Contradicciones internas de Vox y límites de su proyecto político

Desde hace dos meses, el partido Vox ha entrado en una crisis interna motivada por las discrepancias, expulsiones y casos de transfuguismo. Por ejemplo, de ex líderes destacados como Iván Espinosa de los Monteros y recientemente Javier Ortega Smith, que era portavoz municipal de Madrid y tras ser expulsado del partido permanece en el Grupo Mixto junto con otros dos concejales suyos como Carla Toscano. Otras importantes críticas provienen de ex líderes regionales como Juan García-Gallardo y Javier Antelo, otro expulsado cuyo caso ya vimos en un post anterior. Incluso en municipios como Torre Pacheco, Cartagena y Las Torres de Cotillas se han roto los grupos municipales. Todo esto ha enrarecido el ambiente en un partido en el que hace tiempo que las encuestas le estaban impulsando y de hecho ha conseguido buenos resultados en varias elecciones autonómicas. He dividido el análisis en varios bloques en los que considero que yerra, más allá del ruido político habitual y las etiquetas simplificadoras de "fascismo, ultraderecha y Franco" con la que se minimiza cualquier debate que sea constructivo o que al menos aporte reflexión. Resulta más útil analizar las contradicciones internas que pueden estar detrás de ese disenso interno al tiempo de que se estanque electoralmente. No tanto por el impacto inmediato de la crisis, sino porque las tensiones programáticas permiten entender mejor los límites estructurales del proyecto político de Vox.

Política económica: liberalismo de portada frente a proteccionismo de fondo

Así, en contexto nacional, Vox suele defender posiciones que encajan mal con la etiqueta de "liberal" que algunos le atribuyen. Y no vale lo de promover libertad para vacunarse o no de Covid (pudiendo ser interpretado como una posición cercana al negacionismo). La política económica de Vox presenta una dualidad especialmente significativa: combina un programa fiscal liberal con propuestas de intervención selectiva y protección nacional, configurando un modelo económico híbrido. Se ha podido percibir tanto en su programa electoral como en las líneas del acuerdo programático de Extremadura (ya con la investidura de Guardiola aprobada) y seguramente Aragón, cuyo visto bueno se conoció ayer.

Por una parte, promueve una reducción generalizada de impuestos como eliminación del IVA en productos básicos y en compra de primera vivienda, simplificación y tramos más reducidos de IRPF y supresión de Sucesiones e impuestos energéticos. También propone reducir el gasto público eliminando subvenciones, reduciendo estructuras administrativas (chiringuitos) y estableciendo auditorías de gasto al estilo del Dodge de Elon Musk. En materia de vivienda combinan ese liberalismo fiscal con intervención selectiva, dado que a pesar de que promueven la liberalización del suelo y endurecen la lucha contra la okupación, priorizan el acceso a vivienda para nacionales y restringen la compra para extranjeros.

En sectores clave es cuando más se alejan del liberalismo. Frente a la fiscalidad y las regulaciones europeas, su bandera es la defender sectores estratégicos nacionales y su competitividad frente al exterior, centrándose en el sector agrario y la industria. Ahí sí promueve la capacidad regulatoria del Estado para aplicar políticas de defensa económica. Defiende al producto nacional frente a la competencia exterior, rechaza acuerdos internacionales que según su discurso perjudican a la industria, al campo o a los trabajadores españoles (apoyando manifestaciones de tractores y condenando el Acuerdo de la UE con Mercosur), critica a la globalización económica y apela constantemente a la soberanía entendida como capacidad del Estado para proteger sectores estratégicos. Ese enfoque conecta electoralmente bien con pequeños empresarios, sectores agrarios, trabajadores afectados por la deslocalización y personas que asocian la apertura de mercados con pérdida de empleo y precarización. Pero realmente no repercute en el crecimiento de la economía global, pues los sectores agrario e industrial presentan menores niveles de valor añadido frente a los que sector de servicios proporciona.

Política exterior: soberanía nacional vs. alianzas

La política exterior de Vox se articula discursivamente en torno a una idea central: la defensa de la soberanía nacional frente a organismos supranacionales, élites globales y consensos internacionales, simbolizado en la Agenda 2030. Sin embargo, cuando se analizan sus alianzas y referentes exteriores, surgen contradicciones significativas entre ese discurso y las consecuencias reales de dichas relaciones para los intereses de España. 

