Polarización y autocracia, el santo y seña del Socialsanchismo

En este mes de junio, las investigaciones de presunta corrupción que rodean al PSOE y a cargos políticos e internos importantes han activado una nueva marcha en la furgoneta sin control que ha acelerado la sombra de la desfachatez de este partido político y por extensión al Gobierno de España. El presidente Pedro Sánchez ha vuelto a manifestar su voluntad de aguantar la legislatura hasta 2027 pero con una importante novedad insertada en un contexto de sincericidio: no quiere convocar elecciones por miedo a que gobiernen PP y VOX. Es decir, que asume y reconoce públicamente que NO tiene la confianza de la mayoría de los españoles en este momento. Es más, ni tan siquiera se atreve a convocar una cuestión de confianza que podría ser la puntilla definitiva a su popularidad y a la legislatura. En lugar de verificarlo, prefiere aferrarse a la silla y a pesar del descrédito que viene arrastrando en algunos de los socios de investidura como muy particularmente Podemos y algunos independentistas como Junts o ERC. Pues bien, esa actitud es el simple reflejo de un presidente elegido democráticamente pero que lleva tiempo virando a un autoritarismo gracias a presionar repetidamente resortes legales, institucionales y sociales y que medra de la polarización, fomentándola en beneficio propio. Y es que llevamos un tiempo asistiendo a la "podemización" del Gobierno de España, a pesar de que el partido fundado por Pablo Iglesias Turrión no está en la coalición. Y ello responde al manejo de las siguientes herramientas:

El relato. Antes de aleccionar a su entramado mediático, el Gobierno del PSOE es conocedor de que en los mecanismos no institucionales, es decir, en las redes sociales incluyendo a las plataformas de vídeo como YouTube o Twitch ha perdido completamente el relato. Y a este respecto su rearme es recurrir a términos simples, de contenido puramente ideológico pero muy sencillos de difundir como "Fachosfera" o "Manosfera", etiquetar de "bulos" a cualquier mensaje que critique sus políticas salvo los que ellos mismos se inventen, acusar de "fango" a los medios de comunicación no alineados con su discurso y atacar a los youtubers. Y ponen en la diana en especial a los que han decidido libremente situar su residencia física y no sólo fiscal en Andorra para evitar el pago de ingentes impuestos tanto como autónomo como persona jurídica.

No son pocas las ocasiones en las que se ha demonizado a los creadores de contenido insertando extractos breves, se les ha ridiculizado y jamás se les ha dado voz para defenderse. El llamado Real Decreto (normativa del Gobierno) de los influencers servirá ante todo para controlarlos y conocer a quién señalar, denunciar y sancionar sin más preámbulos, ya que se crea un registro para que todos aquéllos creadores de contenido que superen el millón de seguidores, si difunden EN España pese a que no no residan aquí. Esto contrasta con la intención de subvencionar a creadores feministas (fundamentalmente mujeres como Carla Galeote o Julia Salander) y dotarles de un servicio jurídico gratuito (seguramente para denunciar a gente de la "manosfera"). Esta nueva intervención se justifica en el contexto de "despatriarcalizar las redes", cuando en realidad están azuzando un hombre de paja.

En cuanto a las redes sociales, se ha optado por señalar a X (antes Twitter) por ser propiedad del empresario Elon Musk relacionado con Donald Trump y de ideas pro liberales económicas y anti wokistas. Desde los socios del Gobierno se impulsó y aprobó en el Congreso la idea de una "red social pública" que compita con las privadas y que obviamente tendría todo el control posible. Nada mejor para impulsar una propaganda usando dinero público desde fuentes no tradicionales y, por supuesto, controlar los mensajes que se difundan, restringir la libertad de expresión y promocionar mediante bots la información que sí interese difundir. Todo un sueño cumplido para Pablo Iglesias.

Para contrarrestar relatos contrarios en medios alternativos, han ejercido también una batalla contra los calificados "pseudomedios", que básicamente son los periodistas que emiten preguntas incómodas en el Congreso o en la calle como Vito Quiles y Rescue You de EDATV ó Betrand Ndongo de Perodista Digital. Mienten los socialistas cuando aseguran que los periodistas "irreverentes" se saltan los turnos y no los respetan, puesto que lo que realidad ocurre es que no se les deja intervenir, precisamente porque no les gustan las cuestiones que les hacen. Ante esas preguntas oportunas por muy incómodas que sea, sólo les queda lo de siempre, regulación y control tanto por Ley como a través del Reglamento del Congreso y retirar acreditaciones. Hace un año ya se anunció eliminar financiaciones, lo que contrasta con las subvenciones que paga el Gobierno a sus afines.

Las cortinas de humo. Muy vinculado al anterior y en connivencia con el siguiente punto, son los "moñecos" como dice el bueno de Pedro Herrero. No hay que olvidarse del famoso "pajaporte", que supuestamente se iba a instaurar en septiembre del pasado 2024 para obligar a suministrar el DNI a todo aquél que quisiese conectarse a páginas con contenido pornográfico. Todo esto en el marco de reducir las causas de que se hayan incrementado las violaciones y agresiones sexuales a consumir contenido porno. En cambio, no les interesa analizar en más profundidad qué factores culturales, sociales e individuales pueden estar detrás. Esos estudios pondrían en tela de juicio tanto sus políticas feministas como de inmigración, integración y reinserción.

Más recientemente se ha vuelto a aludir al intento de ilegalizar la prostitución, precisamente algo que no está legalizado y que contrasta una vez más con los escándalos de puteros andaluces con dinero público de los ERE y ahora con los trapicheos de Ábalos y Koldo. Esta vez será en septiembre cuando se plantee al Congreso con tal de desviar la atención.

Ya hablamos por aquí de los rentistas como chivos expiatorios del problema de la vivienda y de los "operadores privados" en relación con el apagón eléctrico, pero ahora uno nuevo son los "corruptores". A esa nueva construcción ha ayudado Gabriel Rufián tras una reunión con Sánchez habiendo sido comunicada en primera instancia por la vicepresidenta Pilar Alegría. Ponen el foco en las constructoras como si los políticos corruptos fuesen víctimas, como si los culpables fuesen otros por provocar y como si otras empresas de otros sectores no pudieran participar en ello, como las que suministraron las mascarillas en tiempo de pandemia e iniciaron toda esta investigación de corrupción que se retrotrae al momento en que volvieron los socialistas al poder tras una moción de censura (2018). La única que ha triunfado en la historia de la democracia estatal. Y era contra la corrupción del PP... 

Pero para el PSOE la corrupción no parece existir en la izquierda, tal y como defendió el presidente del Gobierno esta semana en el Congreso, aseverando con un notorio enfado que la izquierda no roba. Rescatando la vergonzosa afirmación de Ábalos sobre la condena de los ERE que la reducía a un caso de "personas que gestionaban la junta de Andalucía". Como si con el PSOE no fuera la cosa... Pues esta es otra importante pata de las cortinas de humo.

Por último, azuzar el miedo a que gobierne la ultraderecha es una suma de relato + cortina de humo. Primero, impone la visión del PSOE y sus socios como lo único bueno y preferible de forma incondicional a cualquier cosa, contribuyendo a fortalecer una visión de polarización. Y es que son ellos y no otros los que más han contribuido a la polarización de la sociedad española. Seguidamente, reducen todas las noticias de corrupción a una campaña orquestada por "la derecha mediática, judicial y policial" cuando no hablan directamente de "policía patriótica" dirigida por el PP, motivando e impulsando el descrédito a las instituciones que no controlan del todo (por ahora). Además, difunden la mentira de que sus corruptos han sido apartados y están plenamente identificados cuando tanto los políticos como su entramado mediático se han encargado de defenderlos ante la extenuación. Y no, no son cuatro gatos. Son personas importantes que hasta hace poco eran ministros, secretarios de organización, consejeros de CCAA e incluso están en la picota de las investigaciones varios ministros actuales. Incluso los más apestados fueron muy cercanos al Presidente.

El entramado mediático. El Gobierno Sanchista sabe perfectamente qué botones pulsar para intentar controlar el relato, difundir las cortinas de humo y potenciar la polarización, algo muy peligroso en cualquier sociedad pero que siempre beneficia a los gobernantes. El entramado mediático son tres patas: Primera, presupuesto público mediante la inversión en campañas de propaganda y la construcción de redes clientelares cuyo sentido de existencia depende absolutamente de financiación pública. Segunda, prensa sincronizada pública y privada que difunde los mensajes de Moncloa y en ocasiones de forma anticipada. Tercera, un equipo de "expertos" totalmente ideologizados, cuidadosamente seleccionados y vendidos como "independientes" que validan y proporcionan autoridad a las dos patas anteriores. A eso se le llama el System Contreras, del que hablan con frecuencia Pedro Herrero y Rubén Arranz, comunicador y periodista. 

En este sistema tiene un peso fundamental RTVE, ya que en realidad es la cabeza de este monstruo de tres patas cuyo cerebro es el Gobierno. Es de sobra conocido que el ente público (ahora sociedad mercantil estatal de capital absolutamente público) siempre ha sido un instrumento al servicio del Gobierno de turno, pero en los últimos años el masaje informativo ha llegado a un punto de película clasificada X. Estamos hablando no ya de que los contenedores informativos parecen más un equipo de abogados defensores del PSOE cuando no blanqueadores de sus tropelías, es que se asiste a una programación en la que cualquier supuesto entretenimiento es una pedrada ideológica y política "full PSOE state of mind": La hora de la 1, Mañaneros, Malas lenguas, La familia de la tele (que EPD tras su pésima audiencia), La noche en 24 horas, el show de Marc Giró, Al cielo con ella (infame late night) y hasta La Revuelta con David Broncano. Es una parrilla televisiva absolutamente al servicio del relato y las cortinas de humo de Moncloa.

Control de las instituciones. El primero y más importante sin duda es el del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido. Gracias a ello ha sido posible no ya la amnistía a los políticos independentistas golpistas, sino también la anulación de las condenas por corrupción de los ERE a los socialistas andaluces como Chaves y Griñán. Es lógico pensar que ante cualquier inconveniente y condena incómoda, siempre va a estar este órgano para salvar al PSOE porque son mayoría los vocales al servicio directo del Gobierno actual. También se desbloqueó la renovación del Consejo General del Poder Judicial no sin antes extorsionar al PP con modificar las reglas para elegir los vocales sin ellos. Obviamente, con la mayoría del CGPJ cuenta también con la presidencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, ni todo esto ni tan siquiera contar con la Fiscalía General del Estado a su servicio es suficiente. Y eso nos llevará al siguiente apartado, pero antes hay más.

