Zapatero imputado en el caso Plus Ultra: orígenes, investigaciones y acusaciones

La imagen del PSOE y el Sanchismo ha llegado a un punto tal de implosión por las investigaciones de presunta corrupción que es difícil llegar a tiempo de toda la actualidad. Del caso de las cloacas y la fontanería hablaré en otro momento que este todo más avanzado y analice todo lo pendiente. Hoy hablaré de lo referente a su santo y seña. El pasado 19 de mayo saltó la noticia de la imputación del ex Presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional investiga desde hace unos meses el caso Plus Ultra, una aerolínea sobre la que pivotan todos los casos de corrupción abiertos que afectan al PSOE. Coincidiendo con el levantamiento del secreto de sumario, tomó la decisión de imputar a Zapatero por presunta responsabilidad como comisionista en una trama criminal internacional de blanqueo de capitales. En la misma comunicación por la que facilitó un auto de 88 páginas por el que se justifican una serie de indicios y registros, la Audiencia le citaba a declarar para el 2 de junio. Incluso trascendió que para el mismo martes que le imputaron tenía previsto un viaje a Venezuela con "tres familiares" que presuntamente sería su propia familia, su mujer e hijas. Sin embargo, tras solicitud de su abogado para poder preparar con más tiempo la defensa y exponer su respuesta ante una investigación tan compleja solicitó un aplazamiento y se le concedió hasta el 17-18 de junio. 

El rescate de Plus Ultra y la primera investigación (2021-2023)

El origen se sitúa en el rescate público de 53 millones de euros concedido en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 a Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Esta última es una empresa pública adscrita al Ministerio de Hacienda y cuyo sentido, en teoría, es velar por la viabilidad de empresas que afecten al interés general de España. El primer papel conocido del ex Presidente en este tema sería su intento de mediación con el Ministerio de Transporte de Ábalos, para después actuar a espaldas del mismo. Es más, en declaraciones desde prisión a RTVE confirmó que Zapatero "le puentea y habla con el Secretario de Estado Pedro Saura", dado que él no estaba de acuerdo con el rescate. Por lo tanto, Zapatero tenía un interés muy especial. Pero la iniciativa partió de su amigo personal Julio Martínez, que sería quien quiso aprovechar la influencia del ex político. Este, del que hablaremos más adelante, sería el testaferro de Zapatero con un millón de euros sin declarar depositados en Miami.

Desde el primer momento existió una importante polémica política con el rescate porque la aerolínea tenía una cuota de mercado muy reducida y sufría insolvencia económica previamente a la pandemia. Concretamente, Plus Ultra operaba sólo con el 0,03% de los vuelos a España y arrastraba números rojos, con 17 años de antigüedad y tan sólo un vuelo a Venezuela (Caracas-Madrid). También arrastraba una deuda con la Seguridad Social de casi medio millón de euros, si bien tenía concedido un aplazamiento. En 21 abril, un mes y medio más tarde de la concesión, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid admitió una denuncia de Manos Limpias y se abrieron diligencias contra el presidente de la SEPI. Se alegaba que no quedaba acreditada la motivación de interés general para el millonario rescate, sino que apuntaba a una exclusiva motivación política y, sumado a eso, a una presunta malversación de fondos públicos. Meses después, el 22 de julio y cuando ya se habían aportado 19 millones de euros, el Juzgado ordenó a la SEPI no entregar los restantes 34 a la aerolínea tras una primera denuncia de PP y Vox por presuntas irregularidades en la justificación. Sin embargo, en agosto fue desbloqueada la cantidad al alegar peligro de quiebra la aerolínea, lo que no implicaba que el caso no se siguiese investigando. En otro orden, el Tribunal de Cuentas archivó una denuncia de Ciudadanos al no percibir desvío contable en el expediente.

En junio de 2022 rechazó el recurso de la parte acusada confirmando que la investigación seguía su curso. Sin embargo, la causa terminó siendo archivada en enero de 2023 por la jueza instructora entendiendo que no existían indicios de delito porque el procedimiento habría sido conforme al Real Decreto Ley 5/2020, de 3 de julio y a la Resolución de 1 de octubre de 2021 de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, así como que la entidad cumplía con los requisitos de elegibilidad y que no habría ocultado información ni intención de defraudar. A día de hoy, Plus Ultra no ha devuelto ni un euro del capital y planea una reestructuración del calendario de pagos. Sólo ha abonado los intereses.

Giro en el caso y remisión a la Audiencia Nacional (2024-2026)

En octubre de 2024 es la Fiscalía Anticorrupción quien presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional tras recibir solicitudes de cooperación internacional judicial de Francia y Suiza para investigar un posible entramado de blanqueo y cobro de comisiones. Específicamente fue en el marco de una propuesta de traslado de ocho toneladas de oro de Venezuela a Dubai y con el accionista mayoritario de Plus Ultra Rodolfo Reyes implicado. Pese a ello, la Audiencia Nacional decidió abstenerse porque se entendía falta de competencia y la derivó de regreso al mismo Juzgado nº 15 de Madrid. A esto se le sumó en otras instancias el caso Koldo y el de Mascarillas que aportaron más conexiones, surgiendo indicios relacionados con el dinero del rescate. 

Así que es el 12 de diciembre de 2025 cuando la Policía Nacional a través de la UDEF, detuvo a Julio Martínez Martínez, empresario y que se dedicó al negocio de las aerolíneas poco después del rescate y sin medios. Ojo, no confundir con Julio Martínez Sola que casualmente era el presidente de Plus Ultra pero no son la misma persona. Sus vínculos con Zapatero llegan hasta una reunión clandestina en un camino sin cobertura del monte de El Pardo en Madrid. Una exclusiva de Alejandro Entrambasaguas sobre un evento en el que además se trataba de un paso restringido por Patrimonio Nacional, que transcurrió protegido por dispositivos de seguridad y escoltas y que fue tan sólo 72 horas antes de la detención de Martínez. La sospecha fue un posible chivatazo de Marlaska. Otro detenido fue el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli. Al día siguiente ambos fueron puestos en libertad retirándoseles el pasaporte después de interrogarles y registrar la sede de Plus Ultra.

En febrero de este año 2026 fue la misma persona, Esperanza Collazos, que tres años antes había archivado el caso, quien decidió que por competencia, complejidad y nuevas ramificaciones debía de remitirse de nuevo el caso a la Audiencia Nacional. Ya era la intención de la Fiscalía Anticorrupción, dada la posible existencia de operaciones transnacionales y movimientos financieros en varios países. Concretamente se apunta a grandes cantidades de dinero procedente de actos de malversación cometidos por altos funcionarios de Venezuela. Dichos empleados del régimen de Maduro habrían estado desviando fondos públicos para alimentos básicos y de la petrolera venezolana PDVSA, formalizando ventas de oro e incluso exportando petróleo sorteando sanciones y bloqueos. Plus Ultra figuraría como beneficiaria de contratos de préstamo con varias sociedades de la organización criminal receptoras de ese dinero ilícito. Así que percibida la ayuda pública del rescate, en días consecutivos ingresaría la misma en cuentas del extranjero de sociedades de la trama. Además, Anticorrupción también habla de conexiones de una red clientelar con sociedades mercantiles que percibirían fondos para adquirir inmuebles, venta de oro por valor de 30 millones de euros a una empresa de Emiratos Árabes, transferencias a otras entidades en Panamá, Francia y Suiza e incluso el recurso a relojes de lujo para blanquear dinero. Todo esto informado a través de las citadas fiscalías suiza y francesa.

Es entonces cuando entra en escena el juez José Luis Calama, especializado en delitos económicos que aceptó la misma. Bajo secreto de sumario dictado por el mismo, la UDEF empezó a seguir transferencias, sociedades mercantiles y pagos de consultoría presuntamente conectados con el entorno de Zapatero y de hecho se fue prorrogando dicho secreto.

La implicación de Zapatero y familia

La primera alerta la suministró la Administración Biden cuando en 2021 retuvieron a Rodolfo Reyes en Miami, le intervinieron el teléfono y desveló conversaciones con Julio Martínez y referencias expresas a pedir ayuda a "nuestro pana Zapatero". Las fiscalías de Francia y Suiza hicieron el resto.

La investigación actual contra Zapatero se basa en pagos recibidos de Julio Martínez por supuestos servicios de consultoría (reuniones, viajes, informes de geopolítica, etc.) y que superarían los 490.000 euros en razón de 75.000 anuales a través de la sociedad Análisis Relevante, S.L. En marzo, en comisión de investigación del Senado, declaró que había cobrado 70.000 euros de Julio Martínez por servicios de consultoría.

Además, la agencia de publicidad Whathefav de las hijas del ex presidente percibió 239.000 euros de dicha entidad en concepto de servicios de diseño y comunicación online y otros 560.000 euros a dicha agencia por la firma venezolana Inteligencia prospectiva, la cual no consta que ejerciese actividad alguna. Pero lo peor de todo es que la implicación de esta agencia consistiría en realizar maquetación de informes ya elaborados (un PDF) para luego distribuir a una lista de clientes validada por su padre. Por lo tanto, el valor técnico añadido sería manifiestamente incoherente con el volumen de facturación declarado. La madre tampoco está al margen, pues una de las cuentas que recibió dinero de la trama y a nombre de la esposa Sónsoles Espinosa habría servido para cancelar una hipoteca por valor de 490.000 euros, que Zapatero quiso disfrazar con la venta de un inmueble en Aravaca. 

