Redes sociales en alerta: el control disfrazado de censura sin complejos

Esta semana una vez que Óscar Puente ha quedado absolutamente retratado con sus declaraciones manipuladoras sobre la "renovación integral" de las vías del Ave de Andalucía y rematando con la carga de la culpabilidad al cambio climático y al PP que no gobierna desde 2018, el PSOE de Sánchez ha rescatado de la chistera otra cortina de humo: la moderación de redes sociales. No sólo las estrictamente etiquetadas como tales como Facebook, Instagram, Threads o X sino también los chats como Whatsapp o Telegram y plataformas de streaming como Twitch o YouTube. Pero esta vez, para resultar más convincente, ha recurrido como escudo a los menores de 16 años. En realidad, esta iniciativa es copiada de la que aprobó el Parlamento Europeo a propuesta de la Comisión Europea en noviembre del pasado año. Sin embargo, los puntos de aquélla se plantearon en el marco del Reglamento de Servicios Digitales, que es de aplicabilidad directa en todos sus términos y en todos los Estados Miembros. Por lo tanto, el Gobierno no puede crear ni innovar ningún procedimiento porque de lo contrario estaría vulnerando el Derecho comunitario y de esa forma no puede aprobarse ninguna Ley que no sea simplemente ejecutoria. De hecho, ya se emitió una advertencia en ese sentido.

Al margen de esa no menos importante cuestión formal, un discurso no necesariamente paternalista ni conservador podría entender como acertada la medida y compatible los fines de proteger a los menores. Sin embargo, ese anuncio esconde la preocupación del Gobierno por la sonora derrota del relato cultural en los más jóvenes, que al alcanzar la mayoría de edad parecen estar consolidando actitudes políticas contrarias a la izquierda que representa este gobierno de coalición y sus socios. Y lo que es más, resulta ser la tapadera de un auténtico plan para controlar el relato y las críticas en RRSS, chats y plataformas de streaming y vídeo. Siguiendo el comunicado que realizó Pavel Durov, CEO de Telegram en la misma aplicación de mensajería (que se englobaría dentro del concepto de redes sociales como también Whatsapp) vamos a desgranar los puntos más polémicos. Pavel comienza acusando al gobierno de Sánchez de pretender convertir a España en un "Estado de vigilancia" bajo la excusa de la protección de menores mientras que lo que encierran sus medidas son un atentado tanto a la libertad de expresión como a la privacidad de sus datos.

Prohibición de redes sociales para menores de 16 años con verificación de edad obligatoria 

Un mecanismo a disposición de padres y madres es el control parental, tanto el de Google como el de Youtube y hasta Android o iPhone. Se puede tanto restringir por edad como monitorizar los accesos de los hijos menores de edad, introducir contraseñas, suprimir recomendaciones de contenido, restringirse a unas cuentas determinadas, compartir el uso de una misma cuenta... Obviamente todo esto ya entra en la responsabilidad de cada adulto pero igualmente en su deber y en su derecho. Empero, el Gobierno de España prefiere erigirse en tutor de los menores de 16 años. Sin embargo, ya recuerda esto a una anterior cortina de humo que ha sido reciclada, la del famoso pajaporte.

Se les ordena a las plataformas de redes sociales, mensajería y streaming que usen controles para verificar la edad de los usuarios, no sólo a lo menores de edad. Pero con ello tendrán que almacenar datos e información como los DNI e incluso datos biométricos como las huellas dactilares, tal y como usamos en nuestros móviles. Esto permitiría que el anonimato en las redes, que en realidad no es invulnerable por motivo de la IP de conexión y otros sistemas de rastreo, fuese cuestionable de proteger al ser capaz el Estado de capturar la identidad de cada usuario. De esta manera, la recopilación masiva de datos supondría un tesoro muy apetitoso para saltarse la privacidad y aprovecharlo por parte de políticos y no tan políticos para atacar a personas con discursos contrarios. Y es que no sería de extrañar recordando el lamentable doxeo (exposición pública y revelación de datos privados) y acoso personal y digital contra cuentas liberales o conservadoras que hicieron perros de presa como Isidoro Romane o el Canal Red de Pablo Iglesias e incluso jaleado por el consabido impresentable ministro Puente.

Responsabilidad personal y penal para los ejecutivos de plataformas

Si no se elimina rápidamente contenido “ilegal, odioso o perjudicial”, sus responsables podrían ser acusados penalmente. La probable consecuencia según Durov es que forzaría una autocensura excesiva, dado que las plataformas podrían llegar a suprimir cualquier mensaje mínimamente controvertida para ahorrarse riesgos. Lo que al Gobierno socialista le interesa es silenciar la disidencia política y no sólo las opiniones cotidianas sino también el periodismo no afín (los tachados de pseudomedios) y cualquier elemento que ose desafiar la narrativa "oficialista" aún con datos, argumentos, testimonios y pruebas. 

Además, esto entronca con las recientes declaraciones de la ministra de Juventud Sira Rego afirmando que otra de las medidas que se podrían plantear sería incluso prohibir el acceso a X (antes Twitter). El contexto de referencia es el encontronazo en dicha red social entre Pedro Sánchez y Elon Musk, CEO de la misma, que criticó ferozmente a Pedro Sánchez por estas medidas a su juicio autoritarias (y del de muchos). Incluso se plantea si cuentas institucionales del Gobierno podrían abandonar X del mismo modo que cuentas de periodistas y activistas de medio pelo de la izquierda huyeron haciendo puñitos a Bluesky. La misma red donde pululan los pedófilos y la extrema izquierda se reporta hasta entre ella misma. X, en cambio, ha sido un espacio de libertad de expresión "un poco" más decente que antes y con gente de izquierdas y derechas sin que se suspendieran siempre cuentas del mismo lado. La novedad más importante, junto con la inteligencia artificial de Grok que aclara posts y crea imágenes, ha sido con el interesante mecanismo de las notas de la comunidad. Permiten por parte de los usuarios el poder desmentir bulos o poner en contexto ciertos posts, tal y como lo puede hacer Grok. Eso sí que ha sido innovar contra la desinformación. En cambio, sí se le puede achacar la mano blanda contra los bots de publicidad engañosa tipo "no sabía que la cámara seguía grabando" y que Grok se pasase de políticamente incorrecto fabricando imágenes.

Criminalización de la amplificación algorítmica

Amplificar contenido “perjudicial” a través de algoritmos se convierte también en delito y eso significa que aquellos contenidos que se acuerdo con el punto anterior se califiquen de perjudicial serán vetados y objeto de sanciones. El Gobierno, excusándose en combatir la "manipulación algorítmica" no puede permitir no ya la expresión de opiniones consideradas peligrosas para su discurso, sino tampoco la propia difusión de las mismas a través de la rueda algorítmica. Esa rueda informática que nos expone cada vez más frecuencia los vídeos, imágenes y cuentas relacionadas con lo que consumimos (likes, comentarios, compartidos, etc...) y que igualmente transmiten mensajes similares. Esto es control del relato en toda regla para remontar la derrota en la guerra cultural de las redes sociales. Únicamente la propaganda difundida por influencers como Carla Galeote, Julia Salanders y miembros del equipo de opinión sincronizada estará protegida a pesar de que sigan difundiendo bulos y acusaciones gravísimas o sin pruebas. Por ejemplo contra Ayuso o Julio Iglesias, con el que El Diario y Nacho Escolar se han metido en un buen lío. En definitiva, el control del algoritmo y la amenaza de la denuncia se usarían como nuevas herramientas para mantener a la gente bien adoctrinada y alejada de mensajes nocivos para, por supuesto, el relato gubernamental.

Seguimiento de la “huella de odio y polarización”

No bastaría con intervenir los algoritmos y ni tan siquiera que los usuarios reporten en masa. No basta con que los mensajes sean rastreados, sino que las propias plataformas serán monitorizadas y expuestas por el Gobierno sobre cómo “alimentan la división y el odio”. Se pretende perseguir y castigar a los que encajen en definiciones discutibles de odio o polarizantes que pudieran ser en realidad críticas a las políticas del gobierno y no discriminaciones a colectivos "protegidos". Es preciso recordar como el propio Gobierno de España echa en cara a la oposición como responsable exclusiva de la polarización. Los mismos que, aparte de inventar "palabros" infantiles para escorar más a la gente como "fachosfera" o reinventar la definición de lo que significa bulo o desinformación, cuentan con mercenarios mediáticos tanto en la televisión pública como en medios privados para, sin las cortapisas que tiene ser cargos públicos, difundan mensajes de odio o de supuesto humor contra personas por opinar diferente, ridiculizando sus puntos de vista y señalando a la mitad de la población. Sí, eso es lo que hace Televisión Española y personajes como Javier Ruiz y su pareja Sara Pérez, uno ejerciendo de abogado defensor del PSOE y fiscal contra la oposición y la otra chillando como una verdulera en cada espacio de debate y realizando acusaciones gravísimas. ¿Cómo no va a contribuir esta gente a la polarización política? Si son los mayores creadores de votantes de VOX e incluso Alianza Catalana.

Con la monitorización de la denominada "huella de odio" se podrían restringir o suspender cuentas de redes sociales tanto de la oposición como de medios de comunicación o ciudadanos particulares, dado que de no hacerlo siempre tendría el Gobierno la opción de optar por la prohibición del acceso a la red concreta o funcionamiento de la misma en España. Un nuevo desafío a la libertad de expresión promoviendo la censura en supuesto pro de la seguridad de los menores. Por si fuera poco, pudiendo sentar un precedente que convertiría en viables resoluciones tan polémicas como la del juez Pedraz, que ordenó suspender todo el acceso a Telegram en España para investigar - a raíz de una demanda interpuesta por las televisiones - la difusión de contenido pirata de retransmisiones deportivas.

