El Ministerio de Igualdad como sumidero del dinero público

En el día de hoy se celebra el día de la Mujer como cada 8 de marzo. Sin embargo, hace tiempo (bastantes años diría yo) que ha degenerado en una campaña publicitaria del Gobierno socialista y de la izquierda en España, sobre todo de la más extrema. Las encuestas ya reflejan el rechazo que recibe el feminismo por su deriva que nade tiene que ver con su teórico propuesto. De hecho, ya publiqué un post en noviembre desmontando la falsa narrativa de que el feminismo persigue la igualdad, porque más bien es lo contrario. Invito a leerlo también como complemento al presente. En el del día de hoy me he centrado en la vertiente económica, de manera que el Ministerio de Igualdad - en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores - se convierte en un auténtico coladero de dinero público derrochando nuestros impuestos en gastos improductivos o muy dudosos. Igualmente, recuerdo alguna de las polémicas más sonadas. Omito la famosa aprobación de la Ley Sólo sí es sí, pues corresponde a un disparate jurídico relacionado con la ignorancia e incompetencia en materia jurídica de sus responsables y muy especialmente de la desastrosa ministra Irene Montero. Hay que puntualizar que buena parte de esta información ha sido difundida y puesta en la agenda social por parte de tuiteros como Pablo Haro y Pablo Cambronero. El primero tiene un canal de Telegram (Confirmado Transparencia) donde comunica todos los resultados de sus solicitudes a Transparencia el segundo fue tránsfuga la pasada legislatura (ex de Ciudadanos) que me tiene bloqueado por recordarle lo que era, sin perjuicio de que aporta también difusión de estos temas.

Subvenciones a "estudios feministas" y entidades afines

La percepción pública del movimiento feminista por cualquier persona o entidad que no dependa su actividad del dinero público es que está ampliamente financiado. Vamos a ir aportando datos y escalando poco a poco. El Instituto de las Mujeres es un organismo adscrito al Ministerio de Igualdad dotado con un presupuesto anual de 27 millones de euros. De esos, más de un 20% va para gastos de personal, prácticamente lo mismo que contratación de servicios, con lo que ya se nos van más de 12 millones. Además, realiza transferencias corrientes por valor de un millón de euros a las CCAA e igualmente convoca regularmente en el BOE subvenciones para estudios y actividades universitarias relacionadas con la igualdad y los estudios feministas, así como para postgrados y actividades académicas vinculadas a la igualdad de género. También queda espacio para concesiones directas como a la Cruz Roja, CCOO, UGT, FEMP y un enorme cajón de diversas asociaciones feministas, sumando entre concursos y directas más de 7 millones. Sólo en los dos últimos años, se han destinado más de 300.000 euros a sindicatos para realizar "estudios feministas", se aprobaron partidas de 600.000 euros para becas de posgrado en feminismo y de género y actividades en universidades como seminarios, congresos, jornadas, foros de debate y productos audiovisuales, se destinaron 725.000 euros a convocatorias específicas para investigaciones feministas, se aprobaron en noviembre de 2025 ayudas de más de 2 millones de euros para entidades feministas y hasta 3,6 millones de euros en concesión directa en materia de promoción de igualdad y derechos LGTBi+. Todo esto crea una gigantesca red clientelar.

El Ministerio de Igualdad justifica todo este gasto en que las ayudas y subvenciones constituyen una técnica de fomento de la igualdad de oportunidades y eliminación de discriminaciones y en el marco del Plan estratégico de subvenciones 2024-2026 y con arreglo a los principios de transparencia y competencia de la Ley General de Subvenciones. Bueno, competencia no existirá tanta teniendo en cuenta lo que están abusando de las concesiones directas. Con independencia de ello, se destinan estudios académicos con impacto social difícil de medir y no siempre parece evidente el retorno social o beneficio tangible para la ciudadanía, más allá de la producción de conocimiento o debates académicos "feministas" que cumplan con la agenda ideológica del Gobierno. Qué decir de cursos como el transgénero por valor de 40.000 euros para tres días que promueve la idea queer de que ser mujer es una mera condición jurídica y sobre todo el famoso "festival de perreo feminista" que costó 105.000 euros. Pero sobre todo lo que está cubierta es la financiación a creadores de contenido feminista como anunció la ministra Redondo el pasado año para "despatriarcalizar las redes".

Ayudas a cooperación exterior y al extranjero

En colaboración con el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Asuntos Exteriores promueve integrar la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en las prioridades de la política exterior de España y en la cooperación al desarrollo. En dicho marco, ha establecido cursos de política exterior feminista y sobre todo subvenciones de cooperación para el desarrollo con perspectiva de género, lo que ha venido a ser una extensión directa de la agenda de Igualdad hacia gasto internacional. En no pocas ocasiones, esas transferencias van destinadas a ONGs engrosando cuentas corrientes de trabajadores más que financiando proyectos constructivos. Así, en enero de este año se presentó formalmente la primera Estrategia de Cooperación Feminista de España, con el objetivo explícito de orientar aquélla hacia la igualdad de género y la erradicación de las desigualdades estructurales en países socios. Esta política se sustenta en compromisos internacionales como los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y ahí precisamente es de donde parte el problema.

A través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores, España ha destinado importantes partidas de ayudas. Así, en 2024 el Consejo de Ministros aprobó 20 millones de euros dirigidos a diversos fondos de la ONU (mujeres, UNICEF, etc) sobre igualdad de género, salud reproductiva y derechos humanos pasando a ser 62 millones al año siguiente. En 2025 también se aprobaron otros 120 millones de euros en contribuciones plurianuales vinculadas a igualdad y desarrollo sostenible aunque no exclusivamente con objetivos de género. Finamente, en julio pasado se aprobaron otros 62 millones de euros para fondos internacionales. Son unos montos económicamente muy elevados destinados a fuera de nuestras fronteras, pero si lo ponemos en relación con todo el presupuesto de cooperación exterior sería sólo la punta del iceberg porque asciende a nada menos que 4.000 millones de euros. Sí, dinero que sale de España sin contraprestación mientras que el Gobierno celebra que cada vez aumente más, pero luego nuestros impuestos son para pagar pensiones, Sanidad, Educación, carreteras y transportes, ¿verdad? Pero obviamente no es lo mismo contribuir a que los niños de África o Gaza no pasen hambre que a ciertos proyectos "feministas" cuya utilidad deja muchísimo que desear.

El enfoque feminista resulta muy difícil de traducir en impactos concretos en condiciones de vida o resultados medibles a nivel de desarrollo. Una parte muy significativa de ese gasto exterior se percibe muy conectada con gasto ideológico y simbólico y con una eficacia muy cuestionable de evaluar en resultados medibles. Y más cuando en los portales de transparencia nos encontramos con proyectos curiosos como destinar 200 mil euros a Etiopía para la producción de café "con perspectiva de género" y qué decir de montar un taller para moldear vulvas con arcilla. O que la ministra Ana Redondo se gaste 66.000 euros en un viaje de cuatro días a Nueva York para asistir a una "comisión para la condición jurídica y social de la ONU". Si a esto le añadimos que buena parte de ese dinero podría destinarse a necesidades tan básicas y fundamentales para todos los que vivimos en España y, por si fuera poco, los crecientes impuestos que pagan trabajadores y autónomos para sostener al Estado, la polémica no hace sino estallar. Cuando vale más la imagen de gobierno "interfeminista" y ganar créditos reputacionales (que no geopolíticos) con entidades y organismos internacionales o terceros países (de políticas afines) y sus agendas, la conexión con el ciudadano al que te debes no ya se difumina sino que entra en crisis.

Publicidad institucional y sus polémicas

El coste de estas campañas institucionales y de publicidad han sido también objeto de debate público y cuestionamiento, no ya por el elevado gasto de la misma sino por resultados que han contribuido a discursos polarizadores. Por una parte, el Gobierno de España es fanático de la publicidad institucional con un montante global de 161 millones de euros presupuestados en 2025. Por otra, específicamente el Ministerio de Igualdad ha desarrollado campañas con objetivos muy claros, pues su agenda comunicativa ha buscado siempre ampliar el concepto de violencia machista más allá de ámbitos físicos hacia lo digital, incluso en esferas en las que precisamente las mujeres tienen la misma capacidad para actuar a la altura de cualquier hombre. Así que bajo una presunta capa de sensibilización social sobre problemas reales, ha interesado más desarrollar una publicidad que justifique mover dinero y difundir un relato de que exclusivamente en los hombres reside el mal.

Así, está la iniciativa “Violencia digital.es” lanzada en 2025, dirigida a visibilizar formas de violencia machista en internet y redes sociales (como acoso, difusión no consentida de imágenes íntimas, etc.). Es cierto que existen mucha mujeres que han sufrido violencia en entornos digitales, pero no sólo en sus relaciones con hombres, sino también con otras mujeres en entornos de bullying. O qué decir e la violencia vicaria que fue la protagonista del 25-N pasado, en un vídeo con Esther Expósito en el que se contribuía a echar el candado terminológico. Únicamente se entendería violencia vicaria cuando fuese el padre el que causase daño a los hijos, promoviendo el negacionismo de que la mujer fuese capaz de hacerlo.

