La polémica 'Ley de nietos' y su efecto en el CERA

A pesar de que fue publicada hace cuatro años, ha salido desde hace unas semanas a escena de debate público la denominada "Ley de nietos", que realmente es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. Esta normativa fue aprobada por la izquierda con la intención de avanzar en la desactivación de todo lo que perviva de la época Franquista y, entre ello, se hace referencia a los españoles que dejaron el país durante la dictadura y cambiaron de nacionalidad. La oposición y cualquier español residente que no se alinee de forma estrecha con el Gobierno y sus seguidores ve esta norma con recelo. Por una parte, a estos extranjeros recién nacionalizados y que jamás han vivido en España les podría servir para trasladarse al país con plenos derechos. Pero lo que más suspicacias ha levantado no es eso, sino que, al asumir automáticamente el derecho a voto, se percibe que el censo exterior podría incrementarse considerablemente y sumar votantes de otros países que no es ya que ni vivan ni pagan impuestos en España, sino que presumiblemente votarían al partido ideólogo de la Ley: el PSOE.

Cómo se adquiere la nacionalidad

En España rige la regla de ius sanguini, es decir, son españoles de origen todos aquéllos nacidos de padre o madre española. Esto lo diferencia del ius soli, que se aplica a los nacidos en territorio español, si bien estos (cuando sean extranjeros) lo serán si al menos uno de sus padres hubiese nacido en España, salvo hijos de funcionarios en el extranjero. También se permite si han nacido en España pero sus padres son desconocidos y los adoptados por españoles. La nacionalidad y su adquisición se encuentran regulados en los artículos 17 a 28 del Código Civil (modificado por la Ley 36/2002) más el Real Decreto 1004/2015 por el que se aprueba el Reglamento que los desarrolla. Las alternativas ordinarias de adquisición son las siguientes:

Por opción: se le reconoce a aquéllas personas que hubiesen estado sujetas a la patria potestad de un español o bien su padre o madre hubiese sido español.

Por residencia: se permite adquirirla por llevar en España diez o más años de forma legal y continuada materializándose en una jura o promesa ante Registro o Notario. Sin embargo, varía dependiendo de las circunstancias, siendo 5 para refugiados, 2 para países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí y sólo 1 para los nacidos en España, no ejercieron su derecho a optar en su momento, las personas casadas con una española o bien viudas.

El proceso en los casos anteriores precisa aprobar unos exámenes organizados por el Instituto Cervantes de conocimientos constitucionales y socioculturales, una prueba de español si la lengua materna es distinta, carecer de antecedentes penales y acreditar medios de vida suficientes y grado de integración en la sociedad española. La solicitud se tramita electrónicamente a través de la sede del Ministerio de Justicia y con el abono de las tasas correspondientes. Una vez aprobada, el proceso concluye con el juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución en el Registro Civil, seguido de la inscripción definitiva. Pero existen otras vías para adquirir la nacionalidad con carácter excepcional.

Por posesión de Estado: se reconoce el derecho a la nacionalidad española a aquéllas personas que la hayan poseído y usado durante diez años de forma continuada y de buena fe, en base a un título en el Registro Civil y no tuviese constancia de que fuese fraudulento o no válido.

Por Carta de naturaleza: una medida de gracia otorgada discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto por la concurrencia de causas excepcionales. Por ejemplo, sucedió con motivo del 11-M. El principal requisito era la comparecencia del agraciado so pena de caducidad del procedimiento.

Antecedentes

El primer antecedente lo tenemos en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la Dictadura. Fue aprobada sólo 3 meses antes de las Elecciones Generales de 2008 y con Zapatero al frente del Gobierno. En la disposición adicional séptima se estableció lo siguiente:

1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año.

2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

Mediante Resolución de 17 de marzo de 2010 de la Subsecretaría de Presidencia por la que se publica un Acuerdo del Consejo de Ministros de enero, se amplió el plazo en un año. Posteriormente, la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, contiene en su disposición adicional sexta lo siguiente:

El derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir éstos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición.

Esta previsión de la nueva Ley del Registro Civil vino a añadir una cláusula de salvaguarda para aquellos casos de personas cuyos padres no llegasen a adquirir la nacionalidad española pero sí la mantuvieron sus abuelos, que sí encajarían en un pasado como exiliados. Por lo tanto, el contexto que tuvo este primer proceso extraordinario fue claro y definido.

Ley de nietos

El 20 de octubre de 2022 se publicó en el BOE la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática con el objetivo de avanzar en la condena institucional del Franquismo anulando sus sanciones y con reconocimiento a víctimas, búsqueda de desaparecidos, retirada de símbolos de la dictadura y la parte que más nos interesa: el reconocimiento de la nacionalidad española de origen para aquéllos hijos y nietos de personas que se exiliaron por motivos políticos o ideológicos. Sin embargo, hay que matizar bien eso. Concretamente, se halla en la Disposición Adicional octava de esta Ley que indica textualmente lo siguiente:

1. Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil. Igualmente, podrán adquirir la nacionalidad española las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

b) Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

2. En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año.

La primera diferencia destacable respecto a la regulación de 2007 es que señala como aparte (letra a) el hecho de casarse con extranjeros, separándolo de la circunstancia de represiones y exilio por causas políticas o ideológicas. El último supuesto (letra b) es en realidad congruente con la citada primera previsión de la Ley 52/2007, pues lógicamente podrán beneficiarse los hijos del anterior proceso. Una posterior instrucción publicada el 26 de octubre en el BOE por parte de la Dirección General de Seguridad Jurídica y fe pública y firmada por Sofía Puente (hermana de Óscar Puente) amplía y detalla los requisitos y procedimiento y en su primera disposición indica lo siguiente:

Conforme a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, podrán optar a la nacionalidad española:

a) Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

b) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

c) Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En todos los supuestos indicados, será necesario que los interesados formalicen la declaración de opción en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga de dicho plazo, por un año más, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

Como puede leerse, reincide en la descontextualización, de tal manera que desvincula la situación alegada al exilio durante la Guerra y el Franquismo y, por tanto, podría abarcarse prácticamente todo el siglo XX y sin que ni tan siquiera quede acreditado que los ancestros sufriesen represalias. Ahora bien, en contra de lo que indican muchos medios, la instrucción NO amplía el ámbito de aplicación sino que lo replica. Por lo tanto, no es ilegal. Así que la polémica debe de centrarse en la Ley en cualquier caso.

En el proceso, tenía que acreditarse el vínculo (Registro civil) y aportarse certificados de nacimiento y documentos que confirmasen en su caso la condición de exiliado. Por ejemplo, parece que se están aceptando documentos que probasen la represión como encarcelamientos temporales o persecuciones. Sin embargo, como hemos visto existen otros supuestos en que eso no encajaría expresamente. El plazo, al igual que el anterior, se amplió por el año previsto hasta el 22 de octubre de 2025 y, para tramitar los expedientes, en ese último año se reforzó el personal laboral en los consulados incrementando las plantillas en más de un 40%.

El derecho al voto en España y elecciones autonómicas

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General regula en su artículo 2 el derecho al voto de manera que con carácter general corresponde a las personas que tengan la nacionalidad española, sean mayores de edad, estén inscritas en el Censo electoral y no hayan sido privadas del derecho de sufragio por sentencia judicial firme. Por tanto, no existe criterio de residencia en territorio español al contrario que países como Alemania, Dinamarca, Irlanda o Malta. Luego existen otras prescripciones específicas dependiendo del tipo de convocatoria, como que los ciudadanos comunitarios o de países con convenio de reciprocidad pueden votar en las locales y en las europeas si son de algún país miembro. Pero lo que nos importa aquí es el voto en Generales y Autonómicas por parte de los de nacionalidad española pero residentes en el extranjero, es decir, los que se registran en el censo CERA. 

Tanto su inscripción consular como la gestión del padrón, a este respecto, se regula en el Real Decreto 991/2024 sobre inscripción de las personas de nacionalidad española en los Registros de Matrícula de las Oficinas Consulares en el Extranjero. Los emigrantes deben de apuntarse en un registro en el plazo máximo de un año desde su llegada (RMC), mientras que en el resto de casos como el presente será automático. Hay que recordar que tras la reforma realizada por la Ley Orgánica 12/2022, de 30 de septiembre (es decir, coincidiendo con el trámite actual), se suprimió el voto "rogado", de forma que se evita la molestia burocrática de tener que apuntarse con cada comicio electoral. Y es que aunque por lo general el Socialismo suela ser sinónimo de hiperregulación, existen circunstancias en las que se lo replantean. El ciudadano tan sólo deberá de molestarse en indicar a qué municipio español quedaría inscrito, pudiendo elegir el de última residencia o, si jamás vivió en España, el de sus ancestros. Y esta es la cuestión que genera más polémica. El hecho de que adquiera plenos derechos como cualquier español una persona que en la vida ha estado en nuestro país y en algunos casos probablemente nunca vaya a estar. A pesar de que se considere que la nacionalidad de sus abuelos se perdió por causa nula.

