posteriori, dio la razón a León y Ferrer y además en un contexto de fuerte subida de la tasa de basuras con arreglo a las exigencias legales impuestas por la normativa estatal. En octubre anunció STV la renovación de toda la flota y en noviembre inauguraron nuevas instalaciones. Sin embargo, como ya he recalcado, la sombra de la duda respecto a la adjudicación sigue todavía en el aire. Al menos en la misma noticia de junio de 2025 se confirma que aún se encontraba el tema judicializado, sin que a día de hoy existan novedades.

El contrato de agua de San Javier

El contrato de Concesión de Servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de San Javier con duración de 20 años se tramitó mediante el expediente 1419/2022 y por valor estimado de más de 224 millones de euros, siendo el más caro de la historia del municipio. En contraposición al de San Pedro, no hubo cambio de Alcalde en todo este tiempo siendo José Miguel Luengo. El anuncio de licitación se publicó el 31 de enero de 2023, una vez que se resolvió durante 2022 tanto el estudio de estructura de costes como el estudio técnico de explotación y viabilidad. Entre febrero y marzo se abrieron los sobres con las ofertas respondiendo a los criterios subjetivos y objetivos de las mismas. Se habían presentado en total 8 licitadores. 

El concejal del PSOE Pedro Gorriz impugnó ante el TCRC en el mes de marzo la aprobación de las tarifas por presunta nulidad de las mismas al no haber aprobado ordenanza previa, así como ciertas cláusulas en las que supuestamente tendría que haber intervenido el Consejo asesor de precios de la CARM. El propio tribunal denegó la aplicación de medidas cautelares y no suspendió la tramitación. Es más, terminó siendo inadmitido el 27 de abril por registrarse fuera de plazo. El 2 de mayo se firmó la propuesta de clasificación y adjudicación en un documento de reunión de la mesa de contratación. Sin embargo, quien firmaba no era precisamente la concejala delegada sino... ¿Ingeagua?

Polémicas de falta de transparencia y presunto conflicto de intereses

Las primeras alarmas empezaron a sonar en ese mes de mayo cuando varias empresas como en el grupo Agbar comenzaban a dudar de un presunto conflicto de intereses en favor de Aqualia, la que obtuvo la mayor puntuación. El motivo es que el Ayuntamiento había contratado a la consultora ingeniera Ingeagua S.L. para que calificara a los licitadores como órgano especializado, dado que como vimos en el post de Begoña Gómez los contratos donde los juicios de valor ocuparan un peso importante en la evaluación de ofertas no pueden ser adjudicados directamente por mesas de contratación. El otro sobre era relativo a documentación administrativa y la presentación de un estudio de viabilidad económica, siendo evaluado por criterios automáticos. De hecho, el sobre B trataba exclusivamente de documentación administrativa. Supuestamente, el contrato de servicios con dicha consultora se extendió por más de dos años y un precio de 15.000 euros más IVA que entienden muy bajo para los trabajos a realizar. Además, al parecer y según la versión del mencionado grupo empresarial, esta consultora habría hecho trabajos para otras empresas como la misma Aqualia, a la que le otorgó 49 de 49 puntos posibles en las valoraciones subjetivas.

El 20 de octubre de 2023 se formalizó la adjudicación en el Pleno de la corporación local. Pero el susto llegaría a final de año, el 14 de diciembre, con la noticia de la suspensión de la adjudicación por parte del TCRC a instancias de la mercantil Aguas de San Javier y La Manga que en noviembre había registrado recurso de nulidad. El motivo fundamental no era ya que fuese una empresa con ciertas vinculaciones con el adjudicatario, sino que ni tan siquiera se le había comunicado a ninguno de los licitadores la participación de esa empresa que firmó desde Málaga el informe final de valoración. Es más, ni tan siquiera se licitó ese contrato. Así que esta ausencia de transparencia fue entendida por el órgano como un vicio de nulidad absolutamente insubsanable, declarando la nulidad de la adjudicación y de todo el proceso. La empresa adjudicataria reaccionó con indignación acusando de una campaña de desprestigio de los medios informativos digitales y del grupo de la oposición Pleamar. Aqualia anunció un recurso ante el TSJ de Murcia desacreditando con vehemencia la resolución publicada y lo que es más, denunció la proliferación de noticias negativas como si fuera delito, aportando informes estadísticos.

El TSJ de Murcia entra a escena y tumba el contrato

En marzo de 2024 se conoció que fue archivada la querella penal presentada por el mencionado grupo Pleamar porque la fiscalía no apreciaba indicio de delito alguno. Sin perjuicio de ello, en julio el TSJ desestimó el recurso del Ayuntamiento de San Javier relativo a levantar la suspensión del contrato, de manera que permitiera como medida cautelar el levantamiento de la suspensión administrativa. Pero no se pronunciaba aún sobre la nulidad de la adjudicación propiamente dicha. No sería hasta el 3 de noviembre de 2025, que es cuando se firmó la Sentencia 400/2025 de la Sala 1ª del TSJ de Murcia. Mediante la misma, se desestima el recurso del Ayuntamiento de San Javier, se estiman las alegaciones de las partes demandadas Aguas de Murcia e Hidrogea y finalmente se confirma la nulidad de todo el proceso de adjudicación. Al margen de la falta de transparencia, precisó que la participación de asesores o expertos debía de ser a solicitud de la mesa de contratación y previa autorización del Pleno, sin que pudieran ser los propios funcionarios los que tomasen la decisión. Así que el despropósito administrativo era peor del que imaginábamos. Lo más reciente fue la cancelación y devolución del aval bancario a Aqualia el pasado mes de febrero de este 2026, por valor de 11 millones de euros. También confirmó el Alcalde José Miguel Luengo que el contrato se volvería a licitar, luego implícitamente descarta recurrir al Tribunal Supremo en casación que alargaría sin necesidad una polémica que ya ha durado 3 años.

Consideraciones

En lo que afecta a la tramitación administrativa del procedimiento de adjudicación, la correspondiente al contrato de San Pedro del Pinatar fue, en principio correcta. El único error insubsanable fue en la primera intentona de licitación del contrato al incluir una cláusula de imposible cumplimiento por ser contrario a la Ley. Sin embargo, el propio acto de aprobación de la adjudicación por el órgano competente que es el Pleno de la corporación adolece de un vicio de forma. La Ley es clara a este respecto y, salvo que exista alguna norma que se nos escape, no permite que se pueda adoptar por mayoría simple. Por tanto, debió de haberse dejado sobre la mesa esa adjudicación definitiva y retrasarla a un momento posterior en que fuese posible el voto favorable de la mayoría absoluta y no simple de los miembros del Pleno, es decir, de 11 personas. Habrá que esperar, por tanto, a la eventual sentencia del TSJ de Murcia que resuelva sobre la adjudicación, dado que la única que se ha hecho pública es la que validaba la legalidad de los pliegos.

Por lo que afecta al contrato de agua de San Javier, la irregularidad administrativa fue de tal calibre que evidenciaba una serie de vicios que necesariamente afectaban a la nulidad del contrato. No ya la falta de transparencia y la omisión tan palmaria en los pliegos de que un organismo externo iba a encargarse de confeccionar la clasificación de ofertas asignando por sí misma un elevado peso de juicios subjetivos. A esto se le sumaba que ni tan siquiera habían seguido el procedimiento legalmente establecido para ello. Por lo tanto, vulnerando la Ley de Contratos, la Ley 39/15 del Procedimiento Administrativo y la Ley de Transparencia era absolutamente anecdótico que Aqualia estuviese en el centro de la sospecha, fuesen o no infundados los rumores.

En materia penal lo tengo más claro. No existió ningún indicio que apuntase a prevaricación o a cualquier otro delito en la tramitación del contrato de San Javier y menos teniendo en cuenta el rápido archivo de la querella. En cuanto al de San Pedro, la presunta comunicación informal de dos funcionarios a la entidad adjudicataria deja también dudas de si pudiera considerarse infracción penal. Lo que sí que sorprende es la validación de la adjudicación, aunque también me resulta complicado que pueda imputarse delito por un acuerdo con vicio de nulidad de forma pero no material. Quiero decir que sería tan fácil como volver a reunirse la corporación y aprobarlo por mayoría absoluta, sin que el contrato se suspendiese por obvias razones de interés público. Las infracciones administrativas son más de "sota, caballo y rey" en el sentido de que no hay término medio, o cumples la Ley o la infringes. En cambio, para acreditar la comisión de un delito se necesitan pruebas contundentes que lo demuestren y no son tan obvias como las anteriores.

