España ante el invierno demográfico y la sostenibilidad de las pensiones

Las sociedades modernas se enfrentan a un reto de futuro como es el envejecimiento de su población y la necesidad de darles servicios no sólo para mantener sus pensiones sino también otros servicios mientras la población joven y que en buena parte sostiene esos gastos es cada vez menor. A este fenómeno se le llama invierno demográfico y, en el peor de los casos, generaría un futuro distópico en el que los ancianos sean una amplia mayoría. En España, diversos informes advierten que el gasto en pensiones supera ya los 200.000 millones de euros anuales, mientras que las transferencias estatales han subido a alrededor de 50.000 millones al año. Esto ha motivado que la deuda de la Seguridad Social se haya disparado en los últimos años con un déficit preocupante y se ponga en tela de juicio la sostenibilidad del sistema. De esa manera, en el presente artículo voy a analizar hasta qué punto se está asistiendo a un reemplazo demográfico, qué efectos puede tener la inmigración, qué soluciones o modelos se han estado aplicando en Europa para reaccionar y combatir esos efectos adversos y finalmente qué propuesta de mejora son clave desde este mismo presente.

La tendencia demográfica

En el cuarto del siglo XXI que llevamos transcurrido, España ha experimentado un envejecimiento demográfico más acusado tanto en términos absolutos como en peso relativo sobre la población total. Con arreglo a los datos obrantes en el INE desde el 1 de enero de 2002 hasta el 1 de enero de 2025 la población total en España se ha visto incrementada en 8 millones de personas pasando de 41 a 49. Pero también podemos ver cómo en concreto la población mayor de 65 años ha pasado de ser un 17,01% a un 20,71%. Esta población se ha incrementado en 3 millones de personas, pero resulta especialmente llamativo que se haya triplicado el número de personas mayores de 90 años, constituyendo al mismo tiempo una interesante señal de lo que ha mejorado la esperanza de vida con los avances sanitarios. En cuanto a la población en edad de trabajar, matizando que con arreglo a los grupos de edad establecidos computan desde los 20 años, ha pasado de ser un 62,48% a ser 60,87% pese a que haya aumentado en más de 4 millones de personas. En cuanto a la población joven (menor de 20 años), ha pasado de ser un 20,05% un a ser un 18,40% con un incremento de poco más de 600.000 en 23 años. Por lo tanto, estas cifras dejan una evolución de la pirámide de población tal que así.

Como vemos, la pirámide de población se está ensanchando en edades superiores mientras se frena en las edades jóvenes, señal de que existen menos nacimientos en España. Esto podemos comprobarlo en el siguiente gráfico, con un interesante pico en 2007 que pudo deberse, aparte de la época de expansión económica con el auge del mercado inmobiliario al famoso "peque cheque" con el que el Gobierno de España pagó ayudas de 2.000 euros por nacimiento. Desde la crisis económica de 2008 y las sucesivas que han ido viniendo, la cifra de nacimientos en España no ha dejado de decrecer.

La cuestión es que desde 2025 se estarían jubilando la mayor parte de las personas nacidas en la década de los años sesenta, la conocida como la década del "baby boom" en que España comenzó a experimentar un crecimiento económico derivada de la entrada de capital extranjero y el auge del turismo. Ello, unido a una cultura social de traer hijos al mundo para beneficiarse tanto de ayudas como, en ocasiones, nueva mano de obra al entorno familiar, favoreció un incremento exponencial de la población nacida en España. Por lo tanto, toda esa gente constituye un número importante de personas que pasaría a engrosar los listados de pensionistas. No existen datos anteriores a 1971, pero sí podemos decir que en 2002 existían en España 6,5 millones de personas residiendo en España y nacidas entre 1960-69 y a día de hoy son 6,8 millones. Por lo tanto, la cifra de aumento de pensionistas a diez años vista supera el doble de lo experimentado en más de dos décadas.

