El Ministerio de Igualdad como sumidero del dinero público

En el día de hoy se celebra el día de la Mujer como cada 8 de marzo. Sin embargo, hace tiempo (bastantes años diría yo) que ha degenerado en una campaña publicitaria del Gobierno socialista y de la izquierda en España, sobre todo de la más extrema. Las encuestas ya reflejan el rechazo que recibe el feminismo por su deriva que nade tiene que ver con su teórico propuesto. De hecho, ya publiqué un post en noviembre desmontando la falsa narrativa de que el feminismo persigue la igualdad, porque más bien es lo contrario. Invito a leerlo también como complemento al presente. En el del día de hoy me he centrado en la vertiente económica, de manera que el Ministerio de Igualdad - en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores - se convierte en un auténtico coladero de dinero público derrochando nuestros impuestos en gastos improductivos o muy dudosos. Igualmente, recuerdo alguna de las polémicas más sonadas. Omito la famosa aprobación de la Ley Sólo sí es sí, pues corresponde a un disparate jurídico relacionado con la ignorancia e incompetencia en materia jurídica de sus responsables y muy especialmente de la desastrosa ministra Irene Montero. Hay que puntualizar que buena parte de esta información ha sido difundida y puesta en la agenda social por parte de tuiteros como Pablo Haro y Pablo Cambronero. El primero tiene un canal de Telegram (Confirmado Transparencia) donde comunica todos los resultados de sus solicitudes a Transparencia el segundo fue tránsfuga la pasada legislatura (ex de Ciudadanos) que me tiene bloqueado por recordarle lo que era, sin perjuicio de que aporta también difusión de estos temas.

Subvenciones a "estudios feministas" y entidades afines

La percepción pública del movimiento feminista por cualquier persona o entidad que no dependa su actividad del dinero público es que está ampliamente financiado. Vamos a ir aportando datos y escalando poco a poco. El Instituto de las Mujeres es un organismo adscrito al Ministerio de Igualdad dotado con un presupuesto anual de 27 millones de euros. De esos, más de un 20% va para gastos de personal, prácticamente lo mismo que contratación de servicios, con lo que ya se nos van más de 12 millones. Además, realiza transferencias corrientes por valor de un millón de euros a las CCAA e igualmente convoca regularmente en el BOE subvenciones para estudios y actividades universitarias relacionadas con la igualdad y los estudios feministas, así como para postgrados y actividades académicas vinculadas a la igualdad de género. También queda espacio para concesiones directas como a la Cruz Roja, CCOO, UGT, FEMP y un enorme cajón de diversas asociaciones feministas, sumando entre concursos y directas más de 7 millones. Sólo en los dos últimos años, se han destinado más de 300.000 euros a sindicatos para realizar "estudios feministas", se aprobaron partidas de 600.000 euros para becas de posgrado en feminismo y de género y actividades en universidades como seminarios, congresos, jornadas, foros de debate y productos audiovisuales, se destinaron 725.000 euros a convocatorias específicas para investigaciones feministas, se aprobaron en noviembre de 2025 ayudas de más de 2 millones de euros para entidades feministas y hasta 3,6 millones de euros en concesión directa en materia de promoción de igualdad y derechos LGTBi+. Todo esto crea una gigantesca red clientelar.

El Ministerio de Igualdad justifica todo este gasto en que las ayudas y subvenciones constituyen una técnica de fomento de la igualdad de oportunidades y eliminación de discriminaciones y en el marco del Plan estratégico de subvenciones 2024-2026 y con arreglo a los principios de transparencia y competencia de la Ley General de Subvenciones. Bueno, competencia no existirá tanta teniendo en cuenta lo que están abusando de las concesiones directas. Con independencia de ello, se destinan estudios académicos con impacto social difícil de medir y no siempre parece evidente el retorno social o beneficio tangible para la ciudadanía, más allá de la producción de conocimiento o debates académicos "feministas" que cumplan con la agenda ideológica del Gobierno. Qué decir de cursos como el transgénero por valor de 40.000 euros para tres días que promueve la idea queer de que ser mujer es una mera condición jurídica y sobre todo el famoso "festival de perreo feminista" que costó 105.000 euros. Pero sobre todo lo que está cubierta es la financiación a creadores de contenido feminista como anunció la ministra Redondo el pasado año para "despatriarcalizar las redes".