Por último, no puede obviarse que la demora en la resolución de recursos, a pesar de que el TCRC no suele demorarse demasiado cuando introduce medidas cautelares, alarga en exceso la ejecución de los contratos y, de esa manera, la actualización de los servicios. Por tanto, hasta cierto punto el gobierno de San Pedro tenía razón. Pero la responsabilidad no es de las empresas que recurren, que están en su derecho, sino de la lentitud de las tramitaciones judiciales y eso evidentemente es un problema que trasciende de la dinámica de trabajo administrativo tanto de las entidades locales como de la Administración Central del Estado.

Contradicciones internas de Vox y límites de su proyecto político

Desde hace dos meses, el partido Vox ha entrado en una crisis interna motivada por las discrepancias, expulsiones y casos de transfuguismo. Por ejemplo, de ex líderes destacados como Iván Espinosa de los Monteros y recientemente Javier Ortega Smith, que era portavoz municipal de Madrid y tras ser expulsado del partido permanece en el Grupo Mixto junto con otros dos concejales suyos como Carla Toscano. Otras importantes críticas provienen de ex líderes regionales como Juan García-Gallardo y Javier Antelo, otro expulsado cuyo caso ya vimos en un post anterior. Incluso en municipios como Torre Pacheco, Cartagena y Las Torres de Cotillas se han roto los grupos municipales. Todo esto ha enrarecido el ambiente en un partido en el que hace tiempo que las encuestas le estaban impulsando y de hecho ha conseguido buenos resultados en varias elecciones autonómicas. He dividido el análisis en varios bloques en los que considero que yerra, más allá del ruido político habitual y las etiquetas simplificadoras de "fascismo, ultraderecha y Franco" con la que se minimiza cualquier debate que sea constructivo o que al menos aporte reflexión. Resulta más útil analizar las contradicciones internas que pueden estar detrás de ese disenso interno al tiempo de que se estanque electoralmente. No tanto por el impacto inmediato de la crisis, sino porque las tensiones programáticas permiten entender mejor los límites estructurales del proyecto político de Vox.

Política económica: liberalismo de portada frente a proteccionismo de fondo

Así, en contexto nacional, Vox suele defender posiciones que encajan mal con la etiqueta de "liberal" que algunos le atribuyen. Y no vale lo de promover libertad para vacunarse o no de Covid (pudiendo ser interpretado como una posición cercana al negacionismo). La política económica de Vox presenta una dualidad especialmente significativa: combina un programa fiscal liberal con propuestas de intervención selectiva y protección nacional, configurando un modelo económico híbrido. Se ha podido percibir tanto en su programa electoral como en las líneas del acuerdo programático de Extremadura (ya con la investidura de Guardiola aprobada) y seguramente Aragón, cuyo visto bueno se conoció ayer.

Por una parte, promueve una reducción generalizada de impuestos como eliminación del IVA en productos básicos y en compra de primera vivienda, simplificación y tramos más reducidos de IRPF y supresión de Sucesiones e impuestos energéticos. También propone reducir el gasto público eliminando subvenciones, reduciendo estructuras administrativas (chiringuitos) y estableciendo auditorías de gasto al estilo del Dodge de Elon Musk. En materia de vivienda combinan ese liberalismo fiscal con intervención selectiva, dado que a pesar de que promueven la liberalización del suelo y endurecen la lucha contra la okupación, priorizan el acceso a vivienda para nacionales y restringen la compra para extranjeros.

En sectores clave es cuando más se alejan del liberalismo. Frente a la fiscalidad y las regulaciones europeas, su bandera es la defender sectores estratégicos nacionales y su competitividad frente al exterior, centrándose en el sector agrario y la industria. Ahí sí promueve la capacidad regulatoria del Estado para aplicar políticas de defensa económica. Defiende al producto nacional frente a la competencia exterior, rechaza acuerdos internacionales que según su discurso perjudican a la industria, al campo o a los trabajadores españoles (apoyando manifestaciones de tractores y condenando el Acuerdo de la UE con Mercosur), critica a la globalización económica y apela constantemente a la soberanía entendida como capacidad del Estado para proteger sectores estratégicos. Ese enfoque conecta electoralmente bien con pequeños empresarios, sectores agrarios, trabajadores afectados por la deslocalización y personas que asocian la apertura de mercados con pérdida de empleo y precarización. Pero realmente no repercute en el crecimiento de la economía global, pues los sectores agrario e industrial presentan menores niveles de valor añadido frente a los que sector de servicios proporciona.

Política exterior: soberanía nacional vs. alianzas

La política exterior de Vox se articula discursivamente en torno a una idea central: la defensa de la soberanía nacional frente a organismos supranacionales, élites globales y consensos internacionales, simbolizado en la Agenda 2030. Sin embargo, cuando se analizan sus alianzas y referentes exteriores, surgen contradicciones significativas entre ese discurso y las consecuencias reales de dichas relaciones para los intereses de España. 

Así, Vox ha mostrado reiteradamente su simpatía y apoyo a Donald Trump, al que presenta como ejemplo de liderazgo fuerte, defensa del Estado-nación, rechazo al globalismo y oposición al progresismo internacional. Sin embargo, trasladado al terreno económico choca con la dinámica de guerra comercial de Trump en la que, priorizando el interés de EEUU, se perjudican a exportadores europeos y entre ellos a los intereses de España, por imponerse aranceles a sectores estratégicos como el aceite de oliva, el vino y productos agroalimentarios.

Otro referente es el que hasta hace poco ha sido presidente de Hungría y el gran topo de Putin en Europa: Viktor Orbán. Vox ha aplaudido igualmente su defensa de la identidad nacional, oposición a las políticas migratorias europeas, rechazo del multiculturalismo y políticas LGTBi y su crítica al modelo federal de la UE. Sin embargo, esto contrasta con su silencio ante las acusaciones de corrupción y reformas antidemocráticas, motivos por los cuales buena parte de los fondos europeos se mantuvieron bloqueados. En represalia, Orban usó la confrontación con Bruselas y bloqueó decisiones comunitarias (créditos para Ucrania y sanciones contra Rusia) y exigiendo solidaridad cuando le convenía. Por tanto, es discutible denunciar la excesiva burocratización de Bruselas al tiempo que se apoya a gobiernos que viven de sus recursos y explotan la confrontación. Por si fuera poco, Orban fue acusado por la UE de filtrar negociaciones diplomáticas al oligarca ruso Putin. Así que bienvenida sea la victoria en Hungría del líder de la oposición, el europeísta de centro derecha Péter Magyar.

Finalmente, está el mandatario argentino Javier Milei, invitado varias veces al acto anual de Viva en el que Vox siempre había mostrado su fuerza de convocatoria. Sin embargo, el liberalismo libertario de Milei que aboga por un Estado mínimo, el cierre de toda institución que controle la economía como por ejemplo el Banco Central Argentino (responsable de las políticas monetarias y cambiaria) y especialmente por una economía abierta al exterior tampoco casa con el proteccionismo nacionalista mencionado. Además, Vox no promete aplicar "motosierra" a las pensiones como hizo el argentino y ni tan siquiera congelando las más elevadas.

Al margen de sus filias, Vox no termina de aclarar ni qué tipo de relaciones internacionales propone, ni dónde están los límites entre cooperación y subordinación. Ha dado muchos bandazos como con el tema de Rusia y Ucrania, como culpar a la UE de la guerra y de su dependencia energética con Putin y en Madrid se evolucionó a una postura más crítica con Israel contrastando con la visión inamovible de la dirección nacional. Al igual que en la economía, la política exterior de Vox parece responder más a una lógica cultural. Los aliados internacionales se eligen por afinidad ideológica y posicionamiento en la “guerra cultural”.

Inmigración: discurso estratégico y fractura interna

La inmigración constituye uno de los ejes centrales del discurso de Vox y, al mismo tiempo, uno de los ámbitos donde se perciben con mayor claridad las tensiones internas entre la dirección del partido, su estrategia comunicativa y una parte significativa de su base social. Vox ha intentado construir un relato diferenciado que no rechaza toda inmigración por igual, sino que establece una jerarquía basada en criterios culturales. En este marco, se muestra una mayor tolerancia hacia la inmigración procedente de países latinoamericanos apelando a la lengua común, la herencia cultural compartida y la tradición cristiana, presentando a esta inmigración como más fácilmente integrable y menos conflictiva. Es decir, una inmigración "culturalmente compatible". Este enfoque permite a Vox contrarrestar acusaciones de racismo, ampliar su base electoral y mantener relaciones con el mundo hispanoamericano. Incluso también en algunas regiones ha sido más laxo con el tema de las "paguitas" exigiendo a cambio un periodo medio de residencia previa.

