Juicio a la Kitchen: la operación que espió a Bárcenas

Coincidiendo durante unas semanas con el juicio en el Tribunal Supremo del caso Mascarillas que afecta al PSOE de Pedro Sánchez, se ha venido desarrollando en la Audiencia Nacional el del caso Kitchen que implica al PP de Mariano Rajoy (2011-2018). Dado el complejo calendario de testigos, acusados y pruebas, por el camino se ha ido solapando otros escándalos de presunta corrupción socialista como los relativos a Zapatero (del que hablé recientemente) y a Leire Díez (de la que hablaré muy pronto). También ha tenido lugar la vista oral del hermano del Presidente, David Sánchez, del que igualmente hablé en este blog. Incluso surgió más información comprometedora contra Begoña Gómez (esposa del Presidente) que motivó hacer una actualización del post. Pues bien, al igual que analizo el entramado de corrupción Social-Sanchista que da para mucho que hablar, me interesa igualmente echar una mirada crítica a los últimos coletazos del marianismo. En primer lugar pondré de manifiesto los antecedentes y el contexto de este caso para a continuación examinar los principales testimonios de la vista oral, la prueba pericial y documental y las declaraciones de los principales acusados. 

Qué es la Kitchen: antecedentes de Gürtel y acusados

El llamado caso Kitchen es una pieza separada de la macrocausa policial conocida como Operación Tándem. Se centra en una presunta operación parapolicial ilegal en 2013 que se considera impulsada desde el Ministerio del Interior y con el supuesto objetivo de espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, sustraerle documentación comprometedora y especialmente sobre la caja B del partido, para finalmente evitar que dicho material llegase a los tribunales que enjuiciaban el caso Gürtel. Éste último investigaba la financiación irregular del PP y sobre la cual Bárcenas poseía documentos sensibles. Según las acusaciones Kitchen sería una operación de “guerra sucia” para proteger al partido desde las instituciones y se habría ejecutado sin autorización ni control judicial, financiada presuntamente con fondos reservados del Estado y usando policías y confidentes como el propio chófer de Bárcenas Sergio Ríos. Lo relevante aquí es que no es un supuesto de corrupción clásico, sino de corrupción para tapar corrupción.

La sentencia de la Audiencia Nacional (2018), confirmada por el Supremo, dio por probado dos cosas. Primero, un sistema de adjudicaciones públicas amañadas con percepción de comisiones ilegales a cambio de las mismas siendo el cabecilla Francisco Correa que fue condenado a 50 años. Segundo, que existía una contabilidad paralela (caja B) en el Partido Popular durante años al nutrirse de donaciones ilegales de empresarios. Ese dinero se destinaba a sobresueldos a dirigentes y pagos de obras (como la reforma de la sede de Génova). El ex tesorero Luis Bárcenas fue condenado a 29 años de prisión. Además el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo, dado que se entendió que se benefició económicamente como persona jurídica. En cambio, no se pudo probar del todo la implicación penal directa de la cúpula política, pues si bien la sentencia habló de una estructura de financiación irregular, no condenó a Rajoy ni ninguno de sus ministros. Con todo, se dio más credibilidad al testimonio de Bárcenas que al de Rajoy. Como sabemos, esta sentencia fue la que provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy mediante moción de censura express y expuesta por el diputado José Luis Ábalos, hoy procesado por corrupción y por el que piden 24 años de cárcel.

