El caso Begoña Gómez: instrucción, imputaciones y perspectivas

Tras la condena del Fiscal general García Ortiz, la instrucción sobre Begoña Gómez muestra un entramado complejo de indicios y posibles delitos que, junto con el de David Sánchez Azagra, podrían afectar al círculo más cercano de Pedro Sánchez. Hoy me centraré en hablar sobre el caso de corrupción que afecta a la esposa del Presidente del Gobierno. Precisamente para el día de hoy 1 de abril (miércoles santo) ha sido citada a declarar previa a remitirla a un jurado popular junto con Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, no parece estar tan claro aquí la perspectiva de condena como en los casos de García Ortiz y su cuñado David (al que dedicaré un post en otro momento). Me interesa sobre todo analizarlo de forma más objetiva que parcial, como siempre debe ser tratándose de cuestiones de Justicia. Primeramente recordaremos la reciente condena del Fiscal y los aspectos que habrían motivado su condena para seguidamente explorar las vicisitudes acaecidas en al instrucción del caso Begoña Gómez y las distintas imputaciones.

Antecedentes con el caso García Ortiz

El pasado 9 de diciembre, el Tribunal Supremo condenó al Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial, multa económica de 7.200 € e indemnización de 10.000 € por daños morales por un delito de revelación de secretos. El objeto fue la filtración en la noche del 13 de marzo de 2024 de un correo electrónico de 2 de febrero  con datos personales de Alberto González, conocido por ser la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La sentencia estableció que, a pesar de que no se había podido demostrar de forma expresa que la filtración fuese materializada por García Ortiz sino como mínimo una persona de su entorno, se habían validado varias pruebas indiciarias: el borrado de todo el contenido de su teléfono móvil y su cuenta personal de correo electrónico, las llamadas telefónicas efectuadas (como a un periodista de la SER) y validadas a deshoras, la urgencia transmitida, los recelos de subordinadas como la fiscal superior de Madrid Adriana Lastra, la famosa nota de prensa y, sobre todo, su condición de cargo público que debe velar porque no se filtre información de terceros. Más aún tratándose la institución del Ministerio Fiscal. Incluso la lamentable declaración de Pilar Sánchez Acera que afirmaba "no acordarse" de quién le filtró el correo con los datos del novio de Ayuso (antes de pasárselo a Lobato) resultó ser una evidencia de la sensación de impunidad procedimental con la que obró el PSOE. Todo por "controlar el relato" y desmentir un supuesto bulo que más bien fue una sacada de contexto (con vacile incorporado) de Miguel Ángel Rodríguez. 

Una instrucción compleja con Peinado

No se nos debe de escapar (a los que no somos titulados en Derecho) que en materia penal la fase de instrucción está separada del juicio, de forma que son personas diferentes las responsables (jueces, magistrados, etc.) y precisamente constituye una garantía para la persona acusada. Esto implica que los juzgados deban de recopilar en esa primera fase toda una serie de INDICIOS que vengan a justificar que sea necesario establecer un juicio. Esos indicios habría que determinarlos sobre la base de la documentación oral y escrita que está investigando y aportando al juez la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Será en el mismo juicio cuando deban de aportarse PRUEBAS en cantidad y calidad suficiente como para enervar la presunción de inocencia que ha de imperar en todo proceso. Sin perjuicio de ello, esta división no opera en los denominados juicios rápidos. En cualquier caso, esta instrucción ha sido iniciada y desarrollada a través de la iniciativa de acusación popular por parte de varias organizaciones como Manos Limpias (que también denunció el caso Bárcenas) y Hazte Oír y un Colegio Oficial de informáticos. Esto es lo que ha motivado que el PSOE pretenda restringir la acusación particular en el proyecto de la denominada Ley Bolaños para terminar de controlar el Poder Judicial y cortar cualquier investigación de su corrupción.

El proceso instructor en el caso Begoña Gómez está siendo largo y complejo más que nada porque las defensas han ido recurriendo diversas resoluciones del juez (ampliando delitos, impulsando juicio, etc.) de manera que la Audiencia provincial ha ido corrigiendo o limitando y forzando a aquél a que reformule. Es decir, la Audiencia ha estrechado las líneas de investigación, reduciendo el campo inicial del caso y frenado lo que consideró "investigaciones prospectivas", en el sentido de que eran necesarios más indicios que estableciesen un nexo causal en un momento en que la instrucción se estaba ampliando hacia múltiples líneas (Universidad Complutense, contratos, software, asesora...). Así, lo más destacable fue la exclusión de su relación con el caso del rescate de Air Europa que se investigará en otras instancias sobre otros sospechosos, anuló algunas decisiones procesales como la derivación al jurado popular y corrigió autos por falta de motivación o insuficiencia de indicios (como las relaciones con contratos públicos y conexiones empresariales indirectas), así como ordenar la revisión de la base jurídica de algunos delitos y mayor concreción en los indicios. Esto provocó que el juez tuviera que rehacer autos, detallase con más profundidad los indicios y justificase cada delito por separado. 

En esta tesitura, se ha mantenido una sensación de tensión entre instancias en la que mientras que el juez habría mantenido una línea expansiva de investigación, la Audiencia habría actuado como órgano de contención y corrección. Como era de esperar, la prensa afín al PSOE ha enfocado la culpabilidad en Peinado, habiéndose filtrado mucha información de este proceso de instrucción. Todas estas idas y venidas no han logrado archivar el caso y ni mucho menos frenar la investigación, sino que el procedimiento ha transcurrido más acotado y revistado pero al mismo tiempo jurídicamente más exigente. Con todo, la defensa de Gómez ha empleado argumentos más bien pueriles para desmontar la recopilación de indicios aludiendo a falsedades no demostradas y a una supuesta persecución sólo por ser esposa del Presidente. Al mismo tiempo, en declaraciones de José Luís Ábalos, la empresa pública Red.es habría pagado a una empresa privada para que borrase la huella digital de la imputada. Llama la atención cuando se supone que si se considera inocente no tendría nada que esconder. Examinemos a continuación de forma muy resumida el estado de cada una de las imputaciones vigentes.

Malversación de recursos públicos

Se investiga el papel de una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que habría realizado gestiones vinculadas a actividades referentes a proyectos personales o académicos de Begoña Gómez como los relativos a la cátedra. Entre los indicios recogidos se dispone de correos electrónicos, comunicaciones internas y testimonios sobre funciones efectivamente realizadas. También llamó la atención que se cerrase una planta de RNE para que grabase un podcast publicitando la cátedra. Sin embargo, la frontera entre dedicación institucional y apoyo personal es difusa a este respecto en el sentido de que se mezcla lo público con lo académico y profesional. Además, es imperativo probar la intencionalidad (dolo) con desvío de fondos públicos, un beneficio a costa de lo público y un perjuicio para el mismo, siendo tanto uno como otro evaluables económicamente, así como si se considerase que se contribuyó al tráfico de influencias. De lo contrario, sería una simple irregularidad administrativa. La acusada alegó en su recurso que las tareas eran de apoyo institucional a proyectos vinculado a la cátedra con interés público o social y no estaría acreditado que obtuviera dinero directamente. Pese a ello, la Audiencia provincial de Madrid ratificó la imputación en diciembre de 2025. La imputación se mantiene porque existen hechos verificables por los que podría demostrarse que se realizaron tareas ajenas a lo público.

Tráfico de influencias y corrupción en los negocios

Se investigan cartas de recomendación firmadas por Gómez apoyando proyectos empresariales del entorno de Juan Carlos Barrabés (reforzando su solvencia técnica y reputacional) y que se incorporaron a contratos públicos como puntos cualitativos. Además, esta persona habría ayudado a la acusada en la Cátedra como asesor, diseñador del plan de estudios, colaborador con el desarrollo del software y docente cerrando el círculo. En este punto se investiga hasta qué punto Begoña Gómez, por su cercanía al poder, habría favorecido que esas empresas obtuviesen contratos millonarios adjudicados por la entidad pública empresarial Red.es. De esta forma, el foco no está por sí solo en presuntas adjudicaciones irregulares (que se investigan en el caso Koldo y Ábalos), sino más bien en la relación directa y acreditada entre estas partes y el eventual ecosistema de influencia. Lo complicado es establecer un nexo causal claro como para probar la influencia directa a cambio de beneficio. Las cartas existen, están documentadas, se acreditaron que eran habituales en su emisión y se mantienen como indicio. Sin embargo, tienen un peso probatorio limitado, dado que aún no se ha demostrado si fueron decisivas en adjudicaciones y tampoco si implicaron contraprestación en un esquema corrupto, que son los dos delitos de este bloque. Por consiguiente, a día de hoy no está claro que dichas cartas fuesen determinantes pese a constar firmadas por Begoña Gómez y se aportasen en procesos de licitación pública. La mayor parte de la puntuación dependía de ser la oferta económicamente más ventajosa y de otros criterios técnicos evaluables. En definitiva, para que exista delito no es suficiente con que se recomiende a una empresa, sino que se demuestre la relación de causalidad de que existiendo intencionalidad de favorecer se pudo influir de forma relevante alterando el resultado. No existen evidencias a día de hoy de presiones ejercidas sobre las mesas de contratación.