Sin embargo, este planteamiento no es compartido de forma homogénea por sus votantes, especialmente entre sectores jóvenes, que son simpatizantes más activos en redes sociales y entornos con una fuerte carga identitaria. En estos espacios se observa un rechazo creciente a toda forma de inmigración, incluida la latina. El discurso predominante en ellos es de saturación, pérdida de identidad y de competencia por recursos y ayudas, desvinculando el factor de origen, cultural y religioso y asociando el problema a lo estructural. De esta forma, la brecha y la tensión entre la dirección y su base es clara. La dirección necesita un discurso matizado, respeto institucional y no cerrarse puertas electorales, mientras que la base demanda posiciones más radicales, rechaza excepciones culturales y considera cualquier matiz una concesión. 

Esa incoherencia interna simplifica un fenómeno complejo y dificulta una posición estable, priorizando una vez más el impacto emocional sobre la propuesta técnica. Tenemos los ejemplos del cierre de centros de Menas sin ninguna alternativa y más recientemente la polémica de la "prioridad nacional" que es imposible de aplicar en sentido literal por ser contraria al artículo 14 de la Constitución Española. Por consiguiente, se refuerza su imagen como partido más reactivo que proactivo y se reconduce el debate de gestión de la integración de inmigrantes hacia exclusivamente la seguridad y la identidad. En dicha tesitura, se complica la elaboración de políticas públicas realistas, alimentando expectativas imposibles de satisfacer (como deportar a centenares de miles de inmigrantes ilegales) que terminarán amplificando la frustración de su propio base.

Monarquía: defensa institucional y erosión del símbolo

La relación de Vox con la monarquía constituye otra de sus contradicciones más delicadas, no tanto por su formulación oficial, sino por la disonancia creciente entre el discurso del partido y la percepción de una parte significativa de sus votantes.

Vox se presenta como un partido abiertamente monárquico y defensor de la Corona como pilar del orden constitucional, en tanto que garantía de la unidad de España, elemento de estabilidad institucional y contrapeso frente al republicanismo izquierdista y los nacionalismos periféricos. Sin embargo, esto contrasta con una creciente desconfianza hacia la figura de Felipe VI entre sus votantes y simpatizantes, que puede percibirse en redes sociales y determinados canales de YouTube que difunden los mensajes del partido. Cuestionan su neutralidad política y le acusan de estar alineado con la Agenda 2030, así como seguir el discurso de Moncloa en intervenciones públicas y foros internacionales con un lenguaje institucional considerado ambiguo. Sin embargo, tampoco hace nada proactivo Vox, por lo que da la impresión de que protege la institución en el plano retórico al tiempo que valida su debilidad en la práctica. Es más, declaraciones individuales contribuyen a ello, como las de Hermann Tertscht difundiendo el bulo de que Felipe VI había perdido perdón por los abusos de la Corona en México en el siglo XVII.

De esa manera, se asiste a otra tensión no resuelta en Vox. Por un lado pretende erigirse como partido de orden, pero bebe de un electorado crecientemente antisistema que desconfía de absolutamente todas las instituciones. La monarquía, en realidad, siempre ha respetado el discurso de Moncloa con Rajoy, Zapatero, Aznar, González, Suárez y Calvo Sotelo. Pero para una parte importante del electorado sólo se le da el visto bueno si confirma sus expectativas ideológicas, rompiendo con la tradición de asumir la monarquía como un pilar incuestionable. Ante ese panorama, ¿Cómo se va a pretender cualquier defensa sólida de la monarquía frente a ataques de los adversarios más acérrimos como los independentistas o la extrema izquierda? Si ahora se suma una extrema derecha antisistema, se refuerza una lógica de confrontación permanente propia de la polarización y se estrecha considerablemente el margen para una crítica institucional responsable.

Comunicación institucional: cuando los argumentos se pierden en el ruido

Más allá de sus contradicciones ideológicas, Vox presenta un problema estructural relativo a una profunda ineficacia comunicativa. No tanto por falta de argumentos, sino por su incapacidad para articularlos de manera comprensible, persuasiva y políticamente productiva. En ámbitos como la descentralización territorial, la gestión de la inmigración, las políticas feministas, la legislación de igualdad y el enfoque identitario impulsado por las instituciones existen contradicciones, efectos no deseados y debates legítimos que podrían ser objeto de una crítica sólida y transversal. El problema es que cuando esas críticas proceden de Vox el mensaje se diluye o se rechaza de plano y no por su contenido, sino por la forma en que se presenta. En comunicación externa, Vox cuenta con los creadores de contenido como David Santos o Infovlogger que crean comunidad apoyando al partido de forma incondicional. Han favorecido parte de esa subida de Vox, pero todo tiene un límite y ya sólo puede aspirar a mantenerse en lo que está.

Un ejemplo que contrasta es el de Juan Soto Ivars, quien ha abordado estas mismas cuestiones a través de su libro, su canal de YouTube y columnas de prensa en El Confidencial y ahora en ABC. Su enfoque se caracteriza por señalar contradicciones políticas sin negar problemas reales, evitar la descalificación global, no plantear la supresión inmediata de leyes sino su revisión crítica y utilizar un lenguaje que invita a pensar, no a alinearse emocionalmente. Esto le permite llegar a públicos diversos, ser leído incluso por personas ideológicamente alejadas y contrarrestar el marco de “derecha reaccionaria” que suele activarse automáticamente. Vox, en cambio, carece de figuras que cumplan esa función de mediación intelectual. No dispone de perfiles que expliquen con matices ni traduce la crítica política en términos comprensibles para mayorías sociales y tampoco construye un relato alternativo que dispute la hegemonía cultural. En lugar de esto, opta por consignas simples, prioriza la confrontación aprovechándose de la misma polarización y que le ha impulsado y contribuye a reducir el debate a términos binarios, tal y como hace el socialismo. De esta manera, los argumentos se tornan en ruido ante la falta de estructuras formales e informales capaces de traducirlos políticamente.

Además, desde el punto de vista estratégico, Vox comete un error recurrente al aceptar el marco comunicativo de sus adversarios. Como plantea su crítica señalando el adoctrinamiento ideológico y la supresión o derogación como solución sin transición ni alternativa clara, favorece que la izquierda contraataque con más populismo, interpretaciones sesgadas y bulos. Eso refuerza el miedo al cambio al retratando una opción regresiva y radical. Con actitudes así, lo único que se consigue es movilizar a la base en su identitarismo y generar titulares, pero no a construir mayorías ni convencer a indecisos más allá de los fuertemente polarizados. Es la consecuencia de gastar más energías en criticar el dominio cultural de la izquierda que en articular un discurso elaborado capaz de disputarlo.

Conclusiones

Las consecuencias de una economía y política exterior subordinada al relato identitario es que se dificulta la credibilidad del partido como alternativa de gobierno, generando confusión entre votantes con intereses económicos distintos e impidiendo articular un proyecto estable. Vox no explica ni cómo compatibiliza la defensa del campo español con la apertura de mercados ni cómo protege la industria sin intervención estatal. Esta ambigüedad sugiere que la política económica de Vox no responde a un cuerpo doctrinal sólido y que se adapta más bien al marco emocional y simbólico, es decir, al malestar social. 

Programáticamente, es un partido más definido por lo que rechaza que por lo que propone dado que mientras que ha logrado consolidar una identidad política clara contra el progresismo, el feminismo institucional, el modelo territorial y políticas migratorias expansivas, no existen estrategias sostenibles a largo plazo sino adaptadas al momento. Se apunta a una lógica en la que lo identitario prima sobre la coherencia programática y funciona mejor como herramienta de movilización que proyecto de gobierno.

A esa falta de coherencia se le suma el problema clave de su incapacidad para comunicar eficazmente y convencer a indecisos rompiendo marcos ideológicos adversos y construir mayorías sociales en las que tenga protagonismo proactivo. El coste de no saber disputar el terreno cultural le aboga a concentrar voto en las sensaciones negativas y confrontación, que es lo típico de los partidos populistas extremistas. Esto sólo refuerza la imagen que sus adversarios proyectan de él (ultraderecha para la izquierda y populismo para el PP), limita su crecimiento y reduce su capacidad de influencia real.

En este contexto, Vox se enfrenta a una encrucijada estratégica. O mantiene un perfil centrado en la movilización identitaria (que le dió subidón desde 2019) y con alta fidelidad de su base pero con dificultades para ampliar apoyos ó bien evoluciona hacia un proyecto más coherente y estructurado con mayor capacidad de gobierno pero a costa de otras tensiones internas. El recorrido futuro del partido dependerá en gran medida de cómo resuelva estas contradicciones. Puede que Vox haya conseguido construir un relato potente, pero no ha demostrado ser capaz de convertirlo en un proyecto político coherente, estable y mayoritario. Y en política, tarde o temprano, la coherencia deja de ser una cuestión teórica para convertirse en una condición sine qua non de viabilidad. Y si existen dudas, que pregunten a Ciudadanos y a Podemos.

