Región de Murcia: retos, transformación y futuro

En este 9 de junio se celebra el día de la Región de Murcia, conmemorando la aprobación de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía en 1982. Más de 40 años después existen una serie de cuestiones que forman parte de los desafíos y problemas de esta pequeña comunidad autónoma. Por ello y sintiéndome parte de la misma como murciano nacido en el entorno del Mar Menor, me ha parecido interesante elaborar un artículo. No pretendo establecer soluciones categóricas ni milagrosas y tampoco puedo dar respuestas a todo de lo que voy a exponer. No soy ingeniero ni tengo conocimientos especialmente técnicos. Pero si me considero apto para analizar la situación y establecer una reflexión sobre por dónde debería de ir la dirección y apoyándonos en nuestros pilares fuertes para superar (o contrarrestar) los débiles.

Sostenibilidad hídrica y agrícola

Murcia se ha constituido en una potencia agroexportadora y con cierto renombre internacional, pero con tensiones claras. Por un lado, se le considera una alta productividad y tecnificación del regadío, con empresas líderes en exportación hortofrutícola. Sin embargo, la dependencia extrema del Trasvase, las sobreexplotación de acuíferos en el campo de Cartagena y Mazarrón y la presión medioambiental son los factores limitantes, de manera que el sector se mueve en un frágil equilibrio entre innovación y sobreexplotación. Además, una amenaza futura es la demográfica al reducirse considerablemente la participación de jóvenes, lo que ha motivado al Gobierno regional a tratar de fomentar el acceso con ayudas e incluyendo a mujeres. Sin embargo, una cosa es incentivar y otra que realmente las personas jóvenes sientan esa vocación.

Ante todo, la Región de Murcia parte de una desventaja de base y es que la cuenca del Segura sufre de un déficit estructural de recursos hídricos a consecuencia de su clima semiárido. Por tanto, no se trata de un problema coyuntural de sequía, sino de un modelo permanentemente tensionado por la falta de agua. Este déficit ha conducido históricamente a trasvases y desaladoras como soluciones. En este escenario, el trasvase Tajo-Segura es una infraestructura clave desde 1979 para abastecimiento y regadío y sustenta una parte esencial del sector agroalimentario regional con un innegable impacto en el PIB y en las cifras de empleo. 

La guerra política entre el PSOE y el PP (que lleva gobernando Murcia desde hace más de 30 años) es más que evidente, sin que exista un plan hídrico nacional claro y definido. A esta alta politización que se observa tanto a nivel nacional como territorial (Murcia y Valencia frente a Castilla la Mancha), se unen recortes previstos por el aumento de caudales ecológicos. De hecho se apunta a una posible reducción de hasta el 50% del agua trasvasada tal y como comunica el Ministerio de Transición Ecológica a través de la Comisión Central del Tajo-Segura. Además, a esto se le unen dos cosas. Primero, que el agua desalada implica aumento sustancial de costes por el mayor precio de la electricidad. Segundo, que el proceso de osmosis inversa requiere bombear agua a muy alta presión, lo que incrementa el consumo de agua y puede repercutir en un mayor coste para el consumidor final.

Con todas esas limitaciones, Murcia precisa un "mix hídrico", es decir, no puede depender del Trasvase, ni las desaladoras y menos de los acuíferos, que cubriendo el 50% de las necesidades hídricas están siendo restringidos por el Ministerio. En un adecuado balanceo de alternativas se une la reutilización de aguas. En este punto, se dispone de cien depuradoras gestionadas por la entidad pública ESAMUR, constituyendo un elemento de economía circular al producir energía a través de biogás y aplicando filtros y rayos ultravioleta para asegurar la calidad del agua. Dichas aguas van destinadas principalmente a uso agrícola, pero también se reservan usos urbanos como riego de jardines o limpieza de calles. Queda claro que ante la falta de gobernanza y de planificación estatal, la Región no tiene otra que actuar por propia iniciativa.

Medio Ambiente

Ya dediqué un post a primeros de año sobre el Mar Menor y su personalidad jurídica, por lo que no me reiteraré en ello al menos en lo contado por allí y emplazo a leer, si se desea, este otro artículo. 

El Mar Menor es un claro espejo de las contradicciones entre el modelo económico y el medioambiental, tratándose de esta una tierra que vive tanto del turismo. Dentro de las señales de mejora, en la versión del Gobierno regional se afirma en base a sus informes que se invirtieron 82 millones de euros en impulsar la Ley del Mar Menor con la rehabilitación de colectores en Islas Menores, Los Nietos y La Unión, 15 nuevos sistemas de gestión de aguas pluviales y de drenaje sostenible en San Javier. Otros avances fueron la regularización de 4.000 hectáreas que han pasado de regadío (sin derecho legal) a secano, la depuración de agua y la retirada de biomasa. Sin embargo, aquí está la verdad a medias. En estos meses de 2026, se han retirado 4.000 toneladas de biomasa, lo que representa casi el 50% de la retirada a finales del pasado ejercicio. Esto da una idea de la situación actual con la persistencia de aportes de agua cargada de nutrientes (eutrofización) y especialmente de la rambla del Albujón. Hay que tener bien claro que el Mar Menor no se puede salvar sin replantear el modelo productivo agrícola del Campo de Cartagena. Y por eso también defendí que la eventual comarca incorpore el nombre de la laguna en este otro post.

Pero al Mar Menor se le une el cambio climático como elemento multiplicador del problema. El aumento de temperaturas y la escasez de agua agravan la aridez y aceleran la pérdida de biodiversidad marina por anoxia. Pero no puede olvidarse la mayor irregularidad de las lluvias y episodios extremos de DANAs, de los que he hablando en otros posts y que han supuesto importantes daños y amenazas futuras, no ya a la propia laguna sino también a la agricultura y a infraestructuras.

Hablando de biodiversidad, no puedo evitar referirme a que la extensión de núcleos urbanos, infraestructuras y canteras han limitado nuestro hábitat natural y apenas nos queda el Noroeste con amplios espacios naturales, Sierra Espuña en Alhama o Calblanque en Cartagena. Además, la falta de actualización del catálogo de especies protegidas durante casi tres décadas dificulta la protección de la fauna y flora amenazada mientras que el Gobierno regional sigue alargando burocracia.

Finalmente, tenemos un problema recurrente con la calidad del aire. El tráfico, las intrusiones de polvo sahariano derivadas de la particular hostilidad del clima y la actividad industrial y agrícola son elementos que contribuyen a ello. No se trata de un inconveniente que suframos todos los días, pero presenta algunas fases en que se alcanzan picos importantes. Podemos consultar este mapa web mantenido por la Consejería de Medio Ambiente.

Infraestructuras de transporte, logística y conectividad

La Región de Murcia arrastra un déficit histórico en infraestructuras de transporte, tanto internas como externas. Las conexiones ferroviarias limitadas y la dependencia excesiva del transporte de carretera son factores logísticos limitantes que no contribuyen a compensar su localización en la periferia de España a pesar de su ubicación en la costa.

El tren de Alta Velocidad (AVE) cuenta con una larga historia de promesas y retrasos. La llegada a Murcia desde Madrid en el año 2021 ya supuso un avance, pero incompleto porque la extensión a Cartagena sigue aún pendiente y como poco se espera para 2032 o más allá a pesar de que se hayan adjudicado tramos clave en las obras. Es una vergüenza que el corredor del Mediterráneo desde la frontera francesa esté conectado al litoral del Mediterráneo y no llegue aún a Cartagena, por lo que entiendo perfectamente las quejas desde la ciudad milenaria. Cartagena y su entorno tiene un entramado industrial y económico que se beneficiaría de una conexión directa con el AVE desde Murcia, por lo que no se ha resuelto la cohesión regional.

Ligada al anterior está la cuestión de la ZAL (Zona de Actividades Logísticas). Es una plataforma logística intermodal cuyo fin es potenciar exportaciones agroalimentarias e industriales con mejor conexión del transporte ferroviario, de carretera y portuario. Precisamente, donde es menos competitiva la Región es en transporte de mercancías por carretera. La ZAL de Murcia se sitúa en el área oeste y se vincula a transporte agroalimentario conectándose con el Corredor Mediterráneo. Comenzaron las obras con un gran aparcamiento para camiones de más de 20.000 metros cuadrados y 261 plazas, si bien va todo lento porque el primer contrato quedó desierto en 2024 y hubo que rehacer pliegos y reestimar costes. Con todo, la situación de la ZAL en Los Camachos de Cartagena es peor, aún siendo en una zona más estratégica por su conexión con el puerto y el enorme potencial que representa. Existe más de una década de bloqueo por conflictos y acusaciones cruzadas entre Gobierno regional y Estado, burocracia de compra de suelo (no existe convenio) y sobre todo, la inexistencia de conexión con el AVE. Sin ramal ferroviario al puerto, la ZAL de Cartagena pierde su sentido.