El año 2022 se juntaron dos campañas que generaron amplia polémica. En el verano sucedió en relación con la publicidad institucional en el marco de la campaña veraniega “El verano también es nuestro”. El objetivo era promover el body positive, promoviendo la aceptación de cuerpos diversos y la lucha contra los estereotipos de género en verano. Sin embargo, varias modelos británicas denunciaron que por parte de la empresa adjudicataria, sus fotos o rostros se usaron para el cartel de la campaña sin haber dado consentimiento y, en algunos casos, con modificaciones en sus cuerpos (por ejemplo, eliminando una prótesis en la pierna). Una auténtica metedura de pata en la que el Ministerio tuvo que disculparse oficialmente y es lo que pasa cuando le concedes dinero público a gente sin profesionalidad.

Otra controversia fue con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las Mujeres (25-N), bajo el lema “¿Entonces quién?”. Dicha campaña costó 2,7 millones de euros. El vídeo publicitario incorporaba escenas inspiradas en hechos reales y declaraciones públicas que se identificaban como expresiones o ejemplos de comportamientos machistas. Las escenas eran interpretadas por actores y sin nombrar directamente a las personas (obviamente para evitar denuncias). En una de ellas se mostraba una recreación de una polémica en la que el streamer El Xokas estuvo implicado, que sin embargo se malinterpretó dando explicaciones el creador de contenido y contextualizando dichos comentarios. Al mismo tiempo, acusó al Ministerio de calumniar y tratar a los hombres con asco, afirmación que no esconde ninguna mentira. Sí, hablo del famoso "eso es trucazo, ¿eh?. Fue sin duda un punto de inflexión para que El Xokas no le pase ya ni una a Podemos por ponerle en la diana en una campaña contra la violencia de género. ¿El motivo de su señalamiento? criticar al gobierno y sus políticas ante una audiencia amplia. Otro señalado indirectamente fue Pablo Motos, por motivo de ciertas preguntas "incómodas" a sus entrevistadas en El hormiguero.

Contratos, mala administración y acusaciones de corrupción

También existe un importante debate en materia de transparencia y gestión interna en torno a los contratos menores, que como sabemos no salen a licitación, no se publica nada en el perfil del contratante y apenas se sube información resumida a los portales de transparencia, a no ser que se realice expresamente una consulta particular. De hecho, el Ministerio de Igualdad es muy ávido a realizar contratación pública menor con más de 400 contratos menores durante la pasada legislatura, muchos de ellos bordeando el límite legal máximo de 15.000 euros + IVA y una buena parte a las mismas empresas. A este respecto, también hay que tener en cuenta que el artículo 118 de la Ley de Contratos prohíbe el fraccionamiento, es decir, que una misma empresa haga muchos contratos menores con el mismo objeto y con la misma Administración superando ese límite mencionado. Del mismo modo, la Ley de conflictos de intereses establece límites a determinadas personas contratadas en razón de su posición. 

Uno de los escándalos de mayor repercusión vinculados a la gestión del Ministerio de Igualdad fue el relacionado con presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos para la gestión de Puntos Violeta por parte del Instituto de las Mujeres. Dichos puntos son servicios destinados a ofrecer apoyo e información a víctimas de violencia machista en espacios públicos, si bien en la práctica se reducen a stands. Tuvo especial repercusión la destitución de la directora del Instituto de las Mujeres en 2024, Isabel García Sánchez, tras denuncias de conflictos de interés por contratos públicos y presunta investigación por corrupción siendo cesada en julio de 2024. Tanto ella como su pareja Elisabeth García habrían obtenido al menos 64 públicos de ayuntamientos gobernados por el PSOE y todos en contratación menor garantizándose las adjudicaciones a dedo, llegando a facturar 250.000 contratos entre 2022 y 2024. Su argumento es que supuestamente cumple el máximo de 10% de participación en las empresas adjudicatarias. En la fecha actual aún no ha recaído sentencia, pero este suceso puso sobre la mesa la falta de transparencia en el uso de fondos públicos para beneficios particulares.

Sobre contratos mayores, la mayor polémica fue la relativa al contrato de pulseras telemáticas, unos dispositivos electrónicos con GPS y conexión móvil colocados tanto a víctimas como agresores por órdenes de alojamiento para controlar en tiempo real el cumplimiento (sistema Cometa de seguimiento telemático). Dichas pulseras se conectaban con la policía y avisaban si el agresor se acercaba al límite establecido judicialmente. Se adjudicó en octubre de 2023 por un precio inferior al 42% del presupuesto base de licitación, es decir, 41 millones de euros y poco antes de que Irene Montero dejase el cargo recayendo en una UTE compuesta por Vodafone y Securitas sustituyendo a Telefónica. Tras la entrada del nuevo contrato se produjeron problemas técnicos, dado que al cambiar de proveedor y migrar los datos se perdió el histórico anterior a marzo de 2024. Consecuentemente, se produjeron fallos de GPS e imprecisiones geográficas que impedían conocer si se habían quebrantado las órdenes de alejamiento, llegado incluso a absolver o sobreseer casos de agresores. Se descartó la información inexacta de que una mujer falleciera atacada por fallar la pulsera, cuando en realidad no la llevaba puesta. De cualquiera manera, hubiera sucedido aún con ella y se generó un perjuicio dada la tremenda ignorancia informática de las personas responsables de este contrato, que fueron tanto el equipo de Podemos de Irene Montero como el propio socialista de Ana Redondo. Recientemente adjudicaron uno plurianual más avanzado de tobilleras telemáticas y por 71 millones de euros hasta 2029. La seguridad de nuestras mujeres no tiene precio, pero parece que les costó entenderlo.

Conclusiones

Las políticas de igualdad, al igual que desde el punto de vista jurídico y social, han fracasado rotundamente en lo económico porque sus objetivos jamás han estado relacionados con una igualdad ni material ni formal y se le han visto las costuras evidenciando su naturaleza práctica. Sobre todo desde que gobierna el PSOE en coalición con Podemos o Sumar, ha usado el feminismo como una gigantesca bandera por donde millones de euros se cuelan por un sumidero que apenas devuelve algo de rentabilidad social. Más allá de cumplir estrictamente con unas obligaciones, en realidad apuesta por aplicar agendas ideológicas que justifican la creación y mantenimiento de redes clientelares que le soporten apoyo en su narrativa. Los continuos escándalos y polémicas revelan también el escaso talento que existe en el Ministerio, resultado de que los perfiles responsables sean más políticos y menos profesionales, al mismo tiempo que enfocados en una guerra cultural que hace tiempo que perdieron en la sociedad. Por eso cada vez se habla más del derroche de dinero público que ocasionan las políticas de subvenciones feministas y muy especialmente la cooperación exterior que justifica destinar dinero por las motivaciones más abstractas o ridículas. Porque cuando hace tiempo que la igualdad es un arma política, sólo vale arrinconar al adversario y etiquetarlo de machista para que el público coja el testigo y lo cancele. Pero eso ya se está acabando. Porque cada vez menos gente cree en el engaño feminista y prefiere que sus impuestos se gestionen para políticas de igualdad reales y efectivas y para mejorar unos maltrechos servicios públicos.

La reforma laboral liberal de Milei: hechos frente a la desinformación mediática

La reforma laboral impulsada por Javier Milei, ya en vigor tras superar todos los trámites legislativos, se ha convertido en uno de los asuntos más manipulados por buena parte de la prensa y de la clase política española. La cobertura mediática ha estado dominada por titulares alarmistas y afirmaciones falsas como aludir a una jornada obligatoria de 12 horas diarias, despido libre e incluso que no se le vaya a pagar dinero al trabajador, mientras se ha ignorado deliberadamente el verdadero alcance y objetivo de la reforma. Siguiendo al profesor Juan Ramón Rallo, que ha dedicado dos vídeos tanto a desmontar los bulos como a informar sobre los puntos más destacados. Según se expone en el primer vídeo referido, buena parte de las críticas contra la reforma laboral en Argentina se han centrado en supuestos retrocesos laborales que, en realidad, no existen o son muy similares a la regulación vigente en España.

Jornada laboral flexible

Se ha difundido machaconamente en prensa afín al Gobierno de España que la reforma de Milei eleva la jornada laboral semanal a 12 horas diarias, cuando en realidad la jornada sigue limitada a 48 horas. Es decir, superior en 8 horas a la española y sin duda algo que podrían criticar y que ya estaba con los anteriores gobiernos kirchneristas. Lo que se introduce ahora es una mayor flexibilidad en la distribución horaria, permitiendo jornadas más largas en determinados días a cambio de jornadas más cortas en otros y mediante un sistema de compensación anual. Este modelo no solo no elimina las horas extraordinarias, sino que funciona de manera análoga a la distribución irregular de jornada prevista en el Estatuto de los Trabajadores de España y aplicada desde hace años en sectores como la Sanidad.