Entre la guerra y la negociación: el pulso geopolítico en Oriente Medio e Irán

El pasado 28 de febrero arrancó un conflicto bélico tras la ofensiva conjunta de EEUU e Israel contra Irán y conocida como Operación Furia Épica. Ya hablamos en este post de cómo estaba la situación política y económica en la república islámica de Irán en enero. Era un momento en el que las revueltas y manifestaciones en las calles estaban siendo sofocadas con la violencia por parte de un régimen totalitario como el de los ayatolás. Pero, desde la mencionada ofensiva, la situación ha evolucionado hacia una guerra híbrida, es decir, no a una intervención propiamente dicha, sino a un conflicto con ataques aéreos (misiles), tecnológicos (drones) y proxies (milicias aliadas y facciones políticas). Además, existe una innegable dimensión económica mundial por el cierre del estrecho de Ormuz sin perjuicio de la regional al implicar a todo Oriente Medio. Un tercer hito ha tenido lugar recientemente con el establecimiento de una tregua temporal desde el 8 de abril, un alto el fuego forzado indirectamente por Donald Trump tras las amenazas de los últimos días y un ultimátum para que Irán reabriese el estrecho de Ormuz. Antes de analizar ese alto el fuego, conviene repasar el contexto de los diferentes actores y las implicaciones que ha tenido hasta el momento. Un conflicto que, pese a todo, aun no está próximo a solventarse.

Estrategias de EEUU e Israel durante los ataques

La versión dada por Donald Trump para la acción conjunta fue que EEUU era conocedor de que, con la escalada previa en la que se responsabilizaba a Irán de ofrecer soporte a Hamas, el ejército de Israel atacaría de forma más sostenida y menos puntual. Con todo eso, existieron más factores que animaron tanto a los de Netanyahu como a la Administración Trump: el programa nuclear iraní y el temor a su desarrollo con especialmente la posibilidad de que se hicieran con la bomba atómica, así como la estrategia de debilitamiento con hipotético cambio de régimen. EEUU entendía que el contexto de las revueltas de enero y la progresiva deslegitimación de los ayatolás era favorable a una acción de ese tipo. Y de hecho han ido en serio porque han eliminado a varios líderes destacando al mismísimo Alí Jomeini.

Realmente, EEUU lidera la operación militar y tiene una visión más global del conflicto, mientras que Israel considera a Irán una amenaza existencial y busca neutralizar no ya su programa nuclear sino su red de aliados buscando hacer insostenible el coste del conflicto. Mientras que EEUU e Israel se han estado dedicando a bombardear infraestructuras militares, energéticas y estratégicas iraníes, éstos han respondido usando sus misiles y drones contra los destinos equivalentes no sólo de aquéllos, sino también de Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes. Igualmente, Hezbolá ha respondido lanzando cohetes desde el frente libanés. Obviamente, todo esto ha tenido un impacto en el resto del mundo.

Reacciones internacionales ante el ataque

Las reacciones internacionales han evidenciado profundas diferencias. En el seno de organizaciones, la ONU emitió a iniciativa de Baréin y través de su Consejo de Seguridad la resolución 2817 por la que condenaba los ataques perpetrados por Irán sin mencionar los de EEUU e Israel. Sin embargo, hasta 135 países e incluyendo España la firmaron. Además, esta misma resolución fue validada por la UE en reunión conjunta de presidentes del Consejo Europeo y la Comisión más los ministros de Exteriores de los Estados miembros. En términos parecidos se pronunció el Comisionado de Derechos Humanos. No obstante, la postura en política exterior de la UE en Oriente Medio de desescalada, moderación, diplomacia y apoyo a los países afectados por Irán no coincide del todo con algunos países europeos que sí han realizado críticas hacia EEUU.

En el bloque del apoyo a la intervención de EEUU, que no es lo mismo que enfocar en la condena del régimen de Irán, destaca la Argentina con Milei, abiertamente alineado con el mandatario estadounidense. Ahora bien, dicho apoyo hay que situarlo en un escenario de "acuerdo de estabilización cambiaria" de 20.000 millones de divisas en dólares para impulsar la confianza en el mercado argentino previo a las elecciones legislativas de 2025. En la misma línea también se situaron Polonia en Europa central y Ucrania en el Este, principalmente por la condición de Irán de aliado de Rusia y enemigo geoestratégico de aquéllos. Ambos han centrado su postura en la seguridad, pero con fuertes diferencias. Polonia ha declinado participar en la guerra y ha ido evolucionando a una posición más crítica con Trump por la amenaza de ruptura con la OTAN, la flexibilización de sanciones a Rusia y la suspensión de ayuda financiera a Ucrania. En cambio, Ucrania ha sido más incondicional por su posición de inferioridad y recuerdos recientes con Zelenski siendo reprendido por el propio Trump como hablamos aquí.

En cuanto a los que focalizan el conflicto en la condena a Irán, existen matices. Reino Unido es quien ha mantenido una postura más cercana con EEUU participando en despliegues navales y ofreciendo sus bases. Francia ocupa una posición de equilibrio apoyando soluciones diplomáticas al tiempo que ha proporcionado presencia militar limitada como la remisión de una fragata y sistemas antidrones a Chipre en el marco de la OTAN, así como el uso temporal de sus bases en los países del Golfo.  Posiciones más orientadas a no inmiscuirse han sido las de Alemania e Italia. Alemania, que en realidad afirma no contar con bases militares allí ha declarado que en todo caso sólo intervendría para defender a sus soldados desplazados allí, pero no para proporcionar asistencia militar directa. En cuanto a Italia ha restringido el uso de sus bases nacionales para estas operaciones y Meloni ha sido muy crítica con Trump, habiendo evolucionado de una condena a Irán a añadir a EEUU y señalando al igual que los alemanes que esta era una guerra en la que no querían participar. Algo similar ha sido la respuesta española del gobierno de Sánchez, aunque focalizando las críticas hacia la Administración Trump.

Finalmente, en el bloque centrado en la condena a EEUU, destaca el caso de España con las críticas más duras en Europa ("guerra ilegal") y el cierre del uso de las bases de Rota y Morón, a pesar de que haya colaborado con la OTAN en Chipre. Pero no tanto el de Bielorrusia, cuyo mandatario es más próximo a Putin y por lo tanto más proclive a posicionarse del lado de un aliado tradicional. También entra dentro de lo esperado que Irak apoye a Irán teniendo en cuenta la influencia de las milicias chiiés. 

Este panorama refleja una Europa dividida y que no es así por casualidad, sino por la presencia de intereses estructurales y coyunturales distintos y para entenderlo mejor hay que analizar el impacto del bloque de Ormuz y la crisis mundial del comercio energético.

Efectos del bloqueo de Ormuz y actitud del Gobierno de España

El impacto más inmediato del conflicto más allá de Oriente Medio se sitúa en el terreno económico. Nos referimos al bloqueo del estrecho de Ormuz, un singular canal marítimo de apenas 50 kilómetros por donde pasa el 20% del crudo a nivel mundial. Un paso sumamente importante para potencias como China (gran rival estratégico de los EEUU de Trump) pero que en realidad ha afectado gravemente al comercio marítimo con miles de barcos retenidos. Los ataques a buques, amenazas militares y posibles minas en la zona disuadieron el tráfico de forma drástica. Ante todo, Irán ha usado Ormuz como arma geopolítica en orden a presionar al suministro de petróleo para encarecer la energía e intentar dividir a Occidente, es decir, desatando la guerra económica e internacionalizando el conflicto más allá de Medio Oriente. Sin embargo, la situación no ha sido en realidad de bloqueo total, sino que Irán lo aplicó de forma parcial y selectiva. Y es que los ayatolás entendieron que un bloque absoluto sería entregar su destino a una intervención militar global. 

Las restricciones más significativas han sido, evidentemente, las aplicadas a EEUU, Israel y aliados directos en Oriente Medio. Fuera de los buques de estos países, ha permitido el paso a países no alineados directamente con la ofensiva. Ahora bien, hay que matizar dos cosas. Primero, que la afirmación que hizo la embajada de Irán en España está muy cogida con pinzas y además en un contexto en el que España importa sólo a Oriente Medio un 5% de su demanda de crudo (sus principales socios son EEUU, México, Nigeria y Brasil), a pesar de que siga expuesta al precio global. Segundo, hay que matizar que no se hizo público ningún listado oficial de "países amigos" sino que la línea roja para Irán era pertenecer a los países anteriores. Por tanto, de forma directa afectó menos a Europa que como España tenía otras alternativas para comprar crudo. Sin embargo, ese bloqueo parcial repercutió indirectamente en un encarecimiento del petróleo porque, lógicamente, la venta de crudo se incrementó considerablemente para otros proveedores que antes no exportaban tanto.