Conclusiones

La obsesión por intervenir, regular y prohibir es consustancial a un gobierno socialista (que no socialdemócrata) como es el caso paradigmático del Sanchismo, que necesita recurrir a ello como forma de tapar sus vicios, errores, incompetencia y corrupción. La agenda pública y poder manejarla a su antojo es un recurso lo suficientemente apetitoso como para no hacer remilgos en activar el botón y más gracias a esa prensa domesticada cuando no directamente a sueldo como RTVE. Más aún tratándose de espacios en los que sus brazos mediáticos no llegan y sus creadores de contenido apenas lo hacen pese a estar subvencionados con dinero público por el Ministerio de Igualdad y el de Política Territorial y "memoria democrática". Y lo que es peor, se apoyan en la polarización a la que ellos mismos han contribuido más que nadie y hasta con el apoyo de la izquierda a su izquierda tanto política (Podemos) como mediática (Canal Red) aún a pesar de que están más en modo oposición. Para que tanta gente de izquierdas haya interiorizado este neolenguaje agresivo que poco tiene que envidiar a la auténtica ultraderecha (y que no somos todos los que nos oponemos a este insensato Gobierno), ha sido necesario un trabajo continuo. Porque, lamentablemente, cuando sólo interesa mantener el poder y seguir cobrando dinero público, no existe moral ni reflexión. Sólo blanquear cualquier investigación de corrupción y revertir las responsabilidades de sus negligencias en los demás, proyectando en ellos la perfidia que despiden por todos sus poros. Y es que el Sanchismo consiste en todo esto.

La trampa del Decreto Ley como modus operandi del Gobierno Sanchista

Según el artículo 86 de la Constitución Española,  la figura del Real Decreto-Ley está pensada para que el Gobierno pueda dictar disposiciones legislativas provisionales sólo en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”, pero en modo alguno como vía ordinaria de legislación. Son normas con fuerza de Ley y por lo tanto que no se supeditan a la potestad reglamentaria que son aprobadas por el Gobierno en Consejo de Ministros y han de ser convalidados o derogados por el Congreso en menos de 30 días, sin perjuicio de que eventualmente se transformen en un proyecto de Ley (spoiler, nunca pasa). Sus límites materiales son el ordenamiento básico de las instituciones del Estado, los derechos y libertades de los ciudadano que se recogen en el Título I, el régimen de las CCAA y el Derecho electoral general. Sin embargo, en las dos últimas legislaturas del PSOE y bajo Pedro Sánchez dicho recurso ha sido usado de forma mucho más frecuente que en gobiernos anteriores, generando críticas que apuntan a que muchos de esos decretos terminan siendo “cajones de sastre”. En realidad, se aprovecha para introducir normas y medidas de todo tipo y con dudoso nexo entre sí, ya que difícilmente justifican la urgencia alegada. ¿El motivo de este abuso? La incapacidad de poder aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y la oportunidad para presentar un paquete de medidas presionando a la oposición de forma demagógica y sin que exista debate parlamentario alguno, dado que el Congreso única y exclusivamente puede votar todo o nada. Vayamos a continuación a repasar algunos de los más significativos entre los últimos.

RDL 5/2023 de 28 de junio

Los motivos que se declararon para aprobar el Real Decreto Ley 5/2023 fue la adopción y prórroga de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis energética y social por la Guerra de Ucrania y el apoyo a la reconstrucción de La Palma por el desastre tras la erupción del volcán de 2021, así como situaciones de vulnerabilidad social. Hasta ahí bien, ¿no?.

Sin embargo, se incluyeron normas laborales, fiscales y societarias que podían exceder perfectamente de lo "urgente" del conflicto entre Rusia y Ucrania, como fue la transposición de directivas europeas que modificaban la regulación de sociedades mercantiles y de conciliación de la vida familiar y personal (nuevo permiso parental de 8 semanas hasta que el hijo cumpla 8 años y diversas mejoras de permisos retribuidos), deducciones fiscales por compra de vehículos eléctricos y ayudas a la instalación de recargas en vivienda, modificaciones de la Ley Concursal en materia de derechos de acreedores en fusiones y transmisiones intracomunitarias y prorrogar el no cómputo de pérdidas en ejercicios anteriores para evitar disolución de sociedades (existente desde la pandemia). De esta manera, estas normas carecían del carácter de provisional sino estructural y permanente y se aprovechó una tramitación de sí o no sin posibilidad de presentar enmienda alguna y para cerrar debates pendientes del fin de legislatura. Había elecciones generales en julio, luego se usó como trampa electoralista en toda regla. De hecho, fue convalidado por la diputación permanente al haberse disuelto ya el Congreso.

RDL 8/2023 de 27 de diciembre

A la crisis de Ucrania se derivó la de Oriente Próximo con el conflicto entre Israel y Palestina desatado el pasado 7 de octubre tras los terribles ataques terroristas de Hamas para motivar la aprobación del Real Decreto Ley 8/2023, así como los efectos de la sequía. Sin embargo, se convirtió en un batiburrillo que mezclaba políticas energéticas, regulación de alquileres, medidas procesales en vivienda y fiscalidad general disfrazando políticas estructurales y de largo plazo como complejas modificaciones del sistema tributario o del sistema energético en supuestas medidas urgentes coyunturales. En materia fiscal, se prorrogaron rebajas como la del IVA al 0% de alimentos básicos y un 10% al gas, electricidad y biocombustibles. Hasta ahí bien, pero añadido a esto se aprovechó para imponer la obligación de declaración electrónica del IRPF y patrimonio y se prorrogaron los límites de estimación objetiva del primero. En materia de vivienda, se prorrogaron las suspensiones de desahucios de vulnerables, se aprobaron avales del ICO para proyectos de vivienda social y se estableció límite a la subida de alquileres en 2024 (máximo del 3%). En materia energética, se modificó la Ley de Hidrocarburos para prohibir el suministro entre distribuidores al por menor, entre otros cambios regulatorios. Circunstancias que poco o nada tienen que ver, una vez más, con una situación extraordinaria y urgente. Este Decreto salió adelante por la abstención de Junts, en el marco de una negociación para suprimir una disposición legal que podría afectar a la Ley de Amnistía sin tener nada que ver con el contenido de dicho Decreto Ley. Esto ya daba a entender la inexistente mayoría unívoca con la que el PSOE contaba en el Congreso.

RDL 4/2024 de 26 de junio

Tras las elecciones europeas, el motivo central del Real Decreto Ley 4/2024 fue la prórroga de medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de una vez más Ucrania y Oriente Próximo. Así que en esta ocasión se recurrió a dos guerras para repetir el uso del artículo 86 de la CE como instrumento legislativo estándar. Se introdujeron disposiciones en materia fiscal, social y laboral desligadas de un concepto objetivo de urgencia, dado que se aprovechó básicamente para aplicar una política fiscal ordinaria y no extraordinaria. Así, se elevó el mínimo exento de tributación, se prorrogaron beneficios fiscales en el IAE e IVA reducido para determinados alimentos (como el aceite de oliva) y se introdujeron deducciones en el Impuesto de Sociedades. En política social y laboral, se introdujeron incentivos fiscales y se ajustaron bases de cotización de la Seguridad Social. Por último, se incrementó un 2% el sueldo del personal del sector público y se liberalizó la amortización de los vehículos eléctricos. Con la excepción de Sumar (que participa en el Gobierno de coalición), el resto de socios del Gobierno externos al mismo coincidieron en criticar que no se había negociado artículo por artículo sino únicamente un titular y que se estaba abusando de esta figura. Pero Sánchez desconocía que había recibido un aviso.

RDL 9/2024 de 23 de diciembre

En un año en que las investigaciones de corrupción empezaban a asolar al partido socialista, le llegó su primera derrota importante. El Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 9/2024 con el motivo de introducir medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y Seguridad Social y para prorrogar otras en situaciones de "vulnerabilidad social". Creyó Sánchez que no se pasaría de frenada y le seguirían validando su demagogia, pero no tuvo la misma suerte.