El asalto definitivo a RTVE ya tuvo lugar el pasado 30 de octubre de 2024. Mediante Decreto Ley, se aumentaban de 6 a 11 los consejeros nombrados por el Congreso (donde hay mayoría de la coalición presuntamente progresista) y se mantenían los 4 en el Senado (donde hay mayoría del PP y VOX). Otras entidades en las que tienen "personal de confianza" (es decir, socialistas con el carnet en la boca) son Correos con Pedro Saura en la presidencia, Redeia con Beatriz Corredor, el CIS con Félix Tezanos y otras muchas más.

Reformas legales institucionales. La polémica más reciente es la llamada Ley Bolaños, que conecta con el relato de "fascistas con toga" y pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la instrucción de las causas penales las lleven a cabo las fiscalías en lugar de los jueces. Y, ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que aquéllas dependen directamente del Fiscal General del Estado que es nombrado a dedo por el Gobierno entre acólitos preparados para defender su causa. Y lo que es más vergonzoso aún, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que está investigando todos los casos de corrupción relacionados con Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez, David Sánchez, Álvaro García Ortiz y otros cargos públicos que percibieron comisiones o "mordidas" en contratos públicos de mascarillas y de otra índole, pase a depender igualmente de la Fiscalía General. 

Por otra parte, está la modificación del sistema de Concurso-Oposición de la carrera fiscal y judicial que ha causado muchas quejas de asociaciones de jueces y fiscales, todas ellas menos la más afín al Gobierno (Jueces y Juezas para la democracia). En el turno libre se suprime un examen oral y se sustituye por un caso práctico de razonamiento (más subjetivo para valorar). Lo mismo sucede en los del cuarto turno (juristas con más de diez años de experiencia) donde además añade cargos de notario y registrador, publicaciones en revistas científicas según su calidad jurídica y regala 5 años de antigüedad en la carrera judicial en el momento de aprobar como si fuese un extra por contratar Movistar Plus. Por último, en la estabilización extraordinaria de jueces y fiscales interinos en los que les bastaría cinco años de "actividad profesional" pudiendo computar hasta trabajos de abogados y un dictamen como único ejercicio. Todo esto ha venido de forma simultánea a una convocatoria de más de mil puestos.

Estas tres reformas son legales si se aprueban por mayoría pero las dos primeras son un auténtico disparate antidemocrático y la tercera es más sutil, pero todas ellas podrían culminar con la destrucción definitiva de la separación de poderes.

En conclusión, aunque en España vivimos en una democracia instaurada desde 1976 y ratificada en los dos años siguientes, el texto constitucional de 1978 ha permitido que un Gobierno pulse los botones necesarios para convertir el sistema en una oligarquía autocrática. Por una parte, el PSOE ha difundido un relato y unas cortinas de humo gracias a un entramado mediático público y privado que le ha permitido crear redes clientelares y exponer a rivales como excesivamente radicales y totalitarios. Por otra, se ha dedicado a mover todas las palancas posibles para reforzar su posición de poder, aún pese a su debilidad manifiesta con sus socios que están perdiendo la confianza, así como a iniciar las reformas que puedan reforzar dicha posición en aquellos aspectos donde la "soberanía popular" es más difusa. Y estas acciones vergonzosas no hubiesen sido posible sin fortalecer las primeras, retratándose así el verdadero manual de resistencia de Pedro Sánchez: permanecer en el poder a toda costa.

(Fuente de la foto: The Objective).

Adelgazamiento y racionalización del Estado: qué elementos son necesarios

Un debate del se rehúye más de lo que se debería es el del adelgazamiento del Estado. En los 40 años de extensión del sistema democrático nacido de la Constitución Española de 1978, la burocracia estatal y autonómica no ha cesado de crecer y, con ello, tanto las regulaciones legales y administrativas como el personal al servicio de las Administraciones Públicas. Yo soy uno de ellos y tengo claro que si viviese cien vidas, en todas ellas seguiría tomando la decisión de opositar. Seguramente la mejor que he materializado. Ahora bien, por el mero hecho de ser funcionario de carrera hay gente que considera que estoy totalmente desacreditado para opinar a este respecto y me etiquetan como socialdemócrata cuando no afín a un régimen estatista o antiliberal. Es más, se atreven a azuzar el hombre de paja señalando que los impuestos que yo pago, tanto los directos como indirectos son en realidad un menor sueldo o, dicho de otra manera, existe un flujo de entrada y salida de fondos del Estado porque cobro del mismo (en mi caso de la CARM, pero en su pedrada de argumento no varía mucho). Para mí esa es la parte más cuñada del anarcocapitalismo, la que cree que los funcionarios no sufrimos igual el expolio del Estado simplemente porque retribuye nuestra nómina y por lo tanto nos desacredita para opinar. Pues NO. Los funcionarios liberales existimos. 

En Argentina se habla de que Milei tiene interés en desactivar el Estado peronista y achicar el elefantiásico entramado burocrático y administrativo que los anteriores gobernantes han tejido allí. De momento, ha suprimido muchas regulaciones, ha revertido el déficit público y tornado en superávit público y ha reducido el personal empleado público pero ojo, no ha expulsado a funcionarios de planta permanente (como se llama a los funcionarios de carrera allí) sino que más bien no ha renovado y ha rescindido contratos laborales que son básicamente el personal empleado público más extendido en dicho aparato administrativo argentino. Personalmente, apruebo sin duda alguna la gestión económica de Javier Milei en el tiempo que lleva y en algún momento le dedicaré un post y me extenderé más. La otra cara de la moneda es Elon Musk, que hace poco abandonó la oficina DOGE por la eficiencia burocrática después de apenas haber cerrado USAID (que supone un porcentaje ínfimo del presupuesto estadounidense) y haber terminado muy mal con Donald Trump por discrepancias. Ahora bien, con independencia de estas experiencias internacionales, ¿qué se puede hacer en España y qué se haría desde la perspectiva de un funcionario liberal?

Para empezar, el Estado no se puede desactivar así sin más. En primer lugar y antes de suprimir puestos de trabajo y personal empleado, la tijera que debe de abrir el camino está en las regulaciones. Como en todo, lo formal ha de ir por delante de lo material. Hay sectores que funcionan mejor sin una excesiva burocracia, como por ejemplo la Vivienda, el suelo o la energía. Y también existe legislación duplicada y poca coordinación entre administraciones de distinto nivel, que empeora cuando el color político es distinto. Es cierto que se ha avanzado mucho gracias a las plataformas de interoperabilidad y la Administración Digital, que igualmente es una gran oportunidad tanto para el autónomo como para el particular empleado. Ahora bien, de poco sirve esa conexión digital si siguen existiendo enormes trabas y controles administrativos que requieren documentación, plazos y procedimientos que tardan en resolverse. Por otra parte, también existen sectores en los que el Estado por motivos ideológicos y políticos se ha querido inmiscuir, como las nuevas regulaciones sobre tenencia de animales para uso doméstico y, a mucha más escala, el famoso Ministerio de Igualdad. Y eso nos lleva al siguiente punto.

En segundo lugar, el Estado y por extensión las Comunidades Autónomas desembolsan importantes cantidades económicas como transferencias o subvenciones donde antes no lo hacían, fundamentándose en un relato apoyado en nueva legislación y políticas públicas asociadas. Así, el Ministerio de Igualdad disfrutó en 2024 de un presupuesto de nada menos que 573 millones de euros mientras que en 2019 era de 181 millones. Es decir, teniendo en cuenta las crisis del Covid y de la inflación derivada de la guerra en Ucrania el gobierno de coalición capitaneado por el PSOE ha multiplicado en más de 3 veces el dinero destinado a mantener un Ministerio que fundamentalmente se dedica a entregar dinero, tanto en el interior de España como fuera por motivos de cooperación internacional. Amparándose en principios loables como la igualdad o la lucha contra la violencia de género, financia enormes gastos corrientes y engrosa nóminas de muy dudoso impacto público y social (que puede verificarse con datos y estadísticas). Pero la cuestión no se encierra en dicho Ministerio, pues existe también una tendencia a la departamentalización excesiva, como ya hemos comprobado en la última legislatura con el Consejo de Ministros más numeroso de la historia democrática de España.

En tercer lugar, lo del personal es sin duda lo más complicado. A la gente no se le puede echar así como así, lo primero es que los funcionarios gozan de estabilidad e inamovilidad precisamente porque es garantía para el sistema administrativo que no dependa su continuidad del poder político. De lo contrario, el Gobierno de turno sea nacional o regional podría despedir a todos los que no sean de su cuerda y contratar a los suyos para que sigan una línea. Y eso favorecería tremendamente la corrupción. Los antifuncionarios tampoco son capaces de entender esto en sus odas envidiosas. En lugar de barrer y hacer reemplazo, los gobiernos sólo pueden suprimir los puestos de trabajo y mover a esos funcionarios a otros puestos en los que sean más necesarios. Sería una de las primeras medidas, que en ocasiones podría tener aparejada tanto el cierre de un determinado centro o el cambio de la normativa. Con los laborales es más fácil, pero mucho más con los temporales en los que simplemente no les renuevas el contrato o el programa del interino. Los laborales fijos es otro cantar pues ahí hay que abonar una indemnización como a todo trabajador despedido y no es nada recomendable. Por lo tanto, la reducción del personal ha de ser más bien largoplacista y supeditada a los puntos anteriores, acompañándose de una ralentización del crecimiento de las ofertas de empleo público. También queda aún pendiente una adecuada implantación de la evaluación del rendimiento que después de casi 20 años que consta en el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) todavía no se ha puesto en práctica, tal vez por dudas respecto de la objetividad del sistema, pero es algo que hay que seguir abordando y con garantías.

Sí, es cierto que recortar personal es lo más impopular. Pero no hay que olvidar que hemos entrado en una época en la que la generación baby boomer se está jubilando y van a quedar muchas plazas disponibles. Esas plazas pueden ser cubiertas tanto por gente ya dentro del entramado burocrático como por personal nuevo. Una alternativa podría traer aparejada la supresión del puesto bien del liberado por la persona jubilada o de la persona que le sustituya. Sin embargo, para ello es necesario hacer un estudio concienzudo. No se pueden hacer las cosas a la ligera. También se choca con la mentalidad de la gente, dado que el relato contrario a esto (y difundido de forma muy eficaz por el socialismo) es acusar que te estás cargando el Estado del bienester y las oportunidades de la gente para obtener un empleo público. Ese relato de la izquierda moderna que en realidad sólo esconde que quiere seguir convirtiendo a la Administración Pública en su juguete para desarrollar redes clientelares al igual que pretende hacer la derecha estatista. Es por eso por lo que reducir el personal es algo muy impopular y que insisto que necesita realizarse por fases. Lo populista es anunciarlo a los cuatro vientos para ganar elecciones, pero otra cosa es ponerlo a prueba. Y el achicamiento del Estado no puede hacerse en cuestión de meses ni de un año o dos, sino más.