Estas cifras son más escandalizadoras si se sitúan en el contexto de que el ex Presidente habría cobrado el 45% de los ingresos totales de la sociedad y, mientras que de 2020 a 2023 había percibido la entidad más de 650.000 euros, en 2024 se hallaba en cierre registral al no haber depositado las cuentas. Sin embargo, no dejen de leer porque la cosa no acaba ahí. El detalle que explica la opacidad es que Zapatero habría percibido sus cantidades a través de una off-shore en Dubai denominada Landside y participada al 100% por una nueva sociedad de Julio Martínez. El modus operandi habría sido el siguiente:

La empresa Análisis Relevante S.L. se crea en febrero de 2020. Al año siguiente lo hace Idella Consulenza Strategica, administrada por el mismo Julio Martínez. A nombre de esta última, suscribió el 19 de enero de 2021 con Plus Ultra un contrato para percibir una comisión del 1% del rescate, es decir, 530.000 euros. Una semana después de la firma del contrato ya se inician gestiones para crear Landside. La inexistencia de cobros en España es un indicio para poner en alerta la instrumentalidad de dicha off-shore. Más aún porque esa cifra es muy similar a la acumulada que cobró Zapatero vía Análisis Relevante S.L. durante varios años. Todo esto fue descubierto gracias a la intervención de la UDEF. Además, el juez ordenó bloquear las cuentas bancarias de la familia como medida provisional ordinaria para garantizar la eventual responsabilidad.

También se reveló que Zapatero habría usado un piso propiedad del PSOE y situado en la propia calle Ferraz. La UDEF lo sitúa como el centro de coordinación, de instrucciones y operaciones financieras, societarias y documentales. Cualquier entidad que quisiera comprar petróleo, gas o minerales en Venezuela tendría que pasar por el trámite de este centro. Dicho despacho fue investigado bajo autorización de la Audiencia Nacional, del mismo modo que la oficina de la empresa de sus hijas incautándose ordenadores, carpetas y otros documentos. Como secretaria operaba Gertrudis Alcázar, que se considera pieza operativa esencial al llevar la gestión del correo electrónico mediante el que se realizaban las comunicaciones con el leit motiv de dar soporte documental ficticio. La misma se negó inicialmente a abrir una caja fuerte en la que se encontraron joyas de presumible alto valor y que se investiga si podrían ser objeto de un regalo en especie. Pero no menos significativo ha sido descubrir dos ordenadores con acceso a la red local del PSOE vía VPN. Sí, Zapatero y secretaria tenían línea directa con la base de datos del partido principal del Gobierno de España y sin ser ni cargo orgánico. Esto da una idea del poder que el ex presidente ostentaría.

Por último, se están destapando posibles actividades ilegales que no guardarían relación con las aerolíneas pero sí con el país más beneficiado por la compra ilegal de petróleo a Venezuela. Según El Confidencial, Zapatero creó en 2022 un gabinete prochino, Gate Center, con la ayuda económica del empresario Fangyon Du que fuera investigado por el CNI por presunto espionaje. De hecho, ese lobby habría ingresado más de un millón de euros a Zapatero y a sus hijas. Pero es que, además, la constructora Aldesa representada por el mencionado chino recibió contratos públicos por importe de 95 millones de euros destacando uno de 47 con ADIF y que conecta directamente con el caso Koldo y Ana Pardo de Vera. También se localizaron dos contratos de Whathefav con Huawei, con el misterioso nombre de uno de ellos como "oro azul", que hace referencia al coltán. Y lo que no es menos importante, Zapatero liquidó dos empresas pocos días antes de la investigación a Plus Ultra situadas en el mismo edificio donde había registrado su lobby.

Imputaciones de Zapatero

Los informes de la UDEF que constan en el sumario contienen múltiples indicios en comunicaciones de la trama que apuntan al protagonismo de Zapatero como parte activa y decisiva en aquélla, no como un simple engranaje, por lo que el Juez Calama le investiga por los siguientes delitos. Recapitulemos:

Tráfico de influencias. Se investiga si Zapatero habría mediado o presionado, directa o indirectamente, para facilitar el rescate público de Plus Ultra aprovechando su peso político, sus relaciones institucionales y su influencia sobre altos cargos o entornos gubernamentales. La sospecha no es sólo “aconsejar”, sino haber intervenido para obtener un trato favorable a cambio de beneficios económicos posteriores. En este punto llaman especialmente la atención las conversaciones entre Julio Martínez Sola y Rodolfo Reyes, que constan en el auto del juez al igual que una carta de Plus Ultra sobre la mediación para un préstamo con el Banco Santander. Tanto unas como otra mencionan a Zapatero y sugieren una colaboración más que estrecha con la aerolínea. Es más, habría conseguido seis vuelos Madrid-Caracas autorizados por Delcy Rodríguez antes del rescate y así crear apariencia de actividad. Por lo que afecta a Reyes, actual presidente de Plus Ultra, se emitió el 25 de mayo orden internacional de arresto.

Blanqueo de capitales. Zapatero habría estado estado moviendo fondos por varios países con la ayuda de diversas sociedades pantalla y testaferros, que según los informes de la ONIF del Ministerio de Hacienda (oficina nacional de investigación del fraude) podrían haber cometido fraude fiscal por un descuadre entre lo percibido en las cuentas y el volumen neto de negocios a cuenta del Impuesto de Sociedades. Ese dinero atribuido tendría su origen en presuntas comisiones ilegales por labores de "intermediación" y "consultoría". Posteriormente, esos ingresos irregulares serían trasvasados a mercantiles instrumentales mediante operaciones comerciales simuladas para reintroducir dichos fondos en el circuito monetario. Además, según el sumario, la UDEF encontró bolsas escondidas con más de 286.000 euros en efectivo en casa de Julio Martínez Martínez e igualmente entiende que la trama conectaría con la explotación de minas de oro y níquel de Venezuela, por unas conversaciones del anterior con unos empresarios. Este delito estaría estrechamente relacionado con los dos siguientes.

Falsedad documental. Aquí la sospecha es que existirían facturas, contratos de consultoría o documentos mercantiles utilizados para justificar pagos que no reflejarían servicios reales o se habrían elaborado para dar apariencia legal a los movimientos de dinero. Es más, sociedades de la trama habrían emitido documentación ficticia o inflada para encubrir comisiones. La UDEF entiende que, aparte del despacho, su propia residencia pudo ser base de las operaciones más sensibles y que la empresa de las hijas de Zapatero habría confeccionado facturación falsa destinada a dar apariencia legal a los movimientos financieros.

Pertenencia a organización criminal. Este es probablemente el delito más grave desde el punto de vista político. La Audiencia Nacional investiga una presunta estructura estable y coordinada (formada por empresarios, intermediarios y personas con influencia política), jerarquizada, con varias ramificaciones internacionales (Venezuela, China, EEUU, Emiratos Árabes Unidos) y dedicada a obtener beneficios ilícitos. No sólo entraban en juego contratos públicos y ayudas, sino también acceso a información privilegiada y compra de petróleo venezolano disfrazado con etiquetas de otros países como Malasia y refinado en República Dominicana. Y todo ello mediante movimientos financieros opacos. El rastreo del dinero permite a la UDEF detectar en España un esquema utilizado por el empresario Carlos Parra Delgado que replica y conecta con los canales de triangulación comercial internacional que originalmente diseñó la red de Alex Saab, testaferro de Maduro. Sin embargo, lo que aprecia el auto judicial es que sería Zapatero quién habría liderado (página 59) el funcionamiento de esa red consciente de lavado de dinero y no simplemente haber realizado actos aislados.

Consideraciones

La trascendencia institucional es enorme porque es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno español resulta formalmente investigado en una causa de corrupción de esta magnitud. Además, este caso conecta indirectamente con otras investigaciones que han erosionado al entorno del Gobierno y del PSOE en los últimos años, como son las derivadas del llamado Caso Koldo y el Caso Mascarillas, de cuya instrucción y juicio oral hablamos en este mismo blog.

No sólo es importante recoger indicios y pruebas de qué hacía la red y especialmente la persona de Zapatero para que aquella funcionase, sino también en relación a qué hacía para que no se supiera lo que estaba operando (borrado de mensajes, lenguaje en clave, alterar contratos, reuniones secretas...) y no sólo documentación falsa.

Venezuela ha sufrido años de corrupción sistemática y especialmente en los años del Madurismo. No le bastó a los gerifaltes con desviar dinero público sino que empeñaron su oro en busca de financiación y poder sortear sanciones de EEUU y la UE. Y Zapatero podría haber ejercido un papel clave que explicaría su actitud de blanquear hasta el más que evidente fraude electoral de 2024. Además, reforzaría las declaraciones del pollo Carvajal sobre su mina de oro o las de Koldo García a Eduardo Inda. Si todo esto se probase, más allá de lo relativo a Plus Ultra, la figura del ex presidente de la ceja sería mucho más siniestra y alargada de lo que jamás se ha creído.