En esta tesitura, llama especialmente la atención que España declinara la invitación a una reunión de videollamada con más de 30 países aludiendo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a que no acudiría a donde se hablase sobre intervención militar. En realidad, el objetivo del debate era la reapertura del estrecho y recuperar el comercio sin guerras. Pero el Gobierno de España se ha mantenido en la estrategia de reeditar con Sánchez el famoso "no a la guerra" de Zapatero con Irak en 2003. Así, aprovecharía la cortina exterior para fomentar una imagen de oposición a Trump que desvíe del foco mediático los juicios de corrupción con implicados del PSOE. En aquella reunión, los países acordaron trabajar con la Organización Marítima Internacional para liberar 2.000 buques que permanecían varados en el estrecho, así como comprometerse a adoptar todas las medidas económicas y diplomáticas posibles para reestablecer el tránsito dentro del marco de la ONU. Por consiguiente, podría interpretarse que la ausencia de España en una reunión tan multitudinaria habría sido más la reticencia a adoptar decisiones que pudieran imponer sanciones contra el régimen de Irán que a intervenciones militares que, claramente, no son ni han sido en ningún momento ni la prioridad ni la baza guardada de Europa. Por tanto, la política exterior del Gobierno de Sánchez no sólo se aparta de EEUU sino que incluso se sitúa en una posición alejada de los socios europeos.

Europa y EEUU, dualidad frente a la crisis petrolera

La subida del petróleo ha sido especialmente reseñable, pero también afectada por una alta volatilidad derivada de las expectativas de desescalada que ha ido comunicando Donald Trump sin respaldo en datos o eventos verificables. Sin embargo, el coste económico ha sido mayor en Europa que en los propios EEUU y los motivos son tres: impuestos, regulaciones y dependencia del exterior. En algunos países de Europa los impuestos representan más del 50% del precio final mientras que en EEUU son mucho más bajos. Además, las normativas medioambientales de la UE son más estrictas y repercuten en costes de refinamiento y distribución más elevados y ello encarece el precio final. No es ninguna sorpresa que EEUU tenga un mercado más competitivo y flexible en contraposición con la mayor regulación de la UE que limita los márgenes de ajuste. También se da el caso de que EEUU es uno de los mayores productores de fracking y gracias a ese método puede abastecer gran parte de su demanda y reduciendo costes. Europa, por su parte, depende en gran medida de importaciones y eso lo sabe muy bien la Comisión Europea y por lo tanto es más vulnerable a crisis externas como la del estrecho de Ormuz. Por consiguiente, todo esto también explica por qué Europa es más prudente y busca desescalar. Ahora bien, pese a esta comparativa no significa que la economía estadounidense no experimente crisis. El diésel, clave para transporte y distribución, ha subido mucho más que la gasolina y la inflación energética a fin de cuentas afecta a toda la economía por la importancia relativa que tiene en todos los sectores.

La tregua: primeras posiciones y conflictos

Tras esa retórica de máxima presión de "una civilización morirá esta noche", Trump decidió suspender el ataque inminente prorrogando el ultimátum durante dos semanas y aceptando un alto el fuego temporal bajo la mediación de Pakistán. Las condiciones eran que EEUU detuviera los ataques masivos e Irán permitiera el tráfico en el estrecho de Ormuz mientras se negociaba en dicho periodos. Evidentemente, esto no es más que una pausa táctica, no el final del conflicto. La estrategia de Trump ha cambiado pasando de una lógica de presión militar a otra negociadora en la que pretende convertir su ventaja en concesiones políticas. El objetivo real siempre fue cerrar el conflicto sin una guerra prolongada, pero como la situación se estaba yendo de las manos al ir alargándose, prefirió aprovechar su baza de la amenaza total para generar pánico y forzar un escenario de negociación en aparente posición de superioridad. Quiero decir con esto que dicho patrón de actuación encaja con su peculiar estilo político como para comprender sus movimientos. Sólo es ahora cuando esos mensajes de "el final está cerca" (que repetía sin eventos ni hechos que le respaldasen) cobran algún tipo de sentido.

Irán declaró que permitiría el paso por el estrecho con la condición de que los países afectados por el bloqueo temporal controlen sus fuerzas armadas y, lo más importante, abonen un peaje. También exige para un eventual acuerdo estable varios puntos, aparte del consabido fin total de los ataques. Destacan la aceptación del programa de enriquecimiento de uranio, el levantamiento de todas las sanciones incluyendo la liberación de activos congelados, la retirada de tropas estadounidenses y todo ello plasmado en una resolución vinculante de la ONU. Todas ellas condiciones muy difícilmente aceptables por la Administración Trump.

El problema añadido es que Israel no está ni mucho menos en la misma fase ni sintonía. Aceptó la tregua formalmente y no sigue atacando a Irán, pero continúa operando en el Líbano contra Hezbolá y mantiene su objetivo de seguir presionando y degradar amenazas regionales. A este respecto, el vicepresidente J.D. Vance y designado por Trump en este asunto declaró que jamás prometieron que incluyera el Líbano sino que era exclusivo de Irán. Hay que tener en cuenta que tanto EEUU como su socio Israel consideran a Líbano como un importante proxy de Irán, por lo que los de Trump se enrocan en no ceder. Así que llegada la reunión el pasado domingo, las negociaciones se rompieron especialmente por esa línea roja junto con la carrera nuclear y la reapertura inmediata del estrecho. A esto reaccionó Trump anunciando el bloqueo naval de todo buque que pretenda pasar por Ormuz y amenazó con represalias si fuesen atacadas las fuerzas marinas de EEUU. Tal vez lo que esté detrás sea sugerir indirectamente a China que actúe de intermediaria. Lo último es que ayer martes 14 se iniciaron negociaciones entre Israel y el Líbano contra Hezbolá, pero al contrario que EEUU e Irán sin detener ataques, lo que ralentiza los acuerdos y por supuesto el fin de todo este conflicto.

Consideraciones 

El estrecho de Ormuz se ha convertido en una herramienta de presión económica global y la mayor arma de Irán en este conflicto. La mera ocurrencia de interrupciones, ataques o restricciones selectivas ha sido suficiente para alterar rutas comerciales, encarecer costes logísticos y generar volatilidad en los mercados energéticos. Además, al margen de los obstáculos en la negociación, la crisis económica está lejos de remitir porque, al haberse paralizado muchas producciones de los países afectados, regresar al nivel que se encontraban antes del conflicto se retrasará varios meses.

Sobre EEUU, algunos expertos y políticos republicanos entendieron que el primer movimiento, el del alto el fuego, respondió más a una elegante forma de rendirse con el objetivo de lograr una meta menor: la desarticulación del programa nuclear iraní. Es decir, un nuevo TACO (Trump always chickens out, que acuñó el Financial Times). En Venezuela todo salió limpiamente con la captura de Maduro y el acuerdo de comercio de petróleo con Del y Rodríguez. Además, se están liberando presos políticos. En cambio, Irán ahora tiene la sartén por el mango y podría consolidar su régimen manteniendo aún más controlado el estrecho de Ormuz al cobrar por ello. La presión militar era (y es) para Trump una operación muy arriesgada como para creer que el régimen de los ayatolás caería rápido. Difícilmente este segundo movimiento, el bloqueo naval, pueda conducir a una ruptura de la tregua salvo que el propio Irán suelte el primer bombazo. Sin perjuicio de ello, los efectos de cerrar Ormuz por la fuerza causan ya el efecto inmediato de alargar una situación difícil de sostener.

Ningún actor puede imponerse rápidamente ni resolver el conflicto exclusivamente por la vía militar. Por ello, la tregua actual debe interpretarse como lo que realmente es: una pausa táctica. Estamos hablando de una tregua limitada a dos semanas que tan sólo constituye una ventana de oportunidad y no un acuerdo firme. Un trámite que no resuelve el conflicto por sí mismo, pero sí confirma su verdadera naturaleza. Y es que no se trata de una guerra para ganar, sino de un pulso en el que resistir más que el adversario. Irán parece haber tomado una dirección más favorable, manejando el factor incertidumbre como parte estructural del conflicto y amplificando su capacidad de influencia más allá del plano militar. Mientras, EEUU sólo rentabilizará esta arriesgadísima operación si al menos logra estabilizar la paz en toda la región y si Irán renunciase a la carrera de uranio mejor que mejor. Pero para ello, necesariamente, tendrá que negociar primero con su socio israelí y Líbano. Porque la solución de Oriente Medio no acaba con Gaza ni tan siquiera con Ormuz y es imperativo resolverlo todo en conjunto y de forma coordinada dada su enorme complejidad geopolítica.

