Polarización y autocracia, el santo y seña del Socialsanchismo

En este mes de junio, las investigaciones de presunta corrupción que rodean al PSOE y a cargos políticos e internos importantes han activado una nueva marcha en la furgoneta sin control que ha acelerado la sombra de la desfachatez de este partido político y por extensión al Gobierno de España. El presidente Pedro Sánchez ha vuelto a manifestar su voluntad de aguantar la legislatura hasta 2027 pero con una importante novedad insertada en un contexto de sincericidio: no quiere convocar elecciones por miedo a que gobiernen PP y VOX. Es decir, que asume y reconoce públicamente que NO tiene la confianza de la mayoría de los españoles en este momento. Es más, ni tan siquiera se atreve a convocar una cuestión de confianza que podría ser la puntilla definitiva a su popularidad y a la legislatura. En lugar de verificarlo, prefiere aferrarse a la silla y a pesar del descrédito que viene arrastrando en algunos de los socios de investidura como muy particularmente Podemos y algunos independentistas como Junts o ERC. Pues bien, esa actitud es el simple reflejo de un presidente elegido democráticamente pero que lleva tiempo virando a un autoritarismo gracias a presionar repetidamente resortes legales, institucionales y sociales y que medra de la polarización, fomentándola en beneficio propio. Y es que llevamos un tiempo asistiendo a la "podemización" del Gobierno de España, a pesar de que el partido fundado por Pablo Iglesias Turrión no está en la coalición. Y ello responde al manejo de las siguientes herramientas:

El relato. Antes de aleccionar a su entramado mediático, el Gobierno del PSOE es conocedor de que en los mecanismos no institucionales, es decir, en las redes sociales incluyendo a las plataformas de vídeo como YouTube o Twitch ha perdido completamente el relato. Y a este respecto su rearme es recurrir a términos simples, de contenido puramente ideológico pero muy sencillos de difundir como "Fachosfera" o "Manosfera", etiquetar de "bulos" a cualquier mensaje que critique sus políticas salvo los que ellos mismos se inventen, acusar de "fango" a los medios de comunicación no alineados con su discurso y atacar a los youtubers. Y ponen en la diana en especial a los que han decidido libremente situar su residencia física y no sólo fiscal en Andorra para evitar el pago de ingentes impuestos tanto como autónomo como persona jurídica.

No son pocas las ocasiones en las que se ha demonizado a los creadores de contenido insertando extractos breves, se les ha ridiculizado y jamás se les ha dado voz para defenderse. El llamado Real Decreto (normativa del Gobierno) de los influencers servirá ante todo para controlarlos y conocer a quién señalar, denunciar y sancionar sin más preámbulos, ya que se crea un registro para que todos aquéllos creadores de contenido que superen el millón de seguidores, si difunden EN España pese a que no no residan aquí. Esto contrasta con la intención de subvencionar a creadores feministas (fundamentalmente mujeres como Carla Galeote o Julia Salander) y dotarles de un servicio jurídico gratuito (seguramente para denunciar a gente de la "manosfera"). Esta nueva intervención se justifica en el contexto de "despatriarcalizar las redes", cuando en realidad están azuzando un hombre de paja.

En cuanto a las redes sociales, se ha optado por señalar a X (antes Twitter) por ser propiedad del empresario Elon Musk relacionado con Donald Trump y de ideas pro liberales económicas y anti wokistas. Desde los socios del Gobierno se impulsó y aprobó en el Congreso la idea de una "red social pública" que compita con las privadas y que obviamente tendría todo el control posible. Nada mejor para impulsar una propaganda usando dinero público desde fuentes no tradicionales y, por supuesto, controlar los mensajes que se difundan, restringir la libertad de expresión y promocionar mediante bots la información que sí interese difundir. Todo un sueño cumplido para Pablo Iglesias.

