Una vez más toca hablar de corrupción y es que es la actualidad que impera en España tanto a nivel nacional como territorial en algunos casos. A pesar de que la nueva legislación y códigos de buen gobierno se haya orientado a combatir la corrupción, la realidad es que poco parece haber cambiado. Sin duda, creo que en algún momento elaboraré algún estudio relativo a qué podemos hacer para limitar tanta corrupción, ya que parece que aún no existen los mecanismos apropiados. O tal vez algunos sí, pero se desactivan con facilidad. Hoy, por lo pronto, hablaré una vez más del entramado de presunta corrupción del PSOE de Sánchez, que cada vez está más manchado de miseria. El Sanchismo, de hecho, me parece un estilo político absolutamente abyecto y no creo que a nadie le sorprenda leyendo mis posts. Con todo, para criticar primero hay que rodearse de datos, indicios y pruebas. Y es lo que se está haciendo en la instrucción del caso de Leire Díaz y las cloacas del PSOE, según el cual se habría generado desde Ferraz un equipo para tapar cualquier investigación de corrupción que afectase al partido. Esto, que recuerda justo al anterior post sobre el juicio a la Kitchen del PP de Rajoy, en realidad poco se parece y apunta a algo muchísimo mayor.
Leire Díez y Santos Cerdán
Leire Díez Castro (Portugalete, 1975) es licenciada en Ciencias de la Información y fue concejala en un municipio de Cantabria entre 2011 y 2015. Desde la entrada de Sánchez al Gobierno de España ocupó cargos en empresas públicas como en ENUSA (empresa pública nuclear) y en Correos (en relaciones institucionales y de comunicación). El apelativo de "fontanera" no es necesariamente peyorativo, sino que se refiere al ejercicio de funciones internas para mantener la cohesión y el funcionamiento del partido especialmente en situaciones de crisis, pero alejada de la esfera pública. Claro que, ese término puede derivar en acciones más discutibles, como ella terminó admitiendo en algunas grabaciones señalando que "yo estoy aquí para limpiar". Es más, también se conoció que ella fue responsable de gestionar el voto por correo en las últimas elecciones, circunstancia que después de conocer a lo que se habría estado dedicando nos hace aupar los manos a la cabeza. En febrero 2024 fue cesada por Pedro Saura, justo cuando estallaron los casos Koldo, Ábalos y Begoña Gómez y había pasado a depender de Santos Cerdán.
Santos Cerdán (Navarra, 1969) es la figura política más comprometida judicialmente. No hay que olvidar que ya fue imputado el pasado año por presunto amaño de contratación de obra pública. Según el juez Cerdán sería el soporte intelectual y financiero. Cerdán habría coordinado la operación, organizado las reuniones, mantenido contacto continuo con Leire Díez, autorizado pagos, y dirigido la estrategia política de protección del partido. Todo con el objetivo de proteger los intereses ya fuesen de ciertos miembros del Gobierno como del Presidente y su entorno. Según la investigación, para ello habría puesto a disposición de la red criminal la propia estructura del partido tanto a nivel logístico gestionando viajes y alquiler de vehículos como de recursos humanos. Cerdán negó la mayor acusando con vehemencia a la UCO de realizar investigaciones prospectivas y aludiendo a una campaña mediática en la que la unidad de la Guardia civil se dedicaría a "destrozar personas" en lugar de investigar delitos. Sin embargo, según informe ampliado tras el registro de Ferraz, la UCO halló en un una agenda suya y dispositivos electrónicos que refuerzan la tesis de su participación en las operaciones para neutralizar las investigaciones de corrupción del PSOE: cuestionar las investigaciones de dicho órgano, cuestionar al Tribunal Supremo, señalar a los fiscales Luis Pastor (que dejó en libertad condicional a Víctor de Aldama) y a José Grinda (del caso Hidrocarburos), atacar al juez Marchena negociando con Villarejo para destruirle o la más interesante, recomendar a Sáenz de Tejada que instase recusar a la jueza del caso del "hermanísimo" ante la Fiscalía.