Por otra parte, el Arco Noroeste es un proyecto estratégico para descongestionar el área metropolitana de Murcia - sobre todo el nudo de Espinardo y la Ronda Oeste- y mejorar las conexiones con Andalucía, Valencia y el interior regional como Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Ceutí, etc... Con algo más de 22 kilómetros e inaugurada el pasado mes de marzo, conecta Archena con Alcantarilla y ha costado 264 millones de euros de las arcas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y por lo pronto mejora la accesibilidad a núcleos industriales situados en las localidades mencionadas. Esto sin duda es un importante avance y hay que darle tiempo, pero al fin y al cabo la efectividad se queda fundamentalmente el vehículo privado.

Respecto al transporte metropolitano de Murcia ciudad, desde 2011 el tranvía de Murcia ha conectado fundamentalmente la parte norte, conectando la Plaza Circular con Juan Carlos I, la Flota, Nueva Condomina, la  UCAM y la Universidad de Murcia en Espinardo como principales paradas. En octubre, a menos de un año para Elecciones, se prevé tener listo el proyecto (encargado a Urbamusa como medio propio) para ampliar hacia el sur conectando la Circular con la Estación de tren de El Carmen (2 km) atravesando la Gran Vía Escultor Salzillo. En el futuro, la siguiente idea será el Hospital de la Arrixaca en El Palmar. Hay que tener en cuenta que la ampliación del tranvía fue ralentizada debido a que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible llenó la ciudad de carriles bici y de bus que, aunque hayan descongestionado el tráfico, lamentablemente no ha logrado reducir las quejas de los vecinos y para colmo el contrato se tuvo que rehacer por errores en los pliegos. En cuanto a autobuses, se promete una inversión de más de 700 millones de euros adquiriendo más vehículos y con más líneas y expediciones, incluyendo turnos nocturnos.

Lo último contrasta con los autobuses interurbanos más allá de Murcia y Cartagena. La Consejería de Fomento de la CARM es responsable de la licitación de concesiones de Alcantarilla-Murcia, Beniel a Mula, Molina de segura-Murcia, Mar Menor-Cartagena y de Valle de Ricote a Fuente Álamo. Sin embargo, hay quejas de usuarios relativas al retraso de los vehículos respecto a su horario y el estado antiguo de varios de ellos, lo que perjudica tanto al reemplazo de los coches como al confort. No existe ningún plan de inversión o de mejora al menos hasta el momento más allá del área cercana a Murcia. En Alicante, por el contrario, es posible viajar en tranvía desde Alicante hasta Benidorm (45 kilómetros).

Economía: crecimiento, desigualdad y financiación

La Región de Murcia mantiene una brecha estructural en renta y PIB per cápita respecto de la media española. Según datos de CaixaBank (2024), el PIB per cápita es el cuarto más bajo de las CCAA de España y un 18,6% por debajo de la media. Señala al factor de la inmigración conectada al crecimiento demográfico como una variable que habría desplazado a la baja estas cifras. No es un problema coyuntural, sino una divergencia sostenida en el tiempo. Murcia crece, sí, pero no converge.

El armazón económico de Murcia se caracteriza por el fuerte peso del sector primario, que en realidad es el esqueleto de su propia historia. En lo positivo, podemos afirmar con arreglo al informe antes citado que es una región muy exportadora gracias al sector agroalimentario. Su otro pilar es el turismo, lo que nos lleva a un sector servicios absolutamente conectado con el mismo y sobre todo teniendo en cuenta la conexión con las playas. Estos dos pilares son vulnerables a los problemas ya mencionados en los bloques anteriores como la escasez hídrica y crisis ambientales como la del Mar Menor. En tercer lugar, dentro de la industria tiene un importante peso el sector manufacturero, como por ejemplo los plásticos. Sin embargo, los efectos acumulados de la crisis de inflación derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania han reducido considerablemente la exportación de mercancías. Además, pese a que el modelo murciano sea competitivo en costes internos no lo es tanto en valor añadido.

Recientemente se hizo oficial que la empresa Quantix establecerá un centro de microchips y semiconductores en el término municipal de Murcia. Prevé invertir 40 millones de euros y está participada la entidad por el Gobierno de España a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. Quantix eligió Murcia por logística, infraestructuras y la disponibilidad, sobre todo, de suelo urbanizado lo suficientemente importante como para albergar una infraestructura industrial de ese calibre.  Proyectos como este muestran que la Región de Murcia intenta abrirse paso en sectores tecnológicos estratégicos y de valor añadido. Ahora bien, esto no quiere decir que se vaya a convertir en la Silicon Valley del sureste español, dado que iniciativas como esta conviven con una estructura económica muy dependiente de la agricultura, el turismo y los servicios tradicionales. El mayor factor limitante es el motivo principal por el que ha elegido la capital de la Región: el suelo industrial disponible. Y no es tanto porque se haya primado el sector manufacturero como la regulación del propio suelo. Si la Región de Murcia quisiera avanzar en la microelectrónica, ciberseguridad y inteligencia artificial, ha de empezar por cambiar la regulación del suelo.

En cuanto al mercado laboral, se asisten a tasas de desempleo tradicionalmente superiores a la media nacional. Ello es debido a la alta temporalidad de los empleos, asociada a la dependencia de campañas agrícolas y a la estacionalidad turística. El empleo refleja la estructura productiva siendo más intensivo en mano de obra y como decimos menos estable. Así que el problema no es cuánto empleo se crea sino la precariedad del mismo incentivada por una menor productividad de la economía en sentido agregado.

En cuanto a la financiación autonómica, Murcia es una de las comunidades que denuncia infrafinanciación crónica. Según la propuesta del Gobierno de España, a Murcia le correspondería para 2027 (año electoral) un 20% de lo que actualmente tiene, es decir, 1.188 millones de euros más. Las variables son envejecimiento, necesidades educativas, población, superficie, dispersión, insularidad, servicios sociales, población protegida y costes fijos. Sin embargo, este es un tema con el que las autonomías hacen más política entre ellas y el Gobierno central, pues en algunas se percibe desigualdad respecto de las más ricas como Cataluña con un eventual sistema propio. Al margen de eso, es conocido que se perciben desigualdades internas entre Murcia metropolitana, Cartagena, interior y zonas rurales. Así que la brecha no es sólo respecto a España sino dentro de la propia región. Y por eso es tan importante en dónde y en qué ámbito orienta sus proyectos.

Conclusiones y propuestas generales

La Región de Murcia ha logrado construir una economía dinámica y exportadora en agricultura. Sin embargo, su especialización dificulta la transición hacia actividades de mayor valor añadido como los centros de datos y la inteligencia artificial. Dada la extrema dependencia del agua, se hace imposible ni tan siquiera llegar a estimar a largo plazo que se pudiera optar a una diversificación en ese camino. Pero no quiere decir que Murcia no pueda ser una potencia tecnológica. Claro que puede serlo, pero en su punto fuerte: la agricultura. Existen importantes proyectos agrícolas fomentados por el organismo público autonómico IMIDA y con experiencia compartidas de otras regiones como sistemas de fertirrigación de alta precisión, IA aplicada al riego o drones aéreos y robótica terrestre como sensores. Pero también cuenta con entidades privadas relevantes como Agritech Murcia y Microgaia Biotech. La primera es una plataforma empresarial y tecnológica que aporta conocimiento de telecontrol de riego, tratamiento de agua, invernaderos inteligentes, automatización de sistemas, monitorización de plagas, etc... Por su parte, Microgaia Biotech es una entidad surgida del ente público estatal CEBAS-CSIC y se especializa en microbiología y biotecnología, biofertilizantes y reducción de químicos agrícolas. Si la escasez de agua se convierte en incentivo tecnológico, Murcia puede sacar partido de esa situación y de su propio modelo económico como motor de innovación, liderar el conocimiento agrícola especializado y posicionarse como referencia mundial no sólo para el sur de Europa sino también para el norte de África, Oriente medio y Latinoamérica.

En Medio Ambiente, la sostenibilidad de la agricultura murciana probablemente no dependa de reducir su importancia económica, sino como decimos de aumentar su contenido tecnológico. Primero, por un uso más eficiente del agua que permita aplicarla exactamente donde y cuando se necesita evitando derroche. Segundo, la agricultura de precisión permite reducir el uso de fertilizantes y fitosanitarios detectando las plagas y ajustando las dosis. Tercero, la optimización de riegos proporciona menor consumo energético y reducción de emisiones, combinándose con energía solar y electricidad. Y en cuarto lugar las empresas y universidades aportan datos y conocimiento. Con todo, la tecnología también puede emplearse para aumentar la producción y superficies e intensificar aún más los cultivos, diluyéndose el beneficio ambiental con un eventual efecto rebote. El caso del Mar Menor es un buen ejemplo en el que la eficiencia por sí sola no basta sino que también importa la ordenación agrícola y el control de vertidos.