El Decreto fue rechazado y derogado por el Congreso en enero de 2025 debido a que incluía demasiadas medidas sin una urgencia clara y bien articulada, pero sobre todo porque a Junts (que votó en contra junto con PP y VOX) le colaron disposiciones que no conoció hasta el último momento. Así, en materia fiscal se introducía deducciones en el IRPF (materia energética y vehículos eléctricos), imputación de rentas inmobiliarias y límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF y régimen simplificado y especial del IVA, se modificaban los coeficientes del impuesto de plusvalía que cobran los Ayuntamientos, se modificaba la Ley 7/2004 del impuesto a las multinacionales que fue traspuesta de la normativa comunitaria y hasta el régimen fiscal de las finales de las competiciones de fútbol femenino. En materia de financiación territorial, liquidación definitiva de participación en tributos del Estado del año 2023, entregas a cuenta de 2025 a las CCAA en situación de prórroga presupuestaria (Fondo de Suficiencia Global) y régimen excepcional de endeudamiento para 2025. Por último, se introdujeron ayudas al transporte, imposición de reducción de precios a los concesionarios y sistema de préstamo de bicicletas, que en realidad sólo encajaban en su agenda de reducir el uso de los vehículos. En fin, este caso es especialmente ilustrativo de cómo la acumulación de pequeñas normas fiscales, sociales y económicas sin relación directa con la emergencia declarada pueden deslegitimar la figura del Real Decreto Ley y acabar con la paciencia de los propios socios del Gobierno. Y no sólo eso, sino también generar incertidumbre para empresas en el cumplimiento de sus obligaciones,

RDL 1/2025 de 28 de enero

Tras el fracaso del anterior, se presentó al Real Decreto Ley 1/2025 como un paquete de medidas urgentes para reforzar la protección social como la revalorización de las pensiones al IPC y ayudas a los afectados por el volcán de La Palma y añadiéndose la DANA de octubre de 2024, a pesar de que el RDL 8/2024 ya tuvo ese objetivo central. En esta ocasión, básicamente aprovecharon el ancla moral que representaban las pensiones y las víctimas de las inundaciones de Valencia para tramitar medidas de vivienda al estilo socialista como prorrogar la suspensión de desahucios y prohibición de cortes de suministros básicos para "personas vulnerables" que ya criticamos en este post del año pasado por legitimar a los inquiokupas, pero también para introducir un sistema público de avales para alquiler en caso de impago de aquéllos. Sin embargo, sometido a un laberinto burocrático encerraba una nueva trampa para justificar la peligrosa aplicación de la "vulnerabilidad social" y en todo caso haciéndose cargo el Estado con nuestros impuestos de las letras de alquiler que miles de caraduras se negaban a abonar. También volvieron a introducir bonificaciones y gratuidad al transporte. En definitiva, se mezclaron emergencias no homogéneas ni simultáneas y se fusionaron varios posibles decretos en uno solo como reconocieron explícitamente los socios independentistas tanto vascos como catalanes.

RDL 16/2025 de 23 de diciembre

Una segunda derrota y más dolorosa para el Gobierno, en un contexto de descrédito por la penosa gestión del transporte ferroviario, fue la del más reciente Real Decreto Ley 16/2025. Pretendía prorrogar medidas urgentes en materia social, tributaria, laboral y de Seguridad Social. Como doble chantaje para prorrogar la protección de los inquiokupas y legitimación de los okupas en inmuebles de empresas, el Gobierno metió en el mismo cajón la revalorización de las pensiones con un 2,7%. Y es que no hay que olvidar que el colectivo pensionista es el más protegido por el PSOE porque por número son el mayor caladero de votos. En el mismo paquete metía también, como siempre, la prórroga de los límites de regímenes especial y simplificado del IVA para agricultura, ganadería y pesca, la de libertad de amortización para inversiones en energías renovables, de deducciones energéticas y del SMI mientras se negocia la actualización. La sonora derrota del 27 de enero de este 2026 dejaba sin efecto desde entonces todas esas medidas heterogéneas que pretendían ser validadas con el escudo de las pensiones, instrumentalizando a todas las personas jubiladas y discapacitadas de España para que de la manera más rastrera el Gobierno pudiera seguir aprobando lo que es incapaz de hacer ni con proyectos de Ley ni con Presupuestos Generales porque hace años que carece de apoyos. No ya sociales sino parlamentarios a los que tiene que chantajear una y otra vez. Porque esto, en eso, señoras y señores, consiste el Sanchismo. Así que ha tenido que optar por separar en dos Decretos y negociar con el PNV que los propietarios de una sola vivienda en alquiler no tengan la carga de ofrecer una "solución habitacional".

Conclusiones

La sensación es que Sánchez prosigue en su huida hacia delante y en el uso de cortinas de humo cuando no la instrumentalización de personas para proteger su política socialista entendida no como progresista, sino intervencionista de la espera pública y privada con tal de mantenerse en el poder. Pese a las derrotas, sigue esgrimiendo los mismos argumentos y le importa poco que no consiga implementar de una tacada esas medidas ya que en un debate parlamentario harían salir a flote sus debilidades de una forma más clara que a través de la carta única que implica el Decreto Ley. Es lo mismo por lo que asume la regularización extraordinaria de inmigrantes propuesta por Podemos, aún con laxos requisitos y obligaciones para los solicitantes, como ventana de oportunidad para desenfocar las críticas ante las deficiencias de la red ferroviaria o la corrupción. Así que el continuo recurso de esta figura ha normalizado un estilo de política propio de un líder cada vez más cuestionado por cualquier grupo político, medio de comunicación, asociación o ciudadano que no dependa ni su subsistencia ni su financiación por las mismas arcas públicas de las que el Gobierno se nutre y retroalimenta con los impuestos de todos los españoles. Pues, obviamente, ni el aparato palmero que es RTVE ni el socio pelele del ejecutivo que es Sumar van a osar denunciar al régimen pseudo cesarista.

Irán al límite: colapso de legitimidad de la teocracia islamista frente a la sociedad insumisa

A primeros de año, como ya vimos en la primera entrada de 2026, todas las miradas del mundo se dirigieron hacia Venezuela. Sin embargo, no todo es Venezuela en el impacto geopolítico actual como tampoco Ucrania ó Gaza. La situación en Irán en la que el pueblo se ha levantado contra una tiranía islámica que está reprimiendo y masacrando a su población obliga a echar una mirada y analizar tanto por qué se ha llegado a esa situación como qué es posible que suceda en el futuro y qué camino se debería de tomar.

Contexto y choque social y cultural

Desde la Revolución Islámica de 1979 en la que se derrocó a la monarquía, se instauró una república que no ha tenido nada de democrática, sino que se fundamentó en una teocracia liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini en la que la religión se impone de forma totalitaria. La Sharía constituye la base del orden legal y moral del Estado. El poder político y la religión están fusionados, dado que la ley religiosa se aplica como derecho positivo, regulando no sólo cuestiones penales e institucionales sino imponiendo la moral social. Existe una doble estructura de poder, con instituciones electas como el presidente y el parlamento, pero en la práctica el pluralismo es inexistente. Están sometidas al Líder Supremo, figura que concentra la autoridad religiosa, política y militar. A su alrededor operan el Consejo de Guardianes, que supervisa la legislación y filtra a los candidatos que pueden concurrir a elecciones, y los Guardianes de la Revolución, actor central tanto en la seguridad interior como en la planificación económica. Este desequilibrado diseño institucional le ha permitido a la dictadura un sistema estable en términos de control, pero frágil de legitimidad. La estabilidad del régimen no descansa en el consenso social sino en una combinación de coerción, vigilancia y control informativo, incluyendo censura y restricciones de Internet.

Frente a esto, casi 50 años después, Irán es una sociedad profundamente joven, urbana y educada, con una población mayoritariamente nacida después de la Revolución Islámica y que tampoco vivió la guerra con Irak. El efecto del cambio demográfico es incontestable, dado que para las nuevas generaciones la legitimidad histórica del sistema es irrelevante. Se ha asistido una evolución cultural sostenida, especialmente en las grandes ciudades y amplios sectores muestran una menor religiosidad práctica y una creciente valoración de la autonomía personal y la privacidad. El papel de las mujeres es central en este proceso de cambio cultural y son uno de los principales motores del descontento. Irán cuenta con una de tasa muy alta de mujeres universitarias, con valores interiorizados de igualdad y participación social que chocan con un marco legal discriminatorio. De igual manera, la juventud urbana se ha desarrollado en un entorno parcialmente conectado al exterior. A pesar de la censura y los bloqueos, el acceso a redes sociales y a narrativas alternativas ha erosionado el monopolio informativo del gobierno. También tienen su papel las minorías étnicas y religiosas (azaríes, kurdos, turcomanos, sunnies, cristianos, judíos, etc.), que sufren una doble presión por su identidad y por su posición socioeconómica. En resumen, esta realidad social más plural, más consciente y más exigente convive con unas élites políticas y religiosas envejecidas. Semejante contraste entre un aparato teocrático rígido y una sociedad dinámica y cambiante constituye el marco de fondo imprescindible para entender las tensiones, protestas y estallidos sociales que se han intensificado en los últimos años.

Crisis económica

Pero no sólo un Estado teocrático islamista es objeto de críticas. Aunque las protestas se asocien a demandas de libertades y derechos, el deterioro económico ha actuado como catalizador decisivo, ampliando el descontento de la sociedad. La crisis económica iraní responde a una combinación de factores internos y externos. No sólo es achacable a una pésima gestión manchada de corrupción, con estructuras poco transparentes, rigideces estructurales propias de una dictadura, falta de inversiones productivas en infraestructuras y economía de guerra financiando causas militares y al terrorismo como Hamas. También influyen sanciones internacionales (EEUU, UE, ONU, países individuales como Reino Unido, etc...) que les han limitado el acceso a mercados, divisas y financiación. Durante los últimos años, el país ha sufrido una inflación muy elevada y persistente, con incrementos continuos en el precio de alimentos, energía, vivienda y medicamentos. Esta dinámica ha erosionado de forma acelerada los salarios reales y los ahorros, empujando a amplios sectores de la población hacia una situación de empobrecimiento relativo. A ello se suma la devaluación sostenida del rial, moneda que ha perdido gran parte de su valor frente a las principales divisas. La depreciación monetaria ha encarecido las importaciones, reducido el poder adquisitivo y generado una sensación de inestabilidad permanente, con fuerte desempleo juvenil, falta de expectativas profesionales en una generación altamente formada. Incluso sectores tradicionalmente conservadores, como pequeños empresarios, también se han visto afectados por la caída del consumo y la incertidumbre económica. 

