El juicio celebrado en el Tribunal Supremo por la conocida “trama de las mascarillas” marca un punto de inflexión en las investigaciones de casos de corrupción más relevantes surgidos al calor de la pandemia. De hecho, éste es sólo una parte del caso Koldo que tiene más ramificaciones investigadas actualmente y que afectan al PSOE como protagonista: la adjudicación de contratos mayores de obras públicas bajo presuntas comisiones ilegales, presunta financiación irregular del PSOE con blanqueo de capitales y con el ex Secretario General Santos Cerdán como cabeza visible y, yendo ya para bingo, el rescate de la aerolínea Plus Ultra con hasta el ex presidente Zapatero implicado. De todo esto, con más conversaciones intervenidas y otros indicios de circuito de dinero fuera de control público ya hablaremos más adelante en otros posts de este mismo blog. Pero antes de entrar a valorar lo que ha acontecido en la vista oral y lo que puede suceder en la sentencia, conviene ordenar el contexto y las investigaciones previas que nos han llevado hasta aquí.
Contexto del origen del caso
En 2020, la irrupción del COVID-19 obligó a las Administraciones Públicas a actuar con rapidez. Para garantizar el suministro de material sanitario, se recurrió de forma masiva al procedimiento de emergencia, que permite adjudicar contratos mayores sin concurso ni controles ordinarios. De esta manera, mientras nos mantuvieron retenidos en nuestros domicilios o restringiendo nuestra libertad de movimiento en aras de la seguridad y salud públicas, las Administraciones flexibilizaron su burocracia. Sin embargo, ese marco excepcional fue el que abrió la puerta a que empresas sin experiencia previa accedieran a contratos públicos millonarios. Así que la pandemia fue el contexto clave que permitió un ancho margen y el escenario donde se sitúa el origen de la trama que ahora se juzga. El Ministerio de Transportes dirigido por José Luís Ábalos adjudicó diversos contratos de suministro por compra de mascarillas que superaron los 30 millones de euros y, entre las empresas, destacaba Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., con práctica inactividad dos años antes y con una facturación récord en 2020. Pero no acaba todo en este departamento.
Extensión territorial: Baleares y Canarias
En las Islas Baleares, el gobierno de Francina Armengol (actual presidenta del Congreso) habría comprado mascarillas FFP2 por valor de 3,7 millones de euros a la mencionada empresa Soluciones. Según los informes de la UCO la ex presidenta balear habría tenido una participación más activa de la que dejó caer en su declaración por escrito, ya que apuntaría a contactos interesados con los tres acusados. El problema es que aquéllas mascarillas no cumplían los estándares sanitarios para el personal de dicho sector y, siendo defectuosas, la Administración no ejecutó a tiempo mecanismos de control y reclamó tarde (años después). Por tanto, habría cometido como mínimo negligencia y mala gestión aunque aún no se pueda probar corrupción directa.
En las Islas Canarias, bajo Ángel Víctor Torres (actual Ministro de Política Territorial), se adjudicaron contratos de suministro de material sanitario cercanos a los 5 millones de euros mediante procedimiento de emergencia con sobrecostes y comisiones así como demoras. La diferencia con Baleares es que no siempre aparecía la misma empresa.
La conexión con estos dos gobiernos insulares socialistas refuerza la idea de que no sería un caso aislado del Ministerio, puesto que mientras que éste sería el núcleo aquéllos serían la periferia de un mismo sistema. La diferencia es que mientras que en el Ministerio se juzga directamente a altos cargos, en las autonomías los responsables sólo fueron llamados a testificar por escrito. Así que los posibles delitos aún no imputados según avance la UCO serían de tráfico de influencias, malversación y fraude a la Administración.