En las Elecciones Generales de 2023, se registraron 233.638 votos CERA, que ya mezclarían españoles emigrantes con nuevos nacionalizados. La participación electoral fue sólo del 10,4% y el único cambio tras las urnas presenciales fue que un escaño del PSOE pasó a manos del PP en Madrid. Sin embargo, en las últimas cuatro elecciones autonómicas que hemos analizado en este mismo blog y en las que el PP fue primera fuerza de forma destacada en todas ellas, fue por el contrario el PSOE en el voto CERA. En Andalucía 6.703 frente a 6.307 del PP cuando en 2022 fueron los de Feijoo los ganadores con 1.881 frente a 1.826. Además, fue determinante en Jaén al "quitarle" un escaño a Vox. En Aragón fueron 4.303 de los socialistas frente a 3.281 de los populares, en Castilla y León 4.303 frente a 3.281 y en Extremadura 612 frente a 482, manteniendo aquí el PSOE el diputado 18. En el medio La Razón hicieron un cálculo hipotético de qué hubiese pasado en las Generales de 2023 observando por cuántos votos se decidió el último escaño antes de incorporar CERA y en cuánto ha aumentado dicho censo desde octubre de 2022. El resultado es que hubiese afectado en 14 provincias. El PSOE habría podido volcar 7 diputados, el PP 4 y Sumar 3. La realidad nunca la sabremos.

El proceso y sus reacciones críticas

El Gobierno declaró en abril por mediación del ministro de Exteriores José Manuel Albares que había más de 2,4 millones de personas que habían solicitado la nacionalidad por esta vía y 545.000 nacionalidades concedidas hasta esa fecha. Sin embargo, semanas después Bolaños elevó esas cifras a 2,6 millones y 557.000 pasaportes entregados. De entre todas ellas, Argentina se encuentra a la cabeza con más de 645.000 citas aún por tramitar, ocasionando un tapón en la oficina consular. Pero esos 2,6 millones no quiere decir que vayan a obtener la nacionalidad todos ellos, sino que son los que han mostrado interés ya sea solicitando cita, apuntándose en listas, etc. Sin embargo, la proporción de denegaciones es muy baja, ya que hasta ahora sólo alcanzó un 1,3% según el Ministerio de Exteriores por errores de forma como documentación incompleta o filiación no acreditada. Estas cifras contrastan con las de la anterior Ley, cuyo balance final fue de 491.177 solicitudes y 373.616 nacionalidades concedidas existiendo un 24% aproximado de denegaciones.

En la cámara del Senado, el PP también solicitó conocer de qué nacionalidades eran las solicitudes así como las provincias y si se podía prever qué alcance podría tener antes de las próximas Generales. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido silencio sobre ello y se ha limitado a defender el proceso como un medio para reparar a los descendientes del exilio. Y precisamente al PP se le ha recordado que Feijoo reclamaba hace 20 años darle la nacionalidad española a nietos de españoles que la perdieron por "causas injustas o discriminatorias" cuando era candidato a la Xunta Gallega y más recientemente en el programa electoral de 2023. Sin embargo, aparte de que no se le disculpe el "cambio de posición" al estilo Sánchez también hay que tener en cuenta que lo que más se critica desde los populares no es el hecho en sí de reconocer nacionalidad sino la amplitud y la estimada extralimitación. Así que esta aparente contradicción es la que ha motivado que tengan que moderar su discurso y más teniendo en cuenta que en 2023 se le benefició.

Vox ha presentado varios recursos. Primero, un recurso de inconstitucionalidad basándose en que considera contrario a la carta magna el concepto de víctima por ser ideológico y por presuntamente no limitar el grado de parentesco para los descendientes. En paralelo, solicitó a la Secretaría de Estado de Justicia que suspendiese la instrucción administrativa de 2022 por ilegal al ampliar el alcance. A este respecto, Hazte Oír se querelló contra Sofía Puente por presunta prevaricación administrativa. Por último, junto con Iustitia Europa presentaron una solicitud a la Junta Electoral Central para que se suspendiera el voto por correo para los inscritos en el CERA por considerarlo opaco, para que se sustituyese por el voto presencial en el respectivo consulado. En un segundo escrito, Vox solicitó auditar y suspender las inscripciones en el censo exterior y revisar contratos con una empresa vinculada a la dictadura Cubana, como denunció también el PP. 

Las reacciones socialistas ante estas críticas se resumen en un "quieren que no puedan votar 2 millones y medio de españoles", demostrando que a populismo no se les gana por mayor experiencia.

Consideraciones

Uno de los elementos que más dudas genera es acreditar la "represión" que motivaría el exilio por causas políticas o ideológicas. Durante la dictadura, efectivamente hubo muchísimos españoles que dejaron el país, ya fuese temiendo por su vida y/o la de su familia por sus ideas republicanas o de izquierda o entendiendo que el Estado no le proporcionaba perspectivas de futuro. Otros muchos y no necesariamente afines al régimen, optaron por quedarse en España. Según esta Ley, el mero hecho de decidir salir de España y seguidamente cambiar de nacionalidad generaría ya el derecho. De esa manera es muy complicado distinguir un exilio de una emigración, a no ser que se pruebe documentalmente que esa persona salió de España por ser señalada, haber sido presa o cualquier otra circunstancia objetiva. No sencillamente por acoger mejores perspectivas en Estados democráticos. Por tanto, su carácter es mucho más amplio que el anterior con Zapatero y es legítimo y comprensible que llame la atención esta extensión de nacionalidades españolas con derecho a voto. Sobre todo por el hecho de que muchas de esas personas ni van a residir en España ni van a pagar impuestos aparte de que, a largo plazo, generara los mismos derechos para los sucesivos descendientes alcanzando a bisnietos y más allá en el exterior.

¿Es legal esto? Aparte de que existió, como se ha visto, un precedente similar, el artículo 11.1 de la Constitución Española se limita a la Ley sin más prescripción que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Lo mismo sucede con los artículos 13 y 23 en cuanto al derecho fundamental de sufragio activo. Por lo tanto, esas cláusulas dispositivas permiten un amplio margen para la Ley. Además, el Derecho español siempre ha reconocido el derecho al voto de los españoles sin restringirlo a su residencia efectiva, por lo que una reforma que retrocediera en ello sería muy impopular. La cuestión, por tanto, no sería tanto sobre su constitucionalidad como si choca con otras leyes. No hay que perder de vista que los plazos han sido los mismos que en 2007 y por lo tanto no son eternos, si bien de no ser plazo cerrado no existiría incentivo alguno de urgencia o de efecto oportunidad. Así que el recurso al TC de Vox, con toda probabilidad, será desestimado y no porque el PSOE tenga colonizada la mayoría de ese órgano. Del mismo modo, ninguno de los otros recursos y reclamaciones tiene visos de prosperar y las estimaciones de los expertos apuntan a que las Generales de 2027 (aunque no se adelanten) se celebrarían antes de resolver todos esos recursos.

¿Es esta una operación de ingeniería electoral para ampliar el censo y orquestar un pucherazo? Por una parte, llama la atención no ya que esto se aprobase un año antes de las Generales de 2023, sino que actualmente los servicios consulares han más que duplicado los contratos laborales para dar celeridad a las tramitaciones. Y es que aunque Sánchez esté obsesionado por agotar una legislatura que está ya más que agotada a todos los niveles de credibilidad, tampoco puede descartar que se implosione del todo y no quede más remedio que adelantar. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la variación del censo puede afectar más en las provincias rurales que en las grandes, dado que el último escaño suele disputarse por pocos votos. Así que un dato que explicaría o que reforzaría si el Gobierno tuviese esa intención sería si proporciones importantes de nuevos españoles se habrían censado en unas provincias concretas. Esa es una información que, a día de hoy, no se da. Segundo, hasta ahora la participación electoral del voto CERA no es significativa. En las Generales fue el 10,4%, en Castilla y León el 9,02%, en Andalucía el 7,80%, en Aragón el mismo que las Generales y en Extremadura el 7,54%. Por lo tanto, pese a la mayor activación de votantes de izquierda, la incidencia es hasta ahora muy limitada. Así que habría que ver si existiría algún movimiento para movilizar el voto externo, dado que el incremento estimado sería de 600.000 nuevos potenciales electores y es difícil que este volumen se ignore tan a la ligera. Precisamente, se conoce que existen delegaciones del PSOE en Argentina y México más otros muchos países latinoamericanos, pero también hay algunas del PP. Así que es posible que los partidos se muevan y no sea esto exclusivo de la izquierda, si bien muy seguramente usará el arma arrojadiza de "gracias a nosotros podéis votar". Así que por ese lado, la postura intermedia del PP parece haber detectado la trampa.

