Antecedentes. Los contratos mayores de prótesis (2016-2023)
Las prótesis que centran la investigación son unos tapones de embolización que se usan para reducir el flujo sanguíneo en arterias pequeñas. De esa manera, se tratan problemas agudos y crónicos como aneurismas, hemorragias o tumores vasculares en contexto de cirugías complejas. Por tanto, su importancia es capital a efectos de evitar la rotura de vasos sanguíneos.
En 2016, el SMS ya gestionaba contratos centralizados de prótesis vasculares mediante acuerdo marco y compras especializadas. Por tanto, la central ya concentraba una importante capacidad de decisión y especialmente en productos de alto coste, pero por aquél entonces no se detectaron indicios de irregularidad. El valor estimado del expediente contractual fue mucho menor que el posterior, de 457.760 € y de ocho lotes formalizándose los contratos en febrero de 2018. Dos de esos lotes fueron adjudicados a una de las empresas bajo la lupa actualmente, Logimed, por 24 meses ampliables a otro dos más.
Fue en febrero de 2022 cuando se volvió a convocar mediante procedimiento abierto el nuevo contrato de prótesis óseas con destino a los hospitales regionales por 3,2 millones de euros y dividido en once lotes. Cada contrato de lote era prorrogable a otro dos años más y se incluían injertos óseos, biomateriales y productos quirúrgicos especializados. Mediante Resolución de la presidenta de la Junta de Contratación del SMS, se adjudicaron los lotes el 21 de diciembre de dicho año, formalizándose los contratos en 30 de enero de 2023. En este enlace del perfil del contratante se localiza la documentación del expediente del contrato mayor de Suministro de prótesis valvulares con destino a los centros sanitarios dependientes del SMS.
En los últimos años, el SMS ha impulsado numerosas licitaciones millonarias en materia de logística, material de laboratorio, medicamentos, material oncológico, cirugía robótica... incrementándose sustancialmente el volumen económico gestionado vía contratos mayores de suministros. Consecuentemente, se ha concentrado un relevante poder administrativo en la central de compras. Hay que señalar dos cosas, primero la gran fragmentación en lotes dada la existencia de categorías técnicas complejas y suministros altamente especializados. Es algo completamente normal en Sanidad, dada la necesidad, por ejemplo, de adaptar productos a especialidades médicas concretas. Pero los lotes pueden diseñarse bien de forma abierta o muy específica. En el peor de los casos, los contratos por lotes técnicos especializados permiten potencialmente diseñar requisitos muy concretos, limitando la competencia real y favoreciendo productos específicos ya sea por compatibilidad con instrumental, composiciones químicas, métodos de implantación, etc.... Esto nos conduce a la segunda nota, que es la aparente dependencia de proveedores concretos, dado que existen pocos licitadores o en ocasiones sólo uno, redundando en una baja competencia efectiva en algo tan sensible como la tecnología sanitaria. Esta es una circunstancia que no tiene por qué ser achacable a los pliegos, pero da una idea de la situación del mercado.
De la investigación interna a la UDEF (2024-2025)
En noviembre de 2024, se dió a conocer que el SMS abrió una investigación interna a consecuencia de una auditoría encargada en verano de aquél año a los propios servicios de inspección de la Consejería de Salud y que detectó significativas irregularidades. Con motivo de la adquisición de suministros de prótesis valvulares, se habría disparado el coste en más de 700 mil euros en sólo el año 2023, es decir, de 400.000 euros a un millón cien mil que constituye el triple. Un entramado protagonizado por un facultativo (médico cirujano en el hospital público de La Arrixaca), un funcionario A-1 de la Unidad de Aprovisionamiento (contratación) y el representante de una empresa, estarían detrás del presunto fraude. El segundo, junto con un jefe de sección y un radiólogo estarían desde entonces suspendidos de empleo y sueldo mediante expediente disciplinario como medida cautelar. El cirujano, por su parte, se acogió a una excedencia. En cuanto a la empresa, se inició un procedimiento administrativo para exigirles el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. Desde entonces, la Consejería colaboró con la Policía Nacional a través de la Jefatura Superior de Murcia del mismo modo que aportó documentación a la Fiscalía y varios centros de titularidad privada y concertados con el SMS estarían también bajo sospecha.