Para contrarrestar relatos contrarios en medios alternativos, han ejercido también una batalla contra los calificados "pseudomedios", que básicamente son los periodistas que emiten preguntas incómodas en el Congreso o en la calle como Vito Quiles y Rescue You de EDATV ó Betrand Ndongo de Perodista Digital. Mienten los socialistas cuando aseguran que los periodistas "irreverentes" se saltan los turnos y no los respetan, puesto que lo que realidad ocurre es que no se les deja intervenir, precisamente porque no les gustan las cuestiones que les hacen. Ante esas preguntas oportunas por muy incómodas que sea, sólo les queda lo de siempre, regulación y control tanto por Ley como a través del Reglamento del Congreso y retirar acreditaciones. Hace un año ya se anunció eliminar financiaciones, lo que contrasta con las subvenciones que paga el Gobierno a sus afines.

Las cortinas de humo. Muy vinculado al anterior y en connivencia con el siguiente punto, son los "moñecos" como dice el bueno de Pedro Herrero. No hay que olvidarse del famoso "pajaporte", que supuestamente se iba a instaurar en septiembre del pasado 2024 para obligar a suministrar el DNI a todo aquél que quisiese conectarse a páginas con contenido pornográfico. Todo esto en el marco de reducir las causas de que se hayan incrementado las violaciones y agresiones sexuales a consumir contenido porno. En cambio, no les interesa analizar en más profundidad qué factores culturales, sociales e individuales pueden estar detrás. Esos estudios pondrían en tela de juicio tanto sus políticas feministas como de inmigración, integración y reinserción.

Más recientemente se ha vuelto a aludir al intento de ilegalizar la prostitución, precisamente algo que no está legalizado y que contrasta una vez más con los escándalos de puteros andaluces con dinero público de los ERE y ahora con los trapicheos de Ábalos y Koldo. Esta vez será en septiembre cuando se plantee al Congreso con tal de desviar la atención.

Ya hablamos por aquí de los rentistas como chivos expiatorios del problema de la vivienda y de los "operadores privados" en relación con el apagón eléctrico, pero ahora uno nuevo son los "corruptores". A esa nueva construcción ha ayudado Gabriel Rufián tras una reunión con Sánchez habiendo sido comunicada en primera instancia por la vicepresidenta Pilar Alegría. Ponen el foco en las constructoras como si los políticos corruptos fuesen víctimas, como si los culpables fuesen otros por provocar y como si otras empresas de otros sectores no pudieran participar en ello, como las que suministraron las mascarillas en tiempo de pandemia e iniciaron toda esta investigación de corrupción que se retrotrae al momento en que volvieron los socialistas al poder tras una moción de censura (2018). La única que ha triunfado en la historia de la democracia estatal. Y era contra la corrupción del PP... 

Pero para el PSOE la corrupción no parece existir en la izquierda, tal y como defendió el presidente del Gobierno esta semana en el Congreso, aseverando con un notorio enfado que la izquierda no roba. Rescatando la vergonzosa afirmación de Ábalos sobre la condena de los ERE que la reducía a un caso de "personas que gestionaban la junta de Andalucía". Como si con el PSOE no fuera la cosa... Pues esta es otra importante pata de las cortinas de humo.

Por último, azuzar el miedo a que gobierne la ultraderecha es una suma de relato + cortina de humo. Primero, impone la visión del PSOE y sus socios como lo único bueno y preferible de forma incondicional a cualquier cosa, contribuyendo a fortalecer una visión de polarización. Y es que son ellos y no otros los que más han contribuido a la polarización de la sociedad española. Seguidamente, reducen todas las noticias de corrupción a una campaña orquestada por "la derecha mediática, judicial y policial" cuando no hablan directamente de "policía patriótica" dirigida por el PP, motivando e impulsando el descrédito a las instituciones que no controlan del todo (por ahora). Además, difunden la mentira de que sus corruptos han sido apartados y están plenamente identificados cuando tanto los políticos como su entramado mediático se han encargado de defenderlos ante la extenuación. Y no, no son cuatro gatos. Son personas importantes que hasta hace poco eran ministros, secretarios de organización, consejeros de CCAA e incluso están en la picota de las investigaciones varios ministros actuales. Incluso los más apestados fueron muy cercanos al Presidente.