Teniendo en cuenta esta regulación y los datos, así como la consabida fórmula electoral que asigna los escaños en base a circunscripciones de tamaño desigual, insinuar una operación estudiada para manipular el censo con éxito suena a apuntar demasiado alto. A lo que si que apuntaría, sin embargo, es que en las próximas elecciones generales podríamos asistir a una dimensión internacional en la que no me extrañaría que hubiese mítines allí. Al menos uno por partido donde más haya crecido el censo. ¿Tal vez el PP en la Argentina de Milei y el PSOE en el México de Sheinbaum? Por una parte, creo que en este punto el PSOE va más fuerte y con más sentido de autoridad tanto por la mayor implementación de sus sedes como por su mencionado discurso. Por otra, habría que ver hasta qué punto son capaces de movilizar el voto en una América Latina donde la derecha crece o incluso en una Europa donde la izquierda tampoco está fuerte. Sólo lo sabremos en el momento de las urnas.

Todo esto no quita, sin embargo, que haya motivos para estar alerta por si acaso. Porque precisamente el Sanchismo nos los ha dado sin el más mínimo complejo. Y es que cuando estamos hablando de un Presidente del Gobierno sobre el que pesan sospechas de haber intentado amañar 2 veces las elecciones a la secretaría general del partido, de un voto por correo gestionado en 2023 por una persona imputada como Leire Díez, de una trama organizada en el partido para bloquear y torpedear investigaciones de corrupción, de una actitud hostil del ejecutivo hacia la Justicia y la Policía por las mencionadas investigaciones, de un afán de control por todas las instituciones incluyendo una planeada reforma de las instrucciones judiciales, de una narrativa de continua demonización y ridiculización no ya de la oposición política sino social, de un sistema mediático que regurgita dicho discurso de Moncloa y de una obsesión por no convocar elecciones culminada en un aplauso tras la reprobación por mayoría absoluta... pues todo lleva a una conclusión. Y es a creernos que si esta gente tuviese la menor oportunidad de poder dar un vuelco electoral pulsando cualquier resorte por antiético que fuese, si realmente estuviese a su disposición la opción de ganar elecciones con trampas y que luego pareciese un accidente, sin ningún género de dudas estimamos que lo harían. Y sin pestañear.

La trama Leire Díez: la red que quiso influir en la Justicia

Una vez más toca hablar de corrupción y es que es la actualidad que impera en España tanto a nivel nacional como territorial en algunos casos. A pesar de que la nueva legislación y códigos de buen gobierno se haya orientado a combatir la corrupción, la realidad es que poco parece haber cambiado. Sin duda, creo que en algún momento elaboraré algún estudio relativo a qué podemos hacer para limitar tanta corrupción, ya que parece que aún no existen los mecanismos apropiados. O tal vez algunos sí, pero se desactivan con facilidad. Hoy, por lo pronto, hablaré una vez más del entramado de presunta corrupción del PSOE de Sánchez que cada vez está más manchado de miseria. El Sanchismo, de hecho, me parece un estilo político absolutamente abyecto y no creo que a nadie le sorprenda leyendo mis posts. Con todo, para criticar primero hay que rodearse de datos, indicios y pruebas. Y es lo que se está haciendo en la instrucción del caso de Leire Díaz y las cloacas del PSOE, según el cual se habría generado desde Ferraz un equipo para tapar cualquier investigación de corrupción que afectase al partido. Esto, que recuerda justo al anterior post sobre el juicio a la Kitchen del PP de Rajoy, en realidad poco se parece y apunta a algo muchísimo mayor. 

Leire Díez y Santos Cerdán

Leire Díez Castro (Portugalete, 1975) es licenciada en Ciencias de la Información y fue concejala en un municipio de Cantabria entre 2011 y 2015. Desde la entrada de Sánchez al Gobierno de España ocupó cargos en empresas públicas como en ENUSA (empresa pública nuclear) y en Correos (en relaciones institucionales y de comunicación). El apelativo de "fontanera" no es necesariamente peyorativo, sino que se refiere al ejercicio de funciones internas para mantener la cohesión y el funcionamiento del partido especialmente en situaciones de crisis, pero alejada de la esfera pública. Claro que, ese término puede derivar en acciones más discutibles, como ella terminó admitiendo en algunas grabaciones señalando que "yo estoy aquí para limpiar". Es más, también se conoció que ella fue responsable de gestionar el voto por correo en las últimas elecciones, circunstancia que después de conocer a lo que se habría estado dedicando nos hace aupar los manos a la cabeza. En febrero 2024 fue cesada por Pedro Saura, justo cuando estallaron los casos Koldo, Ábalos y Begoña Gómez y había pasado a depender de Santos Cerdán.

Santos Cerdán (Navarra, 1969) es la figura política más comprometida judicialmente. No hay que olvidar que ya fue imputado el pasado año por presunto amaño de contratación de obra pública. Según el juez Cerdán sería el soporte intelectual y financiero. Cerdán habría coordinado la operación, organizado las reuniones, mantenido contacto continuo con Leire Díez, autorizado pagos, y dirigido la estrategia política de protección del partido. Todo con el objetivo de proteger los intereses ya fuesen de ciertos miembros del Gobierno como del Presidente y su entorno. Según la investigación, para ello habría puesto a disposición de la red criminal la propia estructura del partido tanto a nivel logístico gestionando viajes y alquiler de vehículos como de recursos humanos. Cerdán negó la mayor acusando con vehemencia a la UCO de realizar investigaciones prospectivas y aludiendo a una campaña mediática en la que la unidad de la Guardia civil se dedicaría a "destrozar personas" en lugar de investigar delitos. Sin embargo, según informe ampliado tras el registro de Ferraz, la UCO halló en un una agenda suya y dispositivos electrónicos que refuerzan la tesis de su participación en las operaciones para neutralizar las investigaciones de corrupción del PSOE: cuestionar las investigaciones de dicho órgano, cuestionar al Tribunal Supremo, señalar a los fiscales Luis Pastor (que dejó en libertad condicional a Víctor de Aldama) y a José Grinda (del caso Hidrocarburos), atacar al juez Marchena negociando con Villarejo para destruirle o la más interesante, recomendar a Sáenz de Tejada que instase recusar a la jueza del caso del "hermanísimo" ante la Fiscalía. 

El inicio de todo

Según el sumario judicial, Antxón Alonso el dueño de Servinabar, Vicente Fernández el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante 2018-2019 y Leire Díez fundaron el grupo Hirurok en 2021 y que tendría el principal objetivo de percibir comisiones a través de 29 pelotazos en el sector público. Posteriormente, Bartolomé Lora ocuparía el puesto de la SEPI de forma interina desde 2019 hasta marzo de 2021 y actualmente está imputado por prevaricación en el caso de Air Europa. Meses más tarde, en julio de 2021 tuvo lugar el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos por valor de 112 millones de euros. De hecho, esta misma semana se hizo pública la imputación de la presidenta de la SEPI María Belén Gualda y otras 20 personas por el mencionado rescate con presunto cobro de comisiones más amaño de contratos. Dicha empresa terminaría abonando 115.000 euros a la trama según la UCO. A ello se añade que la propia Leire habría mantenido una comunicación muy estrecha con el gobierno vasco y el PNV pero lo más sorprendente no es eso. Es que, aunque parezca increíble, los tres presidentes de la empresa pública SEPI en la era del Sanchismo están imputados por corrupción.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa en abril de 2024 el inicio operativo de la supuesta trama y coincidiendo con la famosa "carta a la ciudadanía" que publicó el Presidente Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa Begoña Gómez y los no menos memorables cinco días de reflexión. Según el auto, es cuando Leire Díez habría empezado a coordinar acciones dirigidas a frenar o desacreditar investigaciones sensibles para el PSOE, si bien la estructura estaría dirigida políticamente por el Secretario de Organización de entonces Santos Cerdán. En un primer momento, la periodista Patricia López que falleció en diciembre de 2025, contactó con Leire Díez para manifestarle que disponía de información del PP, Manos Limpias y la Policía relativa a "cloacas contra el PSOE" y que debía de hablar con Santos Cerdán. La primera reunión fue el 26 de abril con el aludido, Antonio Hernando, Ion Antolín (jefe de comunicación) y el empresario Javier Pérez Dolset, entre otros. Éste último, fue recientemente condenado de forma solidaria por alzamiento de bienes entre otros delitos por su empresa Zed Worldwide.