Será imperiosa una investigación adicional (no sólo con su próxima declaración del 17 y 18 de junio) que profundice aún más un entramado terriblemente complejo. Y eso puede llevar años, dado el atasco de la Audiencia Nacional que ahora está con la vista oral de la Kitchen. Con todo, lo recopilado y publicado hasta ahora es tan extenso, documentado y justificado como sospechosos los movimientos que habría ejercido la red. Y muy especialmente los de Zapatero y las comunicaciones que, sin que él ejerza expresamente un "esta boca es mía", parece confluir todo en él. El aplazamiento evita el momento más esperado pero prolonga durante quince días más un goteo informativo que mantiene el caso en el centro del debate político.

Mientras tanto, asistimos a cómo los voceros de la opinión sincronizada se dedican a minimizar la envergadura de este caso. Todo porque afecta a su referencia de oposición a Aznar. Sin embargo, no todos se mantienen en el negacionismo o los bulos como la propagandística línea editorial de TVE, el brazo mediático más poderoso de Moncloa. Otros ya empiezan a desmarcarse, como en el otro brazo no tan desacomplejado que es la Sexta. Y es que llega a un punto tal que hay situaciones que si no consideran indefendibles del todo, al menos procedería darse el beneficio de la duda. Tener un poco de autocrítica y razonar algo.

Seguiremos hablando más aún de corrupción este mes y el siguiente. Y no sólo Sanchista.

El caso David Sánchez: qué se juzga y perspectivas de condena

Se empiezan a acumular casos de corrupción que llegan a procesarse en sedes judiciales. No hace mucho desgranamos el caso de Begoña Gómez, la esposa del Presidente, que podría ser juzgada por un jurado popular. Más recientemente, hablamos del caso Mascarillas sobre Ábalos y Koldo y de su vista oral. Hoy coincide la apertura del juicio oral de dos casos: el relativo a la operación Kitchen del PP de Rajoy y el caso David Sánchez que afecta al hermano del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Como el anterior es un caso mucho más complejo, me referiré a él cuando el juicio quede visto para sentencia. De hecho llevo varias semanas preparando el post. Hoy, con la información esencial, me dedicaré al segundo. 

Contexto de la investigación

Se trata de una investigación de presunta corrupción iniciada en 2024 y en torno a la contratación en 2017, por la Diputación provincial de Badajoz, del mencionado como Coordinador de actividades de conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social. Se inició por denuncia de Manos Limpias personándose posteriormente diversas acusaciones populares adicionales (PP, Vox, Hazte Oír, Abogados cristianos, Liberium y Iustitia Europa) y añadiendo trámites procesales que han venido retrasando la instrucción. En aquél momento de la contratación, Pedro Sánchez no era aún presidente del Gobierno pero sí Secretario general del partido. La principal sospecha es que el puesto de David Sánchez (también conocido como David Azagra) habría sido creado ad hoc, es decir, a medida del mismo.

La naturaleza del citado puesto de trabajo es laboral y de alta dirección (personal directivo profesional), para cuya provisión se empleó el procedimiento de libre designación y nombrado por el Presidente de la Diputación Provincial a propuesta de la Diputada delegada de Cultura. Esto implica que no se trató de un concurso de méritos con baremo regulado, pero sí con unos aspectos a valorar libremente para justificar su selección. Por ejemplo tener titulaciones en el área de música, experiencia en orquesta y actividades pedagógicas, conocimiento de idiomas y otros criterios mucho más subjetivos como capacidad de organización de equipos, compromiso de disponibilidad y adaptabilidad y actitud de responsabilidad. Se publicó la convocatoria en el BOP nº 94 de Badajoz el 19 de mayo de 2017 y se indicaba que, como personal directivo la actuación del coordinador estaría sujeta a evaluación del desempeño con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad en la gestión y orientación a resultados y se regiría por los principios éticos y el código de conducta recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Todo esto suena a ironía cuando ya conocemos lo que sucedió después.

El primer salario 2017 fue de 41.231,27 € brutos, actualizándose hasta llegar a 57.627,07 € en 2024. Sin embargo, en el año 2022 hubo una significativa modificación del puesto que consta en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Pasó de ser Coordinador de conservatorios a "Jefe de la Oficina de Artes Escénicas" pasando además a depender del área de Cultura en lugar de estar adscrito a dichos conservatorios. Los correos electrónicos intervenidos por la UCO revelan un debate entre varias personas sobre su necesidad de sacarlo a nueva provisión existiendo cambios tanto orgánicos como de denominación, dado que encajaría más como un puesto nuevo. A la propuesta de hacerlo así por parte de un cargo de Igualdad a Presidencia con copia a Recursos Humanos, la segunda respondió que "evitaría muchos problemas de justificación y provisión" validar la modificación sin más. Es más, ni tan siquiera se indicaron datos en la ficha sobre formación ni existía informe de impacto económico, algo habitual cuando se realizan modificaciones orgánicas. Aparentemente, se trataría de un enchufe de lo de toda la vida, pero por lo investigado se apuntaría a que habría algo más. David Sánchez dimitió en febrero de 2025 y en plena instrucción de este caso, volviéndose a convocar el puesto en mayo y adjudicándose en octubre a Miguel Calderón.

El otro implicado es Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación en el momento de cometerse los hechos si bien también hay hasta nueve personas más que son los ex Diputados de Cultura Francisco Martos y Cristina Núñez, el actual Ricardo Cabezas, el colaborador Luis Carrero y varios trabajadores de la Diputación de Badajoz: Juana Cintas, Manuel Candalija, Emilio Parejo, Félix González y por último Elisa Moriano, que ya no pertenece a la misma.

De Gallardo hay que recordar la desacomplejada operación perpetrada en mayo de 2025. Primero, un diputado autonómico del PSOE dimitió, seguidamente los cuatro siguientes de la lista se abstuvieron para dejar que cogiese el acta Gallardo 24 horas antes de abrirse auto de procesamiento oral. El motivo era para protegerse y evitar que le enjuiciase la Audiencia Provincial de Badajoz y en su lugar lo hiciese el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sin embargo, en junio de 2025 esta instancia rechazó el movimiento entendiendo que respondía a una maniobra deliberada para conseguir el aforamiento y eludir el juicio en instancia ordinaria. Por lo tanto, su fraudulenta solicitud se devolvió al Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz y a la Audiencia Provincial como entidad que resolverá.

La cuestión técnica es si se formalizó una contratación irregular para beneficiar a una persona, para lo cual deberá probarse si se cometió arbitrariedad consciente (prevaricación) y si existió influencia indebida causada por relaciones personales y políticas, lo que tendría un naturaleza penal. De lo contrario, se trataría de una mera irregularidad administrativa. Finalizada la instrucción, arranca hoy el juicio. A pesar de todos los aplazamientos previos y retrasos por las dificultades para notificar personalmente a David Sánchez, se celebrará la vista oral con las declaraciones de los acusados.

Toda esta investigación se ha llevado a cabo por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz con la jueza Beatriz Biedma y con el apoyo de la UCO, que realizó registros en la mencionada Diputación recopilando documentación sobre el proceso de contratación, las funciones reales del puesto y primeras declaraciones de los investigados. Los delitos por los que está imputado tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo son prevaricación administrativa y tráfico de influencias, si bien existieron otros dos que inicialmente investigaron pero se descartaron.

Instrucción: delitos descartados

Los siguientes delitos fueron descartados durante la instrucción porque la jueza entendió que no se hallaron indicios o no se superaron los umbrales para que la jurisdicción penal fuese competente. Ambos estaban muy relacionados por ser de ámbito económico y centrados en la práctica del puesto, a pesar de que uno afectase al ejercicio (real o simulado) del puesto y otro al entorno residencial del ocupante.

Malversación. Para establecer sólidos indicios es preciso disponer de documentación y declaraciones que apunten a uso indebido e injustificado de dinero público con ánimo de apropiación, pudiendo ser el puesto innecesario o ficticio con falta de actividad efectiva. No bastaría con que fuese el acceso irregular, pudiendo en su caso la defensa reivindicar la intangibilidad del puesto por sus características de gestión cultual y coordinación. La jueza entendió que no era conveniente mantener la imputación porque la creación en sí del puesto (con independencia del proceso de adjudicación) estaba motivada en "necesidades culturales". 

Fraude contra la Hacienda Pública. Concretamente se investigó si pudo existir fraude fiscal, ocultación de ingresos y estructuras opacas. En primer lugar, se habló de un incremento patrimonial de 1,5 millones de euros en acciones desde la pandemia. Sin embargo, la UCO desmontó ese dato incorrectamente evaluado por Manos Limpias al confundir el número de acciones con el valor de las mismas. En segundo lugar, el acusado declaró que residía en Elvas (Portugal) desde 2023. Sería delito si se demostrase residencia fiscal falsa y si vivía realmente en España. A tal respecto, existieron dudas de si realmente su residencia efectiva es en Elvas porque testigos aseguraban verlo como mucho una vez al mes y además a lo único a que se apuntó es que compró un palacio en ruinas al contado y mediante cheques bancarios sin que se hayan hecho obras. La Agencia Tributaria, en un informe aportado por el acusado sin firma ni membrete ni CSV, informaba que la residencia fiscal en Portugal no era incompatible con la condición de empleado público en España y que las rentas de la Diputación de Badajoz estarían sujetas al IRNR (impuesto de no residentes).