El recrudecimiento de la situación: de 2022 al estallido de 2026

En 2022 Irán experimentó un importante punto de inflexión. Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años, murió bajo custodia policial en Teherán tras ser detenida por no llevar el velo correctamente. Su muerte desató protestas masivas en Irán bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad”, que fueron reprimidas con violencia, ejecuciones y miles de detenciones. Este caso se convirtió en símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos en Irán y desde entonces se entró en una fase de conflicto social prolongado. Las protestas, tal como hemos contextualizado, se articularon en torno a una multiplicidad de agravios: restricciones de libertades, deterioro económico, discriminación legal y ausencia de expectativas de futuro. La movilización es absolutamente descentralizada y se consolidaron nuevas formas de protesta, menos visibles pero más difíciles de erradicar: actos cotidianos de desobediencia civil, incumplimiento simbólico de normas morales (no llevar velo las mujeres), protestas en concentraciones breves, huelgas sectoriales y paros puntuales no sin una fuerte presión represiva.

A medida que el malestar social se hacía más visible, el sistema optó por una huida hacia delante y fue cerrando progresivamente las vías de reforma interna. Lejos de adaptarse a los cambios sociales, el régimen optó por reforzar los mecanismos de control, reduciendo aún más los márgenes de participación y pluralismo. Durante los últimos años, el reformismo institucional se había centrado en liberalización económica, inversiones en industria automotriz, petroquímica y eléctrica, impulsar relaciones internacionales más abiertas para reducir sanciones como un nuevo acuerdo nuclear y más libertades en Internet bajo gobiernos moderados como el de Hassan Rohaní ó Masoud Pezeshkian. Sin embargo, ha quedado prácticamente neutralizado. El Consejo de Guardianes ha vetado de forma sistemática a candidatos moderados o reformistas, limitando las elecciones a opciones alineadas con el núcleo duro del poder, vaciando de contenido la competencia electoral y debilitando la confianza en las urnas como instrumento de cambio. Paralelamente, se ha producido un endurecimiento del discurso oficial, que presenta cualquier demanda de apertura como una amenaza al Estado y a la identidad islámica del país. La crítica interna es con frecuencia asociada a conspiraciones extranjeras.

Ante la escalada del conflicto social, la respuesta del Estado iraní ha sido la represión física, persecución judicial y un control del espacio informativo. En primer lugar, el uso de las fuerzas de seguridad se ha intensificado con detenciones masivas, presencia militar en espacios públicos y un empleo sistemático de la intimidación. En segundo lugar, el aparato judicial actúa como instrumento disciplinario, mediante juicios rápidos, condenas severas y castigos supuestamente ejemplarizantes. Por último, ha recurrido a la restricción del acceso a Internet, bloqueo de redes sociales y ralentización deliberada de las comunicaciones móviles. Estas medidas buscan dificultar la organización de protestas, aislar a los manifestantes y limitar la difusión internacional de imágenes y testimonios. Sin embargo, lo más estremecedor son las cifras de muertos que según estimaron varios funcionarios del ministerio de Salud al medio estadounidense Time, podrían llegar a los 40.000 y la inmensa mayoría de ellos en apenas dos días. Una auténtica masacre ocultada por el siniestro régimen de Irán.

La dualidad del activismo: hipocresía española frente a expectativas iraníes

Necesariamente, hay que relacionar las reacciones ante esta situación con la hipocresía deleznable de los "activistas" de extrema izquierda (que no de izquierda sin más). En el caso del conflicto entre Israel y Palestina no tienen ninguna duda ni reparo en condenar los excesos de Israel, abogar por la desaparición de dicho Estado, promover boicots a comercios israelíes e incluso me voy a permitir el lujo de reconocerles que incitan al odio por nacionalidad de todo lo israelí como por ejemplo, aunque resulte simbólico, colocar una pegatina en la puerta del bar de Pablo Iglesias tachando la bandera israelí. Esta gente que se da golpes de pecho de defensores de derechos humanos, son los mismos que se dedican a hacer "Venezuelasplanning" a los exiliados del régimen del depuesto Maduro usando como escudo un Derecho internacional que su héroe bolivariano jamás cumplió mientras masacraba, secuestraba o asesinaba a opositores y ciudadanos. Pero también son los mismos que callan, guardan silencio y con motivo de las sanciones a Irán recuperan el tema de Israel con Palestina porque no es un discurso que les favorezca. ¿Por qué? Porque Irán, como dictadura islamista, está provista del elemento que marca su gran debilidad como activistas: el miedo a que se les tache de xenófobos por poner la diana en la religión islámica aún en su vertiente más radical que poco o nada tiene que envidiar a los tiempos de la Inquisición. Además, Irán es enemigo geopolítico tradicional de los dos países que más odian del planeta: Israel y EEUU por este orden. Por todo esto, no hay que darle ningún margen de credibilidad a esta extrema izquierda que creyó que con una flotilla iba a salvar el mundo y que destrozar mobiliario urbano y comercios privados así como reventar la vuelta ciclista a España iba a parar un supuesto genocidio que sólo existe en sus cabezas, por muy condenable que sean los excesos del corrupto gobierno de Netanyahu. Actualmente, la masacre está sucediendo en Irán mientras los altavoces de los del pañuelo se desenfocan cobardemente al tiempo que las mujeres iraníes dan una lección a ellos y al mundo de auténtica libertad feminista.

De cara al futuro, una activista auténticamente pro democrática y feminista como Nilufar Saberi (de la cual puede escucharse una extensa entrevista hecha por Juan Soto Ivars en este enlace), sostiene que el régimen iraní no es reformable y que lo que se está viviendo no es solo una protesta, sino una revolución irreversible con el objetivo de terminar con la República Islámica. La estructura de poder teocrático es incompatible con los derechos humanos y se debe establecer un sistema democrático y secular donde dichos derechos estén garantizados para todos, incluyendo mujeres y minorías. Espera que esta unión social tenga un impacto duradero en la política iraní y en la conciencia colectiva de su pueblo, al tiempo que la comunidad internacional siga prestando atención y apoyo al pueblo iraní, tanto para proteger a quienes están en riesgo dentro del país como para aumentar la presión sobre el régimen. Para ella, la visibilidad global es un factor que puede acelerar el cambio. Ahora bien, no debe confundirse con una intervención extranjera. Frente a los casos de Gaza y Venezuela, Saberi entiende que el cambio debe de venir del pueblo iraní, protagonizado por mujeres, jóvenes, minorías, etc... dado que recela de la legitimidad que se percibiría de una intervención de EEUU o de alguna organización internacional. Sí está a favor de la presión diplomática, sanciones contra el régimen y visibilidad promovida por la ONU y tribunales internacionales. En definitiva, el caso de Irán difiere totalmente de los dos anteriores. Sin embargo, no es menos cierto que el callejón sin salida al que ha llegado el país está dejando miles de muertos como para que trate de acelerarse por todos los medios la expulsión de los islamistas radicales y facilitar un proceso de paz y transición. Ojalá sea posible de la mano del propio pueblo iraní, pero la situación de no retorno actual deja muchas dudas y Trump parece dispuesto a terminar interviniendo para cortar la guerra civil. Los próximos días pueden ser cruciales.

La tragedia ferroviaria de Adamuz: investigaciones preliminares y contexto de responsabilidad

El pasado domingo 18 de enero, próximo a las 20:00 horas se produjo un trágico accidente ferroviario en el término municipal de Adamuz (Córdoba), al descarrilar el tren AVE que cubría el trayecto Madrid-Andalucía en dirección a Málaga, con dos vagones que cayeron por un terraplén y además colisionando después con un Alvia que circulaba en el otro sentido en dirección Huelva. Ha sido la cuarta mayor catástrofe con trenes implicados de la historia de España, después del choque de dos trenes en el interior de un túnel en El Bierzo en 1944 (cien muertos) y otros dos en El Cuervo (80) en 1972, mientras que la más reciente fue Santiago de Compostela en 2013 con 80 fallecidos, cuando otro tren descarriló. En este último caso la investigación judicial concluyó con responsabilidad del maquinista y del director de ADIF condenados por homicidio imprudente grave y la sentencia salió hace apenas un año y medio. En el caso presente, casi de forma inmediata se descartó cualquier tipo de error humano o responsabilidad del maquinista que terminó falleciendo como hasta 40 pasajeros por el momento.

Valga ante todo mi pésame a todas las familias afectadas que han perdido a seres queridos o lo que es peor, se encuentran desaparecidos y no saben nada, así como a las que tienen a otros hospitalizados en grave situación o heridos de suma importancia. Son horribles algunas historias como la de una niña de seis años que encontraron sola caminando por la vía y que había perdido a sus padres, su hermano y su primo que habían estado pasando unos días en la capital madrileña y visitado el Santiago Bernabéu. Nadie podía imaginar, ni en esa familia ni en el resto que aquél fin de semana se terminaría convirtiendo en una pesadilla. No somos capaces, de ninguna manera, de llegar a ponernos en el lugar de esas personas ni de sentir el dolor que están sufriendo por mucho ejercicio de empatía que hagamos, pues sólo las que han visto roto su corazón pueden expresar y entender la inconsolable tristeza que producen estos inesperados hechos. Así que, desde mi humilde blog, pese a la ignorancia de lo que padece su alma, envío un abrazo a toda esa gente que está sufriendo y mis mayores deseos para que no les falte ni la fuerza anímica ni el calor de sus queridos para afrontar y superar, sin ninguna renuncia al recuerdo de sus amados fallecidos, estos trágicos hechos y se apoyen en todo lo posible en su vida de ahora en adelante.