El inicio de todo
Según el sumario judicial, Antxón Alonso el dueño de Servinabar, Vicente Fernández el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante 2018-2019 y Leire Díez fundaron el grupo Hirurok en 2021 y que tendría el principal objetivo de percibir comisiones a través de 29 pelotazos en el sector público. Posteriormente, Bartolomé Lora ocuparía el puesto de la SEPI de forma interina desde 2019 hasta marzo de 2021 y actualmente está imputado por prevaricación en el caso de Air Europa. Meses más tarde, en julio de 2021 tuvo lugar el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos por valor de 112 millones de euros. De hecho, esta misma semana se hizo pública la imputación de la presidenta de la SEPI María Belén Gualda y otras 20 personas por el mencionado rescate con presunto cobro de comisiones más amaño de contratos. Dicha empresa terminaría abonando 115.000 euros a la trama según la UCO. A ello se añade que la propia Leire habría mantenido una comunicación muy estrecha con el gobierno vasco y el PNV pero lo más sorprendente no es eso. Es que, aunque parezca increíble, los tres presidentes de la empresa pública SEPI en la era del Sanchismo están imputados por corrupción.
Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa en abril de 2024 el inicio operativo de la supuesta trama y coincidiendo con la famosa "carta a la ciudadanía" que publicó el Presidente Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa Begoña Gómez y los no menos memorables cinco días de reflexión. Según el auto, es cuando Leire Díez habría empezado a coordinar acciones dirigidas a frenar o desacreditar investigaciones sensibles para el PSOE, si bien la estructura estaría dirigida políticamente por el Secretario de Organización de entonces Santos Cerdán. En un primer momento, la periodista Patricia López que falleció en diciembre de 2025, contactó con Leire Díez para manifestarle que disponía de información del PP, Manos Limpias y la Policía relativa a "cloacas contra el PSOE" y que debía de hablar con Santos Cerdán. La primera reunión fue el 26 de abril con el aludido, Antonio Hernando, Ion Antolín (jefe de comunicación) y el empresario Javier Pérez Dolset, entre otros. Éste último, fue recientemente condenado de forma solidaria por alzamiento de bienes entre otros delitos por su empresa Zed Worldwide.
La clave es la conversación de una reunión posterior entre Díez y Pérez Dolset en la que expresamente mencionan al caso de la imputación de Begoña Gómez y que el Presidente había dicho "que se limpie todo", Leire mencionando "límpiese" y Dolset rematando con "límpiese sin límite". Lo siguiente que nos vendría a la mente es la música de 007 y su intro o, si preferimos, El Padrino. Este audio fue aportado por Ignacio Stampa al Juzgando de Instrucción nº 3 de Madrid para corroborar que fue víctima de un intento de soborno, relativo a una reunión de 3 horas en fecha 30 de abril de 2024. Según testimonios, el tridente formado por Díez, Dolset y Cerdán ofrecería servicios a empresas del Ibex a cambio de suministrarles información ya que afectase a la red o al Gobierno, PSOE, Pedro Sánchez y familia o a rivales. Las primeras reuniones se celebraban en un piso en la calle Diego León de Madrid, si bien entre 2024 y 2025 existirían hasta 22 reuniones de la trama en Ferraz con el supuesto objetivo de establecer contactos con investigados, buscar información contra la UCO, fiscales y jueces e intentar influir en otros.
El estallido del caso (2025-2026)
El Confidencial publicó en mayo de 2025 varios audios en los que Leire Díez aparece pidiendo “trapos sucios” sobre mandos de la Guardia Civil. Se habla de operaciones para “desmontar” investigaciones. Algunos interlocutores vinculan directamente las maniobras al entorno de Pedro Sánchez y Santos Cerdán. A partir de ahí la oposición empieza a hablar de “cloacas del PSOE”. El PSOE intenta desmarcarse de Díez mientras que ella asegura que todo era una “investigación periodística” para un libro. Al mes siguiente, se da de baja como militante del PSOE. Comparece públicamente. Negó tanto ser fontanera como actuar por órdenes de Santos Cerdán o del partido. Sin embargo: La difusión de más audios incrementa la presión política. Distintos medios empiezan a conectar el caso con el “caso Koldo”.
Un año más tarde, el caso se ha agravado con los registros de la UCO en Ferraz, realizados el pasado 27 de mayo en la sede socialista para requerir información y bajo autorización judicial firmada por Santiago Pedraz. No hay que olvidar que ya entró en Ferraz el 20 de junio de 2025, si bien en esa ocasión fue para un requerimiento de información y clonado de material informático que afectaba exclusivamente a Santos Cerdán por su imputación en el caso Koldo. En la presente investigación el motivo era mucho mayor: debían de investigar pagos impulsados desde la Secretaría y Gerencia del partido a la red de Leire Díez y relacionándose hasta nueve delitos: pertenencia a organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos, inducción a falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil y delito contra las instituciones del estado. Así, junto a la gerente Ana María Fuentes, imputa al diputado por Jaén y mano derecha de Cerdán Juan Francisco Serrano, Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez y ex presidente de Correos y Gaspar Zarrías, senador por Andalucía, entre otros presuntamente implicados. Por otra parte, se cursó requerimiento para obtener acceso a todos los expedientes abiertos a los agentes de la UCO que llevasen a cabo investigaciones en el entorno del PSOE.