Así, según el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, la jornada máxima en España (como hemos dicho) es de 40 horas semanales, si bien la empresa puede distribuir de forma irregular hasta un 10% de la jornada laboral si no existe colisión con el Convenio colectivo y respetando 12 horas de descanso entre jornadas, descanso semanal (días libres que correspondan) y con 5 días de preaviso. ¿A que no lo sabían? ¿A que la prensa progre no se lo ha informado? Pues ya lo saben. Igual que tal y como vimos en el anterior post, personal médico, de enfermería, celadores y etc tienen que soportar guardias de 24 horas y parece que nadie que no sea trabajador del sector sanitario ve un problema en ello.

La mochila austríaca

También se ha afirmado que la reforma abarata o elimina las indemnizaciones por despido o, dicho de otra manera, que se legitima el despido libre. Lo que realmente hace es introducir de forma voluntaria la llamada “mochila austríaca”, manteniendo intactos todos los derechos ya devengados por los trabajadores. Este sistema fue precisamente el que propuso Ciudadanos en las primeras elecciones generales en las que se presentó y ha sido recomendado por el Banco de España, la Comisión Europea y el FMI. Consiste en que la empresa vaya provisionando mes a mes la indemnización en un fondo que pertenece al trabajador y que este cobra tanto si es despedido como si finaliza su vida laboral sin haberlo sido, ampliando así su seguridad económica. Igualmente, si cambia de trabajo esa mochila no la pierde sino que se la lleva consigo. Entre las ventajas, existen tanto motivos para la empresa como para la persona trabajadora. Elimina la incertidumbre sobre los costes de la contratación debido a esa existencia previa de una cuenta externa sobre los derechos de la persona, favorece el crecimiento personal y la movilidad voluntaria al no contemplarse la restricción de renunciar a indemnizaciones ni derechos adquiridos en la empresa, favorece la productividad y flexibiliza el mercado laboral sin que los trabajadores indefinidos tengan una protección mucho más elevada con independencia de su rendimiento que los temporales, que siempre son los más precarios. ¿Y qué quiere decir sobre todo este último? que los de menos antigüedad no tendrán que pagar el pato de la crisis de la empresa y será el rendimiento o el valor añadido lo que determine a quién hay que despedir. Finalmente, producida la jubilación todo ese dinero devengado no se quedaría en manos del Estado para pensiones públicas, sino que se reintegraría como complemento de la pensión de esa misma persona trabajadora.

Pagos en especie

Otro de los bulos más repetidos es que la reforma permitiría pagar salarios en especie como carne o leche de forma generalizada. En realidad, solo se autoriza que hasta un 20% del salario pueda abonarse en especie si ambas partes lo pactan, lo que representa un porcentaje inferior al 30% que es el permitido en España. Esto viene en el artículo 26.1 del Estatuto de Trabajadores, previsto con arreglo al Convenio colectivo aplicable o bien en el contrato de trabajo y siempre y cuando se le asigne un valor económico exacto a los bienes (productos como comida u otros que elabore la empresa) o servicios (uso de vivienda alquilada, vehículo de empresa, guardería, acciones o formación) en nómina y el salario en dinero, aparte de no ser inferior al 70%, sea en cuantía igual o superior al SMI. Los pagos en especie cotizan a la Seguridad Social y tienen retención de IRPF.

Derecho de huelga y servicios mínimos

En relación con el derecho de huelga, se ha acusado a la reforma de vaciarlo de contenido. En lugar de eso, lo que se establece es un régimen de servicios mínimos del 50–75% en sectores esenciales, algo plenamente comparable a la práctica española, donde los servicios mínimos se fijan caso por caso y, en algunos ámbitos críticos, llegan incluso al 100%. Asimismo, se permite el despido de quienes participen en piquetes violentos que impidan trabajar a otros empleados, una previsión que también existe en la legislación española. La previsión se localiza en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, en el sentido de que si un trabajador incurre en coacciones, violencia física, daños materiales o amenazas graves a personas de la entidad, puede ser castigado con un despido disciplinario y no genera indemnización al romper la buena fe contractual.

Lucha contra la economía sumergida

Más allá de estos aspectos, Rallo subraya en un segundo vídeo que el cambio verdaderamente decisivo de la reforma ha sido prácticamente silenciado: el régimen de incentivo a la formalización laboral. Argentina arrastra un problema estructural gravísimo: el 43% de los trabajadores argentinos opera en la economía informal, sin cotizar a la Seguridad Social. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? no es un tema cultural ni de explotación, sino económico. Las cotizaciones sociales en Argentina son extraordinariamente elevadas. El empresario paga un 27% adicional sobre el salario bruto y el trabajador un 17%, lo que provoca que cerca del 44% del salario se pierda en cotizaciones, generando fuertes incentivos para que ambas partes opten por trabajar en negro.

Para combatir este problema, la reforma introduce una rebaja de 12 puntos en las cotizaciones empresariales para nuevos empleos, que pasan del 27% al 15% durante un periodo de 48 meses. Según el ministro de Economía Luis Caputo, este es uno de los pilares fundamentales de la reforma. El objetivo no es solo crear empleo, sino atraer trabajadores desde la informalidad (economía sumergida) hacia la economía formal, ampliando la base de cotizantes y permitiendo, a medio plazo, una reducción estructural de las cotizaciones sin poner en riesgo el sistema de pensiones.

Por consiguiente, la lógica de la reforma se basa en reducir costes y alinear incentivos, no en aumentar la persecución o la presión estatal. Al abaratar la contratación formal, se facilita que las empresas crezcan, inviertan y aumenten la productividad, permitiendo a los trabajadores acceder a empleos más estables y con mayor proyección.

Conclusión

Puede que la reforma laboral de Milei no liberalice completamente el mercado laboral argentino, pero sí supone la primera modernización significativa en más de medio siglo, actualizando una legislación heredada de los años setenta desde Juan Domingo Perón (1974). Frente a los relatos catastrofistas, los vídeos sostienen que estamos ante una reforma pragmática, comparable en muchos aspectos a la española, cuyo objetivo central es reducir la informalidad, ampliar el empleo formal y aliviar la carga fiscal, sentando las bases para una mayor prosperidad económica.

El dilema entre Sanidad pública y privada forzado por el Gobierno

Desde febrero y hasta junio se ha planeado convocar y ejercer, desde el personal sanitario de muchas regiones, una huelga de cinco días a la semana con motivo del polémico proyecto de Ley de nuevo Estatuto Marco del personal sanitario cuyo borrador puede consultarse aquí. Se trata de la Ley básica estatal que regula las condiciones del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, es decir, personal médico, de enfermería, técnicos y personal de servicios. La propuesta impulsada por el Ministerio de Sanidad, bajo la ministra Mónica García, pretende sustituir un marco vigente desde 2003 y que por lo tanto habría quedado obsoleto. En esta ocasión, como en la huelga se apunta al Gobierno, se están produciendo las graciosas reacciones de los típicos adláteres mediáticos que enfocan a los participantes en la huelga para disculpar a la ministra. Por ejemplo, tenemos a Antonio Maestre a nivel nacional y a Miguel Hernández en la Región de Murcia, que despacha su artículo de "opinión" con un párrafo final absolutamente delirante. Y es que la propia ministra deslegitima la huelga expresando bulos y acusando de desatender pacientes oncológicos y en diálisis, algo absolutamente impresentable pero que retrata lo que es. Por si fuera poco, este mes se aprobó también el anteproyecto de Ley de Gestión pública e integridad del sistema de salud para derogar la Ley 15/1997 que se aprobó en la primera legislatura de Aznar y priorizar la gestión directa de hospitales públicos y restringir y limitar las concesiones. Antes de comentar los principales puntos de crítica, vamos a situar un poco en contexto la situación de la Sanidad pública en España y qué papel juega la Sanidad privada.

Marco constitucional básico

El artículo 43 de la Constitución Española establece como principio rector de la política social y económica el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos su organización y tutela a través tanto de medidas preventivas como de prestaciones y servicios. A tal respecto, se remite a la Ley para establecer derechos y deberes concretos. En la disposición 16ª del artículo 149.1 se establece como competencia exclusiva del estado la legislación sobre bases y coordinación general de la sanidad y de los productos farmacéuticos. 

El Estado no gestiona directamente ni hospitales ni centros de salud, pero sí fija el marco común. Sus funciones principales son importantes y amplias: legislación básica y coordinación (estableciendo bases legislativas del Sistema Nacional de Salud, garantizando un mínimo de derechos sanitarios en toda España y coordinando a las CCAA a través del Consejo Interterritorial del SNS), definir una cartera común básica de servicios en atención primera, especializada, urgencias y salud pública (que las CCAA pueden ampliar, no reducir), ejercer la política farmacéutica (autorizando medicamentos, financiación pública o fijando precios de referencia), garantizar la salud pública (normativa básica en vacunación, alertas sanitarias, coordinación ante pandemias o crisis sanitarias), regular formación y profesiones (títulos universitarios, homologación de títulos extranjeros, formación como el MIR y bases de estatutos profesionales) y la Sanidad exterior (control fronterizo y alertas internacionales).