También hubo sospechas de que pudo haber residido en la propia Moncloa con su hermano y familia al localizarse su furgoneta y admitir que la dejaba largas temporadas. Con todo, dado que el umbral penal es de 120.000 euros, se limitaría la contratación en este punto a una irregularidad administrativa. Por lo tanto, el juzgado de instrucción se declaró no competente después de los informes remitidos por Hacienda. En definitiva, la pelota aquí estaría en el Ministerio de Hacienda que debiera de decidir si se expedienta, investiga y sanciona.

En resumen, no existieron indicios que apuntasen a perjuicio económico relevante tanto para la Administración de Badajoz como para la Hacienda Pública y tampoco a apropiación indebida o desvío de fondos públicos. 

Instrucción: delitos imputados

Sobre la prevaricación, es necesario probar que la resolución aprobada por Miguel Ángel Gallardo como Presidente de la Diputación y por la que se adjudicó la plaza fuese no ya arbitraria y claramente ilegal, sino también dictada a sabiendas de dicha condición. Por lo tanto, no basta con que fuese irregular sino groseramente ilegal y consciente. La Administración suele tener amplio margen discrecional y más aún en procesos de libre designación. Por ello, es frecuente que los tribunales reconozcan irregularidad pero no delito si no consigue probarse el dolo. Esto quiere decir que una actuación puede ser contraria a Derecho y ser anulada pero no encajar en el supuesto del artículo 404 del Código Penal. En consecuencia, demostrar prevaricación dependerá no sólo del contenido de las bases de la plaza sino de la documentación obrante en el expediente y, especialmente, del ejercicio real de trabajo en el puesto así como de las comunicaciones internas establecidas.

Sobre el tráfico de influencias, hay que probar que alguien usó su posición (en este caso David Sánchez con la colaboración directa de Miguel Ángel Gallardo) para influir en cargos públicos (todos los que participaron en el proceso de selección) para obtener un beneficio, que en este supuesto sería el puesto de trabajo. Existe una relación personal directa innegable que es ser hermano del entonces Secretario General del PSOE y que pudo haber sido el eslabón principal de la cadena. Pero no basta con ser influyente, puesto que hay que demostrar la presión e influencia directa y no sería suficiente una condición meramente ambiental como "ser hermano de" sin más.

El contrato exigía prestación habitual en Badajoz porque no tenía reconocido el teletrabajo al no ser el puesto susceptible de ello. Además, no existía control horario ni supervisión efectiva y la respuesta desde la Administración pacense por parte de un jefe de servicio (que casualmente fue concejal socialista, José R. Suárez Arias) fue que se trataba de un cargo exento que constaba en una lista de 26 personas con dicho privilegio. Además, las primeras declaraciones de David Sánchez ante la jueza fueron bastante ridículas, puesto que no sólo demostró incapacidad para explicar las funciones concretas de su puesto y la estructura del área, sino que ni tan siquiera supo ubicar la "oficina de artes escénicas" que dirigía y se usaron espacios improvisados sin despacho propio. Tampoco resultó muy creíble que afirmase enterarse de la creación de este plaza por Internet. Todas estas circunstancias refuerzan no ya la falta de control administrativo, sino también la sospecha de puesto ficticio o vacío de contenido real.

En su auto, la jueza entiende que el principal acusado tenía conocimiento previo de que el puesto se había creado para él, es decir, que se presentaría a la convocatoria con unos criterios de adjudicación (no necesariamente fijados en las bases públicas) ajustados a sus condiciones personales, como no tener que acudir diariamente al despacho y dedicarse a la ópera y habría hecho una entrevista para simular la legalidad del procedimiento. Además, también imputa por los mismos hechos a un ex asesor de Moncloa, Luis María Carrero, por acceder directamente a un puesto de auxiliar del propio David cuando procedería provisión de comisión de servicios.

Consideraciones

La resolución de este caso está relacionada con esa zona gris que media entre el Derecho Administrativo y el Penal, pues la línea defensora de las partes acusadas tratará de (al menos) arrinconar en el primero cualquier tipo de irregularidad constatada y probada. En principio, por los indicios recogidos, será mucho más complicado demostrar los cargos por tráfico de influencias que por prevaricación, en cuyo caso parecen más robustos y sólidos. El hecho de que se descartase malversación y fraude a Hacienda complica que se pueda establecer nexos de presión o intermediación con el tráfico de influencias, por lo que la vía condenatoria más probable sería la de la prevaricación. Y esta última apuntaría a probable si se demostrase de forma acumulada y no selectiva que la creación y modificación del puesto no se basó realmente en planificación previa ni a necesidades estructurales. La clave será demostrar lo siguiente: que existieron múltiples incongruencias entre el diseño del puesto y funciones, las modificaciones orgánicas eran incompatibles con no sacar a nueva provisión, el perfil era coincidente 100% con el beneficiario, existió falta de definición real del contenido y, en definitiva, la suma de tantas irregularidades que sobrepasen el límite de la mera negligencia o error. De esa manera, la arbitrariedad sería tan manifiesta que el Derecho Penal sería competente tanto para enjuiciar como para condenar, cuanto menos, tanto a David Sánchez como a Miguel Ángel Gallardo.

Cartagena: una moción de censura entre rupturas, traiciones y viejas heridas

La ciudad de Cartagena, conocida por ser una de las ciudades más antiguas de España con una historia que le concede el sobrenombre de la Trimilenaria, ha ocupado la atención de las recientes noticias a nivel nacional más allá de la consabida corrupción. El motivo es porque el pasado lunes 18 de mayo se registró una moción de censura a instancia de los grupos Movimiento Ciudadano (en adelante MC), PSOE y Sí Cartagena. Mediante esa palanca pretenden desbancar a la Alcaldesa del PP Noelia Arroyo, que hasta la fecha se encuentra gobernando en minoría con el apoyo de un Vox partido en dos mitades. Para analizar este movimiento es preciso establecer y recordar primero la situación que ha llevado a este movimiento y todos los factores que condicionan lo que pueda suceder el próximo 2 de junio que es cuando se someterá a votación la moción en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena.

Antecedentes: MC y PSOE, una relación complicada

En 2015, el PP de Cartagena perdió la mayoría absoluta y Pilar Barreiro no renovó la Alcaldía al alcanzarse un acuerdo entre el PSOE y MC, de manera que se repartirían el gobierno municipal y la alcaldía con dos años respectivos y con el visto bueno de Podemos. Sin embargo, lo que parecía un matrimonio político entre José López y Ana Belén Castejón terminó reventando por los aires. El empresario estuvo envuelto en innumerables polémicas por su constante enfrentamiento contra la oposición del PP y Ciudadanos, sus frecuentes insultos a Murcia, su perfil duro en redes sociales, una tentativa de agresión a un ex alto cargo de la CARM y un delito de coacciones a un policía local, siendo condenado en ambos casos. Pero su comportamiento no acabó ahí, sino que se dedicó a torpedear la propia coalición de gobierno acusando al PSOE de maniobrar bajo instrucciones externas, de manera que en 2017 se rompió el acuerdo dificultando la estabilidad municipal.

Esa nefasta experiencia y acumulación de desconfianza explica lo sucedido el 15 de junio de 2019, cuando tras ganar las elecciones MC al pasar de 5 concejales a 8, el controvertido López se estimaba Alcalde de nuevo. Sin embargo, en la votación de investidura a la que se presentó él y Ana Belén Castejón (que tenía un concejal menos que el PP), los concejales de MC entraron en shock al ver que el PP sumó junto con Ciudadanos sus votos a favor de la candidata socialista. De esa manera, Castejón era nombrada Alcaldesa y se repartió el gobierno con Noelia Arroyo, sin que entre las dos existiesen importantes fisuras. Pese a ello, los socialistas regionales y nacionales reaccionaron con indignación y expulsaron del partido a todo el grupo del PSOE de Cartagena. El motivo fue simplemente cogobernar con el PP, algo de lo que no tuvieron problema por ejemplo en Euskadi con Patxi López.

El camino hacia la moción de censura

En 2023, en un clima mucho más calmado, las elecciones volvieron a representar por tercera legislatura consecutiva un escenario sin mayorías absolutas. El PP ganó las elecciones con 10 concejales y con la desaparición de Ciudadanos y la entrada de Vox prefirió gobernar en solitario tras una investidura en la que cada grupo votó a su propio candidato. Sin embargo, al igual que sucedió por ejemplo con Ángela Gaona en San Pedro del Pinatar, la situación pasó a ser pronto de bloqueo total. Esto conllevó a que en noviembre se firmase un acuerdo programático y de gobierno con Vox. Desde ese momento, Diego Salinas pasó a ser Teniente de Alcalde y concejal de gobierno junto con todos sus compañeros.

A medidos de 2024, la presidenta y concejala de MC María Dolores Ruiz y el ex Alcalde Pepe López denunciaron a través de este último a su secretario general y portavoz Jesús Giménez Gallo por un presunto delito de falsedad documental. Alegaron que se habrían manipulado los estatutos del partido alterando la normativa interna para blindarse, evitar primarias y frenar posibles candidaturas rivales. Esto tuvo como consecuencia que, en enero de 2025, dicha concejala fuese suspendida por su propio partido por 3 años en expediente disciplinario. La comisión le acusó de no respetar la disciplina de voto, cometer abstención de funciones y ausentarse de reuniones internas. Al mes siguiente formalizó su pase como concejala no adscrita, inaugurando la cuenta que pasaría a ser récord en esta legislatura.