Eutanasia, suicidio y salud mental: un análisis necesario más allá del ruido

Cuando hablamos de eutanasia, a muchos nos viene a la mente el caso de Ramón Sampedro, un marinero que acabó tetrapléjico y pasó 30 años de su vida postrado en una cama. Los tribunales, como no existía ninguna Ley al respecto, le negaron el acceso a una muerte digna. Finalmente, la consiguió con ayuda de muchas personas para evitar posibles imputaciones de delito. Pudo beber un vaso con cianuro no sin antes grabar un vídeo de despedida para que quedase claro que era su voluntad. Esta historia motivó una película en el año 2004 (Mar adentro) y de alguna manera creó una conciencia en la gente de que el derecho a una muerte digna, en determinadas condiciones, debía de ser posible. Lo que ha generado cierta controversia es que 28 años después asistiéramos (hace algunas semanas) al caso de Noelia Castillo. Fue una joven de 25 años cuyo caso reabrió el debate sobre hasta qué punto han fallado los entornos familiares, institucionales y sanitarios. Pero no quería hablar hasta pasados unos días sobre este tema y sin personalizar en esta joven, dado que me parecía más apropiado examinar el estado de la cuestión en materia de suicidio, eutanasia y salud mental. Más allá de que nos sobrecoja lo sucedido, que algunos no entiendan que no se puede poner el foco sobre la víctima y que prefieran ver en sus cabezas que lo ponen los que sólo apuntan al fracaso del sistema, conviene analizar estos puntos con calma y objetividad.

La regulación de la eutanasia

La Ley Orgánica 3/2021, de 25 de junio, fue aprobada con los votos en contra de PP, Vox y UPN. Esta norma regula y despenaliza la eutanasia en España permitiendo a mayores de edad con "enfermedad grave e incurable, padecimiento crónico e imposibilitante" el solicitar ayuda a las Administraciones  para morir dignamente y bajo un proceso con consentimiento informado. Su solicitud voluntaria ha de ser emitida por escrito y repetida dos veces con al menos 15 días naturales entre una y otra y se registra sin coste para el solicitante en el Sistema Nacional de Salud. Dos médicos deberán de evaluar el caso y finalmente una comisión de garantía valida el proceso. Al mismo tiempo, se reconoce el derecho de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios a negarse a realizar esta prestación, creando un registro de objetores. En resumen, cumpliendo lo establecido en esta Ley, la muerte del paciente a manos conscientes del personal sanitario no es delito sino considerada legalmente como prestación sanitaria. En dicho contexto, debiera de respetarse la voluntad de la persona. Sin embargo, como ya dije arriba, es lógico que nos echemos las manos a la cabeza cuando pasan sucesos como los de Noelia (que en realidad son residuales) y nos preguntemos si el Estado podría haber hecho algo para evitar que decidiese eso.

Examinando las estadísticas de eutanasia, vemos que desde 2021 que entró en vigor la han recibido más de 1.300 personas, es decir, según datos difundidos por una asociación que defiende este nuevo derecho que implica el suicidio asistido. De esas, 426 se materializaron en 2024. Sin embargo, hasta 308 personas fallecieron durante el proceso a pesar de que se ignora en qué casos las muertes eran ya inminentes e inevitables. 141 fueron denegadas y en 54 se revocó la solicitud por seguramente arrepentimiento de la persona. Un 76% de los solicitantes fueron mayores de 60 años y un 25% mayores de 80 y la media de tiempo de resolución está en torno a los 50 días.

El caso de Noelia y lo que le ha rodeado ha provocado declaraciones como las de la ministra de Sanidad Mónica García que aboga por acortar los plazos, reforma que podríamos considerar lógica teniendo en cuenta las cifras de las estadísticas con gente que fallece antes de terminar el proceso. Pero al mismo tiempo defiende bloquear los recursos judiciales de familias y asociaciones. Esto último sobre todo ha sido lo que ha catalogado como "fuga legal". ¿En qué momento ha llegado a catalogarse así a un régimen garantista? Si reducimos los plazos, no tiene sentido que al tiempo se supriman recursos, así que en ese punto habrá que esperar a conocer por dónde quiere tirar de forma más concreta.

Las estadísticas del suicidio

Comprobando las estadísticas de 2024, vamos que de cerca de 3.700 los hombres representan el TRIPLE de cifras que las mujeres (2.700 frente a 900) y buena parte de las personas que voluntariamente ponen fin a su vida por sí mismos se concentran en la mediana edad. Más de 1.000 personas entre los 45 y 59 años. Por el contrario, son muy pocos casos los menores de edad, pero con mucha probabilidad representan otra desgracia de la sociedad como el bullying. En cuanto a los jóvenes de edad algo mayor (entre 15 y 29 años) la brecha de género de la que nadie habla es todavía mayor, pues la cifra de suicidios cometidos por los hombres cuadruplica a la de las mujeres (235 frente a 74). Si consultamos el mapa interactivo se pueden comprobar estas cifras de forma más resumida, de manera que un 75% de las personas son mayores de 40 años y el 50% entre 40 y 64 años. Curiosamente, donde más personas hay que, en proporción, cometen esta trágica decisión se concentran en el oeste de España mientras que hay menos en el Este. Donde más hay es en Cantabria y donde menos en Madrid y Navarra. Desde 2018 a 2022 hubo un fuerte repunte alcanzando la peor cifra de hombres de los últimos 25 años. Habría que analizar y estudiar por qué estas cifras y qué factores pueden influir en la salud mental de las personas y especialmente en los hombres. Pues bien, frente a este componente de género y de edad, algunas interpretaciones sesgadas pretenden minusvalorar el problema aludiendo a una supuesta "masculinidad tóxica" silenciando la incidencia multifactorial. Así, influirían variables múltiples de aislamiento, ruina económica, problemas con alcohol o drogas (comunes en mujeres), desahucios, divorcios, hijos apartados y, por qué no decirlo, víctimas de presuntas denuncias falsas en el ámbito viogen. Sólo un estudio valiente y bien construido metodológicamente nos permitiría conocerlo.

Sean cuales sean las razones y la lectura que hagamos, estaremos todos de acuerdo con que no son casos de muerte digna. No es digno para nadie terminar tirándose de un puente, ponerse una soga o hincharse a pastillas. Ahora bien, entiendo que es imposible y no podríamos establecer ninguna relación fiable entre aquéllos que pusieron fin a su vida por sí mismos que, de haber podido, hubiesen recurrido a la eutanasia. De hecho, estos números estadísticos y el contraste con los anteriores sobre la eutanasia me hace pensar que el suicidio podría tener un componente más repentino. Me refiero a que a pesar de que de alguna manera el sufrimiento de la persona experimente una escalada, el de la eutanasia parece un proceso más reflexionado. Otra diferencia es que en la eutanasia no se percibe componente de género sino más bien de edad, dado que quienes más la solicitan son los mayores de 80 años y la media de edad está en 69. Así que el caso de Noelia es una total excepción a la regla.

La Salud Mental y la prevención del suicidio

El actual Plan nacional de Salud Mental es, como el anterior, de carácter trianual y engloba los años 2025-2027. Sin embargo, ya no aborda la prevención del suicidio ni incluye acciones al respecto, entendiendo que la relevancia e importancia de este tema motivaban la aprobación de uno separado. Así, el 14 de febrero de 2025 se aprobó el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio. Los objetivos son desarrollar actuaciones preventivas y de promoción de la salud mental en personas mayores, así como actividades formativas específicas para los mismos. En segundo lugar, se impulsan actuaciones, acciones y actividades preventivas de problemas de salud mental y de promoción de la salud, incluyendo estrategias para el fortalecimiento de redes de apoyo social y comunitario que fomenten la participación. Estas acciones están dirigidas especialmente a las personas mayores de 65 años al considerarse un grupo en situación de especial vulnerabilidad a problemas de salud mental y el suicidio. En tercer lugar, se promueven actividades formativas dirigidas a profesionales sanitarios, sociales y personas cuidadoras para mejorar la detección de problemas de salud mental en este colectivo. Por último, existen también algunos programas y actividades destinadas a jóvenes adolescentes, personas LGTBi, personas con discapacidad y otras con riesgo de discriminación. Se destina una cantidad económica de 18 millones de euros.

Comparando con otros países de Europa, Reino Unido destaca en medición y rendición de cuentas a pesar de que no haya logrado reducir las tasas y los países nórdicos como Finlandia impulsan su Estado del bienestar con más recursos humanos, fuerte inversión en salud mental y políticas de vivienda y empleo, mientras que España estaría más cerca de las naciones del sur con una naturaleza más estratégica que práctica, baja financiación y especialización en los sistemas sanitarios.