Antes de que el caso desembocara en juicio en la Audiencia Nacional en 2026, aparte de en la larga fase de instrucción, el asunto ya había sido interrogado en comisión de investigación parlamentaria. Sin embargo, este tipo de sesiones sólo sirven para fijar un relato político y rellenar titulares, sin ofrecer ninguna utilidad práctica. En el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional se sientan altos cargos políticos y policiales: el ex Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex Secretario de Estado Francisco Martínez, el ex DAO Eugenio Pino, el ex comisario José Manuel Villarejo, otros mandos policiales como Marcelino Martín-Blas y Andrés Gómez Gordo y el que fuera chófer de Bárcenas Sergio Ríos. La Fiscalía pide hasta 15 años de prisión para los principales responsables (a Villarejo 19), mientras que la AN debe determinar si hubo malversación de fondos públicos, prevaricación, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia y si se usaron recursos del Estado para fines partidistas. En resumen, el caso Kitchen gira en torno a dos preguntas ¿Se utilizó el Ministerio del Interior para encubrir corrupción política del PP? ¿Quién ordenó espiar a Bárcenas y con qué conocimiento político?

Vista oral: testigos policiales y políticos

Las primeras sesiones fueron técnicas con intentos de anular pruebas y cuestionar la competencia de la Audiencia Nacional. Se rechazó anular el juicio pero se limitó el objeto del proceso, dejando fuera elementos como el papel directo del PP o de ciertos dirigentes no imputados (Cospedal, como pedían las acusaciones). Las defensas intentan desvincular al nivel político, cuestionar pruebas clave y presentar la operación como actuaciones aisladas.

Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF denunció presiones para frenar o desviar la investigación de Gürtel y afirmó que intentaron apartarlo y desacreditar su trabajo. Apuntó a interferencias internas dentro de la Policía y en el contexto de obstaculizar investigaciones que afectaban al PP. Por tanto, conectó la lógica de Kitchen como operación de encubrimiento. Otro mando policial como el comisario Mariano Hervás de la UCAO (ahora UCO) confirmó actuaciones como el seguimiento a Rosalía Iglesias (mujer de Bárcenas) por orden de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) liderada por Eugenio Pino. 

Otros policías de menor rango aportaron detalles como la copia de dispositivos (móviles y tablets), el volcado de información fuera de dependencias oficiales y órdenes de borrar la información después. Instrucciones poco habituales cuando no directamente irregulares pero con detalles técnicos que apuntan a una operación real y atípica. Sin embargo, para otros testimonios esto no era una operación policial estándar, ya que no tenía autorización ni control judicial, se habrían usado fuentes infiltradas y accedido a información privada sin cauces ordinarios. Quedaba pendiente determinar quién ordenó la operación, hasta qué nivel político llegó y si fue una actuación coordinada o fragmentada, es decir, dirigida desde la cúspide política o con vacíos en la cadena de mando.

Bárcenas sostuvo que fue objeto de una operación de espionaje con para sustraerle documentación comprometedora que afectaba al Partido Popular y sugiere que había material sensible más allá de lo ya conocido públicamente. Así por ejemplo afirmó (obviamente sin pruebas) que habría perdido las dos copias de un audio en el que entregaba a Mariano Rajoy las anotaciones de la caja b y el saldo restante y el Presidente optó por introducir los papeles en la destructora. Ante todo mantuvo la tesis de la acusación de que Kitchen no era una investigación policial, sino una operación para proteger intereses políticos e impuesta desde arriba. Confirmó varios elementos clave como que su entorno fue vigilado y que se intentó acceder a información sensible. Vino a decir que una operación así difícilmente podría hacerse sin conocimiento político pero sin aportar pruebas técnicas ni evidencia directa de esa cadena de mando. En la misma línea, su hijo Willy señaló al chófer junto con sospechas de teléfonos pinchados.