El entramado mediático. El Gobierno Sanchista sabe perfectamente qué botones pulsar para intentar controlar el relato, difundir las cortinas de humo y potenciar la polarización, algo muy peligroso en cualquier sociedad pero que siempre beneficia a los gobernantes. El entramado mediático son tres patas: Primera, presupuesto público mediante la inversión en campañas de propaganda y la construcción de redes clientelares cuyo sentido de existencia depende absolutamente de financiación pública. Segunda, prensa sincronizada pública y privada que difunde los mensajes de Moncloa y en ocasiones de forma anticipada. Tercera, un equipo de "expertos" totalmente ideologizados, cuidadosamente seleccionados y vendidos como "independientes" que validan y proporcionan autoridad a las dos patas anteriores. A eso se le llama el System Contreras, del que hablan con frecuencia Pedro Herrero y Rubén Arranz, comunicador y periodista. 

En este sistema tiene un peso fundamental RTVE, ya que en realidad es la cabeza de este monstruo de tres patas cuyo cerebro es el Gobierno. Es de sobra conocido que el ente público (ahora sociedad mercantil estatal de capital absolutamente público) siempre ha sido un instrumento al servicio del Gobierno de turno, pero en los últimos años el masaje informativo ha llegado a un punto de película clasificada X. Estamos hablando no ya de que los contenedores informativos parecen más un equipo de abogados defensores del PSOE cuando no blanqueadores de sus tropelías, es que se asiste a una programación en la que cualquier supuesto entretenimiento es una pedrada ideológica y política "full PSOE state of mind": La hora de la 1, Mañaneros, Malas lenguas, La familia de la tele (que EPD tras su pésima audiencia), La noche en 24 horas, el show de Marc Giró, Al cielo con ella (infame late night) y hasta La Revuelta con David Broncano. Es una parrilla televisiva absolutamente al servicio del relato y las cortinas de humo de Moncloa.

Control de las instituciones. El primero y más importante sin duda es el del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido. Gracias a ello ha sido posible no ya la amnistía a los políticos independentistas golpistas, sino también la anulación de las condenas por corrupción de los ERE a los socialistas andaluces como Chaves y Griñán. Es lógico pensar que ante cualquier inconveniente y condena incómoda, siempre va a estar este órgano para salvar al PSOE porque son mayoría los vocales al servicio directo del Gobierno actual. También se desbloqueó la renovación del Consejo General del Poder Judicial no sin antes extorsionar al PP con modificar las reglas para elegir los vocales sin ellos. Obviamente, con la mayoría del CGPJ cuenta también con la presidencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, ni todo esto ni tan siquiera contar con la Fiscalía General del Estado a su servicio es suficiente. Y eso nos llevará al siguiente apartado, pero antes hay más.

El asalto definitivo a RTVE ya tuvo lugar el pasado 30 de octubre de 2024. Mediante Decreto Ley, se aumentaban de 6 a 11 los consejeros nombrados por el Congreso (donde hay mayoría de la coalición presuntamente progresista) y se mantenían los 4 en el Senado (donde hay mayoría del PP y VOX). Otras entidades en las que tienen "personal de confianza" (es decir, socialistas con el carnet en la boca) son Correos con Pedro Saura en la presidencia, Redeia con Beatriz Corredor, el CIS con Félix Tezanos y otras muchas más.

Reformas legales institucionales. La polémica más reciente es la llamada Ley Bolaños, que conecta con el relato de "fascistas con toga" y pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la instrucción de las causas penales las lleven a cabo las fiscalías en lugar de los jueces. Y, ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que aquéllas dependen directamente del Fiscal General del Estado que es nombrado a dedo por el Gobierno entre acólitos preparados para defender su causa. Y lo que es más vergonzoso aún, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que está investigando todos los casos de corrupción relacionados con Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez, David Sánchez, Álvaro García Ortiz y otros cargos públicos que percibieron comisiones o "mordidas" en contratos públicos de mascarillas y de otra índole, pase a depender igualmente de la Fiscalía General. 