En enero de 2025, el caso llegó a la UDEF y, examinando los sistemas contables, detectaron una actividad administrativa presuntamente fraudulenta. Personal funcionario con responsabilidad en la central de compras y facturación del SMS habría sido cómplice de introducir datos falsos aprovechando los puntos débiles del sistema informático y bajo las instrucciones del entramado al que ellos mismos pertenecerían. El objetivo habría sido blanquear productos sanitarios no autorizados - al no existir en el catálogo - usando códigos que pertenecían los que sí estaban aprobados. Aprovechaban entonces para establecer unos elevados precios de compra desplazando los homologados que tenían un coste muy inferior, afectando no sólo a las mencionadas prótesis sino a material sanitario fungible. Además, la ausencia de licitaciones públicas habría favorecido todo tipo de negociaciones secretas entre la empresa y los empleados públicos, constituyendo por tanto el caldo de cultivo para todo tipo de actos absolutamente contrarios a la Ley de Contratos del Sector Público y a la ética que debe de presidir la actuación del funcionario.
Concretamente, desde la UDEF se advirtió que, en las operaciones médicas que fueron derivadas desde el SMS a centros privados concertados, se habrían abonado sobrecostes de hasta un 1.287%. Lo peor es que se habrían facturado por servicios que realmente debían de ser gratuitos, por material sanitario no utilizado e incluso productos sanitarios caducados. De esa manera no sólo se estaría hablando de falsedad documental, de malversación de fondos públicos y la existencia de una organización criminal, sino de un delito contra la salud pública de los murcianos.
Fase de instrucción judicial e investigación de la trama (2026)
El 27 de febrero de 2026 es cuando se hace público en la prensa regional, aludiéndose a un desfalco en sobrecostes cercano a 5 millones de euros. Pero no es hasta mayo cuando sucede la detención, autorizada por el Tribunal nº 7 de Instrucción de Murcia, de 11 personas incluyendo funcionarios, médicos y comerciales y elevando el fraude a 6,8 millones. Además, también se menciona expresamente a la mercantil Logimed, radicada en Valencia como la empresa suministradora que estaría detrás del fraude, a Sergio D. como el comercial que operó en su nombre y a un médico cirujano del hospital público de La Arrixaca que habría participado en el entramado. El facultativo, de nombre Rubén T. ha sido puesto en libertad condicional, se le ha retirado su pasaporte y, al igual que a los restantes investigados, se le han bloqueado sus cuentas, propiedades y vehículos.
El fraude podría haberse gestado desde la misma tramitación del contrato. La UDEF sospecha en su atestado que se podrían haber manipulado los pliegos del concurso. Se acusaría de arbitrariedad al referirse a unos e-mails de 2022 que un funcionario de contratación, Vicente F. le enviaría a Sergio, el comercial de manera que le facilitaría adjunto el borrador de los pliegos del concurso de endoprótesis de orta para su revisión. En las respuestas, va realizando modificaciones e incluso alterando lotes para después remitirse al Jefe de Sección. Por otra parte, también entiende que existió un procedimiento de "homologación" acelerado para que se adjudicasen códigos SAP de facturación a los productos, puesto que para ello deben de materializarse unos trámites y autorizaciones que jamás se abordaron ni solicitaron.
También se sospecha que los investigados habrían desviado dinero de sus cuentas, para lo cual se valora solicitar informe a la Agencia Tributaria e incluso abrir una pieza separada. Sin embargo, aparte del destino, tampoco estaría mal investigar cuál sería el origen. Por ejemplo, el cirujano ingresó entre 2019 y 2025 de más de 500.000 euros para al final del año disponer de poco más de 5.000. Además, en dos años compró hasta 3 vehículos. El jefe de sección de la Arrixaca abonó al banco con carta de pago 300.000 mil euros. El jefe de servicio de la UAI adquirió un inmueble abonando 150.000 euros "a tocateja" y el resto financiado. El jefe de sección y su esposa multiplicaron por 7 sus saldos bancarios. Finalmente, el comercial y su esposa, aparte de su propia empresa, vieron reducidas en más de un 70% sus cuentas en el último año sin que se halle explicación alguna. O sí, que podría estar detrás de todos estos casos lo que cualquiera que no se haga el loco... Pensaría.
Investigación interna y policial de las prótesis caducadas
Se descubrió que Logimed operaba con un intermediario denominado Dycom Risk, S.L. y que el hospital concertado al que la Arrixaca habría derivado los pacientes durante estos cinco años post-Covid se habría embolsado más de 8 millones de euros de las arcas del SMS y en concepto de procedimientos quirúrgicos de las listas de espera, de acuerdo con la información obrante en el Portal de Transparencia que el propio SMS comunicó en cumplimiento de la Ley. Hasta la fecha no existen indicios de ilegalidades en dicho centro. Que por cierto, se ha difundido el rumor de qué hospital concreto es, pero como ningún medio lo menciona expresamente, no lo indicaré.