La tecnología fotovoltaica es la energía renovable más extendida por razones obvias de climatología y disponibilidad de irradiación. La energía eólica podría ayudar a ahorrar y abaratar el agua debido a que la desalación consume mucha electricidad. Además, se reduciría la presión ambiental sobre los acuíferos. Sin embargo, el potencial eólico en Murcia se concentra en el Altiplano, Noroeste, áreas montañosas y litorales existiendo condiciones de viento menos competitivas. Además, tiene un impacto paisajístico y de biodiversidad (afectando por ejemplo a aves rapaces y migratorias) y choca con la agricultura (cultivos y explotaciones) y ganadería (pastoreo). En Murcia está el proyecto europeo Biowind que pretende una planificación eólica sostenible, respetuosa con la biodiversidad y con participación ciudadana. Entre otras cosas, se ha decidido encargar un manual técnico ambiental para parques eólicos a la Universidad Miguel Hernández. Dentro de las limitaciones, apostar por la eólica en la Región de Murcia puede tener sentido se se hace como complemento. Aparte de resiliencia climática y reducción de costes energéticos del agua, la energía eólica puede aportar estabilidad del sistema porque aporta más inercia al mismo ante cambios bruscos de producción y demanda de electricidad.

La ZAL es, como dijo López Miras, "el verdadero cuello de botella" del crecimiento industrial regional. Representa una de las grandes aspiraciones económicas de la Región: explotar su posición estratégica en el Mediterráneo para convertirse en nodo logístico e industrial del sureste peninsular. Sin embargo, años de retrasos, conflictos políticos y carencias ferroviarias reflejan las sempiternas dificultades históricas de la Región de Murcia para ejecutar grandes proyectos transformadores. Especialmente destacable es el caso de Cartagena, que con un potencial industrial innegable se ve doblemente frenada por la falta de conexión ferroviaria del AVE y el bloqueo de la ZAL. Hasta que el primero no se solvente, el segunda no se desencallará, lo que puede representar más oportunidades perdidas.

Por último, como habitante de fuera de la capital pero que trabaja en ella mi sensación es que el transporte público es muy mejorable. En épocas estivales se hace más patente la fuerte dependencia del coche aún para simplemente pasar un día fuera. La Región de Murcia ha crecido durante décadas alrededor de la carretera y el vehículo privado. Uno de los grandes interrogantes para las próximas es si será capaz de desarrollar una red de transporte público regional que vertebre eficazmente el territorio sin tensionar la presión ambiental sobre espacios especialmente sensibles como el Mar Menor.

Zapatero imputado en el caso Plus Ultra: orígenes, investigaciones y acusaciones

La imagen del PSOE y el Sanchismo ha llegado a un punto tal de implosión por las investigaciones de presunta corrupción que es difícil llegar a tiempo de toda la actualidad. Del caso de las cloacas y la fontanería hablaré en otro momento que este más avanzado y analice todo lo pendiente. Hoy hablaré de lo referente a su santo y seña. El pasado 19 de mayo saltó la noticia de la imputación del ex Presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional investiga desde hace unos meses el caso Plus Ultra, una aerolínea sobre la que pivotan todos los casos de corrupción abiertos que afectan al PSOE. Coincidiendo con el levantamiento del secreto de sumario, tomó la decisión de imputar a Zapatero por presunta responsabilidad como comisionista en una trama criminal internacional de blanqueo de capitales. En la misma comunicación por la que facilitó un auto de 88 páginas por el que se justifican una serie de indicios y registros, la Audiencia le citaba a declarar para el 2 de junio. Incluso trascendió que para el mismo martes que le imputaron tenía previsto un viaje a Venezuela con "tres familiares" que presuntamente sería su propia familia, su mujer e hijas. Sin embargo, tras petición de su abogado para poder preparar con más tiempo la defensa y exponer su respuesta ante una investigación tan compleja solicitó un aplazamiento y se le concedió hasta el 17-18 de junio. 

El rescate de Plus Ultra y la primera investigación (2021-2023)

El origen se sitúa en el rescate público de 53 millones de euros concedido en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 a Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Esta última es una empresa pública adscrita al Ministerio de Hacienda y cuyo sentido, en teoría, es velar por la viabilidad de empresas que afecten al interés general de España. El primer papel conocido del ex Presidente en este tema sería su intento de mediación con el Ministerio de Transporte de Ábalos, para después actuar a espaldas del mismo. Es más, en declaraciones desde prisión a RTVE confirmó que Zapatero "le puentea y habla con el Secretario de Estado Pedro Saura", dado que él no estaba de acuerdo con el rescate. Por lo tanto, Zapatero tenía un interés muy especial. Pero la iniciativa partió de su amigo personal Julio Martínez, que sería quien quiso aprovechar la influencia del ex político. Este, del que hablaremos más adelante, sería el testaferro de Zapatero con un millón de euros sin declarar depositados en Miami.

Desde el primer momento existió una importante polémica política con el rescate porque la aerolínea tenía una cuota de mercado muy reducida y sufría insolvencia económica previamente a la pandemia. Concretamente, Plus Ultra operaba sólo con el 0,03% de los vuelos a España y arrastraba números rojos, con 17 años de antigüedad y tan sólo un vuelo a Venezuela (Caracas-Madrid). También arrastraba una deuda con la Seguridad Social de casi medio millón de euros, si bien tenía concedido un aplazamiento. En 21 abril, un mes y medio más tarde de la concesión, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid admitió una denuncia de Manos Limpias y se abrieron diligencias contra el presidente de la SEPI. Se alegaba que no quedaba acreditada la motivación de interés general para el millonario rescate, sino que apuntaba a una exclusiva motivación política y, sumado a eso, a una presunta malversación de fondos públicos. Meses después, el 22 de julio y cuando ya se habían aportado 19 millones de euros, el Juzgado ordenó a la SEPI no entregar los restantes 34 a la aerolínea tras una primera denuncia de PP y Vox por presuntas irregularidades en la justificación. Sin embargo, en agosto fue desbloqueada la cantidad al alegar peligro de quiebra la aerolínea, lo que no implicaba que el caso no se siguiese investigando. En otro orden, el Tribunal de Cuentas archivó una denuncia de Ciudadanos al no percibir desvío contable en el expediente.

En junio de 2022 rechazó el recurso de la parte acusada confirmando que la investigación seguía su curso. Sin embargo, la causa terminó siendo archivada en enero de 2023 por la jueza instructora entendiendo que no existían indicios de delito porque el procedimiento habría sido conforme al Real Decreto Ley 5/2020, de 3 de julio y a la Resolución de 1 de octubre de 2021 de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, así como que la entidad cumplía con los requisitos de elegibilidad y que no habría ocultado información ni intención de defraudar. A día de hoy, Plus Ultra no ha devuelto ni un euro del capital y planea una reestructuración del calendario de pagos. Sólo ha abonado los intereses.

Giro en el caso y remisión a la Audiencia Nacional (2024-2026)

En octubre de 2024 es la Fiscalía Anticorrupción quien presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional tras recibir solicitudes de cooperación internacional judicial de Francia y Suiza para investigar un posible entramado de blanqueo y cobro de comisiones. Específicamente fue en el marco de una propuesta de traslado de ocho toneladas de oro de Venezuela a Dubai y con el accionista mayoritario de Plus Ultra Rodolfo Reyes implicado. Pese a ello, la Audiencia Nacional decidió abstenerse porque se entendía falta de competencia y la derivó de regreso al mismo Juzgado nº 15 de Madrid. A esto se le sumó en otras instancias el caso Koldo y el de Mascarillas que aportaron más conexiones, surgiendo indicios relacionados con el dinero del rescate. 

Así que es el 12 de diciembre de 2025 cuando la Policía Nacional a través de la UDEF, detuvo a Julio Martínez Martínez, empresario y que se dedicó al negocio de las aerolíneas poco después del rescate y sin medios. Ojo, no confundir con Julio Martínez Sola que casualmente era el presidente de Plus Ultra pero no son la misma persona. Sus vínculos con Zapatero llegan hasta una reunión clandestina en un camino sin cobertura del monte de El Pardo en Madrid. Una exclusiva de Alejandro Entrambasaguas sobre un evento en el que además se trataba de un paso restringido por Patrimonio Nacional, que transcurrió protegido por dispositivos de seguridad y escoltas y que fue tan sólo 72 horas antes de la detención de Martínez. La sospecha fue un posible chivatazo de Marlaska. Otro detenido fue el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli. Al día siguiente ambos fueron puestos en libertad retirándoseles el pasaporte después de interrogarles y registrar la sede de Plus Ultra.