La clave es la conversación de una reunión posterior entre Díez y Pérez Dolset en la que expresamente mencionan al caso de la imputación de Begoña Gómez y que el Presidente había dicho "que se limpie todo", Leire mencionando "límpiese" y Dolset rematando con "límpiese sin límite". Lo siguiente que nos vendría a la mente es la música de 007 y su intro o, si preferimos, El Padrino. Este audio fue aportado por Ignacio Stampa al Juzgando de Instrucción nº 3 de Madrid para corroborar que fue víctima de un intento de soborno, relativo a una reunión de 3 horas en fecha 30 de abril de 2024. Según testimonios, el tridente formado por Díez, Dolset y Cerdán ofrecería servicios a empresas del Ibex a cambio de suministrarles información ya que afectase a la red o al Gobierno, PSOE, Pedro Sánchez y familia o a rivales. Las primeras reuniones se celebraban en un piso en la calle Diego León de Madrid, si bien entre 2024 y 2025 existirían hasta 22 reuniones de la trama en Ferraz con el supuesto objetivo de establecer contactos con investigados, buscar información contra la UCO, fiscales y jueces e intentar influir en otros.

El estallido del caso (2025-2026)

El Confidencial publicó en mayo de 2025 varios audios en los que Leire Díez aparece pidiendo “trapos sucios” sobre mandos de la Guardia Civil. Se habla de operaciones para “desmontar” investigaciones. Algunos interlocutores vinculan directamente las maniobras al entorno de Pedro Sánchez y Santos Cerdán. A partir de ahí la oposición empieza a hablar de “cloacas del PSOE”. El PSOE intenta desmarcarse de Díez mientras que ella asegura que todo era una “investigación periodística” para un libro. Al mes siguiente, se da de baja  como militante del PSOE. Comparece públicamente. Negó tanto ser fontanera como actuar por órdenes de Santos Cerdán o del partido. Sin embargo: La difusión de más audios incrementa la presión política. Distintos medios empiezan a conectar el caso con el “caso Koldo”.

Un año más tarde, el caso se ha agravado con los registros de la UCO en Ferraz, realizados el pasado 27 de mayo en la sede socialista para requerir información y bajo autorización judicial firmada por Santiago Pedraz. No hay que olvidar que ya entró en Ferraz el 20 de junio de 2025, si bien en esa ocasión fue para un requerimiento de información y clonado de material informático que afectaba exclusivamente a Santos Cerdán por su imputación en el caso Koldo. En la presente investigación el motivo era mucho mayor: debían de investigar pagos impulsados desde la Secretaría y Gerencia del partido a la red de Leire Díez y relacionándose hasta nueve delitos: pertenencia a organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos, inducción a falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil y delito contra las instituciones del estado. Así, junto a la gerente Ana María Fuentes, imputa al diputado por Jaén y mano derecha de Cerdán Juan Francisco Serrano, Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez y ex presidente de Correos y Gaspar Zarrías, senador por Andalucía, entre otros presuntamente implicados. Por otra parte, se cursó requerimiento para obtener acceso a todos los expedientes abiertos a los agentes de la UCO que llevasen a cabo investigaciones en el entorno  del PSOE.

Además, la investigación de la UCO de determinados audios ha permitido conectar la trama Hidrocarburos con el tridente antes mencionado, que presuntamente ofrecería impunidad o beneficios a empresas implicadas en el fraude del IVA a cambio de que aportasen información comprometedora. Pero la causa que instruye Pedraz ya no se limita a audios aislados, sino a documentación escrita y a muchísimas más conversaciones intervenidas que apuntarían a una posible estructura organizada con financiación de recursos vinculados al PSOE y destinada a interferir en causas judiciales sensibles. La red pretendería desacreditar a investigadores, influir en procedimientos judiciales, interferir en investigaciones sensibles (UCO, fiscales anticorrupción), desacreditar mandos policiales y proteger políticamente al entorno del PSOE y del Gobierno. Estos niegan una estructura parapolítica mientras Leire Díez desde el año pasado sostiene que actuaba como periodista investigando las “cloacas del Estado” y no por encargo del partido. Es más, desde su versión la única cloaca sería la del PP.

Remuneraciones y financiación bajo sospecha 

El auto judicial apunta que se habrían realizado pagos del PSOE encubiertos con facturas falsas (consultoría legal y mercantil) por importes de al menos 180.000 euros. Entre otros conceptos, se estarían escondiendo retribuciones de viajes y logística e incluyendo a Pérez Dolset. Así por ejemplo, Leire Díez habría estado camuflando su actividad laboral en el PSOE mediante contratos opacos de asistencia y colaboración para evitar la relación laboral. Los investigadores sostienen que Leire Díez cobraba unos 4.000 euros mensuales, mediante sociedades intermediarias y despachos vinculados a personas próximas al PSOE. Leire se habría dirigido a un ex consejero Andaluz, Gaspar Zarrías, proponiéndole desmontar el caso de los ERE porque presuntamente disponía de información relevante contra Ayala. Sin embargo, el mismo que reconoció haberle pagado no lo habría hecho directamente a ella sino mediante facturas falsas. La información finalmente no la consideró importante.

El auto también señala que los pagos aludidos por Leire Díez el 12 de mayo se habrían efectuado mediante sociedades interpuestas y facturas falsas hasta superar los 40.000 euros procedentes de fondos del PSOE. Una de ellas sería una mercantil de Gaspar Zarrías en verano de 2024. Posteriormente, el PSOE abona 27.000 euros a un despacho jurídico vinculado al abogado Ismael Oliver, siendo transferida desde otra de sus sociedades a la propia Díez. Y precisamente dicho Oliver habría sido "fichado" por Leire para ejercer la defensión de Koldo. Más allá de Leire, según el auto también habrían percibido pagos la fallecida periodista Patricia López y Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán con la cantidad más alta: 125.000 euros. El mismo individuo que aportó al Juzgado dos facturas a nombre del PSOE por montante de 53.000 euros que no tienen respaldo en la contabilidad del partido y que en conversaciones de WhatsApp se jactaba de remitir información filtrada a 61 periodistas para replicar un relato. ¿Habría sido así cómo se reforzó la prensa sincronizada con Moncloa? El jueves 25 de junio declaró ante la  AN y confirmó que cobró la cantidad antes reseñada en 3 facturas y no quiso dar detalles de su trabajo por "secreto profesional".

Intentos de influencia en fiscales y agentes 

También la red habría intentado conseguir información sobre el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón ofreciendo presuntamente elevadas contraprestaciones económicas e incluso un puesto de trabajo en el extranjero al fiscal José Grinda. Esto se basa en un turbio apunte que reza "300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor". Esto se habría tramitado mediante un tercero llamado Pere Rusiñol, trasladando que no habían fructificado las negociaciones en las que también le propusieron el archivo de varias causas de él dependientes. Presuntamente, este fiscal con causas como la de Pérez Dolset y la Operación Cataluña, habría sido chantajeado con un vídeo sexual. Al menos al medio El Español se le ofreció publicarlo. Nadie lo hizo y Grinda denunció.

Carmen Pano, la empresaria imputada en el caso Hidrocarburos declaró como testigo ante la Guardia Civil que le ofrecieron 50.000 euros a través de Leticia de la Hoz (abogado de Koldo) para que negase su versión de aportar 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE. El motivo era para proteger a Ábalos y Koldo. De las conversaciones intervenidas, destacaría un mensaje de Oliver señalando "esta se vende. Debemos saber comprar". Esto ha ocasionado que la mencionada Leticia haya sido imputada.

El comandante al que se referían Leire y Mercedes es Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo y al que la UCO lo sitúa como nexo entre la trama y el Ministerio del Interior. A cambio de proporcionarle defensa judicial y tramitar su rehabilitación en el cuerpo, se le habría solicitado información sensible sobre altos mandos de la GC vinculados a la investigación de la corrupción del PSOE. Además, también intentó negociar que facilitase datos del Teniente Antonio Balas, el capitán Bonilla, los coroneles Corbí y Yuste y hasta el Director Adjunto Operativo (DAO).

La red sí habría terminado pagando a un agente de la UCO para sabotear causas contra el Gobierno, como el juez señala en relación con Juan Sánchez Yepes que aparte de estar imputado en el presente caso lo es a su vez por la trama de los hidrocarburos. Esta persona, que había participado en el grupo antiblanqueo, habría revelado información de su unidad para impulsar las sospechas ante la directora de la Guardia Civil.