Por tanto, los primeros pasos a seguir son los que son: modificar el marco legislativo y reglamentario, cerrar los centros físicos (ahorrándose además arrendamientos) y oficinas imaginarias donde pululan los chiringuitos, retirar asignaciones presupuestarias a destinos improductivos o más relacionados con redes clientelares que con finalidades de interés público y ordenada reducción del personal sin caer en una merma de los servicios públicos e internos indispensables.

Con todo, es posible que incluso con estas operaciones el Estado siga presente en muchas de las esferas de nuestra actividad privada. Ahora bien, el Estado debería estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio del mismo, puesto que ya contribuimos sobradamente con nuestros impuestos tanto trabajadores como autónomos. Esos impuestos han sido incrementados para poder hacer frente al ingente disparo del gasto público en los últimos años. Así que la reducción de aquéllos sólo será viable si somos capaces de frenar dicho gasto público y por extensión la cifra de los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma. Y es que quien prometa reducir los impuestos, si no baja el gasto público, directamente miente. Y en eso el PP tiene harta experiencia. Sólo bajando el gasto será posible ejecutar los créditos presupuestarios sin necesidad de acudir en exceso a la Deuda pública y generar déficit público cada año que, como siempre, termina pagándolo el ciudadano trabajador. Y es que esto nos lleva a un cuarto punto que en realidad estaría dentro del primero: el sistema de pensiones.

Como ya hablé en un post anterior sobre una entrevista a Albert Rivera, el sistema público de pensiones se está convirtiendo en insostenible por cuanto es 100% de capital público o, mejor dicho, financiado tanto con las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales como por la mencionada emisión de deuda pública. El sistema, necesariamente, debería de promoverse a un nuevo mixto público-privado en el que cada uno tenga opcionalmente un plan de pensiones privado que no sea penalizado y que por el contrario desgrave un porcentaje en el IRPF. No podemos hipotecar al Estado que debería ser un complemento y no el actor principal de las pensiones, que son el gasto público de mayor volumen de todo lo que se sufraga año tras año. Y los visos futuros, de menos gente trabajando y más gente sostenida por el Estado (aunque sea así con todo el merecimiento del mundo) no es un futuro muy halagüeño dada la situación actual y futura de la pirámide de población.

Y es que la realidad es que ningún partido político que apoye reducir las pensiones o incluso congelarlas en su programa electoral será capaz de llegar lejos en las urnas. Los pensionistas son amplísima mayoría y por tanto los que conforman las mayorías parlamentarias que terminan gobernando. Y como todos votamos según nuestros propios intereses personales, jamás darán su voto a alguien que proponga reducir o bloquear lo que se consideran derechos inmutables. Máxime cuando otros partidos tanto de izquierda como derecha santifican las pensiones y especialmente de los jubilados. Personalmente, no creo que efectivamente lo mejor sea reducir las pensiones pero sí al menos NO subirlas más de forma transitoria al mismo tiempo que se evolucione a un nuevo sistema mixto que descargue gran parte de esa responsabilidad al Estado. Lamentablemente, la izquierda española es más estatista que nunca e igualmente cataloga de acción demoníaca el descargar en el sector privado tanto la Educación como la Sanidad, que está demostrando que es muy eficaz frente a las interminables listas de espera. Y es que nadie piensa cómo con los mayores presupuestos en Sanidad de la historia todavía la Sanidad Pública sigue con los mismos problemas de siempre. Igual no es un tema económico sino de GESTIÓN. Pero el socialismo no lo va a reconocer nunca.

Por lo tanto sí, sí estoy a favor de privatizaciones eficientes que en realidad no suponen ninguna venta de la soberanía popular ni erosión del Estado. Aclaro que no me refiero ni a suprimir potestades públicas que han de seguir vigentes ni a destruir el Estado como aboga el anarcocapitalismo, sino que el sector privado coopere donde es más eficaz, más técnico, más experto y en ocasiones más responsable. En definitiva, aplicar un complemento y una competencia eficaz frente al Estado que, sobre todo, está absolutamente desbordado en las políticas sociales. ¿Por qué la gente se hace seguros privados? ¿Por qué contratan planes de pensiones privados? ¿No se han parado a pensar por qué y sin ser precisamente de economía particular boyante? Pero no, los obsesionados con el control político denuncian incluso los contratos de concesiones que son realizados por agentes privados con más conocimientos y técnicas experimentadas. Del mismo modo, la educación concertada ahorra dinero al Estado y CCAA y cuenta con profesionales preparados para impartir docencia de todos los niveles, de infantil hasta la universidad. Basta ya de demonizar al sector privado y a su iniciativa. 

En conclusión, no podemos destruir el Estado de un plumazo y ni tan siquiera sería lo mejor, porque es necesario e imperativo en no pocas áreas de nuestra vida. Pero sí es posible detener y retroceder en toda esta vorágine socialista que ha contaminado las administraciones públicas y con la aquiescencia del Partido Popular que no ha hecho nada por frenarlo por simple cálculo electoralista. Sí es posible pero de forma gradual y al mismo tiempo seguir trabajando en difundir un relato cultural que abras las mentes y combata la demonización del sector privado. Y es que del mismo modo que me toca los innombrables que a los funcionarios nos generalicen y nos etiqueten como parte del problema, también sucede cuando se desprecia tanto a las personas y empresas que generan empleo y levantan a este país. Creo que todos podemos vivir sin ser enemigos si se racionaliza el Estado y se frena en esa brutal lucha de clases que la política más rastrera ha usado y usa como arma para mantenerse en el poder. Mintiendo de forma deliberada, retorciendo el lenguaje y apoyándose en una prensa que ya no fiscaliza al poder sino que sirve los intereses de su amo como RTVE. El Estado es un actor imprescindible y necesario, pero no puede ser la autoridad absoluta que ahogue la iniciativa privada y sólo le interese comprar su docilidad con dinero y corruptelas. Así que fíjense si somos importantes y necesarios los funcionarios liberales en un sector donde, desde un punto de vista ideológico, se nos ningunea hasta por los que se supone que comparten algunos principios con nosotros.

20 años de transfuguismo en San Pedro y por qué sucede

Llevaba unas semanas pensando en realizar este post, pero por un momento no me atrevía por las posibles reacciones. He terminado decidiendo que no pasa nada, sino al contrario, con la intención no de remover el pasado sino de aprender del mismo. De hecho, en este post hay críticas hasta contra el que escribe ¿Qué está pasando con la política en San Pedro del Pinatar que difícilmente todos los concejales permanecen en sus grupos municipales? Todo nos lleva a hace casi 20 años, cuando el PP por fin sufrió una merecida derrota electoral el día 27 de mayo de 2007. Entre los que contribuyeron al cambio necesario me encontré yo mismo, que desposité la papeleta en favor de Unión de Centro Pinatar (UCPi) tras abrir los ojos dos años antes y percatarme del tremendo caciquismo que gobernaba mi pueblo por aquél entonces y que yo inconscientemente contribuía a blanquear votándolo en 1999 y 2003. Es más, desde ese año 2007 el PP perdió una cantidad de votos que no ha recuperado jamás, sino que se ha ido moviendo a diferentes partidos. Precisamente los que han ido sufriendo las escisiones.

El Alcalde nombrado para la legislatura 2007-2011 fue el candidato del PSOE José María García Ruiz, que fue votado por los diez concejales de su grupo más el de UCPi, provocando la dimisión y retirada de la política de Pedro José Pérez Ruiz tras 12 años en el cargo. La legislatura socialista, sin embargo, no fue nada fácil ni provechosa porque estuvo llena de polémicas como el cierre de los bares de la Curva, centro neurálgico del ocio y turismo de la noche del pueblo ó las denuncias por presunta contaminación de la fábrica de asfaltos ASSA. Sin embargo, lo que partió al grupo fueron disensiones internas originadas a partir de la renovación de la junta directiva en 2008. José García quedaba fuera de la misma y se escindió el partido en dos bandos. El del Alcalde y del Francisco Molero, Secretario general local. El primero de los grupos entendió que había sido una afrenta dejar fuera al primer líder que les había llevado al poder. No hay que olvidar que llegó pocos meses antes de las elecciones y fue presentado como una persona muy popular en el pueblo por su cargo de médico y especializado en gente mayor, que como todos sabemos hace tiempo que son el estrato de edad más extendido. Pues bien, tanto Molero como los tres concejales no alineados con el Alcalde fueron relevados como tenientes de Alcalde y sustituidos por otros como represalia. Esta guerra escalaría de nivel en marzo de 2009 con la disolución de la junta directiva recién constituida y la apertura de un expediente de expulsión por el PSOE regional. Sin embargo, tres de dichos concejales no se esperaron más y pasaron a formar parte como no adscritos ese año, aunque posteriormente lo hiciera Francisco Molero. 

Estas rupturas, como era de esperar, unidos a los errores políticos locales y la crisis económica con el Presidente del Gobierno Zapatero en la diana les hicieron sufrir un batacazo morrocotudo en 2011. Pasaron de diez a cinco concejales perdiendo 1.800 votos, el PP obtuvo mayoría absoluta y el socio UCPi desapareció de la Corporación.

En aquéllas elecciones y en esa legislatura 2011-2015 colaboré y formé parte de la candidatura de UPyD, de la que José Luis Ros fue único concejal tras obtener el partido 519 votos. Todos sumamos y el logro fue compartido. La legislatura no tuvo ningún tránsfuga y ya sería de más teniendo en cuenta que sólo éramos uno. La única incidencia fue la dimisión del portavoz de Democracia Pinatarense, José Antonio Albaladejo, por una condena en el año 2012 relativo a unos hechos de 2004 en que se produjo un accidente laboral de un empleado a su cargo y se le inhabilitó para cargo público. Obviamente, el ex Alcalde entre 1983-1991 cumplió con ello, dejó la silla en favor de una compañera de su partido y fui testigo del momento en que dejó el Pleno.