Así, Vox ha mostrado reiteradamente su simpatía y apoyo a Donald Trump, al que presenta como ejemplo de liderazgo fuerte, defensa del Estado-nación, rechazo al globalismo y oposición al progresismo internacional. Sin embargo, trasladado al terreno económico choca con la dinámica de guerra comercial de Trump en la que, priorizando el interés de EEUU, se perjudican a exportadores europeos y entre ellos a los intereses de España, por imponerse aranceles a sectores estratégicos como el aceite de oliva, el vino y productos agroalimentarios.

Otro referente es el que hasta hace poco ha sido presidente de Hungría y el gran topo de Putin en Europa: Viktor Orbán. Vox ha aplaudido igualmente su defensa de la identidad nacional, oposición a las políticas migratorias europeas, rechazo del multiculturalismo y políticas LGTBi y su crítica al modelo federal de la UE. Sin embargo, esto contrasta con su silencio ante las acusaciones de corrupción y reformas antidemocráticas, motivos por los cuales buena parte de los fondos europeos se mantuvieron bloqueados. En represalia, Orban usó la confrontación con Bruselas y bloqueó decisiones comunitarias (créditos para Ucrania y sanciones contra Rusia) y exigiendo solidaridad cuando le convenía. Por tanto, es discutible denunciar la excesiva burocratización de Bruselas al tiempo que se apoya a gobiernos que viven de sus recursos y explotan la confrontación. Por si fuera poco, Orban fue acusado por la UE de filtrar negociaciones diplomáticas al oligarca ruso Putin. Así que bienvenida sea la victoria en Hungría del líder de la oposición, el europeísta de centro derecha Péter Magyar.

Finalmente, está el mandatario argentino Javier Milei, invitado varias veces al acto anual de Viva en el que Vox siempre había mostrado su fuerza de convocatoria. Sin embargo, el liberalismo libertario de Milei que aboga por un Estado mínimo, el cierre de toda institución que controle la economía como por ejemplo el Banco Central Argentino (responsable de las políticas monetarias y cambiaria) y especialmente por una economía abierta al exterior tampoco casa con el proteccionismo nacionalista mencionado. Además, Vox no promete aplicar "motosierra" a las pensiones como hizo el argentino y ni tan siquiera congelando las más elevadas.

Al margen de sus filias, Vox no termina de aclarar ni qué tipo de relaciones internacionales propone, ni dónde están los límites entre cooperación y subordinación. Ha dado muchos bandazos como con el tema de Rusia y Ucrania, como culpar a la UE de la guerra y de su dependencia energética con Putin y en Madrid se evolucionó a una postura más crítica con Israel contrastando con la visión inamovible de la dirección nacional. Al igual que en la economía, la política exterior de Vox parece responder más a una lógica cultural. Los aliados internacionales se eligen por afinidad ideológica y posicionamiento en la “guerra cultural”.

Inmigración: discurso estratégico y fractura interna

La inmigración constituye uno de los ejes centrales del discurso de Vox y, al mismo tiempo, uno de los ámbitos donde se perciben con mayor claridad las tensiones internas entre la dirección del partido, su estrategia comunicativa y una parte significativa de su base social. Vox ha intentado construir un relato diferenciado que no rechaza toda inmigración por igual, sino que establece una jerarquía basada en criterios culturales. En este marco, se muestra una mayor tolerancia hacia la inmigración procedente de países latinoamericanos apelando a la lengua común, la herencia cultural compartida y la tradición cristiana, presentando a esta inmigración como más fácilmente integrable y menos conflictiva. Es decir, una inmigración "culturalmente compatible". Este enfoque permite a Vox contrarrestar acusaciones de racismo, ampliar su base electoral y mantener relaciones con el mundo hispanoamericano. Incluso también en algunas regiones ha sido más laxo con el tema de las "paguitas" exigiendo a cambio un periodo medio de residencia previa.

Sin embargo, este planteamiento no es compartido de forma homogénea por sus votantes, especialmente entre sectores jóvenes, que son simpatizantes más activos en redes sociales y entornos con una fuerte carga identitaria. En estos espacios se observa un rechazo creciente a toda forma de inmigración, incluida la latina. El discurso predominante en ellos es de saturación, pérdida de identidad y de competencia por recursos y ayudas, desvinculando el factor de origen, cultural y religioso y asociando el problema a lo estructural. De esta forma, la brecha y la tensión entre la dirección y su base es clara. La dirección necesita un discurso matizado, respeto institucional y no cerrarse puertas electorales, mientras que la base demanda posiciones más radicales, rechaza excepciones culturales y considera cualquier matiz una concesión. 