Reuniones institucionales: Fiscalía General y D.G. de la Guardia Civil

Basándose en los mensajes transmitidos entre Díez, habría tenido contacto con el hasta hace unos meses Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz (y condenado por filtraciones de los datos del novio de Ayuso). Las referencias habrían tenido lugar en el marco de comunicaciones con empresarios afectados por investigación de la trama de hidrocarburos. Específicamente, la UCO destaca una reunión entre Díez, el empresario Javier Pérez Dolset  y el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, que llevó durante un tiempo el caso Villarejo hasta que fue relevado. Según este último, pretendían que les contase "irregularidades" del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón - que por ejemplo ha llevado el caso Mascarillas -, así como del otro fiscal José Grinda y el instructor Manuel García Castellón. A cambio, prometían rehabilitar al mencionado y que "Álvaro" tendría conocimiento de la reunión así como "el jefe de Álvaro". Al menos habría tenido dos reuniones con un teniente fiscal de la secretaría técnica de García Ortiz. También se descubrió en el móvil de Leire Díez una propuesta de acuerdo con Villarejo para que suministrase datos sensibles sobre el PP (Mariano Rajoy, Cospedal...) e incluso grupos empresariales como Planeta y BBVA a cambio de no volver  a entrar en la cárcel.

También habría mantenido Díez al menos tres reuniones personales con Mercedes González, Directora General de la Guardia Civil e incluso desde antes de ser nombrada, además de diversas conversaciones a través de teléfono móvil en mayo de 2025. Entre ambas se activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp. Además, en otros chats presumía de tener línea directa con la misma y que estuviera al corriente de sus acciones. El propósito sería abrir una investigación interna en la UCO imputando una actividad supuestamente delictiva como filtración de mensajes de Ábalos. Inicialmente, el Ministro Fernando Grande-Marlaska negó que sucedieran dichas reuniones hasta dos veces, en 25 de junio de 2025 ante el Congreso y el 28 de mayo ante la prensa. Fue el pasado 5 de junio cuando terminó admitiendo que eso había sucedido, una vez que quedaba acreditado por la UCO pero asegurando que no tenía nada que ver con la trama. La aludida directora afirmó que cortó comunicación con ella cuando le pidió que recuperase a un comandante suspendido de empleo y sueldo por estar implicado en el caso Koldo así como plantearle una teoría de la conspiración. Sin embargo, las contradicciones no acabaron ahí, pues la Directora abrió expedientes a agentes coincidiendo en las mismas fechas que se habría reunido. Todo esto ha desembocado en la imputación de González más el DAO Manuel Llamas por prevaricación y obstrucción a la Justicia. De verdad que yo no alcanzo a entender qué más tiene que pasar con Marlaska para que dimita.

El entorno Sánchez: P.S. el One y familia

La UCO requisó varios cuadernos y agendas en su vivienda y contienen mucha información sobre reuniones, nombres propios y referencia a diversos asuntos políticos y judiciales. Muchas de las anotaciones carecen de fecha y figuran desordenadas y sin demasiado contexto, pero algunas sumadas a otras proporcionan importantes indicios que son relevantes de profundizar en la investigación. Así en una anotación habla de "reunión con P.S." precedida de una operación con el comandante Rubén Villalba para encontrar trapos sucios de la Guardia Civil. Más adelante escribe "Posible estrategia: ser abogado del hermano de P.S.", "Copia pen, cadena custodia, consultas datos bases Ábalos y P.S". En otra habla de una comida entre P.S. y el Director de la Guardia Civil y escribe literalmente "Pedro no se fia del DAO". Incluso también hay espacio para "Reunión ZP. Nervioso". Algunos han intentado desviar las sospechas aludiendo a que podría referirse a Paco Salazar o a Pedro Saura, pero la insistencia en las iniciales y sobre todo la referencia al hermano intuyen que podría ser el mismísimo Pedro Sánchez. También se ha quitado hierro señalando que el mismo día de la supuesta reunión el Presidente se encontraba en Bruselas. Aparte de que para una reunión no es imperativo verse en persona, lo más probable es que fuese una declaración de intenciones de la propia fontanera.

Otra referencia por la que la UCO apunta al conocimiento de las cloacas por Pedro Sánchez es la alusión a "El One del partido" en conversaciones intervenidas con el ex presidente de la SEPI. Incluso en otras con el empresario Oliver, usan la referencia "jefe" para probablemente aludir a Santos Cerdán, mientras que "presi" sería el propio Presidente del Gobierno. Incluso ha sido citada como testigo Cristina Narbona por una conversación con Leire en la que ésta le habría mencionado de "reconducir los ataques al Presidente del Gobierno". Por su parte, Pedro Sánchez rechazó categóricamente ser consciente de los hechos imputados a Leire Díez y asegurando que de saberlo "no lo permitiría", declaraciones que a estas alturas carecen de credibilidad para los no feligreses.

En cuanto al proceso judicial que afectó a David Sánchez, en la versión de un testimonio Leire Díez habría recomendado a Luis Sáenz de Tejada como abogado defensor de David Sánchez y con el objetivo de recusar a la jueza instructora Biedma. De hecho, la persecución contra esta mujer sería un auténtico escándalo, llegando según El Mundo a seguir hasta el colegio de sus hijas e interrogar a personas de su entorno para destruir su credibilidad. La misma tuvo conocimiento de unos audios en junio de 2025 protagonizados entre Díez y el citado Sáenz de Tejada. Por su parte, Leonardo Marcos - director de la Guardia Civil anterior a Mercedes González (2023-2024) - habría llegado a ordenar a la UCO, a través de orden firmada por el DAO, que "no fuesen proactivos" en el citado caso de investigación y que optasen por "actuar de perfil" de manera que el juez tuviese la única iniciativa. Esto, según testimonios, generó importantes tensiones entre la UCO y la cúpula de la Guardia Civil y fue ratificado en sede judicial por el ex jefe Rafael Yuste. Pero tampoco hay que olvidar al teniente coronel Antonio Balas, que dirigió las operaciones de la UCO en Badajoz. Existen audios francamente siniestros, como en una conversación entre Díez y Pérez Dolset en el que buscando información comprometedora de Antonio Balas ella señalaba que "si está muerto, mejor".

Otro indicio más de la cercanía de la figura de Leire al entorno del Presidente se halla en otra anotación según la cual recomienda la contratación de un abogado para ejercer la defensa de Begoña Gómez por su supuesta cercanía al Juez Peinado. Esto viene reforzado por una conversación de WhatsApp con Tijuelo en la que comentan la necesidad de sustituir por inadecuada dicha defensa de la esposa del Presidente. Junto a todo lo anterior, este último indicio ha resultado ser determinante para que la UCO considere en su informe que las siglas P.S. son referidas al propio Pedro Sánchez. ¿Estaríamos cerca de que el vigente Presidente del Gobierno sea llamado a declarar como testigo o incluso como algo más?

Más recientemente y a raíz de la última sentencia del TS sobre el caso Mascarillas que premió la colaboración con la Justicia de Aldama, Leire Díez ha avanzado a un nuevo nivel. Señala a Antonio Hernando, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, como receptor de todas las actividades de investigaciones a jueces, fiscales y agentes que gestionaban tanto Cerdán como ella misma.

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Campañas electorales bajo la lupa

Uno de los hallazgos más destacables que constan en el sumario de la investigación es que el PSOE habría desviado 18.000 euros de los fondos de la campaña de las Europeas de 2024 para financiar al medio Crónica Libre de Patricia López. La contrapartida no sería exclusivamente publicidad en Internet, sino la entrega de audios referidos a las polémicas saunas de Sabiñano Gómez, suegro de Sánchez y también fallecido en la actualidad. Con dichos audios (provenientes de Villarejo), el PSOE se garantizaría no ya que no se publicasen, sino la posibilidad de extorsionar a quien considerase conveniente. Esto es lo más sórdido del entramado de presunta corrupción del Sanchismo.

Ese hecho ha provocado que el juez Pedraz solicitase documentación de la campaña del PSC en Cataluña (2024). Se investiga si parte de los fondos o servicios asociados a la campaña pudieron igualmente pasar por agencias de medios o emplearse para abonar estructuras o servicios vinculados a intermediarios del caso Leire. Se examinará especialmente lo relativo a publicidad digital como “banners” o inserciones publicitarias y contratos de comunicación política. De esa manera, se intentará aclarar si pudo existir algún flujo sospechoso con personas investigadas en el entorno del presente caso y si se pudo recurrir al uso de la campaña electoral como vía de financiación indirecta. Y es que en este tipo de contrataciones el dinero no siempre circula como “transferencia directa”, sino como servicios intermediados.