Investigaciones preliminares

Dicho eso, que es sin duda lo primordial, es también importante esclarecer qué es lo que ha ocurrido para que haya sucedido esto y qué se puede hacer para que no suceda nunca más. La investigación efectuada hasta el momento apunta a una posible rotura de un raíl que podría haber significado el descarrilamiento de un tren Iryo. Dicha rotura, que parece ser debida a un problema de soldadura, es de más de treinta centímetros en el kilómetro 318,7. Testigos apuntan que previo a la colisión sintieron unas extrañas perturbaciones (vibraciones) en el tren, por lo que con dichos testimonios se plantea la posibilidad de que el tren arrastrase sobrepeso en varios vagones. La dirección de Renfe descarta que el problema fuese exceso de velocidad y se han suspendido todos los viajes de las líneas afectadas hasta por lo menos el 2 de febrero obviamente por seguridad.

En comparecencia, el ministro de Transportes Óscar Puente declaraba que no entendía cómo había ocurrido porque sucedió en una recta y la vía había sido renovada en mayo con una inversión de 700 millones de euros y el Iryo que descarriló apenas tenía 4 años y por lo tanto era relativamente moderno. Ante la investigación preliminar, ha matizado que los técnicos están estudiando si dicha rotura podría ser causa o consecuencia del accidente. Pues bien, al señor Puente habría que recordarle hasta cuatro cosas.

Antecedentes y contexto 

Primero que nada, Ia liberalización del sector trajo lugar un aumento sustancial tanto de la oferta como de la demanda, pero al mismo tiempo puso en evidencia una situación de las infraestructuras como obsoletas y poco preparadas para asumir un tráfico considerable. Con ello, se hizo necesario invertir tanto en aquellas como en trenes más exigentes y modernos. Así, Talgo se convirtió en empresa líder del sector en España y participada por la SEPI (control estratégico) y el gobierno vasco entre otras entidades.

En el pasado día 8 de agosto de 2025, el sindicato SEMAF remitió a ADIF y a la Agencia estatal de seguridad ferroviaria una comunicación en el que informaba de su preocupación por el estado general de varias líneas de la red de Alta Velocidad que se habían renovado meses atrás. Los maquinistas se quejaban de que a diario se encontraban con baches, descompensaciones en la catenaria, degradación del material rodante que ocasionaba averías como inestabilidades de soldadura o daños en los trenes y otros defectos que perjudicaban la comodidad y la fiabilidad de pasajeros y trabajadores. En los meses siguientes, ADIF comunicó en sus redes sociales hasta ocho incidencias relacionadas con la señalización, la catenaria y la infraestructura con retrasos mientras que muchos pasajeros alertaban de vibraciones anormales en los trayectos y no es capricho de los mismos, sino ratificado por expertos. Al parecer, estas advertencias y quejas fueron desoídas pese a que el secretario general de aquél sindicato matizó en Onda Cero que el problema de la vía no sería de inseguridad material sino de defecto de mantenimiento, claramente remitiéndose a los informes técnicos para esclarecer lo sucedido.

Por otra parte y más en relación con su "gestión", hay que recordarle al Ministro que en julio pasado de 2025 suprimió la UME encargada de prevención y seguridad de infraestructuras y la sustituyó por un "observatorio", como también que recomendaba medidas tan disparatadas como viajar de pie y sin asiento. Sin embargo, hay mucho más que tener en cuenta en el contexto de este accidente dramático. Pero sobre todo estamos hablando del mismo ministro que declaraba en 2024 que el tren en España vivía el mejor momento de su historia cuando en estos últimos años no se han parado de comunicar incidencias por parte de ADIF y con trenes que se averiaban y paraban en la nada como en Navarra, en Barcelona o precisamente en la misma vía afectada ayer a la altura de Toledo.

Además, por si fuera poco, ese tramo ferroviario objeto del desastre se conecta con la investigación de la trama de corrupción en el marco de la investigación al PSOE. Fue adjudicado por ADIF a la empresa constructora AZVI donde Koldo García cobraba un sueldo como consultor. Es más, el presidente de la misma realizó varios años atrás una transferencia al comisionista Víctor de Aldama a través de una sociedad interpuesta. Y esto no es ningún bulo, puesto que está verificado y confirmado. Tampoco sabemos hasta qué punto estará conectada la presunta corrupción por mordidas y adjudicaciones amañadas, eso es objeto de instrucción judicial, pero huele a podrido que esta gente esté implicada, máxime cuando sobre ADIF pesa la sombra de prácticas muy dudosas con su ex presidenta imputada por hasta cinco delitos y qué decir de las contrataciones con opacidad en las mismas declaradas por el Tribunal de Cuentas de Madrid y denuncias internas de amaños. Mientras, ¿el Gobierno no sabía nada?

Consideraciones

En este contexto, con estos antecedentes previos y la información de que se dispone, parece obvio que a la investigación y de forma necesaria habrá que exigir las responsabilidades pertinentes. Al igual que sucedió en el caso del Alvia de Santiago de Compostela. Y no se trata de rentabilizar políticamente una tragedia, sino de que el ciudadano no tenga la percepción de que cualquier cosa puede ocurrir sin consecuencias. Del mismo modo que existe un proceso judicial para dilucidar responsabilidades políticas con motivo de la lamentable gestión de la DANA de Valencia de 2024. Así que me van a permitir que no de ni credibilidad ni legitimidad a las bochornosas campañas que (estas sí), buscan polarizar a la gente y explotar la causa política como las orientadas a acusar a Isabel Díaz Ayuso de la muerte de más de 7.000 personas durante la pandemia del Covid-19. Se saben la cifra exacta (aún engordándola), construyen documentales para reforzar su relato embustero e incluso hacen vomitivas performances, pero desconocen y no les importa las del resto de 49 provincias españolas. ¿Por qué? porque no les interesan NADA las víctimas. Porque sólo les interesa "politizar el dolor" cuando encuentran narrativa para patrimonializar las víctimas como con la DANA. Lecciones de esta gente, ni una sola. No seamos como ellos. Usemos la empatía con inteligencia, no como arma selectiva y arrojadiza, al mismo tiempo que exigir que se depuren las responsabilidades oportunas, sean privadas o públicas a efectos de corregir y evitar que vuelvan a suceder tragedias tan dolorosas. Además, en una democracia consolidada de casi 50 años, nuestros impuestos, supuestamente, están para sufragar y mejorar nuestros servicios públicos y es de recibo exigir también una mejor gestión.

***Actualizaciones***

En esta entrada dejé claro que las investigaciones eran preliminares y que no se podían sacar aún conclusiones claras pero sí importantes consideraciones. Aprovechando que aún no se ha publicado la siguiente entrada y con el avance que ha existido, es preciso comentar a fecha 26 de enero que los hallazgos sucesivos han resultado ser confirmatorios de un problema de gestión de mantenimiento. Primero, varios trenes que pasaron antes del Iryo presentaron muescas en las ruedas. Segundo, la rotura del raíl se habría producido ANTES del descarrilamiento. Tercero, dicha rotura tuvo lugar en el punto de soldadura de un tramo de vía antiguo de 1989 con el más reciente obra de la empresa vinculada a Koldo García y contrada por ADIF. Todo esto desmonta las declaraciones de Óscar Puente en modo control de daños negando problemas de mantenimiento y que se había producido en un tramo nuevo.

Por otra parte, la Consejería de Emergencias de la Junta de Andalucía asegura que, tras las 45 autopsias, las víctimas fallecieron en el acto. Por tanto, no puede determinarse si el retraso de una hora desde el accidente hasta que llegasen los equipos de emergencia pudo tener alguna incidencia negativa. A este respecto, hay que señalar que según la caja negra el maquinista del Iryo desconocía que había chocado el Alvia y, lo que es peor, otro maquinista tuvo que salir con una linterna en la noche por encargo de ADIF a buscar durante más de 2 kilómetros dónde estaba el tren siniestrado mientras los pasajeros trataban de hacer algo por salir y andar sobre las vías. Absolutamente dantesco y que debe de servir de objeto de reflexión, reafirmándome en mis consideraciones arriba indicadas. Esto no puede quedar así.

El viacrucis de la protección del Mar Menor y su personalidad jurídica

En el día de hoy dedico un post a la protección jurídica del Mar Menor. Este tema se encuentra ineludiblemente vinculado con el Medio Ambiente y, en estos tiempos de irrespirable polarización política a la que contribuyen casi todos (unos más que otros, obviamente), suele ser una bandera que defiende más la izquierda o al menos que acapara más simpatizantes. Pues bien, por mucho que se etiquete defender al Mar Menor como algo "de rojos", personalmente considero que eso es absurdo. Verdaderamente, no cabe en la cabeza de nadie con independencia de que sea o no ecologista (con los que tengo mis reservas como por ejemplo con las nucleares) sino simplemente vecino o empresario de la comarca del Mar Menor y Cartagena que no le preocupe la situación de la laguna y su cuenca.

Antecedentes

La primera Ley específica sobre protección del Mar Menor fue la Ley 3/1987, de 23 de abril, de Protección y Armonización de usos del Mar Menor cuando la CARM era gobernada por el PSOE y con Carlos Collado al frente. Sin embargo, su articulado (22 artículos, 4 disposiciones adicionales y 2 finales) no se centraba tanto en aspectos ambientales como de urbanización y ordenación territorial. Además, aunque preveía la aprobación de un plan de saneamiento ambiental y otro de ordenación del litoral, la competente era la propia Consejería de Obras Públicas en lugar de la de Medio Ambiente que tan sólo informaba a través de una agencia. Lo peor no fue eso, sino que aparte de tener una escasa aplicación, cuando se produjo cambio de gobierno se fue desvirtuando con las nuevas leyes regionales. de suelo.

