Zapatero imputado en el caso Plus Ultra: orígenes, investigaciones y acusaciones

La imagen del PSOE y el Sanchismo ha llegado a un punto tal de implosión por las investigaciones de presunta corrupción que es difícil llegar a tiempo de toda la actualidad. Del caso de las cloacas y la fontanería hablaré en otro momento que este todo más avanzado y analice todo lo pendiente. Hoy hablaré de lo referente a su santo y seña. El pasado 19 de mayo saltó la noticia de la imputación del ex Presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional investiga desde hace unos meses el caso Plus Ultra, una aerolínea sobre la que pivotan todos los casos de corrupción abiertos que afectan al PSOE. Coincidiendo con el levantamiento del secreto de sumario, tomó la decisión de imputar a Zapatero por presunta responsabilidad como comisionista en una trama criminal internacional de blanqueo de capitales. En la misma comunicación por la que facilitó un auto de 88 páginas por el que se justifican una serie de indicios y registros, la Audiencia le citaba a declarar para el 2 de junio. Incluso trascendió que para el mismo martes que le imputaron tenía previsto un viaje a Venezuela con "tres familiares" que presuntamente sería su propia familia, su mujer e hijas. Sin embargo, tras solicitud de su abogado para poder preparar con más tiempo la defensa y exponer su respuesta ante una investigación tan compleja solicitó un aplazamiento y se le concedió hasta el 17-18 de junio. 

El rescate de Plus Ultra y la primera investigación (2021-2023)

El origen se sitúa en el rescate público de 53 millones de euros concedido en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 a Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Esta última es una empresa pública adscrita al Ministerio de Hacienda y cuyo sentido, en teoría, es velar por la viabilidad de empresas que afecten al interés general de España. El primer papel conocido del ex Presidente en este tema sería su intento de mediación con el Ministerio de Transporte de Ábalos, para después actuar a espaldas del mismo. Es más, en declaraciones desde prisión a RTVE confirmó que Zapatero "le puentea y habla con el Secretario de Estado Pedro Saura", dado que él no estaba de acuerdo con el rescate. Por lo tanto, Zapatero tenía un interés muy especial. Pero la iniciativa partió de su amigo personal Julio Martínez, que sería quien quiso aprovechar la influencia del ex político. Este, del que hablaremos más adelante, sería el testaferro de Zapatero con un millón de euros sin declarar depositados en Miami.

Desde el primer momento existió una importante polémica política con el rescate porque la aerolínea tenía una cuota de mercado muy reducida y sufría insolvencia económica previamente a la pandemia. Concretamente, Plus Ultra operaba sólo con el 0,03% de los vuelos a España y arrastraba números rojos, con 17 años de antigüedad y tan sólo un vuelo a Venezuela (Caracas-Madrid). También arrastraba una deuda con la Seguridad Social de casi medio millón de euros, si bien tenía concedido un aplazamiento. En 21 abril, un mes y medio más tarde de la concesión, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid admitió una denuncia de Manos Limpias y se abrieron diligencias contra el presidente de la SEPI. Se alegaba que no quedaba acreditada la motivación de interés general para el millonario rescate, sino que apuntaba a una exclusiva motivación política y, sumado a eso, a una presunta malversación de fondos públicos. Meses después, el 22 de julio y cuando ya se habían aportado 19 millones de euros, el Juzgado ordenó a la SEPI no entregar los restantes 34 a la aerolínea tras una primera denuncia de PP y Vox por presuntas irregularidades en la justificación. Sin embargo, en agosto fue desbloqueada la cantidad al alegar peligro de quiebra la aerolínea, lo que no implicaba que el caso no se siguiese investigando. En otro orden, el Tribunal de Cuentas archivó una denuncia de Ciudadanos al no percibir desvío contable en el expediente.