Mariano Rajoy negó haber espiado a Bárcenas, destruido pruebas o recibido documentación confidencial, así como conocer la operación Kitchen. Comentó que rompió con Bárcenas cuando descubrió que tenía dinero oculto en Suiza y calificó la actuación objeto de juicio como una operación policial destinada a recuperar dinero oculto del propio Bárcenas, es decir en la línea de lo declarado por los mandos. Su intervención fue muy poco esclarecedora y se limitó a romper el vínculo entre política y operación policial. Y esto contrasta con un audio del número 2 de Interior Francisco Martínez en el que señala expresamente la iniciativa del propio Rajoy. Dolores de Cospedal siguió la misma estrategia, negando haber estado involucrada y respaldando la actuación del Ministerio del interior a pesar de que los audios de Villarejo la relacionan con el mismo. Similar respuesta esgrimió Soraya Sáenz de Santamaría afirmando no haber dado instrucciones ni al Ministerio ni al CNI incluyendo a Villarejo (al que supuestamente sólo interrogaba) y rechazando la existencia de una “policía patriótica” bajo su responsabilidad (estaba a cargo del propio CNI). A este respecto fue coherente Félix Sanz Roldán, ex director del CNI siendo rotundo en su rechazo a que este organismo participara "ni por acción ni por omisión", en el sentido de que ningún Gobierno le solicitó nada y actuaron con arreglo a la Ley.

El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, era director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad cuando se produjeron los hechos investigados. Declaró tanto desconocer la operación como recordar ningún pago de fondos reservados vinculado a la misma. También admitió que no se realizaron auditorías específicas sobre estos fondos, incluso tras aparecer las primeras informaciones en prensa sobre la trama. Aun así, apuntó como responsable al DAO Pino.

El empresario Javier Pérez Dolset acusó indirectamente a Cospedal y a Fernández Díaz al reseñar una conversación mantenida con Francisco Martínez (no soportada en audio grabado) en la que supuestamente éste le comunicaba que recibía instrucciones de los anteriores. Además, señaló la existencia de un chat llamado "la compañía" como fuente de filtraciones. Dolset conformaría un equipo de personas para desencriptar los audios de Villarejo y presuntamente fue presionado para no compartir esa información con los partidos de la oposición. Sin embargo, este testimonio indirecto no es prueba directa y su credibilidad requiere una innegable corroboración. Y por cierto, este señor está implicado en el caso Leire Díez del que hablaremos la próxima semana.

Prueba pericial: reproducción de audios

Esta fase estaba prevista para ser posterior a las declaraciones de los acusados. A consecuencia de una operación quirúrgica de Villarejo se optó por adelantarla y retrasar dichas declaraciones hasta que concluyese aquélla aproximadamente a finales de mes. Esto ocasionó que el juicio oral a los acusados ya no se centraría en relatos sino en pruebas. ¿Maniobra estudiada de Vallejo o casualidad? El caso es que buena parte del material incautado a Villarejo seguía inaccesible o encriptado, limitando las pruebas disponibles pero con la sensación de que aún pudiese existir material comprometedor no conocido.

Enrique García Castaño fue uno de los pocos implicados que reconoció parcialmente la existencia del operativo en 2019 apuntando al Ministro del Interior como origen del operativo. Sin embargo, fue excluido de esta causa por un ictus en 2022. Lo reproducido en sala no apuntó mas allá del Secretario de Estado, al revelar seguir instrucciones tanto del DAO como de Francisco Martínez para presuntamente sustraer documentos a Bárcenas y ocultárselos al juez Ruz, instructor del caso. Dicho audio contrasta con declaraciones emitidas en la instrucción en las que, modificando su versión pasó a asegurar que Martínez sí le había efectuado órdenes expresas y García Castaño facilitado documentación en formato de disco duro extraíble.

Los siguientes días se reprodujeron varios audios de Villarejo. En uno de ellos se le escucha al comisario manifestando que Bárcenas abonaba 10.000 euros mensuales a Rajoy. Esa afirmación conectaría el móvil político de la operación Kitchen con la caja B, pero no acredita pagos reales ni implica al aludido sólo por esa expresión. Su único valor sería mantener la coherencia de las declaraciones que emite. Pero sin más soporte esto refuerza más a las defensas en el relato de que Villarejo grababa compulsivamente mezclando información real con exageraciones y tenía intereses propios, por lo podrían catalogarlos de rumores o incluso fanfarronería operativa. Es decir, lo mismo de lo que el PSOE ha acusado a Víctor de Aldama. En otro audio más relevante se escucha a Cospedal hablando con el comisario y pidiéndole "parar con lo de la libretita", lo que automáticamente recuerda a la libreta de Bárcenas. Aquí ya no son interpretaciones del comisario, sino una conversación directa entre una dirigente política de primer nivel y el principal operador policial del caso. Esto no prueba por sí solo que Cospedal ordenara Kitchen o dirigiese espionajes, pero sí refuerza la relación existente con Villarejo, el interés político en controlar información de Bárcenas y la preocupación por documentación sensible. 