La siguiente legislatura 2015-2019 nos lleva al primer Ciudadanos de San Pedro. Tras una deriva autoritaria del presidente regional de UPyD y unas elecciones internas anuladas por motivos peregrinos, la gota que colmó el vaso fue cuando se nos negó presentarnos en coalición con Democracia Pinatarense. De esta manera, la única solución alternativa fue marcharnos todos antes de la campaña y constituir Ciudadanos en el pueblo prácticamente in extremis. En ese momento, ya había afiliados en el pueblo y en la lista convivíamos gente de origen muy diverso: UPyD, DPI, UCPi y los primeros Ciudadanos. El carisma de Albert Rivera nos permitió conseguir 3 concejales y 1.343 votos. Con todo, fueron poco más que los que cuatro años antes consiguió DPi, por lo que no fuimos capaces de sumar los 2.212 que eran la suma de los tres partidos del centro en 2011 y que nos hubiesen dado mínimo 6 concejales (si no más) incluyéndome a mí mismo.

La convivencia de todas estas familias ya era compleja y terminó de explotar por las fuertes discrepancias (incluso en público) entre el portavoz José Luis Ros y el número 2 Pedro Fenoll. Uno de los momentos clave fue la famosa reunión para constituir la Agrupación local en enero de 2016. La inmensa mayoría no pudimos votar al no constar como censados en dicha agrupación de San Pedro en lugar de San Javier, cosa que no tiene sentido pero al parecer fue por un error u omisión (consciente o no) de comunicación del partido. Encima de todo, el represente regional y que tiempo más tarde sería tránsfuga (Paco Álvarez) mostró en todo momento pasotismo y despreocupación. Para más inri, hubo gente que grabó en móviles todo este espectáculo e incluso algunos me aseguraron haberme visto haciendo aspavientos y muy enfadado. En fin, violación de privacidad en toda regla. Por mayoría de los pocos que podían votar salvo Pedro Fenoll, que quería postularse como coordinador local, y pocos más se decidió no constituir la Agrupación y postergarla, formalizándose en abril mientras me encontraba en Londres. 

Un año después, Pedro Fenol desconecta del partido de forma escalonada dimitiendo como secretario de la Junta, desafiliándose y terminando por pasar al grupo no adscrito en abril de 2017. Había nacido nuestro primer tránsfuga, después de una serie de reuniones de la Agrupación en las que él fue el causante principal del mal rollo motivado por su frustración de no ser coordinador, sus desavenencias con el portavoz y, lo que es más, no poder manejar al partido regional a su antojo. En los dos años que quedaron de legislatura le pasó la mano al PP convirtiéndose en su concejal número 12, sin dejar el acta en ningún momento y presentándose por Vox en la siguiente legislatura. El hecho de no haber expulsado a esta "oveja negra" que no colaboró en nada desde la propia campaña y que torpedeó tanto desde el Pleno como desde la Agrupación, sin duda perjudicó la imagen tanto interna como externa.

En la legislatura 2019-2023, con el partido en el ámbito nacional más crecido, contamos con un equipo renovado. Hubo controversia desde la fase de elaboración de la lista porque el candidato, que volvía a ser José Luis Ros, había propuesto sus números 2 y 3 como fichajes para reforzarnos. La opción alternativa era muy radical: dimitiría el candidato y  no se presentaría. Esto se interpretó como una desconfianza hacia el resto del grupo y hubo gente que se apartó de la campaña. Yo inicialmente me posicioné en contra de los fichajes, pero terminé aceptándolo aún a cuenta de que me perjudicó notablemente cuando tiempo antes se me comento que podía ser el número 2. Y tampoco se descartaba algo más en caso de promoción interesante a Regional de José Luis. Esta hipótesis se truncó debido a discrepancias con la Junta Directiva regional, la que dos años más tarde traicionaría al partido nacional. A posteriori, José Luis terminaría acertando parcialmente dado que Sebastián Mateo aportó mucho trabajo y contacto con el pueblo mientras que con Ana Valero no así. Obtuvimos 1.446 votos, 3 concejales y una nueva decepción, pues sólo fuimos capaces de incrementar 100 míseros votos tras cuatro años. Nos perjudicó la irrupción de Vox, que pescaron 1.014 votos y metieron 2 concejales. El PP únicamente perdió 100 votos revalidando su mayoría. Por otra parte, debo comentar que pasé de ser secretario a ser coordinador en unas elecciones express celebradas en plena campaña electoral debido a las dimisiones de dos personas de la Junta Directiva por discrepancias en la constitución de la lista. De alguna manera fue la compensación por desaparecer de los puestos de salida, pero no fue el mejor momento precisamente. Y el partido regional creyó que sí lo era.

En marzo de 2021, Ana Valero solicitó pasar como concejala no adscrita sin devolver el acta y a permanecer en la Corporación por discrepancia con la presentación de la moción de censura en la Asamblea Regional por Ciudadanos (Ana Martínez Vidal) y PSRM, que terminó siendo reventada tras "convencer" el PP a varios de los diputados de Ciudadanos. Justo los que no ocupaban hasta el momento cargos políticos a excepción de Isabel Franco. Para justificar su decisión, Ana recurrió al argumentario extendido por todos los que se fueron marchando del partido a nivel nacional de que "se transfugó el partido, no yo" y siguió compatibilizando su cargo de concejala con el de asesora del Presidente de la Asamblea, que también perteneció al bando tránsfuga (Alberto Castillo). Sin embargo, dejó el acta aludiendo motivos personales en 2022 siendo un día más tarde nombrada Secretaria General de una Consejería gobernada por la tránsfuga Valle Miguélez. Este nombramiento fue posterior a que la anterior Secretaría dimitiera precisamente por discrepancias con Valle. La salida de Ana permitió la entrada de Emilio Calleja, que estaba ya apartado de todo lo que era el partido. Sin embargo, fue una persona que dio ejemplo y trabajó con sus compañeros, respetó la disciplina de voto y curró como siempre ha sabido hasta el final. Es una verdadera lástima que no estuviese desde el principio.

La mala gestión de la crisis de la moción de censura de 2021 (que no se debió ni de haber impulsado nunca sabiendo la fuerte discrepancia en el grupo político que había) no hizo sino acrecentar las grietas de una legislatura que fue un auténtico calvario. Volví a ser reelegido coordinador pero sin que yo fuera incapaz ni de apenas incrementar la afiliación ni de frenar salidas de gente que estaba. Y es que si en el partido tratábamos de cerrar un agujero, se abrían tres más. Sebastián Mateo anunció su dimisión y dejó su acta (como debe ser) en enero de 2023 y anunció la creación de un partido independiente. Esto permitió que entrase Susana Alcaraz. Y ya sólo faltaba otra salida más para que yo entrase, pero la que yo esperé que llegase nunca llegó. El caso es que terminé comunicando a la coordinadora regional la imposibilidad fáctica de constituir una lista en San Pedro para 2023 para finalmente trasladarle mi dimisión como coordinador al producirse una nueva baja en la Junta local. Total, que terminé marchándome a la lista de San Javier como enterrador del proyecto de San Pedro, si bien mi parte de culpa había sido un porcentaje pequeño de un buen número de causas confluyentes.

La campaña de las elecciones para la legislatura 2023-2027 fue una escabechina generalizada para Ciudadanos en toda España. En San Javier fuimos fagocitados por el partido independiente Pleamar, mientras que la Agrupación Independiente Pinatar obtuvo 1.347 votos. Es decir, prácticamente todo el voto Ciudadanos San Pedro tras su incomparecencia. Obtuvieron 3 concejales mientras que Vox dio la sorpresa, liquidó la mayoría absoluta del PP y obtuvo 2.075 votos y 5 concejales. En resumen, todo lo que soñamos en los dos comicios anteriores lo lograron ellos. Sin embargo, el principal partido de la oposición se rompió en octubre de 2024 con la escisión de Dolores Martínez Navarrete y que pasó al grupo mixto por discrepancias con el portavoz Antonio Martínez. Esto contrasta con la marcha de David Sáez del mismo Vox, que sí dejó el acta.

No hay que olvidar tampoco que meses antes en abril se había producido la salida de la Alcaldesa Ángela Gaona alegando presunto acoso de una persona, si bien (sin poner en duda la existencia de lo denunciado) muchos creemos que las razones fueron otras como la incapacidad para negociar unos presupuestos y ciertas denuncias judiciales al Ayuntamiento. Más cambios se produjeron en abril de 2025 con la dimisión de Sebastián Mateo y que por segunda vez dejó el acta por motivos personales y profesionales y, para rematar, un segundo caso de escisión con el pase al grupo mixto de Noelia Cano a primeros de este mes de mayo. Los motivos que esgrimió fue discrepancias con el portavoz Borja Pérez por motivo de no haberle invitado a formar parte de la Junta Directiva. ¿Les suena esto a algo? ¿Sí, verdad?. Finalmente, de manera reciente dejó el PSOE Cristina Martínez por motivos personales al trasladarse a Galicia a trabajar (le sustituirá Alejandro Mañogil) mientras que María José Escudero hizo un viaje de tres días de ida y vuelta al dimitir y retractarse tras inicialmente haberse sentido sobrepasada en sus funciones y carga de trabajo. Me parece muy bien que siga, pero son movimientos que se supone que han de ser meditados y francamente no me queda del todo claro que lo hayan sido.

Siempre he defendido y defenderé mi postura de que todas esas personas que abandonaron sus grupos por los que se convirtieron en concejales y que NO entregaron su acta, en lugar de eso debieron de haber dimitido. La dignidad y principios no pueden reivindicarse por aferrarse a una silla, sino más bien lo contrario. Porque ese cargo de concejal/a lo obtuvieron por presentarse en las listas de un partido político por el orden establecido. Porque yendo por sí mismos en solitario y sin el paraguas publicitario del partido no lo hubiesen conseguido y es lo que hay cuando la democracia a día de hoy también sigue siendo una democracia de listas cerradas y bloqueadas. Lo contrario, conservar el acta, no es un acto de respeto ni de compromiso con los ciudadanos que con sus votos a la lista y al partido con el logo lograron que accediese a dicho cargo público. Es un acto de egoísmo y de primar los intereses personales por encima de los colectivos, es decir, un acto de tránsfugas. Lo lógico es hacer lo que en dos ocasiones hizo Sebastián Mateo. Ahora bien, después de recuperar y relatar todo esto pienso que me ha servido para elaborar una conclusión. ¿Por qué la gente se transfuga?