Además, la investigación de la UCO de determinados audios ha permitido conectar la trama Hidrocarburos con el tridente antes mencionado, que presuntamente ofrecería impunidad o beneficios a empresas implicadas en el fraude del IVA a cambio de que aportasen información comprometedora. Pero la causa que instruye Pedraz ya no se limita a audios aislados, sino a documentación escrita y a muchísimas más conversaciones intervenidas que apuntarían a una posible estructura organizada con financiación de recursos vinculados al PSOE y destinada a interferir en causas judiciales sensibles. La red pretendería desacreditar a investigadores, influir en procedimientos judiciales, interferir en investigaciones sensibles (UCO, fiscales anticorrupción), desacreditar mandos policiales y proteger políticamente al entorno del PSOE y del Gobierno. Estos niegan una estructura parapolítica mientras Leire Díez desde el año pasado sostiene que actuaba como periodista investigando las “cloacas del Estado” y no por encargo del partido. Es más, desde su versión la única cloaca sería la del PP.
Remuneraciones y financiación bajo sospecha
Intentos de influencia en fiscales y agentes
Carmen Pano, la empresaria imputada en el caso Hidrocarburos declaró como testigo ante la Guardia Civil que le ofrecieron 50.000 euros a través de Leticia de la Hoz (abogado de Koldo) para que negase su versión de aportar 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE. El motivo era para proteger a Ábalos y Koldo. De las conversaciones intervenidas, destacaría un mensaje de Oliver señalando "esta se vende. Debemos saber comprar". Esto ha ocasionado que la mencionada Leticia haya sido imputada.
El comandante al que se referían Leire y Mercedes es Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo y al que la UCO lo sitúa como nexo entre la trama y el Ministerio del Interior. A cambio de proporcionarle defensa judicial y tramitar su rehabilitación en el cuerpo, se le habría solicitado información sensible sobre altos mandos de la GC vinculados a la investigación de la corrupción del PSOE. Además, también intentó negociar que facilitase datos del Teniente Antonio Balas, el capitán Bonilla, los coroneles Corbí y Yuste y hasta el Director Adjunto Operativo (DAO).
La red sí habría terminado pagando a un agente de la UCO para sabotear causas contra el Gobierno, como el juez señala en relación con Juan Sánchez Yepes que aparte de estar imputado en el presente caso lo es a su vez por la trama de los hidrocarburos. Esta persona, que había participado en el grupo antiblanqueo, habría revelado información de su unidad para impulsar las sospechas ante la directora de la Guardia Civil.
Reuniones institucionales: Fiscalía General y D.G. de la Guardia Civil
El entorno Sánchez: P.S. el One y familia
La UCO requisó varios cuadernos y agendas en su vivienda y contienen mucha información sobre reuniones, nombres propios y referencia a diversos asuntos políticos y judiciales. Muchas de las anotaciones carecen de fecha y figuran desordenadas y sin demasiado contexto, pero algunas sumadas a otras proporcionan importantes indicios que son relevantes de profundizar en la investigación. Así en una anotación habla de "reunión con P.S." precedida de una operación con el comandante Rubén Villalba para encontrar trapos sucios de la Guardia Civil. Más adelante escribe "Posible estrategia: ser abogado del hermano de P.S.", "Copia pen, cadena custodia, consultas datos bases Ábalos y P.S". En otra habla de una comida entre P.S. y el Director de la Guardia Civil y escribe literalmente "Pedro no se fia del DAO". Incluso también hay espacio para "Reunión ZP. Nervioso". Algunos han intentado desviar las sospechas aludiendo a que podría referirse a Paco Salazar o a Pedro Saura, pero la insistencia en las iniciales y sobre todo la referencia al hermano intuyen que podría ser el mismísimo Pedro Sánchez. También se ha quitado hierro señalando que el mismo día de la supuesta reunión el Presidente se encontraba en Bruselas. Aparte de que para una reunión no es imperativo verse en persona, lo más probable es que fuese una declaración de intenciones de la propia fontanera.