En junio de 2022 rechazó el recurso de la parte acusada confirmando que la investigación seguía su curso. Sin embargo, la causa terminó siendo archivada en enero de 2023 por la jueza instructora entendiendo que no existían indicios de delito porque el procedimiento habría sido conforme al Real Decreto Ley 5/2020, de 3 de julio y a la Resolución de 1 de octubre de 2021 de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, así como que la entidad cumplía con los requisitos de elegibilidad y que no habría ocultado información ni intención de defraudar. A día de hoy, Plus Ultra no ha devuelto ni un euro del capital y planea una reestructuración del calendario de pagos. Sólo ha abonado los intereses.

Giro en el caso y remisión a la Audiencia Nacional (2024-2026)

En octubre de 2024 es la Fiscalía Anticorrupción quien presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional tras recibir solicitudes de cooperación internacional judicial de Francia y Suiza para investigar un posible entramado de blanqueo y cobro de comisiones. Específicamente fue en el marco de una propuesta de traslado de ocho toneladas de oro de Venezuela a Dubai y con el accionista mayoritario de Plus Ultra Rodolfo Reyes implicado. Pese a ello, la Audiencia Nacional decidió abstenerse porque se entendía falta de competencia y la derivó de regreso al mismo Juzgado nº 15 de Madrid. A esto se le sumó en otras instancias el caso Koldo y el de Mascarillas que aportaron más conexiones, surgiendo indicios relacionados con el dinero del rescate. 

Así que es el 12 de diciembre de 2025 cuando la Policía Nacional a través de la UDEF, detuvo a Julio Martínez Martínez, empresario y que se dedicó al negocio de las aerolíneas poco después del rescate y sin medios. Ojo, no confundir con Julio Martínez Sola que casualmente era el presidente de Plus Ultra pero no son la misma persona. Sus vínculos con Zapatero llegan hasta una reunión clandestina en un camino sin cobertura del monte de El Pardo en Madrid. Una exclusiva de Alejandro Entrambasaguas sobre un evento en el que además se trataba de un paso restringido por Patrimonio Nacional, que transcurrió protegido por dispositivos de seguridad y escoltas y que fue tan sólo 72 horas antes de la detención de Martínez. La sospecha fue un posible chivatazo de Marlaska. Otro detenido fue el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli. Al día siguiente ambos fueron puestos en libertad retirándoseles el pasaporte después de interrogarles y registrar la sede de Plus Ultra.

En febrero de este año 2026 fue la misma persona, Esperanza Collazos, que tres años antes había archivado el caso, quien decidió que por competencia, complejidad y nuevas ramificaciones debía de remitirse de nuevo el caso a la Audiencia Nacional. Ya era la intención de la Fiscalía Anticorrupción, dada la posible existencia de operaciones transnacionales y movimientos financieros en varios países. Concretamente se apunta a grandes cantidades de dinero procedente de actos de malversación cometidos por altos funcionarios de Venezuela. Dichos empleados del régimen de Maduro habrían estado desviando fondos públicos para alimentos básicos y de la petrolera venezolana PDVSA, formalizando ventas de oro e incluso exportando petróleo sorteando sanciones y bloqueos. Plus Ultra figuraría como beneficiaria de contratos de préstamo con varias sociedades de la organización criminal receptoras de ese dinero ilícito. Así que percibida la ayuda pública del rescate, en días consecutivos ingresaría la misma en cuentas del extranjero de sociedades de la trama. Además, Anticorrupción también habla de conexiones de una red clientelar con sociedades mercantiles que percibirían fondos para adquirir inmuebles, venta de oro por valor de 30 millones de euros a una empresa de Emiratos Árabes, transferencias a otras entidades en Panamá, Francia y Suiza e incluso el recurso a relojes de lujo para blanquear dinero. Todo esto informado a través de las citadas fiscalías suiza y francesa.

Es entonces cuando entra en escena el juez José Luis Calama, especializado en delitos económicos que aceptó la misma. Bajo secreto de sumario dictado por el mismo, la UDEF empezó a seguir transferencias, sociedades mercantiles y pagos de consultoría presuntamente conectados con el entorno de Zapatero y de hecho se fue prorrogando dicho secreto.