A estas alturas, la duda no era tanto si existió la operación sino qué nivel político conocía o impulsaba actuaciones relacionadas con Bárcenas, pues seguía faltando la pieza decisiva de una orden explícita clara y jurídicamente incontestable. No obstante, esta fase de prueba estaba erosionando la idea de que el entorno político del PP era completamente ajeno a Villarejo y a las preocupaciones que motivaban Kitchen, sin perjuicio de que cada audio aislado tenga límites probatorios.

Declaraciones de los principales acusados

Francisco Martínez matizó y contextualizó reconociendo parcialmente la operación. Aseguró que Villarejo le comunicó que se reunió con el CNI y a dicho centro le informó de Kitchen aportándole información y fuentes. Esto contradice la tajante versión de Félix Sánz Roldán antes mencionada. Por lo demás, evitó asumir la autoría operativa rechazando ordenar espionajes o pagos a colaboradores policiales. Por su parte, Jorge Fernández Díaz pasó directamente a rechazarlo todo diferenciándose de Martínez en que aseguró no conocer la operación ilegal, que sólo se habría enterado por la prensa y cuestionó abiertamente la credibilidad de Villarejo por presuntas declaraciones exageradas. De esa manera, Fernández Díaz trató de dibujar un contexto de actuaciones policiales opacas y de ausencia de responsabilidad penal ministerial manteniendo el choque de narrativas de operación política para controlar a Bárcenas vs. actuaciones policiales aisladas sin control ministerial. Con todo y tras lo acumulado, no sonaba demasiado creíble que no tuviese conocimiento de todo esto e igualmente que el anterior no participase de alguna manera. Sin embargo, pese al contraste de versiones no existió ninguna acusación cruzada.

Eugenio Pino afirmó que existiera Kitchen, pero no la calificó como un servicio político para proteger al PP sino una operación de inteligencia policial para localizar el dinero oculto de Bárcenas, seguir el rastreo del dinero en Suiza y obtener información patrimonial para las investigaciones en curso. Por tanto, trató de asentar una finalidad legítima acorde con lo expresado con los testigos policiales y el propio Rajoy. También comentó que fue Villarejo y no Martín-Blas quien se hizo cargo de captar al chófer Sergio Ríos como colaborador, admitiendo el uso de fondos reservados porque "le teníamos que pagar algo". Por otra parte, exculpó a los dos anteriores señalando que no les informó de nada. En cualquier caso, no aclaró por qué se actuó al margen de autorizaciones judiciales y con dispositivos personales. En cuanto a Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, negó que conociera la operación contra Bárcenas ni a través del DAO hasta el momento de su imputación. Al tiempo, afirmó que las actividades de seguimiento no aparecían registradas en bases de datos y por lo tanto no siguieron los procedimientos ordinarios de control y trazabilidad. Por tanto, no entró en la finalidad ni en la dirección de la operación, sino en la legalidad del procedimiento y se exculpó. Andrés Gómez Gordo, comisario y asesor con Cospedal, fue coherente con las declaraciones anteriores y se limitó a defender la legalidad de la operación y su seguimiento de órdenes jerárquicas, desplazando cualquier incidencia a la responsabilidad individual de sus superiores.