En febrero de este año 2026 fue la misma persona, Esperanza Collazos, que tres años antes había archivado el caso, quien decidió que por competencia, complejidad y nuevas ramificaciones debía de remitirse de nuevo el caso a la Audiencia Nacional. Ya era la intención de la Fiscalía Anticorrupción, dada la posible existencia de operaciones transnacionales y movimientos financieros en varios países. Concretamente se apunta a grandes cantidades de dinero procedente de actos de malversación cometidos por altos funcionarios de Venezuela. Dichos empleados del régimen de Maduro habrían estado desviando fondos públicos para alimentos básicos y de la petrolera venezolana PDVSA, formalizando ventas de oro e incluso exportando petróleo sorteando sanciones y bloqueos. Plus Ultra figuraría como beneficiaria de contratos de préstamo con varias sociedades de la organización criminal receptoras de ese dinero ilícito. Así que percibida la ayuda pública del rescate, en días consecutivos ingresaría la misma en cuentas del extranjero de sociedades de la trama. Además, Anticorrupción también habla de conexiones de una red clientelar con sociedades mercantiles que percibirían fondos para adquirir inmuebles, venta de oro por valor de 30 millones de euros a una empresa de Emiratos Árabes, transferencias a otras entidades en Panamá, Francia y Suiza e incluso el recurso a relojes de lujo para blanquear dinero. Todo esto informado a través de las citadas fiscalías suiza y francesa.

Es entonces cuando entra en escena el juez José Luis Calama, especializado en delitos económicos que aceptó la misma. Bajo secreto de sumario dictado por el mismo, la UDEF empezó a seguir transferencias, sociedades mercantiles y pagos de consultoría presuntamente conectados con el entorno de Zapatero y de hecho se fue prorrogando dicho secreto.

La implicación de Zapatero y familia

La primera alerta la suministró la Administración Biden cuando en 2021 retuvieron a Rodolfo Reyes en Miami, le intervinieron el teléfono y desveló conversaciones con Julio Martínez y referencias expresas a pedir ayuda a "nuestro pana Zapatero". Las fiscalías de Francia y Suiza hicieron el resto.

La investigación actual contra Zapatero se basa en pagos recibidos de Julio Martínez por supuestos servicios de consultoría (reuniones, viajes, informes de geopolítica, etc.) y que superarían los 490.000 euros en razón de 75.000 anuales a través de la sociedad Análisis Relevante, S.L. En marzo, en comisión de investigación del Senado, declaró que había cobrado 70.000 euros de Julio Martínez por servicios de consultoría.

Además, la agencia de publicidad Whathefav de las hijas del ex presidente percibió 239.000 euros de dicha entidad en concepto de servicios de diseño y comunicación online y otros 560.000 euros a dicha agencia por la firma venezolana Inteligencia prospectiva, la cual no consta que ejerciese actividad alguna. Pero lo peor de todo es que la implicación de esta agencia consistiría en realizar maquetación de informes ya elaborados (un PDF) para luego distribuir a una lista de clientes validada por su padre. Por lo tanto, el valor técnico añadido sería manifiestamente incoherente con el volumen de facturación declarado. La madre tampoco está al margen, pues una de las cuentas que recibió dinero de la trama y a nombre de la esposa Sónsoles Espinosa habría servido para cancelar una hipoteca por valor de 490.000 euros, que Zapatero quiso disfrazar con la venta de un inmueble en Aravaca. 

Estas cifras son más escandalizadoras si se sitúan en el contexto de que el ex Presidente habría cobrado el 45% de los ingresos totales de la sociedad y, mientras que de 2020 a 2023 había percibido la entidad más de 650.000 euros, en 2024 se hallaba en cierre registral al no haber depositado las cuentas. Sin embargo, no dejen de leer porque la cosa no acaba ahí. El detalle que explica la opacidad es que Zapatero habría percibido sus cantidades a través de una off-shore en Dubai denominada Landside y participada al 100% por una nueva sociedad de Julio Martínez. El modus operandi habría sido el siguiente:

La empresa Análisis Relevante S.L. se crea en febrero de 2020. Al año siguiente lo hace Idella Consulenza Strategica, administrada por el mismo Julio Martínez. A nombre de esta última, suscribió el 19 de enero de 2021 con Plus Ultra un contrato para percibir una comisión del 1% del rescate, es decir, 530.000 euros. Una semana después de la firma del contrato ya se inician gestiones para crear Landside. La inexistencia de cobros en España es un indicio para poner en alerta la instrumentalidad de dicha off-shore. Más aún porque esa cifra es muy similar a la acumulada que cobró Zapatero vía Análisis Relevante S.L. durante varios años. Todo esto fue descubierto gracias a la intervención de la UDEF. Además, el juez ordenó bloquear las cuentas bancarias de la familia como medida provisional ordinaria para garantizar la eventual responsabilidad.

También se reveló que Zapatero habría usado un piso propiedad del PSOE y situado en la propia calle Ferraz. La UDEF lo sitúa como el centro de coordinación, de instrucciones y operaciones financieras, societarias y documentales. Cualquier entidad que quisiera comprar petróleo, gas o minerales en Venezuela tendría que pasar por el trámite de este centro. Dicho despacho fue investigado bajo autorización de la Audiencia Nacional, del mismo modo que la oficina de la empresa de sus hijas incautándose ordenadores, carpetas y otros documentos. Como secretaria operaba Gertrudis Alcázar, que se considera pieza operativa esencial al llevar la gestión del correo electrónico mediante el que se realizaban las comunicaciones con el leit motiv de dar soporte documental ficticio. La misma se negó inicialmente a abrir una caja fuerte en la que se encontraron joyas de presumible alto valor y que se investiga si podrían ser objeto de un regalo en especie. Pero no menos significativo ha sido descubrir dos ordenadores con acceso a la red local del PSOE vía VPN. Sí, Zapatero y secretaria tenían línea directa con la base de datos del partido principal del Gobierno de España y sin ser ni cargo orgánico. Esto da una idea del poder que el ex presidente ostentaría.

Por último, se están destapando posibles actividades ilegales que no guardarían relación con las aerolíneas pero sí con el país más beneficiado por la compra ilegal de petróleo a Venezuela. Según El Confidencial, Zapatero creó en 2022 un gabinete prochino, Gate Center, con la ayuda económica del empresario Fangyon Du que fuera investigado por el CNI por presunto espionaje. De hecho, ese lobby habría ingresado más de un millón de euros a Zapatero y a sus hijas. Pero es que, además, la constructora Aldesa representada por el mencionado chino recibió contratos públicos por importe de 95 millones de euros destacando uno de 47 con ADIF y que conecta directamente con el caso Koldo y Ana Pardo de Vera. También se localizaron dos contratos de Whathefav con Huawei, con el misterioso nombre de uno de ellos como "oro azul", que hace referencia al coltán. Y lo que no es menos importante, Zapatero liquidó dos empresas pocos días antes de la investigación a Plus Ultra situadas en el mismo edificio donde había registrado su lobby.

Imputaciones de Zapatero

Los informes de la UDEF que constan en el sumario contienen múltiples indicios en comunicaciones de la trama que apuntan al protagonismo de Zapatero como parte activa y decisiva en aquélla, no como un simple engranaje, por lo que el Juez Calama le investiga por los siguientes delitos. Recapitulemos:

Tráfico de influencias. Se investiga si Zapatero habría mediado o presionado, directa o indirectamente, para facilitar el rescate público de Plus Ultra aprovechando su peso político, sus relaciones institucionales y su influencia sobre altos cargos o entornos gubernamentales. La sospecha no es sólo “aconsejar”, sino haber intervenido para obtener un trato favorable a cambio de beneficios económicos posteriores. En este punto llaman especialmente la atención las conversaciones entre Julio Martínez Sola y Rodolfo Reyes, que constan en el auto del juez al igual que una carta de Plus Ultra sobre la mediación para un préstamo con el Banco Santander. Tanto unas como otra mencionan a Zapatero y sugieren una colaboración más que estrecha con la aerolínea. Es más, habría conseguido seis vuelos Madrid-Caracas autorizados por Delcy Rodríguez antes del rescate y así crear apariencia de actividad. Por lo que afecta a Reyes, actual presidente de Plus Ultra, se emitió el 25 de mayo orden internacional de arresto.