Por otra parte, está la modificación del sistema de Concurso-Oposición de la carrera fiscal y judicial que ha causado muchas quejas de asociaciones de jueces y fiscales, todas ellas menos la más afín al Gobierno (Jueces y Juezas para la democracia). En el turno libre se suprime un examen oral y se sustituye por un caso práctico de razonamiento (más subjetivo para valorar). Lo mismo sucede en los del cuarto turno (juristas con más de diez años de experiencia) donde además añade cargos de notario y registrador, publicaciones en revistas científicas según su calidad jurídica y regala 5 años de antigüedad en la carrera judicial en el momento de aprobar como si fuese un extra por contratar Movistar Plus. Por último, en la estabilización extraordinaria de jueces y fiscales interinos en los que les bastaría cinco años de "actividad profesional" pudiendo computar hasta trabajos de abogados y un dictamen como único ejercicio. Todo esto ha venido de forma simultánea a una convocatoria de más de mil puestos.

Estas tres reformas son legales si se aprueban por mayoría pero las dos primeras son un auténtico disparate antidemocrático y la tercera es más sutil, pero todas ellas podrían culminar con la destrucción definitiva de la separación de poderes.

En conclusión, aunque en España vivimos en una democracia instaurada desde 1976 y ratificada en los dos años siguientes, el texto constitucional de 1978 ha permitido que un Gobierno pulse los botones necesarios para convertir el sistema en una oligarquía autocrática. Por una parte, el PSOE ha difundido un relato y unas cortinas de humo gracias a un entramado mediático público y privado que le ha permitido crear redes clientelares y exponer a rivales como excesivamente radicales y totalitarios. Por otra, se ha dedicado a mover todas las palancas posibles para reforzar su posición de poder, aún pese a su debilidad manifiesta con sus socios que están perdiendo la confianza, así como a iniciar las reformas que puedan reforzar dicha posición en aquellos aspectos donde la "soberanía popular" es más difusa. Y estas acciones vergonzosas no hubiesen sido posible sin fortalecer las primeras, retratándose así el verdadero manual de resistencia de Pedro Sánchez: permanecer en el poder a toda costa.

(Fuente de la foto: The Objective).

Adelgazamiento y racionalización del Estado: qué elementos son necesarios

Un debate del se rehúye más de lo que se debería es el del adelgazamiento del Estado. En los 40 años de extensión del sistema democrático nacido de la Constitución Española de 1978, la burocracia estatal y autonómica no ha cesado de crecer y, con ello, tanto las regulaciones legales y administrativas como el personal al servicio de las Administraciones Públicas. Yo soy uno de ellos y tengo claro que si viviese cien vidas, en todas ellas seguiría tomando la decisión de opositar. Seguramente la mejor que he materializado. Ahora bien, por el mero hecho de ser funcionario de carrera hay gente que considera que estoy totalmente desacreditado para opinar a este respecto y me etiquetan como socialdemócrata cuando no afín a un régimen estatista o antiliberal. Es más, se atreven a azuzar el hombre de paja señalando que los impuestos que yo pago, tanto los directos como indirectos son en realidad un menor sueldo o, dicho de otra manera, existe un flujo de entrada y salida de fondos del Estado porque cobro del mismo (en mi caso de la CARM, pero en su pedrada de argumento no varía mucho). Para mí esa es la parte más cuñada del anarcocapitalismo, la que cree que los funcionarios no sufrimos igual el expolio del Estado simplemente porque retribuye nuestra nómina y por lo tanto nos desacredita para opinar. Pues NO. Los funcionarios liberales existimos. 