Acusaciones tras la instrucción
La investigación situó en el centro de la trama a tres figuras: el ministro José Luís Ábalos, Koldo García (asesor y hombre de confianza del anterior) y el empresario Víctor de Aldama, que habría ejercido de comisionista. Según la instrucción realizada desde el año 2023 por la UCO, la Fiscalía y el juez instructor, estas tres personas habrían articulado un sistema en el que empresas intermediarias ofrecían material sanitario a la Administración, se facilitaban adjudicaciones públicas desde posiciones de influencia y a cambio se obtenían comisiones y otro tipo de beneficios personales. El modus operandi sería el siguiente: Aldama contactaba con las empresas, Koldo actuaba como enlace en el Ministerio, Ábalos ordenaba y a cambio se pagaban "mordidas" o beneficios en especie. Las pesquisas, apuntan a que parte del dinero de los contratos se habría desviado en forma de pagos ilícitos como el cobro de comisiones y pagos en especie, en especial al propio ministro Ábalos como el alquiler de pisos de lujo, vehículos de alta gama y viajes con compañías. Además, según los informes de la UCO habrían usado usado lenguaje en clave para dinero en efectivo, como las famosas chistorras y también se alertaría de una contabilidad paralela con una caja "B" vinculada al entorno de Koldo.
Por si fuera poco, otra de las líneas más mediáticas del caso ha sido el de contrataciones presuntamente irregulares en empresas públicas (enchufes) y en concreto de Jessica Rodríguez (de la que se dice que ejercía la prostitución) y Claudia Montes (ex Miss Asturias 2017) vinculadas personalmente a Ábalos y sin experiencia ni CV apropiado cuando no falseado. La primera fue contratada en empresas públicas como en Ineco durante dos años (2019 a 2021) y seguidamente seis meses en Tragsatec. Indirectamente, se le acusó en fase de instrucción de no haber acudido realmente a trabajar y percibir un salario sin actividad efectiva. Además, según declaró Aldama hace dos años se le pagaba un ático de lujo por valor de 2.500 euros al mes. Por su parte, Claudia Montes estuvo en Logirail y en un puesto de trabajo cuya descripción se encontraba vacía de contenido real sin funciones claras ni medios apropiados. Además, mensajes entre Ábalos y Óscar Puente revelan que amenazaba con denunciar "corruptelas". En resumen, distintos casos pero un patrón común: empleos ficticios e improductivos donde lo público se convierte en moneda de intercambio y la prueba más visible de cómo operaría la red de monetización del poder público.
Según la instrucción, todo esto apuntaría a algo más estructural que un caso puntual. Los tres mencionados están acusados de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho y la más interesante de todas: pertenencia a banda criminal. La escalada del caso se culminó en 2025, con el ingreso en prisión preventiva de Ábalos y Koldo desde el pasado mes de noviembre. Aldama se encuentra en libertad debido a que ha estado colaborando con la investigación y la Justicia. En resumen, la Fiscalía Anticorrupción pide penas de 24 años para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama.
La vista oral
Durante la vista oral han desfilado más de 80 testigos. Las defensas de los acusados han intentado contrarrestar las declaraciones de Aldama en la instrucción (que reconoció en enero haber abonado 350.000 euros en comisiones por adjudicaciones a Koldo y Ábalos) y enfocar lo sucedido al descontrol en pandemia. Sin embargo, la acusación apunta a la existencia de una trama organizada desde arriba.
Las primeras jornadas del juicio estuvieron centradas en delimitar el perímetro de la causa. En efecto, comenzaron a aflorar indicios relacionados con los delitos que sostiene la acusación. Por ejemplo, una mujer llamada Arancha Granell ratificó entregas de comisiones en República Dominicana a Joseba, hermano de Koldo, por favorecer contratos durante la etapa Covid. Sin embargo, esa declaración contrasta la de aquél, que admitió que fue en 2020 a la sede del PSOE en Ferraz para recoger dos sobres con dinero en efectivo destinado a su hermano más Ábalos. Del mismo modo, la empresaria de Villafuel Carmen Pano y que está imputada por el caso Hidrocarburos, se ratificó con que se llevaron dos pagos de más de 45.000 euros en efectivo y en bolsas por indicación de Aldama. También se puso el foco en las contrataciones en empresas públicas vinculadas al entorno personal de la causa. Las declaraciones de Jessica Rodríguez y Claudia Montes, así como de varios técnicos y cargos como Ignacio Zaldívar, Angélica Martínez y Oscar Barbero, evidenciaron el acceso a puestos con "circulación informal" de sus candidaturas y siendo empleos sin trabajo acreditado.