Ayudas a cooperación exterior y al extranjero

En colaboración con el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Asuntos Exteriores promueve integrar la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en las prioridades de la política exterior de España y en la cooperación al desarrollo. En dicho marco, ha establecido cursos de política exterior feminista y sobre todo subvenciones de cooperación para el desarrollo con perspectiva de género, lo que ha venido a ser una extensión directa de la agenda de Igualdad hacia gasto internacional. En no pocas ocasiones, esas transferencias van destinadas a ONGs engrosando cuentas corrientes de trabajadores más que financiando proyectos constructivos. Así, en enero de este año se presentó formalmente la primera Estrategia de Cooperación Feminista de España, con el objetivo explícito de orientar aquélla hacia la igualdad de género y la erradicación de las desigualdades estructurales en países socios. Esta política se sustenta en compromisos internacionales como los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y ahí precisamente es de donde parte el problema.

A través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores, España ha destinado importantes partidas de ayudas. Así, en 2024 el Consejo de Ministros aprobó 20 millones de euros dirigidos a diversos fondos de la ONU (mujeres, UNICEF, etc) sobre igualdad de género, salud reproductiva y derechos humanos pasando a ser 62 millones al año siguiente. En 2025 también se aprobaron otros 120 millones de euros en contribuciones plurianuales vinculadas a igualdad y desarrollo sostenible aunque no exclusivamente con objetivos de género. Finamente, en julio pasado se aprobaron otros 62 millones de euros para fondos internacionales. Son unos montos económicamente muy elevados destinados a fuera de nuestras fronteras, pero si lo ponemos en relación con todo el presupuesto de cooperación exterior sería sólo la punta del iceberg porque asciende a nada menos que 4.000 millones de euros. Sí, dinero que sale de España sin contraprestación mientras que el Gobierno celebra que cada vez aumente más, pero luego nuestros impuestos son para pagar pensiones, Sanidad, Educación, carreteras y transportes, ¿verdad? Pero obviamente no es lo mismo contribuir a que los niños de África o Gaza no pasen hambre que a ciertos proyectos "feministas" cuya utilidad deja muchísimo que desear.

El enfoque feminista resulta muy difícil de traducir en impactos concretos en condiciones de vida o resultados medibles a nivel de desarrollo. Una parte muy significativa de ese gasto exterior se percibe muy conectada con gasto ideológico y simbólico y con una eficacia muy cuestionable de evaluar en resultados medibles. Y más cuando en los portales de transparencia nos encontramos con proyectos curiosos como destinar 200 mil euros a Etiopía para la producción de café "con perspectiva de género" y qué decir de montar un taller para moldear vulvas con arcilla. O que la ministra Ana Redondo se gaste 66.000 euros en un viaje de cuatro días a Nueva York para asistir a una "comisión para la condición jurídica y social de la ONU". Si a esto le añadimos que buena parte de ese dinero podría destinarse a necesidades tan básicas y fundamentales para todos los que vivimos en España y, por si fuera poco, los crecientes impuestos que pagan trabajadores y autónomos para sostener al Estado, la polémica no hace sino estallar. Cuando vale más la imagen de gobierno "interfeminista" y ganar créditos reputacionales (que no geopolíticos) con entidades y organismos internacionales o terceros países (de políticas afines) y sus agendas, la conexión con el ciudadano al que te debes no ya se difumina sino que entra en crisis.

Publicidad institucional y sus polémicas

El coste de estas campañas institucionales y de publicidad han sido también objeto de debate público y cuestionamiento, no ya por el elevado gasto de la misma sino por resultados que han contribuido a discursos polarizadores. Por una parte, el Gobierno de España es fanático de la publicidad institucional con un montante global de 161 millones de euros presupuestados en 2025. Por otra, específicamente el Ministerio de Igualdad ha desarrollado campañas con objetivos muy claros, pues su agenda comunicativa ha buscado siempre ampliar el concepto de violencia machista más allá de ámbitos físicos hacia lo digital, incluso en esferas en las que precisamente las mujeres tienen la misma capacidad para actuar a la altura de cualquier hombre. Así que bajo una presunta capa de sensibilización social sobre problemas reales, ha interesado más desarrollar una publicidad que justifique mover dinero y difundir un relato de que exclusivamente en los hombres reside el mal.