Intrusismo profesional

Es el primero de los delitos vinculados a la cátedra codirigida en la Universidad Complutense de Madrid y que fue denunciado por un colegio de ingenieros técnicos de Informática. Se dispone de documentación universitaria, convenios y declaraciones de responsables académicos. El Código Penal castiga a quien ejerce actos propios de una profesión regulada sin disponer de la titulación, habilitación o permiso correspondiente. Por tanto no basta sólo con asesorar, sino que es taxativo que se hayan realizado actos propios de una profesión sin disponer de la autorización reglada, que se ejercieran con carácter profesional y no sólo voluntario o académico y que se pruebe que existió perjuicio a terceros, competencia desleal o riesgo para el beneficiario del servicio. La instrucción detectó en la investigación que Gómez habría estado implicada al redactar y firmar los pliegos de prescripciones técnicas para contratar un servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma web de gestión de PYMES. Esta labor no formaría parte de las funciones atribuidas como codirectora de la cátedra. La investigación ha de discernir hasta qué punto llegó su intervención en la redacción del pliego y sobre todo si se encuadraría en labores de gestión o coordinación y no necesariamente en actos profesionales reglados. Así que habrá que estar al tanto de documentos técnicos o certificaciones de dichos pliegos que pudieran contener su firma y de evidencias tanto de que su intervención fuese decisiva en dichos actos reglados como de que hubiese ocultado su falta de habilitación formal. Tanto la asociación de abogados del Estado como la propia UCM estiman y aseguran de que no era necesario tener una titulación formal.

Apropiación indebida 

Se investiga en relación a la propiedad intelectual del software vinculado a la cátedra si Begoña Gómez la registró, controló o explotó fuera de ella y a su nombre de forma fraudulenta al no poder ser la titular. Ha sido una de las más cuestionadas, dado que no está claro el registro a su nombre y existen versiones contradictorias sobre la titularidad. Por una parte, una empresa confirmó al juez que la plataforma web, que fue suprimida en septiembre de 2024, se había registrado a nombre de Begoña. Por otra parte, la UCM informó que el desarrollo del software costó 113.509 €, de los cuales 4.700 € correspondieron a personal y el resto a contratación para el desarrollo del software. En contraste con la imputación anterior, se ha personado en la causa como parte perjudicada (que no acusación), aportando dichas cifras económicas como responsabilidad civil provisional en caso de condena a Gómez. Ésta última entiende que se actuó siguiendo indicaciones de la propia universidad y que aquélla debía de firmar y registrar el proyecto. Lo que complica el tema es que el software, aparte de no haberse registrado por parte de la Universidad, se habría usado en entornos vinculados a Gómez y participaron varias empresas como Indra sin disponer de toda la información. Con lo cual, el problema es dilucidar de quién es realmente el software si no está bien formalizado y, por consiguiente, para determinar que haya delito de apropiación indebida es clave probar que pertenecía sin ningún género de dudas a la UCM y que Gómez lo habría utilizado indebidamente con intención de apropiarse o beneficiar a terceros. Por lo tanto, sólo el juicio aclarará esa zona gris de a quién pertenece realmente la cátedra. 

Consideraciones

El caso de Begoña no puede resolverse en base a pruebas indiciarias porque no ocupa cargo público sobre el que recaigan responsabilidades (no existe primera dama como en EEUU). Creo que la clave de qué sucederá con estas acusaciones en el juicio es puramente administrativa. Sobre el delito de malversación, considero muy difícil probar que la asesora haya descuidado sus labores propias de Moncloa para dedicarse en cuerpo y alma a Begoña Gómez, pues no es suficiente con que una persona que cobre un sueldo público ayude a otra para tareas privadas. Más claro aún lo tengo respecto a los de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios de los que muy seguramente sea absuelta si no pudieran probarse presiones o "sobresueldos" a los miembros de los tribunales. En cuanto a los relativos a la Cátedra, no me atrevo a establecer un diagnóstico similar, pues depende de cómo case la legislación con el convenio y documentación obrante de la Cátedra y las acciones que realmente realizó Begoña Gómez. Me da la sensación de que si fuese condenada por uno de esos delitos, probablemente acabaría siéndolo en el otro, del mismo modo que la absolución en uno conllevaría la del otro. Entiendo esto así porque en realidad son dos imputaciones que están relacionadas con lo mismo: la presunta incapacidad de Begoña Gómez para dirigir una Cátedra. Así que esa será la clave para que en el juicio bien acontezca la condena de la esposa del Presidente y que enmarcaría una nueva derrota judicial de corrupción o bien una victoria que sería muy sonada. Indudablemente, en cualquiera de los escenarios Pedro Sánchez aprovechará lo que suceda para reforzar su mensaje. Y es que puede parecer un político poco honesto ó que cambia de opinión según sople el viento pero de necio no tiene nada. Está todo bien estudiado.

Retos y controversias clave en la Unión Europea

En este 2026 se cumplieron 40 años de la entrada de España en la Unión Europea (antes CEE), que tuvo lugar el 1 de enero de 1986 tras firmar el año anterior (12 de junio) el tratado de adhesión. Desde entonces, se asistió a la firma de otros tratados como el de Maastricht de 1992 y al proceso de liberalización de movimientos de capitales y transición hacia una política monetaria única europea simbolizada en el Euro como moneda única y compartida. Aparentemente, la UE se habría constituido para generar un frente común y de sinergias económicas y sociales entre países europeos que antaño estuvieron implicados en guerras terribles y durante siglos y pasarían a comerciar entre ellos en una Europa sin fronteras de ningún tipo y sin aranceles, potenciando el empleo, la productividad, la formación, etc... Al mismo tiempo, tener una voz importante en el mundo que le diferenciara de otras potencias clásicas como EEUU, Japón o China. Sin embargo, en los últimos años y tras la pandemia del Covid-19 parece asistirse a un punto de inflexión en el que la UE como institución se está desinflando. Esa es mi percepción y en base a los siguientes apartados. 

Déficit democrático, distanciamiento ciudadano y amenazas a la privacidad

En realidad, hablar de “déficit democrático” de la UE es una crítica recurrente desde los años 90 y que sigue vigente. Se refiere a la percepción de que las instituciones europeas adoptan y ejecutan decisiones con un limitado nivel de control democrático directo. La Comisión Europea ostenta la iniciativa normativa, ejecuta el Derecho Comunitario y supervisar su cumplimiento, mientras que el Consejo de la UE, donde se reúnen Jefes de Estado y ministros, elabora las normas en colaboración con el Parlamento Europeo. Ésta última es la única institución europea elegida por sufragio universal directo. Sin embargo, no tiene el mismo poder que por ejemplo ostenta el Congreso de los Diputados. Las negociaciones entre Estados miembros en el Consejo son opacas, técnicas y difíciles de seguir mediáticamente y, sobre todo, programas clave como NextGenerationEU, fondos de recuperación o reformas estructurales se negociaron entre la Comisión y los gobiernos nacionales por vía urgente y con escasa participación del PE. Todo esto alimenta la idea de que la UE opera “entre bastidores” y sin transparencia.

También existen factores sociales y culturales que explican el alejamiento de los ciudadanos respecto al proyecto europeo. La UE carece de una narrativa emocional o identitaria. A diferencia del Estado-nación, la UE no tiene héroes nacionales, ni símbolos emotivos fuertes (más allá de bandera e himno) ni medios de comunicación populares ni tan siquiera debates públicos compartidos. Únicamente se pudo ver en los años 90 y 2000 cuando se caminaba hacia una moneda única como es el Euro desde 2002 y en buena parte de los países miembros. Sin embargo, tras la pandemia, el Brexit y la guerra en Ucrania, la UE ha actuado como máquina regulatoria de la economía. La proliferación de regulaciones (Medio Ambiente, consumo, transformación digital, industria, transportes, alimentos, etc.) ha aumentado la percepción de hiperregulación y pérdida de autonomía nacional. Además, se perciben desigualdades en el sentido de que la integración económica habría beneficiado más a otros países como Alemania y no pueden influir en la toma de decisiones, generando el fenómeno del euroescepticismo. La función consultiva del Consejo Económico y Social y el Comité de las Regiones es básicamente testimonial. En definitiva, la política europea parece lejana, fría y técnica y eso se nota en la participación electoral.

La DSA (Digital Services Act) o Ley de Servicios Digitales, en vigor desde 2023, es un Reglamento comunitario que constituye una de las mayores polémicas regulatorias de la UE. Su objetivo principal es regular plataformas digitales para proteger a los usuarios, pero presenta aspectos positivos y otros no tanto. Por un lado, para proteger contra la desinformación y contenidos ilegales, obliga a grandes plataformas (Meta, X, TikTok…) a gestionar riesgos como el discurso de odio, manipulación electoral, fraude y campañas de desinformación organizadas. También impone mayor transparencia en algoritmos y publicidad segmentada (cookies). Sin embargo, las críticas apuntan a que abre la puerta a una supervisión estatal omnicomprensiva pudiendo justificar eventuales censuras y limitaciones indirectas a la libertad de expresión (tal y como pretende aprovechar el Gobierno socialista), se refuerza poder a las plataformas para decidir qué contenido es peligroso o ilegal y además incorpora un coste burocrático elevado exigiendo auditorías internas, controles de moderación, informes periódicos y supervisión detallada de algoritmos. Incluso la UE tuvo que echarse atrás con la polémica del Chat Control porque percibió que se estaba pasando de frenada.