La culpa no la tiene el Partido Popular, por mucho que pudiera tener confidentes y trolls a su servicio. El problema ha sido siempre de base. Primero, no contar con una cohesión interna de grupos constituidos en breve tiempo y pertenecientes a familias ideológicas diversas con intereses no compartidos. Ahí también influye que por acumular supuesto músculo se deje pasar a todo el mundo sin ningún tipo de entrevista ni criba, especialmente en los partidos que se crean muy rápido. Segundo, disponer de un liderazgo fuerte tanto en lo político e institucional pero no lo suficientemente carismático en lo interno, y esto afecta tanto al político propiamente dicho como al coordinador o secretario general. Tercero, no favorecer la participación en los órganos directivos de personas con diferentes puntos de vista pero principios comunes y en contraposición potenciar la bicefalia en los partidos. La democracia interna es una y otra vez pervertida en su significado y sustituida por la Ley de hierro de las oligarquías de Robert Michels. Y cuarto, no disponer de un adecuado reglamento interno de prevención y resolución de conflictos que evitase que una oveja negra contaminase al resto. Pues bien, esto creo que es lo que ha pasado en prácticamente todos los casos de actas retenidas que he relatado.

Empezar mal conlleva seguir mal y terminar mal si de base no se ataja el problema. Es la autocrítica que creo que era necesaria hacer y que espero que haya alguien que la tenga en cuenta en esa oposición en San Pedro del Pinatar que es muy necesaria para evitar que el PP campe a sus anchas sin cortapisas, máxime cuando siguen existiendo miles de pinatarenses que siguen otorgando su confianza.

La Comarca del Mar Menor y su sentido práctico

Llevaba un tiempo pensando en trasladar a un post un hilo de Twitter que abrí hace unos años relativo a la estructura territorial de la Región de Murcia y más en concreto a la Comarca del Mar Menor. En varias ocasiones (2022 y 2024) recibí tremendo hate con insultos, poniendo en duda mi doctorado y hasta señalándome con mi imagen, denunciando yo mismo ese tweet y, por cierto, consiguiendo su eliminación. Verdaderamente me asustó esa falta de argumentos acompañada de odio y opté por bloquear a todos los irrespetuosos. Todo por creer y defender que existe la Comarca del Mar Menor. Esta mañana leí un post de un contacto de Facebook volviendo a silenciar al Mar Menor y me animé a no esperarme más. En este post explicaré de forma más contextual el por qué pienso así y en base a qué, tanto refiriéndome a lo que escribí en el mencionado hilo como añadiendo más información.

Primeramente, no existe a día de hoy ninguna Ley de comarcalización en la Región de Murcia, sino que existen demarcaciones por razones agrarias, portuarias e hidrográficas que ni siquiera coinciden exactamente. Eso quiere decir que no existe personalidad jurídica alguna de dichas comarcas ni tampoco son oficiales sus límites y extensión. Por una parte se habla de Comarca del Campo de Cartagena, que para los cartageneros que apoyan la constitución de la provincia la equiparan exactamente a la anterior y que al menos englobaría los municipios del mismo nombre más La Unión, Torre Pacheco, Mazarrón, Fuente Álamo, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares. Esto difiere, como he dicho, de otras demarcaciones como la hidrográfica que mete también a Águilas. Sin embargo, esta última pertenecería a la misma comarca donde se encuentra Lorca que es la de Alto Guadalentín.

Desde mi posición esa denominación no sería correcta en una hipotética oficialización de las comarcas que probablemente termine sucediendo algún día. De hecho, este año se ha constituido la Asociación de municipios de la Comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor en la que participan todos los municipios antes citados a excepción de Mazarrón. ¿Se dan cuenta de lo que venía diciendo, que ni siquiera están plenamente definidos? Aún así, algunos cartageneros de la ciudad (no precisamente del campo) han protestado porque entienden un afrenta a Cartagena que no se llame exclusivamente "Campo de Cartagena" e incluso lo acompañan de la expresión "Comarca Natural" (como el contacto de Facebook del que hablo) como zanjando cualquier tipo de debate que ose discrepar. Y lo que es más, lo defienden con vehemencia cuando en realidad están escondiendo su centralismo selectivo, del que más tarde seguiré hablando. ¿Qué problema hay en mencionar al Mar Menor cuando tiene un entorno natural muy particular y la economía de estos territorios no sólo es de campo sino también de mar? ¿Por qué silenciar en la demarcalización de nuestras comarcas a nuestra laguna que merece todo el reconocimiento y protección? No, no es ningún insulto a la ciudad de Cartagena que la comarca en la que se sitúe se mencione al Mar Menor.

Como he mencionado, yo siempre me he considerado integrante de la Comarca del Mar Menor, aparte de murciano en tanto perteneciente a la Región y amante de su cultura y entorno. Sin embargo, esto hay que matizarlo. Dentro de las críticas que me lanzaron, aunque se fueron más por la ira y la furia testosterónica, tenían su parte de razón. No tendría sentido que existiese una Comarca del Mar Menor en la que se incluyese San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco. Lo primero porque esta última localidad NO está bañada por la laguna y la segunda es que faltaría Cartagena y La Manga del Mar Menor. Ahora bien, teniendo en cuenta que ni siquiera los límites de las comarcas están claros, el Mar Menor lo consideraría más bien como subcomarca diferenciada en este territorio mientras que Torre Pacheco, La Unión, Fuente Álamo, Torre Pacheco, Pozo Estrecho y El Algar obviamente formarían parte del campo, donde además la agricultura está mucho más extendida que en los anteriores. Sin embargo, por razones administrativas entiendo que ha de formar parte de un conjunto más grande. Ahora bien, ¿por qué hablo de Comarca del Mar Menor?

La Historia de la Región de Murcia, aunque a algunos no les guste o sólo acoten lo que les interesa, nos dice que San Pedro del Pinatar, San Javier, Torre Pacheco y lo que en su día era Los Alcázares (repartido en los dos anteriores) pertenecieron al Concejo de Murcia desde los tiempos de Alfonso X el Sabio hasta su segregación en 1836 y constitución como municipios con Ayuntamiento propio. Una matización es que durante un tiempo muy breve pertenecieron al Concejo de Cartagena, pero enseguida volvieron otra vez al de Murcia. Lo más significativo es que durante esos siglos, constaban en las actas del Concejo como "Campo de Murcia". Sí, sí. Campo de Murcia, no Campo de Cartagena. El término Huerta se reservaba para localidades colindantes como Churra, Zaraiche, La Alberca, etc.. y la ciudad a los distritos donde se ubicaban las diferentes parroquias eclesiásticas. Y pueden consultarse dichas actas en el Archivo Municipal de Murcia totalmente digitalizadas. Si bien la denominación Campo de Murcia no la localizamos hasta finales del siglo XVII en que comienzan a designarse diputados para cada entidad de población, lo que básicamente venía a ser un alcalde pedáneo.

Y, en la actualidad, ¿es lícito hablar de Comarca del Mar Menor? Podemos poner más ejemplos, pero me referiré sólo a tres investigaciones. La primera es un libro realizado por la Universidad de Murcia en 2008 y financiado por el Ayuntamiento de los Alcázares que se titula Historia de Los Alcázares: Los Alcázares en el contexto de la formación de la Comarca del Mar Menor. Luego tenemos dos tesis doctorales. Una es de 2017 y que se llama Sellado de suelos en la Comarca del Mar Menor. La otra es de 2021 sobre Estudios de los factores que influyen en la empresarialidad del sector turístico en la comarca del Mar Menor, siendo de la Universidad Politécnica de Cartagena. Así que cuando estos señores a los que me refería al principio del post me acusen de tener un doctorado regalado, que lean un poco sobre investigaciones científicas. 

¿Y qué dicen en Cartagena los que tienen poder? En el Pleno del Ayuntamiento, curiosamente, se aprobó en marzo al mismo tiempo que los estatutos de la Asociación antes mencionada, una moción para instar a crear la "Comarca del campo de Cartagena" presentada cómo no por el partido Movimiento Ciudadano. Más les valdría a estos señores, aunque hace tiempo que se desmarcaron del impresentable que fue Alcalde dos años, que para criticar a los "barrigas verdes" por el centralismo de Murcia se dejen de mirar tanto su propio ombligo y respeten las demandas de descentralización del propio territorio de Cartagena que abogan por ser municipio propio como Pozo Estrecho, El Algar y La Manga (repartida entre Cartagena y San Javier). De hecho, el primero ya fue en su momento Ayuntamiento. Y es que equiparar las necesidades de la ciudad de Cartagena de la que ya no queda campo con las de El Albujón, La Aljorra, La Palma, El Carmoli, Los Urrutias, etc... no sólo es complicado sino que los propios vecinos reconocen sentirse discriminados y prefieren elegir a sus propios políticos. Algo que MC ha denunciado atacando como responsable al propio PP de Cartagena cuando esto lleva sucediendo desde hace más años. Pero claro, al igual que con el Mar Menor entienden que constituirse municipios propios sería un ataque a Cartagena cuando en realidad no es más que una expresión democrática de los vecinos que se seguirán sintiendo unidos a la comarca.

Dicho todo esto, mi conclusión es que deben de oficializarse las comarcas más que nada para tener claros los límites, sin necesidad de que se someta a ningún tipo de consulta ni referéndum porque la vida de los ciudadanos de la Región de Murcia no va a cambiar mucho. Su Comunidad autónoma va a seguir siendo la misma y su provincia... pues la misma. ¿Qué esperaban? No existe Diputación provincial. Y aunque las demandas "independentistas" del cantonalismo o sucedáneo aboguen por la biprovincialidad, eso ya sí que debería de pasar por referéndum y posterior aprobación por Ley de las Cortes Generales. Sin embargo, dejando claro que no apoyaría la constitución de una segunda provincia, sí que creo que la Comarca debería de llamarse Campo de Cartagena y Mar Menor y ni suprimir este último término, que lo consideraría mucho más ofensivo que lo que les resultó a los trolls que se enfadaron conmigo por ser un insulto a la orografía e historia de la Región, ni separarlos por razones administrativas. Es decir que un mismo municipio no debería pertenecer a dos comarcas distintas. Con todo y para mí, como he dicho antes, el Mar Menor es una suerte de subcomarca y que debe de seguir mencionándose a efectos prácticos, pero jurídicamente no debería ir sola por las características económicas y naturales de estos territorios. Por consiguiente, usar la expresión Comarca del Mar Menor sigue siendo un término plenamente válido.

Apagón eléctrico en España e irresponsabilidad pública

Este lunes asistimos a un escenario inesperado que fue el apagón por corte del suministro de electricidad en toda la península ibérica afectando a España, Portugal, parte de Francia e incluso Italia y Alemania. Pero especialmente fue acusado en España a partir de aproximadamente las 12:30 y sin que pudiera ser reestablecido el servicio en su totalidad hasta el día siguiente. Afectó, obviamente, no sólo a las conexiones de luz sino también a la telefonía fija, la móvil, Internet y lo que es mucho peor, a los transportes. Especialmente se vieron afectados los pasajeros de los trenes y en los aeropuertos, sin perder de lado a los que tuvieron la mala suerte de quedarse encerrados en el ascensor.