Esa incoherencia interna simplifica un fenómeno complejo y dificulta una posición estable, priorizando una vez más el impacto emocional sobre la propuesta técnica. Tenemos los ejemplos del cierre de centros de Menas sin ninguna alternativa y más recientemente la polémica de la "prioridad nacional" que es imposible de aplicar en sentido literal por ser contraria al artículo 14 de la Constitución Española. Por consiguiente, se refuerza su imagen como partido más reactivo que proactivo y se reconduce el debate de gestión de la integración de inmigrantes hacia exclusivamente la seguridad y la identidad. En dicha tesitura, se complica la elaboración de políticas públicas realistas, alimentando expectativas imposibles de satisfacer (como deportar a centenares de miles de inmigrantes ilegales) que terminarán amplificando la frustración de su propio base.

Monarquía: defensa institucional y erosión del símbolo

La relación de Vox con la monarquía constituye otra de sus contradicciones más delicadas, no tanto por su formulación oficial, sino por la disonancia creciente entre el discurso del partido y la percepción de una parte significativa de sus votantes.

Vox se presenta como un partido abiertamente monárquico y defensor de la Corona como pilar del orden constitucional, en tanto que garantía de la unidad de España, elemento de estabilidad institucional y contrapeso frente al republicanismo izquierdista y los nacionalismos periféricos. Sin embargo, esto contrasta con una creciente desconfianza hacia la figura de Felipe VI entre sus votantes y simpatizantes, que puede percibirse en redes sociales y determinados canales de YouTube que difunden los mensajes del partido. Cuestionan su neutralidad política y le acusan de estar alineado con la Agenda 2030, así como seguir el discurso de Moncloa en intervenciones públicas y foros internacionales con un lenguaje institucional considerado ambiguo. Sin embargo, tampoco hace nada proactivo Vox, por lo que da la impresión de que protege la institución en el plano retórico al tiempo que valida su debilidad en la práctica. Es más, declaraciones individuales contribuyen a ello, como las de Hermann Tertscht difundiendo el bulo de que Felipe VI había perdido perdón por los abusos de la Corona en México en el siglo XVII.

De esa manera, se asiste a otra tensión no resuelta en Vox. Por un lado pretende erigirse como partido de orden, pero bebe de un electorado crecientemente antisistema que desconfía de absolutamente todas las instituciones. La monarquía, en realidad, siempre ha respetado el discurso de Moncloa con Rajoy, Zapatero, Aznar, González, Suárez y Calvo Sotelo. Pero para una parte importante del electorado sólo se le da el visto bueno si confirma sus expectativas ideológicas, rompiendo con la tradición de asumir la monarquía como un pilar incuestionable. Ante ese panorama, ¿Cómo se va a pretender cualquier defensa sólida de la monarquía frente a ataques de los adversarios más acérrimos como los independentistas o la extrema izquierda? Si ahora se suma una extrema derecha antisistema, se refuerza una lógica de confrontación permanente propia de la polarización y se estrecha considerablemente el margen para una crítica institucional responsable.

Comunicación institucional: cuando los argumentos se pierden en el ruido

Más allá de sus contradicciones ideológicas, Vox presenta un problema estructural que atraviesa todos los ámbitos analizados: una profunda ineficacia comunicativa. No tanto por falta de argumentos, sino por su incapacidad para articularlos de manera comprensible, persuasiva y políticamente productiva. En ámbitos como la descentralización territorial, la gestión de la inmigración, las políticas feministas, la legislación de igualdad y el enfoque identitario impulsado por las instituciones existen contradicciones, efectos no deseados y debates legítimos que podrían ser objeto de una crítica sólida y transversal. El problema es que cuando esas críticas proceden de Vox el mensaje se diluye o se rechaza de plano y no por su contenido, sino por la forma en que se presenta. En comunicación externa, Vox cuenta con los creadores de contenido como David Santos o Infovlogger que crean comunidad apoyando al partido de forma incondicional. Han favorecido parte de esa subida de Vox, pero todo tiene un límite y ya sólo puede aspirar a mantenerse en lo que está.