Blanqueo de capitales. Zapatero habría estado estado moviendo fondos por varios países con la ayuda de diversas sociedades pantalla y testaferros, que según los informes de la ONIF del Ministerio de Hacienda (oficina nacional de investigación del fraude) podrían haber cometido fraude fiscal por un descuadre entre lo percibido en las cuentas y el volumen neto de negocios a cuenta del Impuesto de Sociedades. Ese dinero atribuido tendría su origen en presuntas comisiones ilegales por labores de "intermediación" y "consultoría". Posteriormente, esos ingresos irregulares serían trasvasados a mercantiles instrumentales mediante operaciones comerciales simuladas para reintroducir dichos fondos en el circuito monetario. Además, según el sumario, la UDEF encontró bolsas escondidas con más de 286.000 euros en efectivo en casa de Julio Martínez Martínez e igualmente entiende que la trama conectaría con la explotación de minas de oro y níquel de Venezuela, por unas conversaciones del anterior con unos empresarios. Este delito estaría estrechamente relacionado con los dos siguientes.

Falsedad documental. Aquí la sospecha es que existirían facturas, contratos de consultoría o documentos mercantiles utilizados para justificar pagos que no reflejarían servicios reales o se habrían elaborado para dar apariencia legal a los movimientos de dinero. Es más, sociedades de la trama habrían emitido documentación ficticia o inflada para encubrir comisiones. La UDEF entiende que, aparte del despacho, su propia residencia pudo ser base de las operaciones más sensibles y que la empresa de las hijas de Zapatero habría confeccionado facturación falsa destinada a dar apariencia legal a los movimientos financieros.

Pertenencia a organización criminal. Este es probablemente el delito más grave desde el punto de vista político. La Audiencia Nacional investiga una presunta estructura estable y coordinada (formada por empresarios, intermediarios y personas con influencia política), jerarquizada, con varias ramificaciones internacionales (Venezuela, China, EEUU, Emiratos Árabes Unidos) y dedicada a obtener beneficios ilícitos. No sólo entraban en juego contratos públicos y ayudas, sino también acceso a información privilegiada y compra de petróleo venezolano disfrazado con etiquetas de otros países como Malasia y refinado en República Dominicana. Y todo ello mediante movimientos financieros opacos. El rastreo del dinero permite a la UDEF detectar en España un esquema utilizado por el empresario Carlos Parra Delgado que replica y conecta con los canales de triangulación comercial internacional que originalmente diseñó la red de Alex Saab, testaferro de Maduro. Sin embargo, lo que aprecia el auto judicial es que sería Zapatero quién habría liderado (página 59) el funcionamiento de esa red consciente de lavado de dinero y no simplemente haber realizado actos aislados.

Consideraciones

La trascendencia institucional es enorme porque es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno español resulta formalmente investigado en una causa de corrupción de esta magnitud. Además, este caso conecta indirectamente con otras investigaciones que han erosionado al entorno del Gobierno y del PSOE en los últimos años, como son las derivadas del llamado Caso Koldo y el Caso Mascarillas, de cuya instrucción y juicio oral hablamos en este mismo blog.

No sólo es importante recoger indicios y pruebas de qué hacía la red y especialmente la persona de Zapatero para que aquella funcionase, sino también en relación a qué hacía para que no se supiera lo que estaba operando (borrado de mensajes, lenguaje en clave, alterar contratos, reuniones secretas...) y no sólo documentación falsa.

Venezuela ha sufrido años de corrupción sistemática y especialmente en los años del Madurismo. No le bastó a los gerifaltes con desviar dinero público sino que empeñaron su oro en busca de financiación y poder sortear sanciones de EEUU y la UE. Y Zapatero podría haber ejercido un papel clave que explicaría su actitud de blanquear hasta el más que evidente fraude electoral de 2024. Además, reforzaría las declaraciones del pollo Carvajal sobre su mina de oro o las de Koldo García a Eduardo Inda. Si todo esto se probase, más allá de lo relativo a Plus Ultra, la figura del ex presidente de la ceja sería mucho más siniestra y alargada de lo que jamás se ha creído.

Será imperiosa una investigación adicional (no sólo con su próxima declaración del 17 y 18 de junio) que profundice aún más un entramado terriblemente complejo. Y eso puede llevar años, dado el atasco de la Audiencia Nacional que ahora está con la vista oral de la Kitchen. Con todo, lo recopilado y publicado hasta ahora es tan extenso, documentado y justificado como sospechosos los movimientos que habría ejercido la red. Y muy especialmente los de Zapatero y las comunicaciones que, sin que él ejerza expresamente un "esta boca es mía", parece confluir todo en él. El aplazamiento evita el momento más esperado pero prolonga durante quince días más un goteo informativo que mantiene el caso en el centro del debate político.

Mientras tanto, asistimos a cómo los voceros de la opinión sincronizada se dedican a minimizar la envergadura de este caso. Todo porque afecta a su referencia de oposición a Aznar. Sin embargo, no todos se mantienen en el negacionismo o los bulos como la propagandística línea editorial de TVE, el brazo mediático más poderoso de Moncloa. Otros ya empiezan a desmarcarse, como en el otro brazo no tan desacomplejado que es la Sexta. Y es que llega a un punto tal que hay situaciones que si no consideran indefendibles del todo, al menos procedería darse el beneficio de la duda. Tener un poco de autocrítica y razonar algo.

Seguiremos hablando más aún de corrupción este mes y el siguiente. Y no sólo Sanchista.

El caso David Sánchez: qué se juzga y perspectivas de condena

Se empiezan a acumular casos de corrupción que llegan a procesarse en sedes judiciales. No hace mucho desgranamos el caso de Begoña Gómez, la esposa del Presidente, que podría ser juzgada por un jurado popular. Más recientemente, hablamos del caso Mascarillas sobre Ábalos y Koldo y de su vista oral. Hoy coincide la apertura del juicio oral de dos casos: el relativo a la operación Kitchen del PP de Rajoy y el caso David Sánchez que afecta al hermano del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Como el anterior es un caso mucho más complejo, me referiré a él cuando el juicio quede visto para sentencia. De hecho llevo varias semanas preparando el post. Hoy, con la información esencial, me dedicaré al segundo. 

Contexto de la investigación

Se trata de una investigación de presunta corrupción iniciada en 2024 y en torno a la contratación en 2017, por la Diputación provincial de Badajoz, del mencionado como Coordinador de actividades de conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social. Se inició por denuncia de Manos Limpias personándose posteriormente diversas acusaciones populares adicionales (PP, Vox, Hazte Oír, Abogados cristianos, Liberium y Iustitia Europa) y añadiendo trámites procesales que han venido retrasando la instrucción. En aquél momento de la contratación, Pedro Sánchez no era aún presidente del Gobierno pero sí Secretario general del partido. La principal sospecha es que el puesto de David Sánchez (también conocido como David Azagra) habría sido creado ad hoc, es decir, a medida del mismo.

La naturaleza del citado puesto de trabajo es laboral y de alta dirección (personal directivo profesional), para cuya provisión se empleó el procedimiento de libre designación y nombrado por el Presidente de la Diputación Provincial a propuesta de la Diputada delegada de Cultura. Esto implica que no se trató de un concurso de méritos con baremo regulado, pero sí con unos aspectos a valorar libremente para justificar su selección. Por ejemplo tener titulaciones en el área de música, experiencia en orquesta y actividades pedagógicas, conocimiento de idiomas y otros criterios mucho más subjetivos como capacidad de organización de equipos, compromiso de disponibilidad y adaptabilidad y actitud de responsabilidad. Se publicó la convocatoria en el BOP nº 94 de Badajoz el 19 de mayo de 2017 y se indicaba que, como personal directivo, la actuación del coordinador estaría sujeta a evaluación del desempeño con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad en la gestión y orientación a resultados. Además , se regiría por los principios éticos y el código de conducta recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Todo esto suena a ironía cuando ya conocemos lo que sucedió después.

El primer salario en 2017 fue de 41.231,27 € brutos, actualizándose hasta llegar a 57.627,07 € en 2024. Ahora bien, en 2022 hubo una significativa modificación del puesto que consta en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Pasó de ser Coordinador de conservatorios a "Jefe de la Oficina de Artes Escénicas" pasando además a depender del área de Cultura en lugar de estar adscrito a dichos conservatorios. Los correos electrónicos intervenidos por la UCO revelan un debate entre varias personas sobre su necesidad de sacarlo a nueva provisión existiendo cambios tanto orgánicos como de denominación, dado que encajaría más como un puesto nuevo. A la propuesta de hacerlo así por parte de un cargo de Igualdad a Presidencia con copia a Recursos Humanos, la segunda respondió que "evitaría muchos problemas de justificación y provisión" validar la modificación sin más. Es más, ni tan siquiera se indicaron datos en la ficha sobre formación ni existía informe de impacto económico, algo habitual cuando se realizan modificaciones orgánicas. Aparentemente, se trataría de un enchufe de los de toda la vida, pero por lo investigado se apuntaría a que habría algo más. David Sánchez dimitió en febrero de 2025 y en plena instrucción de este caso, volviéndose a convocar el puesto en mayo y adjudicándose en octubre a Miguel Calderón.