A partir de la segunda semana, la vista dio un salto cualitativo y comenzó a centrarse en el funcionamiento de la presunta red. Para ello se tomaron declaraciones a cargos políticos del PSOE que defendieron su gestión y apuntaron a los acusados. Así, el ex Subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez afirmó que de un día para otro vino a su despacho Koldo con la oferta de Soluciones de Gestión y que se disparó de 4 millones a 8 y la recondujo a Puertos, si bien entendió que la orden procedía del Ministro. En cuanto al ex secretario general de Puertos Álvaro Sánchez apuntó a Aldama señalando que el empresario ya tenía listo el pedido antes de que se firmase la Orden. Por su parte, la ex presidenta de Adif Ana Pardo de Vera (pentaimputada por la presunta adjudicación de obras amañadas) declaró que formó parte de un comité que seleccionó la oferta de Soluciones por pronta ejecución y por valor de 12 millones de euros. Se escudó tanto en que la otra empresa remitió un tercio defectuosas como en que quién ordenaba la compra era Ábalos, pero tampoco le faltó desacreditar la auditoría de Oscar Puente.
De otro lado, la ex pareja de Koldo Patricia Uriz reconoció haber recogido de Ferraz varios sobres en dinero, si bien se desentendió de unos mensajes capturados por la UCO en los que hablaba en clave de billetes y se sonrojó por su curiosa forma de grabar los móviles de las mujeres vinculadas a Ábalos. Para colmo, un Guardia civil del Ministerio de Transportes afirmaba en su testimonio que Aldama gozaba de privilegios como acceder a la sede y aparcar en el parking de autoridades.
En la tercera semana se entró en los niveles más técnicos. Pedro Saura, actual presidente de Correos y por aquél entonces Secretario de Estado de Transportes, fue interrogado a cuenta del rescate de Air Europa. Afirmó que fue una decisión política y no existió imposición ni mediación de la trama. El ex-CEO de dicha compañía, Javier Hidalgo, negó que pagase sobornos a cambio del rescate, minimizó el papel de Aldama y excusó a Begoña Gómez a pesar de que la filial Wakalua financiaba el África Center donde aquélla tenía intereses.
Los cargos socialistas (del partido) intentaron blindar la figura de Ábalos separando decisiones políticas de la ejecución técnica pero al mismo tiempo reforzando la idea de una estructura de pagos en efectivo. Mario Moreno, ex gerente del PSOE, admitió que Koldo García repartía sobres con dinero para liquidar gastos de la Secretaría de Organización que dirigía Ábalos. Aseguró que esos pagos eran para "gastos de viaje y logística" y no mordidas con billetes de "chistorras". En esa línea, la empleada Celia Rodríguez confirmó que ella misma entregaba sobres con dinero a Koldo o a la mujer de este.
Enriqueta Chicano, Presidenta del Tribunal de Cuentas, firmó un informe de fiscalización en 2022 y señaló que ADIF y Puertos del Estado cumplieron con la Ley de emergencia, por lo que a su juicio no existieron irregularidades administrativas o contables. No obstante, admitió que existió falta de rigor en la comprobación de la solvencia de las empresas elegidas, lo que permitió que Soluciones de Gestión entrara en el circuito. A ese respecto, los empresarios Juan Carlos Cueto y José Ángel Escorial, se acogieron a su derecho a no declarar argumentando que ya son investigados en la Audiencia Nacional.
Finalmente, intervinieron los peritos y altos cargos de la Guardia Civil adscritos a la UCO que elaboraron los informes sobre el rastreo del dinero y las comunicaciones. El Teniente Coronel Antonio Balas consideró a Aldama cerebro de la trama por su condición de "pagador", pero al mismo tiempo entiende que nada hubiese sido posible sin la cooperación del ex Ministro. También conectó la compra del piso de Jessica como elemento para comprar la voluntad de aquél y unas vacaciones pagadas como recompensa por la gestión del rescate de Air Europa. Por último, la UCO desmontó la afirmación de Armengol de contacto anecdótico con Koldo al recuperar 65 mensajes y negó ante la defensa la manipulación de los audios, reiterando en que no se había roto la cadena de custodia.