Consideraciones

En esta compleja investigación se está recopilando un amplio conjunto de indicios sobre el funcionamiento de una red basada en intermediación política y empresarial, circulación de información sensible, contactos con investigados, movimientos financieros opacos, intentos de influencia y contrapresión y tensiones internas en cuerpos policiales. Además, todo ello se habría producido falseando documentación para disimular. Debe probarse si se trata de una clásica estructura cerrada de organización criminal, pero por las conversaciones intervenidas, testimonios contradictorios, anotaciones y operaciones dinerarias, se apunta a material suficientemente relevante como sugerir su existencia y avanzar en la investigación. Estaríamos hablando de una red creada dentro del partido para proteger los intereses no ya del mismo sino de las principales personalidades afectadas por los procesos de investigación de corrupción. Y esa condición afectaría tanto a las directamente imputadas como a las que les repercutiría en su imagen, tal y como sería el caso de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Se antoja muy complicado entender que existiese desconocimiento político del funcionamiento de esta red y, de hecho, resulta hasta ridículo compararlo con el caso Kitchen del PP de Rajoy. Estamos hablando de una trama orquestada para controlar y/o denostar a fiscales, agentes y jueces y de  hasta 9 delitos imputados por su actividad, pero también de numerosos indicios que convergen en una presunta relación bastante cercana con el poder político. En algunos puntos de mensajes, audios o anotaciones da la sensación de que Leire actuaba a veces con cierta iniciativa, pero nunca de manera autónoma sino sujeta a un plan. Y en ese plan estaría al mando su jefe Santos Cerdán. Sin embargo, por lo investigado hasta el momento, resulta obvio que todas estas acciones ilegales que supuestamente desconocían los cargos políticos de mayor responsabilidad redundaban en beneficio de los mismos y por extensión del partido. El mismo que, a través de su gerente, habría estado retribuyendo a los integrantes de la red mediante facturas presuntamente confeccionadas ad hoc para disimular. Es más, este modus operandi de la red encaja a la perfección con el neolenguaje esbozado por Pedro Sánchez y desarrollado por el aparato mediático constituido por RTVE como brazo público y La Sexta como brazo privado. Difundir un impacto de relato y aludir a la "máquina del fango" como responsable de "los bulos" y apuntar a una conspiración de la ultraderecha "turbofascista". 

Por lo que sea, el aparato socialista no se atreve a estas alturas a presentar una querella contra Leire Díez si es que es cierto que operó a escondidas. ¿Por qué será? Afirman que no lo han hecho porque están esperando a que avance la investigación, cuando no es complicado estimar que necesitarían negociar con ella para que no hable de más. De lo contrario, esta persona que ha estado siempre en tercera fila, que se ha hecho fotografías con tantos políticos y periodistas, que se aprovechó de ese anonimato externo para poder hacer y deshacer y felicitarse por ello, no debería ser ningún impedimento para exigirle responsabilidades penales. Otros analistas entienden que, en el más incómodo de los casos, probablemente se limiten tanto Moncloa como la opinión sincronizada a encorsetar la trama en Santos Cerdán como chivo expiatorio. 

En estas semanas, el goteo de imputados por corrupción sigue agrandando el lodazal de indignidad amplificado por la irresponsabilidad de negarse a dimitir. De cualquier forma, teniendo en cuenta los antecedentes que tiene el PSOE Sanchista y el continuo destape de escándalos que arrancaron desde el mismo momento de poner los pies en Moncloa, sólo el hecho de percibir una nómina o sobresueldo a cargo de aquél justificaría mirar para otro lado.

Seguridad ciudadana en San Pedro del Pinatar: contexto, estadísticas y respuesta vecinal

Hoy 29 de junio es el día de San Pedro y Pablo y el día grande de las fiestas en mi pueblo natal San Pedro del Pinatar, por lo que aprovecho la coincidencia para publicar y dedicarle este artículo. La percepción de inseguridad ciudadana en mi pueblo parece haberse convertido en un tema político recurrente desde la pasada legislatura y continúa siendo motivo de debate en la actual 2023-2027. No es casualidad, dadas las noticias publicadas y reportadas en medios de comunicación, la evolución de las cifras de estadísticas de delitos y la preocupación social percibida en algunas barrios, habiendo motivado incluso el surgimiento de una iniciativa en redes sociales. Por lo tanto, hay varios elementos que permiten construir un relato bastante sólido de que existe un problema de inseguridad en el pueblo. Más en concreto, se percibe el aumento de ciertos delitos y falta de efectivos en la Policía Local con un contexto previo de de conflictos internos y, además, sucesos violentos de alto impacto mediático y social.

Antecedentes y contexto político y social

A mediados de la legislatura 2019-2023 ya empezaron a articularse discursos políticos centrados en el incremento de la criminalidad. En diciembre de 2021 VOX comunicaba en nota de prensa un aumento del 42,1 % de la criminalidad según estadísticas oficiales, mencionando especialmente robos con fuerza, hurtos, lesiones y tráfico de drogas. En vista de esta situación, reclamaba más patrullas nocturnas y reorganización policial. Aunque haya que tomar con cautela los mensajes partidistas, sí reflejaban que el asunto estaba instalado en el debate público.

Las quejas relativas a la falta de plantilla en la Policía Local fueron expresadas por los propios agentes. En 2022, denunciaban públicamente que había franjas nocturnas (entre las 22:00 y las 06:00 horas) sin servicio municipal activo en las oficinas debido a bajas y carencia de personal. Los sindicatos advertían de que eso generaba “más inseguridad” para los vecinos. La situación terminaría derivando en un importe conflicto laboral. En enero de 2023 varios agentes llevaron al Ayuntamiento a los tribunales por impagos de horas extra por servicios prestados durante el confinamiento. Además, denunciaron que “en 16 años no se había cubierto ninguna plaza” y ni siquiera por jubilaciones. Esto es importante porque ayuda a entender por qué el problema no parecía coyuntural, sino acumulativo. A ello se unió una pérdida importante de popularidad de la concejala con competencia en Policía y Seguridad Ángela Gaona que al tiempo había sido designada candidata a la Alcaldía.

En paralelo, el Ayuntamiento intentó reforzar medios humanos y tecnológicos, si bien la incorporación de los primeros iba a ser más lenta. En marzo de 2023, a dos meses de las elecciones municipales, anunció nuevas cámaras de videovigilancia y el uso de drones para seguridad y control del tráfico. De esa manera, el propio consistorio asumía la necesidad de reforzar capacidades de vigilancia. Pero desde la oposición, no sólo desde la derecha, se reclamaba un incremento de efectivos mucho mayor que el proyectado como aseguraba el PSOE. Llegados los comicios, los resultados arrojaron la pérdida de la mayoría absoluta del PP al reducir su representación en dos concejales.

En la legislatura actual 2023-2027 la percepción de inseguridad parece haberse mantenido e incluso agravado en determinados sectores vecinales. Los sindicatos CSIF y USO alegaron en el primer verano que en la Policía estaban desbordados para cubrir los servicios mínimos y más en una época de máximo auge por el turismo. Manteniéndose el impago de las horas extras y algunas bajas, el conflicto entre la Policía y el Ayuntamiento se había recrudecido y la nueva Alcaldesa entendía que no podía forzar a que cubriesen más servicios.

En febrero de 2024 tomaron posesión seis nuevos agentes, procedentes del proceso selectivo iniciado en 2022. El Ayuntamiento señaló entonces que la plantilla quedaría formada por 50 efectivos. En junio completaron su formación y en septiembre se incorporaron formalmente a la plantilla activa, si bien por el nuevo Alcalde Pedro Javier Sánchez se mencionaron 48, lo que sugiere que pudieron haber dos jubilaciones o excedencias. Pese a ello, ese mismo año CCOO denunció que seguían incumpliéndose los servicios mínimos de Policía Local, especialmente en turnos nocturnos y fines de semana, es decir, precisamente los momentos de mayor demanda policial. Además, el sindicato afirmaba que los agentes estaban sufriendo intervenciones “cada vez más violentas”. Uno de las más impactantes fue la operación “Bykulu” de la Guardia Civil en dicho año 2024, existiendo disparos contra vecinos y en un entorno vinculado al narcotráfico y con detención ilegal. Los detenidos ingresaron en prisión preventiva acusados de tentativa de homicidio y otros delitos graves.