La implicación de Zapatero y familia

La primera alerta la suministró la Administración Biden cuando en 2021 retuvieron a Rodolfo Reyes en Miami, le intervinieron el teléfono y desveló conversaciones con Julio Martínez y referencias expresas a pedir ayuda a "nuestro pana Zapatero". Las fiscalías de Francia y Suiza hicieron el resto.

La investigación actual contra Zapatero se basa en pagos recibidos de Julio Martínez por supuestos servicios de consultoría (reuniones, viajes, informes de geopolítica, etc.) y que superarían los 490.000 euros en razón de 75.000 anuales a través de la sociedad Análisis Relevante, S.L. En marzo, en comisión de investigación del Senado, declaró que había cobrado 70.000 euros de Julio Martínez por servicios de consultoría.

Además, la agencia de publicidad Whathefav de las hijas del ex presidente percibió 239.000 euros de dicha entidad en concepto de servicios de diseño y comunicación online y otros 560.000 euros a dicha agencia por la firma venezolana Inteligencia prospectiva, la cual no consta que ejerciese actividad alguna. Pero lo peor de todo es que la implicación de esta agencia consistiría en realizar maquetación de informes ya elaborados (un PDF) para luego distribuir a una lista de clientes validada por su padre. Por lo tanto, el valor técnico añadido sería manifiestamente incoherente con el volumen de facturación declarado. La madre tampoco está al margen, pues una de las cuentas que recibió dinero de la trama y a nombre de la esposa Sónsoles Espinosa habría servido para cancelar una hipoteca por valor de 490.000 euros, que Zapatero quiso disfrazar con la venta de un inmueble en Aravaca. 

Estas cifras son más escandalizadoras si se sitúan en el contexto de que el ex Presidente habría cobrado el 45% de los ingresos totales de la sociedad y, mientras que de 2020 a 2023 había percibido la entidad más de 650.000 euros, en 2024 se hallaba en cierre registral al no haber depositado las cuentas. Sin embargo, no dejen de leer porque la cosa no acaba ahí. El detalle que explica la opacidad es que Zapatero habría percibido sus cantidades a través de una off-shore en Dubai denominada Landside y participada al 100% por una nueva sociedad de Julio Martínez. El modus operandi habría sido el siguiente:

La empresa Análisis Relevante S.L. se crea en febrero de 2020. Al año siguiente lo hace Idella Consulenza Strategica, administrada por el mismo Julio Martínez. A nombre de esta última, suscribió el 19 de enero de 2021 con Plus Ultra un contrato para percibir una comisión del 1% del rescate, es decir, 530.000 euros. Una semana después de la firma del contrato ya se inician gestiones para crear Landside. La inexistencia de cobros en España es un indicio para poner en alerta la instrumentalidad de dicha off-shore. Más aún porque esa cifra es muy similar a la acumulada que cobró Zapatero vía Análisis Relevante S.L. durante varios años. Todo esto fue descubierto gracias a la intervención de la UDEF. Además, el juez ordenó bloquear las cuentas bancarias de la familia como medida provisional ordinaria para garantizar la eventual responsabilidad.

También se reveló que Zapatero habría usado un piso propiedad del PSOE y situado en la propia calle Ferraz. La UDEF lo sitúa como el centro de coordinación, de instrucciones y operaciones financieras, societarias y documentales. Cualquier entidad que quisiera comprar petróleo, gas o minerales en Venezuela tendría que pasar por el trámite de este centro. Dicho despacho fue investigado bajo autorización de la Audiencia Nacional, del mismo modo que la oficina de la empresa de sus hijas incautándose ordenadores, carpetas y otros documentos. Como secretaria operaba Gertrudis Alcázar, que se considera pieza operativa esencial al llevar la gestión del correo electrónico mediante el que se realizaban las comunicaciones con el leit motiv de dar soporte documental ficticio. La misma se negó inicialmente a abrir una caja fuerte en la que se encontraron joyas de presumible alto valor y que se investiga si podrían ser objeto de un regalo en especie. Pero no menos significativo ha sido descubrir dos ordenadores con acceso a la red local del PSOE vía VPN. Sí, Zapatero y secretaria tenían línea directa con la base de datos del partido principal del Gobierno de España y sin ser ni cargo orgánico. Esto da una idea del poder que el ex presidente ostentaría.