El ex comisario Villarejo apuntó directamente a arriba y acusó a Rajoy de beneficiarse políticamente y de utilizar al Ministro y al Secretario de Estado. Matizó que si bien la operación nació con el fin legítimo que el anterior alude, se transformó en una operación para proteger al PP. También confirmó que no informó a Fernández Díaz pero sí a Francisco Martínez, admitiéndole que Bárcenas disponía de documentación sensible y que había "fichado" a Sergio Ríos. Apuntó también al ex Director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aludiendo a su especial interés en sustraer esa documentación a Bárcenas y a Cospedal como preocupada por la "libretita" a que aludía en los audios. Lo más significativo fue que deslizó que dicha libreta podría haber sido confeccionada expresamente para filtrarla a los medios. En definitiva, encuadró las actuaciones policiales en el marco de intereses superiores ajenos a la Ley. 

Finalmente, Sergio Ríos centró su declaración en que desconocía que los 48.000 euros que percibió provenían de fondos reservados de forma ilícita, alegando que creía estar colaborando en una investigación oficial de la Policía Nacional para localizar bienes ocultos de la familia Bárcenas. De esta manera, desplazó la responsabilidad eventual a la cúpula de la Policía.

Consideraciones y perspectivas de condena

Una vez más, como siempre recalco en los posts en los que se trata de corrupción y muy especialmente de procesos judiciales, habrá que aguardar a la sentencia que aclare la naturaleza de la operación y quiénes resultan condenados. Escuchados los testigos, la prueba documental y buena parte de los acusados, parece acreditada la existencia de una operación extrajudicial dirigida al entorno de Bárcenas. Lo que deberá determinar la sentencia es si nació con una finalidad legítima de inteligencia policial y posteriormente derivó en actuaciones ilícitas o si esa finalidad irregular estuvo presente desde el principio.

Hasta la fecha no ha aparecido una prueba concluyente que vincule directamente a Rajoy y tampoco una orden explícita atribuible a Fernández Díaz. Varios de los acusados han defendido que la iniciativa nació en ámbitos policiales y posteriormente fue conocida por instancias superiores, es decir, que no habría sido impuesta desde arriba sino que nació abajo y habría escalado. La cuestión que deberá resolver la sentencia es hasta dónde llegó ese conocimiento y si existió algún tipo de autorización, consentimiento o tolerancia por parte de responsables políticos. Porque eso determinará el grado de condena. Partiendo de esta consideración, puedo estimar que todos los acusados relacionados con la Policía serán condenados. Sin perjuicio de ello, resulta complicado pensar que estas actuaciones se hagan sin ningún tipo de conocimiento ya sea constante o parcial de niveles políticos. La dificultad jurídica reside precisamente en distinguir entre sospechas, inferencias lógicas e indicios suficientes para fundamentar una condena, porque esa es la frontera que va a tener que cruzar la Audiencia Nacional.

Villarejo es considerado un personaje por opinadores de un lado y de otro, pero mientras que parece dársele credibilidad en casos favorables al propio sesgo político, se le niega en otros como en el famoso careo con Javier Ruiz en directo en TVE. Su situación procesal y las penas a las que se enfrenta hacen difícil determinar hasta qué punto sus declaraciones responden a una estrategia de defensa, a un intento de ajustar cuentas con antiguos colaboradores o simplemente a su propia interpretación de los hechos Sus detractores le achacan que aparte de modificar versiones mezcla a menudo hechos acreditados con interpretaciones propias. Por ejemplo, las polémicas declaraciones por las que vinculó a Francia y Marruecos detrás del 11-M. Entres sus antecedentes y su estilo habitual complica que sus testimonios se revistan de la coherencia, continuidad y verosimilitud. Y es por eso por lo que comentarios como que disponía de audios contra Rajoy no añaden nada sino que alimentan su propia leyenda.

En definitiva, conforme avanzó el juicio, la discusión dejó de centrarse en si Kitchen existió y pasó a centrarse en quién la ideó, quién la autorizó y quién conocía realmente su naturaleza. La existencia de Kitchen ha quedado como un elemento incuestionable. Lo relevante para la resolución del juicio es quién la impulsó, quién la conocía y con qué finalidad se desarrolló.