En Argentina se habla de que Milei tiene interés en desactivar el Estado peronista y achicar el elefantiásico entramado burocrático y administrativo que los anteriores gobernantes han tejido allí. De momento, ha suprimido muchas regulaciones, ha revertido el déficit público y tornado en superávit público y ha reducido el personal empleado público pero ojo, no ha expulsado a funcionarios de planta permanente (como se llama a los funcionarios de carrera allí) sino que más bien no ha renovado y ha rescindido contratos laborales que son básicamente el personal empleado público más extendido en dicho aparato administrativo argentino. Personalmente, apruebo sin duda alguna la gestión económica de Javier Milei en el tiempo que lleva y en algún momento le dedicaré un post y me extenderé más. La otra cara de la moneda es Elon Musk, que hace poco abandonó la oficina DOGE por la eficiencia burocrática después de apenas haber cerrado USAID (que supone un porcentaje ínfimo del presupuesto estadounidense) y haber terminado muy mal con Donald Trump por discrepancias. Ahora bien, con independencia de estas experiencias internacionales, ¿qué se puede hacer en España y qué se haría desde la perspectiva de un funcionario liberal?

Para empezar, el Estado no se puede desactivar así sin más. En primer lugar y antes de suprimir puestos de trabajo y personal empleado, la tijera que debe de abrir el camino está en las regulaciones. Como en todo, lo formal ha de ir por delante de lo material. Hay sectores que funcionan mejor sin una excesiva burocracia, como por ejemplo la Vivienda, el suelo o la energía. Y también existe legislación duplicada y poca coordinación entre administraciones de distinto nivel, que empeora cuando el color político es distinto. Es cierto que se ha avanzado mucho gracias a las plataformas de interoperabilidad y la Administración Digital, que igualmente es una gran oportunidad tanto para el autónomo como para el particular empleado. Ahora bien, de poco sirve esa conexión digital si siguen existiendo enormes trabas y controles administrativos que requieren documentación, plazos y procedimientos que tardan en resolverse. Por otra parte, también existen sectores en los que el Estado por motivos ideológicos y políticos se ha querido inmiscuir, como las nuevas regulaciones sobre tenencia de animales para uso doméstico y, a mucha más escala, el famoso Ministerio de Igualdad. Y eso nos lleva al siguiente punto.

En segundo lugar, el Estado y por extensión las Comunidades Autónomas desembolsan importantes cantidades económicas como transferencias o subvenciones donde antes no lo hacían, fundamentándose en un relato apoyado en nueva legislación y políticas públicas asociadas. Así, el Ministerio de Igualdad disfrutó en 2024 de un presupuesto de nada menos que 573 millones de euros mientras que en 2019 era de 181 millones. Es decir, teniendo en cuenta las crisis del Covid y de la inflación derivada de la guerra en Ucrania el gobierno de coalición capitaneado por el PSOE ha multiplicado en más de 3 veces el dinero destinado a mantener un Ministerio que fundamentalmente se dedica a entregar dinero, tanto en el interior de España como fuera por motivos de cooperación internacional. Amparándose en principios loables como la igualdad o la lucha contra la violencia de género, financia enormes gastos corrientes y engrosa nóminas de muy dudoso impacto público y social (que puede verificarse con datos y estadísticas). Pero la cuestión no se encierra en dicho Ministerio, pues existe también una tendencia a la departamentalización excesiva, como ya hemos comprobado en la última legislatura con el Consejo de Ministros más numeroso de la historia democrática de España.

En tercer lugar, lo del personal es sin duda lo más complicado. A la gente no se le puede echar así como así, lo primero es que los funcionarios gozan de estabilidad e inamovilidad precisamente porque es garantía para el sistema administrativo que no dependa su continuidad del poder político. De lo contrario, el Gobierno de turno sea nacional o regional podría despedir a todos los que no sean de su cuerda y contratar a los suyos para que sigan una línea. Y eso favorecería tremendamente la corrupción. Los antifuncionarios tampoco son capaces de entender esto en sus odas envidiosas. En lugar de barrer y hacer reemplazo, los gobiernos sólo pueden suprimir los puestos de trabajo y mover a esos funcionarios a otros puestos en los que sean más necesarios. Sería una de las primeras medidas, que en ocasiones podría tener aparejada tanto el cierre de un determinado centro o el cambio de la normativa. Con los laborales es más fácil, pero mucho más con los temporales en los que simplemente no les renuevas el contrato o el programa del interino. Los laborales fijos es otro cantar pues ahí hay que abonar una indemnización como a todo trabajador despedido y no es nada recomendable. Por lo tanto, la reducción del personal ha de ser más bien largoplacista y supeditada a los puntos anteriores, acompañándose de una ralentización del crecimiento de las ofertas de empleo público. También queda aún pendiente una adecuada implantación de la evaluación del rendimiento que después de casi 20 años que consta en el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) todavía no se ha puesto en práctica, tal vez por dudas respecto de la objetividad del sistema, pero es algo que hay que seguir abordando y con garantías.