Por lo tanto, se juntan factores como la baja natalidad, el menor tamaño de las nuevas generaciones, la esperanza de vida elevada y la jubilación progresiva de las generaciones nacidas en el baby boom. El problema de este cambio es que ya está afectando a las pensiones, servicios de dependencia, Sanidad, mercado laboral, vivienda y financiación pública generando importantes tensiones.

El papel de la inmigración

Cuando analizo la inmigración, en este blog siempre trato de tener una mirada crítica pero huyendo de simplicismos, es decir, de los discursos categóricos de tanto "la inmigración lo arregla todo" como del "gran reemplazo". La realidad, como ya mencioné, es que no existe ningún debate sobre modelo migratorio ni de planificación ni integración y menos de necesidades futuras. Lo primero de todo que hay que desmontar es limitar la inmigración a mayoritariamente de origen africano y a las pateras. La mayor parte de la inmigración extracomunitaria en España no es precisamente la achacada a entradas irregulares, sino que es principalmente latinoamericana. El idioma, las relaciones históricas y la proximidad cultural son factores que han movido a gente de Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, etc... a trasladarse a España y en un contexto de integración más factible que otras nacionalidades.

En segundo lugar, la inmigración rejuvenece, pero sólo parcialmente y a corto plazo. Hasta cierto punto, la inmigración estaría sosteniendo el crecimiento poblacional en el sentido de que sin ella el saldo podría ser incluso negativo. Por lo tanto, compensaría la baja natalidad y el envejecimiento autóctono en mano de obra que al tiempo cotice para pagar las pensiones. Pero ese efecto ni es permanente ni autosuficiente. Para ello, se tendría que asistir a una inmigración creciente y continua durante décadas. Pero eso es difícilmente sostenible porque los mismos países emisores también envejecen y reducen su natalidad. Y lo que es más, no está demostrado del todo que todos los inmigrantes multipliquen los nacimientos en España más allá de reagrupaciones familiares, pues el coste de la vida sube para todos. Por tanto, al instalarse en España, convergerían hace patrones similares a los españoles porque les afecta igualmente el acceso a la vivienda, conciliación familiar, precariedad laboral, etc... Por lo tanto, más que evitar el envejecimiento, lo que haría la inmigración en España sería retrasarlo.

En tercer lugar, a largo plazo la inmigración no garantiza sostenibilidad del sistema. Es cierto que llegan jóvenes desde el extranjero que pueden trabajar y cotizar. Pero, con el paso del tiempo, esas personas también envejecen, se jubilan y no sólo generarán el derecho a pensiones sino también en servicios públicos como Sanidad o Dependencia. Además, entre los que no envejecen en España buena parte de ellos está de paso, permanecen pocos años, no forman familias en España y regresan a su país. Pero las objeciones no acaban ahí, sino que se da la circunstancia de que muchos de los inmigrantes vienen de países en los que carecen de formación y, de esa manera, los empleos que ocupan son puestos poco cualificados, con alta temporalidad, con salarios próximos al SMI y en una situación de importante vulnerabilidad. En consecuencia, una mayor población que disponga de una menor renta media, las cotizaciones que abonará son reducidas y el saldo de aportación fiscal y ayudas sociales sería, en buena parte de esas personas, negativo. 

En resumen, la inmigración en España no puede ser una solución eficaz si mayoritariamente se relaciona con sectores de baja productividad como por ejemplo en la hostelería, construcción, agricultura y otros de baja cualificación o de menor valor añadido.

Los incentivos económicos: un tirachinas para derribar un muro

Medidas como el “cheque bebé” de 2.500 euros de 2007 sí tuvieron efecto inmediato, dado que los nacimientos aumentaron en torno a un 6% en los meses posteriores. Sin embargo, si se analiza el impacto a largo plazo el efecto total apenas rondaría el 3%. En esa época de expansión económica, podríamos entender que muchas parejas ya querían tener hijos pero podrían haber adelantado la decisión aprovechando la ayuda. Con todo, obviamente eso no implicaría que pretendiesen tener más hijos más adelante.