Otra referencia por la que la UCO apunta al conocimiento de las cloacas por Pedro Sánchez es la alusión a "El One del partido" en conversaciones intervenidas con el ex presidente de la SEPI. Incluso en otras con el empresario Oliver, usan la referencia "jefe" para probablemente aludir a Santos Cerdán, mientras que "presi" sería el propio Presidente del Gobierno. Incluso ha sido citada como testigo Cristina Narbona por una conversación con Leire en la que ésta le habría mencionado de "reconducir los ataques al Presidente del Gobierno". Por su parte, Pedro Sánchez rechazó categóricamente ser consciente de los hechos imputados a Leire Díez y asegurando que de saberlo "no lo permitiría", declaraciones que a estas alturas carecen de credibilidad para los no feligreses.
En cuanto al proceso judicial que afectó a David Sánchez, en la versión de un testimonio Leire Díez habría recomendado a Luis Sáenz de Tejada como abogado defensor de David Sánchez y con el objetivo de recusar a la jueza instructora Biedma. De hecho, la persecución contra esta mujer sería un auténtico escándalo, llegando según El Mundo a seguir hasta el colegio de sus hijas e interrogar a personas de su entorno para destruir su credibilidad. La misma tuvo conocimiento de unos audios en junio de 2025 protagonizados entre Díez y el citado Sáenz de Tejada. Por su parte, Leonardo Marcos - director de la Guardia Civil anterior a Mercedes González (2023-2024) - habría llegado a ordenar a la UCO, a través de orden firmada por el DAO, que "no fuesen proactivos" en el citado caso de investigación y que optasen por "actuar de perfil" de manera que el juez tuviese la única iniciativa. Esto, según testimonios, generó importantes tensiones entre la UCO y la cúpula de la Guardia Civil y fue ratificado en sede judicial por el ex jefe Rafael Yuste. Pero tampoco hay que olvidar al teniente coronel Antonio Balas, que dirigió las operaciones de la UCO en Badajoz. Existen audios francamente siniestros, como en una conversación entre Díez y Pérez Dolset en el que buscando información comprometedora de Antonio Balas ella señalaba que "si está muerto, mejor".
Otro indicio más de la cercanía de la figura de Leire al entorno del Presidente se halla en otra anotación según la cual recomienda la contratación de un abogado para ejercer la defensa de Begoña Gómez por su supuesta cercanía al Juez Peinado. Esto viene reforzado por una conversación de WhatsApp con Tijuelo en la que comentan la necesidad de sustituir por inadecuada dicha defensa de la esposa del Presidente. Junto a todo lo anterior, este último indicio ha resultado ser determinante para que la UCO considere en su informe que las siglas P.S. son referidas al propio Pedro Sánchez. ¿Estaríamos cerca de que el vigente Presidente del Gobierno sea llamado a declarar como testigo o incluso como algo más?
Más recientemente y a raíz de la última sentencia del TS sobre el caso Mascarillas que premió la colaboración con la Justicia de Aldama, Leire Díez ha avanzado a un nuevo nivel. Señala a Antonio Hernando, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, como receptor de todas las actividades de investigaciones a jueces, fiscales y agentes que gestionaban tanto Cerdán como ella misma.
Campañas electorales bajo la lupa
Uno de los hallazgos más destacables que constan en el sumario de la investigación es que
el PSOE habría desviado 18.000 euros de los fondos de la campaña de las Europeas de 2024 para financiar al medio Crónica Libre de Patricia López. La contrapartida no sería exclusivamente publicidad en Internet, sino la entrega de audios referidos a las polémicas saunas de Sabiñano Gómez, suegro de Sánchez y también fallecido en la actualidad. Con dichos audios (provenientes de Villarejo), el PSOE se garantizaría no ya que no se publicasen, sino la posibilidad de extorsionar a quien considerase conveniente. Esto es lo más sórdido del entramado de presunta corrupción del Sanchismo.
Ese hecho ha provocado que
el juez Pedraz solicitase documentación de la campaña del PSC en Cataluña (2024). Se investiga si parte de los fondos o servicios asociados a la campaña pudieron igualmente pasar por agencias de medios o emplearse para abonar estructuras o servicios vinculados a intermediarios del caso Leire. Se examinará especialmente lo relativo a publicidad digital como “banners” o inserciones publicitarias y contratos de comunicación política. De esa manera, se intentará aclarar si pudo existir algún flujo sospechoso con personas investigadas en el entorno del presente caso y si se pudo recurrir al uso de la campaña electoral como vía de financiación indirecta. Y es que en este tipo de contrataciones el dinero no siempre circula como “transferencia directa”, sino como servicios intermediados.
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