Sin embargo, existe cierto choque de versiones que ha motivado activar una investigación paralela. Por un lado, la Policía sostiene, como se ha mencionado, que pudieron utilizarse productos caducados y material no homologado. Así lo considera tras detectar en atención a correos electrónicos que los implicados reconocerían ser conscientes de la facturación de productos caducados. A final de mayo, habiendo analizado un 8% de las intervenciones realizadas por el cirujano, aseguraron haber constatado la implantación de un stent caducado de un mes respecto de la fecha de la operación. Esto contradice la versión de la Consejería de Salud que aseguró que no constaba evidencia de implantes caducados en pacientes y que el fraude habría sido exclusivamente económico. Para curarse en salud (y nunca mejor dicho), ya anunció en febrero la revisión urgente individualizada de 378 pacientes intervenidos para terminarla antes de septiembre. Todos ellos fueron atendidos por Rubén T. entre mayo de 2018 y noviembre de 2025 previa derivación de La Arrixaca a un hospital concertado. En una primera muestra de cinco casos catalogados como sospechosos al haber sufrido infecciones posteriores se descartó que se hubiesen utilizado prótesis caducadas.
En declaraciones a RTVE, una persona dio su testimonio de que su padre fallecido en 2022 habría sufrido una infección derivada de una presunta prótesis caducada. En información al medio Eldiario.es, esa misma persona matizó sus palabras en el sentido de que su padre no fue operado por el detenido, sino por su equipo y además en La Arrixaca y no en un centro concertado. Por ello y no habiéndose demostrado la caducidad de aquélla prótesis prefiero ser prudente. Pero con este caso tampoco habría que dejar de estar alerta.
Reacciones ante el escándalo: CARM, oposición, entidades sociales, acusado y defensa
La CARM se ha personado como parte perjudicada y por lo tanto podría solicitar diligencias de investigación y participar en el juicio a efectos de reclamar indemnizaciones. Al mismo tiempo, sigue trabajando para recuperar el dinero presuntamente defraudado y el ex Consejero de Sanidad Juan José Pedreño aseguró que los procedimientos de reintegro antes citados les habían reportado hasta la fecha la devolución de 300.000 euros de dinero público por la actividad fraudulenta reportada entre 2018 y 2024. Y digo ex Consejero porque antes de que acabase el mes lo destituyó López Miras en una remodelación a un año vista de las elecciones de 2027, siendo reemplazado por Isabel Ayala que hasta entonces era la gerente del propio SMS.
La oposición del PSOE y Podemos han aprovechado para desenfocar la naturaleza administrativa del caso y proyectarla al nivel político. En el caso de los socialistas han anunciado que se personarán como acusación particular en el juicio y, al mismo tiempo, solicitarán la comparecencia de la Consejera en una comisión de investigación en curso sobre presuntas derivaciones irregulares a la Sanidad concertada. También acusan a López Miras de no haber dado explicaciones. Vayamos por partes. Primero, no existe a día de hoy ningún indicio ni tan siquiera insinuado por la UDEF de que cargos por encima del Jefe de Servicio estén implicados o hayan tenido conocimiento del caso hasta la auditoría mencionada. Segundo, las acusaciones de que la política de concierto sanitario tenga que ver con la derivación quirúrgica de operaciones con prótesis son igualmente infundadas. El foco de lo investigado está en los sobrecostes de suministros, mientras que la propia CARM rastrea si pudo haber algún perjuicio para pacientes. Pero el problema de fondo no es que existan conciertos sanitarios con hospitales, sino que un agujero de gusano en la contratación pública por culpa de la corrupción administrativa.
En el ámbito de entidades sociales, la Unión de Consumidores de España (UCE) se ha personado también como acusación popular después de que, según han informado, 300 personas a las que se les intervino con prótesis se hayan dirigido a ellos. Desde su posición, exigen también la intervención del Consejo Asesor de Salud.