En marzo de 2026, tras el estallido del caso Antelo que analizamos en este mismo blog, Diego Salinas anuncia su baja de Vox y su escisión del grupo municipal pasándose al grupo mixto como no adscrito como acción de apoyo al diputado regional. Aparentemente, este hecho no perjudicaba la estabilidad del gobierno al mantenerse en el mismo. Pero la crisis de Vox Cartagena no acabó ahí. Al mes siguiente, la concejala de Turismo Beatriz Sánchez del Álamo comunicaba su baja denunciando traición y trato indigno del partido, enfocando sus críticas en Vox. Pero también dejó un mensaje críptico y es que afirmaba que "Arroyo confía en mis competencias, pero en el momento en que ella tenga quejas, tomaré decisiones y me iré yo". Esta declaración pudo venir a colación de ciertas fricciones por desavenencias en la gestión de la cartera turística. No llegó a dejar su cargo de gobierno, pero al mes posterior, en 14 de mayo, saltaron las alarmas con la salida de Diego como concejal de Desarrollo económico, Empresa e Industria. A partir de ese momento es cuando empezó a sobrevolar más que nunca la posibilidad de una moción de censura. Y no tardó nada, puesto que al lunes siguiente el día 18 ya se registró. Así que la secuencia de movimientos sugiere un acuerdo previo.

Reacciones políticas ante la moción de censura

Declaraciones de Noelia Arroyo. Arroyo califica la moción como una maniobra a la desesperada entre fuerzas políticas enfrentadas entre sí con un intento instrumental de asaltar el Ayuntamiento a un año de las elecciones de 2027, de forma que el verdadero objetivo sería obtener visibilidad de cara a aquéllas. Ante todo, resalta la incoherencia ideológica de pretender sumar a cuatro grupos incluyendo a los concejales tránsfugas de Vox con la aquiescencia del PSOE. En ese escenario futuro, aprovechó para poner en contexto la convulsa etapa entre socialistas y cartageneristas a que hemos hecho referencia, por lo que el escenario que dibuja la moción representaría una vuelta al caos y reabrir viejas heridas políticas de Cartagena. Frente a ello, ha tratado de defender su gestión económica en reducción de la deuda, inversiones, proyectos financiados con fondos europeos y mejora del empleo. Esto contrasta con lo denunciado por la oposición en un comisión aludiendo a más de 12 millones de euros en facturas sin pagar y no se ha aprobado aún el plan económico financiero. En definitiva, Arroyo deslegitimó moralmente la moción antes de votarse y presentó el pacto como inestable e imposible, pero al mismo tiempo aprovechó en su entrevista en la 7 para movilizar emocionalmente al electorado del PP con la idea de convertir una posible derrota institucional en un arma de relato de cara a 2027.

Cierre de filas en el PSOE. Los socialistas, encabezados por Manuel Torres, han asegurado que la operación aparentemente disparatada cuenta con el aval de Ferraz. La explicación a esto y qué diferencia tendría con los hechos de 2019 radicaría en lo más simple: se desalojaría al PP mientras que por aquél entonces se pactó un gobierno de coalición con el PP. Aún así, queda la pieza de Vox pero el PSOE de Cartagena pretende enfocar que ahora esas dos personas son "libres" y no pertenecen a la formación de "ultraderecha" como machaconamente reiteran los socialistas a todos los niveles territoriales. Habría que ver hasta qué punto se normaliza el pacto con unos tránsfugas que figuraron en las listas de Vox e incluso uno de ellos ya gobernó con el PP. Para evitarse líos decidieron consultar a la militancia local y a la ejecutiva regional. Ésta aceptó en primera instancia el 20 de mayo justificándola por la necesidad de aplicar una "agenda progresista valiente que recupere la justicia social y derechos humanos" y trasladó a la anterior la responsabilidad de validarla en consulta mediante voto presencial y secreto. Se efectuó en 2 horas por la tarde y con varias urnas. Esa noche del 26 hizo público un porcentaje del sí del 94,5% de los participantes y un 62,14% del censo de afiliados (689).

Rupturas internas en Vox. Javier Antelo emitió las declaraciones más complejas, dado que se mezcló la crisis de Vox con la implicación de los concejales más próximos a él. Por un lado, aludió a la impredecibilidad del partido como condicionante de lo sucedido, resaltando la escasa credibilidad del mismo. Por tanto, responsabilizó directamente a Vox del registro de la moción de censura y señalando al portavoz Gonzalo López Pretel sobre el que cabrían quejas de vecinos. Sin embargo, al mismo tiempo rechazó la moción tal como se ha planteado porque implica que el PSOE entre el gobierno de Cartagena y a su juicio supondría abrirle la puerta al Sanchismo. Más duro fue Rubén Martínez Alpáñez, quien reemplazó a Antelo como portavoz del grupo en la Asamblea responsabilizando directamente a "la banda de Antelo" y al transfuguismo. Por su parte, López Pretel cargó contra los no adscritos al tiempo que recalcó que no existía ninguna noticia sobre decreto de cese de Sánchez del Álamo, dejando caer junto con otras fuentes a Diario La Verdad que podría existir algún contacto para hacerle reconsiderar a aquélla. La diferencia es que Diego sí ha realizado declaraciones públicas apoyando de forma indirecta la moción de censura mientras que Beatriz permanece en silencio. Sin perjuicio de ello, los 14 implicados asistieron a una reunión el viernes 22 en el hotel NH Cartagena donde todos firmaron un acuerdo programático y, entre ellos, la propia Beatriz.

Rupturas internas en Movimiento Ciudadano. Pepe López, con un perfil político aún más marcado por la confrontación debido a una sentencia de cobro indebido por un sueldo que no reintegró y una tercera condena por difamación, criticó la iniciativa de Giménez Gallo enfatizando en los disensos internos de la formación cartagenerista. Echó en cara el "desmesurado ego y ambición" del actual líder del grupo Giménez Gallo y calificó de "antinatura" un pacto con PSOE y Vox, considerando que ambos son partidos nacionales y alejados de los intereses cartageneros. Además, indirectamente quiso recordar la experiencia pasada con los socialistas. Por el contrario, el candidato Giménez Gallo calificó la operación como "urgencia democrática" y acusando al Ayuntamiento de estar intervenido y sin liquidez y con subidas fuertes de impuestos. También minimizó el efecto rebote que pudiera recoger Arroyo entendiendo que no es comparable en popularidad al recientemente fallecido José Ballesta, que venció en las elecciones de 2023 tras la moción de 2021. En cuanto a María Dolores Ruiz, ha realizado varias declaraciones explosivas. En la primera, confesó que no puede votar como Alcalde a alguien a quien tiene denunciado y cree que la moción no prima Cartagena. En la segunda, acusó a Beatriz de estar maniobrando con el PP para que fracase la moción. De cualquier manera, recalcó que su posición no sería determinante porque quedaría fuera de la teórica suma de 14 votos.

Rupturas internas en Sí Cartagena. Ana Belén Castejón, secretaria general de Si Cartagena y que entregó su acta en septiembre de 2025 por motivos personales y familiares, también ha rechazado la moción de censura. Considera que sólo responde a una operación improvisada, sin programa ni estructura, que rompe con la estabilidad de Cartagena y convierte a Si Cartagena en una muleta de intereses partidistas. Por lo tanto rompe con su sucesor Juan Pedro Torralba. Éste, en unas curiosas declaraciones, afirmó ser "socialista sin carnet" y entender que era perfectamente posible que gobernasen izquierdas y derechas juntas. Es preciso recordar que Sí Cartagena fue una formación creada por los socialistas cartageneros expulsados en 2019 por pactar con el PP y que en 2023 logró votos suficientes para obtener una silla de concejal. De hecho, la cifra resultó ser prácticamente idéntica a lo que perdió la candidatura de PSOE Cartagena.

Conclusiones y perspectivas

Cartagena vive una política municipal extraordinariamente fragmentada, personalista y marcada por relaciones rotas. Teniendo en cuenta los antecedentes de las legislaturas anteriores caracterizados por la desconfianza entre partidos y por los que se arrastran rencillas que llegan al presente, los disensos entre varios de los grupos de la corporación con hasta 3 concejales no adscritos, las discrepancias existentes entre los afiliados de varios de los firmantes y la heterogeneidad ideológica de la suma de ediles que aspira a la alternativa política, la conclusión es más que clara: esta moción está completamente abocada al fracaso. Y desde el mismo momento en que se registró.

Los motivos esgrimidos por Giménez Gallo contienen ciertas contradicciones. Por un lado, entiende que lo mejor para Cartagena es un Ayuntamiento "que no reciba instrucciones ni de Murcia ni de Madrid", lo que quiere decir que PP y PSOE no estén implicados. Al mismo tiempo, no terminó de aclarar qué quieren hacer con el solar de Ángel Bruna que se debate entre un nuevo cuartel de la Guardia Civil o un jardín con parking, pues a la vez que señala que la presencia del PSOE en el consistorio puede desbloquear ese cuartel, se manifestó partidario del segundo que es la opción vecinal. Además, convendría recordar que el bloqueo de la ZAL (al que me referiré en un artículo muy pronto) implica a PP y PSOE, luego no coincidir en ningún color político no tiene garantías de que se acelere y más en el contexto del AVE pendiente a Cartagena. Por si fuera poco, el margen de maniobra con familias tan diferentes y en el plazo de un año deja muchas dudas de su efectividad. Por mucho que se reúnan los portavoces del aspirante a tripartito con la junta de personal del Ayuntamiento para prometer una estabilidad que sólo en sus cabezas sonará creíble.