Por su parte, las CCAA tienen atribuidas a través de sus Estatutos de Autonomía la legislación en materia de desarrollo y la ejecución (potestad reglamentaria) dentro de esas bases de conformidad con el artículo 148.1.21ª. Son las auténticas gestoras del sistema sanitario dentro del marco que les habilita el Estado que no es cuestión baladí. Asumen competencias de organización y gestión de sus servicios sanitarios (planificación y modelos de gestión de hospitales, centros de salud y urgencias), funcionamiento ordinario (gestión de listas de espera), personal sanitario (contratación, retribución y carrera profesional), presupuesto público (incluyendo infraestructuras aunque reciban financiación estatal), ampliación eventual de servicios (incluyendo programas específicos para colectivos) y promoción de la salud pública autonómica. Este modelo descentralizado permite una mayor cercanía a la realidad local de cada territorio, pudiendo gestionar la adaptación y organización. Sin embargo, la propia fragmentación del sistema en 17 es el principal problema estructural. En teoría, el SNS garantiza universalidad, equidad y cohesión territorial, pero en la práctica funciona como 17 sistemas sanitarios distintos con normativa propias, presupuestos diferentes y dispares modelos de gestión precisamente por el enorme margen que se le deja a las autonomías. De esa manera, el derecho reconocido en el artículo 43 de la CE no se ejerce igual según el territorio.

Fallos de coordinación y desigualdades territoriales

El Consejo Interterritorial del SNS tiene el problema de que sus decisiones son sólo recomendaciones no vinculantes y aún así se requieren consensos políticos difíciles, convirtiéndose más en un foro de confrontación partidista que de coordinación. Especialmente en la época de la pandemia del COVID quedó claro que no existían mecanismos eficaces para implementar criterios comunes y que cada región interpretaba y aplicaba a su manera. Es cierto que imponer sus decisiones podría suponer una percepción de centralismo o de imposición de la mayoría, pero la descentralización sin coordinación sólo puede incentivar la desigualdad.

El sistema dual que caracteriza a la Sanidad española favorece el traspaso de culpas permanente y la renuncia a la asunción de responsabilidades. Desde el Gobierno central siempre se apunta a las autonomías - especialmente si son de diferente color político diferente - por ser las encargadas de su gestión ordinaria. Desde aquellas se apunta al Estado tanto por la financiación insuficiente como por la legislación básica limitante. De ahí nos vamos a inevitables comparaciones entre modelos autonómicos y simplificando el debate al sustituirlo por la dialéctica de privatización frente a defensa de lo público sin entrar a valorar gestión y bloqueando reformas estructurales. En esta tesitura y, sobre todo teniendo en cuenta los ciclos políticos en los que se van alternando ejecutivos nacionales y regionales, no existen incentivos claros para planificar a largo plazo.

Pero al ciudadano le afectan de forma más directa muchos aspectos. Por ejemplo, como cada región usa diferente software, los sistemas de información no son plenamente interoperables, causando que las historias clínicas electrónicas no son del todo compartidas. Eso complica el seguimiento de pacientes desplazados y la evaluación real de resultados, así como la movilidad de profesionales. Además, conlleva la duplicidad de pruebas con la ineficiencia y pérdida de tiempo que trae aparejada y a una peor continuidad asistencial.

También existen importantes diferencias en inversión presupuestaria en Sanidad, desigualdades que han de explicarse en atención a otras variables como la capacidad fiscal de las autonomías y la financiación estatal que reciben, que igualmente es dispar y no exenta de polémicas. Pero también afecta esta disparidad financiera a tiempos de espera para operaciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas de especialistas y en cobertura de servicios ampliados. No existen los mismos servicios en las CCAA relativos por salud bucodental y salud mental, más desarrollados, con más recursos y con menores listas de espera en Cataluña, Madrid, País Vasco y Cataluña. Hasta en materia de reproducción asistida se incluyen límites de edad diferentes. 

El papel de la Sanidad privada como válvula de descarga del sistema público

Esta fragmentación y los problemas de coordinación tienen un efecto indirecto que es la contratación de seguros personales y/o familiares privados por parte de los usuarios de la Sanidad pública. Cuando una parte de la población opta por ello, precisamente se reduce la presión sobre la atención primaria, las consultas especializadas y las listas de espera y, por lo tanto, menos pacientes en la pública implica más capacidad para quienes más dependan de la misma. No es ningún absurdo tratándose de un contexto actual en el que el envejecimiento poblacional se acelera unido a la mayor esperanza de vida, la creciente población inmigrante y los repuntes de demanda de profesionales sanitarios coincidiendo con bajas temporales. Quien puede hacerlo, elige tiempos y profesionales y paga su seguro.

Al margen de ello, el SNS ya opera de forma habitual con hospitales concertados y clínicas privadas o bien deriva la realización de pruebas diagnósticas y cirugías, reduciendo tiempos de espera y costes administrativos, acelerando diagnósticos y evitando cuellos de botella. En síntesis, mejorando la eficacia del sistema. Los conciertos sanitarios no son otro instrumento que gestión indirecta de servicios públicos en los que la Administración Pública financia y mantiene el control e inspección mientras que la empresa presta el servicio bajo condiciones contractuales de precio, tiempos, estándares de calidad y auditorías. No se trata de "privatizar" o "vender" la Sanidad pública como la izquierda siempre cacarea, sino de externalizar prestaciones. Los hospitales concertados funcionan como parte de la red asistencial, pues atienden a pacientes usuarios de la Sanidad pública y de hecho resultan imprescindibles para garantizar la cobertura. Sobre todo permiten una mayor flexibilidad en picos de demanda y pudiendo absorber los retrasos acumulados. Otra ventaja es que se optimizan los recursos en los casos en que se usa la infraestructura pública ya existente, evitando costosas inversiones públicas y permite focalizar lo público en urgencias, patologías complejas y atención a crónicos.

En lo negativo, el abuso del modelo de gestión privada podría cronificar la falta de inversión pública y minimizar el desarrollo de la capacidad interna, es decir, mejora del equipamiento e infraestructuras. La Sanidad privada puede desenvolverse perfectamente en procesos simples y económicamente rentables, pero en casos más complicados (cánceres y pandemias) y que puedan provocar desequilibrios financieros es preciso que el sistema público se haga cargo. Por otra parte, es preciso que en los pliegos contractuales queden claras y bien establecidas las disposiciones relativas a costes reales y evaluación de resultados, así como control público que evite sobrecostes e ineficiencias que perjudiquen al sistema. En definitiva, el concierto debe de ser complemento pero nunca sustituto. 

La Ley anti-privatización de Mónica García

Sin embargo, lo que pretende el Gobierno es apuntalar la narrativa de que la gestión privada de la Sanidad pública desmonta a esta. Para combatirla, optan por lo que más les gusta como socialistas que son que es la burocracia y la hiperregulación. Para empezar, se prohibirá que una empresa que construya un hospital tenga la posibilidad de gestionarlo y se asesorarán a centros para abordar procesos de reversión de gestiones privadas con la intervención de la Alta Inspección del Ministerio. Por otra parte, se fomentarán consorcios sanitarios con entidades públicas en lugar de privadas, lo que implica que seguramente se constituyan nuevos chiringuitos administrativos financiados con dinero público. No olvidemos nunca que es en lo que consiste el socialismo. La gestión indirecta, aparte de limitarse a lo "excepcional", requerirá evaluación previa por "comités técnicos" que habría que ver qué tipo de composición tendrían, aunque refieren a profesionales, expertos y sociedad civil (eufemismos de sindicalistas y personal con afinidad ideológica). En dicho procedimiento se añadirán informes como el emitido por la Oficina nacional de evaluación para medir la sostenibilidad financiera. Esta futura Ley no es más que una ofensiva del Gobierno y especialmente de la ministra Mónica García contra Isabel Ayuso, tal y como se destapó cuando presentó dicho anteproyecto. Sin embargo, podemos comparar las redes de hospitales públicos y privados por autonomías en las que, en contra del relato clásico, Madrid no es precisamente de las que más abusa con un 14% de hospitales de gestión privada mientras que Cataluña tiene el 58%.

El nuevo Estatuto Marco del SNS

El colectivo médico considera que dadas sus características particulares como su formación (6 años de carrera universitaria más el MIR), sus responsabilidades legales y su régimen de guardas, precisan de un estatuto propio diferenciado que el borrador no contempla. Además, afecta más a ellos la fuga al extranjero o al ámbito privado alegando precariedad laboral (si, existe también en el cuerpo médico).

En materia de clasificación y carrera profesional, el Ministerio pretende actualizar categorías, homogeneizar criterios y promover la movilidad voluntaria entre CCAA. Sin embargo, las críticas consideran que se queda en la arquitectura y no entra en materia, puesto que entienden que no se garantiza en especializaciones y la progresión profesional depende más de decisiones políticas y presupuestarias que de mérito. Además, las disposiciones de movilidad dependen de la planificación y los desequilibrios territoriales y la falta de incentivos en zonas de difícil cobertura las complican.