Sí, es cierto que recortar personal es lo más impopular. Pero no hay que olvidar que hemos entrado en una época en la que la generación baby boomer se está jubilando y van a quedar muchas plazas disponibles. Esas plazas pueden ser cubiertas tanto por gente ya dentro del entramado burocrático como por personal nuevo. Una alternativa podría traer aparejada la supresión del puesto bien del liberado por la persona jubilada o de la persona que le sustituya. Sin embargo, para ello es necesario hacer un estudio concienzudo. No se pueden hacer las cosas a la ligera. También se choca con la mentalidad de la gente, dado que el relato contrario a esto (y difundido de forma muy eficaz por el socialismo) es acusar que te estás cargando el Estado del bienester y las oportunidades de la gente para obtener un empleo público. Ese relato de la izquierda moderna que en realidad sólo esconde que quiere seguir convirtiendo a la Administración Pública en su juguete para desarrollar redes clientelares al igual que pretende hacer la derecha estatista. Es por eso por lo que reducir el personal es algo muy impopular y que insisto que necesita realizarse por fases. Lo populista es anunciarlo a los cuatro vientos para ganar elecciones, pero otra cosa es ponerlo a prueba. Y el achicamiento del Estado no puede hacerse en cuestión de meses ni de un año o dos, sino más.

Por tanto, los primeros pasos a seguir son los que son: modificar el marco legislativo y reglamentario, cerrar los centros físicos (ahorrándose además arrendamientos) y oficinas imaginarias donde pululan los chiringuitos, retirar asignaciones presupuestarias a destinos improductivos o más relacionados con redes clientelares que con finalidades de interés público y ordenada reducción del personal sin caer en una merma de los servicios públicos e internos indispensables.

Con todo, es posible que incluso con estas operaciones el Estado siga presente en muchas de las esferas de nuestra actividad privada. Ahora bien, el Estado debería estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio del mismo, puesto que ya contribuimos sobradamente con nuestros impuestos tanto trabajadores como autónomos. Esos impuestos han sido incrementados para poder hacer frente al ingente disparo del gasto público en los últimos años. Así que la reducción de aquéllos sólo será viable si somos capaces de frenar dicho gasto público y por extensión la cifra de los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma. Y es que quien prometa reducir los impuestos, si no baja el gasto público, directamente miente. Y en eso el PP tiene harta experiencia. Sólo bajando el gasto será posible ejecutar los créditos presupuestarios sin necesidad de acudir en exceso a la Deuda pública y generar déficit público cada año que, como siempre, termina pagándolo el ciudadano trabajador. Y es que esto nos lleva a un cuarto punto que en realidad estaría dentro del primero: el sistema de pensiones.

Como ya hablé en un post anterior sobre una entrevista a Albert Rivera, el sistema público de pensiones se está convirtiendo en insostenible por cuanto es 100% de capital público o, mejor dicho, financiado tanto con las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales como por la mencionada emisión de deuda pública. El sistema, necesariamente, debería de promoverse a un nuevo mixto público-privado en el que cada uno tenga opcionalmente un plan de pensiones privado que no sea penalizado y que por el contrario desgrave un porcentaje en el IRPF. No podemos hipotecar al Estado que debería ser un complemento y no el actor principal de las pensiones, que son el gasto público de mayor volumen de todo lo que se sufraga año tras año. Y los visos futuros, de menos gente trabajando y más gente sostenida por el Estado (aunque sea así con todo el merecimiento del mundo) no es un futuro muy halagüeño dada la situación actual y futura de la pirámide de población.