Entre las fortalezas del plan español, destaca que trata con factores sociales, sanitarios y educativos e integra a los tres sistemas públicos responsables, refuerza la atención inmediata a través del teléfono 024, se participa en campañas públicas y mediáticas de sensibilización, se proporciona formación a los profesionales como docentes, sanitarios y trabajadores sociales y se provee apoyo psicológico a las familias cuando el drama se ha consumado.

Sin embargo, las debilidades nos hacen reflexionar y mucho. Para empezar, el presupuesto se asemeja muy limitado para un problema de esta magnitud. Para ponerlo en contexto, esos 18 millones son repartidos entre todas las CCAA y múltiples líneas de acciones con el riesgo real de que muchas de esas medidas queden sin impacto operativo. En segundo lugar, como plan que es tan sólo define qué hacer, que objetivos y bajo qué indicadores genéricos en sentido agregado. Pero no entra en la ejecución ni en aspectos como plazos concretos e indicadores más claros, cuantificables y específicos de cumplimiento. Por el contrario, la evaluación prevista termina siendo más política que técnica. En tercer lugar, deriva responsabilidad a las CCAA. Y ya sabemos cómo funciona en estas cosas el Estado de las autonomías, con una desigual aplicación entre regiones y mayor dificultad para evaluar resultados. En cuarto lugar, no aborda de forma contundente problemas como la falta de psicólogos en la Sanidad pública, la saturación en atención primaria y las listas de espera en salud mental. A pesar de que se mejoren los protocolos, si no se incrementan los recursos humanos es más difícil de aplicar. En quinto lugar, en materia de prevención social y aunque valora factores de pobreza, precariedad y soledad, se queda más en términos de coordinación y sensibilización que en políticas concretas. Y finalmente y el que creo que es el más grave de todos, es que parte de un énfasis prioritario en las personas mayores cuando las cifras de estadísticas apuntan una incidencia muy significativa en los hombres de mediana edad y tanto en términos absolutos como proporcionales. Esto sugiere un desequilibrio en la priorización de colectivos, al no existir previsión específica relativa a los mencionados hombres.

Conclusiones

En definitiva, este plan peca de escasa financiación, ejecución difusa, dependencia territorial y mal enfocado por su discutible lectura de las estadísticas, pues el colectivo en el que más se centra es en realidad el que es mayoritario en las solicitudes de eutanasia. Al mismo tiempo, oculta totalmente la singularidad de los hombres de mediana edad y por lo tanto lo silencia como grupo mayoritario. A pesar de que dicho plan pueda parecer moderno y se alinee con estándares internacionales, es más un brindis al sol y un documento con mayor impacto político y reputacional que transformador. En la práctica se encuentra con numerosas barreras y muchas culpa de su  propia definición. Principalmente porque su planificación es insuficiente, de manera que luego las carencias en su ejecución puedan ser achacadas a las propias autonomías relegando al Estado y al Gobierno de turno a la promoción de la imagen y no a la responsabilidad pública de logros efectivos. Así que mi pregunta final con dardo es la siguiente: ¿van a esforzarse el Gobierno y las CCAA en reforzar el diagnóstico y prevención de las condiciones que conducen al suicidio o por el contrario les interesa más flexibilizar la burocracia para proveer la muerte digna?

*Recuerda que si necesitas ayuda en España, puedes llamar al 024 (Línea 024 de atención a la conducta suicida).

El caso Begoña Gómez: instrucción, imputaciones y perspectivas

Tras la condena del Fiscal general García Ortiz, la instrucción sobre Begoña Gómez muestra un entramado complejo de indicios y posibles delitos que, junto con el de David Sánchez Azagra, podrían afectar al círculo más cercano de Pedro Sánchez. Hoy me centraré en hablar sobre el caso de corrupción que afecta a la esposa del Presidente del Gobierno. Precisamente para el día de hoy 1 de abril (miércoles santo) ha sido citada a declarar previa a remitirla a un jurado popular junto con Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, no parece estar tan claro aquí la perspectiva de condena como en los casos de García Ortiz y su cuñado David (al que dedicaré un post en otro momento). Me interesa sobre todo analizarlo de forma más objetiva que parcial, como siempre debe ser tratándose de cuestiones de Justicia. Primeramente recordaremos la reciente condena del Fiscal y los aspectos que habrían motivado su condena para seguidamente explorar las vicisitudes acaecidas en al instrucción del caso Begoña Gómez y las distintas imputaciones.

Antecedentes con el caso García Ortiz

El pasado 9 de diciembre, el Tribunal Supremo condenó al Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial, multa económica de 7.200 € e indemnización de 10.000 € por daños morales por un delito de revelación de secretos. El objeto fue la filtración en la noche del 13 de marzo de 2024 de un correo electrónico de 2 de febrero  con datos personales de Alberto González, conocido por ser la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La sentencia estableció que, a pesar de que no se había podido demostrar de forma expresa que la filtración fuese materializada por García Ortiz sino como mínimo una persona de su entorno, se habían validado varias pruebas indiciarias: el borrado de todo el contenido de su teléfono móvil y su cuenta personal de correo electrónico, las llamadas telefónicas efectuadas (como a un periodista de la SER) y validadas a deshoras, la urgencia transmitida, los recelos de subordinadas como la fiscal superior de Madrid Adriana Lastra, la famosa nota de prensa y, sobre todo, su condición de cargo público que debe velar porque no se filtre información de terceros. Más aún tratándose la institución del Ministerio Fiscal. Incluso la lamentable declaración de Pilar Sánchez Acera que afirmaba "no acordarse" de quién le filtró el correo con los datos del novio de Ayuso (antes de pasárselo a Lobato) resultó ser una evidencia de la sensación de impunidad procedimental con la que obró el PSOE. Todo por "controlar el relato" y desmentir un supuesto bulo que más bien fue una sacada de contexto (con vacile incorporado) de Miguel Ángel Rodríguez. 

Una instrucción compleja con Peinado

No se nos debe de escapar (a los que no somos titulados en Derecho) que en materia penal la fase de instrucción está separada del juicio, de forma que son personas diferentes las responsables (jueces, magistrados, etc.) y precisamente constituye una garantía para la persona acusada. Esto implica que los juzgados deban de recopilar en esa primera fase toda una serie de INDICIOS que vengan a justificar que sea necesario establecer un juicio. Esos indicios habría que determinarlos sobre la base de la documentación oral y escrita que está investigando y aportando al juez la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Será en el mismo juicio cuando deban de aportarse PRUEBAS en cantidad y calidad suficiente como para enervar la presunción de inocencia que ha de imperar en todo proceso. Sin perjuicio de ello, esta división no opera en los denominados juicios rápidos. En cualquier caso, esta instrucción ha sido iniciada y desarrollada a través de la iniciativa de acusación popular por parte de varias organizaciones como Manos Limpias (que también denunció el caso Bárcenas) y Hazte Oír y un Colegio Oficial de informáticos. Esto es lo que ha motivado que el PSOE pretenda restringir la acusación particular en el proyecto de la denominada Ley Bolaños para terminar de controlar el Poder Judicial y cortar cualquier investigación de su corrupción.

El proceso instructor en el caso Begoña Gómez está siendo largo y complejo más que nada porque las defensas han ido recurriendo diversas resoluciones del juez (ampliando delitos, impulsando juicio, etc.) de manera que la Audiencia provincial ha ido corrigiendo o limitando y forzando a aquél a que reformule. Es decir, la Audiencia ha estrechado las líneas de investigación, reduciendo el campo inicial del caso y frenado lo que consideró "investigaciones prospectivas", en el sentido de que eran necesarios más indicios que estableciesen un nexo causal en un momento en que la instrucción se estaba ampliando hacia múltiples líneas (Universidad Complutense, contratos, software, asesora...). Así, lo más destacable fue la exclusión de su relación con el caso del rescate de Air Europa que se investigará en otras instancias sobre otros sospechosos, anuló algunas decisiones procesales como la derivación al jurado popular y corrigió autos por falta de motivación o insuficiencia de indicios (como las relaciones con contratos públicos y conexiones empresariales indirectas), así como ordenar la revisión de la base jurídica de algunos delitos y mayor concreción en los indicios. Esto provocó que el juez tuviera que rehacer autos, detallase con más profundidad los indicios y justificase cada delito por separado. 

En esta tesitura, se ha mantenido una sensación de tensión entre instancias en la que mientras que el juez habría mantenido una línea expansiva de investigación, la Audiencia habría actuado como órgano de contención y corrección. Como era de esperar, la prensa afín al PSOE ha enfocado la culpabilidad en Peinado, habiéndose filtrado mucha información de este proceso de instrucción. Todas estas idas y venidas no han logrado archivar el caso y ni mucho menos frenar la investigación, sino que el procedimiento ha transcurrido más acotado y revistado pero al mismo tiempo jurídicamente más exigente. Con todo, la defensa de Gómez ha empleado argumentos más bien pueriles para desmontar la recopilación de indicios aludiendo a falsedades no demostradas y a una supuesta persecución sólo por ser esposa del Presidente. Al mismo tiempo, en declaraciones de José Luís Ábalos, la empresa pública Red.es habría pagado a una empresa privada para que borrase la huella digital de la imputada. Llama la atención cuando se supone que si se considera inocente no tendría nada que esconder. Examinemos a continuación de forma muy resumida el estado de cada una de las imputaciones vigentes.