No sería hasta 2018 cuando se aprueba la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad en el Mar Menor y ya con López Miras tras la dimisión el año anterior de Pedro Antonio Sánchez. En esta ocasión, el enfoque sí era ambiental dado que ordenaba la aprobación de un código de buenas prácticas agrarias para limitar los vertidos de la agricultura intensiva, regulaba el uso de fertilizantes y prohibía actividades contaminantes en la cuenca del Mar Menor. Sin embargo, esta Ley fracasó rotundamente hasta el punto que el Gobierno regional remitió una "guía interpretativa" a los agricultores para facilitar el incumplimiento de las restricciones.

El largo camino de la iniciativa popular

El proceso nace en 2019, el mismo año en que durante el verano fue noticia en el Mar Menor y no precisamente para bien la generación de anoxia tras la DANA acontecida en octubre, que incrementó el nivel del mar en 70 centímetros y asfixió a muchísimos peces al tratarse de agua dulce de escorrentía. El desastre fue mayúsculo al morir miles de peces como consecuencia de la falta de oxígeno y especialmente en San Pedro del Pinatar. Los ecologistas señalaron como responsables a la agricultura y a la urbanización debido a las modificaciones producidas en los terrenos. Sin embargo, la anoxia no debe confundirse con la eutrofización, que es algo muy distinto y que se refiere a la acumulación de nitratos en el mar. La denominada "sopa verde" con la que se conoció a su estado en 2016. Pues bien, en ese 2019 un grupo de estudiantes de cuarto del Grado en Derecho analizaba posibles vías de solución y fue la profesora lorquina Teresa Vicente quien propuso activar una Iniciativa popular legislativa (IPL).

La IPL fue impulsada por plataformas ciudadanas (Pacto por el Mar Menor, Por un Mar Menor vivo, etc) y asociaciones ecologistas y sociales articulando una campaña para proporcionarle personalidad jurídica al Mar Menor. El objetivo último era que el ecosistema constituido por la laguna y la cuenca fuese dotado de capacidad jurídica propia para proteger sus derechos y facilitar acciones de reparación frente a los daños producidos.

En el año 2020, poco después del confinamiento por la pandemia del Covid-19, fue admitida a trámite en el Congreso de los Diputados por parte de la mesa. Mientras tanto, en la Asamblea Regional se aprobó la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor. Tras la desactivación y derogación indirecta de la Ley de 2018 por el Gobierno regional, el parlamento quiso aprovecharse del contexto de la iniciativa popular con una normativa en el ámbito de sus competencias. Los objetivos de la misma eran sanear la laguna, sancionar la contaminación, restringir el uso de fertilizantes, proteger la biodiversidad y prever inversiones para la adaptación de explotaciones. Fue aprobada con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos (antes de que reventara) y se opusieron los extremos Vox y Podemos. Los primeros porque entendían que señalaban y castigaban a los agricultores y los segundos porque la consideraron insuficiente. Las valoraciones de los ecologistas y movimientos vecinales fueron igualmente negativas y entendieron que había de seguir adelante con la ILP. 

En 2021 se asiste a un nuevo episodio dramático para el Mar Menor con una anoxia mucho peor que la de dos años antes y que afectó fundamentalmente a las playas de Cartagena. Esto impulsó enormemente las firmas recogiéndose alcanzándose más de 300 mil a la finalización del verano. Al término del año se superaron con creces las 500 mil requeridas, puesto que el total alcanzaba las 639.286 firmas. De esta manera, estaba todo preparado para presentarlas formalmente, validarse y estimarse la ILP.

En 2022, la ILP del Mar Menor se convirtió en una realidad con un preámbulo, 7 artículos, 2 disposiciones transitorias y 2 finales. Primero fue aprobada a trámite como proposición de Ley en el Congreso en abril con 274 votos a favor, 6 abstenciones (varios independentistas) y 53 votos en contra procedentes de Vox. Y no puedo dejar de mencionar la lamentable postura de Luis Gestoso, el experto en pasar por partidos políticos. El diputado nacional calificó a la ILP de "aberración jurídica", "comunista" y "totalitaria" y señaló que se recurriría. En julio fue estimada por la Comisión del Congreso y finalmente en septiembre superó el trámite en el Senado y ya era una realidad. La Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca se publicó en el BOE el 3 de octubre. El mismo día que mi hijo cumplió 3 años.

Recurso de inconstitucionalidad y críticas de los agricultores

En enero de 2023, Vox volvió a dar la nota contra la ILP por parte de José Ángel Antelo y anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el TC. La derecha populista patina cada vez que se posiciona sobre el Medio Ambiente. No cabe duda de que la agricultura es un sector económico esencial en la Región de Murcia y sobre todo en la comarca del Mar Menor y Cartagena. Sin embargo, al mismo tiempo que niegan la incidencia de la eutrofización y no mencionan nada de las ingentes cantidades de dinero público que son invertidas para eliminar la biomasa generada por los nutrientes, cargan la responsabilidad exclusiva contra los Ayuntamientos ribereños (donde no gobiernan) por verter residuos al mar como consecuencia de sus deficientes redes de saneamiento. Sin embargo, esto implica una media verdad porque en realidad el plástico y otros residuos llegan a aguas del Mar Menor más como consecuencia de las lluvias y arrastre de las ramblas-  acentuadas por cambios en la orografía del terreno - y, por qué no decirlo, de la inconsciencia humana. No llegan tanto por negligencia de los Ayuntamientos que además tramitan exigentes contratos mayores de limpieza y de gestión y tratamiento de residuos conforme a  nuevas normativas medioambientales. Por tanto, suena más a defensa a ultranza de un sector electoralmente afín. Este mismo año, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Cartagena aplicó por primera vez la Ley acordando el emplazamiento del Mar Menor para personarse en una causa de investigación de contaminación de residuos de metales por varias empresas y con responsabilidad de la CARM. Sin embargo, faltaba todavía el Reglamento que permitiera ejecutar la Ley, pues sin él estaba aún vacía de contenido práctico.

En noviembre de 2024 el Tribunal Constitucional falló favorablemente a la Ley por un margen algo estrecho de 7 a 5 votos contra el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox. Se emitieron varios votos particulares, comentando entre otros extremos que podía pecar de exceso de competencias por parte del Estado - algo absurdo, dado que tratándose de Medio Ambiente son en realidad concurrentes y no limitativas - y que podría infringir el principio de seguridad jurídica al no especificar el régimen jurídico (como si no existiesen más leyes aplicables), qué derechos tendría el Mar Menor (falso, porque sí figuran aunque de forma genérica) y qué amenazas (como si no existiesen informes científicos), así como referencias al Derecho de la Unión Europea. Pero la objeción estrella fue el "ecocentrismo como cambio de paradigma". En fin, si estas fueron las quejas considero que respondieron más bien a dudas sobre su efectividad o aplicabilidad que relativas a su encaja en la Constitución española de 1978.

Por su parte, el sector agrícola del Campo de Cartagena centra sus reservas en los efectos económicos y eventualmente regulatorios. Temen una criminalización generalizada del sector por posibles nuevas normas ambientales a sus explotaciones y restricciones en el uso del suelo, fertilización y riego, que en realidad corresponden a la Unión Europea. Consideran que la narrativa pública simplifica el problema y les atribuyen la responsabilidad para disculpar los efectos de las urbanizaciones y falta de inversión en infraestructuras. Teniendo ahí su parte de razón, no en vano hay que recalcar que hasta hace relativamente poco se ha guardado manga ancha con la agricultura permitiendo regadíos ilegales en terrenos que eran de secano, multiplicando los efectos nocivos contra el Mar Menor. Y, como se ha mencionado antes, siendo necesaria la inversión pública precisamente se ha destinado a limpiar el Mar Menor de nitratos del mismo modo que los cambios en la orografía del terreno no son exclusivamente achacables a la urbanización descontrolada sino también por la propia agricultura intensiva (erosión del suelo, sedimentación, cambio de nivelación, etc...). Por lo tanto, aquí entiendo que no es tanto un problema de comunicación de la naturaleza y propósitos de la Ley como de enrocamiento de un sector que, aún teniendo argumentos, peca de eximirse toda responsabilidad. Y es que lo que faltaba era que Vox lograse forzar al PP que suprimiese el capítulo sancionador remitiéndose a la legislación nacional y así evitar que una empresa contaminadora sancionada por falta grave o muy grave fuese castigada con 2 años sin recibir subvenciones.

Puesta en marcha y primera crisis

En este 2025 por fin se aprobó el Real Decreto 90/2025, de 11 de febrero, que convierte en ejecutable la Ley mediante la regulación del funcionamiento de los órganos de representación y gobernanza. Esta norma seguramente fue demorada y aparcada a la espera de la confirmación de constitucionalidad de la Ley. En mayo fue cuando se constituyeron por fin los órganos. En primer lugar, un Comité de Representantes con 7 personas de la sociedad civil, 3 del Estado y 3 de la CARM recayendo la presidencia en turnos rotatorios. Sus funciones son la propuesta de acciones y la vigilancia del cumplimiento de los derechos de la laguna y su cuenca. En segundo lugar, una Comisión de seguimiento con representantes de 8 Ayuntamientos y expertos de sectores económicos, sociales y medioambientales. Sus funciones son las de información, seguimiento y control del respeto a los derechos. Finalmente, un Comité científico con personas de las universidades de Murcia y Alicante, el CSIC, el Instituto Español de Oceanografía y la Sociedad Ibérica de Ecología con labores de asesoramiento desde el punto de vista de la ciencia y técnica aportando indicadores sobre el estado ecológico, riesgos y medidas propuestas. En total, 44 personas. 