Corea del Sur, Japón, Italia y países nórdicos son países en los que persisten tasas muy bajas de natalidad pese a enormes programas públicos. Así que la situación de la natalidad dependería de algo más estructural. Y a ese respecto, actualmente, los problemas de incertidumbre vital asociados a la vivienda, conciliar familiar y trabajo son esenciales. Así que la disponibilidad de un empleo estable, poder conciliar horarios laborales con obligaciones familiares y disponer de una vivienda son los elementos que más favorecen expectativas de futuro en familia. Porque tener hijos no es un gasto puntual, sino que es un compromiso de décadas, el tiempo que esté a tu cargo... y en ocasiones toda la vida. Así que una ayuda de 2.500 euros no resuelve todos esos factores. Por lo tanto, no es que estemos ante una sociedad que ya no quiera tener hijos, sino que existen cada vez más personas que no logran materializar el proyecto familiar que desean. Y comienza con el retraso en la emancipación que ya no puede achacarse a que se termine más tarde en los estudios, sino a la incertidumbre en el futuro. Además, la experiencia internacional muestra que todos esos factores de alquileres caros, jornadas largas y emancipación tardía es síntoma de todos los países con tasas de baja fecundidad.

Ahora bien, tampoco puede achacarse todo a factores económicos, sino que también imperan elementos culturales y sociales. Ciertamente es difícil revertir tendencias demográficas una vez consolidados ciertos hábitos, incluyendo una alimentación más desequilibrada que nunca y que perjudica la fertilidad de mujeres y hombres y modelos de pareja que deciden no tener hijos, así como expectativas y aspiraciones más individuales que colectivas. Así que la reproducción y fecundidad también dependen de decisiones acumuladas durante toda la vida y no de estímulos aislados.

Lo peor es que para contra todos esos elementos e incentivar a un cambio de deriva, aunque se aplicasen políticas eficaces, tardarían décadas en notarse plenamente. Así que algunos países están recurriendo más a contener las jubilaciones retrasándolas o a reformar el Estado del bienestar con recortes directos o indirectos (vía inflación) mientras estudian cómo contener la caída de nacimientos.

La experiencia sueca y el plan alemán

Suecia es un caso muy interesante porque, a diferencia de España, decidió afrontar el problema demográfico desde la reforma del sistema de pensiones más que confiando en que aumentara la natalidad o la inmigración. Suecia aplica políticas familiares muy generosas con guarderías subvencionadas, permisos parentales amplios y ayudas sociales. Sin embargo, la natalidad sueca también lleva años cayendo. Por eso, acabó aceptando la realidad de que no podía basar la sostenibilidad de las pensiones en que naciesen suficientes niños. Así que diseñó un sistema capaz de ajustarse automáticamente al envejecimiento. La gran reforma se aprobó en los años 90 y entró plenamente en vigor a comienzos de este siglo. En un primer momento, el sistema prometía una pensión determinada pero ahora la lógica es distinta. Cada trabajador acumula derechos en función de lo cotizado y la pensión final depende de lo aportado durante toda la vida laboral así como de la esperanza de vida de la generación a la que pertenece. Además, una parte de las cotizaciones no va al sistema de reparto tradicional, sino que se invierte en fondos financieros seleccionados por el trabajador. Esto no sustituye al reparto, pero sí que reduce en cierta medida la dependencia de las pensiones de lo aportado por los trabajadores al dividirse el sistema en tres patas: pensión estatal, de la empresa y ahorros.