En materia de jornada laboral se establece un límite general a la ordinaria y teóricamente se restringen las guardias de 24 horas estableciendo excepciones amplias por motivos asistenciales o necesidades organizativas. Las guardias no pasan a considerarse horas extraordinarias, manteniendo un régimen retributivo específico y separado de la jornada ordinaria. Por tanto, deja margen para que sigan como están y favoreciendo la percepción de que no existen garantías efectivas para evitar sobrecargas de trabajo. Por otra parte, las críticas también apuntan a que no contribuye a resolver problemas estructurales como falta de profesionales y deterioro de la imagen del sistema público.

Sobre la colaboración público-privada, se somete a la visión ideológica del Gobierno, que es la de minimizar el trabajo de profesionales públicos en la privada. Fundamentalmente altera el marco de incentivos, dado que establece un régimen de incompatibilidades más restrictivo. Así, el personal directivo profesional (gerentes, directores médicos...) limitarán su actividad exclusivamente al sector público mientras que los mandos intermedios como jefes de servicio o de sección podrán hacerlo con arreglo a la Ley 53/84, los facultativos que terminen su formación (MIR) no podrán ejercer en la privada hasta pasados cinco años de su especialización y para el personal facultativo sanitario (no administrativo) que compatibilice deberá de renunciar al complemento específico mientras que el que no lo haga no recibe ninguna compensación, es decir, sin mejorar retribuciones públicas. Es de sobra conocido que médicos especialistas de la pública también lo hacen en la privada, compatibilizando por lo tanto sus trabajos. Pero el SNS camina hacia la exclusividad sin compensación ni resolver problemas de sobrecarga o guardias. Se puede debilitar tanto la Sanidad concertada como la pública, pues puede darse también el hecho de que profesionales reduzcan su vinculación con el sistema público aumentando el déficit de médicos y suprimiendo las ventajas de la gestión privada. Igual lo que cree la ministra es que los servicios públicos se resentirán si sus profesionales dedican parte de su jornada a la privada pero no, es injusto usarlos de chivo expiatorio contra la situación de la Sanidad Pública.

Conclusiones

El Estatuto Marco es una norma eminentemente organizativa - dictada en el ámbito de las competencias del Estado - que trata de regular el trabajo sanitario y homogeneizar derechos, pero que no aporta novedades ni modificaciones sustanciales para ayudar a resolver la crisis del sistema. No soluciona demandas habituales de los profesionales, sino que responde a claros objetivos políticos. Así que se explica en ellos el motivo por el que se ha elaborado sin contar con los anteriores.

Considero que el personal médico tiene las suficientes particularidades como para que gocen de un estatuto propio, ya que no se comparten igual con otros cuerpos como la enfermería, el personal celador, etc... y son sin duda profesionales con una carga de trabajo física y mental difícil de comparar y más teniendo en cuenta las enormes guardias sin que se reemplace personal. En lugar de ello, el Ministerio de Sanidad propone el típico "cambio para que nada cambie" y lo hace por claros motivos ideológicos y políticos, que es evitar que el personal trabaje en la Sanidad privada. De ahí que refuerce las incompatibilidades al mismo tiempo que sólo propone cambios higiénicos en las guardas que seguirían siendo exigentes y duras, cargándoles a las autonomías la responsabilidad de gestionar ese panorama.

Pero la cruzada contra la Sanidad privada se percibe más claramente en la burocracia y el control contra ella y en el mensaje político que se comunica para supuestamente comandar una revolución en favor de la Sanidad pública. El Gobierno de España es claramente un ejecutivo amante del intervencionismo y no le basta con restringir que los profesionales a los que paga puedan compatibilizar su trabajo público en una entidad privada. Tampoco puede permitir que profesionales de entidades privadas aporten su talento y trabajo e incluso instalaciones para descargar responsabilidad, aumentar eficiencia y ahorrar dinero al Estado que se recauda de nuestros impuestos. No. Prefiere ahondar en la creación de órganos y entidades públicas hinchando los presupuestos nacionales y autonómicos sin aumentar la financiación a las regiones y, de paso, tratar de adelantar por la izquierda en el relato de que lo público siempre funciona mejor si es público. Que la gestión privada consiste en privatización y desmonte del Estado es el mantra que trata de reforzarse con estas leyes más enfocadas como ofensiva que como instrumentos al servicio del bienestar ciudadano. Mientras, seguiremos con crecientes listas de espera e igualmente progresivo descontento de la gente con la Sanidad.

Regularizar sin plan: riesgos de una regularización de inmigrantes electoralista

Hace un mes se anunció al acuerdo entre Podemos y el PSOE, propuesto por el primero, para proceder una regularización extraordinaria de inmigrantes que, según sus promotores, alcanzaría la cifra de medio millón de personas. Sin embargo, otras estimaciones apuntan a 800 mil e incluso a 2 millones y medio. Me ha parecido interesante repasar los antecedentes y analizar esta cuestión de forma más reflexiva y sosegada en lugar de dejarnos llevar por titulares y reacciones emocionales y populistas de las típicas. No es la primera vez que hablo de inmigración en este blog y la verdad es que es una cuestión mucho más compleja de lo que parece, pero precisamente porque la mayoría de discursos sean de izquierda o derecha no contemplan todas las variables sino las que le interesan para su discurso. Ni todos los inmigrantes son delincuentes ni tampoco todos nos contribuyen a sufragar nuestras pensiones, pero conviene analizar qué es lo que está sucediendo y por que fracasa la política inmigratoria, así como (por supuesto) cómo encaja el anuncio reciente con la realidad económica y social actual. Hay que tener en cuenta, para poner en un contexto más amplio y no sólo coyuntural este anuncio, que durante estos años de gobierno socialista se ha incrementado el número de inmigrantes en situación irregular en nada menos que más de 700.000 personas, cuando en 2017 se estima que habría alrededor de 107 mil. Además, otro dato muy importante de contexto es que se han alcanzado los 49 millones de residentes en España y 10 de esos millones serían de origen extranjero.

Antecedentes de regularizaciones extraordinarias

Con Felipe González hubo dos procedimientos, en 1985 y 1991. El primero tuvo lugar en el marco de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros y se regularizó la situación administrativa de cerca de 40.000 inmigrantes. El segundo fue con motivo de luchar contra la marginación social debido a una importante afluencia de flujos migratorios y se concedieron papeles a más de 100.000 personas extranjeras.

Durante la etapa de gobierno de José María Aznar se llevaron a cabo varios procesos de regularización extraordinaria de inmigrantes en 1996 y 2001 y bajo las disposiciones vigentes de entonces  sobre extranjería, aprobándose una nueva entre medio, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero antes de la mayoría absoluta. Como requisitos, había que demostrar que la persona se encontraba en España desde el 1 de enero de 1996 en el primer proceso y 1 de junio de 1999 en los dos siguientes. También era necesario haber sido titular de algún permiso de residencia o de trabajo en el primer caso y haberlos solicitado al menos en los últimos. también hubo un proceso específico para ciudadanos ecuatorianos tras un accidente laboral para poder regresar a Ecuador. Alrededor de 220.000 personas se beneficiaron de estos tres procedimientos mientras que el mecanismo estrella fue el arraigo que introdujo la nueva Ley de Extranjería del que hablaré más adelante y que regularizó a 240.000 extranjeros. Para acreditar la no existencia de antecedentes penales, formalmente se exigía un certificado del país de origen y declaración responsable de no tenerlos en España. Sin embargo, en la práctica se admitían certificados consulares simples o incluso comprobaciones policiales posteriores, pudiendo incluso solicitarlo después del permiso o resolver por silencio administrativo positivo.

En 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero se impulsó otro proceso extraordinario alcanzando la mayor regularización hasta la fecha, pues se beneficiaron 576.000 inmigrantes. Los criterios para acogerse fue residir en España desde antes de agosto de 2004, tener un contrato de trabajo de al menos seis meses y jornada completa y carecer de antecedentes penales. Por tanto, lo que diferencia respecto de las anteriores fue que el procedimiento burocrático fue mucho más exigente. Sin embargo, el contexto era el de una economía en expansión con mejores perspectivas de empleo incluso que en las anteriores legislaturas. Sobre la inexistencia de antecedentes penales, sí se exigía expresamente que el certificado extranjero estuviese legalizado o apostillado y traducido en su caso al español, mientras que en España lo comprobaba directamente la Administración a través del Ministerio del interior.