A mediados de diciembre se hizo público el CIF, que es el G-24996670. Sin embargo, el año no pudo terminar peor con la dimisión en diciembre tanto de la presidenta como del secretario del Comité de Representantes. ¿Los motivos? El agotamiento por la inactividad, bloqueo y pasotismo ante las propuestas de las administraciones, tanto la regional como la nacional. Tanto la Consejería de Medio Ambiente como el MITECO expresaron su sorpresa y discreparon de la situación. 

Beneficio y futuro

Al margen de las críticas políticas, institucionales, jurídicas y académicas, una cosa tiene que quedar muy clara: esta Ley es un instrumento en sí, no un fin. ¿Es necesaria? Rotundamente sí. En mi valoración, convertir al Mar Menor en una persona jurídica es una medida absolutamente novedosa y ya es un acierto tratar de buscar soluciones desde vías alternativas a las que han ido fracasando. Las sucesivas Leyes de competencia regional han ido fracasando principalmente porque se han terminado imponiendo otro tipo de intereses como urbanísticos, agrícolas o ganaderos e incluso políticos con acusaciones de corrupción. Ante eso, teniendo en cuenta que las instituciones y gobiernos han fallado, no queda otra que dotarle al Mar Menor de una singularidad jurídica especial. De esta manera, al constituir órganos colegiados encargados de su defensa y protección, uniéndose personas expertas, profesionales y con responsabilidad en cada uno de los sectores preocupados y que pueden aportar debate, el Mar Menor contará con voces autorizadas para visibilizar mejor su situación y problemática.

La efectividad de esta Ley de sus órganos de representación y gobierno dependen fundamentalmente de dos factores, tras superar tanto el tortuoso trámite de aprobación como la amenaza de inconstitucionalidad. El primero es la voluntad política y está claro que en un tema como el Medio Ambiente que implica competencias más concurrentes que exclusivas es primordial la coordinación. Las Administraciones no han tenido hasta la fecha entre sus prioridades la de impulsar el funcionamiento de estos órganos, precisamente porque su actividad tienen un innegable impacto político al denunciar lo que está mal y ejercer acciones que pueden poner en compromiso la ejecución y omisión de los ejecutivos tanto regional como nacional. A pesar de que buena parte de representantes son de los mismos, la mayoría absoluta corresponde a la sociedad civil y en los otros órganos son los Ayuntamientos (los más preocupados) y los científicos y profesionales académicos. Por lo tanto, es lógico valorar que aunque existe una multirrepresentación de intereses y puntos de vista, la dirección va a moverse en criterios técnicos y económicos y no tanto en políticos. Y es precisamente como opino que debe ser. Pero precisamente eso es lo que puede retraer a los que tienen el poder y los que tienen las competencias más significativas. Aquellos cuyo compromiso está en función de la rentabilidad electoral o la imagen pública que puedan calcular que les reporte. En segundo lugar, este organigrama ha arrancado sin un presupuesto económico asociado que permitiese aclarar de dónde podría obtener financiación, porque por poner sólo un ejemplo las acciones judiciales necesitan dinero. No obstante, en mayo de este 2026 será cuando se persone el Mar Menor por el caso Topillo de contaminación de desaladoras ilegales usadas por empresas agrícolas entre 2012 y 2017 a efectos de exigir una indemnización económica.

En definitiva, el debate no es sólo jurídico sino político y cultural. El Mar Menor se ha convertido en un laboratorio cuyo reconocimiento como sujeto de derecho no garantiza por sí mismo la recuperación del ecosistema, pero introduce una herramienta inédita en el ordenamiento español. La Ley 19/2022 es una respuesta innovadora en el Derecho ambiental ante el percibido fracaso reiterado de las normativas anteriores, pero su verdadero alcance sólo se medirá en su aplicación práctica. Se podrá analizar en las sentencias que se dicten, en las reparaciones que se ordenen y en la capacidad de las instituciones que ejercen el poder para traducir este nuevo estatus jurídico en una protección ambiental efectiva. Por lo tanto, logrará su utilidad si se traduce en decisiones administrativas, presupuestarias y judiciales concretas y no como sustituto de la responsabilidad política.

Maduro derrocado por EEUU: Antecedentes, escalada y futuro en Venezuela

Tenía preparada y programada otra entrada, pero la rabiosa actualidad me ha obligado a preparar un post sobre la primera noticia impactante del año 2026: el dictador de Venezuela Nicolás Maduro fue derrocado y arrestado junto a su esposa Cilia Flores por el ejército de EEUU en el día de ayer sábado 3 de enero. Se trató de una operación militar que venía gestándose desde hace unos meses desde que Donald Trump señaló al régimen venezolano como responsable de un narco estado y a Maduro como el líder del cartel de los Soles. En comparecencia, el Presidente de los EEUU ha declarado que fueron trasladados a dicho país para ser juzgados por cargos federales como narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas. Además, fueron bombardeados varios puntos militares en la ciudad capital de Caracas, sin impactar en civiles.

Antecedentes: las elecciones de julio de 2024

Las elecciones presidenciales de 28 de julio de 2024 en Venezuela pudieron ser el punto de inflexión que definitivamente sepultó la legitimidad internacional de Maduro. Es difícil creer que lo que sucedió no tuviese consecuencias profundas para la estabilidad del país y su futuro.

El principal eje de crítica fue la total y absoluta falta de transparencia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) —controlado por el propio Nicolás Maduro— anunció resultados sin publicar las actas oficiales mesa por mesa, que son los documentos impresos al cierre de cada votación y constituyen el registro físico de la voluntad de cada votante. Esto es fundamental en cualquier sistema electoral serio, dado que permite verificar los resultados y reconstruir el recuento. Organizaciones internacionales, como un panel de expertos de la ONU, señalaron que la falta de este desglose era un incumplimiento sin precedentes de los estándares de transparencia e integridad electoral. La publicación, pese a prometerse, nunca llegó. El CNE canceló auditorías que estaban legalmente previstas, como una que debía comparar el 54 % de las actas con los resultados electrónicos, sin ofrecer una explicación creíble. Esto significó que solo se conocieron números agregados (Maduro 51,9 %, González 43,1 % según el CNE) sin poder rastrear cómo se llegaba a esos totales desde cada mesa de votación. 

Mientras tanto, la principal alianza opositora —Plataforma Unitaria Democrática— recolectó, escaneó y publicó en línea más del 80 % de las actas que pudo obtener directamente de las mesas de votación. Estas actas digitales, con firmas y sellos de testigos electorales, sirvieron para levantar un recuento alternativo que indicaba un amplio triunfo de Edmundo González Urrutia (67% frente a 30%), muy diferente de las cifras oficiales. Sin embargo, el gobierno madurista negó la legitimidad de este recuento opositor y llegó a abrir investigaciones penales contra quienes lo publicaron, acusándolos —sin evidencia pública— de fraudes informáticos o conspiración. 

En cuanto a reacciones, organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y PROVEA denunciaron que los propios datos internos del CNE reflejaban —según copias que les fueron mostradas o a las que tuvieron acceso observadores— una ventaja clara del candidato opositor, lo que profundizaba las sospechas de manipulación. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la elección careció de legitimidad democrática por la opacidad en el proceso y por el hecho de que aún no se habían publicado las actas completas, remarcando que la oposición sí tenía registros alternativos que parecían contradecir los números oficiales. En la ONU, un comité de DDHH abrió una investigacion sobre el fraude electoral y, finalmente, la Unión Europea sancionó a varios altos cargos del TSJ de Venezuela por proclamar a Maduro ganador sin pruebas públicas que sustentaran los resultados oficiales. 

El CNE y funcionarios oficiales ofrecieron explicaciones que fueron consideradas insuficientes por la comunidad internacional. Alegaron que se habían producido “ataques informáticos” y problemas en la infraestructura tecnológica para justificar la demora y la falta de publicación detallada. 

Este contexto de desconfianza contribuyó a que una mayoría de países y actores no reconocieran a Maduro como presidente legítimo y amplió la brecha entre el Gobierno chavista y la oposición tanto interna como internacional. De alguna manera sentó el caldo de cultivo para que Trump desarrollase su estrategia.

Escalada de tensiones y lucha de Trump contra el “Cartel de los Soles”

Durante 2025, la Administración Trump impulsó una política de fuerte presión diplomática contra el régimen de Maduro y en particular vinculándolo con el “Cartel de los Soles”. Dicha organización era entendida como una red informal de altos mandos militares y figuras del poder político venezolano, presuntamente implicados en tráfico de cocaína hacia EEUU y Europa, protección de rutas del narcotráfico, colaboración con grupos armados como las FARC disidentes y el ELN y habilitación de Venezuela como plataforma logística.

Desde 2020, fiscales federales estadounidenses ya habían acusado formalmente a Nicolás Maduro y a otros altos cargos (como Diosdado Cabello) de narcoterrorismo, equiparando el narcotráfico con amenazas terroristas contra EE UU. Pero hasta esta segunda legislatura de Trump no se vinculó explícitamente al Cartel de los Soles con la crisis del fentanilo y la entrada de drogas por el Caribe y Centroamérica. Trump calificó a dicho Cartel como organización terrorista extranjera y declaró al régimen venezolano como un narco Estado que amenazaba directamente la seguridad de Estados Unidos, terminando por declarar a Maduro como terrorista narco.