Política exterior, relaciones con EEUU y conflictos bélicos

La UE dispone formalmente de una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), diseñada para dotar al bloque de una voz y acción unificadas en el mundo. En teoría, eso le permitiría intervenir diplomática, humanitaria o militarmente con peso. En la práctica tropieza recurrentemente con varios límites estructurales. Las decisiones relevantes a menudo requieren unanimidad entre los Estados miembros y las prioridades nacionales y relaciones bilaterales dificultan un consenso a largo plazo. Tampoco hay que perder de vista intereses económicos y geopolíticos en juego. Basta que un solo país miembro con reservas logre frenar decisiones, redundando en inmovilismo cuando no convirtiendo decisiones urgentes en procesos largos y costosos. Y es que la diplomacia sigue siendo en gran parte nacional y por tanto los mecanismos institucionales y estratégicos de la UE están lejos de unificar una voz fuerte y creíble. 

La relación entre la UE y EEUU ha sido tradicionalmente un pilar de la política exterior europea en materia económica y de defensa y seguridad en el marco de la OTAN. Además, la mayoría de armas que se compran por los países de la UE se hace a EEUU y viceversa. Sin embargo, ese vínculo también genera controversias. La UE se percibe por muchos como un aliado subordinado a EEUU. Casos como su debilidad durante el episodio de Groenlandia y el poco margen de maniobra frente a la amenaza arancelaria desdibujan su identidad como actor independiente. De ese modo, se plantea un dilema existencial para la UE: o se fortalece como actor propio que opte por el multilateralismo pero debilita las relaciones con el principal aliado en la OTAN ó fortalece la relación estratégica con EEUU pero al mismo tiempo sigue bajo la sombra de Washington validando por ejemplo el levantamiento de sanciones al régimen del oligarca ruso Putin.

Tenemos varios ejemplos de conflictos bélicos recientes. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, la UE impuso varios paquetes de sanciones económicas y financieras contra Rusia tanto a entidades como sectores estratégicos (energía, finanzas, defensa). También ha proporcionado ayuda a Ucrania, incluyendo apoyo económico, militar, y admisión de refugiados, reafirmando su compromiso con la soberanía territorial y el orden internacional basado en reglas. Sin embargo, no todos los Estados miembros comparten el mismo ritmo ni la misma intensidad de sanciones a Rusia o apoyo a Ucrania, lo que debilita la cohesión interna. Además, se reabrió el debate sobre la dependencia energética, militar o estratégica de la UE y se planteó la necesidad de reforzar su autonomía. 

Con respecto al conflicto entre Israel y Palestina que estalló en 2023, los Estados miembros decidieron no aplicar sanciones contra Israel y a pesar de ciertas presiones políticas y mediáticas. Sin embargo, sí suspendieron acuerdos comerciales el pasado año, así como la cooperación internacional y aprobaron sanciones más específicas contra terroristas y Hamas, condenando la barbarie de ambos lados. Aún así, no ha resultado suficiente para los críticos (ONGs y activistas) que han tachado la gestión aludiendo a un supuesto doble rasero y, por consiguiente, esos altavoces habrían contribuido a debilitar en cierto modo la posición de la UE como actor geopolítico intermediario. Lo ultimo es que se ha activado es una iniciativa popular para suspender todo el acuerdo de asociación con Israel. Este conflicto fue analizado en un post anterior de este mismo blog y me sigo manteniendo en mi postura, al tiempo que considerando correctas las decisiones tomadas por la UE en este asunto.

Más recientemente, estalló un nuevo conflicto con ataques militares de EEUU e Israel contra Irán desde el 28 de febrero de 2026. Ya se estaba preparando un paquete de sanciones contra Irán por la represión criminal a manifestantes. Las posturas ante este conflicto no pueden ser más heterogéneas. Alemania reconoce que había motivos, Hungría lo apoya sin fisuras y critica el cierre de algunas bases, Francia y España criticaron duramente el ataque y descartaron participar en la guerra pero al mismo tiempo remitieron un portaviones y una fragata a Chipre para defenderla de Irán (aún en el marco de la OTAN) e Italia moderó las críticas pero envió también un buque allí. Para colmo, la presidenta de la Comisión Úrsula Von der Leyen emitió unas declaraciones polémicas afirmando que Europa no debía de ser garante de un "viejo orden mundial" que jamás regresaría. En mi valoración patinó al no matizar que de lo que se trataría sería de adaptar un sistema normativo hecho en posguerra y tiempos de paz a eventuales conflictos armados en regiones externas.

La inmigración

La inmigración es un problema estructural en Europa: migraciones originadas por crisis internacionales, desplazamientos forzados o causas económicas y una UE con mecanismos de gestión complejos y sin consenso. En 2024 se registraron unas 239.000 entradas irregulares detectadas en fronteras de la UE, el mismo año en que se aprobó el Pacto sobre Migración y Asilo. Se lanzó como un marco común con el objetivo de crear normativa uniforme para asilo y gestión de fronteras y proporcionar un reparto más equitativo de responsabilidades entre Estados miembros. Sin embargo, en la práctica ese marco es difícil de aplicar. La presión migratoria recae desproporcionadamente sobre algunos Estados, al tiempo que otros rechazan asumir parte de esa carga como por ejemplo la Hungría de Orban (que se niega a contribuir al fondo común de solidaridad), se perpetúa la carga desigual y se restringen soluciones coordinadas. Esa sobrecarga genera saturación en puertos, centros de recepción, recursos de asilo, presión social y conflictos locales en países con presión migratoria como España, Francia o Italia. Además, en algunas regiones de dichos países se ha incrementado la percepción de inseguridad ciudadana y justo en zonas tensionadas por inmigración procedente de entornos culturales alejados de valores occidentales. Ni que decir tiene que esto genera el caldo de cultivo para la polarización social como ya vimos en Torre Pacheco.

A pesar de que la migración regular y la integración son fundamentales, la UE no ha logrado implementar políticas comunes que faciliten inmigración legal, integración sostenible y mecanismos eficaces de reasentamiento. Además, los países miembros muestran disparidades en sus capacidades de acogida, integración y respeto a derechos sociales, lo que genera un mosaico fragmentado. En ese panorama, la estrategia de la UE se ha ido orientando algo más hacia la disuasión, externalización de asilo y cooperación con terceros países para contener la migración antes de que llegue a Europa. Esto que parece de lógica y se hace necesario para contener la inmigración irregular masivas ha generado denuncias por parte de muchas ONGS de expulsiones ilegales, detenciones arbitrarias y riesgo para la vida de migrantes/refugiados. Consideran que la externalización a países con débiles garantías de derechos humanos erosiona los valores declarados de la UE como defensora de los mismos. Sin embargo, como decimos, el ciudadano de las zonas con elevada inmigración percibe que no se está conteniendo lo suficiente la entrada de inmigración ilegal y que genera inestabilidad social con presión sobre servicios públicos, vivienda, empleo, máxime aún con los riesgos de marginación y de aislamiento cultural en la constitución de guetos. Por lo tanto, la UE es presionada por todos lados.

Como ya vimos en un anterior post, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, propuso a la UE un plan similar al que aplica en su ejecutivo. Esta mandataria ha demostrado en varias ocasiones tener un plan más valiente para Europa del que está ofreciendo Von der Leyen y una oposición más inteligente a Trump. El plan se aprobó el lunes 8 de diciembre estableciendo la facultad de los gobiernos nacionales de expulsar a personas que no tienen derecho ni de residencia ni de trabajo, establecer centros de tramitación de asilo en el extranjero y crear centros de expulsión también fuera de su fronteras. Permitirá repatriar inmigrantes que se consideren riesgo para la seguridad por antecedentes penales aunque siempre que exista convenio de reciprocidad. Por último, se reducen las compensaciones económicas por no acoger inmigrantes. Por su parte, el gobierno socialista de Dinamarca, con fuertes tensiones migratorias procedentes de Suecia, en materia de asilos ha conseguido que se establezca una lista de países seguros para rechazar las que procedan de los mismos. El único gobierno que manifestó oposición expresa, para sorpresa de nadie, fue el español del PSOE con Marlaska como representante. Así que, en definitiva, en inmigración se constata la inexistencia de una línea uniforme y coordinada.