Lo que han pactado Podemos y PSOE en el presente 2026 es una regularización extraordinaria que pretende legalizar hasta 500.000 inmigrantes. Los requisitos son acreditar estar en España un mínimo de 6 meses y no tener antecedentes penales. Aparentemente, nada raro respecto de los anteriores procesos, pero la polémica está en el cómo se acreditan. Para la residencia, son suficientes documentos como el empadronamiento o contratos de alquiler que en principio son lógicos de solicitar, pero también facturas de servicios o billetes de transporte que dejan muchas dudas en su equiparación a los anteriores. Y eso sin mencionar que frente a los anteriores no se exige ni tan siquiera no haber solicitado permiso de trabajo o de residencia previamente. En cuanto a los antecedentes penales, obviamente los de España se obtienen automáticamente en conexión informática a los servicios policiales. Sin embargo, informes advierten de que aquéllos con antecedentes están dando por perdidos sus pasaportes para "resetear el juego" y partir desde cero. Además, para los cometidos en su país en caso de que no contesten en 30 días (algo previsible si hubiese avalancha de solicitudes) les bastaría una declaración responsable. Por otra parte, admitida a trámite la solicitud, se suspenden todos los procedimientos eventuales en curso tanto de expulsión como de retorno, algo que tampoco se termina de entender sin entrar a valorar en el fondo del asunto por el que se tramitan. Finalmente, la persona recibiría un permiso de residencia y de trabajo provisional por un año que se renovaría con arreglo a la Ley vigente.

Diferencia con el arraigo

El arraigo es, por el contrario, el mecanismo ordinario por el que una persona extranjera en situación administrativa irregular puede obtener residencia legal en España (caso por caso) y demostrando que ya está integrada en el país. Por tanto, frente a la regularización colectiva es un procedimiento individual que se regula en el Reglamento de Extranjería, siendo el actual el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre. Tras la reforma establecida en 2022 mediante el Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, existen cuatro modalidades. El social, que necesita 3 años de permanencia continuada en España, contrato de trabajo de mínimo 30 horas, informe de inserción laboral y sin antecedentes penales; el laboral, que precisa de 2 años de permanencia, haber trabajado al menos 6 meses acreditado con actas de inspección y sin antecedentes; el familiar, destinado a familiares directos de ciudadanos españoles sin más requisitos que el vínculo y que otorga permisos de residencia de 5 años y el más reciente de formación, destinado a conceder residencia a extranjeros con compromiso de matricularse en formación profesional. Este último es sin duda un gran acierto, puesto que une integración con formación para el empleo. Sin embargo, los otros procedimientos son mucho más lentos y durante esos años de requisitos obviamente el extranjero vive en situación irregular, no puede trabajar legalmente y de forma eventual puede ser sancionado o deportado. Por lo tanto, se hace lógico que en circunstancias motivadas y excepcionales se lance un procedimiento extraordinario. Y sobre ello, ¿qué dice Europa?

Contexto comunitario

Desde el punto de vista de la Unión Europea, ésta no tiene realmente una política común de regularización de inmigrantes. El Derecho de la UE sólo regula entradas, fronteras, asilo y retornos, pero no tiene competencia ninguna sobre regularizaciones internas, ya que corresponde a la soberanía nacional de los Estados miembros. Así lo expresa el artículo 79.5 del TFUE, que reconoce el derecho de admisión por parte de aquéllos de nacionales de terceros países, esto es, extracomunitarios. Ahora bien, sí existe un marco de referencia que es la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular. En su artículo 6.4 deja claro que los Estados miembros podrán conceder un permiso de residencia por causas humanitarias u otras. En ese término de "otras" entraría la regularización administrativa excepcional. En resumen, cada Estado decidiría qué requisitos solicita siempre que se respeten los derechos fundamentales y no exista discriminación, pudiendo incluso no solicitar ningún contrato de trabajo ni experiencia laboral ni tan siquiera las modalidades de regularización. Esa dispensa comunitaria chocaría con la ilegalidad material del Real Decreto que señaló el juez Jaime Lozano, lo que da para un debate jurídico complejo y difícil de resolver en un post. En cualquier caso, una irregularidad forzada o mantenida indefinidamente sería contraria al Derecho comunitario, de igual manera que si infringiera el principio de cooperación leal establecido en el artículo 4.3 del TUE que establece que los Estados no deben de poner en riesgo objetivos de la Unión, sus obligaciones o políticas comunes (espacio Schengen, fronteras, etc...). Sin embargo, eso tampoco quiere decir que la UE no tenga nada que decir.

Ante la noticia, se convocó, a instancia del PP europeo y para el pasado martes 10, un punto en la sesión entre eurodiputados y la Comisión a efectos de analizar los posibles efectos en el espacio Schengen y en las políticas de inmigración y seguridad. Esto es así porque la regularización permite que se puedan mover con libertad por todos los Estados miembros y de esta manera impacte legalizar a medio millón de personas. Intervino el comisario competente Magnus Brunner y recordó que son los Estados miembros los que deben de velar porque sus decisiones internas no tengan consecuencias en el resto, aseverando que España no puede convertir un permiso de residencia o de trabajo en un cheque en blanco para moverse por toda la UE y la normativa comunitaria ha de respetase. Además, advirtió que para que este procedimiento extraordinario de regularización fuese creíble debía de acompañarse con una expulsión de los irregulares, teniendo en cuenta que sólo uno de cada 5 irregulares en la UE es deportado. Pero el gobierno del PSOE está ejerciendo una mano aún más blanda con las deportaciones en comparación con legislaturas de tiempo idéntico como Rajoy o Zapatero como puede leerse en este enlace. También se recordó que el Eurobarómetro refleja que un tercio de los encuestados está preocupado por la inmigración ilegal y casi un 90% pide una mayor unión de Europa contra ella. En ese sentido, la nueva reforma migratoria que pretende implantarse a partir de julio apunta hacia controles más estrictos en lo que se refiere a entradas de personas irregulares en el espacio europeo. Y es en realidad el camino hacia el que va Europa como podemos revisar en los siguientes países.

Gestión y contención de la inmigración irregular en Europa

Italia marca el camino impulsando la contratación en origen con las visas de trabajo y aprobando medio millón de permisos de trabajo a través del decreto Flussi para el trienio 2026-2028. Por la vía de la restricción, el decreto Piantedosi regula y limita la actividad de los barcos de ONGs que deben solicitar puertos para cada rescate (desincentivando la inmigración masiva o descontrolada), elimina la protección especial para solicitantes de asilo blindando por ley una lista de países seguros para agilizar devoluciones, siendo esta última planteada por la Comisión Europea (que entra en junio). También alcanzó acuerdos bilaterales con países y regiones como Túnez y Libia para reducir el flujo de inmigrantes, si bien lo más discutible es la externalización de la gestión de la inmigración albanesa en centros de los Balcanes.

En otro plano están varios países que han atravesado serios problemas con la gestión de la inmigración y de la inseguridad ciudadana. Francia ha endurecido las reglas para regularizar ligadas a la integración. Por el contrario, la extrema izquierda de Francia insumisa aboga por liberalizar y promover la inmigración masiva (y no es de extrañar que los nacionalizados los voten). Reino Unido también ha hecho lo propio con la residencia permanente, aumentando de cinco a diez años el mínimo requerido y debiendo de demostrar los inmigrantes que se han integrado y contribuido sosteniendo a la Seguridad Social, conocen y usan eficazmente el idioma inglés, carecen de antecedentes penales. El Gobierno de Dinamarca ha establecido cambios legales para facilitar la expulsión de extranjeros condenados por delitos graves (penas superiores a un año), reduciendo el margen para que los tribunales bloqueen por motivos tasados. Incluyen cooperación internacional para facilitar trámites de retorno y embajadas. Finalmente, Suecia se ha propuesto aumentar ayudas económicas para los que opten por marcharse de vuelta a su país hasta 32.000 € mientras que la agencia sueca de migración se dedica a detectar y frenar abusos en solicitudes de residencia, empleo irregular y fraudes administrativos.

Por supuesto, también existen en España medidas contradictorias como las que aprobó Ayuso en Madrid prohibiendo a los condenados por okupación (entre los que puede haber inmigrantes) el poder ser beneficiario de una vivienda protegida durante 5 años. No se me ocurre limitación mejor para alentar al delincuente a que siga haciéndolo aunque haya pagado por ello. Bueno, la de exigirle un mínimo de diez años de residencia nada menos. Y qué decir del realojo de Menas en un chalet de lujo en La Rioja por el gobierno del PP. Como puede verse, el PP también yerra lamentablemente. 

El problema de la integración social

No puede perderse de vista la dificultad de la integración social, el principal caballo de batalla de la inmigración tanto ilegal como legal, pero sobre todo de la primera. Y es el motivo de que se contenga la inmigración. Lo hemos hablado en varios posts, incluyendo referencias sutiles a lo políticamente incorrecto. Pero si los datos son "fachas" no es culpa nuestra, sino señales claras de que algo está fallando. 