El otro implicado es Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación en el momento de cometerse los hechos si bien también hay hasta nueve personas más que son los ex Diputados de Cultura Francisco Martos y Cristina Núñez, el actual Ricardo Cabezas, el colaborador Luis Carrero y varios trabajadores de la Diputación de Badajoz: Juana Cintas, Manuel Candalija, Emilio Parejo, Félix González y por último Elisa Moriano, que ya no pertenece a la misma.

De Gallardo hay que recordar la desacomplejada operación perpetrada en mayo de 2025. Primero, un diputado autonómico del PSOE dimitió, seguidamente los cuatro siguientes de la lista se abstuvieron para dejar que cogiese el acta Gallardo 24 horas antes de abrirse auto de procesamiento oral. El motivo era para protegerse y evitar que le enjuiciase la Audiencia Provincial de Badajoz y en su lugar lo hiciese el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sin embargo, en junio de 2025 esta instancia rechazó el movimiento entendiendo que respondía a una maniobra deliberada para conseguir el aforamiento y eludir el juicio en instancia ordinaria. Por lo tanto, su fraudulenta solicitud se devolvió al Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz y a la Audiencia Provincial como entidad que resolverá.

La cuestión técnica es si se formalizó una contratación irregular para beneficiar a una persona, para lo cual deberá probarse si se cometió arbitrariedad consciente (prevaricación) y si existió influencia indebida causada por relaciones personales y políticas, lo que tendría un naturaleza penal. De lo contrario, se trataría de una mera irregularidad administrativa. Finalizada la instrucción, arranca hoy el juicio. A pesar de todos los aplazamientos previos y retrasos por las dificultades para notificar personalmente a David Sánchez, se celebrará la vista oral con las declaraciones de los acusados.

Toda esta investigación se ha llevado a cabo por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz con la jueza Beatriz Biedma y con el apoyo de la UCO, que realizó registros en la mencionada Diputación recopilando documentación sobre el proceso de contratación, las funciones reales del puesto y primeras declaraciones de los investigados. Los delitos por los que está imputado tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo son prevaricación administrativa y tráfico de influencias, si bien existieron otros dos que inicialmente investigaron pero se descartaron.

Instrucción: delitos descartados

Los siguientes delitos fueron descartados durante la instrucción porque la jueza entendió que no se hallaron indicios o no se superaron los umbrales para que la jurisdicción penal fuese competente. Ambos estaban muy relacionados por ser de ámbito económico y centrados en la práctica del puesto, a pesar de que uno afectase al ejercicio (real o simulado) del puesto y otro al entorno residencial del ocupante.

Malversación. Para establecer sólidos indicios es preciso disponer de documentación y declaraciones que apunten a uso indebido e injustificado de dinero público con ánimo de apropiación, pudiendo ser el puesto innecesario o ficticio con falta de actividad efectiva. No bastaría con que fuese el acceso irregular, pudiendo en su caso la defensa reivindicar la intangibilidad del puesto por sus características de gestión cultual y coordinación. La jueza entendió que no era conveniente mantener la imputación porque la creación en sí del puesto (con independencia del proceso de adjudicación) estaba motivada en "necesidades culturales". 

Fraude contra la Hacienda Pública. Concretamente se investigó si pudo existir fraude fiscal, ocultación de ingresos y estructuras opacas. En primer lugar, se habló de un incremento patrimonial de 1,5 millones de euros en acciones desde la pandemia. Sin embargo, la UCO desmontó ese dato incorrectamente evaluado por Manos Limpias al confundir el número de acciones con el valor de las mismas. En segundo lugar, el acusado declaró que residía en Elvas (Portugal) desde 2023. Sería delito si se demostrase residencia fiscal falsa y si vivía realmente en España. A tal respecto, existieron dudas de si realmente su residencia efectiva es en Elvas porque testigos aseguraban verlo como mucho una vez al mes y además a lo único a que se apuntó es que compró un palacio en ruinas al contado y mediante cheques bancarios sin que se hayan hecho obras. La Agencia Tributaria, en un informe aportado por el acusado sin firma ni membrete ni CSV, informaba que la residencia fiscal en Portugal no era incompatible con la condición de empleado público en España y que las rentas de la Diputación de Badajoz estarían sujetas al IRNR (impuesto de no residentes).

También hubo sospechas de que pudo haber residido en la propia Moncloa con su hermano y familia al localizarse su furgoneta y admitir que la dejaba largas temporadas. Con todo, dado que el umbral penal es de 120.000 euros, se limitaría la contratación en este punto a una irregularidad administrativa. Por lo tanto, el juzgado de instrucción se declaró no competente después de los informes remitidos por Hacienda. En definitiva, la pelota aquí estaría en el Ministerio de Hacienda que debiera de decidir si se expedienta, investiga y sanciona.

En resumen, no existieron indicios que apuntasen a perjuicio económico relevante tanto para la Administración de Badajoz como para la Hacienda Pública y tampoco a apropiación indebida o desvío de fondos públicos. 

Instrucción: delitos imputados

Sobre la prevaricación, es necesario probar que la resolución aprobada por Miguel Ángel Gallardo como Presidente de la Diputación y por la que se adjudicó la plaza fuese no ya arbitraria y claramente ilegal, sino también dictada a sabiendas de dicha condición. Por lo tanto, no basta con que fuese irregular sino groseramente ilegal y consciente. La Administración suele tener amplio margen discrecional y más aún en procesos de libre designación. Por ello, es frecuente que los tribunales reconozcan irregularidad pero no delito si no consigue probarse el dolo. Esto quiere decir que una actuación puede ser contraria a Derecho y ser anulada pero no encajar en el supuesto del artículo 404 del Código Penal. En consecuencia, demostrar prevaricación dependerá no sólo del contenido de las bases de la plaza sino de la documentación obrante en el expediente, de Ia legalidad del proceso de selección entre los aspirantes y, especialmente, del ejercicio real de trabajo en el puesto así como de las comunicaciones internas establecidas.

Sobre el tráfico de influencias, hay que probar que alguien usó su posición (en este caso David Sánchez con la colaboración directa de Miguel Ángel Gallardo) para influir en cargos públicos (todos los que participaron en el proceso de selección) para obtener un beneficio, que en este supuesto sería el puesto de trabajo. Existe una relación personal directa innegable que es ser hermano del entonces Secretario General del PSOE y que pudo haber sido el eslabón principal de la cadena. Pero no basta con ser influyente, puesto que hay que demostrar la presión e influencia directa y no sería suficiente una condición meramente ambiental como "ser hermano de" sin más.

El contrato exigía prestación habitual en Badajoz porque no tenía reconocido el teletrabajo al no ser el puesto susceptible de ello. Es más, no existía control horario ni supervisión efectiva y la respuesta desde la Administración pacense por parte de un jefe de servicio (que casualmente fue concejal socialista, José R. Suárez Arias) fue que se trataba de un cargo exento que constaba en una lista de 26 personas con dicho privilegio. Además, las primeras declaraciones de David Sánchez ante la jueza fueron bastante ridículas, puesto que no sólo demostró incapacidad para explicar las funciones concretas de su puesto y la estructura del área, sino que ni tan siquiera supo ubicar la "oficina de artes escénicas" que dirigía y se usaron espacios improvisados sin despacho propio. Tampoco resultó muy creíble que afirmase enterarse de la creación de este plaza por Internet. Todas estas circunstancias refuerzan no ya la falta de control administrativo, sino también la sospecha de puesto ficticio o vacío de contenido real.

En su auto, la jueza entiende que el principal acusado tenía conocimiento previo de que el puesto se había creado para él, es decir, que se presentaría a la convocatoria con unos criterios de adjudicación (no necesariamente fijados en las bases públicas) ajustados a sus condiciones personales, como no tener que acudir diariamente al despacho y dedicarse a la ópera y habría hecho una entrevista para simular la legalidad del procedimiento. Además, también imputa por los mismos hechos a un ex asesor de Moncloa, Luis María Carrero, por acceder directamente a un puesto de auxiliar del propio David cuando procedería provisión de comisión de servicios.