Si es que el próximo 2 de junio esta moción fuese aprobada por mayoría absoluta (no cabe mayoría simple alguna para que salga adelante), la gobernabilidad no sería ni mucho menos más cómoda para Cartagena. Además, será entonces cuando desde el PP de Arroyo ya podrán preparar la precampaña para materializar una mayoría muy cercana a la absoluta cuanto menos. Porque la propia coalición a lo "Frankenstein", que posiblemente fuese la denominación que recurran y le estaría allanando el camino desde el primer día.

Cuba 2026: entre el colapso económico y la presión geopolítica

Este año comenzó con la sorpresa de la captura del dictador Maduro de Venezuela por parte de EEUU amparándose en la aplicación extraterritorial de la Ley por presunta implicación en narcoterrorismo. Fue un movimiento que no era del todo impensable, pero llegó en un momento en que nadie lo auguraba. Seguidamente - sin perjuicio del conflicto con Irán - Donald Trump ha fijado el punto de mira en el último reducto del comunismo en el continente americano: Cuba. Es más, precisamente la sensación es que esta isla es una pieza del dominó que, para tumbarla, era necesario derribar antes la ficha de Venezuela. Y, si bien es cierto que a Cuba le rodean otras naciones en su ecosistema aliado, el análisis que hoy presento dibuja un escenario de acorralamiento absoluto. Expondré en primer lugar los distintos factores y variables que han estado influyendo en la situación económica, energética y social actual de Cuba, para después comentar y analizar las negociaciones abiertas y la escalada de tensión que ha ido creciendo durante este mes de mayo. 

Factores estructurales internos: la gestión de la dictadura

En este punto hay que referirse a la gestión política y económica que opera a largo plazo y condiciona todo lo demás. Ante todo, la rigidez institucional propia de una dictadura de más de 65 años impide poder realizar reformas profundas. El modelo económico cubano es el comunista de toda la vida, el de planificación centralizada por el Estado. Controla sectores clave a través de su nacionalización desde 1960. Sin embargo, lo hace a costa de una baja productividad y escasos incentivos a la eficiencia, aparte de controles de precios y salarios que distorsionan la economía. La sensación generalizada en Cuba es la de escasez y con un peso cubano tan devaluado que se halla en mínimos históricos. Se asiste a falta de alimentos, medicinas y productos básicos con desabastecimiento en tiendas, de acceso a agua potable por su dependencia de la electricidad, transporte público limitado e incluso basura acumulada por falta de combustible. Además, sus prioridades de inversión están desequilibradas, pues se han centrado en el turismo dirigido a través de GAESA por las Fuerzas armadas revolucionarias de Cuba mientras que sus infraestructuras básicas (petroleras, red eléctrica, etc.) están muy descuidadas. Además, existieron limitadas aperturas al sector privado contribuyendo a una economía muy poco resiliente a la eficiencia. Por si fuera poco, no sólo la economía es intervenida por el Estado, sino que también aplica controles a la libertad de expresión vigilando a creadores de contenido. Y es que no estamos hablando de un sistema populista sin más, sino de un Estado totalitario.

Factores coyunturales recientes

También existen variables recientes que han acelerado drásticamente la crisis. En primer lugar, está la emigración masiva de personas que, en este escenario de frustración y desesperanza, han huido de la dictadura con expectativas de desarrollar tanto su carrera profesional como su vida personal en países democráticos. Esto por lo tanto ha generado una fuga de talento importante, como por ejemplo en sus médicos y en general de población activa. Segundo, la crisis energética ya se generó tiempo atrás por motivo de una infraestructura obsoleta que no produce ni la mitad de lo que el país necesita y una lamentable gestión política de las mismas, sucediendo apagones generalizados con demasiada frecuencia. Tercero, la pandemia de Covid-19 provocó en lógica incontestable una caída del turismo del que dependía tanto la isla, generando un descenso brusco de divisas y redundando en un descenso acumulado del PIB del 15% desde 2020. Este año, la crisis de Venezuela y el arresto de Maduro les ha reducido aún más el suministro de petróleo y han perdido otro apoyo económico incondicional. Además, recientemente el México de Sheinbaum ha cortado también el chorro argumentando que para petróleo ya está Rusia y sólo aportará ayuda social humanitaria.

Factores externos: dependencia histórica de la URSS

La dependencia externa es un factor crítico y clave para entender por qué Cuba ha sido tan vulnerable. Hasta 1991, disponía de un apoyo masivo de la Unión Soviética como ancla económica con comercio preferencial en pilares como el azúcar y el petróleo e incluso subsidios indirectos. La URSS compraba azúcar cubano a precios superiores al mercado mundial y suministraba petróleo a precios inferiores, reexportando incluso Cuba a países occidentales. Además, concedía préstamos con bajos tipos de interés que en muchas ocasiones eran refinanciados o condonados y suministró gran cantidad de equipos militares y aviones. La localización estratégica de Cuba y su cercanía con el gran enemigo EEUU era absoluta prioridad y sobre todo durante la Guerra Fría y los años ochenta. Sin embargo, tras la caída del principal socio comunista de Cuba se marca un punto de inflexión. La Rusia actual no tiene nada que ver con la anterior URSS, pues su apoyo es más limitado y puntual con líneas de crédito pero sin subsidios estructurales. En marzo y abril Rusia ha estado enviando petroleros tras reuniones con gerifaltes cubanos y con el silencio de Donald Trump. Probablemente éste lo viera lógico y deseable porque tampoco le interesaría al mandatario estadounidense que Cuba terminase de colapsar y hundir del todo. Pero eso sí, en mayo parece ser que el suministro empezó a escasear provocando problemas y la postura rusa habría pasado a ser la misma que la mexicana.

Factores externos: bloqueo comercial de EEUU

Desde la izquierda se ha machacado mucho con el "bloqueo comercial" de EEUU para reducir todo lo que está pasando en Cuba al "malvado enemigo yankee". Lo que se impone desde allí no es por sí un bloqueo, sino un embargo comercial que, no obstante, recibió un nuevo rechazo abrumador en 2024 por parte de la Asamblea General Naciones Unidas. Este polémico embargo comenzó a aplicarse desde 1962 con J.F. Keneddy y sólo se asistió durante unos meses a un efectivo bloque naval con motivo de la crisis de los misiles cubanos. Por una parte, se trata de que el comercio con el país del Tío Sam está restringido, dado que sólo se exportan desde allí medicinas y algunos alimentos. EEUU no ha enviado buques ni ha intervenido para evitar que lleguen alimentos. Por otra parte, los norteamericanos establecen sanciones con efectos extraterritoriales, es decir, a terceros países por comerciar con Cuba como arma disuasoria. Estas acciones traen como efectos la dificultad de acceso a financiación internacional, costes más altos de importación más allá de sus socios preferentes y consecuentemente menor inversión extranjera. Por consiguiente, toda relación comercial con Cuba ha sido más cara que con otros países. ¿El motivo para esto? Ya lo hemos dicho en el anterior párrafo: puramente geopolítico, por la estrecha amistad histórica con los rusos que habían sido siempre el principal rival y su situación geográfica estratégica, representando desde la Guerra Fría una hipotética amenaza tanto económica como militar a EEUU. Por lo tanto, el impacto del bloqueo es comercial, financiero y reputacional. No obstante, esto no aísla completamente a Cuba pese a que constituya un factor agravante limite de forma significativa su integración económica. Se flexibilizó parcialmente durante los años de gobierno de Barack Obama y se endureció con los de Bill Clinton y sobre todo Donald Trump.

Apertura de negociaciones entre EEUU y Cuba

Las conversaciones no se abrieron en un escenario de distensión, sino más bien lo contrario. Se insertan en una estrategia de máxima presión impulsada por Donald Trump, con endurecimiento de sanciones e importante limitación de suministro de petróleo. Por tanto, las negociaciones partieron de un claro desequilibrio en una situación de urgencia y de asfixia económica de la isla con apagones masivos y paralización económica. Realmente no sabemos casi nada de estas negociaciones, caracterizadas por un alto nivel de opacidad por llevarse en canales diplomáticos discretos y la falta de publicidad de ambas partes. De hecho, a día de hoy son básicamente contactos exploratorios. 

EEUU, por su parte, con Marco Rubio como intermediario, planteó en un primer momento un alivio de sanciones, apertura económica parcial con exportación de combustible y apoyo al sector privado cubano. La contrapartida era cambios políticos significativos con respecto a derechos civiles y un posible relevo del liderazgo actual, con vistas a un eventual cambio de régimen con elecciones libres y pluralismo político como objetivo final. Pero el gobierno de Díaz-Canel, con un nieto de los Castro como interlocutor, ha mantenido como líneas rojas precisamente el sistema político y su propia continuidad, limitando la negociación a aspectos económicos. Por tanto, los obstáculos son tanto las posiciones contradictorias como la desconfianza histórica por largas décadas de conflicto. Al menos, sí se hizo público que en acuerdo con El Vaticano se había liberado a más de una veintena de presos y se esperaba llegar a cincuenta próximas semanas. Tal vez se tratase de un gesto para ganar cierto margen diplomático, pero no se preveía que pudiera existir ningún tipo de amnistía general.