Regularizar no es integrar. Sólo cambia el estatus jurídico, pero no crea ni empleo, ni competencias lingüísticas, ni comprensión cultural, ni redes sociales ni acceso a vivienda. Muchos extranjeros ni conocen el idioma, ni el mercado laboral y ni tan siquiera cuentan con sólidas redes familiares. Además, predomina una alta heterogeneidad cultural y formativa, dado que muchos proceden de culturas donde otras religiones o leyes les interiorizan un estilo de vida muy distinto, con roles de género incompatibles con una democracia avanzada (¿ya saben por dónde voy, no?), no disponen de las habilidades o formación necesarias y por si fuera poco constituyen guetos en barrios donde la conexión se reduce a sus pares. Barrios con vivienda barata contribuyendo sin querer a la segregación residencial y reportándose conflictos con personas de otras nacionalidades y culturas (no sólo las españolas). Todo esto no sólo encarece sino multiplica la complejidad de cualquier política de inserción, entre otras cosas tensionando servicios sociales y sanitarios, oficinas de empleo, vivienda, etc para los que las administraciones dan la sensación de no estar preparadas y ni tan siquiera las saturadas ONGs. ¿Por qué? porque falta tanto financiación como recursos humanos generando cuellos de botella severos, pero sobre todo por la inexistencia de un plan de integración que sea capaz de absorber con éxito regularizaciones masivas de inmigrantes y que minimice la necesidad de deportar. Aspectos tan básicos como indicadores, enfocar la formación al empleo como se pretende con la última fórmula del arraigo, un reparto territorial inteligente incentivamente el asentamiento en zonas despobladas y que evite concentración extrema urbana y por supuesto colaboración de todas las administraciones. De lo contrario, podríamos estar hablando de un "efecto abandono" en el que el inmigrante legalizado se encontraría decepcionado y ya no hablemos del no regularizado.

Por lo tanto, sin una planificación previa cualquier regulación extraordinaria y máxime cuando el contexto actual precisamente no es de bonanza económica como en todas las experiencias previas sino de lo contrario (inflación, acceso a la vivienda más caro, etc...) puede estar abocada a crear más problemas que a solucionar. Si las administraciones no son capaces de coordinar un plan de inserción laboral, disponer de financiación finalista, reforzar los servicios públicos ni tan siquiera establecer unos indicadores de seguimiento, es más que obvio que hay que cerrar el grifo tanto de entrada como de permanencia. Puede sonar duro o fascista según la extrema izquierda, pero es lo que dicta la lógica y de hecho como vemos la dinámica en Europa está siendo de contención de la inmigración irregular. 

Conclusiones

La propuesta que ha colado Podemos a PSOE peca a mi juicio de dos defectos. El primero está en la propia propuesta, que minimiza los requisitos como nunca ha hecho ningún procedimiento previo. Como mucho se podría comparar con los de Felipe González, pero el contexto no es nada comparable no ya porque eran tiempos de crecimiento económico sino porque los beneficiados fueron muchísimos menos. En esta ocasión, ni tan siquiera se les pide que hayan tramitado algún permiso de residencia o de trabajo aunque no lo tengan concedido y valen hasta simples facturas sin ni tan siquiera acreditar que no está de okupa o que no viva bajo un puente. Es regularizar por regularizar, aunque a Irene Montero, que cada vez que habla se duplica el precio del pan, se le "escapó" que el plan es que ese medio millón de inmigrantes pueda votar e incluso nacionalizarse para "reemplazar a los fachas". El segundo defecto, es la ausencia de un plan estudiado de integración que lidie con una enorme cifra de legalizados y la inexistencia de requisitos previos orientados a evaluar su propia integración inicial. Además, relacionado con este punto se añadiría un tercer elemento que es el mayor gasto en Sanidad y Servicios sociales destacando las ayudas económicas a los que la inmensa mayoría tendrían derecho, máxime si ni siquiera tienen medios para subsistir. Todo eso mientras nuestras pensiones presionan cada vez más al tiempo que impuestos y cotizaciones.

En definitiva, no se puede regularizar a expensas de que el mercado laboral absorba todo, los municipios gestionen el impacto y las ONGs amortigüen lo que puedan. El mantra de que van a pagarnos las pensiones es falso en el momento en que la balanza fácilmente se desequilibra en favor del coste de abonarle ayudas y pensiones, dado que la inmensa mayoría parte de una situación de precariedad en la que ni tan siquiera se le pide que busque trabajo. No, un enfoque improvisado no es progresista ni liberal sino insensato. Porque sin políticas activas y suficientes, el resultado no es la integración sino la segmentación laboral (cerrándose las vías de trabajo en unos pocos oficios manuales), la concentración territorial (tensionando algunos barrios o autonomías) y la perpetuación de economía sumergida. Por lo tanto, el caso actual se convierte más en una propuesta para generar impacto a corto plazo, desviar la atención de noticias menos propicias para la imagen del Gobierno y sus socios y la expectativa a largo plazo de instrumentalizar a los propios inmigrantes.

Elecciones en Aragón 2026: la visible consolidación de una tendencia

Ayer domingo, al igual que sucedió el pasado diciembre en Extremadura, se celebraron elecciones anticipadas en Aragón tras sólo media legislatura. Parece una dinámica a la que nos estamos acostumbrando últimamente por motivos más de política nacional que autonómica, recordando también lo que sucedió en 2021 en Madrid y en 2002 Castilla y León. Pues bien, en las pasadas elecciones de mayo de 2023, el PP de Jorge Azcón obtuvo un enorme resultado con 28 diputados habiendo subido en 12 escaños que fueron justo los que tenía Ciudadanos (de 110 mil votos a 8.600) mientras que el PSOE del recientemente fallecido Javier Lambán perdió uno y se quedó con 23 en segunda posición. Otras subidas importantes fueron Vox que pasó de 4 a 7 y la gran novedad de Teruel Existe que irrumpió con 3 y meses más tarde colaría un diputado en el Congreso. Este incremento probablemente fue a costa de Podemos, que pasó de 4 a 1. Completaron una asamblea muy fragmentada Chunta que mantuvo a sus 3, IU que continuó con su escaño y Partido aragonesista que perdió uno y se quedó con otro. Pues bien, en un escenario aún más fragmentado que el preexistente, de escándalos de corrupción del PSOE a nivel nacional y de polémicas medidas del Gobierno central, aparentemente Javier Azcón jugaba con buenas bazas para conseguir una cómoda victoria y aspirar a la mayoría absoluta.

Contexto preelectoral

Como candidata del PSOE para la autonomía aragonesa, el Gobierno encargó el marrón a la ministra de Educación y portavoz Pilar Alegría, pero no se esperaba que la convocatoria fuese tan anticipada y tuviese que renunciar a su cargo para preparar la campaña. Esta señora recientemente estuvo en el centro de la polémica por su presunta implicación o cuando menos conocimiento y encubrimiento relativos a un incidente en el Parador de Teruel en la noche del 15 septiembre de 2020 cuando era Delegada del Gobierno en Aragón. El pasado año 2025 se desveló, según algunos medios y en base a declaraciones de trabajadores (a los que se les abrió un expediente en represalia), un escándalo producido aquél día. Nada menos que una fiesta con prostitutas y destrozos de mobiliario señalando como responsable a su compañero de Consejo de Ministros José Luis Ábalos, que era ministro de Fomento. La ministra optó por negar la mayor, pero sus declaraciones no estuvieron desprovistas de contradicciones mientras que el Parador, dirigido por un cargo socialista tardó varias semanas en emitir un comunicado de desmentido. Sin duda, el Parador de Teruel fue símbolo del PSOE más chusco y barriobajero dentro de un año de revelación de desfases.

Como competidores por la izquierda más escorada se asiste a una importante división con Chunta aragonesista con Jorge Pueyo (actual diputado por Sumar en el Congreso), IU-Sumar con Marta Abengonchea y Podemos con María Goicoechea, elegida esta última con una fuerte polémica y división interna por acusaciones de fraude en el sistema. La clásica atomización de la izquierda alternativa que es cada vez más minoritaria y al mismo tiempo más alejada de la sociedad, sólo que esta vez matizada por la lucha interna en la que Podemos pretende erigirse como la alternativa en el espacio populista frente a un PSOE que lleva casi dos años desmoronándose y en barrena. El momento más significativo de la campaña de estos últimos fue la intervención de Irene Montero e Ione Belarra en la que la primera llamaba a reemplazar España de "fachas" y sustituirlos por inmigrantes mientras que la segunda aseguraba guardar en un bote "lágrimas de facha". ¿A qué podría contribuir esta polarización a lo adolescente hormonado en término de activación del voto?

En la derecha alternativa, como candidato de Vox repitió Alejandro Nolasco, pamplonica afincado en Teruel desde 2018 que ha sido portavoz del grupo parlamentario, vicepresidente y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia antes de que Abascal ordenase romper los gobiernos por el ya comentado asuntillo de los centros de Menas. En su programa, ha ofrecido las promesas típicas o más mediáticas de derogar las leyes regionales de memoria histórica y de género, prioridad de nacionales frente a extranjeros en ayudas sociales, suprimir de currículums escolares lo relativo a la ideología de género (sin mencionarla expresamente), pin parental, supresión de todo vestigio islamista en las aulas, bajadas de impuestos, reindustrialización frente a los macroparques de renovables, apuesta por el sector primario, auditoría independiente del sistema sanitario aragonés, cubrir temporalmente el coste de la enfermedad ELA y en total 489 propuestas. En los últimos días de campaña se filtraron unas polémicas declaraciones de Nolasco en las que criticaba fuertemente la estrategia de salir de los gobiernos autonómicos e insultaba a Abascal, que quitó hierro a este asunto.