Consideraciones

La resolución de este caso está relacionada con esa zona gris que media entre el Derecho Administrativo y el Penal, pues la línea defensora de las partes acusadas tratará de (al menos) arrinconar en el primero cualquier tipo de irregularidad constatada y probada. En principio, por los indicios recogidos, será mucho más complicado demostrar los cargos por tráfico de influencias que por prevaricación, en cuyo caso parecen más robustos y sólidos. El hecho de que se descartase malversación y fraude a Hacienda complica que se pueda establecer nexos de presión o intermediación con el tráfico de influencias, por lo que la vía condenatoria más probable sería la de la prevaricación. Y esta última apuntaría a probable si se demostrase de forma acumulada y no selectiva que la creación y modificación del puesto no se basó realmente en planificación previa ni a necesidades estructurales. La clave será demostrar lo siguiente: que existieron múltiples incongruencias entre el diseño del puesto y funciones, las modificaciones orgánicas eran incompatibles con no sacar a nueva provisión, el perfil era coincidente 100% con el beneficiario, existió falta de definición real del contenido y, en definitiva, la suma de tantas irregularidades que sobrepasen el límite de la mera negligencia o error. De esa manera, la arbitrariedad sería tan manifiesta que el Derecho Penal sería competente tanto para enjuiciar como para condenar, cuanto menos, tanto a David Sánchez como a Miguel Ángel Gallardo.

Cartagena: una moción de censura entre rupturas, traiciones y viejas heridas

La ciudad de Cartagena, conocida por ser una de las ciudades más antiguas de España con una historia que le concede el sobrenombre de la Trimilenaria, ha ocupado la atención de las recientes noticias a nivel nacional más allá de la consabida corrupción. El motivo es porque el pasado lunes 18 de mayo se registró una moción de censura a instancia de los grupos Movimiento Ciudadano (en adelante MC), PSOE y Sí Cartagena. Mediante esa palanca pretenden desbancar a la Alcaldesa del PP Noelia Arroyo, que hasta la fecha se encuentra gobernando en minoría con el apoyo de un Vox partido en dos mitades. Para analizar este movimiento es preciso establecer y recordar primero la situación que ha llevado a este movimiento y todos los factores que condicionan lo que pueda suceder el próximo 2 de junio que es cuando se someterá a votación la moción en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena.

Antecedentes: MC y PSOE, una relación complicada

En 2015, el PP de Cartagena perdió la mayoría absoluta y Pilar Barreiro no renovó la Alcaldía al alcanzarse un acuerdo entre el PSOE y MC, de manera que se repartirían el gobierno municipal y la alcaldía con dos años respectivos y con el visto bueno de Podemos. Sin embargo, lo que parecía un matrimonio político entre José López y Ana Belén Castejón terminó reventando por los aires. El empresario estuvo envuelto en innumerables polémicas por su constante enfrentamiento contra la oposición del PP y Ciudadanos, sus frecuentes insultos a Murcia, su perfil duro en redes sociales, una tentativa de agresión a un ex alto cargo de la CARM y un delito de coacciones a un policía local, siendo condenado en ambos casos. Pero su comportamiento no acabó ahí, sino que se dedicó a torpedear la propia coalición de gobierno acusando al PSOE de maniobrar bajo instrucciones externas, de manera que en 2017 se rompió el acuerdo dificultando la estabilidad municipal.

Esa nefasta experiencia y acumulación de desconfianza explica lo sucedido el 15 de junio de 2019, cuando tras ganar las elecciones MC al pasar de 5 concejales a 8, el controvertido López se estimaba Alcalde de nuevo. Sin embargo, en la votación de investidura a la que se presentó él y Ana Belén Castejón (que tenía un concejal menos que el PP), los concejales de MC entraron en shock al ver que el PP sumó junto con Ciudadanos sus votos a favor de la candidata socialista. De esa manera, Castejón era nombrada Alcaldesa y se repartió el gobierno con Noelia Arroyo, sin que entre las dos existiesen importantes fisuras. Pese a ello, los socialistas regionales y nacionales reaccionaron con indignación y expulsaron del partido a todo el grupo del PSOE de Cartagena. El motivo fue simplemente cogobernar con el PP, algo de lo que no tuvieron problema por ejemplo en Euskadi con Patxi López.

El camino hacia la moción de censura

En 2023, en un clima mucho más calmado, las elecciones volvieron a representar por tercera legislatura consecutiva un escenario sin mayorías absolutas. El PP ganó las elecciones con 10 concejales y con la desaparición de Ciudadanos y la entrada de Vox prefirió gobernar en solitario tras una investidura en la que cada grupo votó a su propio candidato. Sin embargo, al igual que sucedió por ejemplo con Ángela Gaona en San Pedro del Pinatar, la situación pasó a ser pronto de bloqueo total. Esto conllevó a que en noviembre se firmase un acuerdo programático y de gobierno con Vox. Desde ese momento, Diego Salinas pasó a ser Teniente de Alcalde y concejal de gobierno junto con todos sus compañeros.

A medidos de 2024, la presidenta y concejala de MC María Dolores Ruiz y el ex Alcalde Pepe López denunciaron a través de este último a su secretario general y portavoz Jesús Giménez Gallo por un presunto delito de falsedad documental. Alegaron que se habrían manipulado los estatutos del partido alterando la normativa interna para blindarse, evitar primarias y frenar posibles candidaturas rivales. Esto tuvo como consecuencia que, en enero de 2025, dicha concejala fuese suspendida por su propio partido por 3 años en expediente disciplinario. La comisión le acusó de no respetar la disciplina de voto, cometer abstención de funciones y ausentarse de reuniones internas. Al mes siguiente formalizó su pase como concejala no adscrita, inaugurando la cuenta que pasaría a ser récord en esta legislatura.

En marzo de 2026, tras el estallido del caso Antelo que analizamos en este mismo blog, Diego Salinas anuncia su baja de Vox y su escisión del grupo municipal pasándose al grupo mixto como no adscrito como acción de apoyo al diputado regional. Aparentemente, este hecho no perjudicaba la estabilidad del gobierno al mantenerse en el mismo. Pero la crisis de Vox Cartagena no acabó ahí. Al mes siguiente, la concejala de Turismo Beatriz Sánchez del Álamo comunicaba su baja denunciando traición y trato indigno del partido, enfocando sus críticas en Vox. Pero también dejó un mensaje críptico y es que afirmaba que "Arroyo confía en mis competencias, pero en el momento en que ella tenga quejas, tomaré decisiones y me iré yo". Esta declaración pudo venir a colación de ciertas fricciones por desavenencias en la gestión de la cartera turística. No llegó a dejar su cargo de gobierno, pero al mes posterior, en 14 de mayo, saltaron las alarmas con la salida de Diego como concejal de Desarrollo económico, Empresa e Industria. A partir de ese momento es cuando empezó a sobrevolar más que nunca la posibilidad de una moción de censura. Y no tardó nada, puesto que al lunes siguiente el día 18 ya se registró. Así que la secuencia de movimientos sugiere un acuerdo previo.

Reacciones políticas ante la moción de censura

Declaraciones de Noelia Arroyo. Arroyo califica la moción como una maniobra a la desesperada entre fuerzas políticas enfrentadas entre sí con un intento instrumental de asaltar el Ayuntamiento a un año de las elecciones de 2027, de forma que el verdadero objetivo sería obtener visibilidad de cara a aquéllas. Ante todo, resalta la incoherencia ideológica de pretender sumar a cuatro grupos incluyendo a los concejales tránsfugas de Vox con la aquiescencia del PSOE. En ese escenario futuro, aprovechó para poner en contexto la convulsa etapa entre socialistas y cartageneristas a que hemos hecho referencia, por lo que el escenario que dibuja la moción representaría una vuelta al caos y reabrir viejas heridas políticas de Cartagena. Frente a ello, ha tratado de defender su gestión económica en reducción de la deuda, inversiones, proyectos financiados con fondos europeos y mejora del empleo. Esto contrasta con lo denunciado por la oposición en un comisión aludiendo a más de 12 millones de euros en facturas sin pagar y no se ha aprobado aún el plan económico financiero. En definitiva, Arroyo deslegitimó moralmente la moción antes de votarse y presentó el pacto como inestable e imposible, pero al mismo tiempo aprovechó en su entrevista en la 7 para movilizar emocionalmente al electorado del PP con la idea de convertir una posible derrota institucional en un arma de relato de cara a 2027.