Y es que la realidad es que ningún partido político que apoye reducir las pensiones o incluso congelarlas en su programa electoral será capaz de llegar lejos en las urnas. Los pensionistas son amplísima mayoría y por tanto los que conforman las mayorías parlamentarias que terminan gobernando. Y como todos votamos según nuestros propios intereses personales, jamás darán su voto a alguien que proponga reducir o bloquear lo que se consideran derechos inmutables. Máxime cuando otros partidos tanto de izquierda como derecha santifican las pensiones y especialmente de los jubilados. Personalmente, no creo que efectivamente lo mejor sea reducir las pensiones pero sí al menos NO subirlas más de forma transitoria al mismo tiempo que se evolucione a un nuevo sistema mixto que descargue gran parte de esa responsabilidad al Estado. Lamentablemente, la izquierda española es más estatista que nunca e igualmente cataloga de acción demoníaca el descargar en el sector privado tanto la Educación como la Sanidad, que está demostrando que es muy eficaz frente a las interminables listas de espera. Y es que nadie piensa cómo con los mayores presupuestos en Sanidad de la historia todavía la Sanidad Pública sigue con los mismos problemas de siempre. Igual no es un tema económico sino de GESTIÓN. Pero el socialismo no lo va a reconocer nunca.

Por lo tanto sí, sí estoy a favor de privatizaciones eficientes que en realidad no suponen ninguna venta de la soberanía popular ni erosión del Estado. Aclaro que no me refiero ni a suprimir potestades públicas que han de seguir vigentes ni a destruir el Estado como aboga el anarcocapitalismo, sino que el sector privado coopere donde es más eficaz, más técnico, más experto y en ocasiones más responsable. En definitiva, aplicar un complemento y una competencia eficaz frente al Estado que, sobre todo, está absolutamente desbordado en las políticas sociales. ¿Por qué la gente se hace seguros privados? ¿Por qué contratan planes de pensiones privados? ¿No se han parado a pensar por qué y sin ser precisamente de economía particular boyante? Pero no, los obsesionados con el control político denuncian incluso los contratos de concesiones que son realizados por agentes privados con más conocimientos y técnicas experimentadas. Del mismo modo, la educación concertada ahorra dinero al Estado y CCAA y cuenta con profesionales preparados para impartir docencia de todos los niveles, de infantil hasta la universidad. Basta ya de demonizar al sector privado y a su iniciativa. 

En conclusión, no podemos destruir el Estado de un plumazo y ni tan siquiera sería lo mejor, porque es necesario e imperativo en no pocas áreas de nuestra vida. Pero sí es posible detener y retroceder en toda esta vorágine socialista que ha contaminado las administraciones públicas y con la aquiescencia del Partido Popular que no ha hecho nada por frenarlo por simple cálculo electoralista. Sí es posible pero de forma gradual y al mismo tiempo seguir trabajando en difundir un relato cultural que abras las mentes y combata la demonización del sector privado. Y es que del mismo modo que me toca los innombrables que a los funcionarios nos generalicen y nos etiqueten como parte del problema, también sucede cuando se desprecia tanto a las personas y empresas que generan empleo y levantan a este país. Creo que todos podemos vivir sin ser enemigos si se racionaliza el Estado y se frena en esa brutal lucha de clases que la política más rastrera ha usado y usa como arma para mantenerse en el poder. Mintiendo de forma deliberada, retorciendo el lenguaje y apoyándose en una prensa que ya no fiscaliza al poder sino que sirve los intereses de su amo como RTVE. El Estado es un actor imprescindible y necesario, pero no puede ser la autoridad absoluta que ahogue la iniciativa privada y sólo le interese comprar su docilidad con dinero y corruptelas. Así que fíjense si somos importantes y necesarios los funcionarios liberales en un sector donde, desde un punto de vista ideológico, se nos ningunea hasta por los que se supone que comparten algunos principios con nosotros.