Seguridad, terrorismo y ciberdelincuencia

En materia de seguridad y terrorismo, la UE cuenta con la estrategia EU Counter‑Terrorism Agenda. Renovada en 2020, coordina medidas para prevenir la radicalización, reducir el acceso de terroristas a armas y explosivos, proteger espacios e infraestructuras críticas y perseguir la financiación del terrorismo. También trabaja en la lucha contra la difusión de propaganda terrorista yihadista con normativas para obligar a eliminar contenidos de ese tipo en línea y coopera con otros países y actores internacionales (como la ONU) a través de la diplomacia, intercambio de información y coordinación multilateral. En 2025 la UE aprobó unas conclusiones por las que reforzó su prioridad contra el terrorismo y el extremismo violento, destacando la necesidad de abordar conjuntamente amenazas exteriores e interiores y de coordinar justicia, seguridad, fronteras y diplomacia. Sin embargo, el contexto europeo también evidencia varias debilidades que limitan mucho lo que la UE puede conseguir como bloque y especialmente frente a amenazas modernas. La amenaza no es ya diversa, sino fragmentada y difusa. La UE tiene que adaptarse a contextos mucho más volátiles y difíciles de controlar y coordinar.

El terrorismo ya no es sólo organizaciones grandes con estructura jerárquica. Según recientes informes (2025), la radicalización digital, el uso de internet, jóvenes vulnerables o minorías marginalizadas, convierten el fenómeno en más imprevisible. No en vano se dificulta enormemente la prevención: no basta vigilar fronteras o redes conocidas, sino que hay que actuar en un entorno más complejo como ámbitos sociales y digitales. Internet permite que perfiles muy jóvenes, aislados o vulnerables entren en redes de adoctrinamiento o violencia y complica muchísimo la prevención. Aunque existe coordinación, cada Estado miembro tiene su propia legislación, capacidades de inteligencia, recursos policiales, enfoque sobre radicalización, inmigración, integración, etc. Por consiguiente, la capacidad de detectar, prevenir o desarticular redes depende en gran medida del país. Además, la inseguridad adquiere una dimensión trasnacional con conflictos regionales, guerras (Rusia y Ucrania), tensiones político-religiosas (Israel y Palestina) y crisis humanitarias que desbordan las limitaciones diplomáticas y de cooperación exterior de la UE.

Sobre atentados terroristas, según el informe TE-SAT 2024, en 2023 se registraron 120 atentados terroristas en la UE: 98 consumados, 9 intentos fallidos y 13 complots frustrados. En esos datos, 426 personas fueron detenidas en 22 países miembros. De ese conjunto de detenciones: 334 estaban vinculadas al terrorismo yihadista, aunque también se actuó contra otras formas de extremismo. Esto contrasta con los 28 atentados de 2022, los 15 de 2021 y los 57 de 2020. En 2024 (TE-SAT 2025) disminuyeron, siendo 58 con 34 consumados y 19 fallidos. En total se arrestaron a 449 personas. Ahora bien, este contención de atentados hay que matizarla dado que en 2023 y 2024 se constata un incremento de la radicalización digital, con jóvenes y menores implicados en procesos de adoctrinamiento, reclutamiento y planificación de atentados en entornos extremistas y supremacistas. Es decir, no sólo islamistas sino también de ultraderecha y extrema izquierda.

En esta última década (y especialmente tras la guerra en Ucrania), la UE enfrenta crecientes amenazas cibernéticas que apuntan a infraestructuras críticas, instituciones y procesos democráticos. En 2025 las autoridades de la UE sancionaron a personas vinculadas a ataques cibernéticos contra Estados miembros y Ucrania en materia de espionaje, sabotaje y campañas de desinformación. Uno de los grupos más notorios, el pro ruso NoName057(16) fue desarticulado por una operación conjunta de 12 países junto a Eurojust y Europol. El grupo habría llevado a cabo múltiples ataques DDoS contra infraestructuras críticas como electricidad, transportes, servicios públicos en varios países europeos. Sin embargo, este caso de éxito cooperativo es más excepción que norma. Según un reciente informe, la ciberamenaza en Europa se está intensificando y figura como una de las regiones del mundo más afectadas por ataques DDoS, gracias al uso de nuevas tecnologías (incluida la inteligencia artificial) por parte de hackers y actores hostiles. Y qué decir de la inteligencia artificial.

El Pacto Verde Europeo y las fisuras de la política comercial

El Pacto Verde Europeo (European Green Deal) se planteó como una estrategia ambiciosa de la UE para transformar su economía hacia un modelo moderno, sostenible, climáticamente neutro y con mayor protección ambiental. El sector económico en el que más se enfatiza es el agrícola, dado que se establece una transición hacia un modelo basado en la reducción de emisiones, menos insumos químicos, conservación de la biodiversidad, bienestar animal, reducción de la huella hídrica, etc. 

Sin embargo, aumenta costes para agricultores y ganaderos europeos. Con horizonte en 2030, transforma el mercado de fitosanitarios reduciendo el catálogo permitido y obliga a importantes reducciones de uso de fertilizantes y pesticidas químicos en agricultura y al incremento de superficie ecológica reduciendo la cultivable. Además, en ganadería establece mayor vigilancia de las macrogranjas, reducción de antimicrobianos, límites al metano entérico de vacas y ovejas, reducción del uso de piensos con soja importada y otras obligaciones en materia de bienestar animal relativas a espacios y transporte. En materia burocrática se les exigen certificaciones de cumplimiento de todas estas obligaciones. De esta manera, los eventuales impactos apuntarían a caídas de ingresos en explotaciones pequeñas, menor productividad agrícola, mayor vulnerabilidad ante plagas, costes de certificación ecológica y nueva maquinaria, menor competitividad con carnes de países con estándares bajos, necesidad de nuevas competencias digitales, dependencia de nuevos asesores y gestores y en definitiva más costos administrativos. Frente a esto, los agricultores europeos deben cumplir burocracia y normas muy estrictas mientras compiten con importaciones que no siguen los mismos estándares como Marruecos, Ucrania o Mercosur, con el que la UE alcanzó un preacuerdo de libre comercio por mayoría cualificada del Consejo no sin algunas cláusulas de salvaguarda gracias, una vez más, a Meloni. Sin embargo, los Estados de Mercosur no las vieron con buenos ojos mientras que los extremos de izquierda y derecha forzaron al Parlamento a denunciar el preacuerdo ante el TJUE. Esto evidencia un nuevo punto de cuestionamiento de la política comercial de la UE.

Conclusiones

El mayor problema de la Unión Europea es que ha sido incapaz de promover una unidad de acción entre los países miembros. Políticas como la gestión de la inmigración, la seguridad y el terrorismo son mejor ejecutadas por países de forma individual o bilateral que bajo el prisma de la UE donde conviven gobiernos de ideología muy diversa y que van renovándose con el paso de los años, sin que desarrollen una cultura pro europea muchos de ellos sino más bien al contrario (nacionalista). Además, la propia estructura económica, social y cultural de los Estados miembros ya perfila un mapa fragmentado más allá de la ideología del gobierno de turno. Todo esto hace hace que la política exterior común sea un oxímoron, puesto que realmente a la mínima objeción se hace difícil establecer una voz única que incluso se percibe muchas veces como débil y supeditada a intereses externos como EEUU. 

Por tanto, más allá de posiciones concretas, los últimos conflictos bélicos ha puesto de manifiesto la profundidad del problema, que es la limitada capacidad de influencia geopolítica de la UE. A diferencia de Estados Unidos o de potencias regionales como Rusia, Irán o Israel, la Unión Europea carece de una política militar común consolidada, una estrategia de defensa plenamente integrada y mecanismos rápidos de decisión en política exterior. Todo esto tiene como consecuencia que, ante crisis internacionales graves, la UE actúe principalmente como actor diplomático o económico, pero tenga menos peso en decisiones estratégicas o militares. Incluso ha ido a remolque topándose con un mundo cambiante con un crimen organizado complejo. Por lo tanto, la UE no está en condiciones actuales de significarse como un actor prominente.

Desde la perspectiva del ciudadano trabajador o autónomo, políticas como la climática chocan contra sectores económicos con poder y relevancia en dichos países que se sienten poco escuchados en el contexto general de unas instituciones con escasa legitimidad social. A pesar de que preacuerdos como el de Mercosur sean eficientes desde el punto de vista de la economía liberal y en pro de la competitividad y beneficio mutuo, desde la perspectiva micro esa rentabilidad no llega sino que cala el proteccionismo nacionalista. Además, es alimentado por una hiperregulación que ya crea desigualdades al no imponerse esa excesiva burocracia en los productos y servicios importados. Las instituciones, lejos de hacer esfuerzos por acercarse a la gente, tratan de justificarse con dichas regulaciones cada vez más extensas e incluso poniendo en tela de juicio derechos y libertades como la privacidad, amparándose en la protección de la seguridad pero degenerando en la desproporcionalidad. Y el resultado no es sino incrementar la desafección y a la cual también colabora la pésima estrategia comunicativa, contaminada por las ideologías de los gobiernos nacionales.