Declaraciones de los acusados
Lejos de limitarse al núcleo del caso, el empresario Víctor de Aldama ofreció un relato expansivo, describiendo una red de relaciones, pagos y gestiones que, según su versión, alcanzaban distintos niveles de la Administración (como Baleares y Canarias) e incluso del ámbito político. Confirmó su rol de intermediario admitiendo los hechos y mantener un muy estrecho contacto con Koldo. Lo más controvertido es que minimizó su protagonismo relegándose a una pieza contactada por los cabecillas de la organización y apuntando como nº 1 a Pedro Sánchez seguido de Ábalos y Koldo. Señaló que le encargaron contactar con empresas para que, a través de adjudicaciones, aportasen comisiones que contribuyesen a la financiación ilegal del partido y con conocimiento del propio Presidente del Gobierno. Sin embargo, esta amplitud de acusaciones adolece de falta de pruebas contundentes, por lo que ese relato aparentemente potente no se sostiene sino que debilita su credibilidad.
Koldo García centró su declaración en negar lo más comprometedor del caso, es decir, que percibiera comisiones, y acotó su papel a labores administrativas y de asesoramiento sin capacidad de influencia ni de decisión real en los contratos. También se desvinculó de Sánchez en el momento en que accedió a Moncloa. Por tanto, trató de limitar su responsabilidad y confrontar el relato de Aldama de afirmar y ampliar con justo lo contrario, negar y paliar desde su posición. Además, insinuó que Aldama escondía negocios turbios internacionales y junto con Jessica les acusó de engañarles. Finalmente, reconoció haber cobrado "chistorras" en efectivo, contradiciendo el testimonio antes referido de Mario Moreno pero al mismo tiempo negó tanto financiación ilegal del PSOE como incremento sustancial no justificado en su patrimonio personal.
José Luis Ábalos fue más allá de Koldo y confirmó una estrategia más ambiciosa. Su línea de defensa fue más política y se apoyó en tres pilares. Primero, negó los hechos, como recibir dinero de Aldama, contraprestaciones cuantiosas, desdeñó elevadas cuantías de gastos sin declarar (la UCO detectó 95.000 euros sin justificar) y ser papel clave en los enchufes. Afirmó que en los contratos no trató con empresas ni intermediarios y aseguró que los famosos 8 millones fue decisión exclusiva suya desde el inicio. Segundo, cuestionó la credibilidad de Aldama y de la base de la acusación, acusó a la UCO de perseguir su incriminación a toda costa e incluso sugirió que el testimonio de Jessica habría sido ejercido con coacción de aquél, no sin aplicar cierto sentimentalismo en su crónica. Tercero, esgrimió la pandemia como marco justificativo al actuar con urgencia y sin precedentes, calificando las anomalías detectadas como decisiones legales derivadas de una crisis extrema. Por último, llamó la atención dos cosas. La primera, que se excusó para no sacar efectivo de su cuenta bancaria entre 2019 y 2023 con que "un ministro no va pagando dinero por ahí" y la segunda que desacreditó la auditoría ordenada por su sucesor Óscar Puente calificándola de interés político para que se apartase de diputado.
Prueba documental
Tras las declaraciones de los acusados, Aldama aportó al Supremo una cinta con una grabación según la cual Koldo y Ábalos se repartirían una comisión de 5 millones de euros. En realidad, ya se conocía desde hace un año por ser grabación del propio Koldo en 2019 y parte de la transcripción se publicó en El País. Llegada la reproducción de los audios y tras rechazar la Fiscalía la oposición de las defensas de las otras partes acusadas, destacó el siguiente extracto de transcripción del audio con motivo del presunto reparto de cupos del petróleo de Venezuela por el apoyo a Juan Guaidó:
Ábalos: "Pero vamos a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Que por qué, como hemos mediado, me va a caer algo, eso es lo que quieres decir? Y ya está".