Así, está la iniciativa “Violencia digital.es” lanzada en 2025, dirigida a visibilizar formas de violencia machista en internet y redes sociales (como acoso, difusión no consentida de imágenes íntimas, etc.). Es cierto que existen mucha mujeres que han sufrido violencia en entornos digitales, pero no sólo en sus relaciones con hombres, sino también con otras mujeres en entornos de bullying. O qué decir e la violencia vicaria que fue la protagonista del 25-N pasado, en un vídeo con Esther Expósito en el que se contribuía a echar el candado terminológico. Únicamente se entendería violencia vicaria cuando fuese el padre el que causase daño a los hijos, promoviendo el negacionismo de que la mujer fuese capaz de hacerlo.

El año 2022 se juntaron dos campañas que generaron amplia polémica. En el verano sucedió en relación con la publicidad institucional en el marco de la campaña veraniega “El verano también es nuestro”. El objetivo era promover el body positive, promoviendo la aceptación de cuerpos diversos y la lucha contra los estereotipos de género en verano. Sin embargo, varias modelos británicas denunciaron que por parte de la empresa adjudicataria, sus fotos o rostros se usaron para el cartel de la campaña sin haber dado consentimiento y, en algunos casos, con modificaciones en sus cuerpos (por ejemplo, eliminando una prótesis en la pierna). Una auténtica metedura de pata en la que el Ministerio tuvo que disculparse oficialmente y es lo que pasa cuando le concedes dinero público a gente sin profesionalidad.

Otra controversia fue con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las Mujeres (25-N), bajo el lema “¿Entonces quién?”. Dicha campaña costó 2,7 millones de euros. El vídeo publicitario incorporaba escenas inspiradas en hechos reales y declaraciones públicas que se identificaban como expresiones o ejemplos de comportamientos machistas. Las escenas eran interpretadas por actores y sin nombrar directamente a las personas (obviamente para evitar denuncias). En una de ellas se mostraba una recreación de una polémica en la que el streamer El Xokas estuvo implicado, que sin embargo se malinterpretó dando explicaciones el creador de contenido y contextualizando dichos comentarios. Al mismo tiempo, acusó al Ministerio de calumniar y tratar a los hombres con asco, afirmación que no esconde ninguna mentira. Sí, hablo del famoso "eso es trucazo, ¿eh?. Fue sin duda un punto de inflexión para que El Xokas no le pase ya ni una a Podemos por ponerle en la diana en una campaña contra la violencia de género. ¿El motivo de su señalamiento? criticar al gobierno y sus políticas ante una audiencia amplia. Otro señalado indirectamente fue Pablo Motos, por motivo de ciertas preguntas "incómodas" a sus entrevistadas en El hormiguero.

Contratos, mala administración y acusaciones de corrupción

También existe un importante debate en materia de transparencia y gestión interna en torno a los contratos menores, que como sabemos no salen a licitación, no se publica nada en el perfil del contratante y apenas se sube información resumida a los portales de transparencia, a no ser que se realice expresamente una consulta particular. De hecho, el Ministerio de Igualdad es muy ávido a realizar contratación pública menor con más de 400 contratos menores durante la pasada legislatura, muchos de ellos bordeando el límite legal máximo de 15.000 euros + IVA y una buena parte a las mismas empresas. A este respecto, también hay que tener en cuenta que el artículo 118 de la Ley de Contratos prohíbe el fraccionamiento, es decir, que una misma empresa haga muchos contratos menores con el mismo objeto y con la misma Administración superando ese límite mencionado. Del mismo modo, la Ley de conflictos de intereses establece límites a determinadas personas contratadas en razón de su posición. 