En definitiva, la UE ha fracasado intentando establecer un marco político y social uniforme porque lo que predomina es la heterogeneidad tanto estructural como coyuntural de sus Estados miembros. Padece muchas fisuras que promueven el descontento social, por lo que su rumbo debe de orientarse a ser una organización internacional más democrática, más participativa, más consciente de la diversidad de sus Estados miembros y no obsesionarse con ejercer un liderazgo internacional ni imponer una voz común interna. Lo más importante es promover la unidad de acción en un conjunto de mínimos, respetando el derecho de cada país a ser diferente (promoviendo más la elaboración de Directivas que Reglamentos). En resumidas cuentas, entendiendo que para constituirse en un actor políticamente relevante y que sea capaz de manejarse sin la mano de EEUU es imperativo fortalecer una unidad y no erosionarla.

Elecciones en Castilla y León 2026: continuidad sin grandes cambios

Ayer 15 de marzo se celebraron elecciones autonómicas en Castilla y León. Las de 2022 se celebraron por primera vez de forma anticipada antes del fin de legislatura y, como el Estatuto de autonomía establece que las legislaturas son de 4 años, no sucedió como en Madrid que tras las de 2021 se volvieron a celebrar en 2023. Los motivos del anterior adelanto fueron puramente electoralistas del presidente Alfonso Fernández Mañueco. Fue sencillamente para aprovechar el desgaste del PSOE a nivel nacional por Pedro Sánchez y además quitarse de en medio a Ciudadanos que se encontraba en barrena, demoscópicamente desaparecido en las encuestas y siendo absorbido por el PP. Sin embargo, pese a que el PSOE perdió 7 procuradores (28 final) y CS sufrió una terrible masacre pasando de 13 a un sólo representante (Francisco Igea), sólo le sirvió a los populares para pasar a ser la fuerza más votada subiendo dos escaños (de 29 a 31). Buena parte de lo que perdieron los naranjas se lo llevó VOX que precisamente hizo el movimiento contrario al pasar de forma espectacular de 1 a 13. Por lo tanto, la "gracieta" de Mañueco le valió de muy poco teniendo que tragarse a un ultra sin oficio ni beneficio como Juan García-Gallardo. En las opciones minoritarias, hubo éxito de los partidos de la España vaciada, ya que entro muy fuerte la opción provincialista Soria Ya con 3 procuradores. Además, se coló igualmente Por Ávila con 1 escaño mientras que Unión del Pueblo Leonés (UPL) se incrementó de 1 a 3. Estos resultados confirmaron la fuerza de esas alternativas locales frente a la debilidad del PSOE y de Podemos, reduciéndose ésta última a un solo representante.

Contexto preelectoral

En esta nueva legislatura la Cortes castellanas se incrementan en un procurador pasando de 81 a 82 debido al incremento de población en Segovia. ¿El motivo? probablemente esté detrás el terrible encarecimiento de la vivienda en la provincia de Madrid. 

El PP ha repetido una vez más con Mañueco pero renovando a la mayor parte de las listas. Siendo la mayoría absoluta de 42 procuradores, se antojaba claramente imposible que fuese capaz ni tan siquiera de acercarse. Y de hecho ya vino ajustada en las anteriores de 2022 y las encuestas en el mejor de los casos apuntaban a subir un solo asiento.

VOX, con el leonés y presidente de las Cortes Carlos Pollán, aspiraba a seguir la racha de fuertes subidas a pesar de que ya partía del increíble resultado de hace 4 años conseguido por Juan García-Gallardo. Hay que recordar que este último señor dimitió hace un año de acusando a la dirección de Vox de oligarquías y fanatismo y que no era partidario de haber dejado los gobiernos autonómicos por el asuntillo de los centros de Menas. Aún así, las encuestas le habían seguido dando un nuevo aumento pudiendo obtener hasta 3 sillas de procuradores más. Sin embargo, poco antes de la presente campaña estalló una crisis interna en el partido tras las destituciones ordenadas por Abascal de Ortega Smith como portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid y de José Ángel Antelo como presidente de la coordinadora regional en Murcia. Así que estaba por ver cómo afectaría ese entorno enrarecido a las elecciones.

En la oposición, el PSOE contó con Carlos Martínez (Alcalde de Soria) para intentar resistir y no seguir hundiendo al partido en una autonomía más. Ha tenido como competidores por la izquierda sobre todo a las formaciones provincialistas pro España Vaciada como XAV (Por Ávila) con el candidato Pedro Pascual, UPL con Alicia Gallego, Soria Ya con Ángel Ceña y el estreno de Vamos Palencia (que suena más a equipo de fútbol). Fijándonos en las últimas elecciones en Aragón, era más probable que la eventual fuga de votos fuese en esas direcciones que en IU y Podemos que encima se presentaron por separado con Juan Gascón y Miguel Ángel Llamas. Sin embargo, las encuestas vaticinaban un escenario que incluso apuntaba a mejorar resultados, pasando de perder uno a subir en los últimos días de campaña.

Alvise y su Se acabó la fiesta volvió a la carga para intentar entrar al menos por Valladolid y designó como candidata a la abogada Lucía Echevarrieta, que preside una asociación de jóvenes empresarios en Burgos. Las listas, al parecer, las confeccionó con gente con experiencia en el sector privado de más de una década y, por tanto, sin conocimiento de haber gestionado algún cargo público. Lo más normal era volver a quedarse sin representación.

Por último, después de la incomparecencia en Aragón, Ciudadanos ha regresado presentado listas en las provincias castellanas pero sin mencionar a la persona candidata. Obviamente lo hace con las bajas de su única cara visible, Francisco Igea, y la ex consejera y presidenta de las Cortes en la época buena Silvia Clemente. Ésta última ha encabezado otra formación nueva denominada Nueva Castilla y León. Lo lógico es que ninguna de estas formaciones se comiera "un torrao".

Resultados electorales

Tras el escrutinio, los resultados de los partidos apuntan como regla general (salvo algunas excepciones) a una continuidad. No le quise dar credibilidad a que los tres partidos subían en votos, pero efectivamente las últimas encuestas publicadas lo han clavado. El PP de Mañueco ha ganado las elecciones subiendo en 50.000 votos y recompensado con 2 procuradores más, por lo que sencillamente ha absorbido el voto de Ciudadanos que ha pasado de 54.000 a precisamente 4.000 en toda Castilla y León. Por tanto, el PP queda con 33 escaños y una vez más lejos de la mayoría absoluta con un 35,47% de los votos.

VOX, como dejé caer, ya había experimentado una fuerte subida en 2022, por lo que era más difícil pegar un nuevo arreón y más con el ambiente enrarecido de la crisis interna en el partido. Apenas han subido en 20.000 votos, pero suficientes para capturar un procurador más pasando de 13 a 14. Con todo, lo que esperaban era mucho más, pues ni se han acercado al 20% que era su gran objetivo quedando en un 18,92%.

El PSOE ha conseguido dibujar el escenario que ansiaba: la recuperación. Para eso se trajeron a Zapatero y Sánchez para el cierre de campaña, estrategia que puede ser buena o mala, pero con independencia del impacto, consiguieron con sólo 15.000 votos más hasta 2 nuevos procuradores pasando de 28 a 30 y con un 30,74% de los votos. La mayoría de esos votos probablemente haya procedido del antiguo electorado de Unidas Podemos (IU + Podemos). 

Sin embargo, resulta llamativo que en Soria se concentra casi la mitad de esa subida socialista, mientras que los provincialistas se estrellaron perdiendo más de 10.000 votos y cayendo de los 3 que tenía a sólo 1. En cambio, Por Ávila y Unión del Pueblo Leonés se mantuvieron con su 1 y 3 respectivamente, así que habría que preguntarse qué les ha pasado a los de Soria Ya para perder la confianza de la gente en contraste con sus homólogos de otras provincias.

Podemos, que partía de 62.000 votos con candidatura única, como era de esperar se ha estrellado por separado con poco más de 9.000 votos y perdiendo el único procurador que tenía. Este batacazo confirma la barrena que lleva la formación de Pablo Iglesias en varias autonomías (con excepción de Extremadura) tras haber desaparecido ya de Galicia, País Vasco, Cataluña, Madrid, Baleares, Canarias, Castilla y la Mancha, Comunidad Valenciana, Cantabria, Aragón y ahora Castilla y León. En cambio, Izquierda Unida ha conseguido 27.000 votos triplicando por tanto la cifra de su principal competidor. Esta es la candidatura que apoyó públicamente Francisco Igea.

Entre otros que se han quedado fuera está SALF de Alvise con 17.000 votos casi duplicando los de Podemos (al igual que pasó en Aragón). De esta forma, básicamente lo que habría conseguido la formación del polémico influencer de Telegram sería frenar el ascenso de Vox, aparte de las risas de sacar más votos que el partido de Pablo Iglesias. En cuanto a Nueva Castilla y León, con 4.200 votos ha sido prácticamente testimonial, poco menos que Ciudadanos que lo que tiene que hacer es echar la persiana porque ya no queda ni la sombra de lo que fue en su día.