Suecia creó dos frenos al sistema para protegerlo de la insostenibilidad. Primero, el factor longevidad. Si una generación vive más años que la anterior, el capital acumulado debe repartirse durante más tiempo, por lo que la pensión mensual descendería si la edad de jubilación no aumenta. También creó un freno automático, activado cuando los compromisos futuros de este sistema superen los recursos previstos. En tal caso, las revalorizaciones se reducirían temporalmente y los derechos acumulados se ajustan. Son medidas que pueden resultar impopulares y sobre todo la segunda, pero evitan que el sistema acumule déficits crecientes. En España, el único ajuste que existe es aumentando cotizaciones, recurriendo a la Deuda pública o mediante transferencias presupuestarias. Y en esta última vía tenemos que recordar la operación que roza el fraude total de desviar más de 8.000 millones de euros de los Fondos Europeos a las pensiones.

Por otra parte, Suecia proporciona una jubilación flexible permitiendo combinar trabajo, pensión parcial y retraso de la jubilación de manera que la edad efectiva ha ido aumentando gradualmente. La filosofía es sencilla: como vivimos más años, trabajaremos más de media. Esto puede ser el elemento que refuerce al propio sistema tal y como está definido. En el caso de España, únicamente en la Administración estamos asistiendo a prolongaciones del servicio activo, no a jubilaciones parciales, de manera que no pocas personas nacidas desde finales de los años 50 están retrasando sus jubilaciones entre 2 y 5 años.

En resumen, Suecia entendió que el problema es estructural porque que el envejecimiento es irreversible, diseñó un sistema que mantiene el equilibrio mediante ajustes automáticos, la pensión se adapta a la demografía y todo es más sostenible financieramente aunque menos generoso. España, por el contrario, mantiene la pensión como un arma política teniendo en cuenta que son el colectivo más numeroso, realiza ajustes aumentando ingresos y la presión recae siempre sobre trabajadores y presupuestos públicos. Y esto no es exclusivo del PSOE, pues cuando entre el PP no tiene pinta de que se atreva a proporcionar cambios.

Alemania, pese a ser tradicionalmente el Estado más solvente de Europa, se enfrenta a una crisis de sostenibilidad de su sistema debido al desbocado gasto en pensiones (que absorbe más del 40% del presupuesto público) y a la presión demográfica que apunta a que se jubilarán más de 15 millones de alemanes en los próximos años. Un comité de expertos facilitó un informe al Gobierno con una serie de recomendaciones que se centran en tres pilares que en parte recuerdan al sueco: jubilación vinculada a la esperanza de vida pudiendo alcanzar los 70 años, sostenibilidad con desindexación del IPC y creación de un fondo de ahorro obligatorio estatal. En este último respecto, las cotizaciones subirían dos puntos (trabajador y empresa) pero irían a cuentas de ahorro en lugar de a la Seguridad Social. Sin embargo, el ciudadano seguiría dependencia de la solvencia del Estado que gestionaría esas carteras (pudiendo invertir o endeudarse) y, mientras exista déficit, las pensiones seguirían creciendo menos que los salarios e indirectamente desincentivarían la jubilación.

Sistema mixto público-privado

El economista Daniel Lacalle es uno de los defensores de la evolución del sistema de reparto hacia uno mixto, similar en algunos aspectos al sueco. Considera que el sistema actual está quebrado porque necesita de continuos rescates e ingresos externos como Deuda pública para mantenerse y ha generado un importante choque intergeneracional. Los jóvenes pagan cada vez mayores cotizaciones y sus expectativas de prestaciones futuras son menores. 

No se trata de eliminar las pensiones públicas, sino de cambiar su estructura a un sistema mixto de capitalización pública-privada. Sus elementos principales serían dos. Primero, mantener un pilar público básico garantizado para evitar la pobreza en la vejez pero financiado fundamentalmente mediante impuestos generales y no exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Segundo, cada trabajador tendría una especie de cuenta virtual donde se registrarían aquéllas a lo largo de toda su vida laboral. Una parte de ese dinero se invertiría para generar rentabilidad. En cuanto a su revalorización, se propone que se vincule a la productividad, es decir, a la capacidad de creación de riqueza y rendimiento económico del país en ese momento en atención a sus salarios.