Malversación de recursos públicos

Se investiga el papel de una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que habría realizado gestiones vinculadas a actividades referentes a proyectos personales o académicos de Begoña Gómez como los relativos a la cátedra. Entre los indicios recogidos se dispone de correos electrónicos, comunicaciones internas y testimonios sobre funciones efectivamente realizadas. También llamó la atención que se cerrase una planta de RNE para que grabase un podcast publicitando la cátedra. Sin embargo, la frontera entre dedicación institucional y apoyo personal es difusa a este respecto en el sentido de que se mezcla lo público con lo académico y profesional. Además, es imperativo probar la intencionalidad (dolo) con desvío de fondos públicos, un beneficio a costa de lo público y un perjuicio para el mismo, siendo tanto uno como otro evaluables económicamente, así como si se considerase que se contribuyó al tráfico de influencias. De lo contrario, sería una simple irregularidad administrativa. La acusada alegó en su recurso que las tareas eran de apoyo institucional a proyectos vinculado a la cátedra con interés público o social y no estaría acreditado que obtuviera dinero directamente. Pese a ello, la Audiencia provincial de Madrid ratificó la imputación en diciembre de 2025. La imputación se mantiene porque existen hechos verificables por los que podría demostrarse que se realizaron tareas ajenas a lo público.

Tráfico de influencias y corrupción en los negocios

Se investigan cartas de recomendación firmadas por Gómez apoyando proyectos empresariales del entorno de Juan Carlos Barrabés (reforzando su solvencia técnica y reputacional) y que se incorporaron a contratos públicos como puntos cualitativos. Además, esta persona habría ayudado a la acusada en la Cátedra como asesor, diseñador del plan de estudios, colaborador con el desarrollo del software y docente cerrando el círculo. En este punto se investiga hasta qué punto Begoña Gómez, por su cercanía al poder, habría favorecido que esas empresas obtuviesen contratos millonarios adjudicados por la entidad pública empresarial Red.es. De esta forma, el foco no está por sí solo en presuntas adjudicaciones irregulares (que se investigan en el caso Koldo y Ábalos), sino más bien en la relación directa y acreditada entre estas partes y el eventual ecosistema de influencia. Lo complicado es establecer un nexo causal claro como para probar la influencia directa a cambio de beneficio. 

Las cartas existen, están documentadas, se acreditaron que eran habituales en su emisión y se mantienen como indicio. Sin embargo, tienen un peso probatorio limitado, dado que aún no se ha demostrado si fueron decisivas en adjudicaciones y tampoco si implicaron contraprestación en un esquema corrupto, que son los dos delitos de este bloque. Por consiguiente, a día de hoy no está claro que dichas cartas fuesen determinantes pese a constar firmadas por Begoña Gómez y se aportasen en procesos de licitación pública. La mayor parte de la puntuación dependía de ser la oferta económicamente más ventajosa y de otros criterios técnicos evaluables. Lo que sí que sabemos es que existe un informe de la IGAE que apunta a la irregularidad administrativa de que intervino la mesa de contratación cuando procedía hacerlo un organismo técnico especializado. Es uno de los documentos que estudia la Fiscalía Europea porque son contratos con fondos europeos, pero no enjuicia lo penal.

En definitiva, para que exista delito no es suficiente con que se recomiende a una empresa, sino que se demuestre la relación de causalidad de que existiendo intencionalidad de favorecer se pudo influir de forma relevante alterando el resultado. No existen evidencias a día de hoy de presiones ejercidas sobre las mesas de contratación.

Intrusismo profesional

Es el primero de los delitos vinculados a la cátedra codirigida en la Universidad Complutense de Madrid y que fue denunciado por un colegio de ingenieros técnicos de Informática. Se dispone de documentación universitaria, convenios y declaraciones de responsables académicos. El Código Penal castiga a quien ejerce actos propios de una profesión regulada sin disponer de la titulación, habilitación o permiso correspondiente. Por tanto no basta sólo con asesorar, sino que es taxativo que se hayan realizado actos propios de una profesión sin disponer de la autorización reglada, que se ejercieran con carácter profesional y no sólo voluntario o académico y que se pruebe que existió perjuicio a terceros, competencia desleal o riesgo para el beneficiario del servicio. La instrucción detectó en la investigación que Gómez habría estado implicada al redactar y firmar los pliegos de prescripciones técnicas para contratar un servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma web de gestión de PYMES. Esta labor no formaría parte de las funciones atribuidas como codirectora de la cátedra. La investigación ha de discernir hasta qué punto llegó su intervención en la redacción del pliego y sobre todo si se encuadraría en labores de gestión o coordinación y no necesariamente en actos profesionales reglados. Así que habrá que estar al tanto de documentos técnicos o certificaciones de dichos pliegos que pudieran contener su firma y de evidencias tanto de que su intervención fuese decisiva en dichos actos reglados como de que hubiese ocultado su falta de habilitación formal. Tanto la asociación de abogados del Estado como la propia UCM estiman y aseguran de que no era necesario tener una titulación formal.

Apropiación indebida 

Se investiga en relación a la propiedad intelectual del software vinculado a la cátedra si Begoña Gómez la registró, controló o explotó fuera de ella y a su nombre de forma fraudulenta al no poder ser la titular. Ha sido una de las más cuestionadas, dado que no está claro el registro a su nombre y existen versiones contradictorias sobre la titularidad. Por una parte, una empresa confirmó al juez que la plataforma web, que fue suprimida en septiembre de 2024, se había registrado a nombre de Begoña. Por otra parte, la UCM informó que el desarrollo del software costó 113.509 €, de los cuales 4.700 € correspondieron a personal y el resto a contratación para el desarrollo del software. En contraste con la imputación anterior, se ha personado en la causa como parte perjudicada (que no acusación), aportando dichas cifras económicas como responsabilidad civil provisional en caso de condena a Gómez. Ésta última entiende que se actuó siguiendo indicaciones de la propia universidad y que aquélla debía de firmar y registrar el proyecto. Lo que complica el tema es que el software, aparte de no haberse registrado por parte de la Universidad, se habría usado en entornos vinculados a Gómez y participaron varias empresas como Indra sin disponer de toda la información. Con lo cual, el problema es dilucidar de quién es realmente el software si no está bien formalizado y, por consiguiente, para determinar que haya delito de apropiación indebida es clave probar que pertenecía sin ningún género de dudas a la UCM y que Gómez lo habría utilizado indebidamente con intención de apropiarse o beneficiar a terceros. Por lo tanto, sólo el juicio aclarará esa zona gris de a quién pertenece realmente la cátedra. 

Consideraciones

El caso de Begoña no puede resolverse en base a pruebas indiciarias porque no ocupa cargo público sobre el que recaigan responsabilidades (no existe primera dama como en EEUU). Creo que la clave de qué sucederá con estas acusaciones en el juicio es puramente administrativa. Sobre el delito de malversación, considero muy difícil probar que la asesora haya descuidado sus labores propias de Moncloa para dedicarse en cuerpo y alma a Begoña Gómez, pues no es suficiente con que una persona que cobre un sueldo público ayude a otra para tareas privadas. Más claro aún lo tengo respecto a los de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios de los que muy seguramente sea absuelta si no pudieran probarse presiones o "sobresueldos" a los miembros de los tribunales. En cuanto a los relativos a la Cátedra, no me atrevo a establecer un diagnóstico similar, pues depende de cómo case la legislación con el convenio y documentación obrante de la Cátedra y las acciones que realmente realizó Begoña Gómez. Me da la sensación de que si fuese condenada por uno de esos delitos, probablemente acabaría siéndolo en el otro, del mismo modo que la absolución en uno conllevaría la del otro. Entiendo esto así porque en realidad son dos imputaciones que están relacionadas con lo mismo: la presunta incapacidad de Begoña Gómez para dirigir una Cátedra. Así que esa será la clave para que en el juicio bien acontezca la condena de la esposa del Presidente y que enmarcaría una nueva derrota judicial de corrupción o bien una victoria que sería muy sonada. Indudablemente, en cualquiera de los escenarios Pedro Sánchez aprovechará lo que suceda para reforzar su mensaje. Y es que puede parecer un político poco honesto ó que cambia de opinión según sople el viento pero de necio no tiene nada. Está todo bien estudiado.