Conclusiones

Como he indicado, a pesar de que cada partido hará su lectura interesada, lo que refleja el escenario castellanoleonés es el de una continuidad en lo esencial: PP más votado y ganador de las elecciones, un Vox que se mantiene fuerte pero que parece haber tocado techo y un PSOE que consigue acaparar parte del voto de la izquierda desencantada. Sin embargo, tampoco puede considerarlo un triunfo porque la aritmética le haya favorecido subir dos asientos. Estamos hablando que de casi 30.000 votos perdidos a su izquierda y de los 10.000 perdidos por Soria Ya no han podido pescar ni la mitad. Igualmente, el PP no ha sido capaz de erosionar a su principal competidor por la derecha y tan sólo ha recogido los rescoldos de los naranjas. Ídem puede decirse de los de Abascal cuyas disputas internas podrían haber incrementado la desconfianza hasta el punto de que eventuales votantes se decantasen por Alvise, que al fin y al cabo ha vuelto a fracasar.

Por lo tanto, unos y otros te venderán que han ganado las elecciones pero los resultados son lo que son y pocas más conclusiones se pueden extraer. Ahora tendrá que volver a negociar Mañueco con VOX en una tesitura prácticamente igual que en 2022.

El caso Antelo y la crisis abierta en Vox Murcia

Hace unas semanas saltó la noticia de que Vox quiso forzar el relevar a Ortega Smith como portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid siendo expulsado del partido al negarse a dimitir. Esto ha tenido una importante relevancia pública porque el mencionado ha sido diputado nacional y una de las caras más visibles del Vox que ascendió desde la irrelevancia pública al estrellato. Además, se une a otra de las caras retiradas como los otros puntales Espinosa de los Monteros  (vertiente más liberal) o Macarena Olona y las referencias de ámbito regional como García-Gallardo (Castilla y León) ó Sánchez del Real (diputado por Badajoz). Pero la polémica llegaría también a Murcia al pretender apartar a José Ángel Antelo, líder del partido en la Región de Murcia y diputado de la Asamblea Regional. Así, la vicesecretaria nacional le comunicó el pasado 25 de febrero la intención del partido de relevarle como presidente provincial del consejo ejecutivo e invitándole a que se apartara, dado que no puede cesarle al resultar elegido en primarias entre afiliados. Supuestamente, el motivo era renovar el liderazgo institucional del partido a cambio de mantenerlo como portavoz y candidato en 2027. Pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas por fases, pues no olvido cómo en Ciudadanos se trató a Miguel Sánchez y a José Luis Ros aunque fuese no desde nacional sino desde una miserable ejecutiva regional. Pero no nos desviemos del tema actual.

Dimisión de la coordinadora provincial

Como Antelo se mostró en desacuerdo con la invitación a dimitir, al día siguiente saltó la sorpresa de que toda la coordinadora provincial de Vox en Murcia (cinco personas) dimitía para forzar la destitución automática de Antelo. Sin embargo, el ya ex presidente declaró que no se sentía traicionado por dicho órgano, pues asegura que alguno de ellos le confesó en privado que la decisión había sido impuesta por nacional. Mientras tanto, Gestoso y Buixadé (sector más conservador) haciéndose los locos.

Ahora bien, pronto se difundió el rumor de que la pérdida de confianza en Antelo era como consecuencia de su "mala gestión". En una entrevista al medio El Español, fuentes de Murcia aseguraron indirectamente que el problema no era tanto de su actuación política, pues en realidad ya hemos visto que siguió a rajatabla todo cuanto se le ordenaba desde Madrid. Por ejemplo, abandonó la Vicepresidencia y la consejería de Interior y Emergencias en cuanto se exigió por Abascal por el absurdo de no cerrar los centros de Menas. Sin embargo, los críticos apuntaron que había perdido capacidad negociadora con López Miras y que dividía al partido. Respecto a lo primero, carece absolutamente de sentido porque precisamente el hecho de salir del ejecutivo regional ya le hizo perder al partido gran margen de maniobra para influir. Además, suena igualmente a chiste la decepción que apunta la fuente sobre lo pactado para los Presupuestos 2025, pues Murcia carece de competencia para deportar inmigrantes. Sobre lo segundo, fue acusado de fichar a gente afín para puestos del partido a nivel municipal, señalando que habría estado generando facciones en Ayuntamientos clave. Ahí ya lo desconozco, obviamente no he estado dentro para saberlo. Pero habría que ver hasta qué punto eso era cierto, como también qué otra voz interesada se hallaría detrás de estas acusaciones.

Destitución como portavoz y acusaciones cruzadas de delitos

En una entrevista del propio Antelo al mismo medio ya comunicó que no tenía intención de dimitir. Además, las encuestas en Murcia señalaban un ascenso proporcional del partido mucho mayor que en cualquier otra autonomía y de hecho se estimaba que podrían ser segunda fuerza. Pese a ello, pasados unos días el martes 3 de marzo se anunciaba la destitución de Antelo como portavoz del grupo parlamentario de Vox Murcia. De esta manera, Rubén Martínez, que había ocupado anteriormente dicho cargo cuando el ex jugador de ACB se encontraba en la Consejería, regresaba a donde estaba. Mientras tanto, otra persona del núcleo duro de Abascal como Pepa Millán legitimaba que el partido podría hacer lo que ordenase.

La polémica escaló un nivel más alto cuando Antelo denunció públicamente el miércoles 4 al partido por usurpación de identidad y falsedad documental. El motivo fue que recibió un acuso de recibo del partido con la solicitud de cese como portavoz de Vox Murcia en la Asamblea Regional y con su propia firma electrónica y DNI. Esta alegación provocó que el mismo día la mesa de la Asamblea decidiera por unanimidad anular la destitución y nuevo nombramiento de portavoz parlamentario. Esto ocasionaba que el relevo tuviera que postergarse al lunes siguiente. La versión de Rubén Martínez fue firmaron con su puño y letra y que el certificado era del partido y no del diputado, excusa que administrativa y jurídicamente me parece muy endeble, más que nada porque en tal caso el certificado de persona jurídica mostraría el CIF y no el nombre y DNI de una persona física.  Sin embargo,  lo que alega Vox Murcia puede ser la razón por la que figure la firma de Antelo en un contrato de alquiler de una furgoneta de la empresa de su amigo cuando no era portavoz del grupo sino Consejero. Por otra parte, reveló que el mismo martes se le exigió que dejase el acta. Es decir, que no sólo querían apartarlo como portavoz sino que directamente se lo querían quitar de en medio. El día terminó con el primer teniente de Alcalde de Cartagena, Diego Salinas dándose de baja de Vox Murcia.

¿Y cuál fue la respuesta de Vox a esto? Pues precisamente el jueves 5 de marzo saltó (y qué curioso que no se publicase antes) que, al parecer, Antelo habría presionado a funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena para beneficiar a su mujer respecto a la urbanización de unos terrenos inundados no legalizados. Dichos terrenos eran propiedad a medias de su esposa y de una concejala. Esto es MUY grave porque se le acusa directamente y sin pruebas de un delito como el tráfico de influencias que es lo que habría sido comunicado por Murcia a nacional. ¿Tal vez por Gestoso? Que por cierto, qué cosas que justo en medio de esta polémica salga la luz que este último colocó recientemente a su pareja (tras ser despedida por vicesecretaría nacional) como personal suyo de confianza en el Ayuntamiento de Murcia y en un puesto dotado con 60.000 euros. ¿Podemización de Vox Murcia? Por otra parte, se añadieron otras acusaciones de mala gestión política como reuniones con el Real Murcia que correspondían en realidad al grupo municipal o acordar con López Miras financiación autonómica para la construcción de un centro de formación de supuestamente un amigo suyo, reduciéndolo a chiringuito.

Bien, vayamos por partes. Fuentes del Ayuntamiento de Cartagena desmintieron tanto las presuntas presiones al concejal de Urbanismo así como que Antelo por sí o a través de persona interpuesta se comunicara con el departamento. Sobre el Real Murcia, el contexto es que Gestoso enrareció el ambiente por unas críticas al proyecto de ciudad deportiva y acusándolo de falta de transparencia mientras que Antelo quiso reunirse con Felipe Moreno para calmar la situación y manifestar apoyo al club. Finalmente, ante el desprecio al centro de formación, las acusaciones de Vox igualmente recibieron la respuesta enérgica de la FREMM. 

Expulsión del grupo parlamentario y del partido 

A estas acusaciones se le sumó el previsible expediente de expulsión del partido abierto el viernes 6 y añadiendo en el mismo que habría emitido supuestas filtraciones interesadas. Francamente, eso sonaba más a estrategia de ruido para proseguir en el aislamiento del señalado, aunque pudiera estar en el fondo del asunto lo que ya se comunicó días atrás y es la presunta injerencia en las agrupaciones municipales. 

En cuanto llegó el lunes 9 se materializó su expulsión del grupo parlamentario de Vox y su pase al grupo mixto, compartiendo despacho y tiempos por tanto con IU y Podemos. El mismo día, Marcos Cano de Vox Totana anunció su dimisión, que entregaba su acta de concejal y que se daba de baja en el partido, en contraste con Salinas de Cartagena. Así que la crisis en Vox Murcia no ha hecho más que comenzar y tal vez en los próximos días podría haber más bajas y dimisiones en el partido a nivel municipal de esta formación, y es que de hecho existe algún representante de una localidad con alto apoyo de Vox que permanece en silencio desde el momento en que estalló el caso Antelo. 