Por último, se están destapando posibles actividades ilegales que no guardarían relación con las aerolíneas pero sí con el país más beneficiado por la compra ilegal de petróleo a Venezuela. Según El Confidencial, Zapatero creó en 2022 un gabinete prochino, Gate Center, con la ayuda económica del empresario Fangyon Du que fuera investigado por el CNI por presunto espionaje. De hecho, ese lobby habría ingresado más de un millón de euros a Zapatero y a sus hijas. Pero es que, además, la constructora Aldesa representada por el mencionado chino recibió contratos públicos por importe de 95 millones de euros destacando uno de 47 con ADIF y que conecta directamente con el caso Koldo y Ana Pardo de Vera. También se localizaron dos contratos de Whathefav con Huawei, con el misterioso nombre de uno de ellos como "oro azul", que hace referencia al coltán. Y lo que no es menos importante, Zapatero liquidó dos empresas pocos días antes de la investigación a Plus Ultra situadas en el mismo edificio donde había registrado su lobby.

Imputaciones de Zapatero

Los informes de la UDEF que constan en el sumario contienen múltiples indicios en comunicaciones de la trama que apuntan al protagonismo de Zapatero como parte activa y decisiva en aquélla, no como un simple engranaje, por lo que el Juez Calama le investiga por los siguientes delitos. Recapitulemos:

Tráfico de influencias. Se investiga si Zapatero habría mediado o presionado, directa o indirectamente, para facilitar el rescate público de Plus Ultra aprovechando su peso político, sus relaciones institucionales y su influencia sobre altos cargos o entornos gubernamentales. La sospecha no es sólo “aconsejar”, sino haber intervenido para obtener un trato favorable a cambio de beneficios económicos posteriores. En este punto llaman especialmente la atención las conversaciones entre Julio Martínez Sola y Rodolfo Reyes, que constan en el auto del juez al igual que una carta de Plus Ultra sobre la mediación para un préstamo con el Banco Santander. Tanto unas como otra mencionan a Zapatero y sugieren una colaboración más que estrecha con la aerolínea. Es más, habría conseguido seis vuelos Madrid-Caracas autorizados por Delcy Rodríguez antes del rescate y así crear apariencia de actividad. Por lo que afecta a Reyes, actual presidente de Plus Ultra, se emitió el 25 de mayo orden internacional de arresto.

Blanqueo de capitales. Zapatero habría estado estado moviendo fondos por varios países con la ayuda de diversas sociedades pantalla y testaferros, que según los informes de la ONIF del Ministerio de Hacienda (oficina nacional de investigación del fraude) podrían haber cometido fraude fiscal por un descuadre entre lo percibido en las cuentas y el volumen neto de negocios a cuenta del Impuesto de Sociedades. Ese dinero atribuido tendría su origen en presuntas comisiones ilegales por labores de "intermediación" y "consultoría". Posteriormente, esos ingresos irregulares serían trasvasados a mercantiles instrumentales mediante operaciones comerciales simuladas para reintroducir dichos fondos en el circuito monetario. Además, según el sumario, la UDEF encontró bolsas escondidas con más de 286.000 euros en efectivo en casa de Julio Martínez Martínez e igualmente entiende que la trama conectaría con la explotación de minas de oro y níquel de Venezuela, por unas conversaciones del anterior con unos empresarios. Este delito estaría estrechamente relacionado con los dos siguientes.

Falsedad documental. Aquí la sospecha es que existirían facturas, contratos de consultoría o documentos mercantiles utilizados para justificar pagos que no reflejarían servicios reales o se habrían elaborado para dar apariencia legal a los movimientos de dinero. Es más, sociedades de la trama habrían emitido documentación ficticia o inflada para encubrir comisiones. La UDEF entiende que, aparte del despacho, su propia residencia pudo ser base de las operaciones más sensibles y que la empresa de las hijas de Zapatero habría confeccionado facturación falsa destinada a dar apariencia legal a los movimientos financieros.