En 2025 continuaron las noticias de robos violentos en la zona. Por ejemplo, la Guardia Civil detuvo a un hombre relacionado con atracos a punta de pistola cometidos entre Los Alcázares y San Pedro del Pinatar. Además, la explosión mortal del bar de Lo Pagán en 2025 (todavía bajo investigación) generó una importante conmoción en el pueblo. Aunque se apuntó a un escape de gas como causa, testigos aseguran que el lugar era un centro donde presuntamente se ejercía prostitución y con numerosas actas por ruido. Pese a estar cerrado, fallecieron dos mujeres y hubo quince personas heridas. Pese a que no sea estrictamente delincuencia común, sí contribuyó al clima de preocupación social. En mayo de ese año, Agrupación Independiente denunció “inseguridad creciente”, criticando que no se hubieran cubierto vacantes de Guardia Civil y cuestionando que el aumento presupuestario de 300 mil euros anuales en horas extra policiales estuviera teniendo efectos reales sobre la seguridad ciudadana. En octubre de ese mismo año, se aprobó una moción a instancia de Vox para solicitar a Delegación del Gobierno más plazas de Policía Nacional y Guardia Civil y una unidad de élite y reserva de esta última.

En este 2026, no parece haber mejorado la situación. En febrero, la Guardia Civil detuvo a varias personas de una familia por tráfico de drogas, amenazas y agresión sexual. En marzo, se produjo un intento de atraco con rehenes en la oficina de un banco. Pero lo más destacado es que Lo Pagán llegó a ser escenario de refugio del conocido delincuente regional El Gorreta, que protagonizó un tiroteo con una unidad especial antidroga llegada desde Valencia. En ese mismo mes de mayo, el Ayuntamiento anunció un proyecto cuya memoria técnica estima 44 emplazamientos para nuevas cámaras de videovigilancia con los mismos objetivos que hace tres años pero a escala mucho más grande. Esto permitirá realizar futuros contratos de obra, servicios y suministros para aprovechar los avances tecnológicos monitorizando el espacio urbano, realizando un seguimiento del tráfico en tiempo real y mejorar la capacidad de supervisión y respuesta ante incidencias. Sin embargo, lógicamente esto requiere tiempo y por consiguiente no son soluciones a corto plazo.

Las estadísticas de criminalidad en la Región de Murcia, San Pedro y localidades limítrofes

Podemos examinar más en profundidad la situación con arreglo a los datos obrantes en las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior. Debemos de tener en cuenta que esos datos recogen los delitos de los cuales tuvieron conocimiento las fuerzas policiales (Locales, Nacional, Guardia Civil, etc...) ya fuese por denuncia o de oficio y con independencia del esclarecimiento final del caso. Lo que no tendremos en cuenta será el año 2020 por ser el de las restricciones derivadas del Covid-19.

En el ámbito de la Región de Murcia, podemos ver que de 2021 hasta 2025 se asiste a un incremento casi generalizado de la delincuencia salvo en algunos casos donde es anecdótico o se reduce. Los delitos de homicidio aumentaron el último año en porcentaje de forma significativa, a pesar de que no parezcan alarmantes en términos absolutos. Sucede al contrario con las agresiones sexuales con penetración que, atravesando un crecimiento sostenido, se han más que duplicado. Otro aumento continuado es el de los robos con violencia e intimidación, mientras que los hurtos se han estabilizado en más de 15.000 al año frente a los 12.000 de 2021. Esos dos últimos delitos contrastan con la disminución de los robos en viviendas, establecimientos y empresas, que podría estar relacionada con la mayor disposición de alarmas. De la cibercriminalidad como las estafas informáticas tenemos datos sólo a partir de 2022, pero se refleja un aumento de más de un tercio hasta la fecha y la expectativa es de que continuará creciendo por el uso de la inteligencia artificial. En resumen y en el valor conjunto, de acuerdo con los datos del Ministerio, los delitos conocidos por las fuerzas policiales en la Región de Murcia han aumentado un 28,20% rozando los 75.000. En el cajón de sastre de "resto de criminalidad convencional" se hallarían por ejemplo delitos de falsificación, contra el tráfico, la Administración Pública o la Administración de Justicia, estafas, etc...

No se incluyen los delitos de allanamiento de morada y usurpación, que en realidad vienen en un informe aparte en la base de datos del Ministerio. No resulta operativo analizarlo, dado que no se separa entre ellos sino que se funden en una sola categoría y, en consecuencia, no poder distinguir los casos de ocupación. Tampoco se tienen en cuenta los denominados "delitos de odio" que en realidad son agravantes de otros delitos que se encuadrarían en la anterior tabla. Como curiosidad, enumero que en 2024 se registraron en la Región de Murcia 28 denuncias penales alegando odio: por antisemitismo (2 por trato degradante), por aporofobia (lesiones), creencias religiosas (amenazas, coacciones y 2 contra los sentimientos religiosos), discriminación por razón de sexo (lesiones, enaltecimiento de odio y dos por incitación al odio), por ideología (lesiones), por islamofobia (trata de inmigración ilegal), por orientación sexual (trato degradante, amenazas, injurias, 2 por lesiones y 2 por incitación al odio) y por racismo (asesinato, injurias, trato degradante, incitación al odio, 2 por lesiones y 2 por amenazas). 

Desagregados por localidades, para los años estudiados no existen datos específicos de Los Alcázares al ser municipio menor de 20.000 habitantes durante casi todo el periodo. Según censo de 2025 ya alcanzó esa población pero sólo desde 2026 constan datos en el Ministerio del Interior. En consecuencia, no lo incluyo. En términos comparados con los datos agregados de la Región de Murcia, en San Pedro del Pinatar se han incrementado los delitos de lesiones, agresiones sexuales, robo con violencia e intimidación, hurtos y cibercriminalidad en porcentajes superiores. Incluso en algunas categorías donde la Comunidad Autónoma ha retrocedido se percibe un aumento como es el caso de los robos con fuerza en domicilios y empresas. Sumado todo se arroja un aumento del 24,12% de la criminalidad en San Pedro. 

Comparando pueblos limítrofes, en San Javier (cuya tabla puede leerse en este enlace) coincide el aumento de lesiones y hurtos pero en porcentajes inferiores y llama la atención la duplicación de las denuncias de sustracciones de vehículos que aumenta un 138% pasando de 18 en 2022 hasta 43 en 2025. Se reducen en San Javier los delitos de robo con fuerza en domicilios, tráfico de drogas y permanecen estables los delitos sexuales y robos con violencia, aunque ni mucho menos son buenas noticias. En el conjunto, las cifras convergen en una estabilidad de los delitos pese a que sean mayores en número que San Pedro teniendo en cuenta su mayor población (36.524 habitantes frente a 29.674 según INE en 2025). En Torre Pacheco (cuya tabla puede leerse en este enlace) coincide el aumento de delitos de lesiones de los anteriores y de sustracción de vehículos de San Javier, pero en porcentajes muy superiores. Se percibe también un aumento importante de los robos con violencia más el tráfico de droga mientras que los hurtos están estabilizados. En el conjunto, los delitos han aumentado en Torre Pacheco en un 19% con una población de 41.479 personas pero en términos absolutos son inferiores a los de San Javier.

Los tres municipios coinciden en aumentos de la criminalidad informática, pero en porcentaje es sustancialmente mayor en San Pedro con un 55% frente al 14% de San Javier y el 39% de Torre Pacheco. Además, San Pedro presenta una evolución más desfavorable en varias categorías de delincuencia convencional, especialmente hurtos, robos con violencia y delitos de lesiones, acercándose en mayor medida a la tendencia observada en el conjunto regional. Pero lo más significativo es que es el único de los tres municipios donde los robos con fuerza en domicilios no sólo no se han visto reducidos de forma sustancial como así encamina la Región, sino que han subido.

Los delitos relativos a hurtos, robos con fuerza, lesiones y delitos contra la libertad sexual afectan de forma importante a la interpretación de inseguridad de la gente porque son los que pueden tener una mayor trascendencia en su vida. Una estafa en Internet es un problema serio, pero los robos en viviendas generan una sensación de vulnerabilidad mucho mayor. Expuesto el marco periodístico y político, así como las estadísticas oficiales, queda precisamente escuchar al pueblo.

La patrulla vecinal San Pedro

Existen algunos antecedentes de patrullas vecinales no sólo en la Región de Murcia sino fuera de ella. Ante todo, los integrantes de estas patrullas ciudadanas actúan estrictamente como civiles, es decir, no retienen físicamente ni confiscar pertenencias limitándose su función proactiva únicamente al derecho de cualquier ciudadano a denunciar un delito. Sin embargo, también existen análisis periodísticos para desprestigiar la labor de estos movimientos, como este desafortunado artículo que me voy a permitir de tildarlo de desinformador y rozando lo difamatorio. No, el objetivo de las patrullas NO es tomarse la Justicia por su mano ni reemplazar a las instituciones.

