La demanda no ha dejado de incrementarse obviamente por el aumento de la población ya sea por simple natalidad o los movimientos migratorios tanto internos como externos. Es algo que lleva ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, pero sin que experimentase una contracción o estancamiento. Realmente no ha existido ningún incentivo a ello, salvo la movilidad a otro lugar por imposibilidad o compartir vivienda con otras personas. La oferta, en cambio, ha sufrido varios factores que le han y están perjudicando. Siguiendo al profesor Juan Rallo podemos enumerar los siguientes factores.
Por lo que se refiere al sector público, básicamente tiene que ver con las regulaciones e intervención en el mercado de vivienda.
En primer lugar, el mayor problema es la escasa disponibilidad del suelo. En esto tienen mucho que ver los planes generales de ordenación urbana (PGOU) aprobados por los Ayuntamientos hace muchos años y que no están siendo reformados para habilitar suelo en orden a que construya el sector privado. Y esto no necesariamente en el suelo declarado como no urbanizable, sino en el sí urbanizable dada la compleja burocracia y falta de compromiso. Mientras tanto, las CCAA y el Estado favorecen incertidumbre regulatoria debido al continuo cambio normativo y especialmente en el caso de cambios de color de gobierno, así como los largos trámites de aprobación que se "inician" con una noticia en los periódicos. Esa incertidumbre perjudica la inversión y atraer capitales. En tercer lugar, los fuertes recortes de gasto público en edificación de vivienda (VPO) denotan el escaso esfuerzo. Lo que se vende políticamente como una oportunidad en Madrid (por ejemplo) se queda en paños menores en comparación con otras ciudades menos pobladas como Viena.
En cuanto al sector privado, le perjudica sobre todo la falta de financiación para la construcción de nueva vivienda. Los bancos españoles cerraron el grifo del crédito a los promotores inmobiliarios tras la crisis del estallido de la burbuja de 2008. Así que han tenido que buscar otras fuentes alternativas, máxime cuando se han incrementado los costes de todos los materiales para construir (especialmente cal, cemento, acero, hormigón, radiadores y calderas y cobre), de inputs como la energía eléctrica y el gas y de la mano de obra. A este respecto, no es ya que hay menos empleados ocupados en la construcción, sino que además se ha envejecido esa mano de obra. Y todo lo anterior repercute en una menor productividad del mercado de vivienda con empresas menos solventes y que por lo tanto construyen menos con más costes.
Ante este escenario, asistimos al vergonzoso e infame espectáculo de la prensa sincronizada que ejerce de mercenaria del Gobierno de España y sus socios apuntando como cabezas de turco a "los rentistas", que vienen a ser los propietarios de las viviendas que alquilan mientras están pagando religiosamente sus hipotecas y a los que se les acusa de hacer negocio. Precisamente en unos tiempos en los que tener una casa o piso alquilados no es precisamente un negocio seguro, sino lleno de riesgos. Muchos de los arrendadores son simplemente personas que heredaron viviendas de sus padres o que simplemente invirtieron en el mercado inmobiliario en su momento y quieren tener una ganancia extra. Pero ahora son rebajados a lo más indigno como culpables del problema que un gobierno supuestamente de izquierdas y socialdemócrata es absolutamente incapaz de resolver.
Lo que la extrema izquierda más rancia del espectro ha propuesto para resolver el problema de la vivienda denota un nivel de ignorancia supina de la situación a la paz que inquina selectiva contra los arrendadores. Y es que no sólo abogan por un control de precios de alquileres, es decir más intervencionismo y regulaciones que lo único que haría es contraer la oferta todavía más. Pretenden que los plazos sean indefinidos sin caducidad, que se ilegalicen todas las empresas de desocupación y el remate final: proteger a todos los "inquiokupas" que decidan libremente no pagar sus alquileres hasta que el propietario no se los rebaje hasta donde les interese. Y esto último en el marco de una delirante "huelga de inquilinos". Esto es resumido por Valeria Racu, la impresentable portavoz del denominado "sindicato de inquilinos". En teoría, los sindicatos se constituyen para defender los intereses de trabajadores y en su caso promover la organización de huelgas por sus derechos y no de los delincuentes.
A esta poca vergüenza se une la defensa y promoción de la ocupación de las viviendas no sólo por impago sino por apropiación indebida de las mismas, grabarse cocinando o haciendo vida allí e incluso denunciando al propietario por presuntas coacciones y amenazas. Y encima, echando la policía o multando a los propietarios. A este nivel de absoluto delirio hemos llegado por culpa de estos personajes con cuyas acciones, promociones y omisiones sólo pueden empeorar aún más la situación. Porque a ver de qué manera una persona se va a ver incentivada a alquilar su vivienda e incluso a comprar otra para hacerlo (o tal vez para vacaciones ocasionales) si estos miserables se van a amparar en la legislación socialista para declararse presuntamente vulnerables o incluso ni eso, porque abogan por la "rebelión" contra "los malvados rentistas". Y con independencia de la lacra okupa, el mejor hecho de ponerles el precio que ellos exijan ya distorsiona un mercado en el que los arrendadores no tienen ayudas sino al contrario, más IRPF que pagar y no tienen ninguna posibilidad de negociar sus hipotecas.
Por todo esto, conviene apagar RTVE y demás programas de lobotomización al servicio tanto del socialismo sanchista como del ente mediático de Pablo Iglesias e informarse realmente de lo que está pasando y lo que debería ocurrir para resolver el problema. Que la solución precisamente no pasa por más regulaciones y prohibiciones sino por justo al contrario: desregular e incentivar más la construcción tanto del sector privado como público trabajando en los puntos anteriormente citados. Porque contraer la demanda es muchísimo más complicado que estimular la oferta. Y sólo cuando el sector privado crezca podrá contratar a personas formadas permitiéndose mayores sueldos e incentivos que vuelvan a llamar a trabajadores sin necesidad tampoco de ninguna burbuja descontrolada que sabemos que los bancos no permitirán.
Sólo así bajarán los precios sin distorsionar el mercado y en todo caso los arrendadores son también parte de la solución. Si tienen incentivos, no sólo comprarán una segunda vivienda sino que podrán sacarla a alquiler a precios competitivos. Igualmente, una persona que quiera ser propietaria tendrá más alternativas. Javier Milei ya marcó el camino en Argentina. Desregulen e incentiven.
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