Centralismo recalcitrante y consideraciones

Finalmente, Vox ha designado una especie de junta gestora regional de 2 personas presidida por el otro que fue consejero durante esta legislatura, José Manuel Pancorbo (ex Fomento) y el ex presidente de la CARM Alberto Garre como vicepresidente. Vamos, que mayor centralismo es imposible. Y es que, en definitiva, todo esto que ha sucedido ha sido una decisión impuesta de Vox Nacional, aplicando con contundencia una verticalidad orgánica que responde a su afán político de centralizar el poder y limitar la autonomía regional. Y esto me recuerda, salvando a las distancias, a lo que pasó en Ciudadanos. La diferencia es que el partido CS a nivel nacional ya se encontraba en barrena y el traspiés de Murcia terminó amplificando la caída a todos los niveles que ya venía siendo difícil de detener. Habrá que ver y esperar hasta qué punto esta crisis perjudica a la credibilidad y unidad del partido a nivel de Murcia. Entiendo que, dada la naturaleza de esta formación, será muy poco probable que esta brecha abierta le afecte más allá de la presente provincia. Mis perspectivas e impresión, no obstante, es que si no consiguen tapar esa fuga que se ha abierto porque Antelo ya contaba con un importante apoyo a nivel municipal (ya sea por maniobras de que se le acusan o porque haya tejido lazos con los de dentro), se pincharán sus ambiciones para 2027 en Murcia.

(fuente de la foto: Cadena SER)

El Ministerio de Igualdad como sumidero del dinero público

En el día de hoy se celebra el día de la Mujer como cada 8 de marzo. Sin embargo, hace tiempo (bastantes años diría yo) que ha degenerado en una campaña publicitaria del Gobierno socialista y de la izquierda en España, sobre todo de la más extrema. Las encuestas ya reflejan el rechazo que recibe el feminismo por su deriva que nade tiene que ver con su teórico propuesto. De hecho, ya publiqué un post en noviembre desmontando la falsa narrativa de que el feminismo persigue la igualdad, porque más bien es lo contrario. Invito a leerlo también como complemento al presente. En el del día de hoy me he centrado en la vertiente económica, de manera que el Ministerio de Igualdad - en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores - se convierte en un auténtico coladero de dinero público derrochando nuestros impuestos en gastos improductivos o muy dudosos. Igualmente, recuerdo alguna de las polémicas más sonadas. Omito la famosa aprobación de la Ley Sólo sí es sí, pues corresponde a un disparate jurídico relacionado con la ignorancia e incompetencia en materia jurídica de sus responsables y muy especialmente de la desastrosa ministra Irene Montero. Hay que puntualizar que buena parte de esta información ha sido difundida y puesta en la agenda social por parte de tuiteros como Pablo Haro y Pablo Cambronero. El primero tiene un canal de Telegram (Confirmado Transparencia) donde comunica todos los resultados de sus solicitudes a Transparencia el segundo fue tránsfuga la pasada legislatura (ex de Ciudadanos) que me tiene bloqueado por recordarle lo que era, sin perjuicio de que aporta también difusión de estos temas.

Subvenciones a "estudios feministas" y entidades afines

La percepción pública del movimiento feminista por cualquier persona o entidad que no dependa su actividad del dinero público es que está ampliamente financiado. Vamos a ir aportando datos y escalando poco a poco. El Instituto de las Mujeres es un organismo adscrito al Ministerio de Igualdad dotado con un presupuesto anual de 27 millones de euros. De esos, más de un 20% va para gastos de personal, prácticamente lo mismo que contratación de servicios, con lo que ya se nos van más de 12 millones. Además, realiza transferencias corrientes por valor de un millón de euros a las CCAA e igualmente convoca regularmente en el BOE subvenciones para estudios y actividades universitarias relacionadas con la igualdad y los estudios feministas, así como para postgrados y actividades académicas vinculadas a la igualdad de género. También queda espacio para concesiones directas como a la Cruz Roja, CCOO, UGT, FEMP y un enorme cajón de diversas asociaciones feministas, sumando entre concursos y directas más de 7 millones. Sólo en los dos últimos años, se han destinado más de 300.000 euros a sindicatos para realizar "estudios feministas", se aprobaron partidas de 600.000 euros para becas de posgrado en feminismo y de género y actividades en universidades como seminarios, congresos, jornadas, foros de debate y productos audiovisuales, se destinaron 725.000 euros a convocatorias específicas para investigaciones feministas, se aprobaron en noviembre de 2025 ayudas de más de 2 millones de euros para entidades feministas y hasta 3,6 millones de euros en concesión directa en materia de promoción de igualdad y derechos LGTBi+. Todo esto crea una gigantesca red clientelar.

El Ministerio de Igualdad justifica todo este gasto en que las ayudas y subvenciones constituyen una técnica de fomento de la igualdad de oportunidades y eliminación de discriminaciones y en el marco del Plan estratégico de subvenciones 2024-2026 y con arreglo a los principios de transparencia y competencia de la Ley General de Subvenciones. Bueno, competencia no existirá tanta teniendo en cuenta lo que están abusando de las concesiones directas. Con independencia de ello, se destinan estudios académicos con impacto social difícil de medir y no siempre parece evidente el retorno social o beneficio tangible para la ciudadanía, más allá de la producción de conocimiento o debates académicos "feministas" que cumplan con la agenda ideológica del Gobierno. Qué decir de cursos como el transgénero por valor de 40.000 euros para tres días que promueve la idea queer de que ser mujer es una mera condición jurídica y sobre todo el famoso "festival de perreo feminista" que costó 105.000 euros. Pero sobre todo lo que está cubierta es la financiación a creadores de contenido feminista como anunció la ministra Redondo el pasado año para "despatriarcalizar las redes".

Ayudas a cooperación exterior y al extranjero

En colaboración con el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Asuntos Exteriores promueve integrar la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en las prioridades de la política exterior de España y en la cooperación al desarrollo. En dicho marco, ha establecido cursos de política exterior feminista y sobre todo subvenciones de cooperación para el desarrollo con perspectiva de género, lo que ha venido a ser una extensión directa de la agenda de Igualdad hacia gasto internacional. En no pocas ocasiones, esas transferencias van destinadas a ONGs engrosando cuentas corrientes de trabajadores más que financiando proyectos constructivos. Así, en enero de este año se presentó formalmente la primera Estrategia de Cooperación Feminista de España, con el objetivo explícito de orientar aquélla hacia la igualdad de género y la erradicación de las desigualdades estructurales en países socios. Esta política se sustenta en compromisos internacionales como los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y ahí precisamente es de donde parte el problema.

A través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores, España ha destinado importantes partidas de ayudas. Así, en 2024 el Consejo de Ministros aprobó 20 millones de euros dirigidos a diversos fondos de la ONU (mujeres, UNICEF, etc) sobre igualdad de género, salud reproductiva y derechos humanos pasando a ser 62 millones al año siguiente. En 2025 también se aprobaron otros 120 millones de euros en contribuciones plurianuales vinculadas a igualdad y desarrollo sostenible aunque no exclusivamente con objetivos de género. Finamente, en julio pasado se aprobaron otros 62 millones de euros para fondos internacionales. Son unos montos económicamente muy elevados destinados a fuera de nuestras fronteras, pero si lo ponemos en relación con todo el presupuesto de cooperación exterior sería sólo la punta del iceberg porque asciende a nada menos que 4.000 millones de euros. Sí, dinero que sale de España sin contraprestación mientras que el Gobierno celebra que cada vez aumente más, pero luego nuestros impuestos son para pagar pensiones, Sanidad, Educación, carreteras y transportes, ¿verdad? Pero obviamente no es lo mismo contribuir a que los niños de África o Gaza no pasen hambre que a ciertos proyectos "feministas" cuya utilidad deja muchísimo que desear.

El enfoque feminista resulta muy difícil de traducir en impactos concretos en condiciones de vida o resultados medibles a nivel de desarrollo. Una parte muy significativa de ese gasto exterior se percibe muy conectada con gasto ideológico y simbólico y con una eficacia muy cuestionable de evaluar en resultados medibles. Y más cuando en los portales de transparencia nos encontramos con proyectos curiosos como destinar 200 mil euros a Etiopía para la producción de café "con perspectiva de género" y qué decir de montar un taller para moldear vulvas con arcilla. O que la ministra Ana Redondo se gaste 66.000 euros en un viaje de cuatro días a Nueva York para asistir a una "comisión para la condición jurídica y social de la ONU". Si a esto le añadimos que buena parte de ese dinero podría destinarse a necesidades tan básicas y fundamentales para todos los que vivimos en España y, por si fuera poco, los crecientes impuestos que pagan trabajadores y autónomos para sostener al Estado, la polémica no hace sino estallar. Cuando vale más la imagen de gobierno "interfeminista" y ganar créditos reputacionales (que no geopolíticos) con entidades y organismos internacionales o terceros países (de políticas afines) y sus agendas, la conexión con el ciudadano al que te debes no ya se difumina sino que entra en crisis.