En mi caso personal, tuve la suerte de que en mi trabajo se conectasen los generadores y pudiera tanto informarme de que lo que estaba pasando no era precisamente algo circunstancial y sucedido en mi edificio como contactar con mi madre por teléfono. Sin embargo, a las 15:00 se cortó todo y nos marchamos siendo imposible trabajar. A partir de ese momento, había que estar pendiente de la información por cauces oficiales, pero también de los expertos que nos comunicasen y explicasen qué es lo que podría haber pasado a los que no lo somos.

En lo que todos coinciden es en que la infraestructura actual del mercado eléctrico habría favorecido el caldo de cultivo para lo sucedido el otro día. El funcionamiento del servicio eléctrico depende de que se ajuste la producción eléctrica (oferta) al consumo (demanda) y por lo general este último, aunque durante el día y las estaciones es cambiante, sí que es muy predecible y estable. Sin embargo, pueden suceder problemas inesperados como la fuerte disminución del consumo en un momento muy corto. En ese momento, para evitar el colapso, el sistema debe de autoregularse y disminuir la oferta. Ahora bien, las distintas energías no responden igual. Mientras que las energías clásicas no renovables (hidroeléctricas, carbón, gas y nucleares) cuentan con unas turbinas y un sistema que les permite dotar de inercia al sistema para poder balancearse y corregir las oscilaciones eventuales, en el caso de las renovables (fotovoltaicas y eólicas) no sucede así y además están expuestas a los cambios climatológicos. La única posibilidad de que estas sean capaces de responder mejor es mediante la inversión de tecnologías asintóticas.

Pues bien, el sistema español, en lugar de mantener un mix energético presenta una importante desproporción de energías renovables por delante de las renovables. Y no es casualidad que haya sucedido todo un lunes 28 de mayo a las 12:31 de la mañana, en un momento en que el Sol extendía sus rayos con todo su esplendor, funcionando a todo tren las energías fotovoltaicas y apagándose dos centrales nucleares por seguridad. Algo sucedió que disminuyó el consumo en 16 Gigavatios cargándose nada menos que el 60%, siendo las fotovoltaicas las que se desconectaron y en definitiva el sistema fue incapaz de responder. No se descarta que pudiera ser un ciberataque, pero como no existen pruebas que apunten a ello sería hablar por hablar. Pero como he mencionado ya, lo relevante es la respuesta que el sistema pueda dar y eso se puede conocer mucho antes que el origen del problema (si es que realmente interesa darlo a conocer).

Ante esto y mientras que el Gobierno de Portugal compareció varias veces por la mañana, Pedro Sánchez sólo intervino en dos ocasiones. Una por la tarde y otra por la noche para sencillamente confirmar lo que ya sabíamos todos, pero también para apuntar con el dedo acusador a los "operadores privados" a los que mencionó 15 veces y específicamente a las nucleares, precisamente las que gracias a sus generadores eléctricos han favorecido el funcionamiento de algunas empresas. El Presidente se dedicó una vez más a mentir, preocupado más por borrar cualquier posible sombra de responsabilidad o de culpabilidad del Ejecutivo y de la Administración General del Estado. Para empezar, la ayuda de Marruecos y Francia fue una solución de urgencia y precisamente gracias a sus nucleares.

Además, la entidad REDEIA que etiqueta como operador privado, a pesar de que sobre el papel y la Ley se constituye y opera como una empresa privada, es más bien de economía mixta y lo más relevante es que su socio mayoritario en el accionariado es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Una entidad pública que puso en la dirección a la socialista y ex ministra Beatriz Corredor y cuenta con varios consejeros que igualmente están vinculados al PSOE. Así que en la práctica REDEIA es una empresa controlada por el Gobierno y por tanto, de dirección pública y sometida al dictado socialista. Pero hay una sorpresa y es el contenido de su memoria anual presentada hace escasos dos meses en la que se reconoce el peligro eventual de la desproporción de las renovables y que ha sido ninguneada por la mismísma Beatriz Corredor tachándola de ser un informe "político" y no "técnico". Probablemente porque no fuese elaborado por los expertos "independientes" de los que ustedes se rodean como por ejemplo Antonio Turiel que confirmando lo expuesto mas arriba pero cargando contra las malvadas y pérfidas eléctricas y nucleares, ¿verdad Sra. Corredor? Cuando no es sino el Gobierno el responsable tanto de la planificación como de la seguridad energética.

Y es que ese es el punto de la política para construir el relato exculpador y crear el chivo expiatorio perfecto. Estamos hablando del System Contreras, acuñado por Pedro Herrero. Son tres patas: presupuesto público, equipo de opinión sincronizada y expertos cuidadosamente seleccionados que trasmiten que lo que dicen los segundos es cierto amparándose en una falacia de autoridad que machacan los segundos y los primeros compensan a los otros dos. Esto lo fabrica con suma maestría el gobierno de Sánchez, mientras que otros como Mazón hace tiempo que fracasaron estrepitosamente y siguen aferrados a la silla sin disponer de recursos que construyan y difundan un infame relato. Un relato parecido en su forma de construirlo al del drama de la Vivienda y los malvados y pérfidos arrendadores que son reducidos al "palabro" de rentistas para acentuar su estigma. Y es que hay que reconocer que la izquierda española tiene una impresionante habilidad precisamente porque cada vez concentra más recursos. Le falta controlar el Poder Judicial, que ya está en ello y de momento se le resiste el Tribunal Supremo. Pero todo se andará. ¿O no?

También podemos abrir los ojos a los que permanecen impávidos ante la desinformación y bulos del Gobierno que aparenta luchar contra la intoxicación cuando en realidad sólo pretende imponer su relato como verdad absoluta. Y es que la desfachatez del Gobierno de Sánchez, un Gobierno sumido en sombras de corrupción, con la mitad de sus socios peleados a cuentas del rearme de Defensa y absolutamente incapaz de aprobar unos Presupuestos, necesita bombas de humo para desviar la atención.

No lo lograrán.

Diagnóstico y contradicciones sobre el problema de la Vivienda

El mercado de la Vivienda en España ha experimentado en los últimos años unas tensiones considerables motivadas por la concurrencia de una demanda cada vez mayor una oferta muy escasa y que incluso se ha contraído. Esto, además, trae como consecuencia el fuerte incremento de los precios tanto para la adquisición de vivienda nueva como de alquileres. Y para entender por qué hemos llegado aquí hay que razonar primero por qué existe ese desfase entre la oferta y la demanda, dado que aunque sea teoría económica pura y dura hay quien no se ha enterado todavía de nada.

La demanda no ha dejado de incrementarse obviamente por el aumento de la población ya sea por simple natalidad o los movimientos migratorios tanto internos como externos. Es algo que lleva ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, pero sin que experimentase una contracción o estancamiento. Realmente no ha existido ningún incentivo a ello, salvo la movilidad a otro lugar por imposibilidad o compartir vivienda con otras personas. La oferta, en cambio, ha sufrido varios factores que le han y están perjudicando. Siguiendo al profesor Juan Rallo podemos enumerar los siguientes factores. 

Por lo que se refiere al sector público, básicamente tiene que ver con las regulaciones e intervención en el mercado de vivienda.

En primer lugar, el mayor problema es la escasa disponibilidad del suelo. En esto tienen mucho que ver los planes generales de ordenación urbana (PGOU) aprobados por los Ayuntamientos hace muchos años y que no están siendo reformados para habilitar suelo en orden a que construya el sector privado. Y esto no necesariamente en el suelo declarado como no urbanizable, sino en el sí urbanizable dada la compleja burocracia y falta de compromiso. Mientras tanto, las CCAA y el Estado favorecen incertidumbre regulatoria debido al continuo cambio normativo y especialmente en el caso de cambios de color de gobierno, así como los largos trámites de aprobación que se "inician" con una noticia en los periódicos. Esa incertidumbre perjudica la inversión y atraer capitales. En tercer lugar, los fuertes recortes de gasto público en edificación de vivienda (VPO) denotan el escaso esfuerzo. Lo que se vende políticamente como una oportunidad en Madrid (por ejemplo) se queda en paños menores en comparación con otras ciudades menos pobladas como Viena.

En cuanto al sector privado, le perjudica sobre todo la falta de financiación para la construcción de nueva vivienda. Los bancos españoles cerraron el grifo del crédito a los promotores inmobiliarios tras la crisis del estallido de la burbuja de 2008. Así que han tenido que buscar otras fuentes alternativas, máxime cuando se han incrementado los costes de todos los materiales para construir (especialmente cal, cemento, acero, hormigón, radiadores y calderas y cobre), de inputs como la energía eléctrica y el gas y de la mano de obra. A este respecto, no es ya que hay menos empleados ocupados en la construcción, sino que además se ha envejecido esa mano de obra. Y todo lo anterior repercute en una menor productividad del mercado de vivienda con empresas menos solventes y que por lo tanto construyen menos con más costes.

Ante este escenario, asistimos al vergonzoso e infame espectáculo de la prensa sincronizada que ejerce de mercenaria del Gobierno de España y sus socios apuntando como cabezas de turco a "los rentistas", que vienen a ser los propietarios de las viviendas que alquilan mientras están pagando religiosamente sus hipotecas y a los que se les acusa de hacer negocio. Precisamente en unos tiempos en los que tener una casa o piso alquilados no es precisamente un negocio seguro, sino lleno de riesgos. Muchos de los arrendadores son simplemente personas que heredaron viviendas de sus padres o que simplemente invirtieron en el mercado inmobiliario en su momento y quieren tener una ganancia extra. Pero ahora son rebajados a lo más indigno como culpables del problema que un gobierno supuestamente de izquierdas y socialdemócrata es absolutamente incapaz de resolver.

Lo que la extrema izquierda más rancia del espectro ha propuesto para resolver el problema de la vivienda denota un nivel de ignorancia supina de la situación a la paz que inquina selectiva contra los arrendadores. Y es que no sólo abogan por un control de precios de alquileres, es decir más intervencionismo y regulaciones que lo único que haría es contraer la oferta todavía más. Pretenden que los plazos sean indefinidos sin caducidad, que se ilegalicen todas las empresas de desocupación y el remate final: proteger a todos los "inquiokupas" que decidan libremente no pagar sus alquileres hasta que el propietario no se los rebaje hasta donde les interese. Y esto último en el marco de una delirante "huelga de inquilinos". Esto es resumido por Valeria Racu, la impresentable portavoz del denominado "sindicato de inquilinos". En teoría, los sindicatos se constituyen para defender los intereses de trabajadores y en su caso promover la organización de huelgas por sus derechos y no de los delincuentes.