Según el historiador cubano Rafael Rojas, las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos no apuntan necesariamente a una transición política, sino más bien a la posibilidad de un “capitalismo sin cambio de régimen”, es decir, una apertura económica limitada manteniendo intacto el sistema político. En este contexto, las concesiones previsibles (reformas parciales, liberaciones graduales de presos...) responderían más a una estrategia de adaptación del régimen ante la presión externa y la crisis interna que a un proceso de democratización. Esto sugiere que el embargo y las sanciones, aunque influyen en la dinámica negociadora, no están provocando por sí solos un cambio estructural del sistema cubano.

Escalada de presión y tensión sin romperse el diálogo

Las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos en mayo representaron un endurecimiento significativo del embargo, al extenderse a cualquier empresa o individuo e incluso actores extranjeros que operasen en sectores clave de la economía cubana y dispusieran de activos en EEUU. Estas medidas buscaban cortar las principales fuentes de divisas del país mediante el bloqueo de activos, restricciones financieras y sanciones extraterritoriales. La consecuencia es que aumenta el coste y el riesgo de cualquier relación económica externa con la isla. Pero no se quedaron en entidades, sino que se ampliaron a personas físicas como varios funcionarios del régimen con nombre y apellidos.

La tensión aumentó más añadiéndose varios eventos. Primero, que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían realizado al menos 25 vuelos de inteligencia y vigilancia cerca de la isla desde febrero. Aunque Washington no ha planteado públicamente una intervención militar y estas operaciones pueden responder a tareas rutinarias de reconocimiento estratégico, algunos analistas señalan que el patrón recuerda a despliegues previos sobre Venezuela o Irán. Segundo, existen sospechas de que Cuba habría adquirido drones militares con apoyo de Irán y Rusia con intención de atacar objetivos como Guantánamo ó la isla de Key West en Florida. Y tercero lo más relevante: EEUU a través del departamento de Justicia confirmó ayer 20 de mayo la imputación por homicidio del nonagenario Raúl Castro por un caso de derribo mortal de dos avionetas de exiliados en 1996, del que constan audios. Más allá de sus posibles efectos judiciales prácticos, difíciles de materializar, esta imputación tiene un enorme valor político y simbólico, al apuntar directamente al núcleo fundador del castrismo.

Pese a la situación de presión extrema el canal diplomático sigue abierto. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó oficialmente a la Habana hace una semana y se reunió con responsables de la inteligencia cubana y del castrismo. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio hizo una comparecencia pública. Más allá de las sanciones económicas, Rubio planteó abiertamente una “nueva vía” basada en elecciones libres, apertura económica y, especialmente, en el desmantelamiento del poder económico de las Fuerzas Armadas y del conglomerado GAESA, que controla buena parte de la economía cubana. 

Conclusiones

La situación que atraviesa Cuba en 2026 ha superado ya el marco de una simple crisis económica coyuntural. Diversos estudios académicos independientes han cuestionado además la idea de que el embargo estadounidense explique por sí solo el deterioro económico de la isla, señalando que buena parte de los problemas responden también a factores internos como la planificación centralizada, la falta de incentivos productivos, la opacidad institucional y la excesiva concentración militar de sectores estratégicos de la economía.

El conglomerado GAESA controlado por las Fuerzas Armadas ha acumulado durante años el control sobre el turismo, las divisas y las principales inversiones estratégicas del país. Sin embargo, el hundimiento del turismo internacional tras la pandemia, agravado por los apagones, la precariedad de infraestructuras y la creciente percepción de deterioro general, ha golpeado precisamente uno de los pilares financieros fundamentales del régimen.

A esta crisis interna se suma además un entorno internacional cada vez más hostil, no ya por el alejamiento de sus aliados tradicionales. La llegada de la nueva Administración Trump ha supuesto un endurecimiento progresivo de las sanciones financieras y energéticas, así como un incremento muy notable de la presión diplomática y estratégica sobre La Habana. Las recientes acusaciones relacionadas con cooperación militar con Irán y Rusia, los vuelos de inteligencia estadounidenses, las nuevas restricciones económicas y la imputación judicial de Raúl Castro muestran que la relación bilateral ha entrado en una fase de confrontación mucho más profunda que en años anteriores.

Sin embargo, la situación también presenta una aparente paradoja. Mientras Washington incrementa la presión, continúan existiendo canales de negociación y comunicación de alto nivel, como demuestra la reciente visita del director de la CIA a La Habana. Todo ello sugiere que Estados Unidos no estaría buscando únicamente aislar económicamente al régimen cubano, sino forzar una reconfiguración gradual de sus estructuras políticas, económicas y militares desde una posición de máxima presión.

En definitiva, la crisis cubana de 2026 parece el resultado de la convergencia de múltiples factores: debilidades estructurales acumuladas durante décadas, dependencia extrema del turismo y de las divisas externas, deterioro energético y productivo, éxodo migratorio masivo, desaparición del apoyo soviético primero y de la ayuda venezolana después, sanciones estadounidenses y creciente tensión geopolítica internacional. La gran incógnita ahora es si el sistema cubano será capaz de claudicar, adaptarse y reformarse antes de que el deterioro económico y social alcance niveles irreversibles. Porque, a diferencia de otras etapas anteriores, la actual crisis ya no afecta únicamente a la economía sino también a la legitimidad, estabilidad y propia capacidad de supervivencia del modelo político surgido de la Revolución Cubana.

Elecciones en Andalucía 2026: más participación, más proporcionalidad

Ayer se celebraron las elecciones andaluzas de 2026, que en diferencia con las anteriores autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla León no se vio afectada en su calendario habitual que siempre ha sido separado de las regiones del artículo 143 de la CE (de régimen común). En las últimas que se celebraron en 2022, Juan Manuel Moreno Bonilla obtuvo una arrolladora mayoría absoluta duplicando los votos y acaparando 58 diputados de 109. Había conseguido simple y llanamente los mejores resultados de la historia del PP en Andalucía. La subida de 32 diputados nuevos absorbió mucho más votos que los que dejó Ciudadanos que pasó de 21 a cero mientras que el PSOE bajó de 33 a 30. Vox, con Macarena Olona, subió de 12 a 14 y las escisiones de la marca de Podemos salieron perdiendo con 5 diputados para Por Andalucía y 2 para la marca Adelante de Teresa Rodríguez, desapareciendo 10 escaños por el camino. En definitiva, los andaluces validaron en las urnas una gestión de gobierno mientras que los socialistas amortiguaron la fuga de votos al PP gracias a que capturó a buena parte del electorado de Podemos.

Contexto preelectoral y encuestas

En los presentes comicios de 2026, Juanma Moreno aspiraba a mantener la mayoría absoluta y no depender de Vox. Los de Abascal presentaron a Manuel Gavira, portavoz del grupo parlamentario y secretario de la mesa del parlamento andaluz y su propósito era justo lo que no quería el PP: romper la mayoría para que tuviese que pactar y, según el resultado, poder exigir al menos la participación en una Consejería. La media de las encuestas publicadas apuntaba a que la continuidad de la mayoría absoluta era posible, al situarse justo en los 55 diputados. Sin embargo, al mismo tiempo muy ajustada como para confiarse. A ese respecto, Vox hizo unas declaraciones en campaña que considero desafortunadas al deslizar que votaría NO en una investidura de Moreno Bonilla. Las perspectivas en las encuestas eran que podía aumentar un escaño más, pero la comunicación de sus mensajes podía ser clave. En esta guerra, Juanma Moreno únicamente comentó que la decisión de gobernar o no en coalición dependía del electorado andaluz, trasladándole esa decisión poco cómoda para él pero de forma inteligente.

En la oposición, el PSOE volvió a jugar la arriesgada carta de recurrir a una ministra como en Aragón, si bien en este caso se trató de una figura con una popularidad mucho más baja que la de Pilar Alegría. Esta última, en Aragón, ya se enfrentó al recuerdo de haber sido portavoz de un Gobierno que causa más rechazo que nunca a la derecha de su posición, que cada vez es más amplia. Sin embargo, María Jesús Montero estaba un plano muy superior de crítica al haber sido Ministra de Hacienda. Fue protagonista de que no se hayan aprobado Presupuestos Generales del Estado, así como de subidas de impuestos y cotizaciones en un escenario de inflación y pérdida de poder adquisitivo para trabajadores y autónomos. Con el incremento percibido de descontento en esas clases sociales, podría valorarse que la mochila de su gestión ahondaría en la herida de un PSOE andaluz hecho trizas. Y es que todavía había sitio para más, pues se hizo público que el Tribunal de Cuentas detectó que se habían desviado 10.000 millones de euros de fondos europeos a pagar pensiones públicas. El postre de despropósitos en plena campaña fue calificar la muerte dos guardias civiles en Huelva una operación contra los narcos de "accidente laboral". Con todo esto, los socialistas perderían "sólo" 2 diputados más.