Este nuevo rumbo le permitía a Donald Trump poder justificar operaciones especiales y acciones militares limitadas al amparo supuestamente de leyes antiterroristas y antidroga. Es más, se abrió la puerta a una orden de captura internacional contra Maduro y el Gobierno estadounidense llegó a duplicar la recompensa por información para arrestarlo hasta 50 millones de dólares. Las sanciones habían fracasado y la negociación estaba agotada con un Maduro que ofrecía dejar el cargo a su vicepresidenta a cambio de impunidad absoluta.

La estrategia de Donald Trump tenía una doble vertiente. Internamente, conectaba con su discurso conservador de “ley y orden” en tanto que lucha contra las drogas. Pero, externamente, buscaba reducir el margen de maniobra de aliados de Maduro (como Rusia, China o Irán), retratándolos como protectores indirectos de un sistema criminal y alentándolos a que lo dejarán caer. Trump actuó no solo contra un presidente cuestionado, sino proyectando la figura de un “jefe de organización criminal” que no gozaría de inmunidad política ni soberanía efectiva. Esto explica por qué Washington asumió un coste diplomático enorme: la operación no se planteó como intervención política, sino como una aplicación extraterritorial de la ley penal estadounidense.

Reacciones: soberanía y el debate sobre el derecho internacional

La captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU ha provocado una onda expansiva diplomática global, no solo por la figura del detenido, sino por lo que la operación implica en términos de soberanía estatal, legalidad internacional y precedentes geopolíticos. Más allá del juicio político (y seguramente penal en el futuro) sobre Maduro, el debate se ha desplazado rápidamente hacia una pregunta central: ¿puede un Estado actuar unilateralmente contra el jefe de otro Estado alegando delitos transnacionales?

América Latina ha mostrado una respuesta fragmentada, reflejo de sus divisiones ideológicas y de sus propias experiencias con intervenciones externas. Así, gobiernos como México, Brasil, Uruguay o Colombia (todos socialistas) han denunciado la operación como una violación del principio de no intervención aún sin defender explícitamente a Maduro. Entienden que ningún Estado puede ejecutar operaciones coercitivas en territorio ajeno sin mandato multilateral, independientemente de la legitimidad del gobierno afectado. En cambio, otros gobiernos sudamericanos como Argentina (bajo Milei), Perú (José Jerú) o algunos ejecutivos centroamericanos como El Salvador (Bukele) han mostrado comprensión o apoyo tácito, subrayando el carácter criminal y no democrático del régimen venezolano. También hay que señalar el comunicado del reciente nuevo gobierno de Bolivia que se ha limitado a apoyar en un eventual y esperado proceso de transición democrática, obviando cualquier mención al ataque y detención. En estos casos, el énfasis no está en la soberanía, sino en la idea de que Venezuela habría dejado de cumplir las funciones mínimas de un Estado de derecho.

En Europa, la reacción ha sido también dispar. La Unión Europea ha evitado avalar la operación, subrayando que el uso de la fuerza sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU vulnera el derecho internacional, incluso cuando el objetivo sea un dirigente acusado de graves delitos. Esa misma línea han seguido varios gobiernos como Francia, Noruega, Dinamarca y Reino Unido y que no obstante han recordado que las elecciones de 2024 carecieron de garantías, Maduro no gozaba de plena legitimidad democrática y existían acusaciones penales graves pendientes. Este doble mensaje revela una tensión clara: rechazo del método empleado pero sin blanquear al régimen. Llama la atención la condena enérgica de la ultraderecha de Le Pen sin calificar al líder depuesto. En España, el PSOE lanzó un tibio comunicando condenando la intervención en Venezuela, llamando a la desescalada y poniéndose al servicio para ayudar. Esto mosqueó a la extrema izquierda con la que comparte ejecutivo (Sumar y Más País). Por último, otros gobiernos como Italia, Portugal y Alemania han apoyado sin fisuras la operación militar.

En el seno de la ONU, la operación ha reactivado un debate clásico pero no resuelto y es el principio de soberanía contra los delitos transnacionales. El derecho internacional protege la soberanía y la inmunidad de los jefes de Estado, pero no contempla escenarios de “narco-Estados” ni redes criminales incrustadas en estructuras estatales. De hecho, la ONU alberga a muchos Estados que son terribles dictaduras como Corea del Norte, Arabia Saudí o Irán.

Frente a esto, EEUU sostiene que Maduro no actuaba como jefe de Estado legítimo, sino como líder de una organización criminal transnacional, por lo que no le serían aplicables plenamente las protecciones tradicionales. Las sanciones y la diplomacia habrían fracasado ante la impunidad de los líderes como Maduro. Sin embargo, muchos juristas y Estados discrepan, alertando de que aceptar ese argumento abriría la puerta a que cualquier potencia etiquete a un adversario como “criminal” para justificar acciones unilaterales. En el peor caso conllevaría que se normalizase la justicia extraterritorial armada y dicho precedente podría ser usado por otras potencias como Rusia con Ucrania o China con Taiwan en conflictos futuros.

El futuro de Venezuela y el reto de la reconstrucción 

La captura de Nicolás Maduro abre un escenario inédito para Venezuela al tiempo que una ventana de oportunidad como apunta Rallo, pero no implica automáticamente ni una transición ordenada ni una recuperación inmediata. Al contrario, el país entra en una fase de total incertidumbre sobre cómo se abordará la reconstrucción política y económica.

El chavismo no desaparece con la detención de su líder, dado que persisten estructuras civiles, militares y económicas, redes clientelares y mandos intermedios con capacidad de bloqueo. Por ejemplo, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino o Delcy Rodríguez. Por su parte, la oposición, aunque fortalecida moralmente, no llega unida ni plenamente institucionalizada tras años de represión, exilio y fragmentación. Además, más allá de votar Venezuela enfrenta una crisis institucional profunda. Un sistema judicial politizado, organos electorales desacreditados, una administración pública colapsada y desconfianza generalizada de la ciudadanía. La reconstrucción política implica restaurar la separación de poderes y garantizar libertades civiles y de prensa. Sin este proceso, cualquier gobierno futuro corre el riesgo de ser percibido como ilegítimo o impuesto.

El escenario apunta a una transición tutelada por EEUU y con el secretario de Estado Marco Rubio al frente y con un gobierno provisional de Delcy Rodríguez. La primera duda es si se pretenderá una reconfiguración interna del chavismo sin Maduro, buscando sobrevivir políticamente. La clave estará en restablecer reglas claras de juego democrático, garantizar elecciones creíbles y evitar una revancha política que alimente nuevos ciclos de conflicto. A ese respecto, llama la atención que Trump no cuente con la opositora y reciente Nobel de la Paz María Corina Machado. Sin embargo, es posible que sea porque carece de lazos y conexión con el aparato chavista incluyendo a las fuerzas armadas. Ahora bien, EEUU nunca hace nada gratis y es de esperar que la dirección que tome no sea sólo geopolítica sino de rentabilidad económica.

En lo económico, Venezuela parte de una situación crítica, pero con potencial significativo. Sufre de hiperinflación, destrucción del tejido productivo, colapso de servicios básicos y una emigración masiva que ha vaciado de talento al país. Como oportunidades tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, posible levantamiento gradual de sanciones y retorno de inversiones internacionales. Sin embargo, la recuperación no será rápida y requerirá reformas profundas. Quizá el mayor desafío sea social y humano, ya que millones de venezolanos viven en pobreza extrema y existe un profundo desgaste psicológico colectivo. En ese sentido, la estabilidad futura también dependerá de políticas sociales urgentes y reconstrucción de servicios públicos.

Conclusión 

El discurso estadounidense ha evitado el término “intervención”. Washington insiste en que no se trata de un cambio de régimen clásico, ni una ocupación prolongada, sino de una operación de cumplimiento de la ley contra un individuo acusado. Este encuadre no es casual: buscaba minimizar el impacto legal y presentar la acción como una extensión del combate global contra el crimen organizado.

A mi modo de ver y coincidiendo con el profesor Rallo, es perfectamente compatible reconocer que ni estaba tan claro que no hubiese más intereses de EEUU en deponer a Maduro y que tampoco se daban las condiciones ni internas (autorización del Congreso) ni externas (legítima defensa) con que sea motivo de celebración el fin de la tiranía de Maduro. Así que sólo pudiendo escoger una de dos cartas, teniendo en cuenta lo que sucedió en 2024, me temo que únicamente una operación militar podía echar a semejante personaje dictatorial del poder. Torturas, secuestros, represión callejera e incluso domiciliaria, presos políticos, asesinatos, elecciones amañadas... Así que no seré yo el que llore o rabie como los penosos integrantes de la infame formación de Podemos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y demás individuos de extrema izquierda mientras los venezolanos exiliados en España lo celebran como si no hubiese un mañana. Esos venezolanos que en el mundo y lejos de su nación se cuentan por millones.

En la Venezuela post Maduro conviene evitar triunfalismos. Los riesgos incluyen ingobernabilidad prolongada, conflictos internos entre facciones, tutela externa excesiva que erosione la soberanía y frustración ciudadana si las mejoras no llegan. La historia reciente de otros países como Irak muestra que el final de un régimen no garantiza automáticamente el inicio de una democracia funcional. Esperemos por el bien de todos los venezolanos que sí sea posible.