La primera que localizamos en prensa es en 2022 en La Aljorra (Cartagena). Ese movimiento vecinal sigue vigente en la actualidad y que pasó a la acción años después de constituirse la plataforma No más robos ante el incremento de los mismos en la pedanía. Un grupo de diez personas comenzó a patrullar las calles y avisar a la Policía Local ante cualquier actividad flagrante o sospechosa de delito. En alguna ocasión la prensa se ha hecho eco de alguna operación exitosa de esta patrulla. Desgraciadamente, los problemas de inseguridad no parecen haberse solucionado aún. Fuera de la Región existe por ejemplo la Patrulla vecinal Madrid que se creó en 2023 y mantiene una cuenta en Facebook, protegiendo la privacidad de sus integrantes. Su especialidad son los carteristas. El mismo año surgió otra en la Cañada del Fenollar en Alicante y, al igual que los anteriores, patrullan de noche ante la oleada de robos y la escasa presencia policial. Más recientemente, se conoce la creación de patrullas en el municipio de Córdoba y también en el de Sevilla, motivando más redadas de la Policía contra la delincuencia.

La Patrulla Vecinal San Pedro es otro movimiento en dicha línea creado hace un año en redes sociales (mayo de 2025). Su fin es proporcionar una respuesta de apoyo al ciudadano y vecino pinatarense en materia de seguridad, al tiempo que visibilizar el problema para que los políticos tomen decisiones. Mientras tanto, ejercen un apoyo voluntario a las fuerzas policiales. Desde Facebook han ido sumando contactos no ya virtuales sino presenciales y en sus inicios crearon un canal en Telegram para organizar y coordinar salidas de voluntarios. El modus operandi consiste en patrullar las calles del pueblo y avisar en los momentos precisos tanto a la Policía o Guardia Civil como a los vecinos. Pero no se limitan a caminar por las calles, sino que también emiten directos nocturnos de sus operaciones, suben vídeos grabados de sucesos ocurridos (como vandalismo o cámaras de seguridad de vecinos) y en general comparten información y noticias relacionadas con la seguridad en el pueblo.

Dado que Lo Pagán es una de las áreas del pueblo más azotada por la delincuencia, ha sido más transitada por los voluntarios de la patrulla. Estas operaciones no están exentas de riesgo, por lo que algunos salen con chalecos antibalas y así lo afirman en sus directos. Gracias a sus patrulleos, en algunas ocasiones han sido testigos de situaciones de reyerta o de tentativa de delito, como una persona tratando de forzar la puerta de una vivienda. Así que aprovecharon para ponerse en contacto con la Policía y manejar el problema por cauces legales. En otras ocasiones realizaron operaciones de disuasión en el sentido de sorprender a gente que pensaba actuar sin testigos bajo el manto de la noche. Como armas únicamente portan spray pimienta, instrumento que es totalmente legal.

Sin embargo, pese a su legítimo propósito bien definido también se han enfrentado a críticas que les acusan de ser un grupo parapolicial o incluso de pretender generar alarmismo. Esto último ha protagonizado alguna polémica en plenas fiestas, pero la patrulla se ha defendido afirmando que disponía de testigos que aseguraban que se había producido un ataque con arma blanca en el recinto ferial. A ese respecto, es preciso tener en cuenta que el hecho de que a las fuerzas policiales "no les conste" una situación delictiva no quiere decir que no haya sucedido. Por lo tanto, aunque haya que tomar con cautela cualquier información, el hecho de contrastarse con testigos no es baladí. Es más, pocos días después sí salió en prensa otro apuñalamiento en las fiestas y del que la Guardia Civil extendió atestado. El suceso ocurrió en el exterior del recinto. 

En términos generales, la percepción en redes sociales es de apoyo a La Patrulla con comentarios que aplauden sus informaciones que advierten de problemas así como sus operaciones con colaboración con las fuerzas competentes.

Conclusiones

Examinados los apartados político, periodístico, estadístico y social, no puede negarse que en San Pedro del Pinatar existe un problema de inseguridad, contextualizable pero que no puede ignorarse. El gobierno municipal, obviamente, está en su derecho de hacer llamamientos a la calma o tratar de minimizar los sucesos más alarmantes. Y en buena parte se entiende, pero al mismo tiempo se debe proveer soluciones con arreglo al presupuesto local. Es cierto que ya lo está haciendo, pero no sólo hay que reforzarse con medios materiales y tecnológicos sino también humanos. Y la incorporación de 6 agentes se puede estimar insuficiente a la luz de lo percibido en los datos y en las expectativas ciudadanas. Hay que tener en cuenta que si los vecinos se han llegado a movilizar no es ya porque perciban que hay más riesgo de delitos, sino también porque consideran que tal vez no se patrulle lo suficiente o más bien no se disponga de suficientes fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, las soluciones a largo plazo no permitirán atajar el problema. Además, incluso los procesos selectivos llevan varios años para su ejecución y recabar más presencia de Policía Nacional y Guardia Civil no es fácil, ya que depende de compromisos políticos con administraciones de distinto color. Con todo, dada la cercanía de las próximas elecciones debería de motivar un acuerdo.

Las estadísticas reflejan un comportamiento de los datos de criminalidad en San Pedro, en términos agregados, muy parecido a lo que se recoge en el ámbito de la Región de Murcia. Ambos territorios coinciden con un incremento significativo, si bien el porcentaje en San Pedro es mayor. Además, en términos más específicos y comparados, existen algunos delitos de entre los que más preocupan a los ciudadanos que han experimentado un aumento relativo mayor. Por ejemplo, los robos con fuerza (en la calle y en viviendas), lesiones, hurtos y agresiones por razón de sexo. Si nos centramos en los valores absolutos, podemos entender que la situación "tampoco es tan grave", pero no es mendaz que conforme pasan los años hay categorías que siguen en aumento o se han estabilizado en valores más altos que en el primer año de la serie (2021) que es donde se comenzó a reportar que algo no iba bien. Y negar la existencia de un problema no es menos pernicioso que exagerarla, sino más bien al contrario. Porque presupone que se está trabajando sin dificultades cuando el vecino no percibe eso.

Tampoco se debe de perder de vista y con ello por tanto también hay que matizar estos datos y percepción, que existen delitos que no son por así decirlo "ostensibles". Quiero decir con ello que suceden en la intimidad de los domicilios, no es tan fácil percibir su comisión o no existen estadísticas fiables por motivos políticos. No podemos conocer a ciencia cierta cuántas agresiones, maltrato, delitos de narcotráfico y ocupación de casas. Sólo los que llegan a conocimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad por denuncias o circunstancias flagrantes. Del mismo modo, una situación de riesgo en la calle puede no materializarse en un daño o delito, pero sí generar un ambiente de inseguridad. Igualmente, no hay que olvidar que la percepción de inseguridad no suele ser similar en todos los barrios. Por ello, tal y como hemos contado, Lo Pagán es una de las zonas donde se ha reportado mayor número de incidentes.

El surgimiento de movimientos vecinales surgen como respuesta ciudadana a esa percepción de mayor inseguridad y la sensación de que la presencia policial no es suficiente. Esto supone reconocer implícitamente un fallo del sistema, pero tampoco equivale a retratar a nuestro pueblo como si fuera el Bronx. Menos aún a insinuar eso como reacción defensiva extrema a cualquier crítica. Los vecinos tienen suficientes intereses y aspiraciones en su vida habitual como para no dedicar sin motivo justificable tiempo de su descanso personal a patrullar las calles. Es por eso por lo que desacreditar movimientos que no actúan en contra de la Ley no contribuye sino a manejar el problema con la única estrategia de la negación y evitación. Exactamente del mismo modo que se cargaba contra las denuncias del estado del Mar Menor amparándose en no perjudicar al turismo ni a la hostelería, es decir, anteponer intereses legítimos como escudo de inmovilismo ante otros problemas.

En definitiva, resolver la inseguridad ciudadana no es cuestión de un día para otro ni existen soluciones mágicas. Sin embargo, a corto plazo sí se puede hacer algo que es tratar de asegurar más disponibilidad policial no sólo de patrulleos sino de servicio en las horas nocturnas. Mientras tanto, la colaboración ciudadana seguirá siendo un elemento que no debe desdeñarse para proteger la percepción del servicio público. A medio plazo, es imperativo incrementar la plantilla de Policía Local y solicitar a Delegación del Gobierno la de la Guardia Civil. Más a largo plazo (Plan Impulsa Lo Pagán, 2026-2028) se espera que los avances tecnológicos proporcionen medios más sofisticados como cámaras inteligentes, pero el ciudadano necesita respuestas más cercanas en tiempo.