A esta poca vergüenza se une la defensa y promoción de la ocupación de las viviendas no sólo por impago sino por apropiación indebida de las mismas, grabarse cocinando o haciendo vida allí e incluso denunciando al propietario por presuntas coacciones y amenazas. Y encima, echando la policía o multando a los propietarios. A este nivel de absoluto delirio hemos llegado por culpa de estos personajes con cuyas acciones, promociones y omisiones sólo pueden empeorar aún más la situación. Porque a ver de qué manera una persona se va a ver incentivada a alquilar su vivienda e incluso a comprar otra para hacerlo (o tal vez para vacaciones ocasionales) si estos miserables se van a amparar en la legislación socialista para declararse presuntamente vulnerables o incluso ni eso, porque abogan por la "rebelión" contra "los malvados rentistas". Y con independencia de la lacra okupa, el mejor hecho de ponerles el precio que ellos exijan ya distorsiona un mercado en el que los arrendadores no tienen ayudas sino al contrario, más IRPF que pagar y no tienen ninguna posibilidad de negociar sus hipotecas.

Por todo esto, conviene apagar RTVE y demás programas de lobotomización al servicio tanto del socialismo sanchista como del ente mediático de Pablo Iglesias e informarse realmente de lo que está pasando y lo que debería ocurrir para resolver el problema. Que la solución precisamente no pasa por más regulaciones y prohibiciones sino por  justo al contrario: desregular e incentivar más la construcción tanto del sector privado como público trabajando en los puntos anteriormente citados. Porque contraer la demanda es muchísimo más complicado que estimular la oferta. Y sólo cuando el sector privado crezca podrá contratar a personas formadas permitiéndose mayores sueldos e incentivos que vuelvan a llamar a trabajadores sin necesidad tampoco de ninguna burbuja descontrolada que sabemos que los bancos no permitirán.

Sólo así bajarán los precios sin distorsionar el mercado y en todo caso los arrendadores son también parte de la solución. Si tienen incentivos, no sólo comprarán una segunda vivienda sino que podrán sacarla a alquiler a precios competitivos. Igualmente, una persona que quiera ser propietaria tendrá más alternativas. Javier Milei ya marcó el camino en Argentina. Desregulen e incentiven.

La Defensa de España en Europa

Al margen de las polémicas de investigación por presunta corrupción, el Gobierno de España se está enfrentando a una nueva fisura que amenaza mucho más que lo anterior. Tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, la política exterior de los EEUU ha virado 180 grados de manera que no se puede confiar ni depender de los norteamericanos en el mantenimiento de la OTAN. Ha llegado un momento en que Europa, cuyos 27 miembros son democracias de colores muy distintos, no tienen más remedio que aparcar diferencias en cuanto a la reorganización y rearme de la Defensa se refiere. Y el motivo añadido es la amenaza de que la Federación Rusa de Putin no sólo siga atacando Ucrania sino también a otros países que pudieran ser otras ex repúblicas soviéticas o incluso países de la Unión Europea.

Para empezar, la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von Der Leyen declaró que la UE aspira a dedicar un presupuesto por cada estado miembro de alrededor del 3% de su PIB. Actualmente, España es uno de los países punteros de Europa que menos proporción destina, por lo que se encuentra en el punto de mira. Y ayer, en la sesión del Congreso, el Presidente Pedro Sánchez anunció un plan que realmente no era un plan, pues se limitó a prometer que los miles de millones de euros adicionales de gasto público en Defensa no se obtendrían vía recortes de pensiones y otros gastos sociales. Así, simple y llanamente sin exponer los pasos a seguir ni las alternativas. ¿Qué pretende entonces el Gobierno? ¿seguir incrementando aún más los impuestos directos e indirectos a los ciudadanos? ¿inventarse nuevos impuestos a la banca y a las grandes empresas penalizando la inversión? ¿endeudarse? ¿todo a la vez?

El PSOE ha reemplazado el trabajo por el testeo de qué opinan las distintas fuerzas políticas sean las que sustentan a un gobierno en clara minoría o las ubicadas en distintas perspectivas de oposición. Así, todos los partidos independentistas de izquierdas más los populismos de Sumar y Podemos se posicionan en contra de aumentar el gasto en Defensa. Por si fuera poco, estas últimas fuerzas exigen que se reduzcan por imposición los precios de los alquileres un 40% (distorsionando el mercado y desincentivando la puesta en alquiler), romper relaciones diplomáticas con Israel y, lo que es más, abrir el melón de que España abandone la OTAN junto con Bildu. Únicamente PNV y Junts se han manifestado estar de acuerdo con el incremento.

En el bando de la oposición, Feijoo manifestó su incredulidad de que no haya presentado nada el Gobierno para aclarar de dónde saldará el dinero mientras que Abascal acusó de complicidad con China por su reciente visita y con Venezuela por la compra de gas y petróleo y entiende que el rearme debería de centrarse contra Marruecos, ya que no se cree la amenaza rusa. La verdad es que de estos dos quien manifestó declaraciones más coherentes fue el líder del Partido Popular, pues Vox empieza a mezclar cosas y termina hablando del campo y su agricultura y de la inmigración ilegal. Si existe la necesidad de aumentar el gasto en Defensa, ese es el centro del debate, no empezar a liar la maraña con otros temas. Es lo que tiene el populismo de derecha, que mezcla cosas igual que el de izquierda.

Realmente, ¿en qué se tiene que aumentar el gasto en defensa? Sobre todo en base tecnológica. Y es una pena que aquí no se invierta más fundamentalmente debido a las trabas burocráticas y a los elevados impuestos. Además, por poner un ejemplo, es una vergüenza que la Guardia Civil disponga de lanchas modestas en comparación con las bestias que llevan los narcotraficantes. Si queremos tener un ejército, unas fuerzas armadas y cuerpos de seguridad realmente eficientes es preciso dotarles de los máximos avances. Realmente, el Presidente del Gobierno no es ajeno a esto, pero se limita a decir que antes del verano lo propondrá. Así que hasta ahora lo único que está haciendo es tantear al Congreso y se ha encontrado con muy malas noticias.

Este escenario ha echado atrás al Gobierno en la elaboración y presentación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, de manera que los Presupuestos de 2023 seguirían prorrogados y se incumpliría una obligación constitucional del Ejecutivo. Se excusa en que no se quiere "perder el tiempo al Congreso", cuando en realidad lo que sucede es que temen una sonora derrota que evidencia las fisuras importantes en sus socios. Sobre todo los arrinconados en la extrema izquierda. En cambio, los de derecha están más o menos controlados con el regalo del palacete al PNV y la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña después de que la dispensa de acogida de Menas no fuese suficiente. Qué cosas, ¿eh?

Mirando más allá de España, lo cierto es que pienso que ha llegado el momento en que dependamos menos de EEUU y sobre todo ahora que su presidente está desatado subiendo aranceles con el presumible interés de que baje el precio del Dólar. España sólo tiene futuro en Europa y en la OTAN, digan lo que digan populistas de extremas izquierda y derecha. No es menos cierto que hay ciertas políticas europeas muy polémicas con las que no estoy de acuerdo como las inmigratorias. Por ejemplo, que se imponga la sucesiva acogida de "supuestos" menores extranjeros que provienen de culturas incompatibles con la democracia y los derechos humanos, sin ningún tipo de control. Sin embargo, los países europeos sólo pueden ser más prósperos en el entorno del libre mercado del Euro y coordinación de políticas, al mismo tiempo que situarse bajo el paraguas de la OTAN ante cualquier amenaza a su soberanía, integridad e independencia territorial. 

¿Es Rusia un peligro? Francamente, después de los sucesivos incumplimientos de paz y no agresión a Ucrania, no es en absoluto de fiar Vladimir Putin. Asegura que no atacará nunca la OTAN, pero de momento ya ha hecho movimientos para usar a otros Estados como Georgia como puente con la UE contra las sanciones y los embargos. En Rumanía no le salió bien y su "candidato" fue excluido tras anular las elecciones por presunta injerencia rusa vía financiación ilegal. Con todo, lo de menos es Rusia, aunque sea el elemento motivador que usa Von Der Leyen para esgrimir exageraciones tan irresponsables como estas.

En definitiva, es necesario disponer de un ejército más moderno y competitivo pero no exclusivamente por Rusia, sino por propia independencia de EEUU y en coordinación con los países con los que más relaciones comerciales tenemos que son los europeos.

Lo Woke o la cara moderna del falso progresismo

El presente post es una reacción a un artículo publicado recientemente que, sin embargo, no voy a mencionar expresamente ni identificar a sus autores, más que nada porque no deseo que se interprete como un ataque ni desautorización a lo que es otra opinión (más acertada o menos, en mi valoración lo segundo) de una persona con la que compartí un tiempo de mi carrera. En su momento, en Twitter, ya manifesté mi desacuerdo con una política de actuación que a mi juicio era reprochable, que no tiene nada que ver con lo actual, pero quizá debí de haberlo expresado de forma diferente y por tanto no deseo que se repita, por el respeto que le tengo a pesar de alguna disensión. Bueno, establecido esto, entremos en materia.

Se trata del impacto del movimiento Woke o también llamado Wokismo en las políticas públicas y privadas cuyo nacimiento tuvo por principal suceso que activó la palanca el fallecimiento de George Floyd (un hombre de raza negra que había cometido un delito) a causa de un abuso policial. En la teoría, lo Woke hace referencia directa a "despertar", lo que se quiso enfocar a la necesidad de cuidar y proteger a las minorías discriminadas frente a la masa. Pues bien, pese a lo loable en términos generales de velar por la igualdad de oportunidades de esas minorías, las políticas públicas y privadas pero impulsadas desde las administraciones han terminado degenerando en los mismos errores del feminismo, pervirtiendo el ideal y favoreciendo situaciones en las que la igualdad brilla por su ausencia.

Para empezar, lo más controvertido ha sido equiparar los derechos de las mujeres trans a las mujeres biológicas. Aparentemente, esta frase que he escrito escandalizaría a todo el mundo progresista y a juicio de ellos merecería entonces no ser ya cancelado, sino incluso condenado por delito de odio. Sin embargo, quedarse en lo simple y superficial, como pienso que peca el artículo de referencia, es lo realmente osado.