Uno de los escándalos de mayor repercusión vinculados a la gestión del Ministerio de Igualdad fue el relacionado con presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos para la gestión de Puntos Violeta por parte del Instituto de las Mujeres. Dichos puntos son servicios destinados a ofrecer apoyo e información a víctimas de violencia machista en espacios públicos, si bien en la práctica se reducen a stands. Tuvo especial repercusión la destitución de la directora del Instituto de las Mujeres en 2024, Isabel García Sánchez, tras denuncias de conflictos de interés por contratos públicos y presunta investigación por corrupción siendo cesada en julio de 2024. Tanto ella como su pareja Elisabeth García habrían obtenido al menos 64 públicos de ayuntamientos gobernados por el PSOE y todos en contratación menor garantizándose las adjudicaciones a dedo, llegando a facturar 250.000 contratos entre 2022 y 2024. Su argumento es que supuestamente cumple el máximo de 10% de participación en las empresas adjudicatarias. En la fecha actual aún no ha recaído sentencia, pero este suceso puso sobre la mesa la falta de transparencia en el uso de fondos públicos para beneficios particulares.

Sobre contratos mayores, la mayor polémica fue la relativa al contrato de pulseras telemáticas, unos dispositivos electrónicos con GPS y conexión móvil colocados tanto a víctimas como agresores por órdenes de alojamiento para controlar en tiempo real el cumplimiento (sistema Cometa de seguimiento telemático). Dichas pulseras se conectaban con la policía y avisaban si el agresor se acercaba al límite establecido judicialmente. Se adjudicó en octubre de 2023 por un precio inferior al 42% del presupuesto base de licitación, es decir, 41 millones de euros y poco antes de que Irene Montero dejase el cargo recayendo en una UTE compuesta por Vodafone y Securitas sustituyendo a Telefónica. Tras la entrada del nuevo contrato se produjeron problemas técnicos, dado que al cambiar de proveedor y migrar los datos se perdió el histórico anterior a marzo de 2024. Consecuentemente, se produjeron fallos de GPS e imprecisiones geográficas que impedían conocer si se habían quebrantado las órdenes de alejamiento, llegado incluso a absolver o sobreseer casos de agresores. Se descartó la información inexacta de que una mujer falleciera atacada por fallar la pulsera, cuando en realidad no la llevaba puesta. De cualquiera manera, hubiera sucedido aún con ella y se generó un perjuicio dada la tremenda ignorancia informática de las personas responsables de este contrato, que fueron tanto el equipo de Podemos de Irene Montero como el propio socialista de Ana Redondo. Recientemente adjudicaron uno plurianual más avanzado de tobilleras telemáticas y por 71 millones de euros hasta 2029. La seguridad de nuestras mujeres no tiene precio, pero parece que les costó entenderlo.

Conclusiones

Las políticas de igualdad, al igual que desde el punto de vista jurídico y social, han fracasado rotundamente en lo económico porque sus objetivos jamás han estado relacionados con una igualdad ni material ni formal y se le han visto las costuras evidenciando su naturaleza práctica. Sobre todo desde que gobierna el PSOE en coalición con Podemos o Sumar, ha usado el feminismo como una gigantesca bandera por donde millones de euros se cuelan por un sumidero que apenas devuelve algo de rentabilidad social. Más allá de cumplir estrictamente con unas obligaciones, en realidad apuesta por aplicar agendas ideológicas que justifican la creación y mantenimiento de redes clientelares que le soporten apoyo en su narrativa. Los continuos escándalos y polémicas revelan también el escaso talento que existe en el Ministerio, resultado de que los perfiles responsables sean más políticos y menos profesionales, al mismo tiempo que enfocados en una guerra cultural que hace tiempo que perdieron en la sociedad. Por eso cada vez se habla más del derroche de dinero público que ocasionan las políticas de subvenciones feministas y muy especialmente la cooperación exterior que justifica destinar dinero por las motivaciones más abstractas o ridículas. Porque cuando hace tiempo que la igualdad es un arma política, sólo vale arrinconar al adversario y etiquetarlo de machista para que el público coja el testigo y lo cancele. Pero eso ya se está acabando. Porque cada vez menos gente cree en el engaño feminista y prefiere que sus impuestos se gestionen para políticas de igualdad reales y efectivas y para mejorar unos maltrechos servicios públicos.