Cierre de filas en el PSOE. Los socialistas, encabezados por Manuel Torres, han asegurado que la operación aparentemente disparatada cuenta con el aval de Ferraz. La explicación a esto y qué diferencia tendría con los hechos de 2019 radicaría en lo más simple: se desalojaría al PP mientras que por aquél entonces se pactó un gobierno de coalición con el PP. Aún así, queda la pieza de Vox pero el PSOE de Cartagena pretende enfocar que ahora esas dos personas son "libres" y no pertenecen a la formación de "ultraderecha" como machaconamente reiteran los socialistas a todos los niveles territoriales. Habría que ver hasta qué punto se normaliza el pacto con unos tránsfugas que figuraron en las listas de Vox e incluso uno de ellos ya gobernó con el PP. Para evitarse líos decidieron consultar a la militancia local y a la ejecutiva regional. Ésta aceptó en primera instancia el 20 de mayo justificándola por la necesidad de aplicar una "agenda progresista valiente que recupere la justicia social y derechos humanos" y trasladó a la anterior la responsabilidad de validarla en consulta mediante voto presencial y secreto. Se efectuó en 2 horas por la tarde y con varias urnas. Esa noche del 26 hizo público un porcentaje del sí del 94,5% de los participantes y un 62,14% del censo de afiliados (689).

Rupturas internas en Vox. Javier Antelo emitió las declaraciones más complejas, dado que se mezcló la crisis de Vox con la implicación de los concejales más próximos a él. Por un lado, aludió a la impredecibilidad del partido como condicionante de lo sucedido, resaltando la escasa credibilidad del mismo. Por tanto, responsabilizó directamente a Vox del registro de la moción de censura y señalando al portavoz Gonzalo López Pretel sobre el que cabrían quejas de vecinos. Sin embargo, al mismo tiempo rechazó la moción tal como se ha planteado porque implica que el PSOE entre el gobierno de Cartagena y a su juicio supondría abrirle la puerta al Sanchismo. Más duro fue Rubén Martínez Alpáñez, quien reemplazó a Antelo como portavoz del grupo en la Asamblea responsabilizando directamente a "la banda de Antelo" y al transfuguismo. Por su parte, López Pretel cargó contra los no adscritos al tiempo que recalcó que no existía ninguna noticia sobre decreto de cese de Sánchez del Álamo, dejando caer junto con otras fuentes a Diario La Verdad que podría existir algún contacto para hacerle reconsiderar a aquélla. La diferencia es que Diego sí ha realizado declaraciones públicas apoyando de forma indirecta la moción de censura mientras que Beatriz permanece en silencio. Sin perjuicio de ello, los 14 implicados asistieron a una reunión el viernes 22 en el hotel NH Cartagena donde todos firmaron un acuerdo programático y, entre ellos, la propia Beatriz.

Rupturas internas en Movimiento Ciudadano. Pepe López, con un perfil político aún más marcado por la confrontación debido a una sentencia de cobro indebido por un sueldo que no reintegró y una tercera condena por difamación, criticó la iniciativa de Giménez Gallo enfatizando en los disensos internos de la formación cartagenerista. Echó en cara el "desmesurado ego y ambición" del actual líder del grupo Giménez Gallo y calificó de "antinatura" un pacto con PSOE y Vox, considerando que ambos son partidos nacionales y alejados de los intereses cartageneros. Además, indirectamente quiso recordar la experiencia pasada con los socialistas. Por el contrario, el candidato Giménez Gallo calificó la operación como "urgencia democrática" y acusando al Ayuntamiento de estar intervenido y sin liquidez y con subidas fuertes de impuestos. También minimizó el efecto rebote que pudiera recoger Arroyo entendiendo que no es comparable en popularidad al recientemente fallecido José Ballesta, que venció en las elecciones de 2023 tras la moción de 2021. En cuanto a María Dolores Ruiz, ha realizado varias declaraciones explosivas. En la primera, confesó que no puede votar como Alcalde a alguien a quien tiene denunciado y cree que la moción no prima Cartagena. En la segunda, acusó a Beatriz de estar maniobrando con el PP para que fracase la moción. De cualquier manera, recalcó que su posición no sería determinante porque quedaría fuera de la teórica suma de 14 votos.

Rupturas internas en Sí Cartagena. Ana Belén Castejón, secretaria general de Si Cartagena y que entregó su acta en septiembre de 2025 por motivos personales y familiares, también ha rechazado la moción de censura. Considera que sólo responde a una operación improvisada, sin programa ni estructura, que rompe con la estabilidad de Cartagena y convierte a Si Cartagena en una muleta de intereses partidistas. Por lo tanto rompe con su sucesor Juan Pedro Torralba. Éste, en unas curiosas declaraciones, afirmó ser "socialista sin carnet" y entender que era perfectamente posible que gobernasen izquierdas y derechas juntas. Es preciso recordar que Sí Cartagena fue una formación creada por los socialistas cartageneros expulsados en 2019 por pactar con el PP y que en 2023 logró votos suficientes para obtener una silla de concejal. De hecho, la cifra resultó ser prácticamente idéntica a lo que perdió la candidatura de PSOE Cartagena.

Conclusiones y perspectivas

Cartagena vive una política municipal extraordinariamente fragmentada, personalista y marcada por relaciones rotas. Teniendo en cuenta los antecedentes de las legislaturas anteriores caracterizados por la desconfianza entre partidos y por los que se arrastran rencillas que llegan al presente, los disensos entre varios de los grupos de la corporación con hasta 3 concejales no adscritos, las discrepancias existentes entre los afiliados de varios de los firmantes y la heterogeneidad ideológica de la suma de ediles que aspira a la alternativa política, la conclusión es más que clara: esta moción está completamente abocada al fracaso. Y desde el mismo momento en que se registró.

Los motivos esgrimidos por Giménez Gallo contienen ciertas contradicciones. Por un lado, entiende que lo mejor para Cartagena es un Ayuntamiento "que no reciba instrucciones ni de Murcia ni de Madrid", lo que quiere decir que PP y PSOE no estén implicados. Al mismo tiempo, no terminó de aclarar qué quieren hacer con el solar de Ángel Bruna que se debate entre un nuevo cuartel de la Guardia Civil o un jardín con parking, pues a la vez que señala que la presencia del PSOE en el consistorio puede desbloquear ese cuartel, se manifestó partidario del segundo que es la opción vecinal. Además, convendría recordar que el bloqueo de la ZAL (al que me referiré en un artículo muy pronto) implica a PP y PSOE, luego no coincidir en ningún color político no tiene garantías de que se acelere y más en el contexto del AVE pendiente a Cartagena. Por si fuera poco, el margen de maniobra con familias tan diferentes y en el plazo de un año deja muchas dudas de su efectividad. Por mucho que se reúnan los portavoces del aspirante a tripartito con la junta de personal del Ayuntamiento para prometer una estabilidad que sólo en sus cabezas sonará creíble.

Si es que el próximo 2 de junio esta moción fuese aprobada por mayoría absoluta (no cabe mayoría simple alguna para que salga adelante), la gobernabilidad no sería ni mucho menos más cómoda para Cartagena. Además, será entonces cuando desde el PP de Arroyo ya podrán preparar la precampaña para materializar una mayoría muy cercana a la absoluta cuanto menos. Porque la propia coalición a lo "Frankenstein", que posiblemente fuese la denominación que recurran y le estaría allanando el camino desde el primer día.

**Actualización: qué terminó pasando**

Sin modificar lo publicado el pasado día 26 de mayo, los acontecimientos derivaron finalmente en el esperado fracaso de la moción pero no sin profundizar en la polémica. Primero, el viernes 29 se anunciaba un acuerdo entre Noelia Arroyo y los no adscritos para expulsar del gobierno municipal a los dos que quedaban en el grupo de Vox. A cambio de ello, se comprometían a desmarcarse de la moción presentada. Llegado el día 2 de junio, la secretaría estimaba que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Bases del Régimen Local no procedía tomar en consideración el voto de la moción, lo que unido al visto bueno del PP se generó una fuerte discusión entre todos los concejales y amenazas cruzadas de recurrir a los juzgados. Finalmente se forzó la votación y el resultado fue de 12 concejales a favor y 13 en contra, por lo que quedó desestimada al sumarse los dos no adscritos que cambiaron de opinión. La tercera ya hizo público en su momento que no haría Alcalde a Giménez Gallo.

Paradójicamente, la moción de censura que pretendía mostrar la debilidad del gobierno municipal terminó evidenciando también las profundas fracturas existentes entre quienes aspiraban a sustituirlo. El fracaso de la iniciativa no solo mantuvo a Noelia Arroyo en la Alcaldía, sino que abrió una nueva crisis en Movimiento Ciudadano después de que su fundador, José López, exigiera públicamente la dimisión de Jesús Giménez Gallo. Lejos de cerrar el debate político cartagenero, el episodio parece haber inaugurado prematuramente la campaña electoral de 2027.