Koldo: "Sí, exacto, te va a quedar medio al mes durante tres años".
Ábalos: "¿Y cómo? (se ríe) (...) ¿Estamos hablando de 500.000 euros al mes.
Koldo: "Sí, señor. Las empresas petrolíferas funcionan así".
La defensa tampoco aportó novedades, pues se remitió a un podcast público en el que Aldama rechazaba comisiones en contratos de mascarillas, siendo declaraciones matizadas hace tiempo.
Conclusiones
La vista oral ha servido, en primer lugar, para delimitar con mayor claridad el papel de los principales implicados. Los testimonios han contribuido a consolidar una estructura reconocible en la que José Luis Ábalos aparece como referencia política, Koldo García como engranaje operativo y, sobre todo, Víctor de Aldama como intermediario entre las empresas y la Administración, estrechando el foco del juicio en ese núcleo. En segundo lugar, los mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han reforzado la consistencia de los informes elaborados durante la instrucción, así como de la documentación recabada, sin que las pruebas periciales hayan logrado evidenciar fallos relevantes en la cadena de custodia. Esto otorga, al menos provisionalmente, un respaldo técnico significativo al material probatorio sobre el que se sustenta la acusación.
En las declaraciones de los acusados, los dos primeros mantuvieron narrativas claramente contrapuestas. Por un lado, Aldama aprovechó su posición como colaborador en la instrucción para desplegar un relato amplio y de alto impacto, con afirmaciones que trascienden el objeto estrictamente procesal del juicio y que introducen presión tanto sobre los demás acusados como sobre terceros. Queda por ver si dicho relato responde a información reservada que pueda aflorar más adelante o si, por el contrario, se trata de una estrategia de ampliación del foco sin respaldo suficiente. Por otro, Koldo adoptó una posición defensiva y limitativa. Su intervención, más contenida y en algunos momentos dubitativa, buscó desactivar los elementos centrales de la acusación, aunque dejó aspectos relevantes abiertos a interpretación. Entre ellos, destaca el reconocimiento de la existencia de movimientos de efectivo de mayor entidad de lo admitido desde el PSOE. Sin constituir por sí mismo prueba concluyente de financiación irregular, supone un elemento que deberá ser valorado. Por último, Ábalos fue directamente hacia la raíz y a desacreditar toda la acusación, eximiéndose de responsabilidad a todos los niveles y no sin dejar perlas para atractivos titulares de prensa. Sin embargo, declarar que todo es una persecución contra él (UCO, Aldama, Ministerio, etc..) no es precisamente un alegato de defensa sino una reiteración de lo ya expresado en aquella rueda de prensa previa a irse al grupo mixto del Congreso. Así que la sensación es que no desmonta de forma concluyente sino que alarga un relato.
La prueba documental aportada el último día tampoco valida el discurso expansivo de Aldama, que como los otros acusados está en su derecho de mentir al contrario que los testigos. Sin embargo, si se demuestra auténtico ese audio al igual que todas las conversaciones peritadas por la UCO y la Guardia Civil, no viene sino a reforzar la existencia de una presunta trama corrupta.
Mañana miércoles, tras leer el informe final la Fiscalía anticorrupción (que se prevé con escasas modificaciones), las partes expondrán sus conclusiones y el juicio quedará visto para sentencia. Tanto ésta como sus fundamentos jurídicos la aplicará el Tribunal Supremo en tiempo y forma, pero la impresión que da es que quien logre demostrar que su versión de lo ocurrido explica mejor los hechos será quien protagonice el desenlace del caso. Mi impresión personal es que los tres van a ser condenados, pero sin que Aldama logre reducir su pena de 7 a 2 años. Y, en cualquier caso, será una derrota para Sánchez que su Ministro, mano derecha y secretario de organización sea condenado, aunque desde Moncloa y sus adláteres mediáticos se venderá como un triunfo por haberlo apartado. ¿Y cuándo? Sólo cuando el pastel se hizo público más allá del aparato del PSOE.