La mencionada equiparación colisiona frontalmente con el feminismo y de ahí que la denominada izquierda tradicional haya protestado contra esto con líderes importantes como Carmen Calvo en España. La doctrina Queer, por sí misma, es una ideología y es la que impregna la Ley impulsada desde el sector de Podemos del Gobierno de España. Si una persona que, de acuerdo con las nuevas reformas legales, ni tan siquiera tiene que pasar por un quirófano sino que única y exclusivamente necesita sentirse mujer y hacerlo constar así en el Registro Civil tras un procedimiento administrativo, si reducimos el ser mujer a un estado de pensamiento, se están cargando de un plumazo el feminismo en nombre de la sacrosanta igualdad. Tres ejemplos los tenemos en hombres que tras transicionar acceden a subvenciones propias de mujeres, mujeres trans con físico propio de hombre participando en competiciones deportivas con mujeres biológicas en clara superioridad de condiciones y hombres que dicen sentirse mujeres a los que no se les aplicará la Ley Orgánica de Violencia de Género. Explicado en forma basada, ¿qué puede saber un tío de discriminación por ser mujer o de violencia contra la mujer que se autodenomina del sexo femenino?

Sobre el tema de los "no binarios", es decir, gente que ni se considera hombre ni mujer, a mí personalmente me parece absurdo, pero no soy nadie para decirle a la gente lo que se tiene que considerar a sí mismo. Es una decisión personal y que los liberales no tenemos más que respetar en la esfera individual, si somos igualmente libres como para considerar que sólo existen dos géneros: hombre (biológico o trans) y mujer (biológico o trans). Así que no, no es ningún delito de odio. Igualmente, existe derecho a denunciar que no se produzca en nombre de la igualdad ni discriminación ni privilegios injustificados y aquí vamos con la política DEI de diversidad, equidad e inclusión con contratación por cuotas.

Lo woke mueve dinero, muchísimo dinero. En EEUU estamos asistiendo al desmantelamiento de USAID, una agencia que se dedicaba a gastar (que no invertir) millones de dólares en programas en el extranjero para el desarrollo internacional. En realidad, este recorte no supone tanto en un presupuesto tan ingente como el del gigante americano, pero sí es significativo en otros como España con un Ministerio de Igualdad con 12,4 billones de euros. En dicho departamento se tramitan sobre todo contratos menores y transferencias corrientes y no ha estado libre de sospecha de corrupción ni la directora del Instituto con motivo de la instauración de esos "puntos violeta" que supuestamente vienen a reducir los abusos sexuales y los riesgos de violación pero a la vista de los datos y estadísticas no habrían ayudado absolutamente a nada más que a las cuentas corrientes de las contratistas. Que, por cierto, no suelen tener mucha competencia. ¿Por qué será?

Tanto en la Administración Biden como en empresas privadas norteamericanas a efectos de recibir financiación de fondos de inversión, se aplicaron políticas de supuesta igualdad para integrar a las minorías, dado que consistieron en establecer cuotas de contratación por género, raza y orientación sexual. Esto ha terminado alcanzando al cine, los videojuegos y las series de televisión. En el primero, lo más significativo ha sido el establecimiento de unos criterios en la Academia de los Oscars para seleccionar películas y personas candidatas, primando la representatividad y la atención a minorías por encima de la calidad. Esa es la razón por la que Emilia Pérez se llevó tantas nominaciones antes de conocer el pasado "facher" de la actriz trans protagonista. En otro plano tenemos a los famosos Live action de Disney en los que se cambia de raza al titular. Así, La sirenita que es de Dinamarca pasa a ser de raza negra y Blancanieves pasa a ser latina. Eso sí, esta última blanqueada a tope en el cartel chino. Y es que el wokismo trata de ser compatible con el capitalismo, como modificar el logo de una empresa con la bandera LGTBi salvo en los países con culturas poco amigables con el jamón aparte de con los derechos humanos. Y es que ya se sabe cuando la pela es la pela.

En los videojuegos, han surgido consultoras como Sweet Baby Inc. que han llegado incluso a extorsionar a productoras con contratarles por un millonario precio a cambio de no poner a parir a sus juegos en reseñas de revistas con las que tienen contactos. De esa forma, gente sin ningún talento en una industria que mueve mucho más dinero de lo que parece ha primado la aplicación de una ideología al entretenimiento, hundiendo títulos como Dragon Age 4 Veilguard ó Sucide Squade Kill the Justice Leagues en los títulos de más caché y luego Concord, Dustborn o Unknown 9 en los de nuevo cuño. Esos tropiezos en ventas han sido producidos debido a guiones absurdos con conversaciones sobre el género de los personajes, diseños lamentables que afeaban a las mujeres y liquidaban las proporciones a cuerpos "palo" y sobre todo una historia pobremente desarrollada. La prensa, sin embargo, afeó estos fracasos al llamado "review bombing" demostrando no ya una absoluta ignorancia sobre los gustos del público sino su interés por blanquear el efecto de estas políticas.

En las series de televisión ha sucedido también algo parecido como por ejemplo el spin offs de Star Wars como The acolyte, el otrora spin off de El Señor de los Anillos Los anillos de poder y la futura serie reboot de Harry Potter. En el primero, se saltan totalmente el canon/lore de la franquicia y se inventan una historia de mujeres lesbianas más otro personaje masculino con el que una de ellas llega a fantasear. Bajo este fondo aparentemente rompedor, se esconde en realidad una obra absolutamente incoherente con el universo Star wars y con un elenco pobre y sin ningún tipo de carisma. Algo parecido a lo que ocurre en Los anillos de poder en que pisotean también la coherencia de la saga madre e introducen a un elfo racializado. Finalmente, en un futuro cercano habrá serie de Harry Potter, con un Severus Snape de color ya seleccionado en el casting.

¿Se imaginan que estas políticas DEI y contratación por cuota fuesen obligatorias para todas las empresas privadas de cualquier sector, pisando la meritocracia por ser fascista y de ultraderecha? Está claro que el desastre estaría asegurado. Sin embargo, como he explicitado, el arma de guerra cultural de etiquetar al disidente como extremista es el único recurso para justificar unas políticas que pretenden establecer una verdad impostada. Y, en ese sentido, sí que existe una intención de imponer una agenda ideológica al tiempo que se desacredite a cualquiera que aporte argumentos. Por eso, el artículo al que me refiero construye un hombre de paja para que, con una falacia de base, se reduzca al absurdo la denuncia de la influencia woke a un ejercicio de intolerancia y de rechazo a la inmigración general cuando tampoco es así, sino a la gestión de la misma. Y es que, cuando la izquierda tradicional duda también de esas políticas, ¿no será que no es en realidad una igualdad radical sino más bien una ruptura de la misma tratando a minorías como si fuesen mayorías en lugar de integrarlas como personas normales en atención exclusiva a su mérito y capacidad?

En la actualidad, ya existen muchas leyes que posicionan al hombre en una situación de discriminación respecto de la mujer, no sólo en temas de divorcios y custodias compartidas y en la existencia de juzgados que encausan sólo a hombres. Esto que señalo es otro facto de grande como un castillo. Y es que la lucha contra el machismo y la violencia contra la mujer, al haberse avanzado mucho y cambiado muchas mentalidades, se ha quedada corta tanto como bandera como arma arrojadiza de la izquierda. Y es entonces cuando introducen la violencia psíquica, la digital y la vicaria como EXCLUSIVAS del hombre contra la mujer, pero no ni en el sentido contrario ni en sexos iguales. También cuando establecen ayudas y subvenciones por razón exclusiva del sexo en lugar de su situación económica y personal, diferentes baremos en oposiciones para ejercer el mismo puesto y sobre todo, un retrato mediático de que cualquier disputa producida entre una mujer y un hombre va a ser por culpa del segundo y necesariamente por motivo de machismo, sin más preguntas ni divagaciones y amparado en una organizada cultura de la cancelación. 

Que la política feminista actual no funciona es otro facto irrefutable. Existe un feminismo social y un feminismo institucional que cada vez están más alejados por culpa de los gobiernos de PSOE y Podemos. Siguen falleciendo mujeres, pero se sigue colocando al hombre heterosexual como "terrorista" cuando los asesinos son una minoría mucho más reducida en proporción que las denuncias falsas que sí atraviesan un procedimiento judicial para encajar en esa estadística disfrazada. No interesa hacer un estudio más complejo que depure e introduzca variables y entienda qué hay detrás de ese incremento de agresiones y abusos y sepa distinguir aquellas situaciones en las que el machismo está realmente en el centro del suceso o está fuera. No interesan factores sociales y culturales, sino establecer y desarrollar un nuevo poder político y sector económico que es el de la "Igualdad". Realizar estudios más complejos sería el fin de los chiringuitos. Porque les sale más rentable criminalizar a la mitad de la población amparado el poder político en una prensa al servicio de su relato vacío de contenido. Además, por lo que sea, no parece que las mujeres no alineadas con el Nuevo Testamento de la izquierda española estén bajo el paraguas de ese feminismo institucional o lo que es lo mismo las que no encajan en su narrativa. Y es que otros no sé, pero yo tengo memoria.

Sobre el tema de la inmigración es un tema mucho más complejo que convendría dedicarle un post aparte, a pesar de que como ya he señalado el artículo se despacha con una frase simple. Sí que comentaré que el impacto cultural está por encima de cualquier enfoque racista. Pero el relato progresista establece distinciones interesadas entre religiones etiquetando algunas en la extrema derecha (catolicismo y judaísmo) y otras incluso en corrientes feministas, lo que lleva a un dislate difícil de creer. Y es que si la actriz trans Karla Sofía Gascón hubiese tuiteado en el pasado los mismos mensajes, los mismos contra el cristianismo o judaísmo en lugar de contra el Islam no sólo no se le hubiese cancelado hasta prácticamente finiquitar su carrera, sino que los mismos que promovieron su boicot la hubiesen aplaudido y jaleado y los únicos que se hubiesen quejado serían los abogados cristianos. Abogados que hubiesen sido tachados de nacionalcatólicos y de fascistas y, por supuesto, se hubiesen reído de ellos. Pues bien, esta hipocresía es la que se halla en la base de la normalización de la inmigración ilegal mal gestionada por el Estado y lo que es peor, en la de la silenciación de los problemas sociales que se generan producto de la incompetencia manifiesta del Gobierno de España que lo único que pretende cambiar es delegar la competencia a Cataluña para su sostenibilidad.

Es una pena que en España sólo Vox se haya posicionado en contra de todos estos desbarres en Igualdad, mientras que el PP le ha comprado todo el marco a la izquierda más extremista por miedo a perder votos, esos votos que en realidad jamás les han votado ni los votarán ni sobornándoles. Como he mencionado antes, para mí ser liberal consiste en respetar la esfera del individuo de cómo quiere organizar su proyecto de vida personal, pero no en absoluto a imponer desde el Estado una agenda ideológica en nombre de un principio básico como la Igualdad y a cargo de los impuestos de los ciudadanos.