El medio El Español entrevistó a Sergio, el ex comercial cuyo contrato se rescindió a raíz del estallido del caso. Negó ser el cabecilla de la operación señalada por la UDEF alegando su incompetencia para decidir lo que se contrata en la Administración. Se definió como "cabeza de turco" y se justificó en que, por razones de urgencia y dada la lentitud burocrática, se utilizaron códigos de productos "similares" ya homologados para adquirir los suministros. Por tanto, la versión de Sergio es que se recurrió a una irregularidad administrativa cometida por funcionarios por necesidad asistencial y adaptación práctica. En cuanto a los sobreprecios, sus respuestas sugirieron nuevas contradicciones. Se basó en que no existía contrato marco y que tenía que someterse al "libre mercado", así como que los plazos de pago del SMS eran a dos años vista y que afectaría al precio final. Una explicación que resulta muy difícil de conciliar con los sobreprecios detectados por la investigación, que en algunos casos habrían alcanzado el 1.287%. Y sobre las prótesis caducadas, descargó cualquier responsabilidad señalando que existen múltiples controles para ello (almacén, servicios hospitalarios, quirófano, trazabilidad posterior...). Sin embargo, esta explicación choca con algunos de los correos electrónicos incorporados a la investigación, en los que se hace referencia expresa a material próximo a caducar o ya caducado, circunstancia que la UDEF interpreta como un indicio relevante de la trama. Por último, respecto de la evolución súbita de su patrimonio se limitó a asegurar que las compras inmobiliarias eran "inversiones normales" y que todo lo que había ganado de autónomo estaba declarado.
En cuanto al abogado del acusado de la empresa, Alí Martínez, ante los 112 folios de la UDEF, negó rotundamente las irregularidades y comunicó que solicitará una auditoría para demostrar que no ha existido desfalco. Justificó las variaciones del catálogo porque los médicos solicitaban "productos novedosos" que no estaban incorporados a la base de datos de la Región de Murcia y que fueron facturados correctamente. También rechazó que fuese cierto que se implantasen prótesis caducadas en la misma línea que su defendido. Finalizó sus declaraciones aludiendo a una supuesta "mano negra" con interés y afirmando que solicitará el archivo de la causa.
Consideraciones
Como funcionario y empleado público que soy, no puedo sentir más vergüenza ni indignación de pensar que otros iguales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la que pertenezco, pudieran haber participado en semejante fraude y delitos. Respeto las posiciones del abogado de la parte acusada, que evidentemente parten de su rol de defender a su clientes. Sin embargo, con la información que disponemos, me inclino a darle más credibilidad a un informe tan extenso de la Policía Nacional a través de la UDEF. Aún no puede demostrarse que hayan percibido comisiones, pero si se confirmasen judicialmente los indicios recogidos por la investigación, estaríamos hablando de una malversación de fondos públicos de ingente valor. No es justificable que se esconda el valor antieconómico de unos suministros en el carácter "novedoso" de esos productos y el único interés privado que habría menoscabado el interés público protegido por las Leyes sería precisamente el de la empresa y el de los funcionarios implicados. Por lo tanto, en base a la información recogida y en lo que se espera del funcionariado, no puedo sino manifestar mi completa desaprobación ante estos presuntos comportamientos.
También debo señalar que me resulta especialmente llamativo que nadie detectara antes anomalías en la tramitación de estas compras, particularmente en lo relativo al coste de los suministros. Según la información conocida hasta ahora, fue una auditoría interna realizada en 2024 la que permitió aflorar las irregularidades que posteriormente dieron lugar a la intervención de la Fiscalía y de la UDEF. Sin embargo, la propia investigación sitúa el origen de la presunta trama varios años atrás, al menos desde 2018 y, en cualquier caso, durante un largo periodo que incluye la pandemia.
Precisamente por ello, una de las cuestiones que más me inquietan no es solo qué ocurrió, sino por qué tardó tanto tiempo en detectarse. Resulta difícil comprender cómo unos sobrecostes de semejante magnitud, una supuesta utilización irregular de códigos de catálogo y una operativa que habría afectado a cientos de procedimientos pudieron mantenerse durante años sin que ningún mecanismo interno de control activara antes las alarmas. No afirmo con ello que existan más responsables ni mucho menos que deban señalarse cargos políticos sin pruebas, algo que rechazo de forma expresa. Pero sí considero que una investigación rigurosa debe llegar hasta donde sea necesario para aclarar no solo quiénes participaron presuntamente en los hechos, sino también por qué los sistemas de supervisión no lograron detectarlos antes.
Porque, al margen de las eventuales responsabilidades penales que puedan determinar los tribunales, sigue existiendo una pregunta que merece respuesta: si las irregularidades eran tan graves como sostiene la investigación, ¿por qué hubo que esperar hasta 2024 para descubrirlas?
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