En cuanto a la izquierda alternativa, la coalición en la que se unieron Podemos, IU y Sumar volvió a probar suerte (PA) con Antonio Maíllo y con el objetivo de como mínimo de sobrevivir en un escenario en el que este espectro está en claro retroceso. Por una parte, podía ser un termómetro de qué perspectivas tendría la plataforma impulsada por Gabriel Rufián. En otro plano estaba Adelante, que renovó la cara principal retirándose Teresa Rodríguez y colocando a José Ignacio García, funcionario y psicólogo gaditano que formó parte de Podemos desde sus inicios en esta comunidad autónoma. Las encuestas apuntaban a que la segunda candidatura tendría más opciones de recoger el voto socialista más a la izquierda y logrando empatar con sus competidores más cercanos, tal vez por la crisis de credibilidad de Sumar y Podemos a nivel nacional.

En cuanto a SALF se presentó Adrián Yacar, policía nacional en excedencia. El sevillano Alvise exigió para no presentarse que PP y Vox le hicieran caso en 5 condiciones: reforma electoral, cierre de chiringuitos, fin sobresueldos a diputados, medida para solucionar la crisis de la vivienda y fin de las guerras, dando a entender que no se le diese ni un euro más a Ucrania ni se colaborase con la OTAN para defender a los países árabes de la teocracia criminal de Irán. Nada más empezar la campaña se hicieron públicas en cascada varias noticias negativas y polémicas de Alvise como la mala relación con su padre que desearía que metieran en la cárcel a su hijo, una denuncia por amenazas del Alcalde de Algeciras y la más importante, la retirada de su inmunidad parlamentaria por motivo de investigaciones por presunta financiación ilegal. Pese a todos estos líos, ¿conseguiría colarse por fin?

Finalmente, Ciudadanos no se presentó. En realidad, para sorpresa de nadie.

Resultados electorales y claves de la noche

El PP de Moreno Bonilla, tal y como era esperado, resultó ser la candidatura más votada. Sin embargo, no alcanzó la mayoría absoluta y perdió hasta 5 diputados a pesar de que aumentó sus votos en cerca de 150.000. ¿El motivo? el incremento de la participación electoral, que subió más de un 7,5% pasando de un 44,51% a un 52,16% y que en mayor medida se destinó a otras candidaturas. De esa manera, por mero efecto de la fórmula electoral, la proporción de los otros partidos y especialmente de Adelante Andalucía le hizo perder al PP la mayoría absoluta quedando en 53 diputados, es decir, a dos de la misma. Con estos datos, la pérdida no puede asumirla el PP como decepción sino más bien enfocarla como un punto de superioridad respecto a su principal socio, aparte de una continuidad electoral que deja a los socialistas casi un 50%. Y realmente esa es la foto que a nivel nacional le importa a los populares.

El PSOE de María Jesús Montero, sorprendentemente, también subió en votos conquistando 50.000 más pero perdió los dos diputados que le estimaban las encuestas por el mismo motivo antes señalado. En tal escenario, haber horadado aún más en el suelo electoral histórico del socialismo, no es del todo un fracaso rotundo. Por una parte, no cabe duda de que ha puesto de manifiesto su debilidad para concentrar el voto de la izquierda al no haber sido capaz de arañar voto de las otras dos candidaturas y, además, perder la batalla de la movilización. Por tanto, es un mal resultado pero, en un momento en que los socialistas están más preocupados de mantener Moncloa que de recuperar autonomías que tienen más que perdidas, que aumente algo el bloque de la izquierda les consuela en su estancamiento propio. Es más, pese a todas las barrabasadas que están cometiendo a nivel nacional, por más que sigan revelándose corruptelas, los socialistas siguen manteniendo un bloque incondicional que los va a seguir apoyando y eso es así en Andalucía, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en toda España.

Vox ha experimentado un resultado con sabor entre dulce y amargo. Por una parte, se ha roto la mayoría absoluta del PP en Andalucía, lo que obliga a éste a tener que buscar sus apoyos. Por otra parte, los propios de Abascal tan sólo han sido capaces de incrementar sus votos en unos 80.000 logrando un diputado más (15) necesitando Moreno tan sólo dos apoyos más para ser investido. Es un escenario que, realmente, no dibuja un poder importante de Vox que con arreglo a las declaraciones de campaña no merecería ejercer ningún poder en ninguna Consejería. Así que si Vox cumpliera con su amenaza de votar "no" a la investidura de Moreno, esa pataleta tan sólo le conduciría a nuevas crisis internas que, a día de hoy, aún no habrían ejercido influencia en su electorado actual. Personalmente, si fuese simpatizante de Vox no estaría muy contento e invitaría a una autocrítica. Es lo que sugiere, por ejemplo, el creador de contenido David Santos.

A la izquierda del PSOE, el gran ganador ha sido Adelante. Estamos hablando de una lista que ha pasado de un 4,58% a un 9,62% de los votos, subiendo más de 230.000 votos (tenía 169.000 en 2022) y pasando de sólo dos escaños a ocho. Personalmente intuyo que esa subida se explica en haber capitalizado la movilización electoral y haber pescado buena parte de ese voto en la abstención y nuevos votantes. Como hemos visto, PP, PSOE y Vox han subido, pero el incremento de Adelante ha sido espectacular. ¿Los motivos concretos? Era la primera vez que se renovaba el liderazgo tras dejarlo Teresa Rodríguez (que reveló ayer que padece un cáncer y pasa quimioterapia) y los mensajes transmitidos podrían tener un cariz más transversal y renovador para una cierta parte de los andaluces más descontentos. Entre ellos, los más cercanos al andalucismo que en otra época era más de centro derecha. Además, la crisis de imagen y liderazgo a nivel nacional de los partidos Sumar y Podemos que integraron la coalición de Por Andalucía (y que perdieron 20.000 votos) les ha favorecido vencer en ese duelo de la izquierda alternativa. Así que en términos comparativos este efecto se parece más a Aragón con la Chunta que Extremadura o Castilla León. Ahora bien, no es ni mucho menos mal resultado continuar con 5 diputados pese a la fuga de votos, seguramente en dirección a PSOE y Adelante.

Por último, SALF consiguió más de 105.000 votos que no han servido prácticamente para nada. O sí, para evitar que Vox o el PP capturase algún diputado más. Ni siendo de Sevilla ha conseguido Alvise obtener representación, demostrando que es perfectamente compatible conquistar 800.000 votos en unas Europeas con circunscripción única y no comerse un "torrao" (por no emplear otra palabra) con elecciones en provincias. ¿Se acabó ya la fiesta o todavía seguirá bailando con las luces encendidas?

El futuro político de Andalucía y sus retos

En atención al programa electoral del PP, la legislatura 2026-2030 se centraría en Economía en una vía liberal con bajada de impuestos, simplificación administrativa y captación de inversiones. El objetivo de Moreno Bonilla es convertir a Andalucía, una región tradicionalmente agrícola (ocupa un 40% del VAB), en líder en sectores estratégicos como el turismo, la industria e incluso las energías renovables. Pese a ello, choca con Vox en que este último propone rebajas fiscales mucho más fuertes no ya en el IRPF sino también suprimiendo impuestos autonómicos. También se promete un enfoque liberal en Vivienda sin intervenir de forma significativa el mercado inmobiliario sino facilitándole el camino: liberalizar suelo, agilizar licencias y fomentar la colaboración entre sector público y empresas para incrementar la oferta de vivienda pública asequible. Igualmente, es importante agilizar la burocracia y atender especialmente a colectivos como jóvenes y familias. Vox coincide en todo salvo en su lema propio de "prioridad nacional" para acceder a ayudas y vivienda protegida. Sin embargo, sólo puede equipararse al "arraigo" en el que caben españoles de origen, nacionalizados y extranjeros con residencia establecida de varios años. Por tanto, quedaría fuera un murciano que lleve poco tiempo.

En Sanidad, lo que todo el mundo espera es (valga la redundancia) reducir las listas de espera de operaciones quirúrgicas con más profesionales, reforzando plantillas y reorganizando el Servicio de Salud. También prometió ampliar horarios en atención primaria, invertir en tecnología sanitaria y mejorar las infraestructuras. Vox coincide en muy buena parte, añadiendo la necesidad de aumentar las camas en los hospitales. En la otra gran política pública, en Educación, el PP apuesta por el refuerzo de la Formación Profesional y educación especial así como de la digitalización, limitándose por lo demás a respetar la libertad de elección de centro y apoyo a la enseñanza concertada. Vox es más ideológico a este respecto, señalando particularmente su rechazo al "adoctrinamiento ideológico" en las aulas.

En Medio Ambiente, el programa del PP cree importante para combatir la escasez de agua el modernizar regadíos, reforzar infraestructuras hidráulicas y avanzar en energías renovables. A este respecto, la más eficiente y que podría ahorrar más es la eólica. Por su parte, Vox es partidario de la soberanía energética frente a la Agenda 2030 y de mantener un mix energético en el que la energía nuclear sea protegida y las renovables no choquen con la agricultura y ganadería.

Finalmente, sólo queda que Vox sea consecuente con su posición y no pretenda jugar al ajedrez contra Moreno Bonilla pues, como valoro, tendría todas las opciones para salir perdiendo si lo hace.