Publicidad institucional y sus polémicas

El coste de estas campañas institucionales y de publicidad han sido también objeto de debate público y cuestionamiento, no ya por el elevado gasto de la misma sino por resultados que han contribuido a discursos polarizadores. Por una parte, el Gobierno de España es fanático de la publicidad institucional con un montante global de 161 millones de euros presupuestados en 2025. Por otra, específicamente el Ministerio de Igualdad ha desarrollado campañas con objetivos muy claros, pues su agenda comunicativa ha buscado siempre ampliar el concepto de violencia machista más allá de ámbitos físicos hacia lo digital, incluso en esferas en las que precisamente las mujeres tienen la misma capacidad para actuar a la altura de cualquier hombre. Así que bajo una presunta capa de sensibilización social sobre problemas reales, ha interesado más desarrollar una publicidad que justifique mover dinero y difundir un relato de que exclusivamente en los hombres reside el mal.

Así, está la iniciativa “Violencia digital.es” lanzada en 2025, dirigida a visibilizar formas de violencia machista en internet y redes sociales (como acoso, difusión no consentida de imágenes íntimas, etc.). Es cierto que existen mucha mujeres que han sufrido violencia en entornos digitales, pero no sólo en sus relaciones con hombres, sino también con otras mujeres en entornos de bullying. O qué decir e la violencia vicaria que fue la protagonista del 25-N pasado, en un vídeo con Esther Expósito en el que se contribuía a echar el candado terminológico. Únicamente se entendería violencia vicaria cuando fuese el padre el que causase daño a los hijos, promoviendo el negacionismo de que la mujer fuese capaz de hacerlo.

El año 2022 se juntaron dos campañas que generaron amplia polémica. En el verano sucedió en relación con la publicidad institucional en el marco de la campaña veraniega “El verano también es nuestro”. El objetivo era promover el body positive, promoviendo la aceptación de cuerpos diversos y la lucha contra los estereotipos de género en verano. Sin embargo, varias modelos británicas denunciaron que por parte de la empresa adjudicataria, sus fotos o rostros se usaron para el cartel de la campaña sin haber dado consentimiento y, en algunos casos, con modificaciones en sus cuerpos (por ejemplo, eliminando una prótesis en la pierna). Una auténtica metedura de pata en la que el Ministerio tuvo que disculparse oficialmente y es lo que pasa cuando le concedes dinero público a gente sin profesionalidad.

Otra controversia fue con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las Mujeres (25-N), bajo el lema “¿Entonces quién?”. Dicha campaña costó 2,7 millones de euros. El vídeo publicitario incorporaba escenas inspiradas en hechos reales y declaraciones públicas que se identificaban como expresiones o ejemplos de comportamientos machistas. Las escenas eran interpretadas por actores y sin nombrar directamente a las personas (obviamente para evitar denuncias). En una de ellas se mostraba una recreación de una polémica en la que el streamer El Xokas estuvo implicado, que sin embargo se malinterpretó dando explicaciones el creador de contenido y contextualizando dichos comentarios. Al mismo tiempo, acusó al Ministerio de calumniar y tratar a los hombres con asco, afirmación que no esconde ninguna mentira. Sí, hablo del famoso "eso es trucazo, ¿eh?. Fue sin duda un punto de inflexión para que El Xokas no le pase ya ni una a Podemos por ponerle en la diana en una campaña contra la violencia de género. ¿El motivo de su señalamiento? criticar al gobierno y sus políticas ante una audiencia amplia. Otro señalado indirectamente fue Pablo Motos, por motivo de ciertas preguntas "incómodas" a sus entrevistadas en El hormiguero.

Contratos, mala administración y acusaciones de corrupción

También existe un importante debate en materia de transparencia y gestión interna en torno a los contratos menores, que como sabemos no salen a licitación, no se publica nada en el perfil del contratante y apenas se sube información resumida a los portales de transparencia, a no ser que se realice expresamente una consulta particular. De hecho, el Ministerio de Igualdad es muy ávido a realizar contratación pública menor con más de 400 contratos menores durante la pasada legislatura, muchos de ellos bordeando el límite legal máximo de 15.000 euros + IVA y una buena parte a las mismas empresas. A este respecto, también hay que tener en cuenta que el artículo 118 de la Ley de Contratos prohíbe el fraccionamiento, es decir, que una misma empresa haga muchos contratos menores con el mismo objeto y con la misma Administración superando ese límite mencionado. Del mismo modo, la Ley de conflictos de intereses establece límites a determinadas personas contratadas en razón de su posición. 

Uno de los escándalos de mayor repercusión vinculados a la gestión del Ministerio de Igualdad fue el relacionado con presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos para la gestión de Puntos Violeta por parte del Instituto de las Mujeres. Dichos puntos son servicios destinados a ofrecer apoyo e información a víctimas de violencia machista en espacios públicos, si bien en la práctica se reducen a stands. Tuvo especial repercusión la destitución de la directora del Instituto de las Mujeres en 2024, Isabel García Sánchez, tras denuncias de conflictos de interés por contratos públicos y presunta investigación por corrupción siendo cesada en julio de 2024. Tanto ella como su pareja Elisabeth García habrían obtenido al menos 64 públicos de ayuntamientos gobernados por el PSOE y todos en contratación menor garantizándose las adjudicaciones a dedo, llegando a facturar 250.000 contratos entre 2022 y 2024. Su argumento es que supuestamente cumple el máximo de 10% de participación en las empresas adjudicatarias. En la fecha actual aún no ha recaído sentencia, pero este suceso puso sobre la mesa la falta de transparencia en el uso de fondos públicos para beneficios particulares.

Sobre contratos mayores, la mayor polémica fue la relativa al contrato de pulseras telemáticas, unos dispositivos electrónicos con GPS y conexión móvil colocados tanto a víctimas como agresores por órdenes de alojamiento para controlar en tiempo real el cumplimiento (sistema Cometa de seguimiento telemático). Dichas pulseras se conectaban con la policía y avisaban si el agresor se acercaba al límite establecido judicialmente. Se adjudicó en octubre de 2023 por un precio inferior al 42% del presupuesto base de licitación, es decir, 41 millones de euros y poco antes de que Irene Montero dejase el cargo recayendo en una UTE compuesta por Vodafone y Securitas sustituyendo a Telefónica. Tras la entrada del nuevo contrato se produjeron problemas técnicos, dado que al cambiar de proveedor y migrar los datos se perdió el histórico anterior a marzo de 2024. Consecuentemente, se produjeron fallos de GPS e imprecisiones geográficas que impedían conocer si se habían quebrantado las órdenes de alejamiento, llegado incluso a absolver o sobreseer casos de agresores. Se descartó la información inexacta de que una mujer falleciera atacada por fallar la pulsera, cuando en realidad no la llevaba puesta. De cualquiera manera, hubiera sucedido aún con ella y se generó un perjuicio dada la tremenda ignorancia informática de las personas responsables de este contrato, que fueron tanto el equipo de Podemos de Irene Montero como el propio socialista de Ana Redondo. Recientemente adjudicaron uno plurianual más avanzado de tobilleras telemáticas y por 71 millones de euros hasta 2029. La seguridad de nuestras mujeres no tiene precio, pero parece que les costó entenderlo.

Conclusiones

Las políticas de igualdad, al igual que desde el punto de vista jurídico y social, han fracasado rotundamente en lo económico porque sus objetivos jamás han estado relacionados con una igualdad ni material ni formal y se le han visto las costuras evidenciando su naturaleza práctica. Sobre todo desde que gobierna el PSOE en coalición con Podemos o Sumar, ha usado el feminismo como una gigantesca bandera por donde millones de euros se cuelan por un sumidero que apenas devuelve algo de rentabilidad social. Más allá de cumplir estrictamente con unas obligaciones, en realidad apuesta por aplicar agendas ideológicas que justifican la creación y mantenimiento de redes clientelares que le soporten apoyo en su narrativa. Los continuos escándalos y polémicas revelan también el escaso talento que existe en el Ministerio, resultado de que los perfiles responsables sean más políticos y menos profesionales, al mismo tiempo que enfocados en una guerra cultural que hace tiempo que perdieron en la sociedad. Por eso cada vez se habla más del derroche de dinero público que ocasionan las políticas de subvenciones feministas y muy especialmente la cooperación exterior que justifica destinar dinero por las motivaciones más abstractas o ridículas. Porque cuando hace tiempo que la igualdad es un arma política, sólo vale arrinconar al adversario y etiquetarlo de machista para que el público coja el testigo y lo cancele. Pero eso ya se está acabando. Porque cada vez menos gente cree en el engaño feminista y prefiere que sus impuestos se gestionen para políticas de igualdad reales y efectivas y para mejorar unos maltrechos servicios públicos.