Además, el sistema goza de transparencia porque en todo momento el ciudadano sabe no ya cuánto ha cotizado, sino cuánto podría cobrar y qué impacto tendría jubilarse antes o después sin depender de las inclemencias de las decisiones políticas.

Por otra parte, se defiende también incentivar el ahorro privado con más incentivos fiscales como planes de pensiones complementarios y que, de esa manera, el ciudadano tenga más patrimonio acumulado para la jubilación.

Respecto a las críticas de este sistema, los detractores consideran que el coste de transición puede ser enorme, dado que mientras que una parte de las cotizaciones va a cuentas individuales hay que seguir pagando las pensiones actuales. En segundo lugar, la capitalización implica exposición a mercados financieros que en épocas pueden ir bien y en alza, pero en otras pueden arrojar pérdidas. También puede suceder que personas con carreras laborales irregulares acumulen menos y, en consecuencia, aumentar las desigualdades si no existen mecanismos redistributivos. En esa misma línea, desvincular la actualización del IPC resultaría más factible hacerlo con las pensiones más altas que con las bajas.

Propuestas y conclusiones

Expuestos los datos y variables como los efectos de la inmigración, queda claro y constatado que el envejecimiento de la población no sólo es real, sino que irá en aumento incrementándose cada vez más el porcentaje de población mayor de 65 años a la par que disminuirá el de personas menores de edad. El invierno demográfico es un fenómeno estructural y probablemente irreversible en parte. No existe una medida milagrosa, pero lo que sí puede hacerse es ralentizarlo y adaptarse mejor a él.

Fomentar y no imponer la facultad de retrasar la jubilación. Existen puestos de trabajo que, por su naturaleza, pueden ser ejercidos por personas mayores de 65 años sin que el eventual desgaste físico o mental perjudique su salud o el ejercicio de sus tareas. Por ejemplo, en la Administración se está recurriendo en algunos casos a prorrogarse en el servicio activo. Esto permite que gente con muy alta experiencia y sobre todo en puestos de importante responsabilidad continúen mientras se renueva la Administración y ralentiza la salida masiva de empleados públicos. No olvidemos que existe un porcentaje muy alto de personas que accedieron a la condición de funcionario en los años ochenta, cuando se construyó el Estado administrativo surgido de la Constitución de 1978. En el sector privado pueden existir puestos similares, pero una vez más debe constar informe tanto médico como la voluntad libre de esa persona. Igualmente, puede fomentarse la jubilación parcial siempre que incluya un contrato de relevo.

Favorecer que nazcan los hijos que ya se desean. Las encuestas del INE muestran desde hace años que los españoles tienen menos hijos de los que querrían tener. Por tanto, el objetivo más realista no sería convencer a la población de tener muchos hijos, sino eliminar obstáculos. Afectan muchas variables como la vivienda accesible para jóvenes, la temporalidad y las perspectivas de empleo, pero creo que en la que más rápido se puede avanzar es en la conciliación laboral y familiar. Pero la variable más directa son las dificultades que tienen los padres en el día a día en un escenario en que los dos trabajan y los abuelos o son muy mayores o están en el camposanto. Es necesario que las normativas laborales permitan una conciliación real y proveer más permisos como reducciones horarias u horarios más racionales, ampliación y flexibilidad de escuelas infantiles y prioridades para padres y madres. Igualmente, disfrutar de más deducciones en IRPF y Sociedades. Porque una ayuda puntual sólo adelanta una decisión, no la transforma. Resumidamente, debería ser más rentable tener 2 hijos que sólo 1. Lo que no sería realista, por los cambios en el estilo de vida a que me he referido antes, sería pensar en 3 hijos por familia. Bastante lograríamos si con más derechos incrementásemos en uno el número de hijos previsto.