Sin embargo, la sorpresa vino por la presentación el último día de las candidaturas de SALF (Se acabó la fiesta). Un partido que se creó en Telegram en 2024 por parte del hoy Eurodiputado Alvise Pérez, conocido por ser afiliado de UPyD, después de Ciudadanos donde trabajó de asesor de Toni Cantó y finalmente independiente anti-sistema. María Cristina Falcón, directora de un colegio público en Utebo (Zaragoza) encabezó la lista de su provincia y se presentó como candidata junto con el resto de integrantes en el famoso Parador de Teruel, no sin disfrazar el evento como un acto de nutrición. Su lema de campaña, Ellos o nosotros y entre su programa defienden medidas populistas imposibles por incompetencia manifiesta como cero impuestos en adquisición de vivienda, desalojo de okupas en 24 horas, rebaja de IRPF al 0% para rentas inferiores a 35.000 euros, deportación de ilegales, promoción de las nucleares y burocracia cero para agricultores y otras sí de competencia regional como recuperar el cheque bebé socialista con 2.500 €, guarderías gratuitas, cero subvenciones a sindicatos y partidos (como Vox), Administración Pública digital 100% e incrementar médicos en pueblos rurales.

Finalmente, Ciudadanos se retiró del escenario sin presentar lista al contrario que en Extremadura, demostrando que junto con los últimos resultados está sumido en una total irrelevancia en la que, para mi tristeza, sólo le queda echar el cierre y retirarse. Además, un ex concejal que dimitió por una presunta agresión sexual encabezará la lista de SALF por Teruel. 

Resultados electorales

Tal y como se preveía, el PP se ha alzado con la victoria en las elecciones como fuerza partidista más votada. Sin embargo, con arreglo a las encuestas se estimaba que al menos se mantendría y no ha sido así. Ha perdido 13.000 votos y se ha visto perjudicado por el fuerte ascenso de Vox, de manera que Azón ha perdido 2 diputados pasando de 28 a 26. Por lo tanto, lejos de aproximarse a la mayoría absoluta o al menos de resistir al empuje de su competidor por la derecha, el PP ha retrocedido y demuestra no ser capaz de absorber el voto que pierde el partido socialista o, al menos, de recabar lo suficiente como para amortiguar lo que Vox le ha podido quitar.

El PSOE ha recibido una importante derrota perdiendo 5 diputados e igualando su suelo electoral en la autonomía aragonesa que son 18. Ha perdido aproximadamente 40.000 votos, que se habrían repartido fundamentalmente en Chunta Aragonesista, abstención, PP y probablemente incluso VOX. Una vez más ha afectado la situación del partido a nivel nacional con escándalos de corrupción, la situación de la economía con el mercado de la vivienda y la inflación y seguramente medidas políticas polémicas como la regularización de inmigrantes o la limitación de redes sociales. Además, Pilar Alegría ha sido una candidata que a más de uno le habrá recordado el episodio de decadencia del PSOE con Ábalos y la juerga del Parador, esa que los socialistas han tratado de tapar por todos los medios.

VOX ha subido en casi tantos votos como ha perdido el PSOE, duplicando su fuerza parlamentaria al alcanzar hasta 14 escaños. Un ascenso muy fuerte que pocas encuesta preveían, pues apuntaban a un techo de 12-13. Los de Abascal han ganado mucho terreno al PP en el relato, pues mientras que los primeros parecen haberse contentado con la erosión de su competidor por la izquierda, no han trabajado igual una comunicación más constructiva y prospectiva, de forma que su discurso se basaba más en seguir como estaban que en avanzar con independencia de que se hundieran otros. VOX ha representado para todos esos votantes que provenían del PP, de la abstención, de nuevos votantes e incluso del PSOE una opción para combatir los vicios del bipartidismo. Básicamente a lo que aspiraba Ciudadanos sólo que con banderas ideológicas más remarcadas y un discurso populista pero más efectivo.

En la izquierda más minoritaria, los grandes beneficiarios han sido sin duda los de CHA, otros que han duplicado su fuerza con una subida de casi 30.000 votos que les permitieron pasar de 3 a 6 diputados. Sin duda han pescado mucho voto del PSOE y de Podemos, decepcionados con el primero por las razones antes indicadas y con el segundo por un discurso absolutamente demencial y desnortado. Por parte, Teruel Existe que pasó a reconvertirse como Aragón Existe perdió 10.000 votos y pasó de 3 a 2 diputados. Es probable que una parte haya sido absorbida por CHA, pero también pudo existir algo de abstención. No podemos ignorar el probable desgaste de la formación de Teruel Existe a nivel nacional que para lo único que ha servido para la autonomía es para prorrogar la continuidad de Pedro Sánchez. Finalmente, cierra el arco parlamentario Izquierda Unida-Sumar, que ha conseguido salvar los muebles conservando el diputado que tenía con cerca de 20.000 votos y ganando el pulso por poco margen a SALF. Esta supervivencia le permite un pequeño respiro a Yolanda Díaz, pues su candidatura ha logrado resistir la debacle de la izquierda nacional.

Al contrario que sucedió en Extremadura, el retroceso del PSOE no supuso un incremento de Podemos. El motivo, a mi juicio, pudo ser el que no existió una alternativa regionalista con empaque, puesto que de lo contrario ese trasvase de la izquierdo no hubiese recaído en la formación morada como alternativa. Podemos está en un proceso evidente de "ciudadanización". Es decir, va camino de la desaparición atravesando primero una dolorosa época de irrelevancia absoluta. Y, en verdad, es lo que se merecen estos lacayos de Maduro, defensores del feminismo más rancio y contrario a la igualdad y blanqueadores de los crímenes del régimen iraní. Que hayan perdido 20.000 votos, se hayan quedado con poco más de 5.000 y que hasta Alvise les triplique, es el karma que esta infame extrema izquierda merecía. De verdad que no puedo sino alegrarme que estas personas con ideas guerracivilistas sean reemplazadas y sean desalojadas de otro parlamento autonómico. Otros que desaparecen son el partido aragonesista (antiguo PAR) que perdió el único que le quedaba ya cayendo a 8.000 votos.

Finalmente, SALF logró 17.983 votos, una cifra que no está nada mal duplicando a PAR y triplicando a Podemos, pero no fue suficiente para entrar. Sin embargo, el fracaso probablemente contraiga el ascenso del partido en otras autonomías a pesar de que, como recordamos, en las Europeas de 2024 recabó hasta 800.000 votos en toda España. Queda claro que a Alvise le falta un discurso más prospectivo que centrado en lo antisistema, a pesar de que en esta campaña trató de dotarle de más contenido pero al final se quedó muy en lo superficial.

Conclusiones

Parece evidente que empieza a vislumbrarse una tendencia o al menos da esa impresión a expensas de lo que suceda en Castilla y León el mes que viene (15 de marzo) y en Andalucía en junio. El PP no sólo no aumenta a pesar de la caída del PSOE, sino que retrocede a costa de VOX que es quien capitaliza mejor los trasvases de votos. El problema para el PP es que tras la absorción de Ciudadanos, una operación que no me cansaré nunca de condenar en la que fichó a miles de tránsfugas y compró voluntades, creyó que había acaparado todo el centro derecha. Dio por hecho que el trabajo de captación de votos ya estaba concluido y sólo debía esperar la caída de Sánchez. La realidad es que no es así e incluso hay bastante gente que como votante está abandonando el PP porque falla en ciertos pilares donde los de Feijoo son indistinguibles del PSOE: gestión de la inmigración, vivienda, Agenda 2030, feminismo hembrista, altos impuestos, gasto público improductivo, servicios públicos deficitarios... la clave nacional siempre tiene una incidencia innegable y a esto se le une una pésima estrategia comunicativa donde parece que lo importante es más que los socialistas están en la miseria moral más absoluta (que es verdad) que las propuestas para ofrecer a los ciudadanos una perspectiva de cambio. Ojo, esto no quiere decir que deban de asumir en bloque el programa de VOX porque tiene errores clamorosos que les encasillan en una derecha conservadora y antiliberal, pero es que ni tan siquiera eso es capaz de combatirlo el PP. Si a los socialistas ya no les funciona el mohoso discurso de "que viene la ultraderecha", al PP tampoco el de "somos la casa común del centroderecha". Así que o trata de liberarse de los complejos, apostar por una vertiente más liberal y no tan estatalista y renovar sus líderes por otros más creativos y valientes o lo que se viene en los próximos comicios es una debilidad cada vez mayor frente a un electorado más harto y escéptico que nunca del bipartidismo.