Pertenencia a organización criminal. Este es probablemente el delito más grave desde el punto de vista político. La Audiencia Nacional investiga una presunta estructura estable y coordinada (formada por empresarios, intermediarios y personas con influencia política), jerarquizada, con varias ramificaciones internacionales (Venezuela, China, EEUU, Emiratos Árabes Unidos) y dedicada a obtener beneficios ilícitos. No sólo entraban en juego contratos públicos y ayudas, sino también acceso a información privilegiada y compra de petróleo venezolano disfrazado con etiquetas de otros países como Malasia y refinado en República Dominicana. Y todo ello mediante movimientos financieros opacos. El rastreo del dinero permite a la UDEF detectar en España un esquema utilizado por el empresario Carlos Parra Delgado que replica y conecta con los canales de triangulación comercial internacional que originalmente diseñó la red de Alex Saab, testaferro de Maduro. Sin embargo, lo que aprecia el auto judicial es que sería Zapatero quién habría liderado (página 59) el funcionamiento de esa red consciente de lavado de dinero y no simplemente haber realizado actos aislados.

Consideraciones

La trascendencia institucional es enorme porque es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno español resulta formalmente investigado en una causa de corrupción de esta magnitud. Además, este caso conecta indirectamente con otras investigaciones que han erosionado al entorno del Gobierno y del PSOE en los últimos años, como son las derivadas del llamado Caso Koldo y el Caso Mascarillas, de cuya instrucción y juicio oral hablamos en este mismo blog.

No sólo es importante recoger indicios y pruebas de qué hacía la red y especialmente la persona de Zapatero para que aquella funcionase, sino también en relación a qué hacía para que no se supiera lo que estaba operando (borrado de mensajes, lenguaje en clave, alterar contratos, reuniones secretas...) y no sólo documentación falsa.

Venezuela ha sufrido años de corrupción sistemática y especialmente en los años del Madurismo. No le bastó a los gerifaltes con desviar dinero público sino que empeñaron su oro en busca de financiación y poder sortear sanciones de EEUU y la UE. Y Zapatero podría haber ejercido un papel clave que explicaría su actitud de blanquear hasta el más que evidente fraude electoral de 2024. Además, reforzaría las declaraciones del pollo Carvajal sobre su mina de oro o las de Koldo García a Eduardo Inda. Si todo esto se probase, más allá de lo relativo a Plus Ultra, la figura del ex presidente de la ceja sería mucho más siniestra y alargada de lo que jamás se ha creído.

Será imperiosa una investigación adicional (no sólo con su próxima declaración del 17 y 18 de junio) que profundice aún más un entramado terriblemente complejo. Y eso puede llevar años, dado el atasco de la Audiencia Nacional que ahora está con la vista oral de la Kitchen. Con todo, lo recopilado y publicado hasta ahora es tan extenso, documentado y justificado como sospechosos los movimientos que habría ejercido la red. Y muy especialmente los de Zapatero y las comunicaciones que, sin que él ejerza expresamente un "esta boca es mía" confluye todo en él. El aplazamiento evita el momento más esperado pero prolonga durante quince días más un goteo informativo que mantiene el caso en el centro del debate político.

Mientras tanto, asistimos a cómo los voceros de la opinión sincronizada se dedican a minimizar la envergadura de este caso. Todo porque afecta a su referencia de oposición a Aznar. Sin embargo, no todos se mantienen en el negacionismo o los bulos como la propagandística línea editorial de TVE, el brazo mediático más poderoso de Moncloa. Otros ya empiezan a desmarcarse, como en el otro brazo no tan desacomplejado que es la Sexta. Y es que llega a un punto tal que hay situaciones que si no consideran indefendibles del todo, al menos procedería darse el beneficio de la duda. Tener un poco de autocrítica y razonar algo.

Seguiremos hablando más aún de corrupción este mes y el siguiente. Y no sólo Sanchista.