Incrementar la productividad, atraer el talento y una inmigración formada. Si queremos que "nos paguen las pensiones", un modelo inmigratorio que priorice trabajos precarios o de baja productividad no lo va a conseguir. Ello no significa que los empleos manuales deban de desdeñarse.  Lo que lo frena es el sistema impositivo y el marco regulatorio, que deben orientarse a atraer a perfiles profesionales deficitarios y agilizar en lo posible homologaciones de títulos con los necesarios convenios internacionales que favorezcan la inserción laboral. Igualmente, la formación debe de facilitar la integración lingüística de los que no conocen el idioma castellano o las lenguas cooficiales. Ahora bien, con independencia de que sean nacionales o extranjeros, en los sectores punteros a día de hoy (energía, centros de datos, inteligencia artificial...), debemos ser capaces de atraer personal cualificado que aquí no tengamos. Porque más productividad será más crecimiento, mayor riqueza, mayores recaudaciones y permitirnos el gasto público incurrido y no basta con aumentar el número de trabajadores si la productividad permanece estancada.

Reformar el sistema de pensiones. Tenemos varios ejemplos, como el modelo sueco y la propuesta alemana. Soy consciente de que un cambio radical no es posible, pero si gradual. Se trataría de evolucionar a un sistema mixto público-privado en el que la gente con mayor poder adquisitivo invierta la mayor parte de su cotización en un plan de pensiones privado. Podría confiar en un bróker o en las alternativas más conservadoras. El público siempre va a estar para todos, pero hay que incentivar que el sistema no dependa en exclusiva de transferencias corrientes. Además, los frenos al estilo sueco evitarían que las generaciones próximas a jubilarse tengan que asumir todo el coste en épocas de crisis y serían un mecanismo de "solidaridad intergeneracional" más equitativo.

El problema es que esto ya supondría una reducción de los ingresos del Estado en cotizaciones para abonar las pensiones presentes. Pues bien, ello nos lleva a algo inevitable que es atreverse a congelar las pensiones. No me parece que haya que hacerlo con las más bajas ni tan siquiera medianas, pero sí con las más altas y a partir de cierto umbral. Porque en España y en cualquier otro país de Occidente que está viviendo la amenaza del invierno democrático, tenemos que arrimar todos el hombro. Y más cuando el estrato mayoritario es sostenido con pensiones públicas. Igualmente, es esencial recortar el gasto público en áreas absolutamente improductivas y que sólo sirven para propaganda gubernamental como la publicidad institucional que riega a medios de comunicación de todos los colores.

Adaptar el Estado del bienestar a una sociedad envejecida. Es inevitable que en el futuro habrá más personas jubiladas, dependencia y demanda sanitaria. Eso obligará a planificar la atención sociosanitaria, cuidados de larga duración, formación y contratación de cuidadores y ciudades más accesibles. A este último respecto, las Administraciones ya ese están moviendo.

En definitiva, España no necesita elegir entre natalidad o inmigración ni entre pensiones o crecimiento económico. Necesita una estrategia demográfica integral: favorecer que quienes desean formar una familia puedan hacerlo, atraer e integrar inmigración de forma planificada, adaptar el sistema de pensiones al aumento de la esperanza de vida e impulsar una economía más productiva no son medidas incompatibles, sino complementarias. El invierno demográfico difícilmente desaparecerá, pero una combinación de políticas coherentes puede amortiguar sus efectos y hacer más sostenible el Estado del bienestar para las próximas generaciones.

Finalizado el artículo, al igual que el post anterior no puedo despedirme sin hacer una mención a la selección española de fútbol que el pasado domingo conquistó el Mundial de EEUU, Canadá y México tras imponerse en la gran final a la Argentina de Messi por 1-0. Invito a leer el post de homenaje en este enlace de mi otro blog. ¡¡VIVA ESPAÑA!!