Un ejemplo que contrasta es el de Juan Soto Ivars, quien ha abordado estas mismas cuestiones a través de su libro, su canal de YouTube y columnas de prensa en El Confidencial y ahora en ABC. Su enfoque se caracteriza por señalar contradicciones políticas sin negar problemas reales, evitar la descalificación global, no plantear la supresión inmediata de leyes sino su revisión crítica y utilizar un lenguaje que invita a pensar, no a alinearse emocionalmente. Esto le permite llegar a públicos diversos, ser leído incluso por personas ideológicamente alejadas y contrarrestar el marco de “derecha reaccionaria” que suele activarse automáticamente. Vox, en cambio, carece de figuras que cumplan esa función de mediación intelectual. No dispone de perfiles que expliquen con matices ni traduce la crítica política en términos comprensibles para mayorías sociales y tampoco construye un relato alternativo que dispute la hegemonía cultural. En lugar de esto, opta por consignas simples, prioriza la confrontación aprovechándose de la misma polarización y que le ha impulsado y contribuye a reducir el debate a términos binarios, tal y como hace el socialismo. De esta manera, los argumentos se tornan en ruido ante la falta de estructuras formales e informales capaces de traducirlos políticamente.

Además, desde el punto de vista estratégico, Vox comete un error recurrente al aceptar el marco comunicativo de sus adversarios. Como plantea su crítica señalando el adoctrinamiento ideológico y la supresión o derogación como solución sin transición ni alternativa clara, favorece que la izquierda contraataque con más populismo, interpretaciones sesgadas y bulos. Eso refuerza el miedo al cambio al retratando una opción regresiva y radical. Con actitudes así, lo único que se consigue es movilizar a la base en su identitarismo y generar titulares, pero no a construir mayorías ni convencer a indecisos más allá de los fuertemente polarizados. Es la consecuencia de gastar más energías en criticar el dominio cultural de la izquierda que en articular un discurso elaborado capaz de disputarlo.

Conclusiones

Las consecuencias de una economía y política exterior subordinada al relato identitario es que se dificulta la credibilidad del partido como alternativa de gobierno, generando confusión entre votantes con intereses económicos distintos e impidiendo articular un proyecto estable. Vox no explica ni cómo compatibiliza la defensa del campo español con la apertura de mercados ni cómo protege la industria sin intervención estatal. Esta ambigüedad sugiere que la política económica de Vox no responde a un cuerpo doctrinal sólido y que se adapta más bien al marco emocional y simbólico, es decir, al malestar social. 

Programáticamente, es un partido más definido por lo que rechaza que por lo que propone dado que mientras que ha logrado consolidar una identidad política clara contra el progresismo, el feminismo institucional, el modelo territorial y políticas migratorias expansivas, no existen estrategias sostenibles a largo plazo sino adaptadas al momento. Se apunta a una lógica en la que lo identitario prima sobre la coherencia programática y funciona mejor como herramienta de movilización que proyecto de gobierno.

A esa falta de coherencia se le suma el problema clave de su incapacidad para comunicar eficazmente y convencer a indecisos rompiendo marcos ideológicos adversos y construir mayorías sociales en las que tenga protagonismo proactivo. El coste de no saber disputar el terreno cultural le aboga a concentrar voto en las sensaciones negativas y confrontación, que es lo típico de los partidos populistas extremistas. Esto sólo refuerza la imagen que sus adversarios proyectan de él (ultraderecha para la izquierda y populismo para el PP), limita su crecimiento y reduce su capacidad de influencia real.

En este contexto, Vox se enfrenta a una encrucijada estratégica. O mantiene un perfil centrado en la movilización identitaria (que le dió subidón desde 2019) y con alta fidelidad de su base pero con dificultades para ampliar apoyos ó bien evoluciona hacia un proyecto más coherente y estructurado con mayor capacidad de gobierno pero a costa de otras tensiones internas. El recorrido futuro del partido dependerá en gran medida de cómo resuelva estas contradicciones. Puede que Vox haya conseguido construir un relato potente, pero no ha demostrado ser capaz de convertirlo en un proyecto político coherente, estable y mayoritario. Y en política, tarde o temprano, la coherencia deja de ser una cuestión teórica para convertirse en una condición sine qua non de viabilidad. Y si existen dudas, que pregunten a Ciudadanos y a Podemos.